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19 de septiembre de 2021

Pandemia politizada

Daniel Espinosa

¿Cómo se delimita ideológicamente la discusión sobre la pandemia?, ¿qué cuestionamientos sobre las medidas tomadas para frenarla constituyen una herejía para uno u otro bando? En los siguientes párrafos ensayaremos algunas respuestas.

COSTO Y BENEFICIO

El periodista estadounidense Glenn Greenwald escribió hace poco sobre la ausencia de análisis de costo y beneficio con respecto a las medidas tomadas para detener la pandemia de Sars-CoV-2: “En virtualmente todos los campos de la política pública, los americanos apoyan medidas que saben que matarán personas, a veces en grandes números. No lo hacen porque sean psicópatas, sino porque son racionales: comprenden que esas muertes valen la pena a cambio de los beneficios que esas políticas proveen”.

Como el periodista reconoce, esta es una forma bastante cruda y chocante de expresar un principio que, insiste, aplica a toda política pública. Sin embargo, cuando se trata de la presente pandemia, tal razonamiento parece encontrarse “extrañamente… fuera de los límites”.

Una forma de salvar la vida de millones de personas consistiría en algo tan sencillo como prohibir el uso de automóviles, argumenta Greenwald a modo de ejemplo. También podríamos limitar su uso a lo estrictamente esencial, “como ambulancias o reparto de alimentos… o por lo menos reducir el límite de velocidad a nivel nacional a 40 km/h”.

¿Sabía que, en Estados Unidos, más de un millón de personas muere cada año en accidentes de ese tipo? (este dato, que podría resultar difícil de creer, figura en la página del Center for Disease Control and Prevention (CDC), de Estados Unidos, bajo el título “Global Road Safety”). Reducciones radicales en los límites de velocidad disminuirían esos números de manera drástica, tal como demuestran décadas de estudios al respecto, explica Greenwald. Pero “nadie las apoya”, agrega.

Si aplicáramos allí la misma lógica que parece regir sobre las medidas dictadas para reducir la mortalidad de la presente pandemia, tendríamos que concluir que permitir una sola muerte más en las pistas representa una profunda inmoralidad y, consiguientemente, prohibir los automóviles. ¿Por qué los defensores de las cuarentenas generalizadas y otras costosas medidas sanitarias no se rasgan las vestiduras por el baño de sangre –totalmente evitable– que vemos cada año en calles y carreteras?

La razón no es ningún misterio: prohibir el uso de automóviles involucraría un costo enorme. Lejos de ser algo ajeno a nuestra vida cotidiana, cada vez que subimos a un automóvil –ya sea del transporte público o privado– hacemos un breve análisis de riesgo y beneficio, así sea de manera inconsciente. Existe la probabilidad de una muerte súbita y violenta –o la de resultar seriamente heridos–, pero debemos llegar a nuestro destino, trabajar, visitar a alguien, ir a la playa, desplazarnos. Y este tipo de cálculo aplica a casi todo lo que hacemos.

Sin embargo, algunos elementos de la izquierda norteamericana, como el World Socialist Web Site –o la whistleblower y activista progresista Chelsea Manning–, consideran que los cuestionamientos hechos por Greenwald constituyen una suerte de herejía, y lo acusan de coquetear con la derecha radical. Esta forma de plantear la cuestión no es ajena a buena parte de la izquierda latinoamericana, que considera erróneamente que los únicos interesados en que la economía permanezca abierta serían los grandes empresarios.

¿DIFERENCIAS QUE MATAN?

Recientemente, el mismísimo Donald Trump cayó también en una suerte de herejía –esta vez desde la perspectiva conservadora–: les propuso a sus seguidores que se vacunen. Sucedió a fines de agosto pasado en un mitin en Alabama (donde solo el 36 % está totalmente vacunado, según USA Today). La invitación suscitó el abucheo breve pero generalizado de una multitud mayoritariamente desenmascarada.

En Estados Unidos –con amplia disponibilidad de vacunas– solo el 50 % de la población elegible se ha acercado a los centros de vacunación. El nivel de rechazo es enorme. En ese país, de los 17 Estados menos vacunados, 16 votaron mayoritariamente por Trump, de acuerdo con un informe de Business Insider (12/09/21). Este medio indica también que esos Estados han visto más muertes totales por Covid-19.

¿Pero qué sucede con todo aquello que no forma parte del cálculo? La ausencia de un análisis costo beneficio, como plantean Greenwald y muchos otros, ha hecho invisibles muchos de los daños ocasionados por las medidas de contención de la pandemia.

El daño hecho a la niñez sometida a cuarentenas y distanciamiento social podría ser enorme: varios estudios empíricos señalan que un porcentaje considerable de niños viene desarrollando cuadros de estrés postraumático a raíz del encierro y el pánico fabricado –en muchos casos de manera totalmente deliberada– por la prensa. Estudios chinos e indios también muestran índices elevados de depresión y ansiedad en infantes y adolescentes, quienes –valga la aclaración– corren escaso peligro de infectarse y desarrollar cuadros graves de la enfermedad producida por el Sars-CoV-2.

CULPANDO AL PÚBLICO

Hoy en día, la izquierda se jacta de “creer en la ciencia” y ha tomado un rumbo claramente “prosistema”. Es una izquierda despojada de su natural antagonismo hacia el aparato capitalista neoliberal –el establishment– que hace tiempo abandonó la lucha de clases en virtud de otras batallas, como las relativas a la identidad y el género.

Esta degeneración ha sido promovida, como no podría ser de otra manera, por los financistas de la izquierda, que en muchos casos son capitalistas empedernidos como George Soros, famoso especulador financiero liberal, cuando no el mismo gobierno estadounidense. El resultado es una izquierda inofensiva desde el punto de vista de Wall Street y las grandes acumulaciones de riqueza y poder que amenazan nuestras democracias. Eso no quiere decir, de ninguna manera, que las luchas relativas al género y a la identidad no tengan su justo lugar en la agenda zurda.

La nueva derecha –la “alt-right” o derecha alternativa–, por su parte, prefiere identificarse con la desconfianza radical hacia un sistema que percibe como dominado por fuerzas progresistas. En muchos casos, esa derecha asegura que nuestras sociedades vienen degenerando gracias a una suerte de infiltración “comunista”. En esa visión del mundo, lo que cayó en 1989 no parece haber sido el Muro de Berlín, sino la Estatua de la Libertad. Desde entonces, la hegemonía del capitalismo –y los valores asociados a él– habría cedido en favor de un progresismo atizado por el “marxismo cultural”.

La confianza izquierdista en el establishment –que se percibe fácilmente en su confianza ciega en lo que los medios masivos, esas grandes corporaciones, presentan como “ciencia”– la ha llevado a despreciar a quienes desconfían de la narrativa hegemónica que debería resultar naturalmente sospechosa para cualquier izquierda, tildándolos de idiotas y cavernarios.

Volviendo a la pandemia y al proceso global de vacunación, quienes tildan a los “antivaxxers” (antivacunas) de ser personas irracionales podrían estar cometiendo un grueso error. En un reciente libro publicado por Maya Goldenberg, de la Universidad de Guelph (Canadá), la profesora especializada en filosofía de la ciencia y la medicina explica que, lejos de existir una “guerra contra la ciencia”, lo que habría es una desconfianza totalmente justificada por la medicina, entendida como “la suma de las instituciones sanitarias públicas, los médicos, los expertos, las farmacéuticas… y otros grupos que representan lo que podríamos llamar el establishment médico”.

Un estudio de Harvard de 2021 señala que casi la mitad de los estadounidenses no confían en la ya mencionada CDC, ni en la Food and Drug Administration (FDA) y otras importantes instituciones sanitarias de su país. Entre las razones de tal desconfianza resalta la influencia nociva de las grandes corporaciones sobre la ciencia biomédica:

“Una y otra vez, durante las últimas décadas, hemos visto a farmacéuticas esconder información y comportarse de maneras que ponen la ganancia por encima del bien público”, explica el médico Adam Urato en su reseña para el International Journal of Medical Education del libro de Goldenberg, titulado “Vaccine Hesitancy” (“Dudas sobre las vacunas”).  

Muchos científicos contratados por “Big Pharma”, así como los empleados por las grandes petroleras en la década de 1970 –quienes le ocultaron al mundo los primeros indicios del calentamiento global–, han sido cómplices en el ocultamiento de información científica que denotaba enormes peligros para los consumidores y pacientes, todo en beneficio de las ganancias corporativas. Los ejemplos son abundantes e incluyen, por ejemplo, antidepresivos que mostraron un aumento visible en el suicidio en niños, pero que igual salieron al mercado.

“Una de las amenazas más grandes para las farmacéuticas la constituyen los expertos independientes… ¿cómo hacen (ellas) para evitar este riesgo para sus ganancias?”, se pregunta Urato, “la respuesta es que las farmacéuticas han burlado efectivamente este escenario vertiendo su dinero en la ciencia médica”. Financian a los expertos y también a las instituciones estatales creadas para regularlas, así como a las asociaciones profesionales de médicos. En otras palabras, lo han comprado todo. Las enormes cantidades de dinero que invierten en los medios de comunicación masiva hacen el resto, por lo que buena parte del público jamás se entera de este gravísimo peligro para la salud pública.

