Perú: Reformar la banca es un asunto pendiente

Pedro Francke

"Un préstamo a dos años de 10 mil con Ripley en Perú termina generándote 30 mil de intereses, pero esa misma empresa en Chile te cobraría 6 mil"

La tasa de interés máxima fijada por el Banco Central de Reserva es de 113 por ciento anual. Eso quiere decir que si usted saca un préstamo de 10 mil soles a esa tasa y quiere devolverlo en dos años, deberá pagar 45 mil soles. Treintaicinco mil soles más por mantener el dinero en sus manos dos años después. Fuertecito, ¿no? Pero hoy los bancos no llegan a cobrarle el tope. De acuerdo a la Superintendencia de Banca, la tasa del Banco Ripley es 100,5% anual, así que si usted compra uno o varios electrodomésticos por 10 mil soles y le dieran el crédito para pagar todo al final en un par de años, deberá apoquinar más de 40 mil soles. Estoy seguro de que a la mayoría les parecerá excesivo. A mí también. Pero durante muchos años se cobraron tasas aún más altas y una mayoría del Congreso quiere ahora eliminar el tope y permitir que los bancos cobren lo que les dé la gana, sin tope alguno, simplemente lo que ellos digan sin regulación ni control alguno. Quienes así proponen dicen que lo mejor es que haya un “mercado libre”. Pero ¿en el sistema bancario peruano predomina la competencia?

Una primera forma de analizar el asunto es ver cuán concentrado está este mercado. Y la respuesta es que está dominado por un pequeño grupo de bancos. Los cuatro grandes bancos, en orden de tamaño –Crédito, BBVA, Scotia e Interbank–  concentran el 90% de los créditos hipotecarios y el 87% de los préstamos a grandes corporaciones. Tienen más del 80% de todos los depósitos y también de los créditos a medianas empresas, así como de los préstamos de consumo (tarjetas de crédito y por compras en tiendas). Los economistas usamos un índice más complejo llamado IHH que incluye el peso de los bancos medianos y menores. Ese índice en el Perú es mayor a 2,000, un nivel muy alto, y así se ha mantenido por al menos veinte años. Chile y Colombia tienen índices IHH menores, de 1,440 y 1,320. En el Perú el banco más grande tiene 33% del mercado, en Colombia el banco mayor tiene 20%. Allá hay el doble de bancos que en nuestro país. Además, mientras acá no hay más bancos que antes, allá han aumentado al ritmo de uno por año, introduciendo algo más de competencia.

Un segundo nivel de análisis necesario es mirar si los bancos explotan a sus clientes con precios abusivos. Eso se mide en el sistema financiero con lo que llamamos “spread”: la diferencia entre lo que el banco te paga por tus depósitos y lo que cobra por un préstamo. Las ganancias del banco están en esa diferencia y parte de los problemas en Perú no sólo es lo caro de los préstamos sino también lo poco que nos pagan cuando ponemos nuestro dinero en una cuenta de ahorros. Los datos comparativos entre varios países latinoamericanos (para el 2022) muestran que el spread bancario en Perú es mayor al de Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Chile. En Perú es casi 8 por ciento promedio mientras en Chile es la cuarta parte de eso, apenas 2 por ciento. La diferencia es aplastante para los consumidores que sacan crédito. En Perú nos cobran en promedio 56% y empresas chilenas como Ripley y Falabella cobran hasta 100 por ciento de interés anual, mientras en Chile la tasa promedio para consumidores es 17%. Así, un préstamo a dos años de 10 mil con Ripley en Perú termina generándote 30 mil de intereses, pero esa misma empresa en Chile te cobraría 6 mil. Para las microempresas la tasa promedio en Perú es de 42%, en Colombia 22% y en Chile 18%. Tremendas diferencias y son países vecinos y con economías similares a la nuestra.

El resultado obvio es que los bancos peruanos hacen enormes ganancias. La rentabilidad de los dueños de los bancos ha estado cercana al 20 por ciento anual durante veinte años. Los bancos internacionales no ganan ni la mitad de eso. El año pasado el BCP tuvo una rentabilidad de 22 por ciento, con utilidades netas de 5 mil 217 millones de soles. Todos los bancos sumados ganaron 10 mil 325 millones. ¿Tendrá eso algo que ver con los 3 millones 700 mil dólares que Dionisio Romero entregó en diecisiete maletines a la mano de Keiko?

