USA intenta controlar recursos acuáticos de los países soberanos

Jorge Sánchez

En nuestro mundo los países siempre lucharon y siguen luchando por el derecho de controlar y utilizar los recursos naturales. Recientemente, el petróleo con sus reservas no exploradas se unió a la competición. La mayor parte de la gente está convencida de que el petróleo es el recurso más valioso de nuestra tierra. Lo curioso es que se olvida que desde los tiempos antiguos la lucha es abiertamente por el agua. Hoy dicha confrontación es discreta, pasa al nivel diplomático. Los políticos previsores ya saben que para el 2030 millones de personas se quedarán sin acceso a servicios de agua potable. El agua como un recurso se agota por el crecimiento de la población.

Se entiende mejor la gravedad del problema cuando unos países consideran el escaso del agua como amenaza directa a su seguridad nacional. Por ejemplo, a principios de junio de 2022 la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris declaró que la mayor parte de los intereses nacionales estadounidenses está vinculada directamente con el nivel suficiente del agua. Se trata sobre aguas dulces y superficiales entre otras.

En su discurso Harris presentó El Plan de Acción de la Casa Blanca sobre Seguridad Hídrica Global según el cual Washington debe jugar uno de los papeles principales en resolver el problema mencionado por amenaza global a su seguridad nacional.

En otro documento gubernamental (Estrategia Global del Agua de Los Estados Unidos 2022-2027, U.S. Goverment Global Water Strategy 2022-2027) están plasmadas ambiciones concretas de encabezar el proceso de distribución de recursos acuáticos y su control total. Globalmente Washington pretende mejorar la salud, prosperidad, estabilidad y asegurar el acceso a servicios de agua potable para todos. En particular, entre todos los objetivos declarados está previsto reforzar la gobernanza del sector del agua y saneamiento. Además, anticipar y reducir los conflictos y la fragilidad relacionados con el agua (Starategic Objective 4: Anticipate and Reduce Conflict and Fragility Related to Water).

Para cumplir dichas tareas globales está prevista la participación estadounidense en todos los procesos de control y gobernanza, incluso si acontecen en los países extranjeros. Lo que es aún más interesante es la selección del país que podría recibir la ayuda de la Casa Blanca. Según el documento, el gobierno estadounidense debe centrar sus inversiones y actividades en las zonas geográficas donde la participación estadounidense corresponde de la mejor manera a sus intereses nacionales.

Entre otras cuestiones ambiciosas Estados Unidos ofrece desarrollar órganos subnacionales que trabajarán juntos en la gobernanza de aguas. Se destaca que los organismos locales y su política son débiles en el marco del manejo. Además, por el agotamiento de recursos aumenta la cantidad de conflictos entre los países por el manejo de aguas comunes. Según Washington, se puede evitar tales confrontaciones mediante acuerdos de gobernanza común. Si dejamos a un lado el lenguaje diplomático se trata de la primera etapa de intervención discreta por parte de Estados Unidos.

Entonces, el objetivo principal de EEUU es minimizar los conflictos vinculados con el agua. Una de las soluciones ofrecidas no oficialmente es convertir los recursos acuáticos de un estado soberano en bienes comunes accesibles para todos. Se necesita emprender reformas institucionales adaptadas al contexto para la administración pública de las masas de agua que la reconozcan en las infraestructuras relacionadas como bienes comunes Así el capitalismo juega al socialismo.

Diferentes entidades y organismos llevan a cabo su actividad para lograr los objetivos mencionados. El ministerio de defensa también está en esas filas. Recientemente, el Centro global de la seguridad de agua de la Universidad de Alabama informó que se lanza una cooperación estrecha entre el Centro y el Pentágono en los marcos de pronosticar amenazas a la seguridad nacional.

El punto final de esa actividad estadounidense es el cumplimiento de sus objetivos nacionales. Pero ¿cómo puede llevar a cabo su política en la palestra internacional?

La respuesta exacta la ha dado el encargado especial del presidente estadounidense para el Medio Ambiente, John Kerry. El político anunció que la Casa Blanca posee medidas diplomáticas y represivas para que otros países sigan la política contra el cambio climático. En los marcos de la defensa del clima y el agua Estados Unidos puede intervenir en la política interior de los países extranjeros e incluso corregirla por motivos ecológicos.

