Cuba atacada por no ser colonia de Washington

Hedelberto López Blanch

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, impulsados por representantes cubanoamericanos de ultraderecha, han lanzado una violenta guerra híbrida contra la revolución cubana con el afán de derrocar al Gobierno de la Isla que ha resistido durante más de 60 años todos los embates y agresiones de las diferentes administraciones estadounidenses.

Marco Rubio desde su nombramiento como canciller el pasado 20 de enero ha impulsado las políticas de odio hacia Cuba y alebrestado a otros cubanoamericanos como Carlos Giménez, Mario Díaz-Balard o María Elvira Salazar que diariamente impulsan resoluciones y propuestas de leyes con el manifiesto fin de incrementar aun más el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra Cuba.

Un reciente libro publicado por las editoriales Nuevo Milenio y Resumen Latinoamericano, bajo el título, «Rubio, un mitómano incontrolable», denuncia las mentiras y los eventos de corrupción en los que ha estado envuelto este personaje cuya primera farsa fue afirmar que sus padres huyeron como exiliados políticos de la Revolución cubana cuando la realidad es que emigraron a Estados Unidos en 1956 durante la dictadura de Fulgencio Batista.

El autor de la obra tomó múltiples informaciones e investigaciones de periódicos y fuentes públicas las que detallan pormenorizadamente las tropelías y corrupciones cometidas por Rubio quien manifiesta una obstinada obsesión con hacerle en mayor daño al pueblo cubano.

Como expresó durante la presentación el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, en el libro se pone de manifiesto el pensamiento de José Martí cuando escribió: «los venenos del alma que manchan la naturaleza de Estados Unidos» y también para apreciar la crisis moral de las élites del imperio que nos desprecia.

En el lejano 1973, Manuel Giberga, asesor del Director del Buró Federal de Narcóticos, el cubano de mayor rango en la administración de Richard Nixon, dijo en una entrevista a la revista Réplica que se estaba formando en Miami una mafia cubana al estilo de cómo se hizo por los gánsteres de Chicago en la época de Al Capone.

El senador estadounidense Rick Scott y la congresistas cubanoamericana María Elvira Salazar impulsan el llamado proyecto de Ley Force, que prohibiría al Ejecutivo eliminar a la Mayor de las Antillas de ilegítima lista de países patrocinadores del terrorismo hasta que se cumplan condiciones que, en la práctica, profundizan el daño económico al pueblo cubano.

El Gobierno cubano y numerosos países del mundo han rechazado esa arbitraria e injusta medida que ha sido utilizada como una herramienta de asfixia financiera y aislamiento internacional la cual impide el acceso a mecanismos bancarios globales y restringe exportaciones esenciales, afectando severamente la economía y la calidad de vida de la población.

Otro odiador ha sido el congresista cubanoamericano Carlos Giménez que ha declarado que «hay que matar de hambre al régimen, cesar todos los viajes hacia y desde la Isla y prohibir las remesas de ciudadanos estadounidenses a familiares o amigos, excepto los que se le dan a los grupos opositores al Gobierno.

La realidad es que las acciones y campañas contra la Isla del Caribe se ha convertido en un verdadero negocio para esos personajes que reciben abundantes sumas de dinero por llevar adelante esa agresiva política contra Cuba.

Recrudecer el bloqueo contra la Isla es la finalidad de la administración Trump.

Recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla ofreció una conferencia de prensa donde detalló pormenorizadamente los efectos del bloqueo.

Enfatizó que  “No es posible expresar en cifras el daño emocional, la angustia, los sufrimientos, las privaciones que el bloqueo genera en la familia cubana. Así ha sido por varias generaciones, más del 80% de los cubanos en la Isla nacieron después del comienzo del bloqueo.

“Las consecuencias de esta política se evidencias dramáticamente en las carencias que enfrenta nuestra población. Esta realidad es innegable, tangible”.

Cuba presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas los días 28 y 29 de octubre, el proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

En el período que aborda ese informe que abarca del 1 de marzo de 2024 a 28 de febrero de 2025, se estiman pérdidas de 7 556 millones de dólares.

El jefe de la diplomacia cubana señaló que el costo de dos meses de bloqueo que representan 1 600 millones de dólares permitiría financiar por un año la entrega de la canasta familiar normada.

Dieciséis días de bloqueo, o sea, 339 millones de dólares, equivalen al monto para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos de todo el país.

Catorce horas de esa injusta e inhumana medida equivalen a 12 millones de dólares, similar al monto para adquirir la insulina para los diabéticos del país.

Dos horas de esa infame agresión económica y financiera se evalúan en 1,4 millones lo que no permite adquirir los medicamentos que se necesitan en tratamientos de patologías de cardiología y neurología, así como para los alimentos destinados a niños con deficiencias genéticas y con enfermedades endocrino-metabólicas.

Bruno Rodríguez añadió que cuatro meses es igual a 2.850 millones dólares, o sea, el costo de adquisición de los ómnibus que requiere el transporte público del país.

En estas agresiones y conspiraciones contra Cuba han estado envueltas las diferentes administraciones estadounidenses a lo largo de más de 60 años las que se han recrudecido con la llegada al poder del convicto presidente Donald Trump y de su canciller Marco Rubio.

Nuevamente le corresponderá a la comunidad internacional durante la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar a finales de octubre, condenar por trigésima tercera ocasión el bloqueo contra la Isla del Caribe.

Como aseguró Bruno Rodríguez, la Resolución «tendrá un apoyo prácticamente unánime. Lo nuevo en esta ocasión es el contexto internacional, marcado por el creciente unilateralismo, el supremacismo, la violencia y el reforzamiento de la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba y otros países”.  

Lo que resulta innegable es que Cuba ha sido atacada y castigada por no ser una colonia de Washington.

Hedelberto López Blanch, ​Periodista, escritor e investigador cubano, especialista en política internacional.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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A LOS PUEBLOS DE NUESTRA INDOAMERICA

Claudia Sheinbaun, Presidenta de México

¿Por qué el imperialismo quiere vernos divididos?*

Porque sabe que juntos somos invencibles. Estados Unidos, potencia que se viste de democracia mientras exporta golpes de Estado, ha clavado sus garras en nuestra tierra con una estrategia clara: *dividir para saquear*.

En Chile, financió el golpe contra Allende para imponer a Pinochet y regalar el cobre a sus corporaciones.

En Nicaragua, armó a los Contras para ahogar en sangre la Revolución Sandinista.

En Venezuela, desató una guerra económica y sanciones criminales para robar el petróleo y doblegar a un pueblo que se atrevió a mirar al futuro con soberanía.

En Brasil, utilizó la Lawfare para encarcelar a Lula y frenar el ascenso de los pobres.

En Bolivia, apoyó un golpe contra Evo Morales para entregar el litio a sus transnacionales.

En Cuba, mantiene un bloqueo genocida por seis décadas, castigando a un pueblo que eligió ser dueño de su destino.

Desde las tierras ardientes del Río Bravo hasta las aguas embravecidas de la Tierra del Fuego, somos un solo pueblo, una sola alma tejida con los hilos de la resistencia, la dignidad y los sueños compartidos. La *Patria Grande* no es una utopía: es el latido de nuestra historia, la memoria viva de quienes lucharon por vernos libres, desde Túpac Amaru hasta Bolívar, desde Martí hasta la Che Guevara. Es el territorio sin fronteras donde el quechua, el español, el portugués, el guaraní y todas las voces originarias se funden en un coro que canta: *¡Unidad!*

*Cada herida abierta en un país es un ataque a todos.* El imperialismo no teme a gobiernos aislados: teme a los pueblos unidos. Nos han impuesto tratados que privatizan el agua, la salud y la educación; han militarizado nuestros territorios para controlar recursos; han manipulado medios de comunicación para sembrar el miedo y el individualismo. Pero su arma más letal es hacernos creer que somos enemigos, que la pobreza de uno es culpa del otro, y no del sistema que nos desangra.

*La Patria Grande es la respuesta.* Es el abrazo solidario entre el obrero argentino y el campesino colombiano; entre la maestra mexicana y el ingeniero venezolano; entre los jóvenes que en las calles de Perú, Ecuador o Honduras exigen justicia. Es entender que la independencia de Haití, lograda con sangre en 1804, es tan nuestra como la victoria de Ayacucho. Es saber que cuando Paraguay fue masacrado en la Guerra de la Triple Alianza, no perdieron solo los paraguayos: perdimos todos.

*Unidos no somos víctimas: somos titanes.* La Zamba de Vargas, la batalla de Carabobo, el grito de Dolores, la resistencia mapuche, las Madres de Plaza de Mayo, los zapatistas alzando la voz en Chiapas… Cada lucha es un eslabón de la misma cadena que hoy nos llama a romper las cadenas. La soberanía no se negocia: se defiende. Y para defenderla, necesitamos una unión política, económica y cultural que nos permita intercambiar sin depender del dólar, producir alimentos sin agrotóxicos, educar con pedagogías liberadoras y proteger nuestra Amazonía como pulmón del mundo.

