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25 de mayo de 2024

Perú: “Necesitamos repensar nuestro modelo económico hacia un modelo distinto”

Eduardo Zegarra   (Entrevista Enrique Patriau)

¿Cuál es la relación entre las cifras de la pobreza y la crisis política que atravesamos desde hace años? El economista e investigador Eduardo Zegarra responde en la siguiente entrevista. Argumenta que se necesita un nuevo modelo económico, porque el actual se agotó.

— ¿Hay una relación entre la pobreza y la crisis política-institucional?

—Yo creo firmemente que sí. Desde que la señora Fujimori no aceptó su derrota en el Gobierno de Kuczynski, estamos en una crisis política que ha contribuido de manera significativa al deterioro de las condiciones económicas del país, a varios niveles. La inestabilidad hace menos atractivo invertir, pero, también, ha contribuido en el deterioro grave de la gestión pública. La rotación de ministros es astronómica. El Congreso genera permanente inestabilidad institucional, interfiere en una serie de decisiones importantes, interfiere en el Poder Judicial. Esta crisis permanente sí es atribuible a la situación política. Si vemos a los países vecinos, están logrando volver a las cifras pospandemia.

La presidenta Boluarte dijo que la culpa de las cifras de la pobreza es por las marchas contra su Gobierno, a las que acusó de ser más destructivas que la Covid-19. ¿Qué piensa?

—Ya hay especialistas que han señalado que no se puede atribuir el fuerte aumento de la pobreza solo a las protestas sociales. El propio Banco Central de Reserva ha hecho un cálculo y le atribuye solo una parte marginal del deterioro económico a ese tema. Los asuntos centrales son el tema climático que ha afectado gravemente a la agricultura y ha elevado el precio de los alimentos, la recesión que se ha agudizado y que ha sido mucho más pronunciada en el segundo semestre —por tanto, lo que pasó en el primer semestre no parece haber tenido el que la presidenta pretende atribuirle— y la ausencia total de manejo y de políticas para revertir la situación. El Gobierno no ha podido enfrentar la sequía en la agricultura, no fue capaz de generar algún esquema de compensación para las familias más vulnerables y no fue capaz de reactivar la economía. El Plan Punche Perú no funcionó, prácticamente no generó ningún efecto. Y además la política monetaria restrictiva del BCR, al subir las tasas de interés para frenar la inflación, también tuvo un efecto recesivo. Hay varios elementos que indican que lo que pasó el año pasado es una configuración compleja.

¿De malas decisiones?

Es una parte de malas decisiones o de ausencia de decisiones de un Gobierno al que no le interesa el tema. La gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es un ejemplo. Se ha deteriorado gravemente la calidad y la capacidad de llegar a las familias más vulnerables. Y en política económica no hubo un plan de reactivación serio. Tenemos un Gobierno que se ha dedicado básicamente a sobrevivir.

Hasta ahora lo ha conseguido.

Sí, porque la mayoría en el Congreso quiere que la señora Boluarte llegue hasta el 2026 o que por lo menos su periodo se extienda hasta que puedan cumplir su agenda particular.

Habrá que ver hasta cuándo al Congreso le conviene seguir de la mano con un Gobierno con resultados tan pobres.


—Sí, pero es difícil saber si al Congreso le interesa su total descrédito, el repudio general.  Pareciera que no le interesa mucho. Obviamente, en la medida que se acerquen elecciones, eso puede cambiar. Por ahora creo que tienen la esperanza de lograr en los próximos meses el control de los organismos electorales para hacerse del poder sin tener que competir.

— ¿Cómo se explica que un país que supo tener altos niveles de crecimiento esté como esté en estos momentos?

—Yo pienso que el modelo económico que tenemos ya presentaba estos problemas desde hace tiempo. Lo que está pasando ahora no ha sido solamente causado por los últimos malos gobiernos y la crisis política. Ya había una falla de origen en el modelo económico.

¿Había un desgaste?

—Había un desgaste. Es un modelo económico que tiene dificultades para generar suficiente empleo de calidad, que no tiene suficiente diversificación, que está muy sometido a intereses particulares, en el sentido de que diversos sectores de la economía formal, informal e ilegal se han organizado para extraer rentas y no generar desarrollo económico. Cuando llegamos al 2020 y vimos que solo había 100 camas UCI nos dimos cuenta de que estábamos en un país que había generado un crecimiento económico interesante, pero que había fracasado totalmente en generar una red de protección social, de salud. A eso, súmele que nuestro sistema educativo también atravesaba una situación difícil, porque no habíamos dado un salto importante que sí dieron otros países para mejorar su competitividad. Desde los últimos años, cuando la señora Fujimori no aceptó su derrota, la parte económica se ha relacionado fuertemente con la parte política.