La pregunta, volviendo al plano político, es también una llamada de atención: ¿por qué la izquierda se ha vuelto tan crédula con respecto a este tinglado de grandes corporaciones, que hoy nos venden sus productos y promueven políticas públicas cuestionables usando la “ciencia” como herramienta de márquetin?

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°557, del 17/09/2021   p23

5 de septiembre de 2021

¿Quién nos salvará de la ciencia?

Daniel Espinoza

La semana pasada escribimos sobre los controversiales experimentos de laboratorio diseñados para potenciar conocidos patógenos –como el coronavirus–, haciéndolos más transmisibles y letales. Las investigaciones de “ganancia de capacidad” (en inglés, “gain of function”) –como las que se llevaron a cabo en los últimos años en el Laboratorio de Virología de Wuhan, en China– fueron financiadas por USAID, organismo controlado por el gobierno de Estados Unidos, a través de EcoHealth Alliance. Vimos que algunos receptores de dicho dinero fueron quienes, a través de varios medios de comunicación periodísticos y científicos reputados, le vendieron al mundo la idea de que una potencial fuga del SARS-CoV-2 de un laboratorio solo podía ser una “teoría de conspiración”.

Como prometimos, hoy ahondaremos en el origen militar de esta controvertida línea de investigación, con sus múltiples riesgos y dudosos beneficios. Repasaremos una pequeña fracción de las varias filtraciones de peligrosos patógenos que han sucedido en el pasado reciente, un asunto virtualmente desconocido incluso para los asiduos a la literatura científica.

ATAQUE Y DEFENSA

Como le dijo Richard Ebright al periodista científico Paul Thacker a inicios de agosto, los primeros experimentos de “ganancia de capacidad” se dieron en 2005 y 2006, con la reconstrucción del virus de influenza que ocasionó la pandemia de 1918, más conocida como la Gripe Española. Estos se llevaron a cabo en Nueva York y Atlanta.

“Este virus no había estado presente en el planeta por décadas… y cuando lo estuvo, infectó al menos a dos tercios de la población global y mató al menos al 1 % de los infectados”, dijo Ebright, director del laboratorio de microbiología del Instituto Waksman, localizado en Nueva Jersey.

El Congreso de Estados Unidos objetó entonces que los experimentos se habían llevado a cabo sin ningún tipo de análisis previo de riesgos y beneficios.

“Pero la historia comienza un poco antes”, detalla Ebright, “en 2001”. Poco antes del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, sucedió un ataque con ántrax a través del sistema de correos estadounidense. Poco después, en noviembre de ese año, el Congreso decidió destinar ingentes recursos para la defensa contra el terrorismo biológico.

Uno de los promotores de estas medidas fue el vicepresidente Dick Cheney, uno de los arquitectos de las debacles americanas de Afganistán e Iraq y –coincidentemente– uno de sus más grandes beneficiarios materiales debido a su participación en Halliburton, contratista privado del Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD, por sus siglas en inglés). Como explica Ebright, el DoD contaba entonces con controles muy estrictos, implementados para cumplir con la Convención de Armas Biológicas, un tratado internacional que prohíbe su desarrollo y proliferación:

“Lo que hizo Cheney fue transferir la investigación (en armas biológicas) del DoD al Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y, específicamente, al Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) …transformándolos en anexos del sector Defensa. Eso convirtió a Anthony Fauci (director de NIAID) en un jugador de peso”.

Luego, entre 2003 y 2004, la Academia Nacional de Ciencias formó un comité para analizar el “uso dual” de esa línea de investigación biomédica. En otras palabras, las investigaciones tendrían fines tanto militares como sanitarios. El comité en cuestión identificó “siete áreas de investigación de alto riesgo”, explica el microbiólogo citado. Estas eran actividades que aumentaban la virulencia, transmisibilidad y rango de organismos anfitriones potenciales para un determinado patógeno, entre otros “logros”. Cinco de esas siete líneas de experimentación fueron clasificadas como “ganancia de capacidad”, mientras que las otras dos tienen que ver con la “evasión de diagnóstico o detección” y la instrumentalización del patógeno como arma de guerra.

En 2011, los científicos Ron Fouchier y Yoshihiro Kawaoka anunciaron que podían crear una peligrosa versión de la gripe aviar (H5N1) que, a diferencia de las anteriores cepas, se transmitía por aerosoles. Según Ebright, este virus rara vez infecta al ser humano, pero cuando lo hace mata a la mitad de los afectados. Fouchier y Kawaoka –trabajando en Holanda y Estados Unidos, respectivamente– recibieron financiamiento del NIAID.

El experimento encontró oposición en el Congreso y la Casa Blanca estadounidenses, que insistieron en preguntarle al NIAID y a su mandamás, Fauci, sobre la razón por la que lo habían realizado, particularmente sin haber llevado a cabo un análisis detallado de los riesgos y beneficios. Ebright explica que Anthony Fauci –quien hoy dirige la respuesta estadounidense al Covid-19– simplemente financiaba proyectos a discreción, sin supervisión de nadie, por tratarse de un campo donde la regulación aún no se había establecido de manera firme.

Las autoridades también objetaron el hecho de que la experimentación fuera llevada a cabo fuera del territorio estadounidense. La respuesta de Fauci y del director del Instituto Nacional de Salud, Francis Collins, fue que la investigación era “fundamental para la seguridad” de su país, como explicaron en un artículo de opinión para el “Washington Post” (30/12/11).

Ante las críticas, Fauci decretó una moratoria para los experimentos de “ganancia de capacidad”. Pero ni bien las autoridades se distrajeron, cuenta Ebright, Fauci y Collins “levantaron la moratoria y expandieron el financiamiento”. Los sistemas para fiscalizar estas líneas de investigación llegarían años después, pero serían incapaces de ejercer un verdadero control. Los peligrosos y controversiales experimentos continuarían sin ningún tipo de análisis independiente sobre sus evidentes riesgos.

En 2014 sucederían tres fugas de laboratorio en Estados Unidos: una en el Centro de Control de Enfermedades de Georgia, donde se daría un accidente con ántrax; otra en Maryland, donde se encontrarían contenedores del virus de la viruela con filtraciones en una oficina de la Food and Drug Administration y, finalmente, en Utah, donde también se daría un accidente con ántrax, esta vez en instalaciones del DoD.

Para entonces, se había establecido un ente de carácter federal para velar por la seguridad biológica, la Junta Asesora Nacional Científica para la Bioseguridad (NSABB, por sus siglas en inglés), que señaló su intención de investigar estos tres incidentes. “La respuesta del Instituto Nacional de Salud de EE.UU. fue despedir a los miembros del NSABB y nombrar a otros más manejables”, cuenta Ebright. En respuesta, los recién despedidos formaron un grupo independiente, el Cambridge Working Group.

La sucesión de eventos relatada captó la atención del gobierno de Barack Obama en 2014, que decidió ponerle pausa al financiamiento para experimentos de “ganancia de capacidad”. Dieciocho proyectos fueron detenidos con la finalidad de someterlos a una urgente fiscalización. Un par de meses más tarde –con el gobierno distraído nuevamente en otros asuntos–, siete de estos proyectos fueron exonerados por el director del Instituto Nacional de Salud, (otra vez) Francis Collins, quien aseguró que eran “urgentemente necesarios para la salud pública de EE.UU.”.

Y así llegamos a 2017 y el gobierno de Donald Trump, que suspendió la pausa e implementó otro organismo destinado a fiscalizar los experimentos de “ganancia de capacidad”. Como explica Ebright, dicha entidad quedaría anulada en la práctica debido a que las entidades que llevan a cabo o financian tales experimentos –NIAID y el NHI– descubrieron que podían esquivar su vigilancia mediante un mecanismo tan sencillo como absurdo:

“En tres años y medio –le dijo Ebright a ‘Disinformation Chronicles’–, solo tres proyectos de investigación, de varias docenas, han sido enviados al comité para un análisis de riesgos y beneficios… Fauci y Collins se dieron cuenta de que si no informaban sobre qué proyectos debían ser fiscalizados y no los enviaban al ente supervisor, el sistema quedaba efectivamente anulado”. Todo esto se ve enormemente facilitado por el hecho de que el mencionado organismo creado por Trump (conocido por las siglas P3CO) es totalmente opaco: no se conoce la identidad de sus miembros ni el proceso que siguen para determinar la seguridad de los proyectos. Para colmo, sus decisiones finales son secretas.

BREVE HISTORIAL DE FUGAS

Un informe del medio periodístico norteamericano “Mother Jones” cuenta que la era moderna de filtraciones de patógenos de laboratorio comenzó en 1973, en Inglaterra, cuando una especialista se infectó con viruela y contagió a otras tres personas, de las cuales murieron dos. En 1977, una variante de la influenza salió de un laboratorio chino y viajó por el mundo entero. Como se trató de una versión suave, el evento no ocasionó demasiado revuelo.

En 1979 les tocaría el turno a los soviéticos. Una nube de ántrax escapó de un laboratorio secreto debido a un filtro de aire defectuoso y las esporas volaron al poblado de Sverdlovsk, matando a 66 personas. La veracidad del incidente pudo comprobarse recién en 1992, luego de la caída de la URSS.

