Perú: Riesgos de este año

Pedro Francke

Tenemos nuevo ministro de economía. ¿A qué se enfrenta este 2025? A mi juicio, hay dos grandes retos económicos del momento. El primero y más importante es recuperar los niveles de empleo e ingresos familiares que teníamos antes del covid-19. Han pasado tres años desde que logramos una vacunación masiva para acabar con esta pandemia y todavía hay tres millones más de pobres que el 2019 y hemos llegado a casi 10 millones de peruanos en pobreza. El 2024 la industria y la construcción produjeron 4 por ciento menos que el 2022, es decir estos sectores todavía han estado recesados y, obviamente, a menos producción, menos empleos. Las condiciones para las micro y pequeñas empresas de las ciudades y para la pequeña agricultura familiar no han mejorado, con una mayoría de gente sobreviviendo en la informalidad ante la ausencia de oportunidades mejores. Es ahí donde trabaja la mayor parte de peruanos y por eso son esos sectores los que deben ser priorizados por la política económica.

El otro gran reto es recuperar la presión tributaria y reducir el déficit fiscal. En el 2023, el primer año del cogobierno Boluarte-Congreso, los ingresos del Estado cayeron 2,3% del PBI y volvieron a caer otro 0,4% el 2024, producto de las exoneraciones tributarias, perdones de deudas y escasos cobros a los perromuerteros. Esos dos años suman 5 mil millones de soles perdidos. Esa es la causa principal de que hayamos cerrado el 2024 con un déficit público de 3,6 % del PBI, muy por encima de la meta que el propio gobierno se puso a sí mismo a mediados de año. No es que hayan aumentado los gastos corrientes del Estado, que incluyen las remuneraciones y servicios: el 2024 estos han sido 1% del PBI menos que el 2022. Tampoco se debe a las empresas públicas, que según las estadísticas publicadas por el BCR han cerrado el 2024 en azul, no en rojo. Las cifras no respaldan la campaña del grupo “El Comercio” y la derecha mediática en estos dos temas. Lo que dicen muy claramente los datos es que el problema del mayor déficit se debe a que la recaudación de impuestos, que ya en el 2021 era bajísima estando 10 puntos por debajo del promedio latinoamericano, se ha desplomado, mientras los presupuestos reales en sectores claves como salud y educación siguen bajísimos. No hay democracia viable en estas condiciones.

Una buena política económica, sin embargo, no puede considerarse de manera aislada. Por ejemplo, en el 2020-2021 el gran reto era acabar con la pandemia y ayudar a las familias a sobrevivir esa crisis. Lo más importante eran la salud pública y la protección social, y la política económica debía orientarse a apoyar esos objetivos. Hoy el mayor problema del Perú es la inseguridad ciudadana y el deterioro de la democracia, lo que debe tenerse claro para una buena definición de la política económica. No corren por cuerdas separadas la economía, la inseguridad y la democracia: están relacionadas. Las condiciones de desesperanza y de inequidad empujan a miles a la ilegalidad y generan rechazo al sistema de gobierno. Son grandes factores sociales que operan de manera invisible pero potente, como una lluvia que debilita una ladera hasta provocar un huaico. Por eso, la política económica debe apoyar a la solución de estos dos grandes problemas promoviendo con fuerza el progreso social y la reducción de la desigualdad, garantizando salud y educación de calidad. El otro es el presupuesto público necesario para modernizar nuestro sistema de seguridad y justicia. Claro que, en ambos frentes, lo más importante es una buena estrategia y una buena gestión. Que el sector economía brinde el apoyo necesario solo funciona en esas condiciones (con este ministro del interior, toda la plata del mundo no nos lleva ni a la esquina).

Para completar el panorama hay que tener claro, además, que el 2025 enfrentaremos un escenario más complicado para la economía nacional. Veo dos grandes riesgos. El primero es Trump: nada está descartado con ese matón impulsivo de presidente de los Estados Unidos, y puede –es una posibilidad– golpearnos duro. Para él somos nada y no tendrá ninguna consideración. Hará simplemente lo que se le ocurra. Que tengamos un TLC firmado no es garantía de nada, si aplicó un 25% de aranceles, una tasa fuerte, a México y Canadá con quienes el propio Trump firmó un acuerdo renegociado hace cinco años, y amenazó a Colombia con medidas hasta más duras, teniendo ese país un TLC casi idéntico y suscrito en el mismo tiempo que el Perú. Ya sus voceros han realizado fuertes amenazas en relación al puesto de Chancay. Aun cuando no tome medidas específicas contra nuestro país, el comercio mundial se está viendo golpeado y hay mucha más incertidumbre en la economía global, afectando al Perú en consecuencia.

