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18 de noviembre de 2020

Perú. Dueños del pais XI: CONFIEP y los golpes

 

Francisco Durand

Acaba de pronunciarse hoy domingo 15 de noviembre el directorio de la CONFIEP, modificando su posición frente al gobierno de Merino, pasando ahora a afirmar que: “reiteradamente nos hemos pronunciado y advertido, públicamente, que un cambio drástico en la conducción de la Nación no era lo más conveniente”.

Hace menos de una semana afirmaron que el nuevo gobierno debía estabilizar la situación política y “trabajar por el progreso y el desarrollo del Perú”. La Cámara de Comercio de Lima, la Asociacion de Exportadores y la Sociedad Nacional de Industrias también apoyaron. De modo que los gremios de grandes y medianos empresarios formales, que representan a una minoría empresarial privilegiada, le dieron luz verde a Merino. Y en CONFIEP quisieron aprovechar el cambio con el nombramiento de Patricia Teullet, Gerente General de la CONFIEP, en el gabinete. La única organización empresarial que se pronunció clara y abiertamente en contra fue IPAE Asociación Empresarial que organiza los CADE.

Desde ayer variaron de posición por la contundencia de las manifestaciones y la indignación por los muertos. Varios altos gerentes de grupos de poder (BCP, Ferreyros, Alicorp, Intercorp) se comenzaron a correr hacia el centro luego de permanecer callados frente al último golpe parlamentario.

No hay que olvidar tampoco la carta pública de los tecnócratas neoliberales liderados por Roberto Abusada y sus amigos y colegas, que apoyaron el golpe al no condenarlo y querer orientarlo. Abusada (IPE) ha sido asesor de José Graña Miró Quesada, también director y accionista. Asimismo, está ligado al grupo El Comercio, donde es asesor económico y principal columnista. Graña Miró Quesada es uno de los empresarios más corruptos del pais. El conglomerado El Comercio ha sido uno de los principales agitadores para crear un clima golpista con sus “revelaciones” convenientemente exageradas en sus programas dominicales. Ahora El Comercio se ha puesto, como la CONFIEP, de medio lado.

De modo que podemos identificar a los tres pivotes de la elite económica que gobierna el país desde las sombras desde 1990, y que a veces, como ahora, se le sale fuera de control la situación política (sobretodo con el nuevo Congreso). Todos los presidentes han sido influenciados, controlados, financiados, es decir capturados (Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK, Vizcarra y Merino) recurriendo a diversos mecanismos de influencia, asegurándose que el MEF y el BCRP sean dirigidos por tecnocracias tipo Abusada y su círculo, que rotan en este cargo como ministros, asesores, viceministros; rebajando los estándares de regulación ambiental, impidiendo la formación de sindicatos, generando amnistías tributarias, buscando siempre rentas, con el objeto de “estimular el crecimiento” por encima de todo.

Estos tres pivotes son: Uno, los grandes empresarios que agrupa la CONFIEP, el gremio de gremios liderado por los intereses extractivistas y financieros. Dos, la tecnocracia neoliberal que rota entre grandes empresas, organismos internacionales y altos puestos de gobierno. Veáse la trayectoria de Fernando Zavala, el caso más representativo de “puerta giratoria”: fue del grupo Apoyo al MEF, del MEF a Backus, de Backus de vuelta al MEF, y ahora en Intercorp. Tres, los grandes medios de comunicación de masas (El Comercio, Cadena Correo, RPP, Wilax, este último muy comprometido con el golpe) que inciden en la opinión pública para evitar el debate sobre un cambio económico de la Constitución, al mismo tiempo que, en caso de los conflictos, acentúan las tomas de violencia de los manifestantes y justifican el llamado al orden y la violencia policial. Estado de derecho, dicen. Su Estado, su derecho.

Esta es el lado de la conjura de todos los intentos de vacancia de Vizcarra a quien, por razones que habrá que explicar (su apoyo a las investigaciones del caso Lava Jato, que tanto atormenta a los constructores privados, las investigaciones de lavado de dinero de los Romero y otros grupos, la intervención de la Fiscalia en la CONFIEP al descubrirse aportes a KeIko no declarados, su renuencia a “destrabar Tía María y Conga como demandaban los mineros), no les parecía un personaje tan útil. De allí que desde setiembre del 2019 apoyaron abiertamente el golpe parlamentario de Mercedes Araoz y, luego, más de costado, en los últimos dos intentos han variado a “apoyo pero no me comprometo”.

No me sorprende, y de una vez entendamos que la CONFIEP es un gremio golpista. Vean la declaración de principios de la CONFIEP y tomen en cuenta que no mencionan la democracia, la transparencia. Lo fue en la crisis de junio de 1992, con comunicado público de apoyo con ciertos remilgos, pero apoyo a fin de cuentas que le dio grandes réditos; “demanda establecer el orden… confía en las reformas constitucionales”.