Si bien las medidas de seguridad se han redoblado desde el siglo pasado, la enorme proliferación de laboratorios de (supuesta) alta seguridad ha hecho que la posibilidad de filtraciones sea más alta que nunca. Un estudio de “USA Today” reveló en 2015 que más de 100 laboratorios estadounidenses habían sufrido accidentes “escandalosos” en los últimos años. El ataque con ántrax descrito en párrafos anteriores –ocurrido en 2001– salió del Fort Detrick, un famoso laboratorio militar de Maryland, Estados Unidos. Mató a 5 personas y suscitó las políticas impulsadas por el infame Dick Cheney.

Solo podemos consignar aquí algunos casos aislados. El informe citado bajo este subtítulo habla de cientos, cada uno más escandaloso que el anterior. Lo señalado constituye solo la punta del iceberg de la negligencia científica y da cuenta de que no existe nada parecido a una fiscalización seria e independiente de la experimentación con patógenos letales. Pero algunos virus podrían ser algo más que el síntoma de un mal mucho más extendido entre la humanidad: la corrupción sistémica.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°555, del 27/07/2021   p21

4 de septiembre de 2021

¿Y si no fue un pangolín?

Alejandra Ruiz León

“Fue en un seminario en Harvard” les aclaré, y mis amigos bajaron la guardia científica. Yo les estaba contando sobre un conversatorio al que asistí de forma virtual sobre los orígenes del virus del Sars-Cov-2 y la hipótesis de que este escapara de un laboratorio. Ellos me miraron escépticos y estaban listos a encaminar la conversación hacia temas “más científicos” y “menos conspiranoicos”. La carta de la autoridad científica  —en  este caso, confirmar que es un debate que también se da en ambientes académicos— me ayudó a probar que mi curiosidad no había sido irresponsable y aseguró la atención de mis amigos: tres días después seguíamos compartiendo artículos sobre el tema en nuestro grupo de Whatsapp.

Ahora que el mundo sigue preguntándose cómo y cuándo acabará la pandemia, vuelve a aparecer el debate de cómo y cuándo empezó. No me refiero solo a las conversaciones en mi Whatsapp, sino también a las publicaciones científicas y en especial de Twitter, que en muchas ocasiones funciona como una ventana al mundo científico. Durante meses, la interrogante sobre el origen del coronavirus parecía zanjada. Los términos “mercado húmedo”, “pangolín, “origen natural” y “destino” describían el origen de la situación en la que aún nos encontramos.

Este grupo de palabras respondía a dos preguntas diferentes: ¿El virus tiene un origen natural o artificial? ¿La pandemia fue producto del destino o de la intervención humana?

Cada una de estas preguntas nos lleva a respuestas diferentes. Que el virus tenga un origen natural o artificial no necesariamente explica cómo este virus logró expandirse a casi todos los países del mundo. Las combinaciones que podríamos crear con cada respuesta abre la puerta a nuevas interrogantes. Hagamos un ejercicio. Partamos de que el virus sí tiene un origen natural, como lo prueba esta publicación científica. Pero combinemos esta evidencia con la posibilidad de que este virus natural estaba siendo estudiado en determinado laboratorio y, producto del descuido humano, contagió a parte del personal y este luego pasó a contagiar a personas fuera del laboratorio. En este escenario imaginario el origen de la pandemia sería explicado por un virus natural y por un descuido humano al mismo tiempo, dejando de lado “la malicia” y los planes detallados para desestabilizar al mundo que suelen incluirse en las teorías de conspiración.

Si podemos llegar a estas conclusiones imaginarias es porque estamos partiendo del acto de preguntar, algo que durante meses se dejó de hacer cuando el debate del origen del coronavirus se dio por terminado. Gran parte de la evidencia científica se alinea a la hipótesis del origen natural del coronavirus y descarta que este haya escapado de un laboratorio. Podemos imaginarnos que del lado contrario solo se encontrarán comentaristas de YouTube alimentados por teorías de la conspiración donde la desconfianza hacia China y los organismos de salud pública reemplazan a la evidencia científica.

Pensar en una hipótesis como “científica” y en otra como “anticientífica” se aleja del método científico. La posibilidad de una hipótesis alternativa —en este caso para los orígenes del coronavirus— no es un detalle menor: es fundamental en la ciencia. Todo diseño experimental parte de dos hipótesis, una será verdadera y otra será falsa según lo comprueben los resultados del experimento. Tratar de descubrir “los verdaderos orígenes” de la pandemia no puede darse con una sola posibilidad, pues sería en sí una actividad carente de objetividad que menosprecia la evidencia contraria a la hipótesis que se desea comprobar.

Si estamos viendo revivir el debate sobre los orígenes del coronavirus no es por videos de YouTube ni por teorías de la conspiración, lo es porque algunas voces desde la academia han empezado a cuestionar la falta de una hipótesis alternativa. Entre ellas, una empezó a resonar más fuerte: Alina Chan.

Si queremos entender su posición en este debate podemos empezar con los títulos de dos artículos publicados sobre ella. El primero, en MIT Technology Review, se titula Lo llamaron una teoría de la conspiración. Pero Alina Chan tuiteó la idea de que el virus vino de un laboratorio. Y el segundo artículo publicado en el New York Times: Atrapada en el fuego cruzado sobre los orígenes del Covid. Ambos artículos sitúan a Chan, una post doctoranda en el Broad Institute afiliado a Harvard y MIT, como un ente catalizador de la hipótesis de que el Sars-Cov-2 pudo salir de un laboratorio.

Con una carta publicada en Science, Chan y una veintena de virólogos llamaron a una investigación más transparente sobre los orígenes del coronavirus. En la carta consideran que las hipótesis de un origen natural o un error de laboratorio no han sido evaluadas de forma balanceada. En publicaciones y declaraciones posteriores, Chan, junto al coautor de su libro próximo a publicarse, han cuestionado los esfuerzos realizados por la OMS y el gobierno chino para identificar los verdaderos orígenes del virus. Al mismo tiempo, asumen que es probable que nunca podremos conocer cómo se desencadenaron estos hechos. Sin embargo, Chan se mantiene en su objetivo principal: preguntarnos si una fuga de laboratorio pudo ser posible.

Reabrir la posibilidad de los orígenes del coronavirus ha producido una serie de preguntas. Las primeras y más esperadas, se asemejan a las interrogantes que hacían mis amigos: ¿quién sostiene esta hipótesis? Una posdoctoranda. ¿Es suficiente para tener nuestra atención? Siguiente pregunta: ¿qué evidencia muestra? La verdad es que poca, más bien cuestiona los vacíos en la evidencia del otro bando, quienes han respondido con revisiones detalladas como la publicada en Cell, donde se recogen los hechos que apoyan el origen zoonótico del virus. En el ámbito político, la Casa Blanca confirmó hace dos días la recepción del último informe sobre los orígenes del coronavirus que detalla que los esfuerzos para comprender las causas de la pandemia no han terminado.

Es probable que en los próximos meses —o décadas— no tengamos la respuesta de cómo se inició la pandemia. Los debates en Twitter, publicaciones y reportajes sobre los orígenes del coronavirus tal vez no resuelvan la interrogante en un corto o largo plazo. Menos resolverán la pandemia. Sin embargo, para quienes encontramos a los científicos igual de interesantes que sus descubrimientos, este debate nos presenta un espectáculo en primera fila sobre cómo los investigadores cierran y abren debates, qué rol tienen las instituciones para establecer la autoridad, cómo se construyen narrativas aceptadas —o rechazadas— por la comunidad científica, lo políticamente correcta e incorrecta que puede ser la ciencia y otros destellos de humanidad en el quehacer científico.  

6 de febrero de 2021

Perú, Enfrentar la segunda ola

Pedro Francke

Con una segunda ola nacional que viene con tremenda fuerza, con las UCIs desbordadas y el contagio y la mortalidad subiendo a toda velocidad, el gobierno ha decretado cuarentena en Lima y varias otras regiones. La situación sanitaria es extremadamente crítica, estamos en alto riesgo de repetir una tasa de mortalidad de la primera ola que ya fue la mayor del mundo, y hay que empezar por reconocerlo. Pensar que se podía seguir como si nada pasara, como han hecho varios de los candidatos presidenciales, era tan inteligente como el avestruz que ante una amenaza esconde la cabeza bajo la tierra.

Es bueno que las medidas sean diferenciadas por regiones, dejando fuera de la cuarentena a quienes no están en situación tan crítica, y que se haya avanzado en definir las medidas para cada nivel de riesgo, definidos por unos semáforos de indicadores. Pero la pregunta crítica es ¿cómo demonios controlamos esta maldita epidemia?

En el sector salud, durante la primera ola hubo una rápida respuesta de ampliación de hospitales y camas, pero nuestro nivel de partida era realmente misérrimo y es poco lo que se puede hacer ahora en esta línea. Lo que necesitamos con urgencia es un rápido fortalecimiento de centros de salud de primer nivel y ampliar al máximo la telemedicina; los 9 mil establecimientos de salud deben funcionar, salir a hacer trabajo comunitario, usando pulsioxímetros para conocer quien realmente requiere oxígeno y atención hospitalaria, y tener fondos para el aislamiento voluntario en locales separados para quienes lo requieran. Eso, obviamente, requiere cumplir con los bonos y mejoras de condiciones de trabajo que ameritan médicos, enfermeras, profesionales y personal de salud. Hay que asegurar la implementación de plantas de oxígeno tanto permanentes como móviles, de tal manera que no exista ninguna región sin ellas; es inaceptable que de 100 millones de soles de presupuesto otorgados hace 8 meses, a la fecha todavía la ministra Mazzetti no haya podido establecer una sola planta de oxígeno operativa.  Y aclaremos las falsas salidas: la invermectina no funciona como prevención y un sistema de aislamiento de enfermos y seguimiento de contactos no ha logrado controlar la epidemia en ningún país de Europa o América, ni uno solo. La vacuna es nuestra mejor esperanza de mediano plazo, pero hasta que tengamos unos 15 a 20 millones de peruanos vacunados, se nos va el año completo.