El segundo es el congreso, los partidos que lo dominan y los grandes intereses y lobbies que ahí se mueven, como los de las grandes agroexportadoras y la minería, formal e informal. Recordemos que es un año preelectoral, para los congresistas este año es casi el fin de fiesta: ahora o nunca. Aumenta por eso la posibilidad de medidas populistas y regalazos a quienes pueden darles millones para sus campañas. Ya hemos visto cómo este congreso ha aprobado millonarias exoneraciones tributarias sin mayor resistencia de Dina Boluarte, y sabemos que hay varias más en trámite en las distintas comisiones. No será un año fácil ni tranquilo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 719 año 15, del 07/02/2025

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Perú. Patente de corso

Gustavo Espinoza M.

Se denomina “Patente de corso” a una constancia proporcionada por las autoridades de un lugar, y gracias la cual el dueño de una nave tiene el derecho de asaltar barcos y atacar poblaciones consideradas enemigas. Por extensión se concede ese privilegio a quienes, detentando la fuerza, pueden hacer uso de la misma con la mayor impunidad. Ergo la policía, cuando reprime manifestantes.

El jueves pasado el país supo que un muchacho de apenas 19 años había sido abatido por un disparo en la cabeza, en la región La Libertad, cuando formaba parte de un piquete que demandaba el fin de la 27360 -o Ley de Promoción Agraria- que registra un régimen salvaje de explotación en el campo. Jorge Muñoz Jiménez, se llamaba el joven que entregó su vida por una causa justa, combatiendo una norma impuesta en noviembre del 2000 por el gobierno de Alberto Fujimori, en provecho de José Chlimper Ackerman, quien hoy goza de la protección y amparo de Keiko y su pandilla.

La disposición, recusada por los trabajadores, fue dictada como herramienta para alentar la agro exportación en los valles de la costa, donde empresas como Aprokasa -la del hoy dirigente de Partido de la Señora K- acumulan ingentes caudales en base a la más inmisericorde explotación de miles de peruanos, reclutados por “enganchadores” que -como en los tiempos de la edad media- recogían a famélicos y somnolientos voluntarios a las 5 de la mañana de cada día, al borde una carretera. A partir de allí, en nuestra costa desértica, se rememoraba la célebre novela de John Steinbeck, “Viñas de ira”

La jornada se prolongaba entre 10 y 12 horas, y concluía 12 horas después, cuando las víctimas de este régimen de horror alcanzaban a retornar a sus viviendas, llevando una paga paupérrima, lograda a cambio de renunciar a sus derechos más elementales: salud, seguridad en el trabajo, tiempo de servicios, y otros. La suma, apenas les servía para llevarse un pan a la boca.

La ley -se dice hoy- debía regir temporalmente esa actividad productiva. Valer, sólo el tiempo indispensable para que esas empresas “regularizaran” su función y obtuvieran indispensable “estabilidad financiera”. No obstante, fue sucesivamente “ampliada”, y aún perdura, aunque bajo la administración Vizcarra, -Decreto 043-2019- fue ligeramente modificada, como un modo de “aliviar” la explotación despiadada. Aun así, mantuvo su esencia, a petición de la CONFIEP, a fin de perpetuar el “modelo” Neo Liberal que la inspira.

Aunque el punto gravitante de la ley, fue la costa sur –el departamento de Ica y zonas aledañas- donde japoneses convocados por AFF invirtieron “en grande”, su efecto se irradió rápidamente por el norte del país. Eso explica que las movilizaciones laborales iniciadas en el sur hace unos días, hubiesen encontrado eco, hasta topar con la sangre de Jorge Muñoz, el Inti Sotelo o el Brayan Pintado de la costa norte.