La segunda consecuencia de esta concentración y poder monopólico es que la proporción de peruanos que tiene una cuenta de ahorros es baja. No es de extrañar: si ponemos nuestra plata en el banco, nos pagan poquísimo, así que la gente busca recurrir a otras opciones –negocio propio, carrito que se alquila, cuarto en renta, préstamo informal. No está mal, pero eso requiere dedicación y un riesgo mucho mayor. El muy bajo interés que nos pagan los bancos empuja a que algunas personas caigan en estafas, como las cooperativas AELU y Coopac Arequipa o la criptomoneda estafadora promovida por Javier Milei. La otra cara de los pocos ahorros captados por los bancos es que tienen pocos fondos para prestar, de tal manera que muchos emprendimientos, las pymes y el agro se quedan sin financiamiento.

La primera conclusión de este análisis es que en nuestro país no hay mayor competencia entre los bancos. Por eso, simplemente confiar en que van a tratarnos bien y con justicia en base al funcionamiento del “libre mercado” no tiene sustento. El Perú necesita un sistema financiero más competitivo y que realmente llegue a las pymes y el agro, y para eso hace falta una buena regulación y acción pública. Es una de las reformas pendientes a afrontar apenas salgamos de esta dictadura.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 725 año 15, del 21/03/2025

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Perú: La banca contra las pymes

Pedro Francke

En el último año se agrandaron las diferencias entre el crédito fácil y barato que los bancos dan a las grandes corporaciones, por un lado, y el crédito escaso y caro que ofrecen a las medianas y pequeñas empresas, por el otro. Esto es clave, porque sin acceso a capital de trabajo, o teniendo que pagar tasas de interés sumamente elevadas, a las pymes se les hace muy difícil diversificar o ampliar su producción, mejorar su tecnología y progresar. La posibilidad de competencia de las empresas pequeñas frente a las grandes se resiente duramente. En esas condiciones las pymes no pueden generar más empleos ni tienen mucho espacio para aumentar salarios y brindar mejores condiciones a sus trabajadores, e incluso muchas de ellas se ven obligadas a detener su funcionamiento.

El año pasado el crédito total a empresas privadas se redujo en 2 por ciento en términos reales. Este factor no ayudó a una mayor reactivación. Recuerden que todavía en los sectores de industria y construcción la producción del 2024 fue un 5 por ciento menor que la del 2022, sin recuperarse tras la recesión del año anterior. Con crédito escaso se frenan las inversiones. Se ha comentado bastante el poco dinamismo de la inversión privada el año pasado, pero pocas veces se menciona que un factor importante al respecto ha sido la falta de crédito. Es cierto que la inseguridad ciudadana y el desgobierno reinante importan, pero sin financiamiento los mejores planes de negocio de los empresarios más audaces se quedan en el tintero. Sin fondos no hay inversión, y para las pymes tener financiamiento es una ayuda fundamental.

La cuestión es que el 2024 la banca sí ha dado más crédito a las corporaciones y grandes empresas: unos nueve mil millones de soles adicionales. Ese sector tiene 140 mil millones de soles de préstamos, que como ustedes saben, amigos lectores, es dinero que proviene de quienes tenemos una cuenta en el sistema bancario. A esa suma hay que añadir el dinero que tienen las AFP, proveniente de los trabajadores, de los cuales canalizan otros 20 mil millones a las grandes empresas. Harta plata y cada banco y AFP tratan de manera privilegiada a las empresas que forman parte de su grupo de poder económico (uno de los extremos mercantilistas del neoliberalismo peruano es la permisividad frente a este comportamiento). Pero mientras los grupos monopólicos han sido beneficiados, a las empresas medianas y pequeñas, que ya tenían menos crédito que las grandes a pesar de ser mucha mayor cantidad, les han quitado 7 mil millones de soles el 2024. Es decir, los bancos les han estado cobrando sus deudas sin renovarles líneas de crédito y han sido muy cerrados para la aprobación de nuevos préstamos. El dinero que tenían las pymes para trabajar ha sido redirigido a las grandes corporaciones.

