En cuanto a las disposiciones de la Constitución referidas a la economía, dos cambios se han producido en estos años. El primero se refiere a las decisiones sobre los gastos públicos y el balance fiscal. El segundo, a la relación entre el Congreso y el poder ejecutivo, lo que ha afectado al Ministerio de Economía y Finanzas.
Un punto importantísimo de cualquier política económica es la política fiscal, es decir, las normas referidas a los impuestos y gastos del Estado, dos elementos que en el mediano plazo deben estar balanceados. Los últimos treinta y pico de años se ha mantenido un equilibrio fiscal de bajo nivel: el Estado cobra pocos impuestos porque los grandes monopolios sacan leyes a su favor, y el Estado gasta poco en educación, salud pública y transporte. Pero había un balance, al fin y al cabo. Para mantener ese equilibrio, una cuestión de poder era esencial: el Congreso no tenía iniciativa de gasto. Tal disposición está muy claramente escrita en el artículo 79 de la Constitución. Pero ahora, mediante un Tribunal Constitucional nombrado por el pacto Fujimori-derecha-Cerrón, han eliminado esa disposición. ¿Cómo lo han hecho? Han interpretado de manera absurda que el Congreso sí puede tener iniciativa de gasto para el siguiente año. Con esa base, el Congreso se ha dedicado a aprobar miles de millones de gastos a la medida de sus intereses. Al mismo tiempo, en vez de una reforma tributaria que logre una tributación justa de mineras y billonarios, les mantienen y amplían granjerías.
Que el Congreso tenga iniciativa de gasto es una nítida acción anticonstitucional. Pero ese cambio ha sido aprobado por el Congreso y su Tribunal Constitucional, convirtiéndolo de esa manera en la nueva norma vigente, con el apoyo de la bancada fujimorista y toda esa derecha a quien de la boca para afuera cambiar el capítulo económico de la Constitución es comunista y proterruco. No se ha registrado oposición a este cambio constitucional nefasto por parte de la Confiep, la Sociedad de Minería, la Asociación de Bancos o alguno de esos gremios empresariales: mientras a ellos les estén rebajando impuestos o sean sus AFP las beneficiadas, todo lo demás les parece aceptable.
Algunos creen que al menos queda en pie la independencia del BCR. No es así, porque la esencia de esa independencia es que su directorio no pueda ser removido arbitrariamente, como establece la Constitución. Pero ya el año pasado destituyeron al jefe del Indecopi, que tampoco podía ser legalmente despedido, y no pasó nada. Este año sacaron al comandante general de la policía, general Jorge Angulo, que tampoco podía ser removido según ley. El mismo Congreso destituyó a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a quienes constitucionalmente solo se les puede sacar por “falta grave”, sin que nadie haya establecido qué se considera una falta grave ni ellos la hayan cometido y hasta inventando fórmulas de votación fuera de la ley. ¿Y saben a quiénes también el Congreso puede remover por falta grave según la Constitución de 1993? A los miembros del directorio del BCR. Es decir, en términos de lo que señala la Carta Magna de 1993, están en exactamente la misma situación que los miembros de la JNJ. Y hay antecedentes, por si acaso. En 2005 hubo una campaña de la ultraderecha fujimorista por sacar del cargo al entonces director y presidente en funciones del BCR, Óscar Dancourt, sin ninguna razón: sólo estaban disgustados por sus simpatías izquierdistas. Pero entonces no tenían la correlación de votos en el Congreso y se mantenía cierto respeto institucional. Ya no. Así que ahora hay media docena de altos funcionarios, incluyendo de organismos constitucionalmente autónomos como la JNJ, que han sido removidos ilegalmente. Si este Congreso no está buscando remover a los directores del BCR es porque por ahora carecen de interés en ello, y punto. Ya han demostrado que su respeto a las autonomías institucionales es nulo.
El otro gran cambio de la Constitución económica de 1993 es el referido a la vacancia presidencial y la posibilidad de que el presidente cierre el Congreso tras dos votos de confianza denegados. Ese sistema permitía un cierto equilibrio entre los dos poderes, Ejecutivo y Congreso, que de alguna manera los obligaba a convivir y ponerse de acuerdo. Ya no más. Este Congreso fujiacuñista aprobó una ley, inconstitucional, que hace imposible un cierre del Congreso por parte del presidente cuando este es nefastamente obstruccionista. Eliminó una disposición constitucional sólo mediante una ley, lo que no puede hacerse. Pero ya su Tribunal Constitucional (TC), en contra de todo criterio jurídico, le dio su aprobación. Como esa ley fue pensada contra Pedro Castillo, toda la derecha aplaudió. Pero con ese cambio ahora tenemos un régimen parlamentario con presidente títere. Importante: no es sólo por esta vez, es un cambio de régimen. Porque si quien ocupa la presidencia no quiere fungir de títere (como sí le place a Boluarte a cambio de unos cuantos Rolex) simplemente le cortan la cabeza con una vacancia, la que –nuevamente aceptada por el TC– no necesita ningún criterio salvo los votos necesarios en el Congreso. ¿Es este un tema de cómo se dirige la economía? Por supuesto que sí. Como este régimen obliga a una presidencia siempre arrodillada ante el Congreso, el ministro de economía y finanzas, nombrado por el títere presidencial, tiene que arrodillarse junto a quien lo nombró. Esa postura subordinada del MEF ante el Congreso es algo tan notorio y nefasto que hasta el presidente del BCR lo ha señalado en público. Pero hace falta tener en claro que se trata de una consecuencia directa de la ruptura del equilibrio de poderes y de la dominación total del Congreso establecida en la nueva Constitución del 2023 que nos rige actualmente.
¿Saldremos de esto si en una próxima votación elegimos un buen presidente? La nueva Constitución de facto del 2023 dice que quien manda ahora es el Congreso y no el poder ejecutivo. Con ese cambio, la discusión sobre la conveniencia de revisar la Constitución es ahora totalmente distinta a la anterior. Antes discutíamos si la Constitución de 1993 había que cambiarla y, en particular, si el capítulo económico había que mantenerlo. Pero nuevamente una dictadura, en este caso congresal, ha cambiado la Constitución –y el fujimorismo ha hecho otra vez un adefesio tremendamente dañino al país, incluyendo el capítulo económico–. Todo por aumentar las ganancias de algunos de sus financistas millonarios y mantener a grupos oportunistas como aliados en el Congreso para prolongar su dictadura.
¿Hay alguien sensato que proponga mantener la barbaridad del orden constitucional que tenemos ahora? No lo veo. Eso quiere decir que la pregunta ha cambiado. La cuestión ahora debe ser en qué sentido y cómo cambiar la Constitución del 2023.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 690 año 14, del 14/06/2024
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