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21 de diciembre de 2024

Menonitas en Perú: deforestación continúa sin freno ni permisos pese a orden de paralización fiscal

Enrique Vera   (Mongabay)

La deforestación en las colonias Wanderland, Providencia y Osterrreich ha llegado a 4956 hectáreas desde el asentamiento del grupo religioso en la localidad de Tierra Blanca, Loreto, en 2017, según un análisis satelital de Mongabay Latam.Un equipo periodístico recorrió los tres sectores menonitas y constató que extensas áreas, antes de bosque primario denso, ahora son selva arrasada o parcelas donde hay cultivos de soya, arroz, maíz y crianza de ganado.Los menonitas de Tierra Blanca aseguran que desde hace dos años pueden desarrollar agricultura. El Gobierno Regional de Loreto señaló a Mongabay Latam que solo tienen tres permisos de aprovechamiento forestal, pero no para la totalidad de las tres colonias.

Arqueado sobre un carruaje en desuso, Peter Dyck bordea con las manos un polígono verde fragmentado en varias cuadrículas de distinto tamaño. No sabe con exactitud cuántas son, pero calcula que representan una extensión total de 2000 hectáreas. La figura que repasa es el mapa del lugar donde estamos: Providencia, una colonia menonita enclavada en Loreto, selva del Perú, de la cual es el jefe. Su casa, hecha de latón y calamina; los cultivos de soya y arroz, de donde acaba de llegar; y una enorme granja para la crianza de ganado y cerdos forman parte de una de las casillas que componen el plano de la colonia. Dyck ubica su terreno en el mapa desplegado sobre el vehículo que remonta al siglo XVIII, y fija el índice derecho: “Acá mismo nos encontramos”, afirma con seguridad. No es el más grande, aunque en este conglomerado de predios de 20 o 30 hectáreas todo resulta imponente.

Los 500 miembros de la comunidad cristiana protestante que viven aquí –describe Dyck- son procedentes de Belice, en Centroamérica, y tienen antepasados holandeses y alemanes. Ellos conforman Providencia, la tercera colonia menonita asentada en Tierra Blanca, localidad loretana cuyo ámbito urbano está a cerca de 8 kilómetros de camino agreste. Junto con las otras dos (Wanderland y Osterreich), Providencia enfrenta una investigación fiscal por la deforestación ilegal de 1700 hectáreas de bosque primario, iniciada en julio de 2020. Los menonitas de esta porción de la Amazonía peruana sostienen que fueron aceptados por la población y autoridades locales, y no niegan la tala como parte de su modo de subsistencia. Al contrario, reivindican que vinieron para trabajar la tierra porque de eso viven: “Está bueno tener un poco de bosque, pero falta limpiar la mayoría”, dice Peter Dyck en su pausada y dificultosa pronunciación del castellano.

Lo concreto es que antes de que la congregación sentara bases aquí, en 2017, la superficie que ahora ocupa era de vegetación densa. Ya no.

Luego de 12 horas de viaje por carretera y río desde Tarapoto, en la región San Martín, Mongabay Latam llegó a las tres colonias menonitas, en Tierra Blanca. Enclaves bucólicos y de entorno sosegado que, sin embargo, surgieron de una devastación forestal que hoy continúa. A fines de 2020, el Ministerio Público instó a los religiosos extranjeros al cese de la actividad depredatoria, pero ellos aseguran que hace dos años obtuvieron un permiso para retomar el desbosque y continuar ampliando sus sembríos. Y es lo que han hecho con creces.

El temor de autoridades y expertos ambientalistas es que la aplicación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 31973) traiga abajo las investigaciones fiscales en curso y deje impunes casos de deforestación como el que involucra a los menonitas en Tierra Blanca.

Mongabay Latam identificó la pérdida de bosque en los tres sectores menonitas de Tierra Blanca y confirmó que la deforestación es de más de 4956 hectáreas, desde 2017. El equivalente aproximado a cinco veces el área del Centro Histórico de Lima o del distrito de Miraflores.

Durante los últimos tres meses analizamos con datos de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest e imágenes de Google Earth, 95 predios menonitas inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). La evaluación reveló que la pérdida de cobertura boscosa más grave (cerca de 1550 hectáreas) en las colonias ocurrió en 2023, cuando los menonitas ya habían reanudado -lo hicieron desde 2022- la apertura de selva para sus cultivos.

Más allá de la parcela de Peter Dyck, cultivos de maíz, otras cabezas de ganado y tierras en plena remoción también se expanden en el paisaje de Providencia. Hombres con sombreros de paja, overoles y camisas a cuadros operan desde muy temprano tractores con ruedas de metal. La colonia está repartida en campos delineados para 20 familias. Son siete, y en cada uno hay una escuela adonde asisten niños de seis a 13 años. Sus pasos siguientes serán el arado, las siembras, el campo. El lugar, por momentos, exhibe una sucesión de imágenes que parecen extraídas de algún tiempo remoto y ajeno a la Amazonía: de día y de noche los menonitas se desplazan en carruajes jalados por caballos. Mujeres de vestidos largos y oscuros cubren sus cabezas con pañoletas bajo los sombreros. La vía que utilizan es un trazo de tierra afirmada que cruza Providencia y la conecta con las otras colonias y el pueblo. Viven apartados de la tecnología como un rasgo distintivo de su fe. No tienen luz eléctrica. Velas y lamparines de kerosén cortan la cerrada oscuridad en sus horas de cena y oración familiar.

Selva perdida

Es miércoles 2 de octubre y, bajo el sol abrasador de la mañana, Abram Gunther ha empezado su cumpleaños número 50. Pero para él y la comunidad religiosa este es un día como todos. Hace seis años llegó entre los primeros menonitas que se establecieron en Providencia. “Belice es un país pequeño y con muchos agricultores nuestros. Se llena rápido de los productos. Entonces dijimos: ¿Por qué no vamos a trabajar allá (Perú) donde los necesitan?”, relata desde un contorno de sus plantaciones de sandías. Los terrenos de Providencia –explica Gunther- fueron comprados a pobladores de Tierra Blanca, mediante un juez de paz, y a una empresa maderera que hacía aprovechamiento forestal. Como jefe de la colonia, Peter Dyck guarda los expedientes de cada terreno. La mayoría son títulos; y otros, constancias de posesión que están en vías de ser legalizadas.

En un español fluido, Abram Gunther afirma que la superficie de bosques tumbados y sustituidos en Providencia por cultivos de soya, arroz, maíz y áreas ganaderas aún no abarca la mitad del territorio de la colonia: 2000 hectáreas. Que la disposición fiscal de detener las faenas agrícolas fue el punto más alto de sus problemas en Perú. Y que a partir de 2022, cuando volvieron a trabajar las tierras, han talado unas 500 hectáreas de vegetación. “Es que en el monte no puedes hacer nada. Cuando lo sacas, ya puedes trabajar. También estamos sembrando árboles”, remarca el menonita que ha llegado al medio siglo de vida en este extremo de la Amazonía.

Sus cifras quedan cortas. El análisis de Mongabay Latam para Providencia indica que hay más de 1404 hectáreas de bosques perdidos desde el asentamiento de la colonia. Más del 68% de aquella depredación (956 hectáreas) se registró entre 2022 y 2023.

Peter Dyck no tiene el documento que –declara- les posibilitó reiniciar sus labores agrícolas, pues está en manos de Ricardo More, el abogado de las tres colonias menonitas de Tierra Blanca. “Él dijo que con esto ya podíamos levantar (talar) con normalidad”, detalla Dyck. More, no obstante, comentó a Mongabay Latam que ninguna autoridad ha dado aprobación a las colonias para que deforesten. Lo que sí obtuvieron en Wanderland, prosiguió, fueron permisos de aprovechamiento forestal emitidos, en noviembre de 2022, por la Unidad de Gestión Forestal de la provincia Ucayali, sede Contamana, que depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre (Gerfor) – Loreto.

El desarrollo de un plan de aprovechamiento forestal, desde luego, no implica una operación de desbosque. La especialista en Gestión Forestal de la Gerfor Loreto, María Aspajo, precisa que se trata de la extracción solo de determinadas especies forestales y en volúmenes aprobados. Todo ello a partir de la elaboración de un censo forestal más un plan de manejo que contemple la conservación del 20% de cada especie. “Lo que ellos (menonitas) deberían tener para la actividad que desarrollan es una autorización de cambio de uso de suelo, pero eso no ha sido otorgado”, aclara. La Gerfor Loreto confirmó que solo ha aprobado tres permisos de aprovechamiento forestal para 180 hectáreas en la colonia Wanderland, pero ninguno en Providencia ni Osterreich. El incumplimiento de lo concerniente a un plan de aprovechamiento forestal constituye una infracción, añade la especialista, y la tala indiscriminada sin permiso, un delito.

El contexto podría ser aún más sombrío, ya que la Ley 31973 exime de toda responsabilidad a los causantes de desbosque que no solicitaron el cambio de uso hasta su entrada en vigor, el 12 de enero de 2024. Un tema en que el exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, sitúa a las colonias menonitas, y define así: “Esta ley nefasta dejaría impune la deforestación generada por una organización extranjera antes de enero de 2024 y, lo que es peor, hay información de que la pérdida de bosque se estaría ampliando después de esa fecha, lo que es ostensiblemente ilegal”. En un informe emitido en 2023, la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental ya había advertido lo perjudicial de la norma para los procesos seguidos contra las colonias menonitas.

Nuevo territorio, otros problemas

Las cosechas así como la carne y los productos lácteos que salen de las colonias abastecen las tiendas y restaurantes de Tierra Blanca. Además, son enviados por río a capitales amazónicas como Iquitos o Pucallpa. En esta dinámica comercial, los pobladores locales encuentran una opción de trabajo como transportistas o cargadores de los alimentos. Más allá de la crisis ambiental, los tierrablanquinos comparan con distancia las posibilidades que ahora tienen frente a la grave desatención del Estado en que vivían. Ciertamente, hay quienes critican el establecimiento y acción del grupo religioso, aunque al final de sus opiniones destacan siempre lo que las colonias menonitas les han facilitado.

“Los bosques han perdido madera, como en todos lados, pero ya no tenemos que traer lo que nos falta de otras ciudades”, señala Carlos Rolin en el pequeño hospedaje que administra. Tierra Blanca está de aniversario y, entre los banderines de papel multicolores que adornan las calles, el trajín de grupos de menonitas no pasa inadvertido.

