Perú: ¿Cuál reforma de pensiones?

Humberto Campodónico

“En verdad, ya no hay un sistema de pensiones. Hay un régimen de ahorro forzoso hasta los 65 años. Nada más. Y eso se va a acabar pues va a ser abolido por el Congreso”.

Una de las principales razones por las cuales es necesaria la reforma del sistema privado de pensiones tiene que ver con el hecho de que la pensión que reciben la mayoría personas que se jubilan en una AFP a los 65 años es magra. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) da el siguiente ejemplo: un afiliado que gana 2.500 soles mensuales obtendría una pensión de 465 soles mensuales en el momento de su jubilación, habiendo aportado durante el 50% de su vida laboral.

Así, la tasa de reemplazo (TR) es 18,6% (465/2500), o sea, una pensión magra. Dice el FMI en un documento de análisis sobre las pensiones en el Perú que la tasa de reemplazo para los trabajadores de bajos ingresos y con baja densidad de aportes (o sea, no se ha aportado todos los años, lo que es común) se sitúa por debajo del 20%. Dicha TR sube hasta el 40% para los aportantes que tienen ingresos altos. Esa tasa está un poco mejor, pero está aún lejos del 60 a 70% de aquella que caracteriza a los países industrializados.

Por eso, la gran mayoría de los que se jubilan a los 65 años optan por retirar el 95,5% de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC), lo que fue aprobado por la Ley 30478 del 2016. Resultado: hasta diciembre del 2021, de un total de 430.424 jubilados, el 98,3% retiró el total de su fondo y solo el 1,7% restante asignó una parte (1,4%) o la totalidad de su fondo para financiar una pensión (0,3%) (proyecto del Poder Ejecutivo). Si tomamos en cuenta que desde la pandemia del 2020 ha habido varios retiros de fondos de las AFP (los últimos, impulsados por el Congreso), el monto de la CIC a los 65 años va a disminuir aún más.

En verdad, ya no hay un sistema de pensiones. Hay un régimen de ahorro forzoso hasta los 65 años. Nada más. Y eso se va a acabar pues va a ser abolido por el Congreso.

Hay problemas. Uno, el sistema de pensiones, público y privado, solo llega al 20% de la población. Claro. El 74% de la PEA es informal: por definición no está afiliado a ningún sistema. Otrosí: con el aporte del 10% del salario a la AFP, no se puede llegar a una pensión digna. La rentabilidad “no da”. Eso se vio primero en Chile, donde se inventaron las AFP diez años antes que Perú, que las copió. Un tema adicional: la pensión mínima de la ONP aumentaría de 500 a 600 soles mensuales. Si el monto de la pensión de la AFP no llega a ese monto (y en gran parte es así), el Estado “pone la diferencia” que el sistema AFP no puede poner. ¿Cuánto cuesta eso?

La pensión de consumo

Dice el proyecto de ley, en su artículo 29: Las personas mayores de 18 años que no estén afiliadas al Sistema a la entrada en vigor de la presente ley se afilian obligatoriamente al SNP o SPP. De no manifestar su voluntad, son afiliados al SPP”. De aquí se concluye que todos los peruanos van a estar dentro de un sistema de pensiones; y que, casi todos, seguramente entrarán a las AFP. Larga vida a las AFP.

Como el 73% de la PEA es informal y no aporta, el PL establece que habrá una pensión por consumo, que es considerado como un aporte complementario “de naturaleza previsional”. Se agrega que estará a cargo de las AFP, quienes “podrán cobrar una comisión por dicha administración”.

Veamos cómo funciona. El 1% del valor de los consumos de los afiliados van a una cuenta individual de capitalización (CIC), gestionada por la AFP o similar. El tope anual de los consumos no será mayor a las 8 UIT, lo que equivale a 41.200 soles en el 2024. Por lo tanto, el aporte anual a la CIC alcanzará un máximo de 412 soles anuales.

Para consumir 41.200 soles hay que ganar 3.500 soles mensuales (x 12 = 42.000). Y que el total de los 41.200 sea consumido en establecimientos formales. ¿Será? Por otro lado, el sueldo promedio en Lima metropolitana es 1.700 soles mensuales, o sea que está lejos del tope de 41.200.

Sigamos. Los 412 soles anuales que van a la pensión de consumo solo pueden ser alcanzados por los niveles socioeconómicos (NSE) A y B. Los NSE llegan a 254, 163 y 99 soles anuales (repetimos, anuales).

El economista Gustavo Ávila ha hecho el siguiente ejercicio: supone que uno compra por 40 años y que el fondo acumulado gana una rentabilidad anual del 10% (monto muy optimista). Ingresando los montos en la calculadora que ofrecen las AFP se obtiene que una persona con ingresos altos obtiene una pensión proyectada de 306 soles, mientras que una persona que gana sueldo mínimo (S/ 1,025) obtendría S/64 de pensión mensual.

En la última columna del cuadro se aprecian las pensiones por consumo. Tengamos en cuenta que quienes tienen empleo formal tendrán aportes mayores y, por lo tanto, mayores pensiones. Los que recibirán pensiones de 99 soles serán los que ganan poco y consumen poco, sobre todo, los informales.

Agreguemos que el monto total anual de la “pensión por consumo” llegaría a S/1.800 millones (que el fisco ya no recaudará) y por lo cual las AFP cobrarían comisiones por 30 millones de soles adicionales.