La diferencia se amplía aún más en relación al costo de los créditos. Una microempresa, en promedio, paga ahora 48 por ciento de tasa de interés anual, según indican los datos del BCR. Es una tasa muy alta. Saque su cuenta: por tener en su poder 100 mil soles durante dos años para una pequeña inversión o mejora, tendrían que pagar al final ¡más de 220 mil soles! Tienen que invertir muy bien su dinero y tener un negocio muy rentable para que les resulte conveniente. A lo largo de los dos años de cogobierno de Dina y el Congreso, esa tasa ha aumentado 10 por ciento. Por si acaso, a los consumidores se les castiga aún más duro: hoy la tasa de interés promedio (hay financieras que cobran tasas largamente superiores) es de 57 por ciento (también subió 10 puntos entre el 2023 y 2024). Mi consejo es que eviten todo lo posible financiarse con tarjetas de crédito y sacar préstamos para la compra de electrodomésticos. Es difícil darse cuenta de que los costos son muy altos y envuelven a la gente en una jaula de explotación financiera.

La diferencia en el trato de los bancos hacia las pymes y el que otorgan a las grandes corporaciones es tremenda: este sector paga menos de 6 por ciento anual de tasa de interés, un octavo de lo que les cobran a las microempresas.  Así, por un préstamo de 100 mil soles, al cabo de dos años, una corporación enorme debe pagar 112 mil soles mientras que una microempresa, por la misma cantidad, debe devolver 220 mil soles. ¿Es posible competir en esas condiciones? Muy, pero muy difícil.

ALTERNATIVAS DE POLÍTICA

La promoción de crédito más barato a las pequeñas y microempresas es algo que se hace en muchos países del mundo. Las mecas del capitalismo –Estados Unidos, Alemania o Japón– tienen grandes programas estatales de ese tipo. En el Perú han existido programas al respecto hace muchos años, pero siempre han sido sumamente limitados. Existe desde hace varias décadas un fondo de garantías orientado a que cuando una pyme no tiene título de propiedad o activos que poner de respaldo eso no desanime a los bancos a prestar ya que este fondo estatal garantiza (en parte) el préstamo. Otros programas consisten en que el Estado pone los fondos para que los bancos los entreguen. Usualmente el Estado otorga ese dinero a bajas tasas de interés, pero los créditos llegan mucho más caros a las pymes y los montos son muy reducidos ante la necesidad existente.

Durante la pandemia, luego de que el primer programa de apoyo crediticio a las empresas llamado Reactiva no cubriera a las pymes, se aprobó un Reactiva 2 que cambió las condiciones por unas más asequibles a las pequeñas y microempresas. Aunque siempre hubo muchísimas microempresas que no tuvieron acceso al crédito, este se amplió de una manera sin parangón en nuestra historia. Esa experiencia debió haberse recogido y replicado en los años subsiguientes, pero se hicieron programas muy tímidos, como FAE-Mype y otros similares. Así hemos llegado al momento actual: se ha desperdiciado una buena experiencia y posibilidad, se ha frenado el crecimiento y desarrollo de las pymes, que son las principales creadoras de empleo en el Perú, y se ha dificultado la competencia y ayudado a que los grandes grupos monopólicos consoliden su poder de mercado.

Nuestra experiencia nacional ha estado vinculada mayormente a lo que se llama “banca de segundo piso”, es decir que no es un banco del Estado o institución pública quien da directamente el crédito, sino de manera indirecta, con Cofide dando fondos al sistema financiero privado. Ese sistema podría multiplicarse y sabemos que se puede porque ya se hizo en pandemia. Los programas de crédito a las pymes debieran ampliarse añadiendo otro elemento: promover la competencia en el sistema financiero, en especial con instituciones como las cajas y las cooperativas bien manejadas que se orientan más al sector de microempresas. Podría complementarse con oficinas del Banco de la Nación con mayores funciones crediticias para los distritos y sectores hoy excluidos. Es cuestión de entender que el crédito es un asunto de interés público y que los dineros de los peruanos deben orientarse a un progreso económico de amplia base y no a una mayor concentración monopólica.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 715 año 15, del 10/012/2025

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Perú: La Constitución de facto del 2023

Pedro Francke

Una discusión recurrente en los últimos años ha sido el cambio de la Constitución. A lo largo de varias campañas electorales, el fujimorismo y la derecha defendieron ardorosamente que se mantuviera intacta la Constitución de Fujimori de 1993, mientras desde la oposición al neoliberalismo y la izquierda se pedía su cambio integral. En las pasadas elecciones, Keiko Fujimori hizo hincapié en la defensa de la Carta Magna y en particular de su capítulo económico, y su “Escuela Naranja” refuerza esta misma idea. Pero ellos mismos han eliminado el equilibrio de poderes y el artículo constitucional que establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y con eso se han traído abajo la Constitución. Debemos tomar conciencia que ahora rige la Constitución de facto de 2023 y no la de 1993.