Ya en marzo de 2022 el secretario de Estado, Antony Blinken, instó a los países a actuar para fortalecer la seguridad del agua para todos. Los funcionarios y los medios estadounidenses empezaron a popularizar la idea según la cual un país no posee sus recursos acuáticos, solo son bienes comunes.

A modo de ejemplo: Si en EEUU no quedara agua dulce la Casa Blanca tiene derecho a utilizar y sacar los recursos brasileños o mexicanos. En lugar de comprarlos podría utilizarlos como bienes comunes. Aparece una pregunta lógica ¿por qué deben Brasil o México ir contra sus intereses y ceder paso a los estadounidenses? Cada país tiene sus propios ríos, lagos y en algunos casos mares. Cada estado tiene obligación de guardar sus recursos y no cederlos a otros países.

Actualmente el Gobierno estadounidense intenta tomar bajo su control parcial los recursos acuáticos de los países más pobres de América Latina. Cualquier estadística mundial asegura que dicha región tiene agua de baja calidad. En unos casos, la población no tiene acceso a agua dulce o potable. Son las condiciones perfectas para que EEUU se erija como hermano mayor para América Latina. Aunque el precio de esa hermandad pudiera ser costoso y dejarte sin control y soberanía de tus propios recursos acuáticos.

Jorge Sánchez. Periodista de telegram canal La Jirafa.

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La riqueza, el desarrollo y la responsabilidad climática, ¿quién está agotando los recursos del planeta?

Juan F. Samaniego

Un estudio cuantifica la responsabilidad histórica de cada país en la crisis ecológica actual teniendo en cuenta el uso de los recursos en el último medio siglo. Estados Unidos y la Unión Europea lideran este ‘ranking’ extractivo.

Desde el pasado 12 de mayo España vive de prestado. Ha superado su día de la sobrecapacidad. Algunos países, como Catar o Luxemburgo, alcanzaron esta fecha ya en febrero, mientras el resto de naciones europeas, Australia, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur o Japón lo hicieron entre marzo y mayo. A nivel global, el día de la sobrecapacidad del planeta se alcanzará este año en el mes de julio. Es decir, a partir de entonces estaremos consumiendo más recursos de los que la Tierra es capaz de generar en 12 meses.

La medida de la sobrecapacidad es muy clara a nivel comunicativo: ilustra a la perfección el desequilibrio entre las necesidades de nuestras sociedades y los recursos y balances del sistema planetario. Sin embargo, parece responsabilizar demasiado al individuo (consumimos más de lo que la Tierra genera) y oculta otros desequilibrios, como el existente entre el Norte y el Sur Global. Al fin y al cabo, no todos contribuimos de la misma forma a la sobreexplotación de la Tierra.

Una fuga de recursos 

El sistema Tierra tiene una serie de límites, fronteras que no deberíamos sobrepasar si queremos seguir manteniendo su estabilidad a largo plazo. Los gases de efecto invernadero, la contaminación química y plástica o la destrucción de la biodiversidad marcan algunas de estas líneas rojas. Casi todos los límites planetarios se relacionan, de una forma u otra, con nuestra creciente necesidad de materiales. Cada año, se extraen 90.000 millones de toneladas de materias primas del planeta. 

«Los ecologistas industriales estiman que el máximo nivel seguro es de alrededor de 50.000 millones de toneladas por año. Es decir, tenemos que recortar a la mitad el uso de recursos globales», señala Jason Hickel, investigador del instituto de desigualdad de la London School of Economics de Reino Unido, afiliado también al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona. Junto a otros economistas y antropólogos, ha publicado un estudio que cuantifica la responsabilidad histórica de cada país en la crisis ecológica actual teniendo en cuenta el uso de los recursos en el último medio siglo. 

Y no hay sorpresas (aunque los datos sean impactantes). La desigualdad entre ricos y pobres es evidente. Entre 1970 y 2017, los países ricos han sido responsables del 74% del exceso de consumo de materiales a nivel mundial. Estados Unidos, con el 27%, y la Unión Europea (incluyendo a Reino Unido), con el 25%, lideran este ranking extractivo. El consumo de China, que hasta finales del siglo XX se había mantenido dentro de los límites planetarios, se ha disparado en las últimas dos décadas. El gigante asiático es responsable del 15% del exceso de uso de materiales en el periodo estudiado. 

