El mundo gira y Venezuela resiste valiente y decidida. Entre tanto, Donald Trump siente que reina sobre tierras y mares del universo entero y en el Perú ocurren hechos que podrían asombrar a los mortales que viven en otras latitudes. Verdaderas perlas que podrían sorprender a muchos. Podemos citar cuatro de ellas:
El caso de Betssy Chávez Chino es quizá el más dramático, y el que mueve a la más viva indignación y alienta sentida solidaridad. Se trata de una joven mujer que colaboró activamente con el gobierno de Pedro Castillo, y que en los últimos meses del 2022 fue promovida al cargo de Primer Ministro. Ella desempeñaba esa función cuando ocurrieron los hechos del 7 de diciembre de ese año que derivaran en la caída del Mandatario, su captura y el juicio que aún no concluye.
Como supuesta cómplice de los inexistentes planes golpistas de quien fuera electo el 2021, Betssy Chávez fue detenida semanas después, cuando ya se había entronizado el régimen de Dina Boluarte atacando furiosamente la masiva protesta ciudadana. Hoy vive tras las rejas en el Penal ordinario para mujeres de Chorrillos. donde ha sido sometida a innegables tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En ese centro carcelario convive con delincuentes comunes, algunas de las cuales la han atacado sin mediar motivo. Ella, en cambio, ha sido ignorada cuando ha denunciado algunos vejámenes o ha solicitado un cambio de ubicación en el reclusorio en el que se encuentra.
En lugar de ser escuchada y atendida como corresponde incluso a su investidura, fue maltratada y humillada por sus captores que hicieron escarnio de su situación. En el extremo, fue invitada a quedarse en un así llamado “cuarto de meditación”. Allí fueron conducidas antes otras reclusas “rebeldes” que luego aparecieron muertas en circunstancias no precisadas.
Betssy Chávez ha denunciado que fue conducida a audiencias judiciales bajo efecto de sustancias que afectaron su equilibrio emocional y la privaron de su capacidad de expresión, lo que no ha sido negado por las autoridades penitenciarias.
La detenida, que lleva casi tres años tras las rejas sin sentencia, inició hace algunos días una Huelga de Hambre seca que ha puesto en grave riesgo su propia vida. Incluso los médicos del INPE se han alarmado por el grave deterioro de su salud y han procurado asistirla pese a la indolencia de los funcionarios del Instituto Penitenciario y del Penal, que han pretendido ignorar los hechos.
Los jueces no han conocido contra ella prueba alguna. Su “delito” se ha reducido a un hecho fortuito: supervisó la instalación del equipo de sonido usado por Pedro Castillo para leer su “proclama”. Y eso la convierte en “cómplice de un Golpe de Estado” y merecedora de muchos años de cárcel. Hoy, Betssy Chávez Chino merece solidaridad humana y respeto, al que tiene legítimo derecho.
El caso de Martín Vizcarra es la segunda perla que puede mostrarse en esta circunstancia. Se trata de un ex presidente de la República al que se le acusa de todos los latrocinios posibles. Como no se le encontró nada en el desempeño de su función presidencial, se optó por incoarle un juicio por dos supuestos delitos referidos a hechos de hace muchos años, cuando era presidente del Gobierno Regional de Moquegua. Y se tomó para ello, la declaración de un “colaborador eficaz” que ha llevado su “testimonio” hasta el fin a cambio de su propia libertad, pero que no ha podido aportar prueba alguna de su versión.
Hoy Martín Vizcarra está preso, pero no por esos delitos que se le atribuyen sino porque sus enemigos juran que quiere eludir la acción de la justicia y marcharse del país. El Juez ha dicho, entonces, que registra “peligro de fuga”, por lo cual ha sido encarcelado.