De modo que ahora la consigna es “de nuevo y acomodarse”. Su principal temor es un crecimiento electoral de la izquierda y una constituyente de centro-izquierda que revise la constitución de 1993, en particular que se elimine el principio de “subsidiaridad del Estado”. Ese capitulo, según me relató un conocido constitucionalista, fue escrito por la CONFIEP, por encargo de Jaime Yoshiyama, en momentos que la CONFIEP contaba con fondos de cooperación técnica internacional. Es su constitucion. Se vienen entones grandes batallas donde destaca la posible y necesaria reversión de las pensiones privadas con fines de lucro, las normas regulatorias laborales y ambientales de los sectores extractivos.

Esta es la realidad de la política peruana y nos lleva a un último punto. El rol de los “analistas políticos” y periodistas enterados que predomina en los medios. Aqui estamos frente a otro problema. No se puede informar a la opinión pública omitiendo el rol del actor más poderoso de la sociedad peruana. Es un tema taboo. Estas omisiones son por convicción (“son los creadores de riqueza, el modelo es un éxito, debe continuar), o por interés, en tanto son contratados como consultores, asesores. Lo mismo sucede con numerosos periodistas, muchos de los cuales trabajan en, o para las empresas. Este lado de la mal llamada “opinión pública especializada”, que con frecuencia peca gravemente de conflicto de intereses al no informar al público sus conexiones, es algo que debemos corregir.

Estamos frente a una crisis política mayor. Cuatro presidentes en poco más de cuatro años y en crisis sanitaria, social, económica y política. A punto de ir a elecciones. En las próximos meses veremos en qué dirección nos movemos. Dudo mucho que sigamos en la derecha. No hay espacio para una alternativa tipo Bolsonaro y lo más probable es que predomine el centro y la izquierda.

24 de junio de 2020

“Perú necesita una reforma tributaria que alcance las distintas formas de riqueza”

Francisco Durand   (Entrevista de Elizabeth Salazar Vega)

La propuesta del Ejecutivo para crear un impuesto solidario sobre los ingresos ha encendido el debate respecto a su necesidad y repercusión en el actual contexto económico y sanitario que afronta el país, sobre todo porque no se ha detallado cuál es el sustento técnico ni cuál será el umbral de salarios que se gravaría.
En esta entrevista, el sociólogo y profesor de Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Francisco Durand, explica por qué la pandemia nos obliga a mirar nuevas formas de recaudación, pero advierte que un solo impuesto no hará la diferencia, pues debe hacerse pensando en una reforma tributaria integral. Además, el experto en el estudio de grupos económicos advierte que los conglomerados familiares que hoy dominan los sectores de banca, comercio, industria, servicios y otros se reconfigurarán por el impacto del Covid-19.

El Covid-19 está acentuando la desigualdad económica a nivel global ¿Puede el Estado generar más recursos en el corto plazo y atenuar la caída en la recaudación de impuestos?

Se está abriendo una brecha fiscal que el Perú no reducirá con los ahorros generados en nuestros periodos de bonanza, endeudamientos o reservas en moneda extranjera. Se necesitan más recursos para la situación de pauperización acelerada a la que nos estamos acercando. Ha llegado el momento de debatir el impuesto a la riqueza. Si se aplica correctamente puede generar un aporte significativo y con sentido social.

En una entrevista reciente con otro medio, Roque Benavides, el expresidente de la Confiep y presidente de Minas Buenaventura, calificó esta propuesta como un absurdo ideológico.

Hay una especie de pánico o temor entre los ricos. Quienes han ganado extraordinariamente bien en el Perú no quieren que les toquen los ingresos. Estamos hablando del 2% de la plutocracia neoliberal, del miembro del directorio de un banco que recibe US$10 mil de dieta mensual, por un día de reunión a la semana; de los consultores financieros y abogados de los estudios de élite que ganan hasta 20 veces más que sus pares.

Esa resistencia ha llegado a un punto límite por el coronavirus. [El Estado Peruano] no obtendrá mayor recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), ni del impuesto a la gasolina ni al licor, sino de la riqueza generada por actividades económicas que ya tienen una serie de beneficios tributarios y regímenes especiales, los cuales les han permitido lograr esta acumulación.

Pero no es la primera vez que en Perú se plantea una política más redistributiva que provoca la oposición de cierto sector del empresariado ¿La pandemia puede ocasionar un cambio?

Estamos en una situación curiosa. Los ricos en el Perú están a la defensiva, pero golpeados. Golpeados por el escándalo de Dionisio Romero y las donaciones de campaña hechas [por el Banco de Crédito] a Keiko Fujimori, la participación de la Confiep en esos aportes, la investigación del caso Lava Jato y del Club de la Construcción.

El Perú les dio riquísimas reservas naturales que, en muchos casos, son no renovables; condiciones jurídicas estables, la posibilidad de ofrecer salarios bajos y controlar la sindicalización. Están acumulando una fortuna que se disparó en el periodo de la bonanza, pero mantienen una persistente negativa a devolver lo que el país le da en proporción, porque el problema es ese: la devolución.

¿La pandemia está obligando a los gobiernos a pensar en una reforma tributaria?