*Hermanos, no nos equivoquemos: el enemigo es el mismo.

* Mientras Wall Street especula, nuestros pueblos hambrean. Mientras Hollywood nos vende falsos ídolos, entierran nuestras identidades.

Pero tenemos algo que ellos jamás tendrán: *la certeza de que la historia la escriben los pueblos*.

Hoy, cuando el neoliberalismo recicla su rostro con falsas promesas, cuando la Cuarta Flota estadounidense vigila el Caribe y las bases militares se multiplican en Colombia y Brasil, es hora de gritar con una sola voz:

*¡Basta de injerencia! ¡Basta de saqueo!*

Que resurja la UNASUR, que crezca el ALBA, que el CELAC sea nuestro escudo. Organicemos asambleas populares, redes de comunicación propia, monedas regionales, ejércitos de maestros y artistas que despierten conciencias. Porque la verdadera independencia se conquista con educación, organización y amor al prójimo.

*Somos la generación que puede hacer realidad el sueño de San Martín y Manuelita Sáenz.

* No esperemos a que nos rescaten: seamos nosotros la trinchera, el poema, la semilla. Que cada barrio, cada fábrica, cada aula sea un territorio libre de la Patria Grande.

*¡Que viva América Latina unida! ¡Hasta la victoria siempre!*

*Porque en nuestra unión está la fuerza, y en nuestra lucha, la libertad.*

https://corporacionuteusach-noticias.cl/2025/02/11/a-los-pueblos-de-nuestra-indoamerica/

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Perú: Comparsa regatonera

César Hildebrandt

Edmundo González llega al Perú como presidente fantasma y es condecorado por su homóloga peruana. Hay discursos solemnes, balconazos desde un hotel ruinoso, agradecimientos en nombre de las virtudes teologales.

Ambos son sombras, delicadezas de la nada, títeres de principales. A González, que tiene aspecto de último suspiro, lo mandan la derecha venezolana que parió a Chávez y las masas que perdieron la batalla en la calle. A Boluarte la ventriloquea el fujimorismo insepulto que crearon Alan García y Abimael Guzmán.

Ninguno de los dos preside nada. Ninguno aspira a gobernar nada. Ambos saben que son un simulacro de autoridad y que cumplen un papel secundario en el vodevil de este subcontinente.

Nicolás Maduro, el chofer de bus a quien Chávez eligió como sucesor ideal, no existiría si la oposición venezolana se hubiese unido en el momento en que deponer egos era un imperativo categórico. Chávez no habría surgido como desmán continuo si Acción Democrática, la socialdemocracia venezolana, y Copei, la democracia cristiana que encarnó Rafael Caldera, no hubiesen fracasado de modo tan brutal.

Chávez asomó su cachaquería carismática en medio de los escombros de la economía y la política tradicional. Se creyó el Bolívar regresado. Bolívar, que era genial, lo habría despreciado en francés. Maduro vino del cáncer de su jefe y convirtió al chavismo, que era socialismo de potrero metido en un barril de petróleo, en una mafia descarada y criminal.

Pero Maduro sigue allí y la llamada oposición venezolana no ha logrado lo más elemental: convencer a los militares de que la mejor salida es una transición pacífica. Y se ha prestado, otra vez, a elecciones previstamente amañadas de las que ha salido este “presidente moral” llamado Edmundo González.

Así que el trémulo González acude a Lima y el holograma que atraviesa las paredes del palacio presidencial de Lima lo reconoce como mandatario. Lo mismo hacen el presidente del congreso del hampa y el alcalde que se hace llamar Porky.

El gran problema es que a estas alturas importa poco quién gobierna Venezuela. Y la culpa la tiene Donald Trump.

Trump es el Bernie Madoff de la Casa Blanca. Aspira a estafar a todo el mundo y salir impune gracias a su capacidad para matonear y actuar como rufián. Es el neoliberalismo con lanza, el capitalismo que recuerda las hilanderías inglesas del siglo XIX, la desnudez peluda de un sistema que ya no habla de valores sino de rendimientos y accionistas. Trump ha arrojado a los encubridores del templo de la codicia y ha declarado que todo es un asunto de plata, que no hay más dios que el balance de fin de año. Trump es el gerente general y plenipotenciario de la mayor empresa del mundo: los Estados Unidos de América. Su sucursal en medio oriente es Israel. Su CEO filial en estas comarcas se llama Javier Milei.

Pues bien, este Trump desatado debería convocar a una reunión de emergencia de todos los países latinoamericanos que aspiran a seguir siéndolo (con excepción provisional de Argentina). La agenda de ese encuentro no debería ser otra que el asunto de ver cómo enfrentamos juntos el imperialismo yanqui, un concepto que creíamos difunto y que hoy nos tose feamente en la oreja. La máquina del tiempo inventada por el trumpismo nos ha regresado a Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos que le advirtió a Europa que “América era para los americanos”. Sus hagiógrafos dijeron que esa frase aludía a la autonomía de los países liberados de las tutelas del viejo mundo, pero la historia demostró al final que las palabras de Monroe se refirieron a que nadie debía discutir la hegemonía norteamericana en la región.

Latinoamérica tiene ahora un gran pretexto para salir de sus nacionalismos raquíticos y hallar una causa común. La dignidad está en juego. El imperialismo yanqui nos amenaza con un surtido de vejaciones y maltratos y lo único que vemos, por ahora, es que una ministra chilena dice que está dispuesta a recibir expulsados aéreos y que el canciller del Perú, más sumiso que nunca, repite lo mismo. Y ya sabemos lo que pasó con Petro, presionado por los balidos de su gabinete y asustado por los aranceles.

¡Que se metan sus tasas por donde les aconseje su médico de cabecera! No todo puede ser aduanas, miedos de directorio, meaditas de cónsules encubiertos, ayes de cancilleres.

¿Seremos capaces de recordar que somos países que merecen respeto? ¿Evocaremos a Bolívar o nos quedaremos con algún Batista? ¿O será que el sometimiento, viejo tutor de estas latitudes, nos llamará al orden y volveremos a ser la comparsa regatonera de esta mala película?

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 718 año 15, del 31/01/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

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EE.UU. – Latinoamérica: ejércitos para prevenir el «peligro chino»

Observatorio en Comunicación y Democracia (OCD) - Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)

El Comando Sur de Estados Unidos es uno de los diez comandos de combate unificado del departamento de Defensa de Estados Unidos, y su jurisdicción  comprende los países de América Latina, con excepción de México, que pertenece al Comando Norte , y 12 islas entre los meridianos 30° y 92° oeste. Tiene su sede en Miami, Florida,

El nuevo jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, asumió el cargo a comienzos de noviembre  con la promesa de reforzar las alianzas con América Latina y el Caribe. “Nuestros adversarios han establecido una fuerte presencia, poniendo en peligro la seguridad y la estabilidad en todo el continente americano”, alertó Holsey, en referencia a los continuos esfuerzos de Rusia y China por ganar influencia en la región.

La anterior jefa del Comando Sur, Laura Richardson, clausuró a mediados de agosto los ejercicios tácticos conjuntos Panamax24, un ejercicio bienal multinacional americano, y volvió a referirse a los graves peligros que  supone la presencia china y rusa en la región, pese a que las únicas experiencias de golpes e invasiones militares sufridas fueron planificadas, impulsadas, avaladas o promovidas desde Washington.

Y habló de la creación de una fuerza multinacional “que requiere coordinación humana, técnica y de procedimientos, para llevar a cabo sus operaciones con eficacia”. Más de 1500 efectivos de las Fuerzas Armadas de EEUU, el Ejército Sur; las Fuerzas Aéreas del Sur; las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina, Sur; las Fuerzas Navales del Comando Sur; y el Comando de Operaciones Especiales, participaron en el ejercicio.

Estados Unidos mantiene 6.000 bases militares en su territorio y unas 800 fuera de sus fronteras, de las cuales 76 están en América Latina y el Caribe. La intervención desmedida amenaza ecosistemas, soberanías y arrastra a la región a una imprudente confrontación con Rusia y China.

Entre abril y junio de 2024, se reactivó la  Misión Naval Southern Seas, liderada por EEUU, en la que oficiales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, compartieron un viaje a bordo del portaviones nuclear USS George Washington, con el  pretexto de una acción en favor de la «protección ambiental» y “lucha contra la criminalidad transnacional”.  Su verdadera intención era otra: consolidar su control militar en la región.

En abril, el libertario presidente de Argentina, Javier Milei se reunió en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, con la generala Richardson, donde reafirmó su compromiso con la alianza estratégica con EEUU. en defensa de «la vida, la libertad y la propiedad privada». Y anunció la construcción de una base naval conjunta en Ushuaia, un gasto que ya incluyó Milei para el presupuesto 2025.

Uno de los casos más alarmantes del paso de la militarización estadounidense en América Latina es la Isla Gorgona, en Colombia: 61.685 hectáreas de área protegida, hogar de 381 especies de peces, 155 de aves, 35 de reptiles, siete de anfibios y 430 tipos de plantas. Este santuario natural está bajo amenaza por la construcción de una base militar estadounidense, con un muelle de 170 metros y una torre de comunicación, con innumerables riesgos potenciales para la fauna local.