Las consecuencias

Los hogares más pobres realizan la mayor parte de sus compras en comercios informales. Hacer depender la pensión del gasto (ya irrisorio) mantiene o acentúa las desigualdades del ingreso. Además, los estratos altos ya tienen asegurada su pensión.

El gasto del quintil más rico (NSE A, 100.999, ver gráfico) da cuenta de más de la mitad del gasto de consumo de los demás NSE (B, C, D y E). El “rendimiento” de la formalización de los informales o los evasores del gasto de los estratos altos sería un eficaz mecanismo de redistribución del ingreso. Otros países (OCDE) logran una importante reducción de la desigualdad mediante el gasto social y un aumento de los ingresos tributarios, que en Perú están entre los más bajos de la región.

Esta “reforma” (impulsada por el fujimorismo) ha excluido, de facto, a todos los peruanos y peruanas informales pobres que, actualmente, tienen más de 65 años. Están fuera de todo. Se ha podido contemplar, por ejemplo, que Pensión 65 pase de ser un programa social a ser un ente previsional. Según el FMI (1), extender los 125 soles mensuales que hoy reciben los 810,000 beneficiarios de P65 a todos los mayores de esa edad costaría el 0.18% del PBI, adicional al presupuesto actual. No es para nada lo ideal pues los 125 soles no cubren no cubren el costo per cápita de la canasta alimentaria. Pero lo pongo como ejemplo pues toca el tema de fondo: la inclusión social.

Ese es el camino de la pensión universal no contributiva (PNC). Dice la FIAP (que agrupa a las AFPs de América Latina: “el número de países con pensiones con PNC aumentó de 6 a 15 del 2000 al 2017. Sin embargo, un 41% de la población mayor de 65 años no recibe ningún tipo de pensión. Para los países en estudio se desprenden las siguientes observaciones: Bolivia, México y Chile universalizaron las PNC. Costa Rica y Uruguay entregan PNC cercanas al 100% de la línea de la pobreza” (2). En el Perú eso equivaldría a 1,500 soles mensuales por hogar.

¿Reforma del sistema de pensiones? ¿Ustedes la ven? No está. El camino es todavía largo para una reforma integral del sistema de pensiones, público y privado.

1) FMI Working Paper# 19/49, 2019, Freudenberg y Toscani

2) Ver: https://www.fiapinternacional.org/notas-de-pensiones-no-66-analisis-y-evolucion-de-las-pensiones-no-contributivas-de-vejez-en-america-latina-noviembre-2022/

https://larepublica.pe/opinion/2024/06/07/cual-reforma-de-pensiones-por-humberto-campodonico-354046

https://www.leerydifundir.com/2024/06/peru-reforma-pensiones/

Sanciones y desdolarización

Daniel Espinosa

Sopesando las consecuencias de las sanciones económicas impuestas sobre Rusia por EE.UU. y sus obedientes aliados europeos, una alta autoridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a fines de marzo sobre el “debilitamiento de la posición dominante del dólar” en el gran mercado global.

El agresivo régimen de sanciones ha logrado que Moscú y algunos de sus socios comerciales se decidan por implementar estructuras económicas y financieras paralelas. Lo que se observa es la aceleración de varias tendencias político-económicas que ya venían anunciándose desde fines del siglo XX, como el lento declive del orden unipolar y un creciente desafío a la hegemonía del dólar.

Lejos de acabar con la invasión de Ucrania, la guerra económica en ciernes podría estar teniendo efectos secundarios inesperados para Occidente. Como señaló recientemente el diario británico “Financial Times” (FT, 30/3/22), los bancos centrales del mundo vienen diversificando sus instrumentos de ahorro y adquiriendo yuanes chinos y divisas no tradicionales, en detrimento del dólar y el euro. La tendencia se inició a principios de siglo –explica Gita Gopinath, del FMI–, pero viene acelerándose ante la profusión de sanciones contra Rusia y la necesidad de varios países de continuar importando sus materias primas.

La respuesta de Moscú a la avalancha de medidas punitivas –que a fines de febrero hundió el precio del rublo– consistió en elevar la tasa de interés de su banco central, restringir el acceso de sus corporaciones a monedas distintas de la nacional e impedir el cobro de bonos y acciones rusas por parte de inversionistas extranjeros. El Kremlin también tuvo éxito revirtiendo la depreciación de su divisa exigiéndoles a los países “no amigos” que pagaran sus compras de gas en rublos.

Como observó para FT la economista en jefe del FMI, el Kremlin no es el único que está renegociando la moneda en la que cobra por sus exportaciones. Sin embargo, notó que en general la hegemonía del dólar aún permanece sólida. Lo que la representante del fondo no señaló es la crisis de confianza generada por el hecho de que EE.UU. mantenga la prerrogativa de secuestrar los fondos depositados en sus bancos y los de sus aliados europeos ante virtuales desavenencias políticas, como sucedió hace poco con Venezuela y Afganistán, y ahora pasa con Rusia. En el primer caso, Londres se quedó con casi 2 mil millones de dólares en oro. En el segundo, el gobierno de Biden congeló 7 mil millones de dólares y en el tercero, más de 500 000 millones de dólares rusos han sido confiscados en Estados Unidos, Europa y Japón.

Europa no puede prescindir del gas natural de Rusia –que constituye el 40 % de su provisión total del insumo– y la Unión Europea tampoco ha sido capaz de reunir los votos necesarios para oficializar un embargo en perjuicio de su petróleo. La resistencia del rublo, en suma, se ha basado en la solidez de su sector energético (que este año venderá más que el anterior) y en la capacidad de maniobra de su banco central.  