En cuanto a las disposiciones de la Constitución referidas a la economía, dos cambios se han producido en estos años. El primero se refiere a las decisiones sobre los gastos públicos y el balance fiscal. El segundo, a la relación entre el Congreso y el poder ejecutivo, lo que ha afectado al Ministerio de Economía y Finanzas.

Un punto importantísimo de cualquier política económica es la política fiscal, es decir, las normas referidas a los impuestos y gastos del Estado, dos elementos que en el mediano plazo deben estar balanceados. Los últimos treinta y pico de años se ha mantenido un equilibrio fiscal de bajo nivel: el Estado cobra pocos impuestos porque los grandes monopolios sacan leyes a su favor, y el Estado gasta poco en educación, salud pública y transporte. Pero había un balance, al fin y al cabo. Para mantener ese equilibrio, una cuestión de poder era esencial: el Congreso no tenía iniciativa de gasto. Tal disposición está muy claramente escrita en el artículo 79 de la Constitución. Pero ahora, mediante un Tribunal Constitucional nombrado por el pacto Fujimori-derecha-Cerrón, han eliminado esa disposición. ¿Cómo lo han hecho? Han interpretado de manera absurda que el Congreso sí puede tener iniciativa de gasto para el siguiente año. Con esa base, el Congreso se ha dedicado a aprobar miles de millones de gastos a la medida de sus intereses. Al mismo tiempo, en vez de una reforma tributaria que logre una tributación justa de mineras y billonarios, les mantienen y amplían granjerías.

Que el Congreso tenga iniciativa de gasto es una nítida acción anticonstitucional. Pero ese cambio ha sido aprobado por el Congreso y su Tribunal Constitucional, convirtiéndolo de esa manera en la nueva norma vigente, con el apoyo de la bancada fujimorista y toda esa derecha a quien de la boca para afuera cambiar el capítulo económico de la Constitución es comunista y proterruco. No se ha registrado oposición a este cambio constitucional nefasto por parte de la Confiep, la Sociedad de Minería, la Asociación de Bancos o alguno de esos gremios empresariales: mientras a ellos les estén rebajando impuestos o sean sus AFP las beneficiadas, todo lo demás les parece aceptable.

Algunos creen que al menos queda en pie la independencia del BCR. No es así, porque la esencia de esa independencia es que su directorio no pueda ser removido arbitrariamente, como establece la Constitución. Pero ya el año pasado destituyeron al jefe del Indecopi, que tampoco podía ser legalmente despedido, y no pasó nada. Este año sacaron al comandante general de la policía, general Jorge Angulo, que tampoco podía ser removido según ley. El mismo Congreso destituyó a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a quienes constitucionalmente solo se les puede sacar por “falta grave”, sin que nadie haya establecido qué se considera una falta grave ni ellos la hayan cometido y hasta inventando fórmulas de votación fuera de la ley. ¿Y saben a quiénes también el Congreso puede remover por falta grave según la Constitución de 1993? A los miembros del directorio del BCR. Es decir, en términos de lo que señala la Carta Magna de 1993, están en exactamente la misma situación que los miembros de la JNJ. Y hay antecedentes, por si acaso. En 2005 hubo una campaña de la ultraderecha fujimorista por sacar del cargo al entonces director y presidente en funciones del BCR, Óscar Dancourt, sin ninguna razón: sólo estaban disgustados por sus simpatías izquierdistas. Pero entonces no tenían la correlación de votos en el Congreso y se mantenía cierto respeto institucional. Ya no. Así que ahora hay media docena de altos funcionarios, incluyendo de organismos constitucionalmente autónomos como la JNJ, que han sido removidos ilegalmente. Si este Congreso no está buscando remover a los directores del BCR es porque por ahora carecen de interés en ello, y punto. Ya han demostrado que su respeto a las autonomías institucionales es nulo.