 Porcentaje de responsabilidad por regiones del uso excesivo de recursos entre 1970 y 2017. THE LANCET 

En el otro lado de la balanza, el llamado Sur Global (es decir, los países de ingresos medios y bajos de América Latina y el Caribe, África, Oriente Medio y Asia) es responsable del 8% del exceso de consumo de recursos. La desigualdad es todavía más evidente si se observan los datos per cápita. En Australia cada persona consume 27 toneladas más de recursos de las que serían sostenibles en un año, cuatro veces más que un habitante de China y siete veces más que uno de Brasil. En este enlace puede consultarse el consumo de materias primas de cada país y comparar la responsabilidad del Norte y el Sur Global. 

El desequilibrio no termina aquí, ya que buena parte de los recursos que hoy consumen los países más ricos no están en su propio territorio sino que se extraen en las naciones pobres. Otro estudio, liderado también por Hickel, estimó con datos de 2015 que el Norte Global se apropia anualmente de 12.000 millones de toneladas de materias primas, 822 millones de hectáreas de tierra o 21 exajulios de energía del Sur Global, entre otros elementos. En total, suman más de 10 billones de dólares. Una fuga incesante de recursos que ha cimentado el desarrollo de unos pocos a costa del resto del globo y de la estabilidad medioambiental del planeta. 

Es hora de echar el freno 

La lectura de la crisis climática y de biodiversidad en clave colonial es clara y, según los autores, no puede obviarse en la búsqueda de salidas al laberinto medioambiental en el que nos hemos metido. «Físicamente es imposible que todas las personas del planeta consuman al nivel de los países ricos. Los países ricos necesitan reducir el uso que hacen de los recursos del planeta para dar cabida al desarrollo de los países pobres. Necesitamos una convergencia radical en la economía mundial», señala Hickel. 

Para el economista y antropólogo, el debate sobre las soluciones al cambio climático no debería girar tanto alrededor de transiciones energéticas o soluciones tecnológicas, sino alrededor de la necesidad de redistribuir el desarrollo. «Necesitamos energía limpia, por supuesto, y la necesitamos rápido. Pero las renovables no surgen de la nada. Necesitan materiales para fabricar baterías, paneles solares y turbinas eólicas que tienen un impacto ecológico», añade Hickel. 

«Cuanto más crece la economía, más energía utiliza, lo que significa que incluso si tenemos energía 100% renovable, esto implicará un uso creciente de recursos y un impacto ecológico. No debemos aspirar al crecimiento constante, debemos limitar nuestro uso de energía a lo que sea necesario para satisfacer las necesidades humanas, para que todos puedan vivir vidas decentes», reflexiona el investigador. 

La salida es, pues, que los países desarrollados sigan la senda del decrecimiento para dejar cierto espacio para el desarrollo de los demás países. El estudio permite concluir que los países ricos necesitan reducir su uso de recursos en más del 70% para alcanzar niveles sostenibles. «La evidencia existente muestra que esto no se puede lograr si continúan persiguiendo el crecimiento económico», concluye Jason Hickel. «Sabemos que es posible garantizar una buena vida para todos con muchos menos recursos que los que utilizan actualmente los países ricos, pero requiere transformar la economía para centrarse en las necesidades y el bienestar humanos en lugar del crecimiento empresarial». 

https://www.leerydifundir.com/2022/06/la-riqueza-desarrollo-la-responsabilidad-climatica-quien-esta-agotando-los-recursos-del-planeta/

La humanidad ha prosperado a costa de destruir la naturaleza

Eduardo Robaina

«Es necesario un cambio fundamental en la forma de pensar y enfocar la economía», concluye un estudio independiente sobre la economía de la biodiversidad.

La biodiversidad está disminuyendo a un ritmo mayor que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Si se quiere frenar esta pérdida y a la vez proteger y mejorar nuestra prioridad, «es necesario un cambio fundamental en la forma de pensar y enfocar la economía». Este es el mensaje que lanza este martes un estudio mundial independiente sobre la economía de la biodiversidad.

