La empresa obtuvo extraordinarios privilegios. Alquiló 90 plataformas marinas de Petroperú por US$10 millones anuales y pagó diminutas regalías. ¡Cosas te da la vida, chico! Además, tuvo la “suerte” de que se nombre presidente del Directorio de Perupetro, 30/5/2000, a Rafael Samaniego B., funcionario de Petro-Tech Peruana desde 1993 hasta el 2/6 del 2000: un evidente conflicto de intereses, prohibido por la Ley de Sociedades. Así lo dice el informe 191-2007-CG/SP, del 24/10/07. Bajo su ilegal gestión se abandonó el acuerdo de iniciar una acción judicial contra Petro-Tech para que pague millones de dólares por una compensación establecida en el punto 8.8 del contrato (ya Petro-Tech había pagado US$ 2’730,333 dólares más IGV) y que la empresa adeudaba. Acordaron un “arbitraje” que ¡la libró del pago y recuperó lo ya pagado!
Así floreció Petro-Tech, a costa del Perú y de felipillos, hasta que fue implicada en las investigaciones sobre el espionaje telefónico y Business Track, en los enjuagues por manejar nuevos lotes petroleros. Entonces, zafó cuerpo rápidamente. Vendió en unos US$900 millones el negocio (por el que pedía más), pasando por encima de una obligación contractual de ofertarla al mismo Estado. Los compradores (colombianos y coreanos) pasaron por Palacio antes de que se conozca la operación. Hablaron con el mismo García, quien desde el 2007 conocía los problemas ya mencionados y no había hecho nada, al igual que el Congreso. ¿Fueron a tomarse un traguito? ¡No, fueron a recibir garantías para la operación! Ahora, García quiere “investigar” la venta, con una Comisión de sus allegados, cuando pudo anular el contrato por los vicios y asumido las recomendaciones de la Contraloría. Mientras tanto –en el Congreso– UN, Solidaridad y el fujimontecinismo dicen a los peruanos que no tienen competencia para meterse en el tema pues la venta –aunque se refiera a nuestros recursos naturales y atropellara el mismo contrato de concesión– sería un negocio entre privados.
Esa misma lógica la usan para el gas de Camisea. Como sabemos, la concesionaria (íntima de PPK y de García) se niega a vender gas a las empresas generadoras de electricidad en el Perú que se lo piden. Dice que su negocio es exportar a México y, se sostiene, hasta a Chile. Es decir, el concesionario, en la práctica se convierte en dueño de los recursos naturales, los usa como quiere y puede agotarlos rápidamente sin interesarle la demanda nacional. Ello, como señala el Ing. Herrera Descalzi, puede llevar a que los precios de la electricidad en el país se dupliquen en un año. ¡Teniendo gas, pagaremos más! ¿Piensa usted, como los adoradores del mercado y el ideólogo del Perro del Hortelano, que este es un asunto de privados en el que no toca pito el Estado? Difícil que el país se coma ese sapo y no demande un profundo cambio en el manejo de nuestros recursos naturales.
Lo peor es que los lotes de Camisea también se entregaron con graves irregularidades, como lo revelan informes de Contraloría (219, 220, 240, 241, 275-2008-CG/SP emitidos hace más de 18 meses) que conocen García y el Congreso, ignorándolos olímpicamente, en lugar de usarlo para defender los intereses del país. García, los Fujimori, Lourdes Flores, Castañeda y sus bancadas parlamentarias están mudos.
Para colmo, García pretende congelar el nombramiento de un contralor independiente y eficaz, sin miedo ni compromisos con el poder, que pueda fiscalizar y controlar. Quiere impedir el control y comienza con sus cuentos de desburocratizar la Contraloría, cambiar su ley. Para echar una cortina de humo después del escándalo de la candidata falsificadora de Rey y ocultar la solidez de un candidato a contralor como H. Campodónico, propuesto por la oposición, especialista en estos temas de energía y recursos naturales precisamente, donde se cuecen tantas habas. Pero además pretende --poniendo al santón de Yehude como firmante– tramitar el Proyecto de Ley 3003/2008-PE para que el manejo del Plan “Anticrisis” (US$ 13,000 millones de dólares con unas 60 grandes obras) sea manejado sin que los órganos de control puedan cuestionar las decisiones de los funcionarios, estando obligados a presumir que sus acciones son lícitas y prohibidos de cuestionar su “juicio profesional”. Es decir, una Contraloría pintada en la pared para que Arana, Guevara, León Alegría… la banda entera… se la lleve sin problemas. Vamos, el investigado aquí debe ser el jefe de la banda: Alan García.
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