Pocas veces se ha desatado contra una persona una campaña de difamación tan grande como la que se ha lanzado contra Vizcarra. Más que “cargos”, ha recibido adjetivos, desde “lagarto” hasta “traidor”, pasando por una incontable serie de insultos. Y en el extremo, se le han inventado groseras acusaciones, como la “responsabilidad por las 200 mil muertes en los años de la pandemia”. Pero, además, lo han inhabilitado tres veces en el congreso de la República y le ha prohibido hasta tener ideas políticas e inscribirse en un partido en una decisión abiertamente anticonstitucional.
Pero lo inverosímil asomó después. Ya detenido y conducido al Penal de Barbadillo junto a otros expresidentes, se dijo que era “reo común” y se le trasladó a un Penal Ordinario. Ante la protesta ciudadana, se le trasladó a otro de “máxima seguridad”. Finalmente, fue devuelto a Barbadillo. Vale decir: lo trasladaron de un lugar a otro como si fuera un objeto y lo devolvieron a donde estuvo cuando inició ese periplo. ¿Las razones? Ninguna.
A Martin Vizcarra simplemente lo detestan porque se enfrentó a la Mafia, porque cerró el Congreso con 73 fujimoristas el 30 de septiembre de 1918 en un acto que fue aplaudido por el 80% de la ciudadanía, y porque hizo un referendo que fue masivamente apoyado por la población. Y le temen porque quiere presentar su candidatura presidencial, y ellos saben que les gana. En los comicios del 2032 fue electo parlamentario con la más alta votación, pero anularon su elección para impedir su función congresal.
Por eso lo inhabilitan, y tres veces, por si una sola no bastara. Ahora esperan condenarlo con la mayor sentencia para ver si muere en prisión. Y es que lo odian, simplemente.
El caso Juan José Santivañez es la tercera. Como se recuerda, fue ministro del Interior de este gobierno y compartió delitos con Dina Boluarte desde ese portafolio. Por su incapacidad de gestión y no obstante contar con el más decidido apoyo de la Boluarte, fue censurado por el Congreso de la República y obligado a dejar su cargo como titular del portafolio.
Luego fue designado como “monitor” de una alta oficina de coordinación presidencial, para “estar cerca” de la Mandataria, Recientemente, fue nombrado ministro de Justicia ante el estupor ciudadano y la sorpresa de los medios políticos.
Es abogado, y su especialidad es litigar contra el Estado defendiendo a policías separados de la institución por la comisión de diversos delitos. Así, ha defendido a policías vinculados al tráfico de droga, el abuso de autoridad, la tortura, el sicariato, el asesinato de personas y otras acciones. Se vanagloria de haber logrado “reintegrar” a la institución policial a sus defendidos Y se le acusa de “enriquecimiento Ilícito” por cobros indebidos a dichos policías para lograr su reinserción en la estructura del Estado.
Actualmente está procesado por estos delitos. Tiene prohibido salir del país y debe certificar su permanencia en Lima. Llama la atención, sin embargo, la cercanía que muestra con quien ejerce la presidencia de la República. Ha sido documentalmente acusado de encabezar una poderosa banda delictiva que tiene en sus manos importantes redes de Poder.
Es, probablemente, el único caso de un ministro de Justicia requerido por la Justicia.
Caso Nicanor Boluarte Zegarra. Hermano de Dina Boluarte. Investigado por la comisión de diversos delitos, es la cuarta perla que nos ocupa. Hace algunos meses, fue recluido en “prisión preventiva” mientras dure el juicio que tiene pendiente, pero logro ser liberado a cambio de reglas de conducta y comparecencia.
Hoy nuevamente es investigado y se le acusa de actuar en complicidad con Juan José Santivañez en la comisión de ilícitos penales. Es también el único caso en el que, cuando es requerido por la justicia, la jefa del Estado aboga por él en actos públicos y el Gabinete Ministerial en pleno hace lo propio. Ningún ciudadano goza de tal privilegio
En días pasados, fue nuevamente allanada su vivienda por decisión del Ministerio Público. Sus vínculos con Juan José Santivañez, son inocultables.
Estas cuatro joyitas, y la manera cómo Dina Boluarte se ha manejado ante ellas, pone en evidencia el perfil de un régimen que busca acabar con sus adversarios a través de cualquier procedimiento y perpetuar en el Poder a una Mafia Neo Nazi absolutamente contraria a los intereses del país. El pueblo habrá de terminar con ella.
Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
El caso de Betssy Chávez Chino es quizá el más dramático, y el que mueve a la más viva indignación y alienta sentida solidaridad. Se trata de una joven mujer que colaboró activamente con el gobierno de Pedro Castillo, y que en los últimos meses del 2022 fue promovida al cargo de Primer Ministro. Ella desempeñaba esa función cuando ocurrieron los hechos del 7 de diciembre de ese año que derivaran en la caída del Mandatario, su captura y el juicio que aún no concluye.
Como supuesta cómplice de los inexistentes planes golpistas de quien fuera electo el 2021, Betssy Chávez fue detenida semanas después, cuando ya se había entronizado el régimen de Dina Boluarte atacando furiosamente la masiva protesta ciudadana. Hoy vive tras las rejas en el Penal ordinario para mujeres de Chorrillos. donde ha sido sometida a innegables tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En ese centro carcelario convive con delincuentes comunes, algunas de las cuales la han atacado sin mediar motivo. Ella, en cambio, ha sido ignorada cuando ha denunciado algunos vejámenes o ha solicitado un cambio de ubicación en el reclusorio en el que se encuentra.
En lugar de ser escuchada y atendida como corresponde incluso a su investidura, fue maltratada y humillada por sus captores que hicieron escarnio de su situación. En el extremo, fue invitada a quedarse en un así llamado “cuarto de meditación”. Allí fueron conducidas antes otras reclusas “rebeldes” que luego aparecieron muertas en circunstancias no precisadas.
Betssy Chávez ha denunciado que fue conducida a audiencias judiciales bajo efecto de sustancias que afectaron su equilibrio emocional y la privaron de su capacidad de expresión, lo que no ha sido negado por las autoridades penitenciarias.
La detenida, que lleva casi tres años tras las rejas sin sentencia, inició hace algunos días una Huelga de Hambre seca que ha puesto en grave riesgo su propia vida. Incluso los médicos del INPE se han alarmado por el grave deterioro de su salud y han procurado asistirla pese a la indolencia de los funcionarios del Instituto Penitenciario y del Penal, que han pretendido ignorar los hechos.
Los jueces no han conocido contra ella prueba alguna. Su “delito” se ha reducido a un hecho fortuito: supervisó la instalación del equipo de sonido usado por Pedro Castillo para leer su “proclama”. Y eso la convierte en “cómplice de un Golpe de Estado” y merecedora de muchos años de cárcel. Hoy, Betssy Chávez Chino merece solidaridad humana y respeto, al que tiene legítimo derecho.
El caso de Martín Vizcarra es la segunda perla que puede mostrarse en esta circunstancia. Se trata de un ex presidente de la República al que se le acusa de todos los latrocinios posibles. Como no se le encontró nada en el desempeño de su función presidencial, se optó por incoarle un juicio por dos supuestos delitos referidos a hechos de hace muchos años, cuando era presidente del Gobierno Regional de Moquegua. Y se tomó para ello, la declaración de un “colaborador eficaz” que ha llevado su “testimonio” hasta el fin a cambio de su propia libertad, pero que no ha podido aportar prueba alguna de su versión.
Hoy Martín Vizcarra está preso, pero no por esos delitos que se le atribuyen sino porque sus enemigos juran que quiere eludir la acción de la justicia y marcharse del país. El Juez ha dicho, entonces, que registra “peligro de fuga”, por lo cual ha sido encarcelado.
Pocas veces se ha desatado contra una persona una campaña de difamación tan grande como la que se ha lanzado contra Vizcarra. Más que “cargos”, ha recibido adjetivos, desde “lagarto” hasta “traidor”, pasando por una incontable serie de insultos. Y en el extremo, se le han inventado groseras acusaciones, como la “responsabilidad por las 200 mil muertes en los años de la pandemia”. Pero, además, lo han inhabilitado tres veces en el congreso de la República y le ha prohibido hasta tener ideas políticas e inscribirse en un partido en una decisión abiertamente anticonstitucional.