La pandemia nos permite mirar oportunidades de reforma. Se necesitan más recursos y la inequidad histórica es insostenible. Los peruanos de menores ingresos experimentarán una extensión de la pobreza que ya creíamos superada: la miseria. Hemos entrado a un periodo de pauperización, y todo depende de cómo [el Gobierno] maneje la pandemia y qué resultados tenga la política de reactivación [de la economía]. Por ejemplo, un afiche en una vivienda en Huaycán [Ate] decía: virus para los pobres, corona para los ricos. Así lo están sintiendo, y momentos como el actual dejan el camino libre para medidas populistas.

Y eso es peligroso.

Por supuesto, pero a veces también abre cajas de pandora. En todo caso, es mejor que estemos discutiendo todo esto ahora y no mantengamos el statu quo de siempre, en donde ciertos sectores económicos son favorecidos por exoneraciones tributarias, optan por la judicialización eterna de deudas fiscales y reciben incentivos como los que Roque Benavides acaba de pedir en plena pandemia. Eso se agotó.

¿La opción actual para el Estado es gravar los ingresos con un impuesto solidario como adelantó el primer ministro Vicente Zeballos, luego del anuncio de Vizcarra?

Vizcarra propone un impuesto a la planilla, y eso, en realidad, toca más a la clase media y media alta, y no al 1% o 2% de la población enriquecida. Gravar los ingresos sería viable, pero con un umbral razonable: una persona que gana S/50 mil al mes, por ejemplo, es una persona privilegiada y sí podría pagarlo. Pero el tope de S/10 mil que se ha comentado es un impuesto falsamente solidario.

La solidaridad no puede centrarse en una clase media que también está impactada por esta crisis, con pérdidas de empleo y de clientes. Lo peor que puede hacer [el Gobierno] es afectar a la clase media porque los ricos van a utilizar este discurso como fuerza de choque para generar rechazo a la propuesta y diluir el debate.

¿Un solo impuesto hará la diferencia?

Debe ser una batería de impuestos que se implementen de forma gradual. Un solo impuesto no basta, sería un parche. Debería ser un impuesto a la riqueza y otro a la acumulación de fortunas, pero también se puede pensar en alícuotas a las ganancias generadas en las acciones de la Bolsa de Valores de Lima. Se requiere una reforma tributaria con orientación progresiva que tome en cuenta las distintas formas de alta riqueza. Esto pasa por una decisión política, legal y, sobre todo, técnica, porque hay que saber cuánto se recaudará con cada impuesto y cuál es el costo administrativo que le generará a la Sunat calcularlo y cobrarlo.

Usted ha investigado la estructura y poder de los grupos económicos en las últimas décadas ¿Cómo impactará la pandemia en estos conglomerados?

La pandemia puede generar oportunidad de renta y de reordenar las posiciones monopólicas u oligopólicas que se mantienen en algunos rubros. Pero es cierto que ellos también sentirán el golpe, es un sector privilegiado y protegido, pero que también enfrenta riesgo. Ya estamos viendo que Intercorp, el grupo más poderoso del país, ha rebajado el sueldo de sus ejecutivos en este contexto. La crisis va a depurar a los grandes grupos de poder peruanos, muy probablemente los va a disminuir en número.

Toda crisis trae una reconfiguración de todos los estratos empresariales. No olvidemos que durante la bonanza han tenido ganancias extraordinarias y se han expandido en América Latina a una gran velocidad. Una parte del dinero para ello proviene de sus ganancias, otra de la venta de acciones, bonos y préstamos. La deuda privada será alta. El modelo de Intercorp y AJE ha sido crecimiento por deuda, en pandemia eso les pasará factura.

¿Y en crisis anteriores, cómo han respondido estos grupos?

El efecto de una crisis en la clase empresarial es diferenciado, algunos quebraron, otros se mantuvieron a flote y hubo aquellos que recurrieron a la especulación. Cuando las condiciones políticas y sociales son riesgosas, la tendencia de los grandes empresarios ha sido protegerse con la fuga de capitales. En los años 80’ me invitaron a un congreso empresarial organizado por la Confiep y uno de los gerentes me preguntó: ¿Sabes cuál es el dicho más popular ahora? “No hay nadie más cobarde que un millón de dólares”, y se mató de risa. Efectivamente, los millones de dólares son los primeros que se van

¿Estamos en riesgo de que se acelere la fuga de capitales?

Probablemente se acelere la fuga de capitales, venta de propiedades, traspasos, adelanto de herencia. Es un mecanismo defensivo. Hace poco vimos el caso de una familia peruana que compró departamentos en Nueva York en un momento en que los precios en ese país se han reducido en un 7%. Y es por temor al impacto del coronavirus. En este contexto se debería tener en consideración, como parte de este amplio debate, el impuesto a la salida de capitales sobre cierto umbral. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo propuso hace un tiempo, pero no prosperó.

¿Los paraísos fiscales son las puertas de escape?
 