A la sombra de la caballeriza que tiene al lado de su casa, Peter Dyck prolonga un resoplido. Dice que le preocupan mucho los cuestionamientos a las colonias menonitas en este país donde “las leyes son diferentes, la gente es diferente”, y que puedan quedar de nuevo impedidos de trabajar la tierra. Él es uno de los investigados por la fiscalía peruana por el presunto delito contra los bosques en agravio del Estado peruano.

Los problemas para el jefe de Providencia se han incrementado por estos días ante la posibilidad de perder un terreno de 1300 hectáreas (dividido en unos 80 predios) que pensaba integrar al sureste de la colonia. El abogado Ricardo More explica que una asociación de posesionarios vendió el área a Providencia, pero un informe de la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego de Loreto determinó que se trata de un espacio que ya tenía otros propietarios. O sea, había una superposición por la cual toda transacción era imposible. More sostiene que hubo funcionarios coludidos en lo que considera una estafa para los menonitas. A Peter Dyck lo ampara una última posibilidad: en noviembre una comitiva de la gerencia loretana llegará para verificar si aún puede concretar la compra.

– “Si obtienen el terreno, ¿llegarán más menonitas de Belice?”, le pregunto.

-“Sí, de ahí algunos nos mandaron (dinero) para comprarlo”, me contesta.

Camina y hace adiós con las manos: “Estamos esperando que haya solución para trabajarlo”.

Asentamiento y tala en Wanderland

A una hora de Providencia está Wanderland, la primera colonia menonita que echó raíces en Tierra Blanca, en 2017. Las chacras de soya, arroz y sorgo en pleno verdor sugieren un panorama muy similar entre ambas comunidades. Hay también ingentes rectángulos en que tractores y excavadoras van terminando la preparación de más tierras para el cultivo. Y otros que aún agolpan pilas de troncos tumbados y aún humeantes. Como en Providencia, todo aquello fue alguna vez un manto de bosque primario. La diferencia es que Wanderland tiene una extensión superior (3104 hectáreas) y sus habitantes adultos son menonitas originarios de Bolivia. La carretera terrosa para el paso de los carruajes tirados por caballos es la misma por donde hemos llegado hasta la casa de Bernardo Frieseng, uno de los líderes de la colonia.

Por varios segundos, él hunde la mirada en el suelo, se toma la cabeza, frota su cuello con apremio. Luego, rompe su indecisión, desaparece y regresa con dos sillas: “Ok, podemos conversar”. Wanderland tiene una deforestación de 2242 hectáreas, desde 2017, conforme a la evaluación de Mongabay Latam, que incluye las partidas registrales de 95 predios que integran la colonia. El jefe de Wanderland narra que allí también suspendieron la tala por orden de la fiscalía, en 2020. Con la reanudación de actividades, en 2022, estima que en su colonia han sido despejadas casi 500 hectáreas de bosques. En realidad, fueron 643 hectáreas, solo en 2023, según el estudio elaborado para este reportaje. Frieseng alude al mismo documento que Peter Dyck, en Providencia, refiere como el recurso obtenido para recomenzar la deforestación y apertura de más chacras.

“Si no fuera por ese problema ya no verías monte acá, hubiéramos podido trabajar más”, admite con un gesto de contrariedad. El lugar donde nos recibe es una suerte de garaje para el reposo de excavadoras y, a la vez, un taller que alberga máquinas cortadoras de madera, tornos, motores y trozas de diversos tamaños.

Antes de establecerse en el sector que hoy ocupan, los menonitas de Wanderland habitaban 400 hectáreas del distrito de Campoverde, en la región Ucayali. Un terreno que le interesaba al maderero César Granda Daza, quien tenía un permiso de aprovechamiento forestal sobre miles de hectáreas de selva, en Tierra Blanca. Producto de un trueque, relata Frieseng, Granda pasó al terreno de Campoverde y Wanderland se asentó en las más de 3000 hectáreas -con títulos de propiedad expedidos por el Gobierno Regional de Loreto- ofrecidas por el maderero. La historia, sin embargo, tiene otros matices.

Mongabay Latam constató que el Gobierno Regional de Loreto había adjudicado 95 títulos en esa zona a 82 personas. Luego, la empresa Grand Ucayali SAC, representada por César Granda Daza, adquirió la mayoría de los predios y, posteriormente, todos (los 95) fueron vendidos a los menonitas que instauraron la colonia de Wanderland. Los 95 títulos ahora están inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) a nombre de Abram Thiessen Redekop y su esposa, María Friesen. También, de Getruda Friesen Banman y Johann Friesen. Según las partidas registrales, los menonitas pagaron más de US$297 mil por los predios, en compras que se realizaron entre marzo de 2017 y diciembre de 2021. Es decir, el costo aproximado por hectárea fue de US$95.

El caso traza similitudes con una entrega irregular de terrenos que también acabaron en poder de menonitas, residentes en Masisea, región Ucayali, y por el que la fiscalía anticorrupción investiga a varios funcionarios. De hecho, el Ministerio Público ha solicitado penas de entre 5 y 8 años de cárcel para 30 menonitas de Masisea por el delito agravado contra los bosques, tráfico ilegal de productos forestales y alteración del ambiente.

La realidad por encima del papel

Mientras por ratos se ventila con las alas de su sombrero, Bernardo Frieseng cuenta que, antes de empezar con las labores agrícolas, visitó con sus compañeros de comunidad instituciones, como el Ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en busca de un permiso para desboscar: “Todos dijeron lo mismo: que, si teníamos títulos de propiedad con fines agrarios, podíamos trabajar sin problemas. Ese es nuestro caso”. Después, cuando llegó la fiscalía, recuerda Frieseng, les exigieron la autorización con la cual estaban depredando el monte. “No llego a entender cómo funciona esto”, agrega, y su expresión adquiere un rictus de tensión.

“Estuve con ellos. Los ministerios de Ambiente y Agricultura nunca pudieron ponerse de acuerdo. Nunca encontraron una ley o un artículo que diga que los títulos con fines agrarios deben tener un permiso especial para desbosque”, recuerda el alcalde delegado de Tierra Blanca, Medelú Saldaña, que por varios años asesoró a los menonitas en sus trámites y solicitudes ante las instituciones del Estado. Desde que asumió como autoridad local, Saldaña cortó relaciones con las colonias y ahora ha pedido a la fiscalía constatar el violento avance de la depredación forestal en Tierra Blanca pese a la prohibición vigente.

Cerca de la fábrica de quesos que hay en Wanderland, otros miembros de la comunidad religiosa detienen sus faenas de labranza y alegan que lo que aquí hallaron fue bosque secundario y purma, pues toda la madera ya había sido utilizada con la licencia de aprovechamiento forestal que existía para la zona.

“La imputación fiscal señala que los terrenos son de aptitud forestal, pero no existe un informe técnico que así lo establezca. Eso exige la ley. Las escrituras de los títulos dicen que son de aptitud agrícola. La fiscalía no va a poder acreditar lo contrario”, defiende el abogado More.

De ahí que los menonitas de Wanderland descartan haber incurrido en una ilegalidad. Su forma de vida, en cierto modo, eleva prioridades evidentemente reñidas con la conservación de la Amazonía. Bernardo Frieseng arruga el ceño y abre los brazos como intentando abarcar, desde su posición, dos parcelas de soya apenas contorneadas por cortinas de árboles: “Estamos dejando el 30% del bosque, pero el resto hay que botarlo porque somos netamente agricultores (…) Y si no podemos deforestar, si no podemos tumbar monte para sembrar, entonces no queremos vivir acá”. Wanderland está constituida por ocho campos con predios de hasta 30 hectáreas. Allí viven 125 familias que cultivan la comunicación en bajo alemán antiguo. La de Frieseng es una de las más numerosas.

En su oficina, en Lima, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán,detalla que las imágenes satelitales ya han demostrado que los espacios de Tierra Blanca donde están las colonias tuvieron bosque hasta la llegada de los menonitas. “Que exista un papel que reconoce a aquellos terrenos como agrícolas no cambia lo que realmente son”, enfatiza. Para que un predio tenga la condición de agrícola debe haber pasado por un estudio de suelos y la verificación de un funcionario regional. Sin embargo -subraya el procurador- eso no sucedió y así fueron adjudicadas inicialmente las titulaciones, que luego pasaron a manos de los menonitas. Guzmán entrelaza los dedos y adelanta el rostro: “Lo que ellos están talando es en el papel tierra agrícola, pero una tierra agrícola no tiene bosque. Y si lo tiene y quieres aprovecharla, es porque ya perdió la aptitud forestal. Ahí se debe solicitar el cambio de uso y, en caso proceda, dejar siempre un 30% de árboles”.

“Nunca un papel puede estar por encima de la realidad (…) En el Perú, para talar un bosque hay que pedir autorizaciones”, sentencia enérgico.

El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) reveló en su informe más reciente que la depredación forestal causada por las cinco colonias menonitas en Perú (Chipiar y Masisea, además de las tres de Tierra Blanca) ha llegado a 8660 hectáreas. Son 1628 hectáreas más de las que el proyecto reportó en 2023. En Wanderland, Osterreich y Providencia la pérdida de bosque detectada fue de 4824 hectáreas, una cantidad cercana a la que arrojó la evaluación de Mongabay Latam. Para el director de MAAP, Matt Finer, el rápido incremento de la deforestación menonita en la Amazonía peruana es preocupante: “Es la evidencia más clara de que este impulsor de la deforestación no va a desaparecer. Las autoridades necesitan una estrategia más eficaz para evitar que esto siga aumentando”. Solo hasta 2021, cuando la Universidad de Montreal presentó un estudio sobre la presencia menonita en América Latina, las colonias ocupaban 4 millones de hectáreas dentro de 9 países de la región.

En Wanderland, otro de los líderes, Abram Thiessen, quien tiene a su nombre la mayoría de títulos de la colonia, también es investigado por el delito contra los bosques.

– “¿Y sabes cómo va eso? ¿En qué quedó?”, pregunta Frieseng por segunda vez.

Al fondo del garaje, cuatro mujeres apuran sus labores en máquinas de coser.