«Un crecimiento y un desarrollo económico verdaderamente sostenible implica reconocer que nuestra prosperidad a largo plazo depende de reequilibrar nuestra demanda de bienes y servicios de la naturaleza con su capacidad para suministrarlos», asegura el destacado economista Partha Dasgupta, profesor emérito de economía Frank Ramsey de la Universidad de Cambridge y que ha liderado este estudio de 600 páginas, encargado hace dos años por el gobierno británico. Según él, «hemos fracasado colectivamente en comprometernos con la naturaleza de forma sostenible».

Las tasas de extinción actuales son entre 100 y 1.000 veces superiores a la tasa de referencia y van en aumento, lo que socava la productividad, la resistencia y la adaptabilidad de la naturaleza y, a su vez, alimenta un riesgo e incertidumbre extremos para nuestras economías y nuestro bienestar, según apunta el estudio. Además, sus autores recuerdan que muchos ecosistemas –desde los bosques tropicales hasta los arrecifes de coral– ya se han degradado de forma irreparable o corren el riesgo inminente de llegar a un punto de inflexión.

«Aunque la humanidad ha prosperado inmensamente en las últimas décadas, la forma en la que hemos alcanzado esta prosperidad hace que se haya adquirido a un coste devastador para la naturaleza», señala el documento.

Y, como ocurre con casi todo, los que más pierden son los que menos tienen. También aquí: los países de renta baja, cuyas economías dependen más que las de los países de renta alta de los bienes y servicios de la naturaleza dentro de sus propias fronteras, son los que más pueden perder.

Por ello, el informe concluye en la necesidad de reformas urgentes y radicales para detener e invertir la erosión de nuestros bienes naturales, y establece las formas en que debemos tener en cuenta la naturaleza en la economía y la toma de decisiones.

En este sentido, Dasgupta recuerda la importancia que tiene el impacto de nuestras interacciones con la naturaleza en todos los niveles de la sociedad. Así, pone como ejemplo la actual pandemia: «Los efectos devastadores del COVID-19 y de otras enfermedades infecciosas emergentes –de las que el cambio en el uso de la tierra y la explotación de las especies son los principales impulsores– podrían ser solo la punta del iceberg si seguimos por el camino actual».

Según sus conclusiones, el producto nacional bruto (PNB) mundial per cápita se ha duplicado desde 1992, pero el ‘capital natural’, es decir, la estimación de los beneficios derivados de los servicios ofrecidos por la naturaleza, ha caído un 40% per cápita entre 1992 y 2014. «La naturaleza es nuestro hogar. La buena economía exige que la gestionemos mejor», pide Partha Dasgupta.

Para el naturalista David Attenborough, encargado del prólogo, «este informe completo e inmensamente importante nos muestra cómo al enfrentarnos a la economía y la ecología podemos ayudar a salvar el mundo natural y, al hacerlo, salvarnos a nosotros mismos». También se ha manifestado el primer ministro, Boris Jonhson: «Como coanfitriones de la COP 26 y presidente del G7 de este año, vamos a asegurarnos de que el mundo natural se mantenga en la cima de la agenda global».

El estudio apunta que invertir estas tendencias exige actuar ahora y que hacerlo ya ayudaría a alcanzar objetivos sociales más amplios, como abordar el cambio climático y aliviar la pobreza. Esto implica un cambio de paradigma: repensar radicalmente nuestra forma de pensar, actuar y medir el éxito económico, por ejemplo, dejando de lado el PIB como referencia de prosperidad y asegurándonos de que la naturaleza sea el centro de nuestra toma de decisiones económicas.

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Dar la vida por el planeta: en un 13% de los conflictos medioambientales se asesina a algún activista

Deutsche Welle (DW)

A pesar de la crisis sanitaria mundial, el asesinato a defensores del medio ambiente en América Latina no cesa. El último caso es el de Marvin Damián Castro Molina, coordinador de la secretaria de la juventud del Movimiento Ambientalista Social el Sur por la Vida (MASSvida) de Honduras.