Definitivamente. El sistema offshore ha crecido muchísimo en todo el mundo y es muy utilizado por los grupos de poder peruano. Por ejemplo, D&C, que controla Camposol, tiene tres holding registrados en Chipre, que es un conocido paraíso tributario cerca del Medio Oriente. Los Añaños (Grupo AJE) tiene una sede corporativa en Holanda, un paraíso tributario en la Unión Europea; los Romero, a través de Credicorp, mantienen sedes en el Caribe. Pero hay otras compañías offshore de la cual hay poca información, en Panamá, en Gran Cayman, en Andorra, y la Sunat no las conoce o no quiere involucrarse.

¿La norma antielusiva que tiene el Perú, conocida como Norma XVI, es suficiente?

Recordemos que la Norma XVI fue bloqueada desde el 2014. Diversas presiones lograron frenar por años la acción fiscalizadora de la Sunat y recién ahora se podrá detectar casos de elusión de impuestos. Esos son los juegos de poder que no se ven. La OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] presiona a los países para que tengan mayor fiscalización de los fondos que van a las offshores porque todos los gobiernos están perdiendo millones en tributos.

Si el Perú quiere entrar a esta organización, deberá demostrar qué esfuerzos antielusivos está realizando durante la pandemia. Pero también debemos fijarnos en el Estado, en su capacidad institucional y en la voluntad fiscalizadora de Sunat. Si no designas a un superintendente de la Sunat con capacidad técnica, voluntad y apoyo político, puedes aprobar todos los impuestos que quieras, sin efecto alguno.


https://www.leerydifundir.com/2020/06/peru-necesita-una-reforma-tributaria-alcance-las-distintas-formas-riqueza/

2 de mayo de 2020

Perú. Llegó la hora: impuestos a los ricos

Francisco Durand*

Llegó la hora de cobrar más impuestos a los ricos. Pero eso no basta. Para cobrarlos bien, hacer justicia tributaria y subir la recaudación se necesita una batería de impuestos y además reformas en la deteriorada SUNAT. Un solo Impuesto a la Solidaridad no tendrá gran efecto tributario, solo político. Debemos pensar en grande.

Una nueva crisis mundial causada por un virus está provocando serios problemas de ingresos y gastos del gobierno, acentuando una peligrosa tendencia deficitaria. Uno baja y el otro sube. Este es el peor escenario para el Perú. De poco consuelo sirve que momentáneamente podamos aprovechar los ahorros de la bonanza exportadora 2002-2013, el alto nivel de reservas en moneda extranjera, y la credibilidad económica de Perú. El alivio es momentáneo. Más temprano que tarde el problema va a estallar con una crisis fiscal en medio de una crisis social y económica.

En este preocupante contexto la pregunta en el país es quién va a pagar más impuestos para elevar la recaudación y manejar mejor la difícil situación fiscal. No pueden ser los pobres ni la clase media. Tienen que ser los ricos y las empresas mas rentables. Veamos el bosque y la paja seca que puede incendiar la pradera. La pandemia y su efecto recesivo está afectando rápidamente a los mas pobres: población flotante campo-ciudad; despedidos, los que terminaron sus contratos (80,000) y los “suspendidos perfectos” que son por el momento otro tanto cuyos números van a aumentar; MYPES en problemas, pueblos indígenas, migrantes venezolanos. Por el momento, se han contenido actos de protesta y violencia, pero a medida que se acentúa el hambre y la desesperación el escenario de calma chicha va a pasar.

Deben entonces tomarse iniciativas fiscales progresivas. No hay manera de recuperar nuestra declinante recaudación (iniciada el 2014) vía aumentos del Impuesto General a las Ventas (de por sí excesivamente alto, por lo mismo incentiva la evasión, la informalidad y el contrabando). Menos vía el Selectivo al Consumo (donde destaca la gasolina). Esos impuestos los pagan todos directa o indirectamente y crea un efecto regresivo.

Recordemos que al acentuarse las diferencias entre los ricos (cuyos ingresos crecieron exponencialmente durante la bonanza 2002-2013) y los pobres (que tuvieron mayores ingresos con la bonanza, pero en condiciones de precariedad laboral y dificultad de negociación), se fue abriendo una “boca de cocodrilo”, es decir, se acentuó la desigualdad entre los de arriba y los de abajo. ¿El resultado? Una clase de multimillonarios cuyas fortunas oscilan entre 4,000 a 1,000 millones de dólares, y una plutocracia profesional de altos gerentes, abogados, consultores, expertos que ganan fácilmente, para empezar, más de S/. 50,000 mensuales. Que uno de ellos integre el directorio de un banco le genera una dieta de $15,000 mensuales una vez al mes, y ese no es su único ingreso.

