1 de junio de 2024

Perú: Un Ministerio Público fumigado

Ronald Gamarra

Por primera vez, después de muchos años, demasiados, el Ministerio Público cuenta con una Junta de Fiscales Supremos compuesta por fiscales honestos que pueden exhibir una hoja de servicios absolutamente limpia a través de una larga carrera entregada al servicio a la institución. Esta es una gran noticia, estupenda en verdad, una novedad de un valor extraordinario que, no obstante, está pasando desapercibida en medio del cotidiano escándalo y el olor a albañal que estremece a otras entidades del Estado, como ocurre por ejemplo con el Gobierno y el Congreso.

El Ministerio Público ha ido procesando en estos últimos años una situación compleja y crítica en extremo, determinada por la presencia en su más alto organismo colectivo, la Junta de Fiscales Supremos, de fiscales corruptos y podridos, integrantes activos de redes de corrupción que alcanzan a otros ámbitos del Estado. Fue en el año 2018 que esta realidad espantosa, de cacos, quedó al descubierto con la detección de la trama mafiosa encabezada por el juez supremo César Hinostroza, el infame “juez hermanito”, fugitivo e impune desde hace años en Europa.

La red de corrupción de César Hinostroza había infiltrado exitosamente el Poder Judicial, donde tenía dominio total, por ejemplo, en la Corte Superior del Callao. También controlaba a su regalado gusto el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en el Ministerio Público tenía sus tentáculos, situados al más alto nivel, nada menos que en la Junta de Fiscales Supremos y en la propia Fiscalía de la Nación. La verdad es que los corruptos tenían prácticamente la mayoría en la Junta de Fiscales Supremos.

Felizmente hubo una fuerte reacción de indignación ciudadana ante el escándalo de aquella red mafiosa, cuyos contactos y negocios sucios estaban documentados en cientos de audios legalmente obtenidos, que fueron filtrados a la prensa antes de que los fiscales y jueces deshonestos se hicieran con ellos y los desaparecieran. Eso impidió que la trama corrupta realice el control de daños que hubieran podido imponer gracias al respaldo político del fujimorismo, que en ese momento detentaba la mayoría absoluta en el congreso.

En el Ministerio Público se abrió paso a una prolongada pugna entre los fiscales honrados e institucionalistas, y los fiscales involucrados en la red mafiosa de Hinostroza. El proceso fue largo y estuvo sujeto a diversos vaivenes. La protección política del fujimorismo era poderosa. Finalmente, ese chalequeo político se hundió cuando la cueva de mayoría fujimorista fue disuelta por el Poder Ejecutivo. Entonces, se pudo avanzar en la limpieza de las manzanas podridas.

Cuatro fiscales supremos fueron destituidos y alejados definitivamente de la institución por sus nexos evidentes con la red Hinostroza. Allí se cayó entonces en una situación de precariedad y parálisis, pues solo quedaban dos fiscales supremos titulares que no permitían hacer quórum para tomar decisiones institucionales. La provisionalidad de los fiscales alcanzó así una cota sin precedentes al más alto nivel jerárquico.

Fue en esas circunstancias que se produjo el desgraciado nombramiento de la fiscal Patricia Benavides como fiscal suprema y, a continuación, como Fiscal de la Nación. Investidura funesta que impuso al Ministerio Público el imperio de una nueva red de corrupción encabezada por la propia Fiscal de la Nación en contubernio con el poder político expresado en la mayoría congresal articulada, cuando no, por el fujimorismo.

No haré aquí la relación de hechos delictuosos de la telaraña de Patricia Benavides porque ya han sido exhibidos en esta revista y son de amplio dominio público. Solo diré que la modalidad preferida era negociar apoyo político, por ejemplo votos, a cambio del archivo de investigaciones seguidas en el Ministerio Público a un número enorme de tunantes de la plaza Bolívar. Y cómo no iba a ser una mina de oro para traficar influencias si, según lo demuestra un reciente reportaje del diario La República, nada menos que 67 angelitos del actual congreso acumulan 729 denuncias ante la fiscalía, empezando por Alejandro Soto, su presidente.

La red corrupta de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides no contaba con que la investigación de un equipo especial de fiscales pondría al descubierto sus andanzas con pruebas contundentes a la mano, obtenidas mediante la infiltración de un agente en la mayoría congresal. Las confesiones de Villanueva, asesor de alias Vane, son secundarias y solo confirman lo que se sabe a partir de lo registrado por el agente especial a lo largo de un seguimiento de varios meses.

Esto condujo a la suspensión provisional, por seis meses, de Patricia Benavides por parte de la Junta Nacional de Justicia. No obstante la contundencia y claridad de las pruebas, la red mafiosa del fujimorismo, la derecha y, de manera conspicua, el fantasmal partido aprista, se conjuraron para imponer por la fuerza el retorno de su “fiscal de la nación” al cargo del cual había sido descalificada para de allí tomar venganza.

Cuando parecía que las fuerzas mafiosas tenían todo el tablero controlado y a su favor, un pleno de la Junta Nacional de Justicia, institución maltratada en extremo por la mayoría congresal encabezada por el fujimorismo, destituyó por votación unánime, de cinco votos a cero, a la doña Patricia Benavides de los cargos de fiscal suprema y, en consecuencia, de Fiscal de la Nación. Fuera del Ministerio Público. Chau, Vane.

Con la salida de Patricia Benavides, la Junta de Fiscales Supremos queda conformada por cuatro fiscales de excelente e irreprochable trayectoria, al extremo que Willax y Expreso se ven obligados a inventarles calumnias tan estrafalarias que ya nadie les cree. El fujimorismo y sus aliados persistirán en sus maniobras y en sus cochinadas. Qué otra cosa se puede esperar de quienes corrompieron el Estado bajo la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, quienes entonces impusieron en el Ministerio Público el dominio infame de Blanca Nélida Colán como Fiscal de la Nación, un títere servil a sus intereses de mafia.

Por un lado, están los fogueados, los curtidos: el fiscal Pablo Sánchez, uno de los mayores conocedores del derecho procesal penal en nuestro país, un orgullo de la institución; y la fiscal Zoraida Ávalos, reivindicada por el Poder Judicial de una sanción arbitraria que le impuso el congreso aconchabado con Patricia Benavides, como ha quedado plenamente demostrado. Ambos representan la resistencia del Ministerio Público, su capacidad de resiliencia, su fuerza para rehacerse. Y junto a ellos están los más jóvenes: la fiscal suprema Delia Espinoza y el fiscal supremo Juan Carlos Villena, hoy encargado de la Fiscalía de la Nación, que encarnan la capacidad existente para que el Ministerio Público se reconstruya.

No lo pasemos por alto. Por fin tenemos un Ministerio Público encabezado por una Junta de Fiscales Supremos integrada por fiscales honrados y limpios. No podemos permitir que los atropelle un Congreso formado por decenas de delincuentes y canallas, y un Gobierno capitaneado por una presidenta que recibe coimas en joyas de lujo y que aún no responde por 49 vidas.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 688 año 14, del 31/05/2024

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