Sembrar entre rezagos de bosque

No hay muchas diferencias entre Wanderland y Osterreich: tienen similar extensión, las familias también proceden de Bolivia, llegaron el mismo año a Perú (2017) y se instalaron en Tierra Blanca tras adquirir terrenos en un área antes a cargo de una empresa maderera. De hecho, una está al lado de la otra. Por eso, el principal contraste está entre la fecundidad que por estos días refulge sobre los campos de Wanderland y los escenarios de devastación impregnados en el territorio de Osterreich. Aquí parece haber empezado un nuevo periodo de feroz apertura de bosques. Decenas de árboles seccionados o arrancados desde la raíz están dispersos sobre montículos de tierra removida, como si un desastre natural hubiera sobrevenido sin tregua. Desde la carretera, los retazos de selva que todavía rodean las parcelas se ven lejanos, y es ahí donde la acción de tractores y maquinaria se intensifica.

Hombre tranquilo y sonriente, Peter Harms, el jefe de Osterreich, refiere que los bosques de este sector incluían especies como cachimbo, shihuahuaco y quinilla, “pero esa buena madera ya había sido sacada por los madereros”. Hace una rápida ecuación mental y concluye que su colonia ha abierto campos de cultivo sobre unas 1000 hectáreas que antes eran de selva. De ese total, afirma, 300 hectáreas fueron trabajadas a partir de 2022. Toda proyección parece aquí insuficiente. De acuerdo con la evaluación realizada por Mongabay Latam, Osterreich suma 1309 hectáreas de depredación forestal, desde 2017, casi 400 de ellas reportadas solo a lo largo de 2023.

“Acá en el Perú todavía no saben mucho. Tienen miedo de que vamos a tumbar todo. Y mira cuánta tierra tienen que no utilizan. Compran maíz, soya de otros países. ¿Por qué?”, cuestiona en el porche de su casa de latón y madera.

Sesenta familias pueblan la colonia. Cada una tiene un aserradero, donde la madera extraída es transformada, principalmente, en parihuelas. El del jefe Osterreich está a unos 100 metros de su vivienda y es de aspecto parecido: de un piso, amplio, con techo alto y a dos aguas. “Así venden algunos la madera: como parihuelas, o sea, ya fabricada. No por trozas o listones. Vender así es ilegal”, precisa con aire sosegado.

Harms defiende que la manera de preservar el bosque en Osterreich es a través de la siembra de los árboles que conforman los linderos de las chacras. Es decir, aquellas murallas de vegetación que aparecen lejanísimas bordeando las parcelas donde ahora trajina maquinaria operada por jóvenes de la secta religiosa. Para especificarlo mejor, apunta a un conjunto de chacras y remarca que por cada una están dejando el 10% o 20% de árboles: “Eso vamos a cumplir. Así estamos trabajando”.

La investigación fiscal ha seguido un trámite lento. El procurador Julio Guzmán considera que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, a cargo del proceso, debe sumar otros expedientes que correspondan a los nuevos espacios geográficos deforestados. En suma, aportar más evidencias de que la medida para el cese depredatorio no se ha cumplido.

-“Entonces, ¿piensan seguir con el desbosque?”, consulto a Harms.

-“Claro, pero no queremos terminar en un año ni en dos. Eso será en 10 años. Poco a poco”, responde con soltura.

La tarde ha empezado en Tierra Blanca. Y habrá lluvia.

https://es.mongabay.com/2024/10/menonitas-peru-deforestacion-continua-sin-freno-ni-permisos-pese-orden-de-paralizacion-fiscal/

26 de octubre de 2024

Zombis

César Hildebrandt

El ser humano es una bestia peligrosa.

Eso lo supo Abel desde el comienzo y lo supieron todos los que le sucedieron como víctimas.

Y, sin embargo, este mamífero desagradable que somos está seguro de que reina en el mundo y que esa supremacía será eterna.

El planeta, sin embargo, está diciéndonos que ha llegado la hora del ajuste de cuentas. Esta esfera acuosa y azulina –un grano de arena en la desalmada inmensidad de la materia oscura– está harta de nosotros.

No es para menos. La bestia que somos se ha pasado de la raya y ha alterado el régimen de las aguas, el carácter del viento, la densidad del ozono, la sanidad de las napas subterráneas, la respiración de las selvas y el discurrir de los ríos.

La casa en la que vivimos ya no nos quiere. Y está hablando con el lenguaje de su poder: mareas locas, lluvias impropias, sequías humeantes, huracanes cada vez más indignados.

Pero la bestia que somos sigue en lo suyo, que es la estupidez con su surtido muestrario de sus posibilidades. La infelicidad nos guía, las metas inútiles nos fascinan, los retos que nos hacen peores nos obsesionan.  

Por eso Elon Musk, que es el imbécil moral mejor forrado en plata del planeta, le entrega muchos millones de dólares a Donald Trump, que es un forajido del far west y que, si estuviera en una película al lado de John Wayne, escupiría tabaco después de cada frase.

Porque en este mundo gobernado por monos superiores la primera potencia, la que podría decretar un invierno nuclear infinito si lanzara la mitad de las bombas que posee, está a punto de elegir por segunda vez a un bípedo como Trump.

La ventaja de Trump es que no disimula como la señora Harris. Y lo que quieren los americanos promedio es que vuelvan los viejos tiempos. Si pudieran, resucitarían a Theodore Roosevelt y volverían a comprar Panamá a precio de ganga.

Pero la vulgaridad babuina no sólo está en Estados Unidos, el país que tiene poco menos de 800 bases militares en 82 países. Está en Europa, la cuna de occidente.

¿Han visto alguna vez una sesión del parlamento europeo?

Es el espanto en varias lenguas. Es el lugar donde la verdad está prohibida, el cinismo es un rasgo de carácter, el disimulo criminal un patrón corporativo. Europa ha aceptado, con todas sus consecuencias, la subordinación atómica a los Estados Unidos y a sus políticas de expansión, control y arbitrariedad. La esperanza de una reacción francesa a tal dominio se ha desvanecido. Los alemanes, siempre dados al matonaje, están felices.

Mientras tanto, el idiotismo planetario nos propone que la inteligencia artificial nos llevará a otro plano de la realidad. Pero añaden: la IA no alcanzará nunca la del hombre. Entonces, fritos estamos.

Porque la inteligencia humana es la que nos ha conducido a esta decadencia neandertal en la que el mundo asiste, impávido, a la masacre televisada de Gaza. Masacre perpetrada por un gobierno fascista creado por las que fueron víctimas atroces del nazismo. Masacre avalada mayoritariamente por un pueblo que afirma ser el elegido por dios.

Y ya vienen los taxis sin piloto. El asunto es que nos llevarán a los mismos sitios.

Y también vienen la telecirugía, las experiencias inmersivas, la biotecnología de última generación. Nos divertiremos mucho, pero, cuando despertemos, el dinosaurio estará allí. Vendrá también la semana laboral de cuatro días y así tendremos un día adicional para ir de compras.

El mundo que hemos hecho convierte el suicidio en una buena causa. El mundo que hemos hecho hace del alejamiento una salida de emergencia y de la sociopatía una auténtica terapia.

Pertenecer al conformismo es morir de monotonía, morir de multitud, morir de hombre.

Vivir en el mundo de las marcas, de las comparaciones agraviantes, de la publicidad enloquecedora, no es vivir. Es un simulacro. Es postular con éxito a ser extra en una mala película de zombis.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 706 año 14, del 25/10/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

24 de agosto de 2024

El calor mortal

Ian Angus

Los artículos anteriores de esta serie se han centrado en dos tendencias globales que impulsan la aparición de nuevas enfermedades virales en nuestro tiempo. La deforestación y el crecimiento urbano han reducido o eliminado las barreras naturales que impedían que la mayoría de los virus se propagan de la vida silvestre al ganado y a las personas humanas. La concentración de ganado en las granjas industriales ha creado entornos ideales para que estos virus evolucionen hacia formas más contagiosas y más mortales.

Un análisis integral de las nuevas plagas del capitalismo también debe tener en cuenta el impacto de la crisis climática mundial. El habitualmente cauteloso Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático concluye, con un alto grado de confianza, que “los riesgos climáticos están contribuyendo cada vez más a un número creciente de resultados nefastos para la salud”.

“La variabilidad y los cambios climáticos (incluida la temperatura, la humedad relativa y las precipitaciones), así como la movilidad de la población, están significativa y positivamente asociados con los aumentos observados en la fiebre del dengue a nivel mundial, el virus chikungunya en Asia, América Latina, América del Norte y Europa [nivel de confianza alto (es decir, basado en información de alta calidad), del vector de la enfermedad de Lyme Ixodes scapularis en América del Norte (nivel de confianza alto) y del vector de la enfermedad de Lyme y la encefalitis transmitida por garrapatas Ixodes ricinus en Europa (nivel de confianza medio). El aumento de las temperaturas (nivel de confianza muy alto), las precipitaciones intensas (nivel de confianza alto) y las inundaciones (nivel de confianza medio) se asocia con un aumento de las enfermedades diarreicas en las regiones afectadas, incluido el cólera (nivel de confianza muy alto), otras infecciones gastrointestinales (nivel de confianza alto) transmitidas por enfermedades de origen alimentario debidas a Salmonella y Campylobacter (nivel de confianza media)]”1.

De hecho, como señala Colin Carlson, del Center for Global Health Science and Security de la Universidad de Georgetown, “el cambio climático de origen humano ya ha causado muertes masivas en la escala de una pandemia”.

“Excluyendo la COVID-19 […], el cambio climático ha superado el número combinado de muertes de todas las emergencias de salud pública reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que causan preocupación a nivel internacional. Cada año, el cambio climático mata 14 veces más personas que el brote de ébola de 2014 en África occidental”2.

Las inundaciones, los incendios forestales y las sequías se encuentran entre las consecuencias mortales del cambio climático, pero en esta serie nos centramos en las enfermedades que afectan al cuerpo humano. En este sentido, las principales amenazas que plantea el calentamiento global para la salud humana son las olas de calor potencialmente mortales, la ampliación de la gama de vectores y la alteración del viroma global [el viroma es el conjunto de los genomas de los virus].