El otro gran cambio de la Constitución económica de 1993 es el referido a la vacancia presidencial y la posibilidad de que el presidente cierre el Congreso tras dos votos de confianza denegados. Ese sistema permitía un cierto equilibrio entre los dos poderes, Ejecutivo y Congreso, que de alguna manera los obligaba a convivir y ponerse de acuerdo. Ya no más. Este Congreso fujiacuñista aprobó una ley, inconstitucional, que hace imposible un cierre del Congreso por parte del presidente cuando este es nefastamente obstruccionista. Eliminó una disposición constitucional sólo mediante una ley, lo que no puede hacerse. Pero ya su Tribunal Constitucional (TC), en contra de todo criterio jurídico, le dio su aprobación. Como esa ley fue pensada contra Pedro Castillo, toda la derecha aplaudió. Pero con ese cambio ahora tenemos un régimen parlamentario con presidente títere. Importante: no es sólo por esta vez, es un cambio de régimen. Porque si quien ocupa la presidencia no quiere fungir de títere (como sí le place a Boluarte a cambio de unos cuantos Rolex) simplemente le cortan la cabeza con una vacancia, la que –nuevamente aceptada por el TC– no necesita ningún criterio salvo los votos necesarios en el Congreso. ¿Es este un tema de cómo se dirige la economía? Por supuesto que sí. Como este régimen obliga a una presidencia siempre arrodillada ante el Congreso, el ministro de economía y finanzas, nombrado por el títere presidencial, tiene que arrodillarse junto a quien lo nombró. Esa postura subordinada del MEF ante el Congreso es algo tan notorio y nefasto que hasta el presidente del BCR lo ha señalado en público. Pero hace falta tener en claro que se trata de una consecuencia directa de la ruptura del equilibrio de poderes y de la dominación total del Congreso establecida en la nueva Constitución del 2023 que nos rige actualmente.

¿Saldremos de esto si en una próxima votación elegimos un buen presidente? La nueva Constitución de facto del 2023 dice que quien manda ahora es el Congreso y no el poder ejecutivo. Con ese cambio, la discusión sobre la conveniencia de revisar la Constitución es ahora totalmente distinta a la anterior. Antes discutíamos si la Constitución de 1993 había que cambiarla y, en particular, si el capítulo económico había que mantenerlo. Pero nuevamente una dictadura, en este caso congresal, ha cambiado la Constitución –y el fujimorismo ha hecho otra vez un adefesio tremendamente dañino al país, incluyendo el capítulo económico–. Todo por aumentar las ganancias de algunos de sus financistas millonarios y mantener a grupos oportunistas como aliados en el Congreso para prolongar su dictadura.

¿Hay alguien sensato que proponga mantener la barbaridad del orden constitucional que tenemos ahora? No lo veo. Eso quiere decir que la pregunta ha cambiado. La cuestión ahora debe ser en qué sentido y cómo cambiar la Constitución del 2023.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 690 año 14, del 14/06/2024

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Perú: Esto se llama recesión

Pedro Francke

Estamos en recesión, aunque a varios la palabra les asuste. Esto quiere decir que la economía peruana no está creciendo, sino que la producción total se ha achicado, se ha ido para abajo, en los primeros seis meses del gobierno de Dina Boluarte. Como se sabe, la cifra es un negativo de -0,5 por ciento, según los números oficiales del INEI. También se ha tratado de decir que eso sucedió en el pasado pero ya pasó, aunque las cifras también desmienten esa afirmación: la caída de la producción en el mes de junio, el último para el que hay un cálculo publicado, ha sido aún mayor, de -0,6 por ciento. Y aunque todavía no hay datos completos de julio, los avances no son favorables, la inversión pública real cayó 13 por ciento (¡) y el sistema electrónico de transacciones registra un valor menor en 14 por ciento a mediados del mes de agosto y menos 23 por ciento en julio.