¿Se acabó la teoría de las cuerdas separadas?

—Eso es muy importante. Casi ningún economista cree que son cuerdas separadas. Lo vemos con mucha claridad. La crisis política golpea no solo la confianza de los inversionistas como nos dicen. Golpea fuerte a las instituciones, a la capacidad de gestión, genera altísimos niveles de corrupción.

Cuando he hablado de esto con otras personas que tienen una posición política diferente —a usted se le identifica más con el centro izquierda— la respuesta es que el modelo hizo su trabajo, que otra cosa es la corrupción, la gestión de los recursos o las malas decisiones en las elecciones. ¿Qué responde?

—La economía en general es un proceso para generarle bienestar a la población. El modelo económico no es solo la inversión privada. Es un sistema mucho más amplio en el que se generan bienes públicos y privados, donde la gente logre mejorar su calidad de vida, ahorrar, desarrollarse. Cuando se evalúa a un modelo económico hay que evaluar el conjunto…

¿Integralmente?

—Integralmente. La economía no puede estar separada de la vida de la gente. Si el modelo económico no es capaz de generar condiciones de bienestar y nos deja un país con dos tercios de peruanos en pobreza o vulnerables, sin un sistema de salud mínimo, con un nivel de educación gravemente afectado y en crisis institucional, entonces no se puede seguir hablando de cuerdas separadas. También es cierto que las élites económicas no se han preocupado de enfrentar los problemas de la clase política. Se les ha dejado el poder político a sectores ligados con intereses ilegales y mafiosos. Parte de la responsabilidad es de toda la sociedad, claro, pero, también, de las élites económicas que se benefician de ese modelo económico. Los peruanos necesitamos repensar nuestro modelo económico hacia un modelo distinto. Sí hay cosas por rescatar del modelo vigente, como la estabilidad macroeconómica.

Eso ya lo aprendimos.

Sí, pero ya ni siquiera eso respeta el Gobierno actual, porque hay reglas fiscales que se incumplen cuando un actor político poderoso solicita que se incumplan (Rafael López Aliaga). Ya incluso esas supuestas ventajas del modelo económico vigente ni siquiera le interesan al sector gobernante. Gracias al actual Gobierno, queda poquito de un modelo económico que respetaba y planteaba reglas claras para atraer la inversión, cumplir las leyes, respetar los derechos de propiedad. Estamos en un país donde cualquier cosa puede pasar en lo político, en el Poder Judicial. Creo que lo que toca ahora es formar una coalición de Gobierno, amplia, que plantee la necesidad de un nuevo modelo económico, no entendido como una nueva Constitución, no como un eslogan, sino respetando aspectos positivos del modelo vigente y con cambios fundamentales en protección social, salud, educación y medio ambiente, donde tenemos serios problemas. La ley antiforestal es una de las mayores barbaridades que ha hecho este Congreso y la Confiep, que ha sido el principal lobbysta.

¿Qué tipo de coalición?

—No solo de izquierda y centro, también incorporando sectores de centro derecha con una visión de futuro y democrática.

¿Ya no estamos para batallas ideológicas?

—Las batallas ideológicas son importantes, pero cuando están en juego valores esenciales, cuando las mafias tomaron las instituciones y descaradamente defienden sus intereses personales, es un momento de formar una coalición distinta, de Gobierno, no solo para hacer comunicados, sino para una etapa distinta. Casi hemos tocado fondo. Es responsabilidad de la clase política, de la que cree que puede haber desarrollo en democracia, ponerse de acuerdo en ciertos temas para que el país pueda elegir una opción que no sea solo el voto antifujimorista. Necesitamos una opción de cambio que vaya mucho más allá de una polarización en la que llevamos años. Eso es algo que no hemos aprendido en el Perú, que los miembros de una coalición respeten diferencias ideológicas, pero, al mismo tiempo, se pongan de acuerdo en temas fundamentales.

“Los que estaban en pobreza se han empobrecido más”

Las recientes cifras de la pobreza confirman una situación muy difícil. ¿Cuánto tiempo nos tomará volver a las cifras previas a la pandemia?