Olas de calor

A menos que se tomen medidas decisivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático hará que grandes áreas de la Tierra sean inhabitables, caracterizadas durante la mayor parte o todo el año por temperaturas a las que el metabolismo humano no puede sobrevivir. Pero el camino hacia la Tierra-Invernadero no es lineal. A menos que se produzca una catástrofe generalizada, estamos viendo un aumento de las olas de calor: intervalos de temperaturas extremas que pueden provocar agotamiento por calor, calambres e insolación, que a menudo provocan una muerte prematura. Entre 1990 y 2019, las olas de calor que duraron dos días o más causaron más de 153.000 muertes adicionales por año. Casi la mitad de las muertes se produjeron en Asia y aproximadamente un tercio en Europa3. Una sola ola de calor europea, en 2022, mató a 62.000 personas.

A medida que las olas de calor se vuelven cada vez más frecuentes, más largas e intensas, afectan a un mayor número de personas cada año. The Lancet Countdown on Health and Climate Change, la evaluación más completa sobre el tema, nos lo muestra:

“Las personas adultas mayores de 65 años y las menores de un año, para quienes el calor extremo puede ser particularmente peligroso, están hoy expuestos al doble de días de olas de calor que en el período 1986-2005… En más del 60% de los días las muertes relacionadas con el calor entre personas mayores de 65 años han aumentado en un 85% en comparación con el período 1990-2000”4.

El informe del Lancet predice que incluso si el aumento de la temperatura global se mantiene justo por debajo de los 2º C, todavía habrá un aumento del 1.120% en la exposición a las olas de calor para las personas mayores de 65 años entre 2041 y 2060, y un aumento del 2.510% entre 2080 y 2100.

En un escenario en el que no se tomen más medidas de mitigación, los aumentos proyectados son aún mayores, llegando al 1.670% para mediados de siglo (2050) y al 6.311% para 2080-2100”5.

Por lo tanto, en ausencia de grandes esfuerzos de mitigación, se espera que un aumento de la temperatura global de poco menos de 2° C conduzca a un aumento del 370% en el número anual de muertes relacionadas con el calor para el 2050 6.

Gama de vectores

Alrededor del 17% de todas las enfermedades infecciosas y más del 30% de las nuevas enfermedades infecciosas emergentes, se transmiten por vectores: insectos, garrapatas y otros organismos que transportan parásitos, bacterias o virus de humanos o animales infectados a personas humanas no infectadas. El ejemplo más conocido y mortífero es la malaria: transmitida por mosquitos, mata a más de 400.000 personas cada año, principalmente niños menores de cinco años. Otras enfermedades transmitidas por mosquitos incluyen el dengue, el virus del Nilo Occidental, el chikungunya, la fiebre amarilla, la encefalitis, el Zika y la fiebre del Valle del Rift.

A medida que aumentan las temperaturas mundiales, las áreas geográficas en las que los mosquitos y las garrapatas portadores de enfermedades pueden sobrevivir y reproducirse se están expandiendo, exponiendo a un número cada vez mayor de personas a la infección. El virus del Nilo Occidental, que alguna vez estuvo limitado a algunas regiones de África central, ahora está presente en América del Norte y Europa. Los casos de dengue se han duplicado cada década desde 1990 – The Lancet estima que “casi la mitad de la población mundial está ahora en riesgo de contraer esta enfermedad potencialmente mortal”7.

Desde la actualidad hasta mediados de siglo, un aumento de la temperatura global de sólo 2°C resultará en una expansión del 23% de las zonas del mundo en las que los mosquitos de la malaria pueden prosperar 8, y al menos 500 millones de personas en zonas previamente excluidas quedarán expuestas a los mosquitos portadores del dengue, del chikunguyna, del Zika y de otros patógenos 9.

Alteración del viroma

Como hemos visto, la mayoría de las nuevas enfermedades emergentes son zoonóticas, es decir, se originan en animales salvajes y se transmiten a las personas, a menudo a través de especies intermediarias.

Se sabe que aproximadamente 263 virus infectan a las personas 10  y, aunque han causado daños considerables, representan sólo una pequeña fracción de la amenaza viral. “Al menos 10.000 especies de virus tienen capacidad de infectar a los humanos, pero actualmente la gran mayoría circula silenciosamente entre los mamíferos salvajes”11.  Durante milenios, cada grupo de virus circuló sólo entre unas pocas especies de mamíferos, simplemente porque los rangos de distribución de la mayoría de las especies no se superponían.

Hoy, sin embargo, el cambio climático está obligando a los animales a desplazarse o abandonar sus territorios tradicionales, llevándo consigo sus virus.

“Incluso en el mejor de los casos, se espera que las áreas de distribución geográfica de muchas especies se desplacen cien kilómetros o más durante el próximo siglo. En este proceso, muchos animales llevarán sus parásitos y patógenos a nuevos entornos. Esto representa una amenaza tangible para la salud mundial”12.

En un importante estudio publicado en Nature en 2021, Colin Carlson, Greg Alpery y sus colegas cartografiaron los probables cambios en los rangos geográficos de 3.129 especies de mamíferos hasta 2070.

Constataron que incluso con un calentamiento moderado, cientos de miles de animales que nunca antes habían interactuado se encontrarán entre sí, lo que resultará en al menos “15.000 eventos de transmisión entre especies de al menos un nuevo virus (pero potencialmente muchos más) entre dos huéspedes no infectados”13. La disminución a largo plazo de los bosques y las zonas silvestres significa que es probable que nuevas áreas de propagación y evolución viral en los mamíferos estén cerca de centros de población y granjas. Esto aumentará la probabilidad de que nuevas zoonosis infecten a los humanos.

“Es probable que los efectos del cambio climático sobre los patrones de intercambio viral en los mamíferos se produzcan en cascada a través de la futura aparición de virus zoonóticos. Entre los miles de eventos de intercambio viral esperados, es probable que algunas de las zoonosis más peligrosas o zoonosis potenciales encuentren nuevos huéspedes. Esto podría representar potencialmente una amenaza para la salud humana: las mismas reglas generales de transmisión entre especies explican los patrones de contagio de las zoonosis emergentes, y las especies virales que saltan con éxito de una especie silvestre a otra tienen la mayor propensión a la aparición de zoonosis…

El cambio climático podría convertirse fácilmente en la fuerza antropogénica dominante en la transmisión viral entre especies, lo que sin duda tendrá un efecto posterior en la salud humana y el riesgo de pandemia”14.

De particular preocupación, el estudio ha revelado que, aunque continuarán las migraciones significativas durante el próximo siglo, “la mayoría de los primeros encuentros tendrán lugar entre 2011 y 2040”15.

En resumen, el cambio climático ya está forzando una redistribución global de la vida silvestre y, al hacerlo, acercando miles de virus potencialmente patógenos a las personas humanas. En los próximos años, el viroma global enormemente alterado será más peligroso que nunca.

Como ha declarado Greg Alpery a The Guardian, “este trabajo proporciona pruebas convincentes de que las próximas décadas no sólo serán más cálidas sino también más causantes de enfermedades”16.

Véanse los siete primeros artículos publicados en esta web en el 2024, los días 16/3, 21/3, 1/4, 21/6, 27/6, 4/7 y 29/7.

1 Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC), Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability: Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, (Cambridge University Press, 2023), 1045

2 Colin J. Carlson, “After Millions of Preventable Deaths, Climate Change Must Be Treated like a Health Emergency,” Nature Medicine 30, no. 3 (marzo 2024): 622–623.

3 Qi Zhao et al., “Global, Regional, and National Burden of Mortality Associated with Non-Optimal Ambient Temperatures from 2000 to 2019: A Three-Stage Modelling Study,” The Lancet Planetary Health 5, no. 7 (July 2021): e415–25.

4 “The 2023 Report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change: The Imperative for a Health-Centred Response in a World Facing Irreversible Harms,” The Lancet 402, no. 10419 (diciembre 2023): 1

5 Ibid., 13.

6 Ibid., 17.

7 Ibid., 17.

8 Ibid., 17.

9 Sadie J. Ryan et al., “Global Expansion and Redistribution of Aedes-Borne Virus Transmission Risk with Climate Change,” PLOS Neglected Tropical Diseases 13, no. 3 (marzo 28, 2019): e0007213.

10 Dennis Carroll et al., “The Global Virome Project,” Science 359, no. 6378 (febrero 23, 2018): 872–74.

11 Colin J. Carlson et al., “Climate Change Increases Cross-Species Viral Transmission Risk,” Nature 607, no. 7919 (Julio 21, 2022): 555–62.

12 Ibid. 555.

13 Ibid. 558.

14 Ibid. 559, 561.

15 Ibid. 560.

16 Oliver Milman, “‘Potentially Devastating’: Climate Crisis May Fuel Future Pandemics,” The Guardi

Texto original: À l’Encontre

Traducción: viento sur

Fuente: https://vientosur.info/el-calor-mortal/

31 de marzo de 2024

Así financian los bancos europeos a las empresas que destruyen los ecosistemas

Óscar F. Civieta

Un estudio liderado por Greenpeace Internacional cifra en 278 billones de dólares los créditos otorgados por los bancos europeos a empresas que destruyen los ecosistemas. El Santander es la sexta entidad financiera con sede en la UE que más dinero da a este tipo de compañías.

Desde la firma del Acuerdo Climático de París en diciembre de 2015, se ha destinado más de un trillón de dólares en créditos para grandes empresas que operan en sectores de riesgo para los ecosistemas, además de 693.000 millones de dólares en inversiones. Los bancos europeos son responsables del 22,1% de esos créditos (278 billones de dólares) y el 9,4% de la inversión (65 billones). Son las principales conclusiones del informe EU bankrolling ecosystem destruction, publicado por una coalición de ONG lideradas por Greenpeace Internacional.

Más allá de las cifras, el corolario del estudio deja claro que, “mediante el consumo de productos y materias primas procedentes de tierras deforestadas y degradadas, y a través de la financiación de empresas que se benefician de ello, la UE contribuye a la destrucción de bosques y otros ecosistemas, dentro y fuera de sus fronteras”.

Seis multinacionales que destruyen los ecosistemas se han llevado 26.500 millones de dólares

El informe señala que más de cuatro quintas partes (86,6%) del crédito de los bancos europeos a los principales actores en los sectores de riesgo para los ecosistemas vino de instituciones financieras con sede en cuatro países: Francia, los Países Bajos, Alemania y España.

“La totalidad de los grandes bancos europeos, y muchas otras instituciones financieras de la UE, tienen relaciones con muchos de los grupos corporativos más grandes en múltiples sectores con riesgos conocidos para los ecosistemas, incluidos grupos con vínculos reportados con la destrucción de los ecosistemas después de 2020: los vínculos del sector financiero de la UE con los riesgos para los ecosistemas son generalizados y de carácter sistémico”.

