"Trazan planes de batalla urbana para derrotar al supuesto enemigo, que no es otro que un sector de la ciudadanía que deberían proteger"
Conversando con efectivos policiales de buena fe y con años en la institución, que los hay, veo que la mayoría tiene una visión equivocada del rol que le corresponde a la Policía Nacional en una democracia. No se ven como garantes de un orden ciudadano, sino como una fuerza al servicio del poder, a secas. No consideran ni reconocen a los ciudadanos como los depositarios de la soberanía del Estado democrático, sino como inminentes vándalos que hay que controlar, gasear y apalear. Teóricamente admiten la autoridad civil, pero reniegan de todo intento de desmilitarizar su institución. No se asumen como pueblo uniformado. La policía, como muchas otras organizaciones de nuestra frágil democracia, no tiene una mentalidad precisamente democrática.
La policía, en principio, tiene la misión de mantener el orden público en un país civilizado. La democracia supone, por un lado, Estado de derecho, institucionalidad, imperio de la ley. Por otro lado, es el ejercicio pleno de derechos y libertades por parte de los ciudadanos. Ambos aspectos son indispensables. No se concibe una democracia sin libertades ni Estado de derecho. La policía de un Estado democrático es, en consecuencia, un cuerpo que debería garantizar el funcionamiento de la organización pública y el libre ejercicio de las libertades ciudadanas. Por desgracia, entre nosotros hace mucho tiempo que ejerce un rol contrario a la democracia.
Por eso sucede que cuando se anuncia y se convoca a una manifestación ciudadana, sobre todo si es de protesta contra el gobierno, la policía inmediatamente se organiza como si fuera una guardia pretoriana al servicio del mandón de turno, y cual pequeños napoleones, trazan planes de batalla urbana para derrotar al supuesto enemigo, que no es otro que un sector de la ciudadanía que deberían proteger: elaboran planes de operaciones (con cadenas de mando y comando, y tareas generales y específicas para cada uno), se arman hasta los dientes (armas y municiones siempre letales) y movilizan numerosos contingentes (fuerzas especiales y regulares) e infiltran personas (ternas) entre los ciudadanos que marchan, como si estuvieran en vísperas de enfrentar un gran conflicto. Una ofensiva contra los ciudadanos de su propio país, contra los hijos del propio pueblo al cual pertenecen y del cual provienen.
¿Quiénes alientan esta conducta violenta y represiva, esta actitud antidemocrática, de la policía? Muy sencillo. Son los políticos que padecemos. Esos canallas son los principales interesados en tener una policía poco o nada respetuosa de las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas. Y es que sucede que nuestra democracia no es tan democrática y los políticos que la gobiernan son esencialmente autoritarios y corruptos. Ellos necesitan de una policía igualmente arbitraria y venal, una que los defienda y los encubra a cambio de tolerar sus desbordes y compartir los negociados. La policía incompetente, envilecida y antidemocrática de nuestro tiempo es el correlato necesario de la fujiderecha enviciada e inepta.
Entonces, ante las manifestaciones, vienen las campañas previas de desinformación con el propósito de abortarlas. El recurso manido es difundir bulos sobre la inminente violencia que “sectores extremistas” planean para el día de la convocatoria ciudadana. Es el inicio de una operación específica de terruqueo, que se prolongará más allá del día de la marcha, con la finalidad de tener patente de corso para emboscar y reprimir a los manifestantes a su regalado gusto, con la impunidad que siempre reclaman. Como se ha dicho certeramente, el terruqueo es el arma para poder negar la humanidad del opositor y facilitar su liquidación moral o física.
Les importa un comino falsear groseramente la historia y la realidad. El terrorismo fue felizmente derrotado hace más de 25 años, pero la derecha ha decidido incriminar como violencia y sabotaje toda opinión, acción, disidencia o crítica al orden de cosas injusto impuesto por una clase política delincuencial. Han llegado al extremo de descalificar como terrorismo cualquier tendencia de izquierda, de centro izquierda o de derecha liberal. Para ellos, solo cabe en política la ideología ultraconservadora, el extremismo enajenado al estilo de Milei. Quien disienta de ellos, incluso poniéndose en una posición de derecha razonable, merece ser marcado como terruco.
Esto ha calado en la policía más allá de lo que uno puede suponer. Hace unos días, cuando Jerí decidió salir de Palacio a cargar por diez metros las andas del Señor de los Milagros, en uno de los varios disfraces que ha ensayado en tiempo récord para congraciarse con la gente y echar una cortina de humo sobre sus denuncias de violación y corrupción, se vio a un policía decir a un grupo de ciudadanos, a quienes impedían llegar a la procesión, que lo hacían por la seguridad del presidente y porque “estaban por llegar las feministas, que no respetan ni religión ni nada”. Para este pobre policía, las mujeres que reclaman sus derechos son el terror o el demonio encarnado.
Qué se puede esperar, pues, de la policía, si el fujimorista que actualmente preside el antro ubicado al frente de la plaza Bolívar difama públicamente la memoria de Eduardo Ruiz, la víctima mortal de la represión policial del 15 de octubre y lo trata de terruco una y otra vez. El presidente del Congreso se permitió alardear de este acto de público terruqueo al mismo tiempo que presentaba un proyecto de ley para que, literalmente, la policía pueda matar impunemente, sin ser pasible de medida alguna. No hay ejemplo más claro de un político tránsfuga, inepto y prepotente que protege mediante la ley la impunidad de una policía corrupta y autoritaria.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 755 año 16, del 24/10/2025
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