Lo más grave es que sectores productivos claves, los más importantes en la generación de empleo e ingresos para las mayorías, han tenido retrocesos muy fuertes. La manufactura, es decir el sector industrial, produjo en el primer semestre 6 por ciento menos, pero la caída se ha ido agravando y en junio produjo 14,6 por ciento menos. Hace más de tres décadas que no se veían cifras de esta magnitud en la industria. En la construcción la caída del primer semestre es de 9 por ciento. Sólo en Lima el último dato de empleo muestra que hay 84 mil personas menos trabajando en este sector (entre los meses de mayo a julio). Estos dos datos indican que la situación en las ciudades, y en particular en Lima, es de fuerte golpe a las economías populares. Pero en el campo, la situación es también crítica ya que en los primeros seis meses de este año la producción agrícola cayó en 4,6 por ciento, siendo la mayor parte de estos alimentos producidos por millones de pequeños agricultores. Los grandes agroexportadores de arándanos, uvas y mango no se han visto afectados y más bien siguen aumentando su producción (bien por eso), pero son los medianos y pequeños productores de arroz (-3 por ciento), papa (-14 por ciento) y maíz (-16 por ciento) los seriamente afectados.

Lo primero es reconocer el problema y su gravedad. Hay un problema y este es serio. Parte de la caída de la producción, en especial la agrícola, se debe a El Niño Costero, pero la respuesta gubernamental de apoyo y promoción ha sido mínima, y manteniéndose un cambio de clima fuerte y siendo probable que enfrentemos un fenómeno El Niño en el próximo verano, una fuerte y efectiva política de soporte es clave y no se le ve por ningún lado. La recesión en el sector industrial y construcción, sin embargo, en particular la que se ha seguido viendo en los últimos meses de mayo, junio y julio, no tiene nada que ver ni con El Niño Costero ni con las justificadas protestas sociales a las que Dina Balearte y Alberto Matárola respondieron con 60 compatriotas asesinados meses atrás. Se debe a que el mercado interno está recesado, disminuido, ajustado, con una demanda interna reducida. En la respuesta que los propios empresarios dan al BCR en la encuesta que hace mensualmente, ellos indican que su nivel de demanda respecto a lo esperado está en negativo hace varios meses y ha caído entre mayo y julio. De todos los indicadores que recoge el BCR, este es el que más se correlaciona con el PBI. ¿Debiera llamar la atención que, cuando la inflación ha reducido sustancialmente los salarios reales sin que haya ninguna medida del gobierno para favorecer a los trabajadores sino todo lo contrario, esto haya pasado? No, claro que no. Si se reducen los ingresos que sustentan las economías populares, estos hogares se ven obligados a disminuir su consumo y, en consecuencia, las empresas venden menos –menos ropa, menos comida, menos casas, menos muebles–. Enfrentados a menos demanda, los empresarios reducen su producción. A su vez, esto afecta el empleo: debiendo producir menos, las empresas despiden gente, reducen horas extras, no renuevan contratos, postergan inversiones. El proceso mediante el cual una caída en la demanda afecta la producción no es ningún misterio y está en todos los libros de macroeconomía básica.

ALTERNATIVAS

En el corto plazo, cualquier alternativa macroeconómica pasa por reactivar la demanda. Se ha puesto mucho énfasis en la inversión privada y está bien, es indispensable motivar y mejorar las expectativas en ese sentido, pero hay que tener claro que un empresario constructor o industrial que ve su demanda caída, que tiene decenas de departamentos sin vender o cuyos almacenes están llenos de zapatos que no logra que salgan en el mercado porque la gente está misia, no tiene incentivo alguno en ponerse a ampliar su fábrica. Elevar de manera efectiva la inversión pública, renovar en serio la salud pública para que la necesidad de enfrentar problemas urgentes no drene los bolsillos de las familias y tener una política laboral activa que mejore los sueldos y salarios son las medidas clave en este sentido. Y los costos que esto genera al presupuesto público deben ser cubiertos con una reforma tributaria y medidas para reducir la evasión de los grandes tramposos contra el fisco. Una vez más, como también fue el caso el 2021, darle un nuevo empujón al carro de la economía nacional es indispensable. De lo contrario, todas las promesas y frases de que “ahora sí ya el futuro económico es promisorio” no se harán realidad.