El embargo económico tampoco ha hecho mella en la popularidad de Vladimir Putin de cara a los rusos. La confianza en quien hoy dirige el Kremlin creció de 67.2 % –cifra previa a la invasión– a 81.6 % (Reuters, 8/4/22). Como veremos, políticas de sanciones como la presente rara vez tienen éxito.

Historial de fracasos

El economista y profesor estadounidense Jeffrey Sachs critica la costumbre de Washington de sancionar a diestra y siniestra. Por lo general, estas medidas “no se traen abajo regímenes… ni siquiera cambian la política”, señaló el economista para un “podcast” británico. Insistió en que ninguna sanción –sobre todo, en ausencia de negociaciones y diplomacia– reducirá el padecimiento ucraniano. Sachs lamentó que George W. Bush haya alentado la incorporación de Ucrania en la OTAN en 2008, antes de abandonar la presidencia de EE.UU.: “muchos comentaristas, dentro y fuera del gobierno, señalaron que ese era un camino extraordinariamente peligroso”. “Desde el punto de vista ruso, ciertas operaciones de la OTAN, como el bombardeo de Belgrado en 1999, no se ven tan defensivas”, observó también el economista con cierta ironía (Times Radio 17/3/22).

Pero ¿cómo hablar de estados de sitio sin mencionar a la recientemente fallecida Madeleine Albright? Una de las cuestiones que hicieron famosa a esta ex secretaria de estado norteamericana –la primera mujer en ese cargo– fue su comentario sobre la muerte masiva de niños en Irak durante la década del 90. En 1999, Unicef publicó unos hallazgos de horror: los iraquíes habían visto morir a 550 mil niños adicionales durante los últimos nueve años. Habían muerto por efecto de los bloqueos y las sanciones impuestas por la ONU luego de que Saddam Hussein invadiera Kuwait.

La ex secretaria de Estado dijo que las muertes –un verdadero genocidio– habían valido la pena. Albright fue embajadora de EE.UU. para la ONU entre 1993 y 1997; desde ahí, se aseguró de que el criminal embargo contra Irak no amainara. La Guerra del Golfo de George H. W. Bush había destrozado la infraestructura iraquí, que ahora carecía en gran medida de agua potable y hospitales bien suministrados. Las sanciones que valieron la pena, según la ex secretaria de Estado, no lograron sacar del poder al dictador iraquí, que tendría que esperar unos años más hasta la invasión estadounidense.

La muerte de Albright el pasado 23 de marzo, a la edad de 84 años, ha suscitado gruesas pero previsibles omisiones por parte de la prensa corporativa, que no resaltará el alto grado de violencia involucrado en las políticas impulsadas por la consejera de George W. Bush y Bill Clinton, entre otros. “¿Qué sentido tiene poseer este magnífico ejército del que siempre hablamos, si no podemos usarlo?”, le preguntó la embajadora alguna vez a un incrédulo Colin Powell, ex jefe del comando conjunto de EE.UU. y cómplice en agresiones y saqueos de ultramares.

La frase la define muy bien: competía en violencia con sus colegas del género masculino. Para imponerse sobre Irak a punta de sanciones, Madeleine Albright hizo una potente campaña para sacar del medio a Butros Ghali, secretario general de la ONU hasta 1997, y a quien un perfil psicológico de la CIA había calificado de “incontrolable” e “impredecible”.

Así informó “Le Monde Diplomatique” en noviembre de 1996: “La única superpotencia que queda ha declarado la guerra a un hombre que goza de la simpatía de la gran mayoría… La decisión de (EE.UU.) es inalterable: el Sr. Butros Ghali debe irse, sea cual sea la opinión de la comunidad internacional”. Y luego: “…La caída del muro de Berlín había permitido a Estados Unidos conducir la guerra del Golfo casi a su antojo y esto sugería un modelo para el futuro: la ONU propone, por iniciativa de Washington, y Estados Unidos dispone. Pero Butros Ghali no compartió esa visión del fin de la guerra fría”.  

Proteccionismo forzoso

Para otro economista norteamericano, Michael Hudson, el gobierno estadounidense y su agresiva política sancionadora fuerzan a países como China y Rusia a desdolarizar sus economías. Los embargos impuestos sobre la agricultura y la industria rusas –dice este profesor de la Universidad de Missouri– obligarán al país a depender de sí mismo, dejando atrás el enfoque “neoliberal” que antes le impidió proteger los sectores mencionados.

La lectura de Hudson es una condena a la torpe soberbia con la que se conduce la política exterior hegemónica: “Tratar de obligar a Rusia a responder militarmente y, por lo tanto, quedar mal ante el resto del mundo, está resultando ser una táctica diseñada simplemente para garantizar que Europa contribuya más a la OTAN, (para que) compre más equipo militar… y se encierre más profundamente en el comercio y la política monetaria dependientes de los Estados Unidos. La inestabilidad que esto ha provocado está resultando tener el efecto de hacer que Estados Unidos parezca tan amenazante como la OTAN afirma que sería Rusia”.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°582, del 15/04/2022   p19

https://www.leerydifundir.com/2022/05/sanciones-y-desdolarizacion/

Las recomendaciones del FMI

Pedro Francke

(A Javier Diez Canseco, en recuerdo de su claridad y valentía, que tanta falta nos hacen)

Esta semana se lleva a cabo en Washington DC las reuniones anuales organizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial conocidas como los “spring meetings”. Estas “reuniones de primavera” son el espacio principal de discusión internacional sobre el rumbo y los retos de la economía mundial. Esta semana han sido particularmente importantes, dada la situación económica, política y social impactada por la pandemia y la guerra.