—Efectivamente, el panorama es bastante complicado. En un año que ya es pospandemia estamos teniendo un aumento significativo de la pobreza. No solo eso. Aumenta la profundidad de la pobreza. Es decir, los que ya estaban en pobreza se han empobrecido más. Hay 10 millones de peruanos en pobreza, casi dos millones en pobreza extrema, pero, usando una definición importante del INEI, casi 20 millones de peruanos estamos en situación de vulnerabilidad. Es decir, casi dos tercios de la población peruana se encuentra en una condición de vulnerabilidad económica.

Podrían caer en la pobreza en cualquier momento.

—Claro. Son cifras muy graves. Además, no corresponden solo a lo que ha pasado el último año, el problema es estructural y no se ha atendido de manera seria, ni por las políticas públicas ni por la manera en la cual en el país estamos entendiendo cómo debe ser el crecimiento económico. Si podemos volver a la situación prepandemia, dependerá de lo que pase en los siguientes años, si saldremos de la crisis política.

El ministro Demartini, del Midis, dijo que ellos incrementaron los presupuestos en los programas sociales. ¿Es suficiente eso?

—Los programas sociales ayudan a reducir la pobreza, pero no es lo principal. Lo principal son más empleos e ingresos para la gente, lo que se asocia a un mayor crecimiento. Se ha demostrado que un crecimiento mayor al 5% está asociado con reducir pobreza. Yendo a su pregunta, tenemos todos los días denuncias sobre el pésimo manejo de Qali Warma, uno de los programas centrales, que se centra en la alimentación de los niños más vulnerables. Está a la deriva. No se han podido comprar los alimentos necesarios en el primer trimestre. Entre 50 y 60% de niños que recibían alimentos no los reciben ahora. Lo de Qali Warma es un escándalo. Hace mucho que no se veía este nivel de incapacidad y, posiblemente, corrupción. ¿Cómo Demartini va a decir que están actuando si ni siquiera un programa fundamental puede mostrar un nivel mínimo de eficiencia? Juntos sigue funcionando porque es una transferencia bancaria, pero otros programas como Qali Warma, Cuna Más…

Que exigen un esfuerzo logístico mayor.

—Así es, están demostrando a un Gobierno incapaz, en el mejor escenario. Y en el peor, con serios problemas de corrupción.

https://larepublica.pe/politica/2024/05/25/eduardo-zegarra-necesitamos-repensar-nuestro-modelo-economico-hacia-un-modelo-distinto-economia-crisis-politica-pobreza-1045776

26 de junio de 2018

Necesitamos un nuevo enfoque para la promoción agroexportadora

Eduardo Zegarra (*)

La discusión sobre la extensión de la Ley de Promoción Agraria viene polarizándose en un contexto de creciente desconfianza de la ciudadanía hacia un Congreso dominado por una mayoría fujimorista más interesada en avanzar intereses particulares que el bien común.  Ya es controversial que la norma original fuera promovida por el entonces ministro de agricultura José Chlimper en el año 2000, en un claro conflicto de interés (es propietario de la empresa agroexportadora Agrokasa y hoy importante dirigente del partido Fuerza Popular). La desconfianza aumentó aún más en estos días debido a lo que ocurrió en la Comisión Agraria, donde se venía discutiendo el tema de la extensión del régimen agrario en base a un plan de reuniones y presentaciones de los diversos actores e intereses en juego. En la última sesión sorpresivamente irrumpieron los congresistas de FP Úrsula Letona y Miguel Torres (accesitarios en la comisión) para imponer como tema de agenda la aprobación de la extensión del régimen de manera inmediata, tirando por la borda el plan de trabajo de la propia comisión.  Al escribir esta nota aún no sabemos si tal imposición ha terminado convertida en dictamen (desconocido por los congresistas de la comisión porque el texto final del dictamen quedó "con cargo a redacción") para ser aprobado por el Pleno.

Esta no es la forma de manejar un tema clave para la agricultura peruana, que además implica al modelo de desarrollo agrario que quisiéramos en los próximos años.  Se estima que unos 300,000 trabajadores agrícolas laboran actualmente en las empresas costeñas agroexportadoras que han sido las principales beneficiarias del régimen especial, con generosas exoneraciones tributarias y un régimen laboral de derechos recortados que ya tiene 18 años y sería extendido hasta un total de 30 años.  El que era un régimen temporal supuestamente creado para impulsar las agroexportaciones por 10 años, terminaría aplicándose por tres décadas, un periodo a todas luces excesivo.