En agosto, en el desierto de Atacama, 200 miembros del ejército estadounidense capacitaron a 400 militares de Chile y Argentina, en el marco de ejercicios llamados Southern Fénix 2024, donde estrenaron el sistema de cohetes M 142 Himars, prólogo de la firma de un acuerdo de 106 puntos entre los ejércitos de EEUU y Chile para la  capacitación militar de parte de EEUU y ejercicios de entrenamiento bilaterales y multinacionales, como el que tuvo lugar en el desierto de Tarapacá, donde por primera vez se desplegaron los sistemas de artillería M142 Himars en América Latina.

El 14 de diciembre de 2024, el gobierno ecuatoriano del ultraderechista Daniel Noboa autorizó  que Estados Unidos instale una base militar en las islas Galápagos. Este acuerdo permite la presencia de buques, submarinos y personal militar con la justificación de combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses están exentas de pagar tasas administrativas y reciben inmunidades diplomáticas similares a las del personal de embajadas, lo que genera controversias legales y éticas.

A pesar de la prohibición constitucional de bases extranjeras desde 2008, el gobierno de Noboa impulsa una reforma parcial para eliminar esta restricción. La de Galápagos sustituirá a la base estadounidense en Manta, que operó entre 1999 y 2009 hasta ser cerrada por el presidente Rafael Correa. Críticos calificaron la decisión como un “servilismo colonial” que ignora los intereses nacionales y la soberanía de Ecuador

Desde Panamá se ha confirmado un gran incremento de la actividad militar de Estados Unidos en la región que está utilizando al país como base de operaciones estratégicas. La Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) denunció públicamente la presencia de aeronaves militares estadounidenses- C-17 Globemaster III, helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk y Bell UH-1h-  en el aeropuerto Howard, ubicado en las afueras de la capital panameña y en el aeropuerto internacional Panamá Pacífico.

El Comando Sur sostienen que América Latina no se beneficia de los recursos que China extrae de la región y destacó la importancia de la competencia en la construcción y operación de infraestructura crítica con los países vecinos para combatir el crimen organizado. Recordó que 21 países de la región firmaron distintas iniciativas de acuerdo con China.

El objetivo central del Comando Sur para la región es el de impulsar guerras regionales (proxy) contra quienes defienden valores soberanos, con el propósito de desmembrar los vínculos de estos países con los BRICS+. En forma concomitante, es preciso fracturar o debilitar la configuración de un nuevo orden internacional autónomo del globalismo financiarista afín al injerencismo comandado por OTAN, el G7 y el FMI. Y por ello aparece como prioritaria la demonización de China, que ha superado el PBI de EEUU.

En diciembre de 2023, cinco jefes de agencias de inteligencia y la generala Richardson abordaron los retos que representa la influencia china en la gobernanza y la infraestructura de los países latinoamericanos. Para Estados Unidos, la infraestructura crítica, como los megapuertos y los sistemas de tecnología de información, necesita «ser protegida de influencias extranjeras” que podrían tener intenciones ulteriores, preservando así la autonomía y la seguridad regionales en un mundo cada vez más interconectado. Quizá no saben que para Latinoamérica, EEUU es un país extranjero.

Washington ha instado a las empresas estadounidenses a competir con China por estos contratos internacionales, destacando la importancia de participar activamente en el mercado global para asegurar inversiones y presencia en proyectos estratégicos. Otro aspecto crucial en esta discusión es la relación entre seguridad económica y seguridad nacional.

En el proyecto de presupuesto nacional destinado a financiar al Pentágono durante el año 2025–presentado en julio en el Senado–, se incluye un significativo incremento de las partidas para el Comando Sur y especialmente para la Dirección de Apoyo Técnico de la Guerra Irregular. Los senadores solicitaron un plan pormenorizado y específico por parte del Secretario de Defensa, sobre las políticas y doctrinas que aplicará el Pentágono en relación con las “operaciones subterráneas”,

Por operaciones subterráneas se entienden los rotundos fracasos militares en las operaciones armadas y las invasiones llevadas a cabo por Washington en el último medio siglo (Vietnam, Afganistán, Libia y Siria, por ejemplo). Tras la seguidilla de fracasos se ha generado una nueva doctrina castrense que combina acciones complementarias (conocidas como proxy) de bloqueos económicos, sanciones unilaterales, operaciones cognitivas y combates subsidiarios.

La preocupación no se limita únicamente a la extracción de recursos, sino que se extiende a la seguridad cibernética y la protección de datos. América Latina, como otras regiones, fue y es blanco de ataques cibernéticos, incluyendo ransomware, que debilitaron las redes de información críticas.

Según la analista del Comando Sur, Julieta Pelcastre, el presidente chino Xi Jinping es el «responsable de socavar las democracias en Latinoamérica». Según los informes difundidos por el portal del Comando Sur,  “China busca transformar la información de la región para favorecer su cosmovisión y, en última instancia, socavar los principios democráticos.” Para el Comando Sur, los servidores informáticos del lejano Oriente cumplen con el designio de liderar la vigilancia masiva y la censura de contenidos.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Perú: Los corruptos, ¿ganan siempre?

Diego García Sayán

"Son especialmente importantes leyes útiles contra la corrupción desde Washington frente a regresiones autoritarias en países latinoamericanos: la lista Engel o la Ley Global Magnitsky".

Ya he comentado en estas páginas (16.3.2023) sobre el “pacto de los corruptos” que asoló Guatemala hasta hace pocos días. Y sobre las semejanzas con el colapso que se sufre en el Perú: corrupción, control autoritario de las instituciones del Estado, cerco a la independencia judicial y desinstitucionalización. En uno y otro caso, para el beneficio de unos pocos. Dentro del Estado y, acaso, de algún sector empresarial.

La ciudadanía guatemalteca y la comunidad internacional terminaron con ese oscuro pacto en Guatemala. Es historia aún por escribirse la del pacto en el Perú. Aún vivito y coleando, como es público y notorio, destrozando las instituciones y cercando la libertad de expresión -y a periodistas como Gorriti y Rosa María Palacios- en beneficio del oscurantismo y de grupúsculos también oscuros.

 “Pactos de corruptos” en la región

Para enfrentar procesos gangrenosos -como el que corroyó Guatemala y que hoy destroza al Perú-, la comunidad internacional es y será siempre fundamental. Y, en ello, dos componentes claves para contribuir a eso.

De un lado, los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos, de la democracia y sus mecanismos de protección.

Por el otro, el papel y comportamiento que pueda adoptar Estados Unidos, el “socio mayor” interamericano. Con su peso regional, legislación y responsabilidades. Y, crecientemente, con base en importantes leyes internas que le asignan responsabilidades a la Casa Blanca para actuar contra personas en América Latina sindicadas como corruptas o violadores de los derechos humanos.

Corrupción: cosas pendientes

Pese a todos los avances en la región, en el plano de la corrupción institucional, algunas estructuras criminales se siguieron construyendo y continuaron operando en la región. Vinculadas, usualmente, a espacios relevantes del poder político.

En tiempos recientes ha destacado el llamado “pacto de los corruptos” en Guatemala, durante la presidencia del expresidente Alejandro Giammattei (hasta enero del 2024). Orientado, principalmente, a frenar investigaciones o acciones contra la corrupción que pudieran involucrar a políticos o empresarios. Pero como en el espacio “del mal” cunden los malos ejemplos, se producen imitaciones o “contagios”.

Una de las últimas “perlas” del peruvian pacto de los corruptos fue, como se sabe, la inconstitucional e ilegal intervención política por ese mismo Congreso a la Junta Nacional de Justicia. Desmanteló inconstitucionalmente ese crucial espacio independiente para designar y evaluar a jueces y fiscales. Decisión del Congreso que simultáneamente, en otra decisión, dejaba sin efecto disposiciones legales contra el crimen organizado de la minería ilegal.

“Big stick” contra la corrupción

La política del Big stick (o “Gran garrote”) marcó la diplomacia estadounidense hacia América Latina a principios del siglo XX; tiempos del controversial Teddy Roosevelt. Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy es diferente la articulación entre la región y Washington. Pues han entrado a tallar convergencias en principios democráticos. Como los interamericanos de derechos humanos democráticos, por ejemplo. Desde el Congreso de EEUU se empezaron a dictar, también, leyes más claras en prevención -o respuesta- frente a amenazas antidemocráticas o de corrupción.

Son especialmente importantes, en ese sentido, leyes que pueden ser útiles herramientas disponibles contra la corrupción en acciones desde Washington. Por ejemplo, la lista Engel y la Ley Global Magnitsky, frente a regresiones autoritarias o estructuras de corrupción en países latinoamericanos.

La política exterior de Washington ha empezado ya a obrar en consecuencia (ejemplo, en Guatemala.) Ambas leyes son normas “marco” de políticas de reacción a la corrupción en altos niveles gubernamentales y empresariales latinoamericanos. Y dan atribuciones concretas al presidente de Estados Unidas para actuar en los casos pertinentes.