GUEORGUIEVA ABRE EL PISO

Las palabras iniciales de la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva son un buen balance general de la situación, y vale la pena citarla: “En pocas palabras: nos enfrentamos a una crisis sobre otra crisis. Este es un gran revés para la recuperación global. En términos económicos, el crecimiento es bajo y la inflación sube. En términos humanos, los ingresos de las personas disminuyen y las dificultades aumentan”. Su balance general es que “este es el entorno político mundial más complejo de nuestra vida, que plantea opciones tremendamente difíciles”.

La Georgieva marcó las grandes diferencias que hay entre diversos grupos. Por un lado, los más afectados como son las economías “importadoras netas de alimentos y combustibles en África, Medio Oriente, Asia y Europa”. Por otro lado, “el aumento de los precios de las materias primas ha mejorado las perspectivas de crecimiento de muchos exportadores de petróleo, gas natural y metales. Pero estos países también se ven afectados por una mayor incertidumbre y sus ganancias están lejos de ser suficientes para compensar una desaceleración global general, en gran parte impulsada por la guerra(...) Al mismo tiempo, los precios más altos de la energía y los alimentos se suman a las presiones inflacionarias, reduciendo los ingresos reales de los hogares en todo el mundo”.

En esta presentación el FMI ve las diferentes situaciones desde una perspectiva mundial, pero este gran contraste se reproduce dentro de nuestro país, donde tenemos interiormente esos dos lados de la moneda: somos importadores de alimentos y combustibles, y por eso han subido el diésel, la gasolina, el pan y el pollo, y por ello nuestro pueblo está muy afectado. Los hogares peruanos son parte de esos que en todo el mundo, al decir de Kristalina Georgieva, han visto reducir sus ingresos reales, es decir, su capacidad de compra de una canasta de consumo. Pero nuestro país también es exportador de metales, como cobre, oro, zinc, hierro y plomo, y el alza de esos precios ha aumentado enormemente los ingresos de las mineras; sus ingresos adicionales ya exceden los 17 mil millones de dólares y sus precios de venta han seguido subiendo. Parte, minoritaria, de esos ingresos adicionales llega al Estado como impuestos.

Haciendo el balance para el Perú, mientras el impacto negativo sobre las familias es casi automático mediante las alzas de precios de las importadoras y comercializadoras, varias de ellas verdaderos oligopolios, los beneficios son principal e inmediatamente para las grandes mineras, llegando una parte más lentamente al Estado.

LA VISIÓN MUNDIAL DEL FMI SOBRE POLÍTICA FISCAL

La situación económica mundial es difícil, compleja, dura. En palabras de Georgieva: “Para abordar estos desafíos, los países deben estar preparados para utilizar el conjunto completo de herramientas disponibles”.

En semanas anteriores hemos insistido en estas páginas y en diversos medios sobre la urgencia de no quedarnos cruzados de brazos y dar ayuda urgente a las familias golpeadas por la inflación. En esa misma línea, esta semana en el marco de estas “reuniones de primavera” el FMI recomienda “tomar medidas específicas para ayudar a las poblaciones vulnerables… esto puede tomar la forma de reducir las facturas de servicios públicos o la transferencia de efectivo a los hogares de bajos ingresos”.

Sobre las mejores políticas de finanzas públicas en esta coyuntura, el FMI ha hecho un informe específico que presentó el lunes pasado. El autor principal del informe, el director adjunto para estudios de la economía mundial del FMI, Jean-Marc Natal, lo explicó así: “El principio general de las finanzas públicas es que debes encontrar dónde están los recursos e intentar compensar a quienes más sufren”. En esa orientación, de ver dónde están esos recursos para ayudar a los pobres, el análisis del FMI plantea impuestos más altos: “Al igual que debe hacerse y a veces se hace después de las guerras, donde también mientras unas empresas luchan por sobrevivir otras se vuelven más boyantes que nunca, los gobernantes pueden hacer que estas últimas compensen a las primeras con un impuesto adicional y temporal”.

¿Cómo se puede entender y aplicar esta política en el Perú? Está clarísimo: el sector que está “más boyante que nunca” es la minería, gracias a que el precio del cobre excede los 4 dólares 60 cuando ellos cubren sus costos con menos de 2 dólares la libra y el precio del oro se aproxima a la barrera de 2 mil dólares la onza. Este es el sector que debe compensar a los afectados.

Tenemos, además, el estudio que hizo el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI específicamente para el Perú y ha sido publicado el mes pasado, que analizó las reglas tributarias peruanas para atraer inversiones mineras y encontró que había un espacio para poder elevar la carga tributaria a ese sector manteniéndonos en el mismo lugar del ranking internacional de competitividad.

Resumiendo, hay dos argumentos para sustentar la conveniencia de mayores impuestos al sector minero, bajo condiciones que el estudio del FMI detalla y que consisten en una combinación de elevar las tasas de las regalías, el impuesto especial a la minería y a los dividendos o utilidades distribuidas por las empresas a sus accionistas (impuesto que tiene la ventaja de incentivar la reinversión). La primera es que podemos hacerlo sin perder competitividad respecto a otros países mineros, asunto demostrado por el FMI comparando con una veintena de países y territorios a nivel mundial. La segunda es que estamos en un momento excepcional, donde millones de familias se han empobrecido y al mismo tiempo el sector minero está obteniendo ganancias extraordinarias, con precios incluso superiores a los ya muy altos que tenían el año pasado. Una mayor carga tributaria a la minería se justifica desde una mirada de largo plazo y competitividad minera, y también en el corto plazo para dar apoyo urgente a quienes sufren pobreza.