Si superamos este manejo abusivo del fujimorismo en el Congreso, creo que se abre ahora la oportunidad de discutir a fondo y con argumentos sobre las formas de promover un nuevo modelo agroexportador que podríamos llamar de "segunda generación".  La primera etapa del modelo, basado en exoneraciones, agua, mano de obra y tierra baratas, ha tenido éxitos innegables ya que la oferta exportable peruana ha crecido a una tasa casi tres veces la de la demanda por frutas y hortalizas a nivel mundial.  No obstante, el modelo también adolece de serios problemas para generar impactos en mejorar de manera sostenida los ingresos de los trabajadores y de la inmensa pequeña agricultura que no ha tenido mayor participación en el boom agroexportador (del cual se debe excluir al café, cacao y banano, de producción de pequeña escala y mayormente sin acogerse a la Ley de Promoción Agraria).  En un análisis que hemos presentado recientemente (http://eduardo-sinfronteras.blogspot.com/2018/06/agroexportaciones-ii-el...), demostramos que las provincias costeñas con agroexportación moderna no han reducido la pobreza más que provincias costeñas sin esta actividad, el efecto en pobreza ha sido nulo. 

Una nueva ley de promoción agraria debería en primer lugar equiparar los derechos laborales a los del régimen general que asumen todas las empresas formales en el país.  Aunque el esquema de remuneración a los trabajadores puede adecuarse a temas de estacionalidad, se deben reconocer el 100% de los derechos a CTS, gratificaciones, vacaciones, indemnización por despido y pagos al seguro de salud.  Empresas inmensas que facturan varias decenas de millones de dólares al año pueden hace bastante tiempo afrontar el mayor costo que esto implica, y que iría directamente a mejorar los ingresos y condiciones de vida de miles de trabajadores agrícolas.  Algunos de los proyectos de dictamen presentados en la Comisión Agraria van en esta dirección, que consideramos correcta.

Pero en segundo lugar, una nueva ley de promoción agraria debería mantener los beneficios tributarios pero redirigirlos hacia dos objetivos cruciales: (i) articulación de pequeños productores en las cadenas de agroexportación; (ii) incentivos a la innovación y diversificación.  El primer tema, por ejemplo, ha sido exitosamente promovido en Colombia mediante las llamadas Alianzas Productivas en el cultivo de palma africana.  Empresas que lograr articular a pequeños productores en procesos de agroexportación exitosos deberían tener apoyo público con subsidios y exoneraciones como los de la norma.  En segundo término, la agroexportación de segunda generación deberá apuntar fuertemente a la innovación y diversificación con sentido estratégico, es decir, con un plan de crecimiento y diversificación de largo plazo que aproveche nuestras ventajas comparativas y competitivas en forma mucho más amplia y coordinada.  Se requiere mucha experimentación y apoyo para gestionar el alto riesgo de incursionar en nuevos productos y mercados, y esto debe hacer en forma coordinada.  El ejemplo de Fundación Chile y CORFO en el país del sur nos muestra que este es un camino viable y promisorio.  

Igualmente, me parece una idea acertada ampliar la cobertura de la norma a otras actividades primarias como la acuicultura y la explotación forestal (sostenible), obviamente con plenos derechos laborales.  Hay que evaluar con cuidado si las actividades que son más industriales que agrícolas o ganaderas deberían acogerse a los beneficios.  Hoy no se entiende porque la agroindustria azucarera o la palma aceitera sí pueden acogerse a la norma pero la acuicultura no.  Hay actividades agroindustriales que no tienen mayor estacionalidad productiva y, por ende, no deberían estar en este régimen especial.

Así, el tema del régimen especial agrario es también una oportunidad para pensar alternativas de desarrollo más inclusivas y de mayor impacto en el bienestar de la población y las economías locales, tanto de trabajadores agrícolas, como de cientos de miles de pequeños productores agropecuarios, forestales y acuícolas.  Esa es el modelo de agroexportación de segunda generación que quisiéramos ver en el futuro próximo y que el actual gobierno del señor Martín Vizcarra podría adoptar como parte de los compromisos para ir hacia un país más justo y próspero en el bicentenario y más allá.

(*) Investigador Principal de GRADE