Engel y Magnitsky: funcionaron

Las elecciones del 2023 en Guatemala fueron infructuosas para el pacto de los corruptos. El vencedor en la segunda vuelta, contrario al pacto, el candidato del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, hoy presidente de Guatemala.

La movilización popular, así como el respaldo de la comunidad internacional, hicieron valer los resultados electorales. A ello se añadió otro “detalle” crucial: la aplicación por el Gobierno de los Estados Unidos de las dos herramientas legales claves para actuar contra personas corruptas o violadores de los derechos humanos en la región: la llamada lista Engel y la Ley Global Magnitsky.

La lista sirve de marco para actuar contra aquellos actores, aún extranjeros, que, con conocimiento de causa, socavan procesos democráticos y/o participan en actos de corrupción. Con base en esta ley, el Gobierno estadounidense ha sindicado, con nombre y apellido, a 60 guatemaltecos por socavar procesos de justicia y la democracia. Sanciones en aplicación: restricción de visas, congelamiento de activos y prohibición de realizar transacciones comerciales con individuos y entidades específicas.

Adicionalmente, la Ley Global Magnitsky, por la que el Departamento del Tesoro puede sancionar a personas sindicadas de actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Se puede impedir que ingresen a los EEUU, el bloqueo de sus activos financieros y muy severas restricciones comerciales y financieras.

Se vienen aplicando ya a sindicados como integrantes del “pacto” con base en la lista hecha por el Departamento del Tesoro. Incluye a la cuestionada fiscal general Consuelo Porras, así como a empresarios destacados, congresistas y abogados

Poderosas herramientas

Con la administración Biden se han generado, dentro de ese marco legal, respuestas más claras a las amenazas -y ataques- de la corrupción en la región. Ello, tomando en cuenta la ley de la llamada lista Engel y la Ley Global Magnitsky, que establece que se puede impedir que ingresen los sindicados a los EEUU, el bloqueo de sus activos financieros y severas restricciones comerciales y financieras.

En ese proceso, como se sabe, se dio la suspensión de más de 300 visados a guatemaltecos sindicados de promover el golpe de Estado en Guatemala y por “socavar la democracia”. Entre ellos: políticos y empresarios de la cúpula del principal gremio empresarial (Cacif), que ya no podrán pisar los EEUU.

Estas herramientas, pues, se vienen aplicando. Lo que debería hacer pensar a quienes en el Perú siguen avasallando impunemente a la institucionalidad. O quienes en el sector privado puedan creer que valores como la independencia judicial pueden ser prescindibles.

El fin del pacto

Si, como la evidencia lo demuestra, hay señales de un “pacto de los corruptos” en el Perú, varios deberían ir poniendo ya sus barbas en remojo. Y empezar a informarse de las leyes que tienen que ver con el “tal Engel” o con el “tal Magnitsky, particularmente en el cuestionado y variopinto Congreso o en ciertos grupos empresariales.

https://larepublica.pe/opinion/2024/03/21/los-corruptos-ganan-siempre-por-diego-garciasayan-1252200

https://www.leerydifundir.com/2024/03/peru-los-corruptos-ganan-siempre/

Washington ambiciona las riquezas de Latinoamérica

Hedelberto López Blanch

Una fuerte ofensiva diplomática y de presiones hacia América del Sur ha lanzado Estados Unidos en los últimos dos años la cual ha sido encabezada por la jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson.

Desde su nombramiento en octubre de 2021 la militar de cuatro estrellas ha comparecido en varias ocasiones ante el Congreso estadounidense, visitado varias naciones latinoamericanas y en todas sus alocuciones ha insistido en acusar a Rusia y China en ser las principales amenazas en la región.

A solo seis meses de su asunción, en abril de 2022, realizó una gira por Chile y Argentina, dos de los tres países (junto a Bolivia) que contienen la mayor cantidad de reservas de litio en el mundo.

Al regreso de la gira expuso ante el Congreso que «la región del Comando Sur es de importancia estratégica para los intereses vitales de Estados Unidos y uno de los objetivos es sincronizar nuestro enfoque de cooperación en materia de seguridad, trabajando en todos los comandos combatientes para reducir las brechas que nuestros competidores están explotando».

Destacó que Latinoamericana es relevante para Washington

Laura Richardson afirmó que la región latinoamericana es “por todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, el 60 % del litio está en el triángulo (Argentina, Bolivia, Chile) que es necesario para la tecnología actual, se encuentran en las zona las reservas más grandes de petróleo, el crudo ligero a lo que se suman los descubiertos recientemente en Guyana; se hallan los recursos de Venezuela, petróleo, oro y cobre; tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas; también el 31 % del agua dulce del orbe en esta región. Quiero decir que tenemos mucho que hacer, esta región importa, tiene que ver mucho con nuestra seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”.

Durante una conversación en enero de 2023 con el think tank Atlantic Council, la generala se refirió a Rusia como su «adversario número dos» en la región —detrás de China—, debido a las relaciones del país euroasiático con Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El 8 de marzo de 2023, ante la Cámara de Representante, volvió a acusar a China de aprovecharse de los recursos naturales latinoamericanos. “La República Popular China sigue expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica y militar en América latina y el Caribe y  tiene la intención y la capacidad de emitir normas internacionales, promover autoritarismo y amasar poder e influencia a expensas de esas democracias.

“China, dijo, ha ampliado su capacidad para extraer recursos y establecer puertos, a través de prácticas de inversión depredadoras y construir instalaciones espaciales de doble uso”.

Es el lenguaje característico de los halcones estadounidenses que aún tienen en sus mentes la idea de controlar América Latina amparados en la nefasta Doctrina Monroe de 1823, con el propósito de que el naciente imperio no toleraría interferencia o intromisión de las potencias europeas en América y que al paso del tiempo se convirtió en un mecanismo para invadir y controlar a las naciones del hemisferio.

Como se conoce y ha sido denunciado en múltiples ocasiones, la Doctrina Monroe fue la base para decretar “América para los americanos” o mejor dicho, “América para Estados Unidos”.

La Richardson también ha planteado utilizar el poder blando, es decir, penetrar en los países de América Latina mediante la tesis política del palo y la zanahoria como ya lo han hecho en otras ocasiones.

En la teoría kentiana del palo y la zanahoria expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” de 1949, se señala que “la guerra no siempre es convencional: en efecto, una gran parte de la guerra, de las remotas y las más próximas, ha sido siempre realizada con armas no convencionales: armas políticas y económicas”.

Cierto que en los tiempos actuales, Estados Unidos ha pasado de la anterior táctica utilizada en América Latina cuando impuso dictaduras militares y el Plan Cóndor, a una guerra híbrida en la región pues cuando los pueblos se liberan de gobiernos neoliberales y prooccidentales, les imponen inmediatamente bloqueos económicos, golpes parlamentarios, campañas de desprestigio, encarcelamiento de líderes y golpes de Estado.

El gobierno de Estados Unidos, el Pentágono, y las compañías transnacionales abren sus enormes bocas para tratar de tragarse todas las riquezas existentes en Latinoamérica que van desde el litio, cobre, oro, plata y petróleo hasta los enormes acuíferos y su enorme biodiversidad.

Por tanto no hay más alternativa que los pueblos y gobiernos de la región abran los ojos ante esta fuerte arremetida imperial y tomen medidas que ratifiquen sus soberanías, autodeterminación e independencia.

Hedelberto López Blanch. Periodista, escritor e investigador cubano.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

https://www.leerydifundir.com/2024/02/washington-ambic…as-latinoamerica/

Perú: La paradoja de la neurociencia

Raúl Allain

Hoy en día es de carácter público que las investigaciones científicas predominantemente se encuentran enfocadas en el estudio del cerebro y de la mente humana –y, por ende, del comportamiento de los individuos.

Es de conocimiento que la multinacional IBM viene realizando experimentos (bastantes cuestionados) en neurociencia usando nuevas tecnologías como la implantación de nanobots cerebrales en pacientes.

El Proyecto Cerebro Humano (HBP por sus siglas en inglés) es un proyecto médico-científico y tecnológico financiado por la Unión Europea y dirigido por Henry Makram, cuyo objetivo es reproducir artificialmente las características del cerebro humano, supuestamente con fines médicos.

Tal como se afirma en el artículo “Proyecto Cerebro Humano: ¿Existen experimentos secretos con humanos en Latinoamérica?”, el médico cardiólogo David Salinas Flores se encuentra alertando acerca de la experimentación humana forzada e ilícita que se maneja como método secreto en dicho proyecto.

Esto no es ciencia ficción. Es un hecho que estas corporaciones, presuntamente aliadas con gobiernos corruptos de Latinoamérica, están realizando experimentos ilícitos con humanos para desarrollar el chip neuromórfico True North en hospitales infantiles de México, con miras a crear el primer cerebro artificial, todo ello financiado con más de mil millones de dólares.