Las autoridades regionales -Fernando Cillloniz fue presidente del Gobierno Regional de Ica en los últimos años- nunca vieron el oprobioso efecto expoliador de esta modalidad operativa.  Al contrario, se beneficiaron con ella y la defendieron con uñas y dientes. Al extremo, la mayoría parlamentaria de hoy –protagonista del Golpe fallido del 9 de noviembre– postergó el tratamiento de la ley, y evitó derogarla.  Sus tagarotes no dejan de conspirar, y usan los resortes que tienen a la mano para socavar lo que puedan en busca de un “porvenir mejor”; para ellos, claro.

Pero el tema nos vuelve a poner ante los ojos un asunto que también está inserto en el cielo peruano: el papel de los mandos policiales, atravesados por la corrupción y la violencia desmedida. Es posible que las medidas anunciadas por el presidente Sagasti, hayan sido precipitadas, incluso improvisadas, Pero ¿Eran necesarias? Los cambios de mando en la jerarquía y la nominación de civiles para regular las cuentas; constituían un inexcusable reto a abordar.

Y es que la estructura policial tiene el cerebro carcomido por la corrupción, pero además, luce dispuesta a usar sus armas para reprimir violentamente al pueblo.  Fue por eso, que recibió el meloso apoyo de los Phillips Buthers y los Beto Ortiz, de los Rospigliossi y de los Althaus. Y, claro, hasta el aplauso de Martha Chávez, Edgar Alarcón y Manuel Merino. Todos a una, victimizaron al generalato depuesto, y exigieron la cabeza del ministro Rubén Vargas hasta obtenerla, incluso con malas artes.

Ellos, se condolieron hasta las lágrimas por la “ilegal e injusta” decisión del Ejecutivo de disponer el retiro de 18 “mandos”. Y clamaron por dejarla sin efecto.  Y apenas asomó el nuevo titular del ramo, saludaron su puesto riendo a mandíbula batiente. Horas más tarde, Jorge Muñoz, el chico de 19 y muchas ilusiones, fue abatido. Sus asesinos dirán que “impusieron el principio de autoridad” y “restablecieron la paz”. La paz de cementerios, claro.

De eso se trata, sin duda. Ciertos voceros de la “prensa grande” hablan de “no denigrar” a la policía, ni “restarle autoridad”. Al contrario, se muestran dispuestos a aceptar sus prácticas, y consagrar su impunidad. Aseguran su “derecho” a hacer uso de sus armas de fuego. Negarlo -dicen siempre- es  “hacer el juego a la subversión”

Ahora que busca ponerse de moda consideran “terruco” a quien sale con un polo de Mariátegui, o califican de “emerretista” a quién luce a Túpac Amaru, hay los que alientan la muerte de jóvenes como este chico de 19 abriles. Si esto continúa, -la patente de corso da para mucho- tendremos que decir como Vallejo: “Murió mi eternidad, y estoy velándola”.

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“Perú necesita una reforma tributaria que alcance las distintas formas de riqueza”

Francisco Durand   (Entrevista de Elizabeth Salazar Vega)

La propuesta del Ejecutivo para crear un impuesto solidario sobre los ingresos ha encendido el debate respecto a su necesidad y repercusión en el actual contexto económico y sanitario que afronta el país, sobre todo porque no se ha detallado cuál es el sustento técnico ni cuál será el umbral de salarios que se gravaría.
En esta entrevista, el sociólogo y profesor de Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Francisco Durand, explica por qué la pandemia nos obliga a mirar nuevas formas de recaudación, pero advierte que un solo impuesto no hará la diferencia, pues debe hacerse pensando en una reforma tributaria integral. Además, el experto en el estudio de grupos económicos advierte que los conglomerados familiares que hoy dominan los sectores de banca, comercio, industria, servicios y otros se reconfigurarán por el impacto del Covid-19.

El Covid-19 está acentuando la desigualdad económica a nivel global ¿Puede el Estado generar más recursos en el corto plazo y atenuar la caída en la recaudación de impuestos?

Se está abriendo una brecha fiscal que el Perú no reducirá con los ahorros generados en nuestros periodos de bonanza, endeudamientos o reservas en moneda extranjera. Se necesitan más recursos para la situación de pauperización acelerada a la que nos estamos acercando. Ha llegado el momento de debatir el impuesto a la riqueza. Si se aplica correctamente puede generar un aporte significativo y con sentido social.