Pero lo inverosímil asomó después. Ya detenido y conducido al Penal de Barbadillo junto a otros expresidentes, se dijo que era “reo común” y se le trasladó a un Penal Ordinario. Ante la protesta ciudadana, se le trasladó a otro de “máxima seguridad”. Finalmente, fue devuelto a Barbadillo. Vale decir: lo trasladaron de un lugar a otro como si fuera un objeto y lo devolvieron a donde estuvo cuando inició ese periplo. ¿Las razones? Ninguna.
A Martin Vizcarra simplemente lo detestan porque se enfrentó a la Mafia, porque cerró el Congreso con 73 fujimoristas el 30 de septiembre de 1918 en un acto que fue aplaudido por el 80% de la ciudadanía, y porque hizo un referendo que fue masivamente apoyado por la población. Y le temen porque quiere presentar su candidatura presidencial, y ellos saben que les gana. En los comicios del 2032 fue electo parlamentario con la más alta votación, pero anularon su elección para impedir su función congresal.
Por eso lo inhabilitan, y tres veces, por si una sola no bastara. Ahora esperan condenarlo con la mayor sentencia para ver si muere en prisión. Y es que lo odian, simplemente.
El caso Juan José Santivañez es la tercera. Como se recuerda, fue ministro del Interior de este gobierno y compartió delitos con Dina Boluarte desde ese portafolio. Por su incapacidad de gestión y no obstante contar con el más decidido apoyo de la Boluarte, fue censurado por el Congreso de la República y obligado a dejar su cargo como titular del portafolio.
Luego fue designado como “monitor” de una alta oficina de coordinación presidencial, para “estar cerca” de la Mandataria, Recientemente, fue nombrado ministro de Justicia ante el estupor ciudadano y la sorpresa de los medios políticos.
Es abogado, y su especialidad es litigar contra el Estado defendiendo a policías separados de la institución por la comisión de diversos delitos. Así, ha defendido a policías vinculados al tráfico de droga, el abuso de autoridad, la tortura, el sicariato, el asesinato de personas y otras acciones. Se vanagloria de haber logrado “reintegrar” a la institución policial a sus defendidos Y se le acusa de “enriquecimiento Ilícito” por cobros indebidos a dichos policías para lograr su reinserción en la estructura del Estado.
Actualmente está procesado por estos delitos. Tiene prohibido salir del país y debe certificar su permanencia en Lima. Llama la atención, sin embargo, la cercanía que muestra con quien ejerce la presidencia de la República. Ha sido documentalmente acusado de encabezar una poderosa banda delictiva que tiene en sus manos importantes redes de Poder.
Es, probablemente, el único caso de un ministro de Justicia requerido por la Justicia.
Caso Nicanor Boluarte Zegarra. Hermano de Dina Boluarte. Investigado por la comisión de diversos delitos, es la cuarta perla que nos ocupa. Hace algunos meses, fue recluido en “prisión preventiva” mientras dure el juicio que tiene pendiente, pero logro ser liberado a cambio de reglas de conducta y comparecencia.
Hoy nuevamente es investigado y se le acusa de actuar en complicidad con Juan José Santivañez en la comisión de ilícitos penales. Es también el único caso en el que, cuando es requerido por la justicia, la jefa del Estado aboga por él en actos públicos y el Gabinete Ministerial en pleno hace lo propio. Ningún ciudadano goza de tal privilegio
En días pasados, fue nuevamente allanada su vivienda por decisión del Ministerio Público. Sus vínculos con Juan José Santivañez, son inocultables.
Estas cuatro joyitas, y la manera cómo Dina Boluarte se ha manejado ante ellas, pone en evidencia el perfil de un régimen que busca acabar con sus adversarios a través de cualquier procedimiento y perpetuar en el Poder a una Mafia Neo Nazi absolutamente contraria a los intereses del país. El pueblo habrá de terminar con ella.
Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