Dada la pauperización en curso en un país con hiper concentración de riqueza, las reformas deben cambiar el sistema de impuestos, haciéndolo menos regresivo, y mejorar su administración. A la primera parte de esta propuesta se suman muchos, excepto los ricos. Vemos aparecer y crecer un legítimo reclamo popular de justicia fiscal, aunado a una tendencia “populista” del Congreso, con propuestas de la izquierda y sugerencias de los grupos internacionales que exigen una justicia fiscal. La segunda todavía no la ven, pero es clave. No basta aprobar impuestos, hay que recaudarlos. Vizcarra mismo va a plantear un Impuesto a la Solidaridad, compitiendo con el Congreso, pero nadie plantea reformar la SUNAT.

Veamos cómo tratan los ricos este problema. Repasando la 21 del do a Roque Benavides Ganoza, de los hombres más ricos del país. Entrevistado por Joaquín Rey, el minero contestó incómodamente dos preguntas relacionadas a la riqueza poco después de afirmar que “debemos cuidar la economía de los pobres”. Dos preguntas inquietaron al influyente minero peruano:

1. “Verónica Mendoza ha propuesto un impuesto a los multimillonarios para paliar los efectos de la crisis en los pobres, ¿qué opina?

Esos son temas ideológicos absurdos. Seguro los multimillonarios del Perú son «peccata minuta» al lado de los multimillonarios de Suiza. Yo lo que creo es lo que decía Haya de la Torre: «No hay que quitarle al que tiene sino crear la riqueza para el que no la tiene». Entendamos que en el Perú lo que necesitamos es crear riqueza, no quitársela a los que puedan haberla generado con su esfuerzo (…).”

2. “La crisis está poniendo en evidencia la gran inequidad del país porque golpea mucho más fuerte a los pobres. ¿No es momento para pensar en políticas tributarias más redistributivas?”

“(…) Tenemos que enfrentar esta crisis pero nada vamos a sacar incrementando impuestos que no generen más actividad económica. Lo que hay que hacer es generar incentivos para que haya más actividad económica que permita generar más puestos de trabajo, más oportunidades para la gente más desvalida.”

Como se aprecia, Benavides entra en contradicciones, repite lugares comunes y menciona algunos absurdos para dar un mensaje contrario al “populista” que aquí recomendamos. En el fondo el mensaje es claro: no quiere más impuestos, quiere más “incentivos”, es decir, un subsidio tributario. Veamos sus argumentos.

Uno, la justicia fiscal, obviamente, se inspira en una ideología redistributiva, y se opone a una tributación regresiva, pero no tiene nada de absurda.

Dos, el hecho que, comparado a los suizos, los peruanos sean “millonarios pobres”, no implica que no puedan contribuir más tributariamente, sobre todo, y no únicamente, porque acumulan enormes riquezas y no pagan los impuestos que deben en un país que se pauperiza aceleradamente.

Tres, no se trata de impuestos a la actividad económica, sino a la riqueza ya creada que, al tributar más y mejor, contribuye a un socialmente necesitado presupuesto nacional por la pandemia y sus efectos.

Cuatro, los impuestos no confiscan ni expropian, recolectan un porcentaje de riqueza ya generada, que es obra colectiva de gerentes y trabajadores apoyada por el Estado.

Cinco, la idea de generar “más incentivos”, que existen en demasía (minería, textiles de exportación, agroindustrias, Amazonía, educación con fines de lucro) va a acentuar la disminución de la base tributaria al extenderse regímenes especiales bajando la recaudación y generando precariedad laboral.

Además, aunque aparecerán mas empresas, pero pagando menos impuestos, una buena parte se perderá al usarse recursos como el aumento artificial de gastos y llevarse cantidades significativas a los paraísos tributarios manejando los “precios de transferencia”: sobre pagando servicios o marcas a sus empresas offshore o sub vendiendo bienes y servicios a estas mismas empresas, que son todas vinculadas.

De modo que, en medio de estas contradictorias declaraciones, que son fáciles de refutar, y de la propuesta roquiana “no solo no debo pagar más impuestos sino que quiero mas exoneraciones”, salgo más convencido que nunca, que la alternativa es aprobar un paquete de impuestos a la riqueza ya generada y fiscalizarla mejor.

Existen posibilidades objetivas de mejorar la recaudación y hacer más justo el sistema tributario con una serie de impuestos, que deben tener base legal y técnica, entre los que destacan los siguientes:

1. Reponer el impuesto a las ganancias de capital que el gobierno eliminó. Vizcarra mediante decreto, aprobó una innecesaria exención de impuestos a ganancias hasta el 2022. Este “decretazo” suele ser la forma preferida de los lobbies de filtrar propuestas rentistas. Este es un tipo de “legislación sastre” hecha bajo la mesa, probablemente producto de un lobby. Restituirlo es también mandarle un mensaje a los lobistas y sus patrones.

2. Introducir un impuesto a las grandes herencias, riqueza ya generada, que pasa de una generación de ricos a otra y que, por lo tanto, son una fuente de renta gravable. Hay que determinar el umbral de este impuesto a las “sucesiones y transferencias gratuitas”, debiendo ser lo suficientemente alto como para que no toque a la clase media. Requiere un Registro de Información Patrimonial (del Perú y el exterior) así como un catastro nacional. Podría ser a partir de 20-30 millones de soles en propiedades (casas, edificios, terrenos). No se asusten, solo aplica a los ricos y muchos de ellos son rentistas, hablamos del 1 ó 2% de la población, la de altísimos ingresos. No es conveniente asustar a la clase media.

