Nelson Manrique
El resultado del referéndum convocado por el gobierno ha supuesto un resonante triunfo para el presidente Martín Vizcarra y una derrota aplastante para los apristas y fujimoristas, que plantea un problema grave, porque quedan dos años por delante a este parlamento y la contradicción entre la mayoría parlamentaria que detentan los aprofujimoristas y su falta de respaldo popular va a poner en cuestión la legitimidad del poder.
Según las proyecciones de Ipsos, al 100% de las actas escrutadas, el respaldo a las tres primeras reformas propuestas por el gobierno está en torno al 86% y la cuarta reforma, relativa a la bicameralidad, ha sido rechazada por un 93% de los electores. Es llamativa la contundencia de la expresión ciudadana sobre esta última reforma porque, según las encuestas de antes de la convocatoria al referéndum, respaldaba la bicameralidad un 53% y sólo había un 38% en contra. La votación del domingo 9 supone un viraje radical cuya lógica ayuda a entender la naturaleza del respaldo que ha consagrado el referéndum.
Como es sabido, el presidente Vizcarra invitó a votar contra la bicameralidad luego de que la mayoría aprofujimorista del Congreso introdujera un contrabando destinado a desnaturalizar la propuesta, recortando la facultad presidencial de presentar cuestiones de confianza, y eventualmente cerrar el Congreso. Añádase la criollada de que, si se aprobaba la existencia de dos cámaras, la institución dejaría de ser Congreso y se convertiría en Parlamento, con lo que los actuales congresistas quedarían habilitados para postular, ahora para parlamentarios. ¿Cuantos de quienes votaron rechazando esta reforma conocían estos detalles? Es dudoso que fuera la mayoría. La explicación más plausible es que se decidió votar como aconsejaba el presidente, otorgándole así un voto de confianza personal.
Este no es pues un apoyo al gobierno sino al presidente Martín Vizcarra. Un capital político personal que los voceros de la derecha empresarial le aconsejan utilizar para pasar a la historia “completando las reformas que requiere el modelo”, una posición que es compartida por miembros de su propio gabinete ministerial. Las reformas a las cuales estos se refieren no están destinadas a fortalecer la democracia o a limpiar de corruptos del sistema judicial, sino a aumentar las utilidades del capital a costa de recortar aún más los derechos de los trabajadores. Es la línea que el premier César Villanueva ha sugerido la semana pasada, argumentando que los trabajadores peruanos tienen “demasiadas” vacaciones y que habría que recortarlas, y de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad” impulsada desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que contempla terminar de “flexibilizar” el mercado laboral (o sea facilitar el despido de los trabajadores) y recortar radicalmente el derecho de negociación colectiva. Aparentemente es en discrepancia con esta línea que ha renunciado el ministro de Trabajo, Christian Sánchez.
La evidente contradicción entre una línea progresista en el terreno político, expresada en las reformas aprobadas en el referéndum, y una línea reaccionaria, en el terreno económico, se va a constituir en el mayor peligro para la continuidad y la profundización de las reformas políticas que el presidente anuncia. Vizcarra haría bien en recordar cómo manejó PPK su inicial respaldo y cómo terminó su triste historia.
El referéndum ha representado, por otra parte, una derrota aplastante para la mayoría aprofujimorista. Esto es llover sobre mojado para partidos que sufren una profunda crisis de conducción. Fuerza Popular aparece pegada con babas y sin capacidad de imponer una línea unitaria a sus militantes. La rebelión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, negándose públicamente a firmar la ley impuesta por su bancada exonerando de impuestos a los casinos y las casas de juegos, no ha podido ser contestada colocándolo en disciplina, y han tenido que ser los socios apristas de Keiko quienes le afeen su conducta. El fantasma de una división, que les haría perder su mayoría congresal, pena por el palacio legislativo.
En el Apra, por otra parte, el colosal desastre electoral sufrido el domingo se añade a la larga cadena de derrotas sufridas durante los últimos años bajo la conducción de Alan García, un hecho que no va a favorecer precisamente la unidad partidaria. Y la indiscreción que García ha cometido, al revelar que tiene topos en la fiscalía que le informan de los movimientos que esta realiza, complica aún más el panorama. Alan García intentó fugarse de la justicia. Violó además la prohibición judicial que le impedía abandonar el país por 18 meses, al asilarse en la embajada del Uruguay. Añade ahora a su expediente el delito de obstrucción de la justicia. Tres causales jurídicas para demandar la prisión preventiva.
La próxima llegada desde Brasil de las pruebas y testimonios de la corrupción completa la imagen de un complicado e inminente futuro.
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