Hay que insistir hasta el cansancio en el buen uso de mascarillas N95 (personalmente he dejado de usar las de tela buscando mayor seguridad) y protectores faciales, lavado de manos, distanciamiento físico y la máxima ventilación en todos los espacios. Esto último es clave y se ha informado poco. El riesgo aumenta mucho al estar tiempo prolongado, con varias personas, en espacios cerrados, sin mascarillas, hablando, gritando o respirando aceleradamente como en un gimnasio o fiesta. Por eso, hay que evitar al máximo las reuniones presenciales; el trabajo debe ser remoto siempre que sea posible, asunto sobre el cual el gobierno debe actuar con mayor firmeza. Si tenemos que reunirnos con alguien, apliquemos la receta de distancia, ventilación, espacio de la mayor amplitud, mascarilla, tiempo limitado; suena fácil decirlo pero emocionalmente muchas veces no lo es y exige un esfuerzo. Recuerden: las nuevas variedades del virus son mucho más contagiosas que las de la primera ola y posiblemente más mortales, eso es lo que tenemos que entender.

Está bien que los comercios tengan aforos reducidos, pero se debe añadir ventiladores que circulen el aire, porque así se puede evitar que los virus se queden flotando por horas, contagiando a muchas personas. Por lo mismo, cerrar parques mientras se abrían centros comerciales y casinos era un absurdo completo; por el contrario, busquemos evitar todo lo posible los lugares cerrados sin ventilación y más bien -si lo necesitamos- oxigenemos cuerpo y mente saliendo a relajarnos en espacios abiertos, con mascarilla y guardando distancia. Con la misma lógica, debieran abrirse las playas.

¿Será suficiente la cuarentena de dos semanas? Un primer problema es que la nueva variedad inglesa del virus es mucho más contagiosa, y la variedad sudafricana (y posiblemente la brasileña) afecta aún a los que ya tuvieron la enfermedad con anterioridad, dejando sin piso la idea de “inmunidad de rebaño por contagio”. La situación en Estados Unidos y Europa muestra que se nos viene una ola muy brava. Como país, además de la falta de información y la poca conciencia de los riesgos que sustentan comportamientos poco cuidadosos, nuestra trampa mortal es el transporte público apiñado; abrir todas las ventanas es esencial pero no asegura que una combi o bus interprovincial deje de ser punto de contagio. Por eso, una medida urgente es reducir el aforo en taxis y buses, para lo cual hay que instalar un sistema de subsidios como el que ya tienen el Metro de Lima y el Metropolitano.

SUBSISTENCIA SIN CALLE

Está claro, sin embargo, de la experiencia del año pasado, que no se puede pedirle a la gente que se quede en su casa si no se aseguran sus medios de subsistencia. La indecisión, lentitud e ineficiencia del gobierno de Vizcarra en repartir el bono de ayuda de emergencia fue, literalmente, fatal: empujó a que la gente saliera a la calle multiplicando los contagios y rompió el clima de respeto a las normas impuestas. Se podía; repitamos una vez más: hay bastantes fondos públicos, el dato oficial es que el gobierno tiene 72 mil millones depositados en los bancos peruanos y un bono nacional no cuesta ni la décima parte de esa suma (el aprobado por Sagasti, ni la vigésima parte). Pero se demoró, y luego se impidió que el Banco de la Nación fortaleciera sus capacidades y medios de entrega electrónicos, mientras se permitía que la banca privada se negara a colaborar como debía en esta prioridad nacional.

Ahora, con la desconfianza instalada, hay que empezar sin demora con la entrega de los bonos. No podemos esperar a que las familias estén sin tener qué comer; el riesgo no solo es de subsistencia de esas familias sino de que se rompa socialmente la cuarentena por quienes dicen “si me quedo en casa no como”. Hay además ya dos experiencias de entrega de bonos; fueron lentas por malas decisiones políticas y deficientes por problemas de gestión y falta de firmeza en darles prioridad, pero si ya se hizo antes, ahora se puede hacer muchísimo más rápido y mejor.

Los bonos debieran empezar a pagarse la próxima semana, no más; ya se tiene el listado de beneficiarios y el dinero puede fluir en muy corto plazo. No se puede volver a caer en el error de negarles el bono a muchas familias necesitadas buscando la “focalización perfecta” que no existe. De una vez hay que empezar a preparar una cuarta entrega en zonas extremas y un tercer bono en zonas de muy alto riesgo. Sería lógico entregar un monto mayor a quienes tienen niños y ancianos vulnerables, facilitando así que la gente se cuide quedándose en casa y reduciendo las aglomeraciones y posibilidades de contagio.

Para que el empleo no se vea tan afectado, la agricultura y la construcción son actividades donde se puede mantener, con protocolos sencillos, la distancia física, y que además tienen condiciones para ampliar la producción y el empleo con rapidez; por ello deben ser priorizadas con urgencia. La inversión pública, con un shock de 15 mil millones de soles adicionales y con un programa de pequeñas obras locales para dar empleo temporal, es la forma de empujar la construcción. Por otro lado, la estrategia de subsidiar la planilla y de entregar préstamos a baja tasas de interés mediante ReactivaPerú fue importante en la primera ola, pero dejó fuera a muchos microempresarios. Desde ya hay que programar una nueva etapa de este programa, siempre con tasas de interés del 1 al 2% anual, con especial énfasis en ampliar su cobertura al agro y a las pequeñas y microempresas, abriéndose a instituciones como cajas y cooperativas. El FAE-Agro debe relanzarse con todo. Sectores como los del turismo y artesanías, cuya demanda va a seguir muy deprimida todo el año, requieren especial apoyo para subsistir.

A mediano plazo, muchas más cosas hay que hacer para ayudar a los microempresarios: facilitarles crédito y tecnología, organizarlos en asociaciones y vincularlos a cadenas de valor, apoyarlos para que accedan a la seguridad social, simplificar los trámites pedidos para iniciar un pequeño negocio, combatir la corrupción que los chantajea, acercar el estado a sus realidades. También hay muchas cosas por hacer para mejorar los salarios y condiciones de trabajo de quienes tienen un empleo formal. Como país debemos enfrentar retos fundamentales que requieren cambios constitucionales y un nuevo modelo económico. Pero en estos momentos, como nunca antes, tiene vigencia la famosa frase de Keynes acerca de que “en el largo plazo todos estamos muertos”. Hay que enfocarse en la emergencia, sanitaria y social, con una buena respuesta en salud, asegurando los medios de subsistencia a todos los peruanos y facilitando el “quédate en casa”, para controlar la pandemia y salir lo antes posible de esta cuarentena tan fregada.

30 de enero de 2021

¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar la omnipotencia de los gigantes farmacéuticos?

Marc Vandepitte

En los últimos días ha habido mucho alboroto por el anuncio de Pfizer y AstraZeeca de que suministrarían menos vacunas de lo contratado en Europa. La decisión unilateral, el motivo trivial y la comunicación bruta mostraron una vez más las brutales relaciones de poder a las que estamos expuestos en el sector de la salud. ¿No es hora de que pongamos nuestra casa en orden?

“El resultado de este proceso es una oligarquía del capital privado
cuyo enorme poder no se puede controlar con eficacia incluso
en una sociedad organizada políticamente de forma democrática.”
Albert Einstein

A la merced de los monopolios

Nos enfrentamos a la mayor crisis sanitaria de los últimos cien años. Cada seis segundos alguien muere de COVID-19. La administración de una vacuna a una gran proporción de la población mundial es crucial para controlar esta crisis.

Sin embargo, la realidad es que dependemos casi por completo de unos pocos gigantes farmacéuticos para esta campaña de vacunación. Acaparan toda la producción, determinan los precios y se encargan de la distribución de las vacunas. Lo único que les interesa son las ganancias. Nuestros gobiernos solo observan pasivamente.

Puede que nos hayamos acostumbrado, pero en realidad es improbable e inaceptable que dependamos completamente de managers de empresas no elegidos, que además se guían por motivos económicos, para obtener medicamentos y vacunas que salvan vidas.

Una verdadera máquina de ganancias

La industria farmacéutica está muy concentrada y reinan unas diez compañías. Para la producción de vacunas la concentración es aún mayor: casi todo el conocimiento está en manos de sólo cuatro empresas: GSK, Johnson & Johnson, Pfizer y Sanofi.

Pocas industrias son tan mimadas como la industria farmacéutica. Casi toda la Investigación & Desarrollo se hace en laboratorios gubernamentales y universitarios, pagados por los contribuyentes. El sector también cuenta con créditos fiscales y otras concesiones financieras para cubrir posibles riesgos. Una vez que se desarrollan las drogas se pueden patentar. A los consumidores y al gobierno se les cobra entonces precios altos.