3. Aumentar varios puntos porcentuales la tasa del impuesto a la renta de las personas naturales que tengan ingresos por encima de los 400,000-500,000 soles anuales. Aquí tocamos a la plutocracia. Ganan de sobra y bien pueden contribuir al Estado y ayudar a financiar la urgente ayuda social que debemos sostener antes que empiecen los problemas sociales.

4. Introducir un impuesto a los bienes de consumo de lujo (yates, aviones particulares, vehículos de lujo de marcas reconocidas y con precios verificables en el mercado mundial).

5. Eliminar las deducciones de los gastos personales de empresarios y ejecutivos que declaran como consumo personal y otras actividades que no son propiamente empresariales. Esta es una pérdida por goteo que, sumada año a año, genera importantes perdidas al reducir la base imponible. Es además importante para que las empresas sean mas transparentes.

un paquete de impuestos de este tipo mejorará la situación fiscal del país en este momento critico y hará mas justo el sistema tributario

Tomados en su conjunto, un paquete de impuestos de este tipo mejorará la situación fiscal del país en este momento critico y hará mas justo el sistema tributario. Otros impuestos pueden considerarse que afecten a las ganancias corporativas o que eliminan o reduzcan “agujeros” tributarios. Todos ellos tienen intrincados retos legales y administrativos, que no pueden dejar de tomarse en cuenta; pero que no deben ser excusa para evitar avanzar en la justicia fiscal en un momento en que el país puede ir estallando y se acentúa la pauperización. Los ricos, como Roque Benavides, sus áulicos y abogados, tratarán de proteger la gallina de los huevos de oro. No deben olvidar que peor es que se incendie el gallinero.

Una mas. Es posible que la clase alta entre en pánico y quiera protegerse fugando capitales o traspasando propiedades. Hay que poner candados. Un impuesto a la salida de capitales razonable puede al menos parar un posible desangre (Tobin tax).

El otro problema es la SUNAT, que no muestra ni capacidad ni voluntad de fiscalización de la riqueza, buena parte de la cual escapa a los paraísos tributarios. Hace poco un millonario peruano ha comprado cuatro departamentos en Nueva York por $27 millones pagados desde empresas offshore de Panamá creadas en tiempo record. Este es solo un ejemplo. Existe fondos millonarios estimados en miles de millones de dólares Panamá y el Caribe de peruanos ricos de todo origen (legal, dudoso, ilegal) que se los llevan sin fiscalización a una jurisdicción que tampoco los fiscaliza ni les cobra impuestos.

Por eso ICRIT propone controlar este agujero negro que está acentuando la concentración de riqueza en el mundo y facilitando la corrupción y el crimen organizado. En muchos casos, se trata de formas de elusión tributaria. Los especialistas tributarios internacionales han realizado una serie de propuestas. Podría empezar por hacerse obligatorio declarar anualmente todas las empresas offshore de peruanos o empresas peruanas en el exterior. Sin información no hay fiscalización. Algunos países prohíben tener fondos o empresas en paraísos tributarios.

Hay más, lo que indica la complejidad del problema. Como lo ha afirmado el fiscal Pérez respecto al caso Odebrecht y el rol de Tania Quispe, que paso de la Consultora Deloitte-Perú a presidir la SUNAT el 2011 por ser prima de Nadine Heredia, está incumpliendo funciones. El problema es más grave. Un exfuncionario honrado de cuyo nombre no debo acordarme opina lo siguiente: “La SUNAT se encuentra anquilosada y descompuesta… se ha burocratizado, sobredimensionado y corrompido”. Justamente por eso anda con la cola entre las piernas e intenta pasar desapercibida, incumpliendo sus funciones. Una SUNAT así, ¿a quién conviene?

De ese modo, con nuevos impuestos justos y mejoras administrativas se puede ir cerrando la baja presión tributaria del Perú comparada al promedio latinoamericano, generando ingresos que permiten mejorar la redistribución social vía bonos y evitando excesivo crecimiento de la deuda pública.

Mientras tanto se discuten proyectos en el MEF y el Congreso, incluyendo uno del FREPAP. Vizcarra, una vez más, ha pedido facultades extraordinarias para legislar por decreto. ¿Debe el Congreso concedérselas ahora que tiene la iniciativa? ¿Si es así, debe ponerle condiciones al presidente y luego revisar la propuesta? Otra vez corremos el riesgo que los lobistas, los estudios de abogados, los consultores corporativos legislen y le pasen propuestas al MEF. ¿Cederá la ministra y Vizcarra a estas presiones, están ya capturados? ¿Parirá la montaña un ratón o saldrá una verdadera reforma?


