El contralor Fuad Khoury estaba debiendo una explicación sobre la falta de control serio sobre los hechos que durante varios años se registraron en el gobierno de Ancash, a pesar de haber tenido instalados allí sus auditores y disponer de los recursos para evaluar los contratos y hacer el seguimiento de las diversas obras de infraestructura. Pero como suele hacer, fugó para adelante y estableció una conclusión que acabó con todos los debates: la descentralización ha fracasado.
O sea, no fracasó el control que era su responsabilidad, ante la novedad de tener 25 gobiernos autónomos, con presupuestos propios y capacidad de contratar, sino el sistema mismo, con lo que seguramente pensará que descarga toda responsabilidad. Un informe del día de ayer, probablemente filtrado desde el Ministerio Público, indica que habría hasta 19 presidentes regionales con denuncias sobre corrupción, lo que significaría que un 76% de los gobiernos electos en el interior del país tendrían problemas con la Justicia.
La cifra, sin embargo, se aclara un poco más cuando se descubre que ocho de los mencionados se encuentran en situación de investigados, sin proceso judicial abierto, y que aún en el caso de los enjuiciados no existe uno solo con sentencia en firme. Lo que puede significar varias cosas: (a) que todo manejo de sumas altas de dineros, atrae sospechas y controversias; (b) que hasta ahora no se ha probado un caso importante de corrupción, ni aún, los más saltantes, lo que habla mal de los órganos de control y justicia, como la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial; (c) que no se ha probado aún que los gobiernos regionales son más corruptos que otras instancias del Estado, pero que es evidente que hay quienes quieren que creamos eso.
Con todos sus defectos: reproducir los departamentos en jurisdicciones políticas con otra denominación; intentar corregir el asambleísmo de la regionalización previa (eliminada por Fujimori al segundo año), con el refuerzo de un caudillismo autoritario de la presidencia; mantener casi como único nexo con el gobierno central, el manejo de la distribución de recursos a través del Ministerio de Economía que acrecienta con esto su poder invisible sobre todo el aparato del Estado; con todo ello, digo, y el localismo ramplón de algunos líderes regionales, la descentralización aprobada por Toledo fue un paso fundamental en la reforma del sistema político peruano.
Claro que en un escenario sin partidos nacionales y de retroceso de la política (reemplazada por el principio de “hacer obras” y la cuasi aceptación social que los que las hacen se ganan más de lo legalmente admitido), es relativamente fácil lanzar en plena ruta hacia la elección de nuevas autoridades una catarata de denuncias que da la impresión de estarnos diciendo que lo que se viene es una nueva obligación de votar por quien nos esquilmará en los siguientes años. O tal vez quieran convencernos de que mejor no elegimos a nadie.
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