Como escribí hace unas semanas, esta ola de violenta delincuencia es algo que viene de atrás y luego de varios años de empobrecimiento urbano y desgobierno creciente. Hay que tener eso claro porque esta ola seguirá creciendo si las condiciones sociales, políticas e institucionales no cambian lo que viene sucediendo hasta ahora con esta dictadura Dina-congresal en el poder. Esta situación crítica de inseguridad ciudadana ya se vive desde hace varios años en ciudades del norte como Trujillo y Sullana y ahora ha llegado con fuerza a Lima. Por mal que estemos ahora, la situación puede dar saltos hacia peor, ya que las pequeñas bandas que tenemos hoy atacando, cada una en una zona, pueden pasar a un proceso de consolidación –posiblemente matándose unas a otras– para formar grupos de gran tamaño y alcance. Con mayor nivel organizativo y poder de fuego, y avanzando a hacer uso de inteligencia e infiltración en la policía y los poderes públicos, pueden convertirse en mucho más efectivas y letales. Eso es lo que se ha visto en otros lugares de Latinoamérica y del mundo en estos años y también, guardando las distancias, en otros momentos históricos.
Los ciudadanos hoy estamos asustados e indignados. Unos políticos en el poder que tuvieran un mínimo sentido de responsabilidad estarían hoy compartiendo, al menos en parte, ese sentimiento y tomando acciones. Pero no es así. Por un lado, a ellos no les afecta: tienen su seguridad personal con policías asignados e influencias que les permiten tener una protección especial. Por otro lado, muchos de esos congresistas, el ministro del Interior y la presidenta tienen acusaciones o investigaciones en curso que pueden fácilmente terminar en un juicio que los condene, y por eso en vez de dar leyes que ayuden a combatir el crimen hacen exactamente lo contrario. El fujimorismo habla de “mano dura” pero ellos han aprobado la ley para que la policía y el fiscal no puedan allanar una casa si no está el abogado defensor presente: con esta ley no hubieran podido ni capturar a Abimael Guzmán. César Acuña gobierna la región donde las bandas criminales extorsionan a su antojo, y junto al fujimorismo ha hecho que eso no sea “crimen organizado” y que un miembro de banda no pueda ser acusado si no se puede demostrar que estuvo directamente involucrado en el delito. Keiko cuenta en este empeño con el apoyo decidido de Vladimir Cerrón, el corrupto prófugo del que hay fuertes indicios que ha sido trasladado en el “cofre” presidencial para escapar. A Cerrón sólo le interesa sobrevivir fuera de la cárcel, a pesar de sus delitos, sin importarle nada más. Esta mafia es una casta que vive del Estado, es protegida por el gobierno y saca leyes que dificultan perseguir y enjuiciar el crimen porque saben que la justicia los puede condenar en cualquier momento.
Una pregunta pendiente es: ¿Por qué tampoco ha habido mayor respuesta de los grandes “capitanes de empresa”, los dueños de nuestros grandes monopolios y directivos de la Confiep, cuyo presidente apenas ha atinado a balbucear algunas frases en un artículo publicado en un periódico dirigido a la élite económica? Esta es una pregunta importante, porque el comportamiento de quienes tienen mucho poder, en este caso económico, es muy influyente sobre nuestra situación como país. Una primera razón de por qué prefieren celebrar el APEC que preocuparse por el difícil momento que el Perú atraviesa es que no quieren atacar a su gobierno. Es que es imposible enfrentar la inseguridad sin criticar las pésimas leyes y la absolutamente ineficaz acción del ministro del Interior, a quien fujimoristas, acuñistas y cerronistas se niegan a censurar. A los grandes grupos monopólicos Dina y el congreso les han regalado miles de millones de dólares en exoneraciones de impuestos, condonación de deudas tributarias y multas ambientales y facilidades especiales para deforestar, y quieren seguir sacando muchos millones más de beneficios adicionales. Una segunda razón es que quienes sufren las extorsiones y secuestros son los empresarios emergentes de los barrios populares, no la cúpula extractivista de la Confiep. Pero su cortoplacismo es de una estupidez mayúscula. No son el blanco por ahora, viviendo en barrios ricos detrás de rejas y con fábricas amuralladas cual castillos medievales. Pero están muy engañados soñando que las bandas extorsionadoras de hoy no van a crecer, ganar inteligencia y poder de fuego, y con esa base ir en busca de peces mucho más gordos.
Si se dejan las cosas como están, los poco menos de dos años que faltan hasta el 28 de julio de 2026 pueden ser mucho, demasiado tiempo, en esta historia.
Otra interrogante que puede ser incómoda es la siguiente: ¿Por qué en estos paros de protesta las movilizaciones salieron de las zonas periféricas de Lima y no hubo ninguna en los barrios blancos que están en la zona más central de la metrópoli? Una posible respuesta: resulta que en San Isidro por cada habitante hay diez veces más policías que en San Martín de Porres y trece veces más que en Santa Anita. Así como sucede con la riqueza, la salud, la educación y la justicia, la desigualdad es evidente. Si lo pensamos bien, es algo curioso que los problemas de inseguridad ciudadana se están concentrando en los distritos donde hay menos riqueza y por lo tanto menor capacidad de pagar cupos. Pero hay un factor que contrapesa esa menor capacidad de pago de los extorsionados y secuestrados: en esos distritos hay mucho menos policías y comisarías. Sus municipios distritales tienen mucho menos presupuesto y con eso tienen pocos serenazgos, carros, motos, bicicletas y cámaras de seguridad. Las bandas malditas han preferido hasta ahora ir por las víctimas que les parecen más fáciles de atacar, aunque no tengan mucho: le quitan lo suyo a quienes a costa de décadas de esfuerzo apenas han logrado acumular alguito. Mientras esto sucede, el alcalde Rafael López Aliaga opta por irse de viajecito a Madrid y apoyar a Chibolín en vez de hacer algo por la seguridad de la ciudad. Se encuentra entre los privilegiados a quienes la ola de delincuencia no afecta: su círculo de amistades y medio social, su base inmediata de poder, no está en las zonas periféricas de la ciudad. Pero, nuevamente, es tonto confiar que, con el gobierno y las leyes que tenemos, esto no va a escalar y golpear a todos.
Hoy que tenemos miles de policías dedicados a cuidar a las grandes empresas mineras y a reprimir las manifestaciones de protesta en vez de cuidar las calles, traigo a colación a los ganadores del premio Nobel de economía anunciados esta semana: Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. Ellos lo dijeron bien clarito varios años atrás: con instituciones excluyentes, organizadas para concentrar la riqueza y excluir a la gran mayoría, agravando la desigualdad y la pobreza, no hay progreso sostenible. La historia reciente del Perú les da la razón.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 705 año 14, del 18/10/2024
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