* Francisco Durand. Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), PhD en Ciencia Política y Economía Política, por la Universidad de Berkeley en California (USA). Ha sido docente en la Universidad de Texas, en Austin. Asesor y consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro Interamericano de Administración de Impuestos (CIAT), la Universidad de Oxford; todo ello, en temas relacionados a grupos de poder, mercados informales, recursos humanos, desarrollo institucional entre otros.


https://www.leerydifundir.com/2020/05/peru-llego-la-hora-impuestos-los-ricos/

16 de abril de 2020

Perú: Virus y lucro

Francisco Durand

La pandemia está poniendo el país de cabeza. Me refiero no tanto a la vida cotidiana, sino al hecho que la crisis pone al Estado como el actor principal y la salud de todos como problema inmediato a resolver. El valor fundamental es la solidaridad, no el individualismo o la motivación al logro material. Vaya cambio.

En este artículo sostenemos que este giro hacia el Estado y lo social refuerza una tendencia crítica que erosiona un tanto más la legitimidad de los grandes empresarios y su afán de lucro.

Menos control político

El desgaste del prestigio y la influencia empresarial se observan evento tras evento en las crisis que empiezan desde la última elección. Apenas elegido Pedro Pablo Kuczynski el 2016, han ocurrido varias crisis de gabinete (salida de Martín Vizcarra, ministros de educación, gabinete Zavala). Esta inestabilidad era llamada “ruido político” por los empresarios al afectar el “buen clima de negocios”. No pudieron pararla.

Luego ocurrió una crisis de gobierno con dos fases. La primera fase terminó en la renuncia del presidente-empresario Kuczynski el 2018, que pierde en la pugna con la mayoría aprofujimorista del Congreso. La segunda fase, debido a que prosigue el choque del Congreso con el presidente provisional, termina cuando Vizcarra frena el golpe del Congreso del 30 de setiembre del 2019 que quería “suspenderlo” y lo cierra al caer el segundo gabinete. No olvidemos que la suspensión de Vizcarra y la nueva presidencia de Mercedes Araoz fue apoyada por la Confiep. La crisis se superó al imponerse Vizcarra y organizar elecciones parlamentarias extraordinarias. Estas elecciones liquidaron al APRA y debilitaron al fujimorismo, los principales interlocutores empresariales. El nuevo Congreso se caracteriza por representaciones atomizadas, donde surgen varias agrupaciones y personajes “antisistema”.

De modo que las conexiones con la presidencia y el parlamento les son menos favorables. Asimismo, el Equipo Especial Lava Jato viene investigando a varios grandes empresarios y se ha atrevido a allanar el local de la Confiep. También entonces las elites tienen menor manejo del Poder Judicial. Están teniendo lo que se llama una “autonomía relativa”.

Ahora bien, otro espacio de poder donde se observan cambios son los medios.  La oligarquía nacional y los ejecutivos de las multinacionales, más la plutocracia profesional que le sirve, mantienen influencia sobre los medios de comunicación privados, pero les es difícil manejar bien la agenda. En la medida que aparecen escándalos de corrupción que no pueden omitir (Lava Jato a partir del 2016 y con una Fiscalía que no han podido desactivarla, y grandes revelaciones de donaciones millonarias bajo la mesa a partidos pro corporativos (los $6.5 millones de Dionisio Romero Paoletti a Keiko Fujimori), se hace difícil que los medios veten estos temas. Los problemas y casos empresariales son demasiado evidentes, y si los ocultan o minimizan, el rival los difunde o aparecen en las redes sociales. En suma, la coyuntura es de menor control informativo de las elites del poder, menos silenciamiento, más casos que se salen “fuera de control”.

Más metidas de pata

Habiendo contextualizado las dificultades que enfrentan las elites corporativas nacionales y extranjeras, y sus soportes profesionales para mantener su prestigio e influencia en el pasado reciente, veamos ahora qué pasa la pandemia iniciada en marzo del 2020.

Un desatino claro ha sido el intento de la Asociación de Fondos de Pensiones Prima de repartirse utilidades por S/. 145 millones. Lo hicieron justo en el momento que se plantea en el Congreso un retiro de fondos para paliar la crisis de consumo a los que se oponen. El yerro ha tenido que ser corregido el 4 de abril al declarar en un comunicado publico que suspenden el reparto.

Pero el daño reputacional ya está hecho, y refuerza la conocida impopularidad de los fondos privados de pensiones (AFP) y de los grandes empresarios, los Romero en particular, una de las dos mas grandes fortunas del país, además de principal financista fujimorista. Prima es parte del holding Credicorp con sede en el Caribe, propiedad de miles de accionistas, donde destacan algunos grupos peruanos (Romero, Verme) y donde predominan grandes inversionistas extranjeros. Todos ellos, obviamente, esperan ansiosos el reparto de dividendos. No se dieron cuenta que esta normalidad de reparto de riquezas aparece como evidente avaricia. El retroceso de las AFP en este terreno es productos de los comentarios en las redes sociales, hecho indicativo de los nuevos tiempos.