En este escenario, el Perú –país donde reina la corrupción e incluso ya se sabe que existen mafias de traficantes de órganos–, tengo razones de fuerza mayor para sospechar que nuestro país en un futuro cercano podría convertirse en una “granja humana” para ensayos tecnológicos de alto riesgo.

Muy cerca de nuestro territorio, en el vecino país de Ecuador, existe otro Silicon Valley denominado “Yachay”, donde IBM estaría haciendo experimentación con comunidades rurales, utilizando como término de fachada las “TIC” (iniciales de tecnología de informática y comunicación), con la finalidad de lograr la interconectividad humana electrónica, y posiblemente implantar la esclavitud digital.

En la publicación “Las particularidades del control mental actual” (https://tinyurl.com/yckmuvuj) del diario Crónica donde citan mi artículo “La era del control mental” se escribe: “Uno de sueños de los señores de la guerra, de los amos del dinero y de los empresarios de la política ha sido dominar a las personas a través del control mental.

Aprovechando las crisis: económica, política, cultural, social y de salud; quienes pretenden convertirse en dueños del mundo, vuelven con nuevos proyectos para dominar a las personas por medio del control mental.”

Como sostengo en mi artículo citado sobre la experimentación humana:

“El investigador señala que existen evidencias de que existiría una red de experimentación ilegal con personas que el Proyecto Cerebro Humano (HBP) ha organizado en asociación con algunos gobiernos corruptos de Latinoamérica y con la participación y encubrimiento de cierta prensa.

Esta red estaría desarrollando una forzada y secreta experimentación humana neurocientífica con implantes y nanobots cerebrales, con los que se estaría obteniendo la fuente real de información del mapa del cerebro humano, a costa de la salud y violando la intimidad de los latinoamericanos”.

Asimismo, debemos señalar que la vocal María Alejandra Gámez de la Asociación de Víctimas de Acoso Organizado y Tortura Electrónica plantea sobre la política contra la tortura: “El principal problema a enfrentar por la sociedad contemporánea en este tema, es que hasta el momento no existe ninguna legislación conocida que ampare a las víctimas, permitiéndoles a ellas denunciar y a las autoridades responsables investigar los delitos involucrados en estas prácticas; como tampoco la hay para regular la rendición de cuentas de los estados y gobiernos, o para impedir su uso por los órganos represivos de los estados, o por delincuentes comunes”.  

También debemos señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce como víctimas de cibertortura a las víctimas de control mental.

Como ya lo he afirmado en mis ensayos sobre las tentativas de control mental y corporal, podemos afirmar que el Proyecto Cerebro Humano es un nuevo rostro del Proyecto MK Ultra iniciado en la década del cincuenta, y que ahora se está sofisticando mediante neurotecnología invasiva como implantes cerebrales o nanorobots en países pobres. Por favor: ¡Hay que estar alertas!

Raúl Allain. Escritor, sociólogo y analista político. Consultor Internacional en Derechos Humanos para la Asociación de Víctimas de Acoso Organizado y Tortura Electrónica (VIACTEC).

https://www.leerydifundir.com/2022/08/peru-la-paradoja-la-neurociencia/

60 millones de latinoamericanos padecemos hambre y 267 millones inseguridad alimentaria

Rubén Armendáriz

El hambre en América Latina y el Caribe está en su punto más alto desde 2000, con sesenta millones de habitantes que padecen hambre y 267 millones que sufren inseguridad alimentaria. Entre 2019 y 2020 aumentó 30%, casi 14 millones, el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria, alertaron varias agencias de la ONU.

En un nuevo informe, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia muestran cómo en sólo un año el número de personas que viven con hambre ha crecido en 13.8 millones, para un total de 59.7 millones de personas.

Si bien el coronavirus representa su propia amenaza para la salud, las consecuencias económicas de la pandemia también han significado alacenas vacías. Los meses de cierre y las restricciones a los viajes han afectado especialmente a los trabajos informales, en una región en la que faltar al trabajo un día puede significar tener poco que comer al día siguiente.

El panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021 apunta a que la prevalencia del hambre en el área se ubica actualmente en 9.1 por ciento, la más alta de los últimos 15 años. Esto se traduce en que cuatro de cada 10 personas en la zona –267 millones– experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020, 60 millones más que en 2019.

Además, en Sudamérica, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó 20.5 por ciento entre 2014 y 2020, mientras en Mesoamérica hubo un aumento de 7.3 puntos durante el mismo periodo.

No obstante, señalan las agencias, la inseguridad alimentaria grave, es decir, personas que se han quedado sin alimentos o han pasado un día o más sin comer, alcanzó 14 por ciento en 2020, lo que supone un total de 92.8 millones, un fuerte incremento en comparación con 2014, cuando afectaba a 47.6 millones.

Dentro de este panorama de inseguridad alimentaria, por otro lado, no se han visto afectados de igual forma hombres y mujeres, ya que en 2020, 41.8 por ciento de las mujeres de la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con 32.2 por ciento de los varones. Esta disparidad incluso ha ido en aumento en los últimos seis años.

Debemos decirlo fuerte y claro: América Latina y el Caribe enfrentan una situación crítica en términos de seguridad alimentaria. Ha habido un aumento de casi 79 por ciento en la cantidad de personas con hambre entre 2014 y 2020, denunció el representante regional de la FAO, Julio Berdegué, quien indicó que si bien la pandemia ha agravado la situación el hambre ha ido en aumento desde 2014.

La producción de alimentos que se pierden o se desperdician representan anualmente más de ocho por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, aunque en el caso de América Latina y el Caribe no se cuenta con datos que permitan determinar cifras exactas y evaluar la situación real por país.

La pérdida de alimentos se refiere a la disminución de la masa de comida que tiene lugar las primeras etapas de la cadena de suministro, desde que cosecha y produce hasta que se distribuye. Los desperdicios, en tanto, son las pérdidas que suceden cuando los alimentos se comercializan y se consumen. Pero mucho de los alimentos desperdiciados son codiciados por aquellos que deben recurrir a los desperdicios de otros para alimentarse.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), de todos los alimentos que se producen en el mundo 14 por ciento se pierde y 17 por ciento se desperdicia. Para los especialistas resulta inaceptable que se pierdan esos alimentos cuando en la región el hambre y la inseguridad alimentaria siguen siendo un enorme desafío

Las estimaciones previas subestimaban la magnitud del desperdicio de alimentos por parte de los consumidores. La cantidad de desperdicios en la realidad, según el reporte, es más del doble que la reportada previamente.

Las mujeres pasan más hambre que los hombres en toda la región, según la ONU. En 2020, aproximadamente el 42% de las mujeres sufría inseguridad alimentaria moderada o grave, frente al 32% de los hombres. Esta disparidad ha aumentado constantemente en los últimos años, con un incremento del 6,4% al 9,6% en el primer año de la pandemia.

En Guatemala, cerca de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria. Y en El Salvador y Honduras, las cifras son casi tan crudas, con cerca del 47% y el 46% de su población pasando hambre, respectivamente. Estos tres países son los puntos de partida de las caravanas de migrantes que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos en busca de una vida mejor.

En Sudamérica, Argentina experimentó el aumento más drástico de la inseguridad alimentaria en los últimos años, según el informe, con más de un tercio de la población con acceso limitado a los alimentos, resultado de una prolongada depresión económica que trajo de vuelta el espectro de la hiperinflación.

Década perdida

Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles nunca observados en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia de la Covid-19 y pese a las medidas de protección social de emergencia que algúnos países han adoptado para frenarla,

La pobreza en América Latina alcanzó a 210 millones de personas, casi 34% de la población de la región, gracias a las políticas de los gobiernos neoliberales y la pandemia del covid 19. Asimismo, la pobreza extrema afectó a 78 millones de personas, el peor registro en 20 años. Las cifras son para el término de 2020 y no consideran el permanente deterioro social en los meses transcurridos de 2021.

Uno de cada tres latinoamericanos vive bajo el umbral de la pobreza y ocho de cada diez son vulnerables, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que reveló que Honduras, país con poco más de nueve millones de habitantes, registró una tasa de pobreza del 57,8 %, lo cual se traduce en un retroceso de dos décadas en su desarrollo. El estudio señaló que Nicaragua y Guatemala presentaron tasas de pobreza de 55,7 % y 50,9 % respectivamente.

Antes de la covid-19, el porcentaje de personas en esa situación ya llevaba un lustro de crecimiento ininterrumpido. El virus, sin embargo, ha sido la puntilla final a esta preocupante tendencia. La mayoría de los países latinoamericanos experimentará un potente deterioro distributivo, un flanco siempre sensible en la región: quienes más han sufrido, están sufriendo y sufrirán los estragos de la pandemia serán los que partían de una situación peor.

“Como siempre, los grandes perdedores están siendo los pobres”, resumió gráficamente la jefa de la Cepal, Alicia Bárcena

Asimismo, la pobreza extrema, donde no están cubiertas las necesidades más básicas, habrá escalado hasta su nivel más alto desde el año 2000. El 12,5%, uno de cada ocho latinoamericanos, está ahora en esa situación; más de un punto porcentual que hace un año, cuando una crisis sanitaria era una opción remota, y casi cinco puntos más que en 2014, cuanto tocó el nivel más bajo de siempre, el 7,8% de la población.