Además, el estudio apunta a seis multinacionales que considera “actores clave”, puesto que aparecen frecuentemente citados en investigaciones e informes por sus vínculos directos o en la cadena de suministro con la deforestación reciente, principalmente en América del Sur y el Sureste Asiático, incluso después de diciembre de 2020, la fecha límite establecida por el Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR) para el cumplimiento de los productos con sus condiciones libres de deforestación estándar.

Estos grupos (que, en conjunto, se han llevado 26.500 millones de dólares en créditos desde 2016) son Bunge y Cargill (dos de los mayores comerciantes del mundo de gran parte de las materias primas); JBS y Marfrig (dos de los mayores productores de carne), y RGE y Sinar Mas (dos productores procesadores de aceite de palma y madera para pasta de papel).

El Santander es el sexto banco europeo que más crédito da a empresas que ponen en riesgo los ecosistemas

Dentro de los bancos europeos que financian a empresas que ponen en riesgo los ecosistemas, obviamente, también hay instituciones financieras españolas. En concreto, de ellas han salido 29.600 millones de dólares en créditos, y 1.100 en inversiones desde 2016.

Lo que convierte al sector financiero español, según el informe de Greenpeace, en el cuarto mayor proveedor de crédito y el noveno mayor inversor en estos sectores entre los miembros de la UE.

La entidad con sede en España que más crédito proporcionó a este tipo de compañías es, con mucha diferencia, el Santander (21.338 millones de dólares desde 2016). Por detrás está el BBVA (7.679 millones) y La Caixa Group (180 millones).

De hecho, la empresa de Ana Botín es el sexto proveedor de crédito con sede en la UE a grandes grupos empresariales activos en sectores de riesgo. Según el estudio, “el Grupo Santander es el principal banco internacional con vínculos con el sector agropecuario responsable de la quema y deforestación de los bosques en Brasil”.

Entre las empresas cuya actividad pone en riesgo los ecosistemas, que más dinero en forma de crédito han recibido de los bancos españoles, están Nestlé (6.394 millones de dólares desde 2016), Danone (2.842) y Unilever (2.111).

Fuente: https://climatica.coop/informe-bancos-europeos-greenpeace/

23 de diciembre de 2023

Perú: Deforestando

Pedro Francke

El congreso aprobó un proyecto de ley para facilitar la deforestación de nuestra amazonía. Como si no fuera suficiente que perdamos 200 mil hectáreas de bosque cada año y que ese ritmo se encuentre en alza. Esta ley anti-amazonía se ha aprobado con el apoyo entusiasta de Patricia Chirinos, el fujimorismo, APP de Acuña, Renovación Medieval y los partidarios de Cerrón.

Se trata, como en otras leyes de este congreso, de apoyar a los tramposos, informales e ilegales. Este proyecto de ley facilitaría que quienes han deforestado miles de hectáreas puedan tener título de propiedad y legalizar sus negocios, aun cuando no tengan un permiso lícito para que esas tierras cubiertas de bosque puedan dedicarse a otros fines. En otras palabras, incluso luego de haber talado de manera ilegal o prendido fuego a miles de hectáreas de bosque amazónico con el fin de poner ganado o palma aceitera en forma masiva, ahora se podrán convertir en legales. El mundo acababa de terminar la reunión mundial COP 28 buscando acuerdos para enfrentar el calentamiento global y apenas dos días después estos congresistas de vergüenza promueven la deforestación de nuestra amazonía. Su descaro no tiene límites.

Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero provienen en su mayoría (51 por ciento) de la deforestación y maltrato de los bosques. Por eso hemos firmado diversos acuerdos ambientales y comprometido a cuidar la amazonía, junto a los pueblos indígenas, como forma de colaborar con el esfuerzo mundial frente al calentamiento global y la protección de la biodiversidad. Pero a nuestros congresistas que se la pasan viajando por el mundo con nuestro dinero eso les ha importado un pepino.

CONFIEP MIOPE

De entrar en vigencia, esta ley también tendría repercusiones económicas negativas. La Unión Europea ya ha establecido la prohibición de importar productos que provengan de áreas deforestadas después del 2020, y nosotros les vendemos mucho cacao, café, aceite de palma y otros productos provenientes de la amazonía. Esta ley aprobada por el congreso de Acuña, Fujimori y Cerrón va a hacer mucho más difícil para un productor probar que no está dentro del grupo prohibido dado que no bastará ser legal: los deforestadores también serán legales.

Hay que recordar, además, que el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos incluye cláusulas referentes a la protección del bosque amazónico. Aunque no hay una vinculación tan inmediata en este caso, el proyecto de ley aprobado también abre un frente de riesgo por este lado. Por su parte, el Reino Unido ha anunciado que desde 2027 cobrará un impuesto adicional a los productos que generen emisiones de carbono, como sucede con la deforestación. Hay que tener claro que este tema no es menor en términos de nuestra relación con el mundo. El calentamiento global es la mayor amenaza actual a la humanidad, razón por la cual en mi gestión como ministro el 2021 nos afiliamos a la alianza mundial de ministros de finanzas frente al cambio climático e incorporamos el tema al Marco Macroeconómico Multianual.

¿Cómo entender que en esas condiciones la Confiep haya salido en defensa de este absurdo proyecto de ley? Bueno, no por gusto lo hizo casi en secreto, sin dar cuenta a la opinión pública sino sólo a sus aliados del congreso, y no han dado la cara en entrevista alguna al respecto. Resulta que la gran empresa transnacional llamada Ochosur S.A., que ha sembrado palma aceitera en zonas deforestadas y está acusada de usurpar tierras indígenas, tiene gran interés en este proyecto de ley que le permitiría legalizar su abuso.  Hay detrás de estas decisiones también una visión pasadista de la economía. El presidente de la Confiep es un agroexportador que ya consiguió que este congreso le regale a su sector 200 millones de soles anuales de EsSalud. Respaldar esta ley es insistir en un modelo económico de extracción y exportación de materias primas sin mayor procesamiento, valor agregado o dinamismo tecnológico. Ese modelo nos ha llevado a una economía estancada, atrapada en los nudos que ha generado. No tiene que ser así. Nuestra amazonía puede ser fuente de un nuevo modelo de desarrollo aprovechando nuestra biodiversidad. Hace años resuena en mi mente el contraste de lo que tenemos en el Perú con la empresa brasileña Natura, de gran crecimiento, basada en aprovechar los recursos de la biodiversidad amazónica y hacerlo cuidando el ambiente. Brasil lo ha logrado en base a una educación pública superior de alta calidad, muy sólida en biología y ciencias del ambiente. En el Perú no tenemos nada parecido, aunque poseemos una biodiversidad aun mayor y enormes potencialidades en turismo sostenible y cultural, en nuevos productos alimenticios, gastronomía, medicinas y cuidados de la salud y el cuerpo. Ese potencial económico se está viendo también sacrificado con la deforestación creciente en la amazonía, ahora promovida por el Congreso, Patty Chirinos y la Confiep.

En vez de promover la deforestación debemos detenerla. Combatir la tala ilegal con un mayor control es importante. Pero nuestros bosques seguirán sufriendo una fuerte presión para su deforestación si no hay alternativas de progreso económico para los millones de peruanos que buscan prosperidad. Por varias décadas ha habido una migración importante hacia la selva por parte de jóvenes y adultos buscando mejores oportunidades, muchos en la agricultura, para lo cual deforestan el bosque, usualmente mediante la quema, con un alto impacto ambiental. Es indispensable, por esta y otras razones, un fuerte plan de desarrollo de la sierra peruana con una inversión pública grande y sostenida en caminos rurales y carreteras, en pequeñas irrigaciones y sistemas de riego mejoradas, capitalización del agro, innovaciones tecnológicas y promoción de diversificación productiva rural.

INFORMALIDAD E ILEGALIDAD

La deforestación ha venido avanzando de la mano de los taladores ilegales y empresarios tramposos, algunos de los cuales son delincuentes ambientales y hasta asesinos de indígenas defensores del ambiente. Esta nueva ley permitiría que ahora pasen sus negocios de origen ilícito como legales. El congreso hace eso justo cuando la informalidad se ha agudizado y las economías ilegales se han disparado agravando la inseguridad ciudadana. Ahora se daría nuevamente un mayor incentivo para actuar al margen y en contra de la ley. Se da el mensaje de que quien paga coimas para que pase madera ilegal o deforesta, pero logra evitar controles a pesar de estar en tierras robadas, puede luego blanquear su negocio y hacer que lo ilegal se convierta en legal.

Al cierre de este artículo, la congresista izquierdista Ruth Luque, una de las pocas voces honestas y decentes en este congreso, ha presentado un pedido para que se reconsidere la votación que aprobó ese proyecto de ley anti-amazonía. Luque insiste en que, mientras eso no suceda, la ley no debe ser promulgada. Ojalá sea escuchada.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 667 año 14, del 22/11/2023

https://www.hildebrandtensustrece.com/

25 de octubre de 2023

De la Amazonía a Europa: Impactos del reglamento europeo de no deforestación en cadenas de valor del café y cacao

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CIPERU

● La Unión Europea es un mercado de 400 millones de personas y uno de los principales destinos de exportación de nuestro cacao y café.

● Se presentó un informe que plantea el trabajo articulado entre los sectores público, privado y sociedad civil, con un enfoque en la sostenibilidad de ambas cadenas y sus productores, como una de las principales acciones para alinearse a esta nueva norma.

Este jueves 12 de octubre, se llevó a cabo el evento “De la Amazonía a Europa: Analizando el Impacto del Reglamento Europeo de la no deforestación en los sectores del Café y Cacao”, en la residencia del Embajador de los Países Bajos en Lima. Este espacio tuvo como objetivo evaluar las acciones a seguir para garantizar la conservación de los bosques al mismo tiempo que se logra la continuidad de las exportaciones de café y cacao peruanas al mercado europeo en el contexto del nuevo Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el café es el primer producto agrícola peruano de exportación y el Perú es el séptimo país exportador de café a nivel mundial. De la misma forma, el cacao hoy en día se viene posicionando en mercados internacionales como un producto de calidad y alto valor, además de tener un alto impacto social y económico en miles de familias productoras. El valor de las exportaciones a la Unión Europea de ambas cadenas sumó en el 2022 más de US$730 millones. Este panorama puede continuar creciendo y prosperando si el Perú puede adaptarse al nuevo reglamento europeo que entrará en vigor después de diciembre de 2024.