EL COMBO

¿Es lo mejor rebajar IGV o ISC? Nuevamente el FMI responde: “Para aliviar la carga sobre los hogares, garantizar la seguridad alimentaria y evitar las tensiones sociales, la mayoría de los gobiernos han anunciado medidas para limitar el aumento de los precios internos. Sin embargo, estas medidas podrían tener grandes costos fiscales y agravar los desajustes entre la oferta y la demanda mundiales, que ejercerían nuevas presiones sobre los precios internacionales y, posiblemente, darían lugar a escasez de alimentos y energía. Esta situación perjudicaría aún más a los países de bajo ingreso que dependen de la importación de energía y alimentos”. Clarísimo.

El FMI recomienda, en la misma dirección de los que hemos insistido sobre el otorgamiento de una transferencia directa o “bono” a las familias, que “el apoyo fiscal debe dirigirse a los más afectados y a los ámbitos prioritarios (…) Las respuestas de los gobiernos al aumento de los precios internacionales de las materias primas deben dar prioridad a la protección de los más vulnerables. Un objetivo fundamental es evitar que se produzca una crisis alimentaria, al tiempo que se mantiene la cohesión social. Los países con redes de protección social pueden desplegar transferencias monetarias temporales y focalizadas en los grupos vulnerables”.

Las transferencias son un dinero que no se queda en el camino. Nuestro país ha logrado en los últimos años implementar un mecanismo para apoyar con estos “bonos” a las familias, utilizando el Banco de la Nación –que va avanzando con las cuentas DNI–  y el sistema bancario. Eso es lo que hay que hacer. Desde luego también hay que asegurar la sostenibilidad fiscal, pero no siendo amarretes ni limitando a migajas una ayuda que se necesita de urgencia sino haciendo que quienes concentran mucha riqueza, y hoy tienen ganancias extraordinarias, colaboren con el pueblo y la nación en este momento de extrema dificultad.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°583, del 22/04/2022   p20

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https://www.leerydifundir.com/2022/04/las-recomendaciones-del-fmi/

Perú: Las cicatrices de la pandemia

Humberto Campodónico

Frecuentemente conversamos sobre los efectos secundarios de la pandemia que se reabsorben en ritmos lentos. En otros casos, los daños son perdurables. Sucede lo mismo con la economía de los países. Así, de acuerdo con estimaciones del FMI, el grupo de las economías avanzadas (industrializadas) sería el único que en el 2022 retomaría la trayectoria de crecimiento registrada antes de la pandemia e, incluso, llegaría a superarla.

Los demás grupos de países (incluida América Latina) permanecerán, hasta el 2025, en una trayectoria de crecimiento muy inferior a la proyectada antes de la pandemia, lo que pone de relieve el carácter duradero del daño causado. Esas son las secuelas.

De su lado, el Reporte de Inflación del BCR de diciembre evalúa los efectos de largo plazo del COVID-19 en el Perú. Dice que si bien crecimos 13,2% en el 2021 (la tasa más alta de América Latina), “cabe preguntarse si la crisis del COVID-19 afectará los factores estructurales de la economía y, por ende, dejará “cicatrices” de largo plazo; es decir, si reducirá el potencial de crecimiento a futuro” (1).

Una forma de evaluar el tamaño de la “cicatriz” es utilizar las proyecciones de crecimiento que se tenían antes de que esta comience. BCR dixit: “La crisis del COVID habría hecho que el PBI de Perú en 2022 se encuentre aún entre 5 y 7% por debajo del nivel que hubiese alcanzado en ausencia de la misma”. O sea, una “cicatriz” importante pero, ojo, más pequeña que el -11.1% del PBI de la crisis financiera de 1998 (Banco Latino, Wiese, bajo Fujimori), también calculada por el BCR.

El BCR también analiza a Brasil, Chile, Colombia y México y encuentra que tienen pérdidas del PBI similares a la nuestra “a pesar de que Perú tuvo una de las cuarentenas más estrictas del mundo”.

Hay “cicatrices", entonces. Y forma de curarlas. De un lado, hay que reconocer la importancia del 13,2% del PBI (alcanzado con bonos y estímulos, políticas que se usaron en casi todos los países), lo que la derecha le “ningunea” al ministro de Economía, Pedro Francke.

Y, de otro, que también importa, y mucho, que nuestro crecimiento no dependa tanto de los precios de las materias primas, sino que pasemos al crecimiento impulsado por un aumento del valor agregado, a través de la diversificación productiva. Así, las “cicatrices” se curarán más rápido. Y seremos más resistentes, como los países avanzados, a las crisis que puedan venir en el futuro.