No es de extrañar que los gigantes de la industria farmacéutica tengan los márgenes de beneficio más altos de todas las industrias. Su rendimiento es 17,3 por ciento en comparación con un promedio de 11,5 por ciento en las otras industrias. A menudo se “olvidan” de pagar impuestos sobre sus altísimas ganancias. Sólo los cuatro mayores gigantes farmacéuticos están esquivando 3.800 millones de dólares en impuestos al año.

Si esas superganancias se utilizaran para la innovación y las inversiones, todavía se podrían defender. Desafortunadamente, lo contrario es cierto. Los gigantes farmacológicos están gastando más en el pago de dividendos y la recompra de sus propias acciones que en investigación y desarrollo. Además, casi una quinta parte de todos los beneficios van a marketing y publicidad. Por último, de toda la investigación y desarrollo en Europa, sólo una décima parte es verdaderamente innovador. El otro 90 por ciento son los llamados “medicamentos de imitación” (en inglés “me-too drugs”) o drogas que hacen pequeños cambios en una droga ya existente.

Aprovechar el estado de emergencia

Desde el brote de SARS en 2002, otro coronavirus, los científicos nos han advertido repetidamente de una nueva pandemia. En 2016 la Organización Mundial de la Salud colocó los coronavirus entre las ocho principales amenazas virales, que requerían más investigación. Pero las grandes empresas farmacéuticas se negaron a hacer ninguna investigación sobre eso porque no había expectativas de ganancias en ese momento.

Como resultado, el año pasado no estábamos preparados para la llegada del SARS-CoV-2, el más reciente coronavirus. Esta vez, sin embargo, los gigantes farmacéuticos sí estaban dispuestos a lanzarse a la investigación. De hecho, lo vieron como un una oportunidad única para obtener unos megabeneficios. Vacunar a todos los habitantes del mundo representa un mercado de varias decenas de miles de millones de dólares. Es algo que no querían dejar pasar, especialmente cuando los gobiernos están dispuestos a cubrir muchos riesgos y ayudar con generosos subsidios.

Dado el estado de emergencia y urgencia, pudieron hacer tratos ventajosos y secretos con los gobiernos desde su posición de monopolio. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas están protegidas de los posibles efectos secundarios negativos de la vacuna. El hecho de que el precio de las diferentes vacunas varíe entre 2 y 18 euros muestra que se hacen superganancias. Moderna, por ejemplo, anuncia unas ganancias para este año de 13.200 millones de dólares. Eso es 220 veces lo que tuvieron como volumen de negocios total el año pasado …

Bancarrota moral

Las primeras vacunas se desarrollaron a un ritmo récord. En sí mismo es algo bueno e incluso era necesario, aunque varias preguntas siguen sin respuesta (véase el anexo). Pero, el desarrollo de la vacuna es una cosa, su producción y distribución es otra. En los últimos días hemos visto que las cosas han ido mal en ese aspecto. Y no es una coincidencia.

Dada la escala y la urgencia del problema, se necesita una enorme capacidad de producción. Según el profesor Oertzen de la Universidad de Lüneburg, los fabricantes de vacunas tienen poco interés en aumentar rápida y masivamente su propia capacidad de producción. Si aumentaran su capacidad para abastecer a todo el mundo en seis meses, las instalaciones recién construidas estarían vacías inmediatamente después. Esto significaría un beneficio mucho menor respecto a las previsiones actuales, en las que las fábricas existentes producen durante años a su capacidad actual.

Tampoco tienen ningún interés en liberar la vacuna. Ahora los gigantes farmacéuticos mantienen en secreto los resultados de sus investigaciones, lo que significa que la producción de vacunas sigue en sus manos, pero también está restringida. Si compartieran su vacuna con otros productores, sería posible una distribución rápida y asequible de las tan necesitadas vacunas.

La falta de capacidad de producción no sólo afecta al personal sanitario de nuestros hospitales y a nuestros compatriotas. Afecta aún más a los habitantes de los países del Sur. Según la situación actual 9 de cada 10 personas en los países más pobres no serán vacunados este año. 50 expertos de nuestro país declararon en una carta común: “Además del sufrimiento humano que este retraso causará, le da al virus un tiempo adicional para propagarse y mutar”. El jefe de la Organización Mundial de la Salud advierte que el mundo está al borde de una “bancarrota moral catastrófica”.

El mercado falla

Hay tres maneras de evitar este fracaso moral. Podemos mimar aún más a los gigantes farmacéuticos dándoles subsidios adicionales y dándoles primas por entregas más rápidas. Probablemente no haya mucho ánimo para esta opción. Además reforzaría aún más el desequilibrio de poder.

La segunda opción: podemos levantar las patentes y compartir las vacunas con otras instituciones de investigación y empresas interesadas, con o sin pagos de compensación. Esa es la forma en la que la vacuna contra la gripe se ha producido durante los últimos 50 años. Eso debería ser lo mínimo.

Tercera opción, podemos ir aún más rápido y, como en una economía de guerra, podemos poner a las empresas a trabajar para proporcionar la producción necesaria. Esta vía es probablemente la única que garantizará una capacidad de producción suficiente. Fue la vía que eligió China masivamente al principio del brote para fabricar mascarillas, respiradores y otros equipos de protección. Es el camino que sigue hoy Estados Unidos. Recientemente, la administración Biden ha invocado la Ley de Producción de Defensa para obligar al sector privado a acelerar la producción y distribución de vacunas.

La cuestión de la lentitud de la producción y distribución de vacunas pone de relieve una vez más la incapacidad del sector privado y las fuerzas del mercado para aprovechar al máximo el potencial de producción existente y dar prioridad a las necesidades más urgentes. Eso ya quedó claro en el primer confinamiento cuando hubo una gran escasez de mascarillas y equipos para hacer pruebas.

Dos deberes para los gigantes farmacéuticos

Es indecente que las empresas farmacéuticas se aprovechen de una situación de emergencia para obtener grandes ganancias. El hecho de que estén causando un retraso en la campaña de vacunación en aras de las ganancias se podría incluso calificar de criminal.

Lo mínimo que les deberíamos exigir a esas empresas, además de la liberación de las vacunas, es que compartan sus superganancias. Eso es exactamente lo que pide Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur. Las ganancias deberían ir primero a Covax. Es un programa cuyo objetivo es proporcionar vacunas asequibles a los países del Sur. Además, estos fondos pueden servir para aliviar las desigualdades creadas como resultado de la pandemia.

Pero también debemos mirar hacia el futuro. El coronavirus está mutando y seguirá mutando. Aún no está claro si las vacunas actuales nos protegen contra estas mutaciones y en qué medida. En todo caso necesitamos algún tipo de vacuna universal contra el coronavirus que ofrezca suficiente protección contra todas las variantes posibles, y si es posible también contra Sars y Mers. Esto requiere una investigación fundamental.

Si la industria farmacéutica quiere mantener su credibilidad, tendrá que hacer algo al respecto. Y si no lo logra, nos tendríamos que preguntar si no sería mejor que el gobierno se haga cargo del sector. Hay demasiado en juego.

Anexo: preguntas sin respuesta

Debido a la corta duración de la fase de desarrollo, no se puede saber cuánto tiempo seguirá siendo efectiva la vacuna. ¿Bastará con una sola vacuna o habrá que hacerlo regularmente, como en el caso de la vacuna contra la gripe? Además, no se sabe (todavía) si la vacuna detendrá el contagio o si sólo lo reduce. Las primeras vacunas producidas fueron diseñadas principalmente para reducir al máximo los síntomas de COVID-19 y no para detener la infecciosidad. Tampoco se sabe aún si la vacuna es eficaz en todos los grupos de edad, incluidos niños y ancianos. Ni tampoco si es efectiva en personas con factores de riesgo subyacentes.

En Occidente se ha podido desarrollar una vacuna más rápidamente porque había y hay muchas más infecciones, lo que es beneficioso y necesario para el proceso de investigación. Los países asiáticos (o Cuba), por el contrario, necesitan mucho menos esa vacuna y por eso se pueden permitir el lujo de tomarse más tiempo para poner en marcha una campaña de vacunación. Mientras tanto, pueden aprovechar la experiencia adquirida en Occidente. En cierto modo, nos están mirando experimentar y están esperando para ver cómo nos va a nosotros.

Traducido del neerlandés por Sven Magnus

21 de diciembre de 2020

Se desató la guerra por el negocio de vencer al coronavirus


Luis Bruschtein
    (Página/12, Argentina)

La insólita campaña mediática contra la vacuna rusa y los más insólitos condicionamientos de la vacuna de Pfizer. La guerra comercial por la fabricación y venta de miles de millones de dósis en el mundo. El pedido de juicio político al ministro de Salud. La urgencia por acceder al medicamento para proteger primero a los trabajadores esenciales antes de que llegue la segunda ola.

“Dénme una palanca y moveré al mundo” decía Arquímides 200 años antes de Cristo. 2220 años después de que el sabio griego saltara en una pata mientras festejaba su descubrimiento, el mundo clama “dénme una vacuna y moveré la economía” lo cual desató una verdadera guerra comercial por la fabricación y venta de miles de millones de vacunas contra la epidemia que asola el planeta y ha hecho temblar a las economías más poderosas.