Considero esencial ponerle especial atención a los pequeños y medianos agricultores de la costa, sierra y selva. Es un grupo en el cual los niveles de pobreza y vulnerabilidad son más altos. Logrando una mayor producción de alimentos básicos como arroz y papa se conseguirá que la inflación en estos rubros clave no afecte tanto a los trabajadores urbanos. Es además un grupo que, justificadamente, se ha sentido particularmente agraviado y ha respondido con más fuerza ante este cogobierno Boluarte- Congreso (o quizás más precisamente Otárola-fujicerronismo), pero cuyo malestar responde a una exclusión histórica y que requiere, lo antes posible, un Estado que responda ante sus problemas. Añado a esto que el cambio climático que vemos ahora y el probable fenómeno El Niño que se nos viene los va a golpear nuevamente, y lo mejor es actuar desde ahora. Si desde hace décadas requieren, y no tienen, un apoyo en créditos y seguros accesibles, en mejores sistemas de comercialización y articulación con mercados urbanos, en promoción de nuevas tecnologías y en irrigaciones de mediano y pequeño tamaño y menor costo en las alturas y laderas de los andes, hoy la urgencia es mayor. El riesgo de una seria escasez hídrica ya lo tenemos encima, y hay opciones de captura de agua, de represas y canales mejorados, de riego tecnificado, que deben ponerse en marcha ahora y no cuando se agrave su empobrecimiento y se afecte el abastecimiento de las ciudades. Otros sectores, como la industria, los servicios, el turismo y la construcción, las pequeñas y medianas empresas en general, las cooperativas y asociaciones, también requieren una política promocional fuerte. Hoy que estamos en recesión, una política que promueva el empleo y apoye a las economías populares es más urgente que nunca.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 650 año 14, del 25/08/2023, p14

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Perú: Carne sale con hueso

Pedro Francke

El Banco Central de Reserva presentó su reporte trimestral la semana pasada con una mirada actualizada de lo que pasa en la economía peruana y mundial que vale la pena comentar. Temas saltantes: el mundo ha girado hacia un menor crecimiento mientras los precios de petróleo y alimentos bajan sin que la inflación haya cedido; en este contexto el crecimiento económico peruano estaría alrededor de 3 por ciento, unas décimas debajo de lo previsto pero lejos de la catástrofe anunciada por la derecha golpista; el BCR seguirá elevando las tasas de interés lo que, como sucede internacionalmente, implica indefectiblemente un freno a la economía.

EL MUNDO Y LA ECONOMÍA PERUANA

La economía mundial se está desacelerando fuertemente desde sus tres grandes centros: Estados Unidos, Europa y China. La economía gringa crecería apenas 1,7 por ciento este año y 1,2 el próximo, y la europea 2,5 este año y apenas 1 por ciento el 2023. La pisada de freno de la FED, el banco central norteamericano, viene fuerte y se espera que el próximo miércoles suba su tasa de interés en 0,75 % adicional. China, que la última década tuvo crecimientos en torno a 6 %, se espera que crezca poco más de 3 % este año. Implicancias: con un precio del cobre a 3,50 dólares la libra todavía la minería tiene un buen margen de ganancia, pero hay un mercado más difícil para nuestras exportaciones no tradicionales y menos capitales viniendo a los países emergentes.

La proyección del BCR de un crecimiento de 3 por ciento este año es razonable. El dato reciente de un crecimiento de apenas 1,4 por ciento en julio anuncia la desaceleración y es poco probable que las medidas propuestas por el ministro Burneo tengan impacto este año. Entre que son tramitadas por el Congreso y se aplican pasarán varios meses, y eso si es que se aprueban. Ojo que el crecimiento de toda Latinoamérica este año está en 2,2 por ciento. Nosotros con 3 por ciento estamos por encima de Estados Unidos y Europa, casi igual que China y en la región sólo debajo de Colombia y Argentina y bien por encima de Chile, México y Brasil. Es también interesante anotar que según el BCR este año la inversión privada no minera crecerá medio por ciento y el próximo año 4 por ciento. Tampoco estamos ante el desastre anunciado por los medios de derecha, y era imposible que la inversión minera no se redujera luego de la culminación de la megainversión de Quellaveco.

Hay sí dos claras falencias nacionales. Una es que la inversión pública ha caído en 5 por ciento, sumando tanto gobierno nacional, empresas públicas y gobiernos regionales y locales. El otro problema ha sido la falta de respuesta a los conflictos sociales en torno a la minería, asunto olvidado por la PCM desde que Mirtha Vásquez dejó el cargo, lo que ha llevado a una caída en su producción.