1) Ver Reporte de Inflación, diciembre 2021, www.bcrp.gob.pe

https://www.leerydifundir.com/2022/01/peru-las-cicatrices-la-pandemia/

Cuando el FMI aprovecha la COVID para aumentar su control sobre los países del Sur

 

Robin Delobel, Adrien Péroches 

En una resolución sancionada el 23 de marzo de 2016 el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU explicaba que “el peso creciente de la deuda a la que deben hacer frente los países en desarrollo más endeudados, en especial los menos desarrollados, no es viable y constituye uno de los principales factores que impiden el avance del desarrollo sostenible centrado en la población y la eliminación de la pobreza […]. Para un buen número de países en desarrollo y de países en transición el servicio excesivo de la deuda ha limitado en gran medida sus capacidades de promover el desarrollo social y la provisión de los servicios esenciales necesarios para la indispensable conformación de las condiciones que permitan el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales […]. Los países en desarrollo continúan desembolsando anualmente mucho más de lo que reciben como ayuda pública al desarrollo”.

El FMI es en parte responsable de la crisis actual

Debido al desarrollo de sus políticas de ajuste estructural que imponen la liberalización de economías frágiles y drásticas medidas de austeridad a muchos países del sur a cambio de posibilitarles préstamos, el FMI ha participado ampliamente en esta comprobación del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Ninguno de los países que haya aplicado ajustes estructurales ha podido sostener de manera constante un índice de crecimiento elevado.

Las desigualdades sociales han aumentado por todas partes. Ningún país “ajustado” se ha librado de esta triste comprobación (1). De este modo, los recortes del gasto público recomendados por las instituciones financieras internacionales (IFI) impiden a los países “beneficiarios” de la ayuda del FMI asegurar a sus ciudadanos cierto nivel de protección social.

Si los países del sur ven en estos tiempos desbordados sus sistemas de salud y sin posibilidades de asegurar la protección sanitaria de sus habitantes frente al covid-19 se debe en gran parte a las mortíferas políticas de las IFI y especialmente del FMI. Destacamos que esta comprobación no es nueva (2) y que los investigadores del departamento de sociología de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford, y de la London School of Hygiene and Tropical Medicine lo habían señalado ya en un artículo científico con ocasión de la epidemia del ébola en el 2014. Esos estudios llegaban a la conclusión de que “las exigencias del FMI en materia de rigor presupuestario debilitaron los sistemas de salud de los países africanos más duramente golpeados por el virus del ébola e impidieron también encarar una defensa coordinada contra dicha epidemia” (3). Hoy en día la historia se repite y pone de relieve que el FMI no ha sabido sacar ninguna lección de las crisis anteriores y permanece subordinado a los intereses de los acreedores privados a los que hay que reembolsar cueste lo que cueste, aún a costa del bienestar de los pueblos del Sur. Luego de la epidemia del ébola, el CADTM había reaccionado a través de varios llamados pidiendo la anulación de las deudas de los países que la habían sufrido (4)

Reacciones y propuestas del FMI en la gestión de la actual epidemia del covid-19.

El 4 de marzo de 2020 con oportunidad de una rueda de prensa compartida con el Banco Mundial, el FMI presentó en grandes líneas las intervenciones que tenía previstas en el marco de la epidemia de covid-19. Las medidas enunciadas eran de dos tipos; 1) el aumento de su capacidad de préstamos a los países del Sur y 2) la movilización de las subvenciones con el propósito de aliviar el servicio de la deuda de los países más pobres del Sur con relación al FMI (5). Desde entonces el FMI ha puesto en marcha la maquinaria y ha anunciado varias medidas concretas.

El anuncio que más han destacado el FMI y la mayoría de los medios consiste en el alivio del pago de la deuda por parte de 25 países pobres, de los cuales 19 son africanos, por un monto de 500 millones de dólares. Esta medida debe permitir cubrir durante seis meses los reembolsos adeudados al FMI y a los países “dedicar una mayor cantidad de sus escasos recursos a las urgencias médicas y de ayuda” (6). En la práctica el FMI será ampliamente reembolsado a través de sus fondos fiduciarios de asistencia y respuesta a las catástrofes especialmente apoyado por los Países Bajos, China, el Reino Unido y Japón. Así, el FMI no cancela las deudas de los países con problemas y (i) mantiene su poder de presión sobre los gobiernos para reclamar en el futuro políticas de austeridad manteniendo el vínculo deudor-acreedor y (ii) no hace que esas donaciones permitan a los países pobres hacer frente a la situación sanitaria, por ejemplo, para comprar equipo médico y contratar personal.

Se han concedido préstamos de emergencia a varios países africanos, como Costa de Marfil. Así, este país ha conseguido un desembolso de 295,4 millones de dólares en el marco de Servicio de Crédito Rápido, es decir, en forma de préstamo a tasa cero reembolsable en 10 años, y un desembolso de 590,8 millones de dólares en el marco del Instrumento Financiero Rápido, un crédito reembolsable en un plazo de entre tres y cinco años (7). En consecuencia, el FMI aprovecha la crisis para fortalecer y aumentar su poder de presión sobre los países africanos volviendo más pesado el fardo de la deuda ya de por sí tremendamente dura para muchos países. Además Mitsuhiro Furusawa, director general adjunto del FMI, ha declarado que una vez controlada la epidemia de covid 19 será “importante que el déficit presupuestario vuelva a la situación anterior a la crisis para preservar al mismo tiempo lo adquirido en el marco del programa del FMI y la viabilidad de la deuda a medio plazo”. Esta declaración anticipa una vuelta con fuerza del FMI luego de la crisis, como ocurrió después de la crisis el 2008.