La desigualdad en América Latina aumentó 5.6 por ciento el año pasado medida con el coeficiente de Gini. Nos espera otra década perdida y ni con el rebote de crecimiento en 2021 y los próximos dos años se logrará recuperar los niveles de la actividad económica anteriores a la pandemia, expuso Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En términos monetarios la pobreza en América Latina y el Caribe tiene un claro sesgo intergeneracional: la incidencia de pobreza para el grupo de niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años es mayor en 19 puntos porcentuales que la del grupo de personas entre 35 y 44 años, y 31 puntos porcentuales más con respecto a personas de 65 años o más.

De no tomarse en cuenta esta condición de privación de la población infantil en el diseño de políticas sociales, se corre el riesgo de repetir los ciclos intergeneracionales de la pobreza en la región.

Según las nuevas proyecciones de la Cepal, en 2022 América Latina y el Caribe crecerá 2,9% en promedio, lo que implica una desaceleración respecto del rebote de 2021. Nada permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previo a 2020 vaya a cambiar.

 Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia se agudizaron y repercutirán negativamente en la recuperación de la actividad económica y los mercados laborales más allá del repunte del crecimiento de 2021 y 2022.

En términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida, advierte el informe. En el último año, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12,5% y la de pobreza el 33,7%. Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones, y de 70 millones en 2019 a 78 millones pudiendo haber sido 98 millones en el caso de la pobreza extrema).

Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49,4% de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2,9% del índice de Gini). En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40,4% de la población en 2020, 6,5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave.

Sobrepeso y obesidad

Otra de las grandes preocupaciones en América Latina sigue siendo el sobrepeso y la obesidad. El informe d los organismos de Naciones Unidas advierte que se está perdiendo la batalla contra otras formas de malnutrición: 106 millones de personas, lo que supone que uno de cada cuatro adultos, padecen obesidad. Entre 2000 y 2016 se notificó un aumento de 9.5 por ciento en el Caribe, 8.2 en Mesoamérica y 7.2 en América del Sur.

El sobrepeso infantil también ha ido en aumento desde hace 20 años; hasta 2020 se reportó que 3.9 millones de niños y niñas –7.5 por ciento de ellos menores de cinco años– tenían sobrepeso, casi 2 por ciento por arriba del promedio mundial.

En este contexto, América del Sur muestra la mayor prevalencia de sobrepeso en niños y niñas, con 8.2 por ciento, seguida por el Caribe con 6.6 y Mesoamérica con 6.3.

En América Latina y el Caribe, el Covid-19 ha empeorado una crisis de malnutrición prexistente. Con los servicios interrumpidos y los medios de vida devastados, las familias tienen más dificultades para poner alimentos saludables en la mesa, lo que deja a muchos menores con hambre y a otros con sobrepeso, lamentó el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough.

Esta situación ha llevado a la ONU a pedir acciones urgentes para detener el aumento del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, por lo que ha llamado a los países de la región a tomar medidas para transformar sus sistemas agroalimentarios y hacerlos más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles.

Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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Latinoamérica en brasas

Sergio Ferrari

En 2020 la Amazonia perdió una superficie de selva igual a siete Londres

Si la Tierra arde, América Latina y el Caribe son como brasas: son de las regiones del planeta más afectadas por el cambio climático. Las prevenciones anti-riesgo regionales sufren de insuficiencia crónica.

Solo una semana después de que el Grupo de expertos internacionales (IPCC, en inglés) publicara su informe sobre la dramática situación mundial, el tercer martes de agosto la alarma sonó con decibeles latinoamericanos

La radiografía continental del nuevo estudio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicado el 17 de agosto revela un diagnóstico grave.

2020 fue uno de los tres años más calientes –desde que existen mediciones– en México/América Central y el Caribe. Y el segundo más cálido en América del Sur. Las temperaturas se situaron en 1°C, 0.8°C y 0.6°C, respectivamente, por encima de la media de las décadas 1980-2010.

En el sur de la Amazonia y el Pantanal, donde confluyen las aguas de nueve países de América del Sur y se concentra una décima parte del carbono terrestre, los incendios explotaron exponencialmente como resultado de la intensa sequía que azotó esa región. Sequía que no es inocente, sino el resultado del talado a gran escala de los bosques con el propósito de generar tierras para la cría del ganado y los cultivos de agroexportación. Fue la peor sequía de los últimos 60 años.

Según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), la Amazonia brasileña registró en junio del año en curso 2.308 focos de incendios, su peor cifra desde 2007.  Superó en un 2.6% los del año pasado, los cuales, según el informe de la OMM, ya habían sido récord.

La reducción de la selva amazónica en tan solo un año equivale aproximadamente a un área siete veces el tamaño de la ciudad de Londres. A este ritmo, la Amazonia corre el gran riesgo de no poder jugar más su rol de pulmón del planeta. La pérdida de vegetación selvática podría convertirse, a corto plazo, en una fuente aún mucho más grande e intensa de emisión de carbono. En la actualidad, América Latina y el Caribe reúnen más del 55% de los bosques primarios del mundo, los cuales almacenan unas 104 gigatoneladas de carbono. Entre el 40% y el 50% de la biodiversidad mundial y un tercio de todas las especies botánicas se encuentran allí.

El estudio de la OMM indica que la sequía generalizada en esa región tuvo un impacto considerable en las rutas de navegación interior, el rendimiento de los cultivos y la producción de alimentos, debido a lo cual se agravó la inseguridad alimentaria en muchas zonas. Fenómeno que se visualiza, en particular, en la región del Caribe, con una vulnerabilidad muy alta. Varios de sus países integran la lista de territorios con mayor estrés hídrico del mundo, con menos de 1.000 m3 de recursos de agua dulce per cápita. En el centro de América del Sur, en 2020, los totales de precipitación se aproximaron al 40 % de los valores normales. El período de precipitaciones estacionales de septiembre de 2019 a mayo de 2020 estuvo marcado por un déficit de lluvias que se agravó, particularmente, entre enero y marzo.

En la Argentina, 2020 fue un año seco, con una anomalía nacional estimada del -16.7 % con respecto a la media de 1981-2010. Fue uno de los peores años desde 1961 y el más seco desde 1995. Los totales de precipitación por debajo de lo normal fueron el resultado de la misma sequía que afectó a la región del Pantanal.

Este calentamiento sistemático repercutió en los glaciares andinos de Argentina y Chile. Según el estudio de la OMM, la pérdida de masa ha ido en aumento desde 2010, en consonancia con el incremento de las temperaturas y de la reducción considerable de las precipitaciones.

Cataclismos de un carácter muy diferente, aunque igualmente devastadores, los huracanes Eta e Iota, con una intensidad 4, golpearon en rápida sucesión a Centroamérica. Siguieron trayectorias igualmente destructivas por Nicaragua y Honduras acentuando así los impactos acumulativos de una región tan interconectada. Los daños estimados en ambas naciones y en Guatemala abarcan a casi 1 millón de hectáreas cultivadas.

Los ecosistemas marítimos y litorales, así como las comunidades humanas que dependen de ellos, en particular en los pequeños Estados insulares, se confrontan hoy a las crecientes amenazas derivadas del calentamiento y la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del agua y una mayor intensidad y frecuencia de las tormentas tropicales. En la región, el 27% de la población vive en áreas costeras. Y entre un 6 y un 8% habita en zonas amenazadas gravemente por eventuales inundaciones.

Con un promedio de 3.6 milímetros de incremento anual en los últimos treinta años, el nivel del mar en la región del Caribe ha superado el promedio mundial, que fue de 3.3 milímetros. El estudio recuerda que el océano absorbe cerca del 23 % de las emisiones antropogénicas anuales del CO2 presente en la atmósfera, y es, por lo tanto, un elemento esencial que contribuye a mitigar los efectos del aumento de las emisiones en el clima de la Tierra. Sin embargo, el CO2 reacciona con el agua aumentado su acidez. Este proceso en paulatino incremento afecta a muchos organismos y ecosistemas marinos y amenaza la seguridad alimentaria al poner en peligro la pesca y la acuicultura.

Doble condena: clima y deuda

El Informe El estado del clima en América Latina y el Caribe elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10765), reúne los aportes multidisciplinarios de 40 expertos. Sus conclusiones se basan en una metodología estándar que evalúa los aspectos físicos del sistema climático a partir de datos de 1.700 estaciones meteorológicas de toda la región.