Según el Parlamento de la Unión Europea, esta nueva regulación tiene como objetivo abordar el cambio climático y la pérdida de bosques y biodiversidad. Para lograrlo, se requiere que las empresas aseguren que sus productos no hayan causado deforestación o degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020, emitiendo una declaración de "diligencia debida".

“Esta regulación se debe a tres principales razones: la primera es el gran rol de la UE en la deforestación, pues se calcula que el 40 % de la deforestación es generada por la producción agropecuaria destinada a Europa; la segunda es que las certificaciones voluntarias no han sido suficientes para reducir la deforestación; y la tercera es que las empresas que están haciendo las cosas bien, están teniendo desventajas frente a aquellas que no hacen nada”, explica Gert van der Bijl, asesor en Políticas Públicas de la Unión Europea, para Solidaridad.

En este contexto, se ha desarrollado el Estudio de Impactos de la EUDR en las cadenas de café y cacao con el respaldo de Solidaridad y la Alianza Empresarial por la Amazonía, una plataforma liderada por USAID, el Gobierno de Canadá, y Conservación Internacional, bajo el marco del Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad (una iniciativa de la Coalición por una Producción Sostenible).

El estudio, presentado en el evento, dimensiona el impacto económico y social que tendría la regulación en dichos sectores e identifica los principales desafíos que enfrentarán los productores para poder alinearse a la norma y mantenerse en el importante mercado europeo. Estos desafíos son la obtención de información a nivel de finca, trazabilidad y monitoreo, la producción legal, de acuerdo con la legislación nacional del uso de la tierra, entre otros.

“Los sectores no están preparados para mantener las exportaciones a la Unión Europea, principalmente por falta de atención inicial de aquellos aspectos que requieren un trabajo coordinado del Estado, y con todos los actores”, señala Angélica Fort, gerente de Acuerdos Sectoriales para la Producción Sostenible para Solidaridad. “Un trabajo coordinado, no solo podría hacernos cumplir con la norma, sino incrementar nuestras exportaciones en los años siguientes. Requerimos una transformación sectorial hacia la competitividad y sostenibilidad, ya que el sector ha estado desarticulado por mucho tiempo.”

Diversos expertos presentes en el evento coinciden en que, para lograr esta transformación sectorial y la sostenibilidad a largo plazo, es necesario incrementar la rentabilidad y la productividad en el campo. Para ello, Fort menciona la importancia de un buen sistema de comunicación que informe sobre los costos de producción, promueva la formalidad, y facilite el acceso a tecnología y servicios para los productores.

El estudio también señala la importancia de trabajar articuladamente con el Estado y su responsabilidad para garantizar la seguridad jurídica en el corto plazo. Esta sinergia incluye la recopilación de datos y el monitoreo de la no deforestación, ambos requisitos indispensables para asegurar el cumplimiento de la norma.

Frente a estos desafíos, el gobierno peruano ha estado logrando avances notables, como la georreferenciación y empadronamiento agrario. "Tenemos la ubicación referencial de cerca del 80 % de los productores de cacao, café y palma en el Padrón de Productores Agrarios, aunque la mayoría de las parcelas aún no cuentan con una georreferenciación precisa", comenta Javier Martínez, director de la Dirección de Estudios Económicos del MIDAGRI.

Los representantes de diversos sectores presentes en el evento resaltaron la importancia de acercar el diálogo y la comunicación entre empresas, consumidores y productores, en miras a sectores más sostenibles. De esta manera, concluyeron, la regulación europea se podría presentar como una gran oportunidad.

https://ciperu.lamula.pe/2023/10/20/de-la-amazonia-a-europa-impactos-del-reglamento-europeo-de-no-deforestacion-en-cadenas-de-valor-del-cafe-y-cacao/ciperu/

8 de noviembre de 2022

Pueblos indígenas exigen medidas urgentes para proteger la Amazonía

Sally Jabiel

El bosque tropical podría alcanzar un punto de no retorno en 2025. Los títulos de propiedad, la restauración y los canjes de deuda por naturaleza podrían ayudar a proteger el 80%

Las alarmas ya venían sonando. En los últimos dos años, diversos estudios científicos alertaron del punto de no retorno de la Amazonía, debido a las altas tasas de deforestación y degradación. Ahora, una reciente investigación advierte que en menos de tres años el mayor bosque tropical del mundo —847 millones de hectáreas— llegará a un punto irreversible que daría paso a su muerte progresiva: el aumento de las emisiones de carbono que podrían desestabilizar el clima del planeta y los esfuerzos para mitigar el calentamiento global.

A inicios de septiembre, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) publicó el informe La Amazonía a contrarreloj: dónde y cómo proteger el 80% al 2025 en medio de las actividades de la V Cumbre Amazónica de Pueblos Indígenas realizada en Lima. Y los resultados son preocupantes, hasta poco optimistas. Según datos analizados desde 1985 hasta 2020, la deforestación y la degradación afectan el 26% de toda la región amazónica. De ese porcentaje, el 20% (un área tres veces el tamaño de Francia) ha sido transformado principalmente en cultivos o pastizales para ganado.

Para el ecólogo y director ejecutivo del Instituto del Bien Común, Ernesto Ráez Luna, los plazos ya se vencieron. “El 2025 no es un tiempo límite, sino el reflejo de la urgencia de tomar acciones enérgicas”, dijo a Diálogo Chino. “El punto de no retorno implica un gigantesco pulso de emisiones (de dióxido de carbono) que descarrilará cualquier esfuerzo humano por frenar un trastorno climático catastrófico”. De hecho, algunas zonas de la Amazonía, en particular en Brasil, ya están emitiendo más carbono del que capturan, de acuerdo a un estudio publicado por la revista Nature en 2021.

En ese sentido, la protección de la Amazonía es urgente. Ese es el llamado que encabeza la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) —que representa a 511 pueblos indígenas de los nueve países amazónicos— con el fin de proteger el 80% de los bosques y evitar el temido punto de inflexión. Se trata de una meta aprobada el año pasado en el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de la que surgió la coalición Amazonía por la vida: proteger 80% al 2025.

“Queremos hacer un quiebre porque los gobiernos no van a cumplir la meta del 2030, y después dirán que para el 2060 y ya no hay tiempo”, dijo a Diálogo Chino, José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la COICA, en referencia al ritmo de las negociaciones climáticas. “Nosotros queremos proteger el 80% de la Amazonía y para eso necesitamos otro modelo económico que respete y permita la vida. Si no lo hacemos, nos estamos condenando a la extinción”.

La agonía de la Amazonía

Solo Brasil y Bolivia son responsables del 90% de la deforestación y degradación amazónica, según el informe de la RAISG. En ambos países, la sabanización —transformación de los bosques tropicales en entornos similares a la sabana—, es una realidad que impacta el 34% del lado brasileño y el 24% del boliviano.

Por si fuera poco, el pasado agosto, Brasil registró un nuevo récord de incendios forestales, que es el más alto de los últimos 12 años, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

Algo para resaltar, es que la mayor parte de la deforestación amazónica (86%) tuvo lugar fuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas. Para Marlene Quintanilla, autora principal del estudio, es la evidencia de que “un área titulada bajo territorio indígena tiene una alta garantía de ser conservada”. “Aunque los pueblos indígenas no tienen presupuestos nacionales, sus medios de vida y la forma en que miran a la Amazonía han incidido de manera muy positiva en su conservación”, precisó la directora de investigación y gestión del conocimiento en la Fundación Amigos de la Naturaleza.

Sin embargo, los territorios indígenas no están exentos de amenazas. La ampliación de la frontera agrícola —una de las principales causas de deforestación— fue del 160% en tierras indígenas y de 220% en áreas protegidas entre los años 2001 y 2018.

A eso se suma el asesinato de sus líderes, siendo la Amazonía de Perú y Brasil la zona de mayor riesgo, según un reporte de Global Witness. En 2020, tres de cada cuatro crímenes contra defensores ambientales tuvo lugar en la región amazónica de ambos países, que siguen sin ratificar el Acuerdo de Escazú.

“La cuenca amazónica ha sido blanco de muchos gobiernos que la usan como moneda de cambio, como el actual de Brasil”, dijo al respecto Angela Kaxuyana de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, durante la presentación de la investigación. “La falta de conciencia con los pueblos indígenas y el intercambio de nuestros territorios ha ocasionado también la muerte de quienes defienden la Amazonía, una masacre que no podemos seguir permitiendo”, demandó en relación al asesinato de dos defensores guajajara en Maranhao la primera semana de septiembre.

Las amenazas latentes

A pesar de que la actividad agropecuaria —sobre todo la ganadera— sigue siendo la principal impulsora de la deforestación, el 66% de la Amazonía está sujeta a otros tipos de presiones fijas o permanentes, como la minería, la industria petrolera, las centrales hidroeléctricas, y la construcción de carreteras, según el estudio de RAISG. “Si bien estas vienen generando cambios que no se pueden detectar de forma tan profunda por imágenes satelitales, en su conjunto sí están creando una presión permanente”, dijo la investigadora Quintanilla. Los bloques petroleros ocupan poco más del 9% de la Amazonía, 80 millones de hectáreas que son equivalentes a casi dos veces el tamaño de Japón. En toda la región, el caso más inquietante es Ecuador, donde más de la mitad de sus bosques amazónicos ya son un bloque petrolero —o están destinados a serlo— del cual proviene cerca del 90% del crudo exportado con destino principal a los Estados Unidos. Le siguen Perú con el 31% cubierto por campos petrolíferos, Bolivia con 29% y Colombia con 28%.

También la Amazonía ecuatoriana, que representa el 2% de la superficie del bioma, concentra el 18% de las hidroeléctricas, un alto porcentaje solo superado por Brasil que tiene la mitad de las centrales. “Las hidroeléctricas ejercen una presión muy importante porque cambian completamente la dinámica hídrica natural, a lo que se suma la red de vías que ha ido en aumento, fragmentando aún más los ecosistemas”, precisó Quintanilla.