La insólita campaña contra la vacuna rusa y los más insólitos condicionamientos de la vacuna norteamericana, más los problemas de producción que tuvo la vacuna en cuya fabricación intervienen capitales argentinos, desató una tormenta mediática con relatos sobre internas en el gabinete y pedidos de juicio político a ministros.

La raíz de esa tormenta artificial puede responder a estupideces ideológicas, cuestiones de poder político o intereses comerciales. Aunque como sucede siempre en cualquiera de esas tres posibilidades, hay un contexto del cual se aprovechan. En este caso son las dificultades lógicas del proceso casi desesperado para encontrarle una solución rápida a la crisis planetaria.

Al despreciar el desarrollo científico comprobado del laboratorio Gamaleya que tiene en sus filas a varios premios Nobel, el argumento ideológico para descalificar a la Sputnik V pertenece a la categoría de la estupidez. Usan estos polvorientos prejuicios anticomunistas, aunque Rusia hace décadas que dejó de ser comunista, para engatusar en otra disputa más concreta como son las de poder político y las económicas.

La campaña mediática se asienta en dos factores. El primero descalifica al gobierno por no haber cerrado el contrato con la norteamericana Pfizer. El segundo descalifica al gobierno por haber priorizado el contrato con Astra Zeneca que ha tenido problemas en la producción del medicamento. Y la crítica sigue porque, ante la caída circunstancial de Astra Zeneca, el gobierno puso los huevos en la canasta rusa.

Los que ensalzan a la vacuna de Pfizer, al mismo tiempo han dicho que la rusa es incompatible con el alcohol, después dijeron que no es aplicable a mayores de 60 años y al final se informó que tiene problemas de distribución y no llegará antes de tres meses.

En ese cuadro se describen internas con críticas a Alberto Fernández por haber anunciado que la vacuna llegaría antes de fin de año. También afirman que hay una pelea entre la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro Ginés González García. La vice, junto con Kicillof, estarían en el bando de los malditos prorusos (el apellido del gobernador lo delata) enfrentados a Ginés, quien favorecería a Astra Zeneca por su amistad con el empresario argentino Hugo Sigman, que participa en la producción de esa vacuna, en sociedad con el mexicano Carlos Slim.

Como se ve, serían todos perdedores. Ninguno apostó a Pfizer, que ya empezaría a llegar a Chile, donde el gobierno de Sebastián Piñera ha sido muy criticado por su desmanejo de la peste.

Montado en ese escenario que han dibujado los medios hegemónicos, el diputado radical José Cano presentó un pedido de juicio político al ministro Ginés González García. El radical, mal informado, publicó en su cuenta de Twitter: “Vladimir Putin dijo que no se recomienda la vacuna rusa para mayores de 60. Una vergüenza, Ginés González debería renunciar. Se compraron millones de dosis que en Rusia no se aplican a la población de riesgo”.

Parece un castigo por no haber cerrado con Pfizer. Los diputados radicales arriesgan una acusación gravísima que involucra a la salud pública sin tener la información verídica, o manejando la información manipulada por los medios que les son afines.

En toda esa descripción, se podría decir con sentido común, que es lógico, si da buenos resultados, que se mantenga la preferencia por la vacuna en la que intervienen laboratorios argentinos, y no por una cuestión de amiguismo, sino porque además del efecto positivo en la salud de la población, la inversión generará también un efecto positivo en la economía del país. Pero los problemas de producción de Astra Zeneca son reales, el gobierno mantuvo su interés en esa vacuna, pero como segunda prioridad, para marzo o abril.

La incompatibilidad de la vacuna rusa con el alcohol corre a la par de la estupidez de despreciarla porque proviene de un país que hace décadas integró la URSS. No existe esa incompatibilidad. Y el tema de los 60 años aporta a la seriedad de las autoridades rusas y no a su peligrosidad. Porque las distintas fases de prueba de todas las vacunas se hacen por escalas etarias y la última es la de mayores de 60 años.

En Rusia ya se vacuna a menores de 60 años porque los resultados de esa última etapa se conocerán recién esta semana y serán publicados como lo hicieron con los resultados anteriores. Todas las vacunas siguen ese trámite. Llama la atención que se critique a la Sputnik V por cumplir estrictamente los protocolos sanitarios. Si fuera real su preocupación por la salud pública, el diputado Cano, que representa a un gobierno que desfinanció y rebajó al Ministerio de Salud a Secretaría, tendría que informarse mejor.

Los problemas de aviones para la distribución de la vacuna rusa también son reales y de allí surgen las versiones sobre las críticas al presidente por haberse adelantado a anunciar que la vacuna rusa llegaría antes de fin de año. Los rusos tienen que diseñar una infraestructura para vacunar a sus millones de habitantes distribuidos en uno de los países más extensos del mundo. Y además organizar otra red aérea para llevarla a todo el planeta. No alcanzan los aviones.

La urgencia del gobierno argentino es porque necesita que la vacuna llegue antes de la segunda ola de contagio que asola a Europa y Estados Unidos. A falta de aviones rusos, envió entonces un avión de Aerolíneas a Moscú junto con una misión encabezada por la viceministra Vizzotti. El grupo está integrado por un equipo de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) porque se estima que el 20 estarán los resultados de esta última etapa de la fase 3 de la vacuna y quieren estar de regreso el 23 con dosis para 300 mil trabajadores de la salud y esenciales.

Es una carrera contra reloj. En Europa y Estados Unidos la segunda ola ha sido tan letal como la primera. El punto vulnerable del país no fue la falta de camas ni de respiradores, sino el agotamiento y la falta de trabajadores de la salud porque se infectaban y debían ser aislados. Si este sector está inmunizado cuando llegue la segunda ola, la contención sería más efectiva.

El negocio por estas vacunas es inconmensurable. Son miles de millones de dosis a más de 20 dólares cada una, durante varios años. Gamaleya, que produce la Sputnik, tiene gran prestigio científico, pero ésta sería de las pocas veces que interviene en el mercado occidental, lo que ha provocado la reacción de las otras farmacéuticas.

La campaña mediática en su contra realza en contrapartida a la vacuna de Pfizer a la que asignan una eficacia casi milagrosa. Sin embargo, fue la única en exigir que el gobierno impulsara una ley para eximirla de responsabilidad ante cualquier efecto secundario negativo de la vacuna. También exigió que el acuerdo no lo firmara el ministro de Salud, sino el presidente Alberto Fernández. Prometió de inicio producir cien millones de dosis y luego redujo esa cifra a la mitad. Son hechos que ocultan en esa campaña.

El último detalle es que la vacuna de Pfizer necesita estar a menos de 80 grados bajo cero para ser efectiva. O sea que en el caso de su distribución masiva, habría que crear una extensa red de ultrafrío hasta en los rincones más apartados del país, lo que multiplicaría su costo y las dificultades.

Si fuera por esta guerra comercial, la humanidad estaría a las puertas de su extinción.

30 de noviembre de 2020

Perú: Sin vacuna a la vista


Inés Flores

Entramos a diciembre sin mayor expectativa de contar en el breve plazo con la vacuna contra el COVID-19. El gobierno solo tiene asegurada la compra de 9.9 millones de dosis del laboratorio estadounidense Pfizer para 4.5 millones de peruanos (son dos dosis por persona), y su aplicación está supeditada a contar con una infraestructura que permita tener estas vacunas a un frío menor a 70 °C con la que no contamos.

Se sabe que México acaba de cancelar su compra a Pfizer porque no cuenta con la cadena de alta refrigeración que necesitan estas vacunas. Perú debería hacer lo mismo y, más bien, apostar por la de AstraZeneca de Oxford que tiene el 70% de efectividad (con probabilidad de llegar al 90%) y solo necesita ser conservada a una temperatura baja.

¿Por qué no se ha avanzado en nuestro país? Una comisión de alto nivel, encabezada por el canciller, ha conseguido que dos laboratorios hagan ensayos en el Perú: Sinopharm (China), que ya inició, y próximamente Johnson & Johnson. La otra apuesta es la iniciativa mundial Covax, que lidera la OMS, con el fin de garantizar que la vacuna esté disponible para todos los países, especialmente los de menores ingresos. Pero esto no es nada firme aún.

Aquí hay que garantizar no solo la vacuna, sino también las pruebas moleculares, infraestructura hospitalaria y medicinas, puesto que se ha registrado un aumento de contagios y se advierte la llegada de la segunda ola del COVID-19. El Congreso debe aprobar de una vez en segunda votación la ley que acelera los trámites para el ingreso de las vacunas, y el Ejecutivo el presupuesto respectivo. No hay tiempo que perder.

10 de noviembre de 2020

No politizan la pandemia, infectan la política

 

Juan Torres López

El hecho de politizar alguna actividad se suele entender habitualmente como algo negativo. Es lógico, si ese término se utiliza en el sentido estricto que le proporciona la Real Academia Española: dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen. En este sentido implica, efectivamente, desnaturalizar aquello que se politiza.

Ocurre, sin embargo, que ese mismo término se utiliza a menudo y también con sentido negativo cuando se da orientación política a acciones o pensamientos que sí que tienen contenido político.