INFLACIÓN Y ALZA DE TASAS DE INTERÉS

A nivel mundial, la inflación no ha cedido. Han caído bastante respecto a su pico los precios del petróleo, el trigo, el maíz y los aceites, que empujaron mucho la inflación hacia arriba en los primeros meses del año. Pero la caída reciente de estos precios no ha detenido el ritmo inflacionario general. La inflación anual en Estados Unidos está ahora en 8,4 por ciento, igual que la del Perú. Brasil y México tienen la inflación un poco por encima de eso mientras en Chile alcanza hasta el 14 por ciento. La noticia de que en agosto la inflación en Estados Unidos siguió al alza y no bajó golpeó las bolsas mundiales, debido a que ello anuncia que las tasas de interés seguirán subiendo, lo que afecta el financiamiento empresarial y desincentiva las compras de acciones. En todas partes, una inflación alta es motivo de descontento ciudadano. Los países europeos están tomando medidas extraordinarias en el mercado energético: Alemania está nacionalizando una empresa estratégica y la nueva primera ministra de Inglaterra anuncia un paquete masivo de subsidios a la energía financiados con endeudamiento, contradiciendo sus promesas de campaña y su ideología conservadora.

Frente a la inflación, la receta macroeconómica estándar es que los bancos centrales suban las tasas de interés. Efectivamente, así lo han hecho en todo el mundo, aunque en magnitudes distintas. En Perú el BCR el último año ha subido su tasa de interés de 0,25 hasta 6,75 por ciento. En toda América Latina los bancos centrales tienen tasas a ese nivel o por encima, pero en Estados Unidos, Europa y Corea del Sur la tasa de interés es de 2,5 por ciento, mucho menos. ¿Por qué los países desarrollados han sido más cautos en esta política?

El tema de fondo es este: al subir la tasa de interés a la que el BCR entrega dinero a los bancos comerciales, ellos también tienen que subir sus tasas de interés. En el Perú los bancos además han ampliado su margen financiero o “spread”, como se llama a la diferencia entre la tasa que los bancos pagan a sus ahorristas y la que cobran por los préstamos que dan. Cuando los créditos son más caros, pues a las familias se les ajusta su presupuesto mensual, las empresas tienen mayores costos y cualquier inversión pierde rentabilidad. Por otro lado, el dinero ayuda a mover los mercados y a que haya más demanda, pero si el crédito es más caro la gente tenderá a usar menos su tarjeta de crédito o comprar un carro o electrodoméstico en cuotas. Este manejo del BCR del mercado de crédito tiene mucho impacto, porque hay mucho dinero en juego. El total de crédito que hay en soles en el Perú es de 320 mil millones. Si se aplicara el 6,5 por ciento que ha subido la tasa de interés a ese total, estamos hablando de más de 20 mil millones. Las familias, entre crédito de consumo e hipotecario, deben más de 140 mil millones de soles (más otros 3 mil millones de dólares). Hartísima plata.

¿Y cómo esta política de elevar tasas de interés detendría la inflación según el modelo básico de macroeconomía? Reduciendo la demanda, es decir, el consumo y sobre todo la inversión. Con gente y empresas comprando menos, los productores y vendedores no pueden seguir subiendo aceleradamente sus precios porque no podrían colocar todos sus productos, así que se ven obligados a frenar su alza de precios. Como el mercado demora en funcionar de esa manera, el efecto del alza de tasas de interés sobre la inflación es lento.

El gran problema es que actuando de esta manera no sólo se detiene la inflación: al frenarse las compras también se frenan las ventas, y si las empresas venden menos no van a estar ampliando su producción por gusto, y el crecimiento económico se reduce. Eso es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica y en el Perú, con el agravante de que la inflación había ya antes golpeado los bolsillos de los trabajadores.

Idea clave a retener es la siguiente: toda la política de los bancos centrales de elevar las tasas de interés para controlar la inflación funciona mediante la reducción de la demanda agregada, y cuando esta cae, también cae el crecimiento. Esa es la dura realidad. No se puede aplaudir al BCR por su firmeza contra la inflación y al mismo tiempo quejarse de que el crecimiento en el corto plazo se reduce, porque las dos cosas vienen juntas. Carne sale con hueso.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°604, del 23/09/2022   p15

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