Según un nuevo estudio elaborado con los datos del Atlas de Justicia Ambiental, una plataforma online que, desde 2012, cartografía los conflictos medioambientales en el mundo, en el 13% de los casos alguno de los activistas que defienden el medio ambiente son asesinados, en un 18% son víctimas de violencia y en un 20%, de criminalización. "El 40 por ciento de los casos los protagonistas pertenecen a pueblos indígenas", dijo a DW Joan Martínez-Alier, coordinador de la plataforma colaborativa.

En el caso latinoamericano, que protagoniza una cuarta parte de los conflictos medioambientales en el mundo, "hay más indígenas muertos en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, pero también hay algunos en Ecuador, Chile y Argentina". La alta participación de los pueblos originarios en este tipo de conflictos es porque "se defienden más que las otras poblaciones contra las depredaciones ambientales".

El estudio analiza 2.743 casos, las características de los defensores ambientales involucrados, las estrategias de movilización exitosas y los resultados de conflictos, además de su asociación con movilizaciones indígenas o no indígenas. De este modo, el informe pretende cerrar la brecha de la falta de investigación de los conflictos ambientales a nivel global y entenderlos mejor.

América Latina, rica en recursos y en activistas

"La promoción del modelo económico extractivista ha permitido el hostigamiento y asesinato de un gran número de defensores sociales y ambientales", recordó a DW Erika Castro Buitrago, investigadora en Derecho Ambiental en la Universidad de Medellín (Colombia). "En este modelo no existe un especial interés por el diálogo y la mirada a concepciones alternativas del ambiente y los derechos humanos", agregó.

La existencia de grandes recursos y los intereses que estos generan han hecho proliferar movimientos locales, que pueden llegar a unos quinientos, contra conflictos por acceso a tierras, agua y minería. Martínez-Alier calculó que "quizás hay unos cinco mil activistas ecologistas activos en América Latina, más de la mitad mujeres".

El éxito de la resistencia

Según el estudio, los activistas medioambientales consiguieron detener el 11% de los 2.743 conflictos ambientales en todo el mundo a través de diversos tipos de acciones. "Lo más efectivo es mezclar varias formas de movilización y sumar fuerzas", agregó el coordinador de EJAtlas apuntando al apoyo que pueden prestar científicos, profesionales o grupos religiosos a las causas que defienden campesinos indígenas.

En el caso latinoamericano, Martínez-Alier destacó el uso de las consultas populares destacando el éxito de las de Esquel en Argentina, Tambogrande en Perú y La Colosa en Tolima (Colombia). "A veces se dan bajo la  Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege a poblaciones indígenas, y otras por pura democracia local, para decidir sobre un proyecto minero y de extracción de petróleo, etc.", recordó.

"América Latina es la región del mundo en la que más países han ratificado el Convenio 169 y, sin embargo, se observa que en la práctica los avances en su aplicación dejan aún mucho que desear", dijo a DW Georg Dufner, director del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

Dufner comparó esta situación con la de Canadá, donde, a pesar de no haber ratificado dicho convenio, "entre el 80% y el 90% de los procesos de consulta a pueblos indígenas logran sentencias favorables y medidas compensatorias justas para las comunidades". Así, consideró que "el principal problema que sufren los pueblos indígenas latinoamericanos es justamente la debilidad, la ausencia, la falta de acceso, o la corrupción del sistema judicial en el subcontinente".

Acuerdo de Escazú, que no llega

"Cuando los Estados de América Latina tomen en serio a sus pueblos indígenas, disminuirán en número e intensidad estos conflictos que tanto perjudican al desarrollo de los países así como a las inversiones", dijo el directivo alemán.

Por otro lado, la región está a la espera de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un tratado sobre el acceso a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales. "Lo relevante aquí es su efectividad, su carácter vinculante y la sanción para aquellos países que no los cumplan. Incluso Costa Rica mantiene aún impune el asesinato de dos indígenas defensores de su territorio ancestral", recordó el coordinador del Atlas.

A pesar de ello, se trata de una herramienta que puede ser determinante en la reconstrucción de la región tras la pandemia, pues el coronavrius "aumenta la presión extractivista para pagar las deudas de cada país y hace la resistencia más difícil", concluyó Martínez-Alier.

(lgc)

Deutsche Welle.  Emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.

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