Sus conclusiones preliminares crean alarma y producen escalofríos. Las medidas de adaptación — en particular los sistemas de alerta temprana multirriesgo– no están lo suficientemente preparadas para hacer frente a los cataclismos. El apoyo de los gobiernos, así como de la comunidad científica y tecnológica, sería fundamental para reforzarlas y también para mejorar la recopilación y el almacenamiento de datos. De este modo, podría integrarse mejor la información sobre el riesgo de desastres en la planificación del desarrollo. No se puede subestimar el costo de la prevención: es fundamental contar con un apoyo financiero sólido para lograr esos objetivos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipa malas noticias. El cambio climático se ensañará con América Latina, donde se batirán récords en concepto de huracanes, se sufrirán sequías severas, seguirá aumentando el nivel del mar y habrá más incendios. Todo podría empeorar si no se logra detener urgentemente la emisión de gases de efecto invernadero.

El futuro ya es presente. Las peores sequías en 50 años en el sur de la Amazonia y el récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante 2020, constituyen la nueva normalidad que le espera a América Latina. El continente se proyecta como una de las zonas donde los efectos e impactos del cambio climático serán más pronunciados: olas de calor, disminución del rendimiento de los cultivos, incendios forestales, agotamiento de los arrecifes de coral y eventos extremos relacionados con el aumento del nivel del mar.

Los expertos son contundentes. Aseguran que es de vida o muerte poner límites al calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados en una región que ya enfrenta asimetrías económicas y sociales para su desarrollo sostenible.

Y algunos ejemplos hablan por sí mismos: en el Caribe, los desastres naturales se triplicaron en los últimos 30 años y las pérdidas económicas asociadas se quintuplicaron. La destrucción causada por los huracanes Irma y María en 2017 produjo pérdidas equivalentes al 250% del Producto Interno Bruto (PIB) en países como Dominica (https://www.cepal.org/es).

Adicionalmente, en el terreno financiero internacional, entre los efectos inesperados del cambio climático se encuentra la actitud nefasta de las agencias calificadoras dedicadas a evaluar los riesgos de inversiones. Las mismas consideran que la vulnerabilidad climática es un criterio para rebajar la calificación de seguridad y beneficio. Lo que produce, según la CEPAL, consecuencias gravísimas porque aumenta, injustamente, el costo de la deuda soberana y el pago de intereses para aquellos países en desarrollo altamente vulnerables ante el cambio climático. Según el organismo continental, esto agrava, por ejemplo, las capacidades del Caribe, de Argentina y de Ecuador los cuales ya tienen una “carga muy pesada por los altos niveles de deuda enraizada en los shocks externos agravados por el impacto de los desastres y las debilidades estructurales, sociales y económicas”.

La protesta se consolida

América Latina y el Caribe se confrontan con un laberinto casi sin salida. A pesar de ser responsables solamente del 8.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pagan uno de los precios más altos por el deterioro climático global. Y lo pagan con su vulnerabilidad cotidiana, que incluye la fragilidad de sus sistemas de prevención de riesgos.

Realidad planetaria compleja, donde la descripción fáctica del drama climático esconde, muchas veces, los diferentes niveles de responsabilidad por continentes, regiones y países, así como por sectores de actividades y formas y lógicas de producción. De ahí que sean cada vez más potentes las voces sociales que se escuchan a lo largo y a lo ancho del mundo entero, especialmente las juveniles, que no se contentan de constatar la crisis climática mundial. Y que exigen que se hable también de la necesidad de una verdadera justicia climática planetaria.

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El futuro de Latinoamérica se cuece en Colombia

Rodolfo Bueno

Ni siquiera los obligatorios encierros por el coronavirus impidieron que en Colombia se produjeran tumultuosas manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque, que agoniza en medio de la algazara general, mientras que a él mismo le importa un bledo el clamor de las masas e intenta aparentar que en el país no pasa nada.

El famélico rostro de las multitudes, que asaltan los almacenes de víveres lo dice todo; los saqueadores se arrebatan cual fieras feroces lo que encuentran y las imágenes muestran que el hambre es la brújula espiritual de las grandes mayorías.

Toda ama de casa expresa: “¡Señor presidente, la gente está hambrienta! ¡compadézcase del pueblo y deroguen las medidas!”. Se trata de la reforma tributaria, denominada Ley de Solidaridad Sostenible, que busca recaudar el equivalente al 2% del PIB, para lo cual se incrementa del 39% al 43% la canasta de bienes gravados con el IVA, o sea, meten las manos en los bolsillos del pueblo trabajador, empobrecido en su inmensa mayoría, mientras se mantiene las exoneraciones para las grandes industrias y corporaciones.

En las palabras, “¡Señor presidente! ¡compadézcase del pueblo y derogue las medidas!” hay más vestigios de estadista que en todos los discursos de los miembros del gobierno, son más sabias que los miles de informes que se escriben sobre Colombia y encierran una dura realidad: de no ser derogada la Reforma Tributaria, Colombia se hundiría en la vorágine de lo desconocido. A la primera ama de casa que las pronunciara, Iván Duque la debía nombrar su más cercano consejero y no malgastar dinero en asesores.

Pese a que las medidas fueron suspendidas, en Cali y demás ciudades de Colombia no cesa el rugido de las multitudes, pues el gobierno no escucha al país, cuya voz autorizada es la de cualquier hombre del pueblo, que no es ni leído ni instruido como los miembros del gabinete presidencial, pero está imbuido de un pragmatismo y una filosofía natural contra las cuales es muy difícil discutir: “¡No tenemos otra opción que protestar, estamos hambrientos!”

Raimundo Torrijos, personaje de la novela Mojiganga, jefe del cartel de la droga en Ecuador, hace una radiografía que ayuda a entender el complejo panorama colombiano, que se vive en este momento, y cómo se arribó a él. En la celda donde está preso razona con amargura: “¡Qué desgracia la mía! ¿Por qué no habré nacido en Colombia? Allá sí que funcionan las cosas, pues mis panas se han vinculado con los paramilicos y con las más altas autoridades del Estado. Nadie jode, y a quien jode se le da el vire. Se entienden de primera con los oligarcas, que ponen la plata para acallar a los políticos, y el Ejército dispara contra quien se oponga, sea guerrillero o no, e incluso protege a mis socios; hasta el ejecutivo lo hace. Es que allá, ellos se tomaron los principales resortes del Estado y los candidatos de sus preferencias, mayoritariamente de sus bases sociales y políticas, lograron un masivo respaldo del electorado. Eso significa que ahora son la fuerza más importante del Congreso.

Pero lo más bello es la indiferencia de todos: ni la prensa, ni los gremios, ni el Gobierno, ni la Iglesia, ni la llamada sociedad civil, ni las ONG, ni los gringos han dicho esta boca es mía, porque, por intereses políticos, lo que ayer era malo e ignominioso, hoy se volvió útil y bueno. Allá, la plata sí pesa, y no las huevadas morales. Lo cierto es que en las elecciones mis cuates presionan un poco, y ganan sus candidatos. Por eso, el Congreso de allá está al servicio del ellos, del cacicazgo y de los paramilicos. Los políticos pagan medio millón de dólares, y ellos les aseguran un curul donde les dé la gana; a cambio de ello, los elegidos se hacen de la vista gorda, y todos viven felices y contentos. Lo mejor de lo mejor es que nadie investiga nada, pues todos son parte de la misma tramoya, es que allá no hay ningún representante de la sociedad al que la democracia no le rinda sus frutos. Y si por desgracias, alguien es agarrado con las manos en la masa, se lo nombra de inmediato embajador en algún país hermano o, en el peor de los casos, a cambio de una confesión se le da la mínima pena. En Colombia gobierna su crema y nata, los verdaderos patriotas comprometidos con su país. Si se descubre en la legalidad a los colaboradores de la guerrilla, se les muestra sus nombres, y ellos señalan a quién ejecutar. Mientras tanto, el gobierno no se entera de nada ni sabe nada de lo que pasa. Así de fácil podría ser todo acá”.

En Colombia, los narcotraficantes, que están vinculados con los paramilitares y con las más altas autoridades de la sociedad, son la pesadilla de todo gobierno, porque ha corrido mucha sangre por causa de la guerra entre sus miembros. La lucha por la supervivencia, la militarización del Estado y el actual clima de terror, han convertido a la sociedad de ese país en un urdimbre social complejo, en el que el miedo a lo que pueda pasar ha adecuado la vida de la gente al instante que vive, ya que la violencia puede estallar en cualquier lugar. Para permanecer vivo se debe mirar y no ver la dura realidad, pues esa es la mejor táctica para conservar la vida en un país donde, más allá del cuento, no se persigue al que verdaderamente está en el negocio de la droga y el Estado se estructura a gusto y paladar de los poderosos grupos de poder. Así de fácil se ha vuelto el mundo vinculado al narcotráfico, lo que permite a sus organizaciones delictivas enviar cada año cerca de 1000 toneladas de cocaína a Estados Unidos, Japón y Europa, el 80% de la droga que se consume en estos países.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez es prototipo del político vinculado al narcotráfico y a los paramilitares, sus antecedentes lo relacionan con el Cartel de Medellín. Cuando era alcalde de esa ciudad hizo programas como “Medellín sin tugurios” y después se supo que se trataba de un plan financiado por Pablo Escobar Gaviria, que buscaba la aceptación política mediante la solidaridad social.

