Roger Rumrrill
| En una conferencia de prensa realizada el 15 de octubre del 2007, el presidente Alan García y el entonces ministro del Interior, Luis Alva Castro, denunciaron que una red de empresas off shore de Fernando Zevallos había lavado o blanqueado 461 millones de dólares en operaciones ilegales. En esa conferencia de prensa, García anunció que la policía antidrogas trabajaba en coordinación con las autoridades estadounidenses en 10 casos semejantes al de Zevallos. Las actividades ilícitas en el Perú, entre ellas la corrupción, tráfico de drogas y de armas, mueven un promedio de 2,434 millones de dólares anuales, de acuerdo a la Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. (UIF). De este total, el 40 por ciento proviene del narcotráfico. Los procesos judiciales por el delito de lavado y el narcotráfico comprometen 380 millones de dólares superando al tráfico de armas, que suma 70 millones de dólares. El Perú actualmente es una gigantesca lavandería del dinero sucio del narcotráfico. ¿En qué situación están los diez casos parecidos al de Zevallos? ¿Cuándo conoceremos los resultados de las investigaciones? El débil, poroso y casi siempre inexistente control de los insumos del narcotráfico y la laxitud para el control de lavado de dinero por parte del Estado sí favorecen al narcotráfico. También la ausencia de una política integral del Estado sobre el tema. De acuerdo a un estudio efectuado por el Inei en el año 2004, sobre la base de 8 mil encuestas y 25 mil respuestas, en el Perú 4 millones de peruanos, o sea el 15 por ciento de la población total del país, consumen 9 mil toneladas métricas de hoja de coca anualmente. De ese consumo que en un 98 por ciento es en forma de picchado, el 72 por ciento está en la sierra, el 20 en la costa y el 8 por ciento en la Amazonía. Un 2 por ciento es industrializado en harina, jabones, energizantes, galletas, productos de belleza, bebidas, etc. La harina de hoja de coca ni es una solución al narcotráfico ni tampoco con su producción y su mínimo consumo actual estamos en camino a ser un narcoestado. Además la coca está penalizada por la Convención Única de Viena de 1961 que en el Apéndice 1 califica a la hoja de coca, racista y anticientíficamente, de estupefaciente y al picchado de toxicomanía. Es decir, mientras persista esa condena y satanización, no hay posibilidades de exportar los derivados legales, medicinales y alimenticios, de la hoja de coca. En consecuencia, el discurso oficial contra el dictamen de la ley de industrialización de la hoja de coca en harina y saborizantes es puro fariseísmo. |
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