Una asistencia siempre muy política

El pasado 16 de abril 102 países habían pedido oficialmente un préstamo al FMI, que los aprobó en su mayor parte, incluidos los de Nigeria, Pakistán Ghana, Túnez, Senegal y Albania. Sin embargo, es de notar que el gobierno venezolano en conflicto con los EEUU ha visto rechazado su pedido (8). Opuesto al caso venezolano está el “buen alumno” chileno. Para este país, en el que la población se manifestó durante meses contra las políticas de austeridad de los últimos meses, se ha desbloqueado una línea de crédito flexible de 24.000 millones de dólares. La línea de crédito flexible “es un instrumento que permite al país el acceso a montos importantes en cualquier momento. Más allá de los fondos disponibles inmediatamente en caso de necesidad, constituye también una muestra de confianza del Fondo hacia la política económica del beneficiario y una excelente señal para el acceso a otras fuentes de financiamiento”. Este ejemplo de Chile causa gran inquietud a los pueblos y a los movimientos sociales latinoamericanos, como Argentina, fuertemente marcados por las políticas de austeridad impuestas por el FMI en los últimos decenios.

En otros lugares del mundo, como Líbano, luego de meses de manifestaciones debidas a las medidas de austeridad, el gobierno no encontró nada más original que acordar con el FMI la puesta en marcha de un plan quinquenal. Adoptado a fines de abril su objetivo es reducir el déficit público y prevé una suba de impuestos, un congelamiento del empleo en el sector público, un aumento del precio de la electricidad y la reducción de las subvenciones a dicho sector. Prevé igualmente una reestructuración de la deuda y del sector bancario. Hasta ahora ha sido rechazado por la Asociación de Bancos del Líbano.

El FMI se mantiene igualmente activo en el Norte. En Ucrania, país asistido desde la guerra civil que estallara en 2014, el FMI y el gobierno negociaron el 21 de mayo un acuerdo a propósito de un nuevo programa de ayuda de 5.000 millones de dólares en 18 meses “para ayudar a Kiev a superar la epidemia del coronavirus”. Este “acuerdo de confirmación” está avalado a cambio de un programa de reformas. Se tardó muchas semanas en llegar a este acuerdo porque había que votar la ley llamada “anti Kolomoiski” (cuyo objeto es impedir que los antiguos propietarios bancarios puedan recuperar sus empresas si fueron nacionalizadas, aunque hubiera habido vicios de procedimiento, y reconocerles como máximo una compensación financiera por el perjuicio sufrido) y, sobre todo, la ley relacionada con la eliminación de la moratoria sobre la venta de tierras agrícolas. El límite de superficie que puede poseer una persona física era de 100 hectáreas, a partir del 1° de enero de 2024 las sociedades podrán comprar tierras agrícolas hasta un máximo de 10.000 hectáreas. (9)

La alternativa DTS

El 14 de abril de 2020 Gordon Brown, exministro de Finanzas y primer ministro del Reino Unido y Lawrence H. Summers, profesor de economía de la Universidad de Harvard y exministro de finanzas de los EEUU, opinaban en el Washington Post que debían fortalecerse los poderes intervencionistas del FMI, especialmente mediante el uso de los DTS, derechos especiales de emisiones: se trata de un sistema pilotado por el FMI que permite completar sus reservas a los países miembros.

Dominique Strauss-Khan propone además recurrir a los DTS combinado con un alivio de las deudas de los países en desarrollo. Según el antiguo director del FMI, si no se hace Occidente se expone sobre todo a una crisis migratoria sin precedentes… Voces de la izquierda (y no de centro, como las neoliberales precedentemente mencionadas) reclaman también DTS y paralelamente la anulación de las deudas. Se olvidan, sin embargo, que los DTS también son préstamos del FMI que implican su reembolso bajo ciertas condiciones y tasas de interés.

Artículo tomado del AVP n.º78 « Dette, coronavirus et alternatives », revista semestral del CADTM gratuitamente disponible en pdf, en venta a 5 euros o por abono anual.

Notas:

(1) Toussaint E. (2019), « Retour sur la crise de 1982 ». AVP Dettes aux Suds, tercer trimestre de 2019, 1 p.

(2) Le Monde (2014), « Des chercheurs pointent une responsabilité du FMI dans l’épidémie d’Ebola. », publicado on line el 22 de diciembre de 2014, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/12/22/les-exigences-du-fmi-ont-affaibli-les-systemes-de-sante-des-pays-africains-frappes-par-ebola_4544492_3212.html

(3) Kentikelenis et al. (2014), « The International Monetary Fund and the Ebola outbreak, », The Lancet Global Health Vol. 3(2), pp. 69-70.

(4) https://www.cadtm.org/Le-CADTM-France-demande-l

(5) FMI & Banque Mondiale (2020), Réponse du Groupe de la Banque mondiale et du FMI au Covid-19, transcripción de la rueda de prensa de Mme Georgieva & M, Malpass, 4 de marzo de 2020.

(6) Le Figaro (2020), « Le FMI accorde des fonds à 25 pays très pauvres pour alléger leur dette », publicado on line el de abril de 2020, https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-fmi-accorde-des-fonds-a-25-pays-tres-pauvres-pour-alleger-leur-dette-20200414

(7) Fualdes N. (2020), « La Côte d’Ivoire obtient près de 900 millions de dollars du FMI pour faire face au coronavirus », Jeune Afrique, publicado on line el 22 de abril de 2020, https://www.jeuneafrique.com/932004/economie/la-cote-divoire-obtient-pres-de-900-millions-de-dollars-du-fmi-pour-faire-face-au-coronavirus/

(8) https://www.lesoir.be/287999/article/2020-03-17/le-venezuela-demande-au-fmi-une-aide-de-5-milliards-de-dollars

(9) www.farmlandgrab.org/post/view/29555-lukraine-leve-le-moratoire-sur-la-vente-des-terres-agricoles-contre-laide-du-fmi

Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino

https://www.leerydifundir.com/2020/09/cuando-fmi-aprovecha-la-covid-aumentar-control-los-paises-del-sur/

El FMI lanza sus tentáculos sobre América Latina

Hedelberto López Blanch

Aprovechando la estrepitosa caída de las economías de América Latina por la propagación del coronavirus Sars-Cov-2, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanza nuevamente sus tentáculos de control económico y político contra la región al otorgar créditos de emergencia bajo sus leoninos métodos.