Con los economistas ocurre casi por sistema. A pesar de que nuestra disciplina comenzó denominándose Economía Política ya en 1615 y que la política económica, la política fiscal, la política monetaria, la política laboral, la política agraria, la política de vivienda, etc. etc. son realidades indiscutibles, hay muchos economistas que cuando escriben o hablan sobre cualquiera de los temas que todas ellas abarcan siguen diciendo que no hablan de política o de cuestiones que tienen que ver de un modo u otro con ella , lo mismo que el burgués gentilhombre de Molière hablaba en prosa sin saberlo.

Algunos economistas afirman, por ejemplo, que la política monetaria no es una cuestión política sino técnica y que, por tanto, debe despolitizarse convirtiendo a los bancos centrales en órganos independientes del poder político. Es evidente que lo que así se consigue es evitar que sus decisiones sean sometidas al escrutinio, la aprobación o la censura social, cuando la realidad es que cualquiera de ellas afecta de un modo muy desigual a los diferentes grupos sociales, de modo que su debate y cuestionamiento deberían ser obligados en una democracia. Y exactamente lo mismo pasa con cualquier otro aspecto de la vida o las decisiones económicas. No ser consciente de que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas sino políticas es una forma más de ceguera.

Politizar -es decir, llevar a la decisión o al debate políticos- cualquier acción o pensamiento que no tiene connotación política es indeseable, algo que lógicamente puede llevar a errores de decisión u opinión más o menos graves. Pero esta es exactamente la misma consecuencia que tiene no darnos cuenta de que hay acciones o pensamientos que sí son políticos y que, sin embargo, los mantenemos fuera de la política.

Es político todo aquello que afecta a los intereses colectivos y merece o demanda, por tanto, una decisión de esa naturaleza. En consecuencia, sustraer del debate colectivo (de la política) lo que es de interés colectivo (político) equivale a evitar que la sociedad en su conjunto (la polis) pueda decidir (hacer política) sobre lo que le interesa, dejando así la decisión en manos de sólo unos pocos.

Un ejemplo típico de esto último se está dando en relación con la pandemia que vivimos y con los problemas de todo tipo que trae consigo. Se critica o lamenta a veces que se politice el debate sobre las medidas a tomar, es decir, que las discutan los partidos políticos, llegando o no a acuerdos sobre lo que cada uno cree que es mejor hacer. O también que algunos científicos, sanitarios o epidemiólogos… hagan pronunciamientos mostrando su opinión sobre las medidas que toman o deberían tomar los gobernantes porque se considera que sólo deben pronunciarse como técnicos y no «meterse» en política. Y, más concretamente, se lamenta que se haya politizado la pandemia a la vista del clima de juego sucio, de las mentiras, de los golpes bajos y de la violencia que predomina en el debate político de nuestro tiempo.

A mi juicio, se trata de un grave error de perspectiva.

La pandemia es un problema cuyas soluciones son políticas, en cualesquiera que sean sus dimensiones y en el sentido estricto que, como he dicho, tiene la palabra política, es decir, como la actividad que tiene que ver con la solución de los problemas que afectan a toda la ciudadanía y, además, de modo muy diferente a cada grupo social.

Dos estudios recientes han puesto de relieve la extraordinaria relevancia que tiene la desigualdad con las pandemias y, por supuesto, con la de la covid-19 que estamos viviendo.

Uno de ellos, elaborado por Oxfam (Combatir la desigualdad en tiempos de coronavirus), comienza diciendo que «la pandemia de COVID-19 ha sacudido un mundo que no estaba preparado para hacerle frente, debido principalmente a la falta de políticas nacionales para combatir la desigualdad» y demuestra que, para combatirla y evitar que traiga consigo males mayores, es preciso reducir la brecha entre ricos y pobres en todo el mundo mediante políticas que fomenten la igualdad en todas sus dimensiones y, sobre todo, reforzando los servicios públicos, la fiscalidad y los derechos laborales. Otro estudio de historia económica (Pandemics and inequality: A historical overview) muestra que prácticamente todas las pandemias que ha sufrido la humanidad han ido seguidas de un incremento de la pobreza y la desigualdad, salvo cuando produjeron el exterminio de los pobres. Otros estudios (Pandemics and inequality) han demostrado que la que estamos viviendo vuelve a distribuir sus costes y efectos negativos de modo muy desigual entre la población.

Cualquiera de las medidas sobre la pandemia que se están tomando día a día en todos los países del mundo, desde la asignación de recursos al sector sanitario público o al privado, hasta la forma de financiar todo el gasto que se precisa para hacerle frente, pasando por los modos de aprovisionamiento o el balance entre seguridad sanitaria y beneficio económico, por ejemplo, implica tomar decisiones que no son neutras desde el punto de vista de los intereses sociales sino que afectan de un modo muy desigual a la salud, los ingresos, el bienestar y la vida en general de las diferentes personas y grupos sociales. Es por ello que una pandemia es también un problema político, o que obliga a hacer política para tomar decisiones políticas, y eso es lo que obliga a politizar todo lo que tiene que ver con su origen, su tratamiento y sus consecuencias.

Por lo tanto, politizar la pandemia no es lo negativo ni lo que se debe evitar sino justamente todo lo contrario, lo más deseable y necesario, lo imprescindible para que las personas de todos los grupos de población, de raza o género, puedan deliberar e intervenir en la toma de decisiones defendiendo sus intereses. Es cuando no se politizan las acciones sociales cuando se hurta de esa participación a algún grupo de población y cuando otro puede decidir, entonces, sin tener en cuenta los intereses que no le conviene que se hagan explícitos.

Este último es el objetivo que persiguen las minorías cuyos intereses son muy difíciles de defender abiertamente ante la mayoría social que resulta perjudicada con sus decisiones. Y esa es la razón que explica que las sociedades -como las de nuestro tiempo- cada vez más divididas en cuanto a ingresos y riqueza se estén caracterizando por una degradación paralela de la vida política y de las instituciones representativas.

Para evitar que la gente se constituya en polis, en ciudadanía activa y decisiva, lo que se hace es o llevar su atención a otros espacios, distraerla con fuegos de artificio, o convertir el espacio de la política en un estercolero que repugne o incluso asuste a la gente corriente.

Se puede conseguir mediante las dictaduras o como ahora está sucediendo, financiando y dominando medios de comunicación, partidos e instituciones chabacanos, maleducados, soeces, groseros, corruptos o favoreciendo que los partidos políticos que interesa controlar estén controlados por personas de escasa valía personal o profesional y esclavos de su falta de preparación para obtener recursos por cuenta de su capacidad. Y eso explica también que incluso el propio lenguaje se haya trucado. No se habla de representantes sino de «los políticos» en tercera persona, ocultando así que todos somos políticos cuando asumimos la condición de ciudadano o ciudadana. Se distingue a los políticos del resto de la gente para que las personas normales y corrientes se sientan ajenas a la política, es decir, al debate y decisión sobre sus intereses.

La derecha española (pero no sólo ella sino la de casi todos los países) que defiende los intereses de los grupos oligárquicos que desean sólo más ganancias y libertad para obtenerlas y que no necesitan (o que creen que no necesitan) servicios públicos para satisfacer sus necesidades, ha optado por esta vía de expulsar de la política a la gente para conseguir lo que desean quienes la financian y controlan. Eso explica, como acabo de decir, el clima político emponzoñado en el que vivimos y por eso es vital que las fuerzas realmente democráticas hagan un esfuerzo extraordinario para poner en primer plano de sus estrategias la regeneración de la vida política. A veces, desgraciadamente, producen el mismo efecto que la derecha, cuando, por ejemplo, se empeñan en que los gestores públicos o los parlamentarios tengan ingresos tan reducidos que sólo pueda compensar asumirlos a personas sin experiencia, ni formación, o que tengan patrimonio propio. O, lo que quizá es aún peor, cuando dan mal ejemplo, no practican la transparencia ni rinden cuentas, o no se preocupan por parecer honradas, además de serlo.

Regenerar la democracia y la vida pública, hacer amigable y deseada la participación ciudadana y lograr que la gente corriente sea consciente de que le interesa deliberar, controlar y decidir es lo único que puede garantizar que se puedan aplicar políticas progresistas y que, al contrario de lo que viene sucediendo, se avance en la transformación social que mejore las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Juan Torres López. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Dedicado al análisis y divulgación de la realidad económica, en los últimos años ha publicado alrededor de un millar de artículos de opinión y numerosos libros que se han convertido en éxitos editoriales. Los dos últimos, ‘Economía para no dejarse engañar por los economistas’ y ‘La Renta Básica. ¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene?’

16 de octubre de 2020

La salud mental es el dolor dos veces


Jorge Bruce


Y la condición del martirio, carnívora voraz, es el dolor dos veces”

César Vallejo

El 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. En el fragor de esta devastadora pandemia, la salud mental es, parafraseando al inmenso Vallejo en “Los nueve monstruos”, el dolor dos veces. Por un lado, esta catástrofe la ha golpeado más fuerte que nunca. Con una saña universal. Alguien me decía que, por primera vez desde que tenga memoria, todos estamos sufriendo algún grado de trastorno de ansiedad. Como lo señala la OMS, “nuestras vidas cotidianas se han visto considerablemente alteradas como consecuencia de la pandemia de Covid-19”.

Por otro lado, desgraciadamente, en el Perú del 2019, tal como lo acaba de resaltar la Defensoría del Pueblo, se destina solo el 1,5% del presupuesto de salud a la salud mental: 318 millones de 21 mil millones de soles: “esta desproporcionalidad en la asignación del presupuesto no tiene en cuenta que las enfermedades mentales y los trastornos de la conducta son problemas de salud cada vez más recurrentes en la población. En el caso peruano, 8 de cada 10 personas que necesitan atención en su salud mental no reciben tratamiento adecuado”.

