El Congreso es una cueva de delincuentes y/o reaccionarios de la más baja calaña.
Nos gobiernan los forajidos que representan la economía del crimen y los intereses específicos de ciertos sectores mercantilistas, los empapelados por el Ministerio Público a raíz de delitos cometidos antes de asumir la función pública, los “niños” sobrevivientes del castillismo, los matones del prófugo Vladimir Cerrón y, por supuesto, la estirpe malhadada y macondiana del fujimorismo.
Nos gobiernan, entonces, los que perdieron las elecciones y hasta el difuntísimo aprismo se hace presente, como lo demuestra el entorno de quien fuera Fiscal de la Nación hasta hace poco.
Nos gobierna un Congreso convertido en Asamblea Constituyente espuria. Y asistimos a transformaciones de fondo inspiradas en proteger cómplices, socios y líderes de partidos que son siglas de un solo propósito: mineralizar el statu quo, lograr que la derecha supremacista tenga crónicas ventajas y que el modelo económico del conservadurismo se sitúe por encima de cualquier debate.
Mientras tanto, como daño colateral, el TC capturado le permite al Congreso imponer leyes que implican gastos enormes y comprometen el balance fiscal, la pobreza aumenta, la inseguridad se extiende, la educación superior se degrada y la de los colegios llega a la miseria, la salud pública se empequeñece aún más, la minería ilegal se consolida, el caos urbano parece indetenible y el 42% de los peruanos manifiesta su deseo de mudarse de país.
La señora que va a Palacio no gobierna. Ella está feliz con ser la camarera de la coalición corrompida que domina el Congreso y decide por ella. Es la Bordaberry del fujimorismo, la María Estela Martínez de Renovación Popular, la Imelda Marcos del repulsivo señor Oscorima.
La señora que va a Palacio era la vicepresidenta y ministra de un gobierno presuntamente de izquierda. Cuando Castillo, que era la versión maligna de Platero, dio el golpe y fue defenestrado, ella debió cumplir su promesa e irse a su casa aceptando la derrota de un régimen que no hizo nada por la izquierda y que terminó por entregarle el poder a la derecha. No fue así, como sabemos. La señora que va a Palacio aceptó la propuesta del crimen y fingió que ocupaba la presidencia cuando en realidad dormía en la buhardilla que el Congreso le asignó. ¿Qué hay que tener en el alma para prestarse a ser esclava de la derecha prontuariada pudiendo haber elegido el camino del retiro digno? Hay que estar vacío. Hay que amar la poquedad. Hay que desear un Rolex (o varios), una pulsera de marca, una cara renovada a cuchilladas. Hay que ser, en suma, la hermana mayor de Nadine.
Pero si la mujer que va a Palacio no gobierna, entonces el gobierno de facto que padecemos es abiertamente ilegal. No sólo eso: además de ilícito, este gobierno golpista es socialmente ilegítimo. Lo dicen las encuestas, los insultos callejeros a quienes van a provincias como embajadores de la mujer que va a Palacio. Más del 90% de los peruanos repudia al Congreso usurpador y a la señora que va a Palacio.
Entonces, ¿por qué se sostiene esta farsa?
La respuesta es sencilla: por el miedo.
La prensa del orden, la televisión de las bolsas de avisaje, los opinólogos del establecimiento, los viejos encomenderos, los directores que reclaman cuando no les contratan columnaje, los abogados del diablo, los tibios de ADN, los de la media voz, los que se acostumbraron a la calma chicha, los voceros de la parálisis, los grandes sinvergüenzas que hablan del destino de la patria, todos ellos, digo, difunden el rumor de que si esta impostura termina vendrán diluvios bíblicos y otras venganzas.
Es el Perú de casi siempre: el amable país al que un día le robaron once naves de guerra, el que vio entre fiestones el saqueo de Echenique, el que nunca enjuició al traidor Prado, el que elevó a un payaso como Piérola a la categoría de estadista (cuando se reconcilió con el civilismo), el que toleró once años infames de Leguía, el que construyó al Odría que no usaba servilletas, el que produjo al Fujimori que renunció por fax.
Frente a ese país hegemónico, hay otro Perú que pone los muertos y las metas que no le gustan a Lima ni a los que mandan.
Me inscribo en ese otro país. Y en su nombre recuerdo que existe el artículo 46 de la Constitución vigente:
“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.
Me imagino que habrá planes para derogarlo. La verdad es que no es un artículo sino una profecía.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 688 año 14, del 31/05/2024
https://www.hildebrandtensustrece.com/
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