"Con la toma del Ministerio Público y el Poder Judicial podrán concentrar todo el poder del Estado como en los tiempos de la dupla Fujimori-Montesinos"
Treinta y tres años después, los fujimoristas, acaudillados por la “Señora K” y sus aliados, pretenden consumar un nuevo 5 de abril, un golpe de Estado en toda forma. En la temporada anterior avanzaron en el copamiento de las principales instituciones públicas. Hoy toca para ellos la hora de dar el zarpazo final apoderándose del sistema judicial, violando la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial para imponer a sus agentes como ya lo han hecho en el TC, la Defensoría del Pueblo, la JNJ, la Contraloría y otras entidades. Todo con la complicidad y mayordomía de Dina Boluarte, la de los muertos, los rolex y las cirugías.
Paralelamente a la toma por asalto de los organismos del Estado, la coalición articulada por los fujimoristas pretende imponer el rompimiento total con el sistema interamericano de derechos humanos, ya no solo desconociendo la competencia contenciosa de la Corte Interamericana sino repudiando del todo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, tal como lo han hecho dictaduras latinoamericanas recientes como las que tiranizan Venezuela y Nicaragua. Hace tiempo, Keiko Fujimori expresó su voluntad de repudiar dicha Convención, y en estas semanas sus aliados de las bancadas porkista y acuñista han presentado cavernícolas proyectos para lograrlo. Dina Boluarte apoya esta movida promoviendo desde ya restablecer la pena de muerte.
El pretexto del momento es la seguridad pública. El fujimorismo y sus aliados pretenden vender su asalto a la organización judicial y a las normas fundamentales del sistema de protección regional de derechos humanos proclamando a los cuatro vientos una sarta de patrañas y fraudes que intentan concentrar en tales entidades y normas la responsabilidad por el terrible incremento de la criminalidad en nuestro país. Y así, afirman sin rubor alguno que el sistema judicial “libera a miles de delincuentes” capturados por la policía y que las normas internacionales impiden sancionar a los criminales como es debido.
Eso no es verdad. En primer lugar, la policía ha sido incapaz hasta el momento de capturar ni siquiera a una fracción mínima de los hampones que se enriquecen con la extorsión y el sicariato. Esto es resultado de tener un Ministerio del Interior administrado con la irresponsabilidad más absoluta en los últimos años, muy especialmente por el gobierno de Dina Boluarte, más preocupado de reprimir al pueblo que de cumplir con sus obligaciones de seguridad ciudadana poniendo a raya a quienes se encuentran al margen de la ley.
El actual problema de criminalidad es sobre todo una cuestión de falta de despliegue y debida eficiencia de una policía desmoralizada y roída por una corrupción alentada desde el propio Ministerio del Interior. La incompetencia es tanta que el ministro Santiváñez en dos oportunidades anunció públicamente la captura de “importantes cabecillas” de bandas, que inmediatamente la prensa demostró, con simples búsquedas de Google, confirmadas de inmediato presencialmente, que se trataba de personas inocentes y trabajadoras.
La Convención Interamericana tampoco es obstáculo para la lucha eficaz contra la delincuencia. Nunca la ley y el derecho son traba para ningún operador que no sea un inepto en su función. Y aquí, de lo que se trata, es de una incompetencia monumental de funcionarios políticos y policiales nombrados de favor para cuidar intereses particulares en vez de cautelar el bien común. De una costra burocrática de favorecidos que corresponden a sus patrocinadores con negocios corruptos disponiendo los recursos del Estado.
Más bien, es el Congreso el que ha emitido numerosas normas que sí deberían ser derogadas de inmediato porque favorecen al crimen organizado y obstaculizan la labor de fiscales y jueces. Entre ellas, no es menor la norma que dispone que la policía asuma la conducción de la investigación penal, atribución constitucional exclusiva del Ministerio Público establecida desde 1979, que se intenta arrebatarle por vía de una simple ley. Si la policía no puede ni con su alma, si está desbordada ampliamente por la criminalidad organizada, ¿cómo pretenden recargarla aún más con la tarea de hacer lo que corresponde realizar a los fiscales?
La verdad es otra. Al fujimorismo y la coalición que articula le importan un bledo la seguridad de los peruanos ante la criminalidad. Lo que a ellos les importa realmente en su asalto al Ministerio Público y el Poder Judicial es, en primer lugar, asegurarse la impunidad por los numerosos y graves delitos de corrupción por los cuales tienen investigaciones y procesos abiertos en ambas entidades del sistema de justicia. Y cuentan para ello con el apoyo de decenas de parlamentarios cargados de investigaciones por mochasueldos, por negociados de la más diversa índole, por intrigas y conspiraciones criminales de todo calibre. Eso es lo que en verdad les importa y esperan obtener de la embestida contra las instituciones de la administración de justicia.
Lo segundo es la consolidación del dominio que han acumulado hasta el momento. Con la toma del Ministerio Público y el Poder Judicial podrán concentrar todo el poder del Estado como en los tiempos de la dupla Fujimori-Montesinos. Esta vez será la supremacía de Keiko compartida con sus aliados, aunque ella espera lograr la hegemonía haciéndose elegir en las elecciones del próximo año, que desde ya están tratando de manipular. Porque ese es también otro objetivo del asalto a los organismos del sistema de justicia: controlar y amenazar a los organismos electorales para asegurarse, esta cuarta vez, el resultado favorable que no obtuvo en sus tres candidaturas anteriores.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 727 año 15, del 04/04/2025
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