Luego fue Director de Aeronáutica Civil y durante los 28 meses que ejerció ese cargo concedió tantas licencias como en los 35 años anteriores, cerca de 200, al Cartel de Medellín, para que pudiera trasladar con tranquilidad los cargamentos de droga a EEUU. En marzo de 1984, la policía allanó Tranquilandia, el laboratorio para procesar cocaína más grande y moderno del mundo, cuyo propietario era Pablo Escobar. Ahí se encontraron algunas aeronaves, tres de las cuales tenían licencia de funcionamiento expedidas por Álvaro Uribe cuando era director de Aeronáutica Civil, también había un helicóptero que pertenecía a los hermanos Uribe Vélez.

Por otra parte, hace mucho que el gobierno estadounidense conocía de los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con los grupos mafiosos. La información desclasificada de los documentos del Archivo Nacional de Seguridad, NSA, y la Defense Intelligence Agency, DIA, servicio de seguridad dependiente del Pentágono y uno de los más poderosos del mundo, da a conocer los tipos de operaciones ilegales entre EEUU y Colombia, realizados por los carteles del narcotráfico. El informe dice textualmente: “Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano, colabora con el cartel de Medellín desde altos cargos en el gobierno. Uribe estuvo implicado en actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Asesinaron a su padre en Colombia por conexiones con el tráfico de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es amigo personal de Pablo Escobar Gaviria…” Se podría añadir que cuando Pablo Escobar escapó de la cárcel y trató de lograr un nuevo acuerdo con el gobierno, el encargado de gestionar dicho acuerdo fue Álvaro Uribe Vélez.

El periódico “El Nuevo Herald” de Miami, escribe el 6 de agosto de 2009 que Uribe Vélez habitualmente participaba en la planificación de las matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como la del “El Aro” de 1997, llevada a cabo por las Autodefensa Unidas de Colombia, y personalmente acudió a felicitar a los criminales que descuartizaron con motosierras a no menos de quince campesinos indefensos.

Testimonio muy importante es el de Myles Frechette, ex Embajador de EEUU en Colombia, quien afirma: “Había mucha gente que me decía, ‘no le tenga mucha confianza a Uribe, es un tipo ligado con los narcos, que apoya a los paramilitares’. En esa época me hablaban pestes de él, fui a verlo y quedé muy impresionado, pero no me dio ninguna satisfacción en los temas que nos preocupaban… Me dijo que eso no era así, pero muy tranquilamente. Él tiene ese método con esos espejuelos que tiene, lo mira a uno y dice que no”. Frechette quedó poco satisfecho con esas explicaciones y así lo informó al Departamento de Estado. Valdría la pena recordarle que nadie mejor que Maquiavelo describió a las personas tipo Uribe: “En general puede decirse que es ingrato, voluble, simula lo que no es y disimula lo que es, huye del peligro y está ávido de riquezas. Todos ven lo que aparenta; muy pocos advierten lo que es”.

Myles Frechette comentó también sobre lo que en ese entonces fueron, tal vez, los primeros casos de “falsos positivos”. Se trata de la violación más insólita de derechos humanos, en la que con falsas promesas de trabajo algunos sectores del Ejército de Colombia reclutaban a hombres de pocos recursos, generalmente jóvenes, algunos con discapacidades físicas, y luego los asesinaban y los presentaban como guerrilleros muertos en combate, con lo que cobraban las recompensas que el Estado pagaba por esto y conseguían ascensos y permisos dominicales. “Eso fue mucho más común al terminar mi período. Claro, ya me llegaban informes, y los mandábamos a Washington, de tipos muertos que aparecían ensangrentados y los uniformes tenían sangre pero no huecos. No se necesita ser Einstein para entender lo que ocurría”, concluye Myles Frechette.

Pese a todo ello, Álvaro Uribe era considerado por EEUU un elemento clave en la región, puesto que, según los informes de la NSA y la DIA, “extraditó cifras récord de sospechosos de tráfico de drogas… negoció la desmovilización de miles de paramilitares y, a través de una agresiva campaña militar, redujo en más de la mitad el número de guerrilleros insurgentes armados en el país”.

A cambio de ello, y con el pretexto de eliminar a potenciales partidarios de las FARC, durante el gobierno de Álvaro Uribe los escuadrones de la muerte desalojaron de sus hogares, desarraigaron por la fuerza y expropiaron las tierras de millones de campesinos. En la actualidad, los escuadrones de la muerte, que el gobierno de Duque asegura no poder controlar, han asesinado a cientos de activistas y líderes sindicales.

Los escuadrones de la muerte fueron organizados por las élites colombianas para destruir a los movimientos campesinos e impedir la reforma agraria. Posteriormente, con el auspicio de Estados Unidos, evolucionaron de pequeñas bandas de asesinos a paramilitares contrainsurgentes, destinados a desbalancear la correlación de fuerzas a favor de los sectores más reaccionarios de Colombia, evitar la influencia guerrillera mediante el asesinato y la desaparición de líderes populares, y así exterminar a las organizaciones sociales; de esta manera, toda violación de los derechos humanos se atribuye a los paramilitares y no al Ejército de Colombia, lo que a su vez sirve de coartada para que EEUU y UE den ayuda militar y económica a Colombia.

Toda esa mascarada no evitó el escándalo de los falsos positivos, o sea, el asesinato de más de 6.400 civiles por parte de la fuerza pública colombiana. ¿Dónde están los autores intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad? Incluso, el relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales validó esas acusaciones y ha exigido su esclarecimiento y el castigo a los culpables, pues Colombia es el país del hemisferio occidental donde se cometen las mayores violaciones de los derechos humanos.

Pero con todos los peros que gusten, que son muchos, y después de largas y arduas negociaciones, en las que participaron todas las fuerzas sociales que anhelan la paz, Colombia logró un acuerdo sobre las condiciones y las garantías que debían darse para obtener y terminar la guerra civil, que durante más de cincuenta años había desangrado ese país; finalmente, el mundo sintió un poco de tranquilidad.

Entonces, el expresidente Álvaro Uribe Vélez inició una campaña contra dicho acuerdo, que desembocó en la elección de Iván Duque, su pupilo encargado de empeorar la situación política de Colombia hasta llevarla, prácticamente, al callejón sin salida en que actualmente se encuentra.

Duque ganó porque el factor imponderable de la incredulidad, y la falsedad en que se apoya, ha engañado tanto a la gente que pocos creen que Uribe, que lo encumbró, sea un delincuente común. ¿Cómo creer que Uribe hubiera subido a la presidencia de Colombia aupado por los paramilitares y ser uno de sus cabecillas? ¿Cómo creer que la DEA informara el 23 de septiembre de 1991 que Álvaro Uribe era catalogado en el puesto 82 de los mayores criminales del mundo? ¿Cómo creer que el Embajador Frechette le hubiera preguntado a Uribe sobre sus vínculos con el narcotráfico, que aparecían en el informe de la DIA y lo identificaba como amigo personal y cercano del entonces jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar? ¿Cómo creer que Donald Trump le reclamara a Iván Duque, porque nunca había entrado tal cantidad de droga a EEUU como la que había entrado desde que él era presidente de Colombia? Pese a ser cierto que una mentira no se convierte en verdad por más que muchos crean en ella y que lo falso se expresa de mil maneras y la verdad de una sola, lo real es que Duque fue electo presidente gracias al poder de la mentira.

Con gente así gobernando Colombia es imposible lograr la paz. Se trata de la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana. Iván Duque asegura que lo que él no firmó, no lo obliga, o sea, desconoce el acuerdo que firmó el Estado de Colombia y no el expresidente Santos, olvida que al no cumplir los compromisos firmados por Colombia, la Comunidad Internacional y su propio pueblo lo desprecian.

La única salida honrosa a la crisis que vive Colombia es la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, que posibilite las transformaciones estructurales que requiere ese país ahora, y no el miedo que hoy se intenta imponer por la fuerza. Mahatma Gandhi lo expresó claramente: “La violencia es el temor a los ideales de los demás”.

Es evidente que hay mucho por hacer, pues demasiada gente ha pagado un precio muy alto y otros más lo seguirán pagando. Pero hay que ser optimista, porque los enemigos de la reconciliación en Colombia podrán eliminar a todos dirigentes populares, como intentan hacerlo hasta ahora, pero no podrán detener el proceso iniciado.

Puesto que en Cali han sido atacadas la Oficina del Alto Comisionado de Derechos humanos de la ONU, la Arquidiócesis de Cali, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos, la política del actual gobierno de Iván Duque es la guerra contra su propio pueblo y el resto del mundo, y es una de las causas de las movilizaciones pacíficas que se iniciaron en Cali el 28 de abril y que se han extendido por toda Colombia. Pese a la ferocidad desencadenada por la policía y los militares, que disparan desde helicópteros, en la oscuridad y a mansalva, causando decenas de muertes y miles de heridos y desaparecidos, la lucha no se detendrá porque de ella depende no sólo el futuro de Colombia sino también el de toda nuestra Latinoamérica, algo que reclama la solidaridad del mundo entero.

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