Luego tenemos el lobby de las AFP para evitar que se apruebe la ley del Congreso que permite el retiro parcial de fondos de las AFP. Han tenido que salir “los profesionales” a firmar una carta pública defendiendo este infausto sistema de pensiones. Afirman que lo hacen por “obligación cívica”. Igual el Congreso siguió adelante, indicando un fracaso de los lobbies.

Estos “profesionales”, más que defender intereses específicos (no tienen necesidad de ingresos extra en la crisis del Coronavirus, por lo tanto, retirar fondos no les preocupa), están defendiendo una de las piezas claves del sistema neoliberal. Presionan en paralelo a Vizcarra para que vete el proyecto. En esta batalla de ideas no han faltado los “comentaristas especializados” que, sin informar sobre sus conexiones con las AFP, emiten opiniones contrarias al proyecto en los programas de TV domingueros, porque la propuesta del Congreso “no tiene sustento técnico”.

Algo de lo técnico ocurre, pero debe contextualizarse. El sistema se sostiene en base al número de afiliados (esa minoría bien empleada) y la cantidad de fondos. Si bajan los dos soportes, afiliados y fondos, las AFP pueden colapsar. Este peligro lo agrava la pandemia con las propuestas de retiros y por la ola de despidos que se viene. Cierto, pero ¿para qué mantener un modelo de pensiones de altas comisiones, enormes utilidades y bajas pensiones para los trabajadores? No olvidemos que muchos de los firmantes de la carta pública contrarias a la reforma de las AFP se han opuesto siempre a toda propuesta de diversificación productiva, de apoyo crediticio estatal a los campesinos, de aumento del salario mínimo, de industrialización, que hubieran ampliado la base de ahorristas porque generan mas oportunidades y empleos. Si pues, hay un problema técnico, pero es tanto de diseño como del modelo económico.

Vizcarra, haciendo equilibrios, reconoce que el sistema privado de pensiones es fallido, pero posterga su evaluación planteando una reforma futura. Hay, sin embargo, algo que remarcar. Que un presidente (por primera vez desde que se fundara en 1994) diga públicamente que ha ocurrido abusos (altas comisiones, falta de opciones del pensionista) ya es un avance.

Despidos y desempleo

En medio de la crisis de salud, la Confiep, el sindicato empresarial donde predominan banqueros y mineros, pide, entre otras cosas, al Ministerio del Trabajo que le permitan despidos automáticos: “Sugerimos que las empresas puedan aplicar el cese colectivo de manera automática y sin autorización previa”. Afirman que la ley los respalda, pero lo piden que las autoridades muestran “tendencia es a la sanción al empleador que las aplica”. Esta última propuesta de la Confiep, la más importante de una serie de ocho, ha puesto los pelos de punta a los trabajadores. Gerónimo López, secretario general de la CGTP, no ha tardado en reaccionar: “creo que, en estas circunstancias, los empresarios no pueden dejar a los trabajadores desamparados”, declaró en Ideéle Radio.

Como corresponde al status de poder fáctico de los grandes empresarios, el gobierno evaluó presto las propuestas y dio un decreto. Vizcarra terminó cediendo en gran parte, desoyendo a la CGTP, escuchando a la Confiep atentamente, pero sin aprobar el despido masivo. En su lugar, aprobó la “suspensión perfecta” por varios meses, con trabajadores pagados con sus propios recursos o del Estado.

La Confiep “ha sacado la garra” en la crisis, buscando aprovecharla para despedir a sindicalistas, o trabajadores con antigüedad, para luego, cuando la economía rebote, recontratar a otra hornada más joven, con salarios más bajos. Cabe señalar que en marzo no se renovaron 80,000 contratos a plazo fijo. La impopularidad de los dueños del Perú crece. Tienen corona y están afectados por el virus del lucro, que es incurable si no lo contienen el Estado y la sociedad civil. Es la única vacuna … y hay que renovarla porque el virus no solo mata sino muta.

Cabe comentar que la Confiep se presenta como “gremio de cúpula del sector empresarial y del Sector Empleador en su conjunto”. Ojalá así fuera. En realidad, tiene bajísima representación de pequeñas y medianas empresas formales (PYMES) que son el 80% o más del total de empresas. Y en cuanto al empleo, el sector formal no llega ni a 30% de la Población Económicamente Activa. Quienes ofrecen más empleo, formal e informal, son las PYMES. De modo que la ayuda y las políticas públicas de emergencia deberían concentrarse en este sector. En realidad, se debe invertir la política de promoción del Estado. El Estado debería apoyar la organización de PYMES a nivel nacional y regional de manera activa, ofreciendo apoyo crediticio, tecnológico y de otro tipo a cambio de filiación, pero respetando su autonomía, para que tengamos un sistema de representación menos cupular y más popular.

En suma, todos estos líos, escándalos, golpes, desaciertos y demandas laborales extremas apuntan a reforzar la crisis reputacional por la que pasan los grandes empresarios y su confederación. Por las razones expuestas, se abre la posibilidad de reformas económicas, sino integrales (cambio de modelo, lo que requiere una crisis de régimen político), por lo menos parciales.


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