Al respecto, el ecólogo Ráez Luna enfatizó que los países amazónicos “deben abandonar estos proyectos de inversión en vías de penetración y explotación de hidrocarburos”. “Hay que repeler los procesos activos destructivos sobre la Amazonía, como el cuadrángulo criminal de la minería de oro, la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre y el narcotráfico”, añadió.

Titulación de tierras en disputa en la Amazonía

Para evitar el punto de no retorno, el informe de RAISG propone una serie de soluciones, entre las cuales la principal es garantizar los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de 100 millones de hectáreas de sus territorios todavía sin titular.

Tanto las áreas protegidas y los territorios indígenas salvaguardan la mitad de la Amazonía; sin embargo, el resto no tiene ningún tipo de designación y corre el peligro de desaparecer. Según el reporte, las áreas no designadas registran los niveles más altos de transformación y degradación, que llegan a ser hasta ocho veces mayores que en territorios indígenas.

Para Díaz Mirabal, coordinador de la COICA y líder de la etnia wakuenai kurripaco de Venezuela, la titulación es una obligación moral y ambiental con toda la humanidad. “El Panel Científico por la Amazonía y otros estudios están diciendo que el 80% de los ecosistemas mejor conservados del planeta están en nuestros territorios. Entonces, ¿qué más esperan los países para titular?”, dijo Díaz a Diálogo Chino. “Además hay una relación directa entre la destrucción de nuestro hogar y los asesinatos a líderes y lideresas, por eso el reconocimiento de nuestros derechos es una solución urgente”, sentenció.

Aunque la titulación es imperativa, según el ecólogo Ráez Luna, es insuficiente. “Es necesario reparar el daño ya causado a la Amazonía”, indicó. Precisamente, en el informe de la RAISG se demanda la restauración del 6% de tierras con alta degradación. “Se deben restaurar incluso muchos territorios indígenas ya titulados, pero ecológicamente degradados, que ya no ofrecen medios de vida suficientes para el bienestar de las comunidades”, dijo el experto.

Canjear deuda externa para proteger la Amazonía

Otra de las soluciones que anunció la coalición tiene que ver con la deuda externa de los nueves países que conforman la Amazonía. La propuesta es la condonación a cambio del compromiso de proteger el 80% de los bosques amazónicos. Dicho en otras palabras: canje de deuda por naturaleza.

Para Tuntiak Katán, vicecoordinador de la COICA, la deuda externa impulsa de forma sistémica las actividades extractivas y la destrucción en toda la región. “Planteamos la condonación como una medida de protección inmediata para paliar los desafíos económicos que atraviesan nuestros países”, afirmó. “Los países industrializados y las instituciones financieras internacionales asumirían así la responsabilidad de salvaguardar el planeta, mitigar el cambio climático y aliviar la presión sobre la Amazonía”.  Por ejemplo, en Colombia, que ostenta cerca del 6% de la Amazonía, el canje de la deuda externa por salvar y recuperarla ya está en la agenda del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Para los líderes indígenas, esta es una señal de esperanza en la región. “En nuestros países tenemos muchos recursos naturales, pero ni han nacido nuestros hijos y ya tienen la deuda externa. La condonación de la deuda es una aspiración muy antigua de América Latina”, dijo Díaz Mirabal.

De esa misma manera, expertos en Ecuador ven como una opción viable el canje de deuda por naturaleza, y opinan que el nivel de endeudamiento limita mucho la capacidad de los países para conservar estos recursos o desarrollar usos sostenibles de los mismos.

También destacan las posibilidades de que acreedores como China —que ha dado un giro discursivo hacia la «civilización ecológica«— desempeñen un papel en estos intercambios potencialmente transformadores. “Si Ecuador y China se ponen de acuerdo para reorientar las finanzas públicas hacia la resiliencia a largo plazo de la Amazonía ecuatoriana, es posible empezar a construir un futuro post-petróleo para el país, basado en el desarrollo sostenible de sus vastos recursos naturales”.

Sally Jabiel. Periodista peruana que escribe sobre temas relacionados a la crisis climática, el feminismo y la desigualdad. Su trabajo ha aparecido en El País, Distintas Latitudes y Migraciones Climáticas.

2 de junio de 2022

La riqueza, el desarrollo y la responsabilidad climática, ¿quién está agotando los recursos del planeta?

Juan F. Samaniego

Un estudio cuantifica la responsabilidad histórica de cada país en la crisis ecológica actual teniendo en cuenta el uso de los recursos en el último medio siglo. Estados Unidos y la Unión Europea lideran este ‘ranking’ extractivo.

Desde el pasado 12 de mayo España vive de prestado. Ha superado su día de la sobrecapacidad. Algunos países, como Catar o Luxemburgo, alcanzaron esta fecha ya en febrero, mientras el resto de naciones europeas, Australia, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur o Japón lo hicieron entre marzo y mayo. A nivel global, el día de la sobrecapacidad del planeta se alcanzará este año en el mes de julio. Es decir, a partir de entonces estaremos consumiendo más recursos de los que la Tierra es capaz de generar en 12 meses.

La medida de la sobrecapacidad es muy clara a nivel comunicativo: ilustra a la perfección el desequilibrio entre las necesidades de nuestras sociedades y los recursos y balances del sistema planetario. Sin embargo, parece responsabilizar demasiado al individuo (consumimos más de lo que la Tierra genera) y oculta otros desequilibrios, como el existente entre el Norte y el Sur Global. Al fin y al cabo, no todos contribuimos de la misma forma a la sobreexplotación de la Tierra.

Una fuga de recursos 

El sistema Tierra tiene una serie de límites, fronteras que no deberíamos sobrepasar si queremos seguir manteniendo su estabilidad a largo plazo. Los gases de efecto invernadero, la contaminación química y plástica o la destrucción de la biodiversidad marcan algunas de estas líneas rojas. Casi todos los límites planetarios se relacionan, de una forma u otra, con nuestra creciente necesidad de materiales. Cada año, se extraen 90.000 millones de toneladas de materias primas del planeta. 

«Los ecologistas industriales estiman que el máximo nivel seguro es de alrededor de 50.000 millones de toneladas por año. Es decir, tenemos que recortar a la mitad el uso de recursos globales», señala Jason Hickel, investigador del instituto de desigualdad de la London School of Economics de Reino Unido, afiliado también al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona. Junto a otros economistas y antropólogos, ha publicado un estudio que cuantifica la responsabilidad histórica de cada país en la crisis ecológica actual teniendo en cuenta el uso de los recursos en el último medio siglo. 

Y no hay sorpresas (aunque los datos sean impactantes). La desigualdad entre ricos y pobres es evidente. Entre 1970 y 2017, los países ricos han sido responsables del 74% del exceso de consumo de materiales a nivel mundial. Estados Unidos, con el 27%, y la Unión Europea (incluyendo a Reino Unido), con el 25%, lideran este ranking extractivo. El consumo de China, que hasta finales del siglo XX se había mantenido dentro de los límites planetarios, se ha disparado en las últimas dos décadas. El gigante asiático es responsable del 15% del exceso de uso de materiales en el periodo estudiado. 

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 Porcentaje de responsabilidad por regiones del uso excesivo de recursos entre 1970 y 2017. THE LANCET 

En el otro lado de la balanza, el llamado Sur Global (es decir, los países de ingresos medios y bajos de América Latina y el Caribe, África, Oriente Medio y Asia) es responsable del 8% del exceso de consumo de recursos. La desigualdad es todavía más evidente si se observan los datos per cápita. En Australia cada persona consume 27 toneladas más de recursos de las que serían sostenibles en un año, cuatro veces más que un habitante de China y siete veces más que uno de Brasil. En este enlace puede consultarse el consumo de materias primas de cada país y comparar la responsabilidad del Norte y el Sur Global. 

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El desequilibrio no termina aquí, ya que buena parte de los recursos que hoy consumen los países más ricos no están en su propio territorio sino que se extraen en las naciones pobres. Otro estudio, liderado también por Hickel, estimó con datos de 2015 que el Norte Global se apropia anualmente de 12.000 millones de toneladas de materias primas, 822 millones de hectáreas de tierra o 21 exajulios de energía del Sur Global, entre otros elementos. En total, suman más de 10 billones de dólares. Una fuga incesante de recursos que ha cimentado el desarrollo de unos pocos a costa del resto del globo y de la estabilidad medioambiental del planeta. 

Es hora de echar el freno 

La lectura de la crisis climática y de biodiversidad en clave colonial es clara y, según los autores, no puede obviarse en la búsqueda de salidas al laberinto medioambiental en el que nos hemos metido. «Físicamente es imposible que todas las personas del planeta consuman al nivel de los países ricos. Los países ricos necesitan reducir el uso que hacen de los recursos del planeta para dar cabida al desarrollo de los países pobres. Necesitamos una convergencia radical en la economía mundial», señala Hickel. 

Para el economista y antropólogo, el debate sobre las soluciones al cambio climático no debería girar tanto alrededor de transiciones energéticas o soluciones tecnológicas, sino alrededor de la necesidad de redistribuir el desarrollo. «Necesitamos energía limpia, por supuesto, y la necesitamos rápido. Pero las renovables no surgen de la nada. Necesitan materiales para fabricar baterías, paneles solares y turbinas eólicas que tienen un impacto ecológico», añade Hickel. 

«Cuanto más crece la economía, más energía utiliza, lo que significa que incluso si tenemos energía 100% renovable, esto implicará un uso creciente de recursos y un impacto ecológico. No debemos aspirar al crecimiento constante, debemos limitar nuestro uso de energía a lo que sea necesario para satisfacer las necesidades humanas, para que todos puedan vivir vidas decentes», reflexiona el investigador. 

La salida es, pues, que los países desarrollados sigan la senda del decrecimiento para dejar cierto espacio para el desarrollo de los demás países. El estudio permite concluir que los países ricos necesitan reducir su uso de recursos en más del 70% para alcanzar niveles sostenibles. «La evidencia existente muestra que esto no se puede lograr si continúan persiguiendo el crecimiento económico», concluye Jason Hickel. «Sabemos que es posible garantizar una buena vida para todos con muchos menos recursos que los que utilizan actualmente los países ricos, pero requiere transformar la economía para centrarse en las necesidades y el bienestar humanos en lugar del crecimiento empresarial». 

