El Presidente de la República ha vuelto a exhibir su vocación autoritaria y su afán de sofocar el descontento por medio de la represión. Su frase dirigida a la Policía: "actúen antes de pensar" pasará a la historia como emblema de torpeza y preludio de violencia.
El discurso de Alan García promete enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el pueblo. Encierra, de hecho, amenazas de muerte.
El Primer Mandatario no ha asimilado lecciones de la historia reciente de América Latina, que demuestra cómo la represión y las matanzas suelen precipitar la caída de los presidentes.
La actitud presidencial no es gesto aislado. Forma parte de una estrategia en la que se han sucedido los decretos represivos y la represión activa. Los campesinos asesinados en Ayacucho y Barranca son muestra viva de esa voluntad de muerte.
El Decreto Legislativo 982, que libera de responsabilidad penal a militares y policías que hayan causado la muerte de ciudadanos, fue el anuncio de lo que venía. Desde entonces se ha afianzado el dispositivo violentista del régimen.
García toma como pretexto las protestas de los trabajadores mineros de Casapalca, durante cuya huelga se han producido actos de violencia. El problema estriba en que allí ha sido la violencia oficial la que ha suscitado la réplica de los trabajadores. Ayer, LA PRIMERA denunció que el lunes el contingente sindical casapalquino había sido atacado a balazos, sin importar que en el lugar había familias enteras. No se puede esperar que, ante esa provocación, los huelguistas se queden con los brazos cruzados.
En el transcurso de la paralización ha ocurrido un hecho dramático: una enorme roca se desprendió de la altura de Casapalca y cayó sobre la carretera bloqueada, en la que había numerosos vehículos parados. Sólo por obra del azar no se produjeron allí muchas muertes. Hay quienes quieren achacar ese hecho a un atentado de los huelguistas. Debe, por supuesto, investigarse; pero no hay que adelantarse a condenaciones.
El discurso de ayer encierra una nueva amenaza de guerra antipopular y prolongada. Esto es sumamente grave, y el país, así como la opinión continental, deben tomarlo en cuenta.
Las amenazas específicas contra los obreros de Casapalca buscan atemorizar a otros gremios en conflicto.
El gobierno teme, sin duda, una erupción social en días en que se acercan dos cumbres de resonancia mundial que tendrán por sede al Perú. Quiere curarse en salud, pero los métodos brutales, la falta de diálogo, sólo pueden desacreditarlo y aislarlo aún más.
Alan García debería pensar antes de actuar. Una reflexión de cada mañana, en la hora en que lee LA PRIMERA, debería recordarle que la arbitrariedad y el abuso, como el cometido contra los siete "boliviarianos" inocentes, le ganan repulsa nacional e internacional.
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