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Dicen que César Vega, el controversial presidente de la Corte Superior de Lima, de quien no se escucha nada bueno en estos días, anda peleado con su ex socio Alan García, pero que su antigua vinculación con el Apra lo ayuda a superar cualquier crisis.
Vega se siente tan pero tan sólido en su puesto que si el premier lo critica –con prudencia y respeto–, el magistrado responde ‘metiéndole el carro’ como camionero prepotente en la Av. Abancay, sacándole la cachiporra verbal, y ‘bufaleando’ a Yehude Simon con el recuerdo de su paso por la cárcel.
¿Qué le pasó a este juez tremendo? Fue al cumpleaños de su compañero Carlos Roca y acabó en medio de su lanzamiento a la secretaría general del Apra. El magistrado dice que no sabía que la pachanga incluía mitin con estrado y cotillón.
Si eso fuera cierto, Vega debió recordar el Código de Ética del Poder Judicial –que él debiera conocer por presidir la Corte Superior de la capital– y, en el acto, retirarse del acto.
El artículo 6 de dicho código establece que “el Juez debe evitar ser miembro o participar en grupos, organizaciones o encuentros de carácter político que pudieran afectar su imparcialidad en asuntos de carácter jurisdiccional a su cargo”.
Agrega que, en particular, el Juez no debe: i) ser miembro de un partido político o participar en la recolección de fondos partidarios; ii) asistir a reuniones políticas y a eventos de recolección de fondos para fines políticos; iii) contribuir con partidos políticos o campañas políticas; iv) pronunciar discursos o hacer declaraciones o actuar en respaldo de una organización política o candidato, o manifestar públicamente su adhesión u oposición a un candidato a un cargo público; y v) tomar parte en discusiones de orden político-partidario.
Vega metió la pata y, en lugar de actuar con el rigor exagerado y sospechoso que los apristas sí exhiben cuando alguien no es un ‘compañero’, esta vez salieron a defenderlo como sea. Por ejemplo, las distinguidas compañeras y ministras del Interior y de Justicia, Mercedes Cabanillas y Rosario Fernández.
Ser aprista no es, en modo alguno, impedimento laboral, pero algunos puestos necesitan, por sus características, independencia frente a todo poder. Por eso, el artículo 153 de la Constitución prohíbe a jueces y fiscales participar en política.
El Apra tiene una antigua y estrecha relación con el Poder Judicial que le permite controlar muchas de sus instancias como si fueran su chacra. Actuar en el caso de Vega con el rigor que manda la ley, en lugar de hacerlo como la cofradía del búfalo mojado, hubiera ayudado a empezar a creer en que los apristas ya no consideran a la justicia como su chinganita.
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