En una entrevista reciente con otro medio, Roque Benavides, el expresidente de la Confiep y presidente de Minas Buenaventura, calificó esta propuesta como un absurdo ideológico.

Hay una especie de pánico o temor entre los ricos. Quienes han ganado extraordinariamente bien en el Perú no quieren que les toquen los ingresos. Estamos hablando del 2% de la plutocracia neoliberal, del miembro del directorio de un banco que recibe US$10 mil de dieta mensual, por un día de reunión a la semana; de los consultores financieros y abogados de los estudios de élite que ganan hasta 20 veces más que sus pares.

Esa resistencia ha llegado a un punto límite por el coronavirus. [El Estado Peruano] no obtendrá mayor recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), ni del impuesto a la gasolina ni al licor, sino de la riqueza generada por actividades económicas que ya tienen una serie de beneficios tributarios y regímenes especiales, los cuales les han permitido lograr esta acumulación.

Pero no es la primera vez que en Perú se plantea una política más redistributiva que provoca la oposición de cierto sector del empresariado ¿La pandemia puede ocasionar un cambio?

Estamos en una situación curiosa. Los ricos en el Perú están a la defensiva, pero golpeados. Golpeados por el escándalo de Dionisio Romero y las donaciones de campaña hechas [por el Banco de Crédito] a Keiko Fujimori, la participación de la Confiep en esos aportes, la investigación del caso Lava Jato y del Club de la Construcción.

El Perú les dio riquísimas reservas naturales que, en muchos casos, son no renovables; condiciones jurídicas estables, la posibilidad de ofrecer salarios bajos y controlar la sindicalización. Están acumulando una fortuna que se disparó en el periodo de la bonanza, pero mantienen una persistente negativa a devolver lo que el país le da en proporción, porque el problema es ese: la devolución.

¿La pandemia está obligando a los gobiernos a pensar en una reforma tributaria?

La pandemia nos permite mirar oportunidades de reforma. Se necesitan más recursos y la inequidad histórica es insostenible. Los peruanos de menores ingresos experimentarán una extensión de la pobreza que ya creíamos superada: la miseria. Hemos entrado a un periodo de pauperización, y todo depende de cómo [el Gobierno] maneje la pandemia y qué resultados tenga la política de reactivación [de la economía]. Por ejemplo, un afiche en una vivienda en Huaycán [Ate] decía: virus para los pobres, corona para los ricos. Así lo están sintiendo, y momentos como el actual dejan el camino libre para medidas populistas.

Y eso es peligroso.

Por supuesto, pero a veces también abre cajas de pandora. En todo caso, es mejor que estemos discutiendo todo esto ahora y no mantengamos el statu quo de siempre, en donde ciertos sectores económicos son favorecidos por exoneraciones tributarias, optan por la judicialización eterna de deudas fiscales y reciben incentivos como los que Roque Benavides acaba de pedir en plena pandemia. Eso se agotó.

¿La opción actual para el Estado es gravar los ingresos con un impuesto solidario como adelantó el primer ministro Vicente Zeballos, luego del anuncio de Vizcarra?

Vizcarra propone un impuesto a la planilla, y eso, en realidad, toca más a la clase media y media alta, y no al 1% o 2% de la población enriquecida. Gravar los ingresos sería viable, pero con un umbral razonable: una persona que gana S/50 mil al mes, por ejemplo, es una persona privilegiada y sí podría pagarlo. Pero el tope de S/10 mil que se ha comentado es un impuesto falsamente solidario.

La solidaridad no puede centrarse en una clase media que también está impactada por esta crisis, con pérdidas de empleo y de clientes. Lo peor que puede hacer [el Gobierno] es afectar a la clase media porque los ricos van a utilizar este discurso como fuerza de choque para generar rechazo a la propuesta y diluir el debate.

¿Un solo impuesto hará la diferencia?

