En enero del año pasado, varias centenas de efectivos de la Policía Nacional cumplieron su sueño de ingresar a San Marcos, aunque lo hicieron a la mala, de manera trucha, aparatosa y violenta, echando abajo una de las puertas de la universidad con una tanqueta blindada, para detener con abuso a cerca de 200 personas, entre estudiantes y manifestantes que habían llegado desde el interior de la república, cuyo único pecado era ganar las calles y protestar contra el gobierno de Dina. Ofendidos, terruqueados y maltratados fueron trasladados a las dependencias policiales, incluida la Dircote, donde permanecieron hasta el día siguiente en que absolutamente todos fueron liberados, no sin antes pasar por manifestaciones, exámenes y peritajes, y ser informados de que la fiscalía había iniciado investigaciones en su contra por los presuntos como inexistentes delitos de usurpación, daños y disturbios.
El despliegue autoritario de entonces –todo un guiño a la ultraderecha ignorante– solo sirvió para mostrar la suprema y ridícula ineptitud del gobierno: el operativo no encontró a ningún terrorista, ni halló siquiera una pistolita de agua o una octavilla subversiva. Pese a ello, las autoridades de San Marcos, y en particular la rectora Jerí Ramón, que habían instado a la incursión policial y favorecido las detenciones y el maltrato, durante todo el año 2023 y los primeros meses del 2024 continuaron jugando un rol nefasto en contra de los estudiantes y manifestantes empapelados por la fiscalía presentando una lista de supuestos daños en sus instalaciones, alegando la pretendida desaparición de enseres de su propiedad, promoviendo acusaciones infundadas y lanzando a sus abogados a forzar al Ministerio Público a dar por acreditadas esas supuestas responsabilidades.
La bravata y prepotencia legal no les funcionó del todo. Ante la ausencia de evidencias que respaldaran el discurso inquisitorio y canero de las autoridades de San Marcos, en febrero de 2023, primero, y en agosto, después, la fiscalía reconoció que la investigación no daba para más y que no había conseguido nada, absolutamente nada, que apuntara a la comisión de delito alguno, por lo que no tuvo otro camino más que cerrarla. Sin embargo, en mayo y octubre del 2023, las autoridades de San Marcos conseguirían en instancias superiores que las indagaciones se reabran y se actúen nuevas e innecesarias diligencias.
Posteriormente, en su intento de jugar en cancha conocida y designar un investigador de su preferencia, la representación de San Marcos solicita y obtiene la exclusión del fiscal que conocía del caso. En los meses siguientes, el fresco fiscal realiza nuevas actuaciones –más declaraciones, más testimoniales y más visualizaciones de videos–, de las cuales no se desprende evidencia de la materialidad de ilícito alguno, ni sospecha razonable de que alguna de las personas denunciadas haya tomado parte en un hecho de apariencia ilícita. El paso siguiente, sí o sí, era –otra vez– el archivo de una indagación abusiva y ridícula que jamás debió emprenderse. Sin embargo, eso no pasó. Pese al vencimiento de los plazos legales para la sustanciación de la indagación, el titular de la fiscalía decidió su continuación, disposición irrazonable que fue santificada por la instancia superior, pese a nuestro cuestionamiento, y para gozo de la representación de la universidad.
En los primeros meses de este año, las defensas de los investigados insistieron en la irregularidad de la ampliación de las diligencias, solicitaron su nulidad y alegaron el vencimiento de los plazos de la investigación instando a un pronunciamiento fiscal sobre el fondo de la cuestión, para luego solicitar al juez de garantías que ejerciera el control sobre los actos del Ministerio Público. Con ello, el poder judicial exhortaría a la fiscal a cerrar la indagación y a emitir el pronunciamiento que resolviera la situación legal de las 193 personas indagadas.
Finalmente, el 2 de mayo pasado, el Ministerio Público archivó la investigación, por tercera vez. Ello porque no se acreditó la comisión de los delitos imputados a las 193 personas indagadas, porque las autoridades de San Marcos no dieron cuenta del estado de conservación de los bienes de su propiedad en fecha anterior a enero del 2023, porque no presentaron evidencias de la preexistencia de los enseres, porque su personal de vigilancia prestó declaraciones en las que no señalan a las personas que habrían causado el perjuicio, porque el informe pericial elaborado por la Policía Nacional no precisa quiénes son los autores del daño ocasionado, porque los propios policías intervinientes no sindican a persona alguna como la responsable de los daños, porque de las actas de visualización de los videos no fluyen actos de violencia contra la casa de estudios y porque las actas de registro personal a cada una de las 193 personas investigadas no arrojó el hallazgo de arma alguna o explosivo, lo que se corroboró con las declaraciones del personal policial.
Es harto probable que las actuales autoridades de San Marcos vuelvan a impugnar la decisión de archivo. Es más, eso está cantado. Los abogados y las abogadas de los estudiantes y de quienes ejercieron su derecho a la protesta en enero del 2023 –entre los que se encuentran los del Estudio Arbizu y Gamarra– los enfrentaremos en la instancia superior. Y ganaremos, porque nos acompaña la razón y la justicia.
Triste papel el de la rectora y sus secuaces, que no se cansan de perseguir y maltratar a sus propios estudiantes y a terceros, y que no desisten del acoso impuesto, aunque pierdan todo en los caminos de la justicia. No lograron nada en este caso, como ayer tampoco consiguieron que prosperaran sus denuncias por terrorismo contra dirigentes estudiantiles, ni por secuestro y usurpación contra estudiantes y vecinos de la universidad (que el Estudio Arbizu y Gamarra también patrocinó).
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 685 año 14, del 10/05/2024
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https://www.leerydifundir.com/2024/05/peru-bravata-prepotencia/
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