Para empezar, nuestro país ya no es considerado internacionalmente como una democracia, sino como un régimen híbrido. Existen las democracias plenas y las democracias defectuosas, imperfectas. El Perú estuvo entre estas últimas hasta el 2021. En el 2022 perdimos la categoría y pasamos a ser un sistema bastardo, es decir un estado que se encamina a un régimen autoritario, una predictadura, donde las formas democráticas pierden cada vez más contenido. Este proceso se ha acelerado con la administración actual, instaurada hace año y medio por la fujiderecha, como lo hace notar el análisis de la prestigiosa unidad de inteligencia de la revista “The Economist”, cuya histórica orientación de derecha es conocida públicamente.
En el ámbito de la macroeconomía, los indicadores internacionales confirman lo que los peruanos sienten en el día a día. Hace 12 años, nuestro país obtuvo lo que se denomina el “grado de inversión”, una calificación técnica que significa que el país ofrece indicadores macroeconómicos muy positivos, que lo hacen confiable para invertir en él y, por ejemplo, le abaratan los créditos. Con Pedro Castillo bajamos de BBB+ a BBB (nos quitaron el +), pero con el gobierno actual de la fujiderecha y su títere Dina Boluarte hemos pasado de BBB a BBB- (con ominoso signo negativo), según la calificadora de riesgos S&P Global, revalidada por todas las demás calificadoras.
Si bajamos un escalón más, perdemos el grado de inversión, los bonos que emite el Perú para recaudar crédito se convierten en “bonos basura” y los intereses de nuestra deuda internacional subirán por las nubes. Estamos al borde. Esta es la hazaña de la fujiderecha que mangonea el país desde el estercolero que algunos insisten en llamar congreso.
La consecuencia más triste de la cuesta abajo de la economía nacional es el incremento de la pobreza en general y, lo que es aún más inaceptable, el crecimiento de la pobreza extrema, que significa no ganar lo suficiente ni siquiera para comer poco y mal. Esto ya había sido señalado por los organismos internacionales con respecto a nuestro país, pero esta semana el INEI dio a conocer sus propios cálculos, que coinciden con lo que ya se sabía en el extranjero. El gobierno de Dina Boluarte intentó ridículamente bloquear el anuncio.
Mientras los demás países de la región sudamericana han recuperado las cifras de pobreza anteriores a la pandemia, el Perú las incrementa y esto sucede específicamente en este gobierno de la fujiderecha congresal y su atenta servidora Dina Boluarte. Hoy hemos pasado de 19% de pobreza monetaria general a 29% (de un quinto a casi un tercio del país) y la pobreza extrema específicamente se ha disparado a casi 6%, es decir 2 millones de compatriotas. En 2019, la cifra de pobreza extrema era la mitad. La cifra actual incluso es superior a la pobreza extrema en el pico de la pandemia.
Capítulo aparte en la lamentable cuesta abajo de nuestro país es la hoja negra que ahora nos avergüenza en el ámbito del respeto a los derechos humanos, cosa que no sucedía desde los tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori y su íntimo cómplice y operador Vladimiro Montesinos en la década infame de los 90. Entonces éramos conocidos en el mundo no solo por los actos de barbarie de la desquiciada organización terrorista Sendero Luminoso, sino también por los crímenes de las fuerzas del estado, llamadas a defender y cumplir la ley pero que cometían desapariciones forzadas, masacres de campesinos como las de Accomarca y Cayara, o matanzas en la propia Lima como las de Barrios Altos y La Cantuta.
Ahora tenemos, después de más de 20 años, nuevas masacres cometidas por las fuerzas de seguridad al servicio del estado, principalmente las perpetradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, que costaron la vida a no menos de 49 personas que protestaban en las calles contra la decisión de Dina Boluarte, propiciada por la mayoría fujiderechista del Congreso, de quedarse en el poder hasta el 2026. Entonces se disparó con armas y munición de guerra contra la gente que protestaba en Huamanga, Juliaca, Andahuaylas y otras poblaciones, incluida Lima donde, por ejemplo, un policía mató a un ciudadano disparándole una bomba lacrimógena a la cabeza a sólo tres metros de distancia. Hasta el momento, año y medio después de las masacres, no se ha avanzado prácticamente nada en las investigaciones, no hay ningún detenido y ni el Congreso ni Dina Boluarte han tenido el menor acercamiento o gesto hacia los familiares de las víctimas.
A todo lo anterior habría que agregar un sinnúmero de hechos, contrarreformas antidemocráticas, maniobras y actos delincuenciales cometidos por congresistas y el gobierno, que sería cosa de nunca acabar. Muchas, demasiadas, de esas “hazañas” de la fujiderecha congresal gobernante las vivimos en tiempo real, que en resumen significan la toma del poder en el Perú por una coalición de partidos que le han abierto las puertas de par en par al crimen organizado, que obtiene cada vez más ventajas legales, mientras desmontan a la vez, una tras otra, todas las instituciones democráticas para coparlas con gente a su servicio, dispuesta a cualquier legicidio.
Estamos en un momento decisivo en el que se juega la salvación del país, la preservación de lo bueno que se había avanzado y la corrección de lo que se hizo mal. No podemos resignarnos a convertirnos en una republiqueta dominada por políticos venales al servicio de intereses ilícitos. No podemos permanecer sin reacción y sin ganar las calles, como la mugre quiere. Ese estado de cosas que la fujiderecha pretende seguir imponiendo se contrapone a la promesa de la vida peruana. Nuestros hijos y nietos –bienvenido, querido Santiago– se merecen ese último y necesario esfuerzo de dignidad, decencia y compromiso.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 686 año 14, del 17/05/2024
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