Los desafíos son enormes: para el personal de salud, las fuerzas del orden, los servicios de limpieza, los maestros y estudiantes, los trabajadores amenazados, las personas que se quedaron en la calle, quienes viven en condiciones de hacinamiento y pobreza, los que ya padecían problemas de salud mental, quienes han perdido a sus seres queridos, etcétera.

Hoy más que nunca se requiere intensificar la atención a esa última rueda del coche sin la cual, sin embargo, el coche se puede desbarrancar. La Defensoría propone una estrategia articulada entre el Minsa, los gobiernos regionales, EsSalud y el sector privado. Increíblemente, la salud mental no ha sido considerada en la política multisectorial “Perú, país saludable”. Tampoco en el Acuerdo Nacional, en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional ni en la Política General de Gobierno 2021.

La OMS nos recuerda que invertir en los programas de salud mental, infrafinanciados desde hace años, es más importante que nunca. Pero hay que hacerlo de manera inteligente. Organizando programas de atención eficientes y de largo alcance. Una vez que se entiende la urgencia, la tarea puede ser abordada en mejores condiciones.

8 de septiembre de 2020

Control de daños

 Jorge Bruce


Se nos ha machacado hasta la náusea la derrota del Perú ante la pandemia del COVID-19. No sin razón. Sin embargo, hemos salido de otras. La Guerra del Pacífico es un ejemplo que suele citarse. En la presentación en la FIL del libro Afrontar el desastre –en el que tuve el honor de participar con un ensayo, junto a Alicia del Águila, Carmen McEvoy y Ricardo Cuenca–, publicado por Penguin Random House, hablamos de esto. Carmen nos explicó que lo peor de la Guerra con Chile vino después. Es decir, a la catástrofe de las pérdidas bélicas y la invasión del ejército del sur, se añadieron viejos males peruanos: corrupción, carencia de noción de bien común, ineficiencia, y un largo etcétera que puede resumirse en el comportamiento del Congreso.

El virus nos ha dejado KO. Esto no hay cómo negarlo. Por lo tanto, a la par que continúa el combate para contener y mejorar lo que se pueda –a nivel sanitario, económico y social–, nos toca un control de daños que no sea tan solo un recuento de los muertos y las cuantiosas pérdidas económicas.

Esto es algo que se puede y debe hacer desde ahora. La nueva campaña de comunicación del Gobierno, por ejemplo. Es pertinente el enfoque en el cuidado del otro. Incluso el tono dramático, tanático, puede ser útil. Recordarnos que el coronavirus no mata solo es necesario. Sin embargo, varios especialistas han incidido en que, pese a lo adecuado del mensaje basado en el miedo, es necesario establecer un vínculo en el que se incluyan otras emociones.

En buena cuenta, no limitarse, en los mensajes de las siguientes fases de la campaña, a incidir en el problema del contagio por desobediencia de las indicaciones gubernamentales. Es preciso apelar a emociones que –sin ignorar el factor fatiga y una suerte de adaptación resignada a la pandemia– susciten una identificación con un proyecto nacional inclusivo. El que nunca hemos tenido, a decir verdad. Juan José Millás, escritor español, lo entiende, en un artículo en El País (“Ah, era esto”), como atar cabos: “Al atar cabos se unen cosas o personas que hasta ese momento nada tenían que ver entre sí”. Lo cual, tenemos que asumirlo, describe nuestro desflecado lazo social.

En una sociedad en donde solo se confía –y esto es– en las personas del entorno más cercano, es tiempo de tender puentes republicanos para, usando la palabra de moda, reinventarnos como comunidad.

3 de septiembre de 2020

“Tenemos poco tiempo para decidir si la vida humana sobrevivirá"

Noam Chomsky


No ha habido otro momento de estas características en la historia de la Humanidad. Así lo asegura el prestigioso intelectual y activista estadounidense Noam Chomsky, quien dijo que la pandemia del coronavirus ha hecho de estos tiempos los más oscuros de los que se tenga memoria. Chomsky explicó que el presente representa un "punto de confluencia de distintas crisis muy graves", entre las que se incluyen una amenaza de guerra nuclear, cambio climático, la pandemia del coronavirus, una gran depresión económica y una contraofensiva racista que tiene como epicentro a los Estados Unidos.

“Este es un momento único en la historia de la humanidad, no solo en mi vida. Nunca ha habido un momento en el que haya surgido tal confluencia de crisis y las decisiones al respecto que deban tomarse muy pronto, no se pueden retrasar", afirmó el pensador que tal vez sea el lingüista vivo más importante del mundo.

Chomsky, activista pacifista desde hace mucho tiempo, criticó al presidente Donald Trump por "desmantelar sistemáticamente las protecciones que ofrecían algún tipo de defensa contra la guerra nuclear".

“Los principales expertos como William Perry, exsecretario de Defensa, una persona que no puede ser considerado un exagerado y que muy conservador y a la vez está muy bien informada sobre estos temas, argumenta que la amenaza nuclear hoy es todavía mayor que durante la Guerra Fría”, dijo Chomsky.

Chomsky dijo además que las iniciativas que los gobiernos lleven adelante para hacer frente a la pandemia de coronavirus serán importantes a corto plazo, pero que sus decisiones sobre el cambio climático serán aún más duraderas.


“Saldremos de alguna manera de la pandemia pero a un costo terrible, que tiene en su mayoría causas evitables”, dijo el autor de Hegemonía o supervivencia y Estados fallidos, entre muchos otros títulos, en una entrevista concedida al sitio The Hill. "No saldremos del derretimiento de las capas de hielo polar, eso es permanente".

“Tenemos tiempo por delante para decidir si la vida humana organizada sobrevivirá en la Tierra o sucumbirá a la amenaza de un desastre ambiental”, agregó Chomsky.

No es la primera vez que el intelectual norteamericano se refiere públicamente al tema en estos términos. En abril de este año advirtió que los gobiernos están siendo “el problema y no la solución” y sobre la situación puntual de Estados Unidos sostuvo que se ve agravada por la condición de “bufones sociópatas” que manejan la administración de ese país con Donald Trump a la cabeza. Sobre los cambios que pueden llegar a producirse alerta que “esto nos podría llevar a estados altamente autoritarios y represivos que expandan el manual neoliberal incluso más que ahora”, aunque aclara que “eso depende de la gente joven” y “de cómo la población mundial reaccione”.

Recientemente, en junio, se refirió al bochornoso rol adoptado por Trump en la gestión de la pandemia y no dudó en calificarlo como "el peor criminal de la historia, sin lugar a dudas”. “Nunca ha habido una figura en la historia política que se haya dedicado tan apasionadamente a destruir los proyectos para la vida humana organizada en la tierra en el futuro cercano”, sentenció el reconocido catedrático.

2 de septiembre de 2020

La noción del cuidado

 Jorge Bruce


Uno de los hábitos que he adquirido en esta pandemia y el subsecuente confinamiento es el de escuchar podcasts (archivos de audio que se graban y publican de forma periódica en internet, para transmitir informaciones y reflexiones sobre un tema), mientras camino por mi breve azotea como un perro desfogando su energía. Hace poco me topé con uno acerca de la noción de “cuidado”. Me hizo reparar en que el marketing nos vienen bombardeando desde hace décadas con una versión centrada en el cuidado personal: “cuídate de las arrugas con esta crema”, “cuida tu apariencia con esta marca de ropa”, “cuida tu estado físico en este gimnasio”, “cuida tu red de contactos utilizando esta aplicación”, etcétera.

El propio Gobierno peruano, una vez desatada la peste, la enfrentó con el eslogan #Cuidatusalud. Complementando esa estrategia con recomendaciones como #YoMeQuedoEnCasa y múltiples variantes del enfoque personalizado, tuteo incluido.

El gran problema de este acercamiento individualista, como los lectores ya lo habrán intuido, es que precisamente descuida a los otros. A estas alturas ya todos sabemos que de esta salimos juntos o no salimos. Es decir, cuidar a los demás es, más que una exigencia altruista, un factor esencial para la supervivencia. El principal sustento para este argumento es la facilidad de contagio del virus.

En una comunidad fracturada como la nuestra, este requerimiento enfrenta múltiples obstáculos. Desde aquellos provenientes de la realidad material (transporte público, infraestructura de salud, informalidad, etcétera), hasta los correspondientes a la realidad psíquica. Para quienes piensen que la tragedia en la discoteca Thomas o la “danza de la muerte” en el cementerio se explican por provenir del ámbito de los sectores menos concernidos con el cuidado de los demás, les narro una anécdota referida por una persona de una familia acomodada en San Isidro.

El chofer anuncia a la persona en cuestión que dejaba el trabajo. Al preguntarle por sus motivos, este señor le explicó: “Sus hijos –veinteañeros– entran y salen de la casa, invitan gente, acuden a parrilladas y reuniones. Cuando traigan el coronavirus, Ud. se podrá internar en una costosa clínica. Yo tendré que hacer una cola interminable en el Rebagiatti, acaso muriendo ahogado antes de ser atendido. ¿Comprende por qué debo irme?”.