12 de noviembre de 2021

Perú: Selva acosada

Hernán P. Floríndez

El pasado 1 de noviembre murió, tras una larga agonía, el apu Agustín Ampush Tseje, vicepresidente de la Federación Nativa Awajún del Río Apaga. Ampush era uno de los awajún que lideraba la toma de las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano en Loreto desde hace un mes. En la comunidad están convencidos de que la causa de la muerte fue beber agua contaminada cerca del pozo petrolero.

“Cuando hicimos el control territorial del lote se apagó el motor de la empresa que dotaba de agua a la zona y tomamos agua de un chorro que antiguamente era de consumo humano. Pero como la Estación 5 no tiene dónde botar los desechos decontaminación, esa agua ya no está limpia. Los hermanos que tomaron agua de ahí se enfermaron. Fueron entre 30 y 40 personas las que tuvieron males estomacales. Ampush también se enfermó, tuvo que volver a la comunidad, pero ya no se recuperó”, cuenta Jhoel Musolini, quien también participa en las protestas indígenas.

Las demandas del último “paro amazónico” son tan extensas como antiguas. Exigen desde la descontaminación de todas las áreas impactadas por los más de 500 derrames de petróleo en los últimos 20 años hasta la instalación de servicios básicos como salud y educación intercultural.

James Pérez, dirigente que representa a la comunidad awajún en la toma del Lote 95, explica que en el 2017 acordaron un “Plan de Vida Postpetróleo”, pero hasta ahora todo ha quedado en un papel sin ningún impacto real.

“Parece que actualmente el petróleo en Loreto no aporta tanto al PBI como antes, por eso no nos hacen caso. Entonces, si el petróleo ya no es de interés nacional, nosotros estamos pidiendo el abandono de los lotes, que las empresas petroleras se retiren y el cierre de las actividades. Ahora apostamos por el diálogo pero no sé por cuánto tiempo más”, dice Pérez.

En el Perú existen más de 4 millones de indígenas de 55 etnias distintas. Cincuenta y uno son pueblos originarios de la Amazonía y cuatro de los Andes. Según el INEI, sólo el 29,3% de esta población tiene acceso a electricidad, el 18,6% tiene red pública de agua y el 7,1% tiene un sistema de alcantarillado. A estas carencias hay que sumarle el 43,8 % de los niños de 3 a 6 años que padecen anemia, cifra de un informe de CEPLAN del 2020.

“Nacer en una comunidad indígena no debería ser una condena”, dice Zoila Merino, de la comunidad bora y dirigente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).

El problema, explica Merino, es que los escasos proyectos de infraestructura que se destinan a la zona no están orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y buena parte de ellos termina promoviendo la deforestación de su territorio y abriéndole paso a las organizaciones criminales, especialmente las mafias de la tala ilegal y del narcotráfico.

“(…) Es que no conocen el lugar y creen que basta abrir una gran carretera en nuestro territorio. No solo deforestan sino que comienzan a asentarse colonos que se dedican a la coca, a la tala. Entonces estamos en peligro. Reclamamos que las carreteras no debería ser tan grandes y que le den prioridad al transporte fluvial, pero nos ven como obstruccionistas cuando deberían consultarnos antes de empezar”, dice Merino.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) prevé que el plan de “reactivación económica” originará nuevos conflictos en la Amazonía. Los dirigentes consideran especialmente crítica la ejecución de grandes proyectos viales como la construcción de 102 km de la vía departamental Bolognesi-Breu (Ucayali) y el Corredor Vial Cusco-Madre de Dios de 273 km.

Ambas carreteras atravesarán territorios de comunidades indígenas que se oponen a estas vías. Temen, además, que “la falta de visión amazónica del sector Transportes deje estancados otros proyectos como la elaboración de una red de transporte fluvial sostenible, moderno y seguro”, señala AIDESEP en uno de sus últimos comunicados.

Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, advierte que la ley de consulta previa tiene una trampa. Este mecanismo sólo se pone en práctica en caso de proyectos extractivos. Cuando se trata de construir carreteras o líneas de transmisión eléctrica, por ejemplo, no hay ninguna obligación legal de preguntarles a las comunidades afectadas.

“Cuando dicen proyectos públicos sin consulta piensan en este concepto de ‘desarrollo’ de las ciudades. ¿Qué era desarrollo para Alan García? Hacer corredores para mineras, carreteras para entrar al mercado brasileño, pero ¿por qué no preguntan qué es desarrollo para los pueblos indígenas? Por ejemplo, buscan llevar electricidad de Moyobamba a Iquitos, pero para ello se requiere una línea de 600 kilómetros y deforestar a cada lado de la línea 550 metros. Ambientalmente es complicado”, dice Ruiz.

“La consulta previa tiene un defecto estructural: el león y el ratón no se van a poner de acuerdo. Un diálogo con esa asimetría no va a resolver los conflictos. Por eso los esfuerzos de las organizaciones apuntan ahora a la titulación de sus tierras”, apunta el abogado.

A la fecha, hay 650 comunidades nativas a las que no se les ha reconocido como dueñas de su territorio ancestral. Los procesos de titulación son engorrosos, caros y requieren de asesoría especializada. Sin los títulos de propiedad los indígenas no pueden reclamar sus derechos y muchas comunidades han comenzado a ser invadidas por narcotraficantes y traficantes de madera. Desde que empezó la pandemia, según cifras de la Defensoría del Pueblo, diez líderes indígenas han sido asesinados por desafiar a las mafias que los acechan.

Los gobiernos regionales también se han sumado al festín. Aprovechando los vacíos legales, se han lanzado al negocio de las concesiones forestales.

“Hay comunidades que están con 15 o 20 años de espera para ser reconocidas con su título de propiedad, pero el gobierno regional termina dándoselo a colonos que luego lo venden a empresas extranjeras. El título es el primer paso para mejorar las condiciones de vida, para firmar convenios, expulsar invasores, hacer proyectos con los gobiernos locales. Somos miles de miles de hermanos que estamos agotados con esta espera, pero también queremos evitar una lucha más radical, queremos evitar derramamiento de sangre”, indica Richard Rubio, líder kichwa y exvicepresidente de AIDESEP.

La abogada Siu Lang, de la ONG CooperAcción, cuenta que ha registrado cómo la minería ilegal se ha multiplicado en la cuenca del río Cenepa desde que empezó la pandemia. “Antes documentábamos dragas pequeñas en los ríos, ahora hay grandes campamentos que están vertiendo los desechos directamente y muy cerca están las bases militares. A pesar de las denuncias, no hay control. Ya no solo hay deforestación en las comunidades indígenas que conocemos sino también cerca de las comunidades en aislamiento”, explica.

En 2020, según la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Perú perdió 203,272 hectáreas de bosques amazónicos. La peor cifra en 20 años.

“Luchamos y cuidamos 14 millones de hectáreas en el Perú. Está en nuestro ADN defender el territorio indígena”, dijo Jorge Pérez, presidente de AIDESEP, el pasado 3 de noviembre en la COP26. Sin embargo, uno de sus pedidos más antiguos es el más olvidado: declarar la intangibilidad de los territorios vírgenes donde habitan, según las estimaciones oficiales, 8,000 indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial (PIACI).

Actualmente existen siete reservas de conservación, pero la ley permite que sean explotadas si se trata de hidrocarburos o alguna otra actividad a la que se le pueda estampar el sello  “de interés público”.

La consecuencia de esta contradicción acarrea, por ejemplo, que la reserva para pueblos aislados Yavarí-Tapiche (Loreto) tenga 10 concesiones forestales superpuestas. Y que en el territorio de Yaraví-Mirim haya otras 66 concesiones. En conjunto suman cerca de 600 mil las hectáreas de bosque concesionado a empresas madereras en bosques vírgenes en los que habitan tribus no contactadas.

Para Beatriz Huertas, antropóloga de ORPIO, este es uno de los mayores atentados contra la conservación de bosques e indígenas en aislamiento. Según sus últimos estudios –argumenta Huertas– no existe otra zona que presente mayor concentración de etnias no contactadas como la del Corredor Territorial y de Bosques Continuos Yavarí-Tapiche.

“Hacer pactos de no deforestación y concesionar así el bosque convierte en una ilusión frenar el cambio climático. Pasan los años y no solo se agravan los problemas ambientales sino también el descontento. El paro amazónico va a radicalizarse a medida de que los problemas y la falta de respuesta continúen”, indica la especialista. No es una amenaza. Es la conclusión que cualquiera podría sacar echando un vistazo al vecindario.

Chile y Ecuador, con una población indígena mucho más pequeña que el Perú, están padeciendo la furia de las  comunidades indígenas.

A inicios de octubre, cerca de un millar de mapuches y simpatizantes tomó el centro de la capital chilena exigiendo la restitución histórica de tierras de las que fueron despojados en el siglo XIX. Hoy ese territorio está en manos de empresas forestales.

El movimiento mapuche ha sido tan consistente y organizado en los últimos años que una de sus representantes preside la Convención Constituyente encargada de elaborar la nueva carta magna.

El pasado martes un tren de carga se descarriló en la región de La Araucanía. Las autoridades sospechan que no fue un accidente. Tras el siniestro, los vagones fueron incendiados. A mediados de octubre Sebastián Piñera había decretado la militarización de la zona sur de Chile.

El gobierno del conservador Guillermo Lasso quedó en jaque el pasado 27 de octubre. Luego de una semana de movilizaciones en contra del aumento del precio de la gasolina, los movimientos indígenas tomaron las principales carreteras de nueve provincias y de la capital. “La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador está cohesionada por el nivel de desigualdad que viven. Donde más se sacrifica la naturaleza, donde más se contamina y donde más se quitan los derechos a tierras colectivas, ahí encuentras las mayores necesidades desde hace 50 años. ¿Quién va a resistir eso?”, dice Gabriela Ruiz, reportera ecuatoriana.  

Ramiro Escobar, periodista especializado en medio ambiente y política internacional, explica que en el Perú la olla lleva tiempo calentándose y podría comenzar a hervir en cualquier momento. Si bien hay diferencias respecto a Ecuador y Chile, los indígenas están “en medio de un creciente proceso de politización” y organización local. “Ya tenemos convulsiones internas protagonizadas por indígenas (...) en algún momento podría ocurrir una convulsión de mayor envergadura, tal vez de alcance nacional y más si se logran organizar los indígenas de la selva con los reclamos del ande. Los vínculos existen, pero aún falta una organicidad como la de Ecuador”, dice Escobar.


Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°564, del 05/11/2021   p30