Solo del 15 de abril al 13 de mayo, el organismo internacional aprobó préstamos por alrededor 14.780 millones de dólares a 13 de los 17 países de la región, que los habían solicitado para enfrentar la pandemia.

Para esos fines, el Fondo recurrió a dos herramientas de emergencia: el Mecanismo de Crédito Rápido, (RFC por sus siglas en inglés) que presta asistencia inmediata con condiciones limitadas a Estados de bajos ingresos que tienen necesidades urgentes de equilibrar su balanza de pagos; y el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI), con los mismos objetivos, pero para todos los países miembros del organismo.

En ambos casos se flexibilizan los créditos sin que ello implique revisiones de las políticas económicas de los beneficiarios, que sí se aplican en otros tipos de deuda.

Pero, fíjense bien, a la par que reconoció las políticas sociales aplicadas hasta ahora por los gobiernos, advirtió que, en la etapa posterior a la pandemia, se deberán repetir las añejas recetas de ajustedel gasto público.

A las naciones que se les autorizaron los créditos cuyas cifras aparecen en millones de dólares son: El Salvador (389), Panamá (515), Bolivia (320), Haití (111,6), Paraguay (214), Dominica (14), Granada (22) Santa Lucía (29), Costa Rica (504), República Dominicana (650), Ecuador (643.7), Honduras (530) y Colombia (10 800).

Otros países también han solicitado empréstitos como Jamaica (65), Perú (11.000), Chile (23.000).

En muchos de esas naciones, los gobiernos utilizarán los empréstitos para ayudar a las grandes empresas y negocios a solventar la crisis y no van destinados a resolver los graves problemas de la mayoritaria población.

Recordemos que tanto el FMI como el Banco Mundial son organismos financieros creados en 1944, durante la reunión celebrada en Bretton Woods, poco antes de terminar la Segunda Guerra mundial. Han estado dominados desde un principio por Estados Unidos y las potencias europeas occidentales, y actúan en contra de los intereses de los pueblos.

El FMI tras un periodo de declive al ser rechazado por imponer políticas económicas en detrimento de las grandes mayorías del mundo, esta tratando nuevamente de convertirse en el inspector financiero del orbe.

El poder de este organismo se basa en que sus programas de ajuste tratan de imponer la confianza de los mercados internacionales de capital en el país deudor. Sin el visto bueno del Fondo, que como censor determina la voluntad y capacidad de un país para pagar el servicio de la deuda, no se abren generalmente las puertas para la entrega de empréstitos.

Como ya ha sido su práctica esencial de control, las naciones que reciben este “beneficio” deben someterse a condicionamientos que van desde recomendaciones no obligatorias hasta inspecciones extremas con imposición de sanciones de carácter forzoso.

Los empréstitos que realiza esa institución como su hermanastra del Banco Mundial, tienen como fin influenciar sobre sus políticas internas, pues el endeudamiento externo es utilizado como un valioso instrumento para someter a los deudores.

La historia de estos dos organismos financieros está plagada de violaciones de los pactos internacionales sobre derechos humanos, sostenimiento y apoyo a gobiernos de derecha y hasta de dictaduras militares como las que tuvieron lugar en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Chile en el siglo pasado.

Consecuente con esa política, las solicitudes de Nicaragua y Venezuela, que en estos días también pidieron un empréstito debido a la crisis que les ha ocasionado el nuevo coronavirus, resultaron rechazadas por el Fondo.

Sobre Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro solicitó 5.000 millones de dólares, el organismo adujo que no se le otorgó porque hay una “confusión” sobre quién encabeza el Gobierno, ya que algunas naciones bajo presiones de Estados Unidos y de sus aliados occidentales reconocen al “fantasma” Juan Guaidó.

Asimismo, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega solicitó 470 millones de dólares pero las autoridades del FMI lo rechazaron al considerar que estaba haciendo un «mal manejo» de la crisis. Datos oficiales de organismos internacionales de salud confirman que Managua tiene uno de los índices más bajos de contagios en la región.

A todas luces se desprende que el FMI seguirá la línea dictada desde Washington de cerrar o debilitar a los gobiernos de izquierda, progresistas o nacionalistas en aras de favorecer el acceso al poder de los opositores de derecha.

Desgraciadamente esto sucede porque en América Latina, por las acciones desestabilizadoras de Washington que ve a la región como su patio trasero, no se ha podido mantener una unión como la proyectada en 2011 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que posibilitaría fortalecer instituciones bancarias como el Banco del Alba, al otorgar facilidades asequibles a sus miembros sin tener que enfrentar presiones leoninas.

Hedelberto López Blanch.  Periodista, escritor e investigador cubano.

https://www.leerydifundir.com/2020/06/fmi-lanza-tentaculos-america-latina/