Debe ser una batería de impuestos que se implementen de forma gradual. Un solo impuesto no basta, sería un parche. Debería ser un impuesto a la riqueza y otro a la acumulación de fortunas, pero también se puede pensar en alícuotas a las ganancias generadas en las acciones de la Bolsa de Valores de Lima. Se requiere una reforma tributaria con orientación progresiva que tome en cuenta las distintas formas de alta riqueza. Esto pasa por una decisión política, legal y, sobre todo, técnica, porque hay que saber cuánto se recaudará con cada impuesto y cuál es el costo administrativo que le generará a la Sunat calcularlo y cobrarlo.

Usted ha investigado la estructura y poder de los grupos económicos en las últimas décadas ¿Cómo impactará la pandemia en estos conglomerados?

La pandemia puede generar oportunidad de renta y de reordenar las posiciones monopólicas u oligopólicas que se mantienen en algunos rubros. Pero es cierto que ellos también sentirán el golpe, es un sector privilegiado y protegido, pero que también enfrenta riesgo. Ya estamos viendo que Intercorp, el grupo más poderoso del país, ha rebajado el sueldo de sus ejecutivos en este contexto. La crisis va a depurar a los grandes grupos de poder peruanos, muy probablemente los va a disminuir en número.

Toda crisis trae una reconfiguración de todos los estratos empresariales. No olvidemos que durante la bonanza han tenido ganancias extraordinarias y se han expandido en América Latina a una gran velocidad. Una parte del dinero para ello proviene de sus ganancias, otra de la venta de acciones, bonos y préstamos. La deuda privada será alta. El modelo de Intercorp y AJE ha sido crecimiento por deuda, en pandemia eso les pasará factura.

¿Y en crisis anteriores, cómo han respondido estos grupos?

El efecto de una crisis en la clase empresarial es diferenciado, algunos quebraron, otros se mantuvieron a flote y hubo aquellos que recurrieron a la especulación. Cuando las condiciones políticas y sociales son riesgosas, la tendencia de los grandes empresarios ha sido protegerse con la fuga de capitales. En los años 80’ me invitaron a un congreso empresarial organizado por la Confiep y uno de los gerentes me preguntó: ¿Sabes cuál es el dicho más popular ahora? “No hay nadie más cobarde que un millón de dólares”, y se mató de risa. Efectivamente, los millones de dólares son los primeros que se van

¿Estamos en riesgo de que se acelere la fuga de capitales?

Probablemente se acelere la fuga de capitales, venta de propiedades, traspasos, adelanto de herencia. Es un mecanismo defensivo. Hace poco vimos el caso de una familia peruana que compró departamentos en Nueva York en un momento en que los precios en ese país se han reducido en un 7%. Y es por temor al impacto del coronavirus. En este contexto se debería tener en consideración, como parte de este amplio debate, el impuesto a la salida de capitales sobre cierto umbral. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo propuso hace un tiempo, pero no prosperó.

¿Los paraísos fiscales son las puertas de escape?
 
Definitivamente. El sistema offshore ha crecido muchísimo en todo el mundo y es muy utilizado por los grupos de poder peruano. Por ejemplo, D&C, que controla Camposol, tiene tres holding registrados en Chipre, que es un conocido paraíso tributario cerca del Medio Oriente. Los Añaños (Grupo AJE) tiene una sede corporativa en Holanda, un paraíso tributario en la Unión Europea; los Romero, a través de Credicorp, mantienen sedes en el Caribe. Pero hay otras compañías offshore de la cual hay poca información, en Panamá, en Gran Cayman, en Andorra, y la Sunat no las conoce o no quiere involucrarse.

¿La norma antielusiva que tiene el Perú, conocida como Norma XVI, es suficiente?

Recordemos que la Norma XVI fue bloqueada desde el 2014. Diversas presiones lograron frenar por años la acción fiscalizadora de la Sunat y recién ahora se podrá detectar casos de elusión de impuestos. Esos son los juegos de poder que no se ven. La OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] presiona a los países para que tengan mayor fiscalización de los fondos que van a las offshores porque todos los gobiernos están perdiendo millones en tributos.

Si el Perú quiere entrar a esta organización, deberá demostrar qué esfuerzos antielusivos está realizando durante la pandemia. Pero también debemos fijarnos en el Estado, en su capacidad institucional y en la voluntad fiscalizadora de Sunat. Si no designas a un superintendente de la Sunat con capacidad técnica, voluntad y apoyo político, puedes aprobar todos los impuestos que quieras, sin efecto alguno.

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