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19 de octubre de 2018

Días turbulentos

Sinesio López

Estamos viviendo en estos días un conjunto dramático de acontecimientos contradictorios que nublan el sentido que tiene la coyuntura. Este sentido no proviene solo de los protagonistas sino también del contexto socio-político que lo resignifica. Planteo algunas tesis básicas que permiten entender esta coyuntura turbulenta.

1. Estamos viviendo aún la coyuntura abierta el 28 de julio de este año en la que Vizcarra, aprovechando la podredumbre del Poder Judicial y de la Fiscalía, respalda la protesta de la calle contra la corrupción, propone las reformas judicial y política, convoca a un referéndum para aprobarlas y, ante el intento de boicotearlas del fujialanismo, plantea el voto de confianza a su gabinete. Toma de ese modo la iniciativa política, rompe el yugo que lo ata a la señora K y reivindica la autonomía del Poder Ejecutivo.

2. El fujialanismo trató de frenar la ofensiva política de Vizcarra y buscó blindar a AG y a la señora K defendiendo a capa y espada al cuestionado Fiscal de la Nación, acusado de pertenecer a la mafia de los Cuellos Blancos del Callao. Chávarry se autodefiende amenazando con investigar al Presidente de la República y a los comprometidos con la corrupción del Lava Jato.  Para mantener el orden en sus filas el fujialanismo blinda también a Becerril, quien buscaba influir en la elección del presidente del CNM. Luego de una ardua defensa del Juez Supremo Hinostroza, lo deja caer, pero al mismo tiempo, al parecer, facilita su huida.

3. El Ejecutivo ha salido ganando en la confrontación con el Congreso. La aprobación de Vizcarra se ha disparado hasta el 61% mientras la de la señora K cae verticalmente al abismo. En la compulsa de poderes han jugado un papel central las protestas de la calle y las noticias y denuncias de los medios.

4. La debacle política del fujialanismo ha sido confirmada por los resultados de las elecciones regionales y locales del 7 de octubre en las que ni el Apra ni FP obtuvieron la dirección de alguna región o la alcaldía de alguna capital regional. En la práctica desaparecieron del escenario electoral, pese a la campaña de la señora K.

5. Contra todo lo esperable, algunos jueces y fiscales tomaron un conjunto de decisiones que han herido el corazón del poder fujimorista. Un juez supremo anuló el indulto otorgado por PPK, lo que generó una enorme tensión en el fujimorismo que terminó dando una ley con nombre propio para evitar que AF vuelva a la cárcel. El fiscal José Domingo Pérez ha acusado a la señora K de dirigir una organización criminal, pidió su prisión preventiva por diez días, el juez Richard Concepción Carhuancho la aceptó y KF está en prisión con sus asesores y 19 personas más.

6. AG y el alanismo tiemblan frente a las investigaciones provenientes del Lava Jato que no sólo se refieren al financiamiento de la campaña del 2006 sino principalmente a los sobornos que, al parecer, llegan hasta la cúpula. El fiscal Pérez les produce terror y buscan acusarlo estúpidamente de apología del terrorismo por una conferencia que dio en México. La crisis va a seguir abierta hasta la derrota y el estallido del fujialanismo el 9 de diciembre, el día del referéndum.

26 de julio de 2018

Revelaciones y ocultamientos

Sinesio López

Los audios que están difundiendo los medios tienen un impacto contradictorio en la conciencia de la gente de a pie, de los comentaristas y de los políticos. Por un lado, revelan la enorme podredumbre del Poder Judicial y, por otro, ocultan la gangrena moral de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y de la mayor parte de los organismos estatales. Todo el cuerpo político del Perú sufre una septicemia.

Los audios revelan también la urdimbre perversa de las organizaciones podridas de la justicia con algunas fuerzas políticas como el fujimorismo, el alanismo y otros partidos de formación reciente pero infestados por viejas mafias como Podemos, pero ocultan el entramado corrupto de los partidos que han tenido o tienen el manejo del Ejecutivo y del Legislativo.

Los audios ocultan también la crisis generalizada de la política. La corrupción infecta a las organizaciones e instituciones políticas, pero la crisis de estas es algo diferente de aquella. La crisis de la política, del sistema político (sistema electoral, sistema de partidos y forma de gobierno), del régimen político (la forma de relación entre el Estado, la sociedad, la economía y los ciudadanos) y del Estado tiene otras causas específicas: mal diseño y peor construcción de las instituciones, tensiones y contradicciones institucionales, desgaste e inadecuaciones de las instituciones políticas frente a los cambios de la vida social, falta de capacidades para desempeñar bien las funciones que tienen, etc.

La corrupción que infecta a todo el cuerpo político y la debacle generalizada de la política configuran una crisis de gran envergadura y constituyen un enorme desafío para las partes sanas de las organizaciones e instituciones políticas, para los líderes políticos que quieren impulsar cambios profundos, para la sociedad civil y para los ciudadanos.

Hay problemas de agencia o incapacidad de los actores (Ejecutivo, Legislativo, partidos) para enfrentar y resolver este gran desafío. Este déficit institucional de los actores podría ser compensado por la presencia y la fuerza de la calle que aún no se pueden prever ni predecir. El nombramiento de una Comisión especial encargada de proponer algunas reformas del Poder Judicial y la convocatoria a una legislatura extraordinaria para atender y resolver la descomposición moral del CNM expresa la voluntad política del Ejecutivo para enfrentar parcialmente el desafío.

Esas medidas son un avance, pero al mismo tiempo son muy limitadas si se tiene en cuenta la gran envergadura de la crisis y del desafío. Ellas contrastan, sin embargo, con la falta de iniciativa y la actitud remolona del Congreso que parece no estar interesado en enfrentar los problemas que plantea la coyuntura.

¿Qué hacer en una situación de septicemia moral y de crisis política generalizada y de incapacidad de los actores para enfrentarla y resolverla?. Parece que ente caso la salida mejor es apelar al soberano que elija una Asamblea Constituyente que permita la reconstrucción política y moral del Perú. Su convocatoria y su forma de funcionamiento depende, en gran medida, de la fuerza de la calle.

15 de junio de 2018

El gobierno y el Estado en la picota

Sinesio López

Las últimas encuestas muestran que los peruanos están hartos del gobierno, de los poderes del Estado y del Estado mismo, pero los más repudiados son el Congreso y su presidente. Al Congreso no solo lo rechazan los encuestados sino también la calle que pide su clausura. Si la protesta de la calle crece, se masifica y se extiende a todo el país, puede acabar en un golpe ciudadano no solo contra el Congreso sino también contra el gobierno en su conjunto. Hay un creciente malestar ciudadano que puede acabar mal.

Este es un gobierno sin brújula y sin agenda. Vizcarra, Villanueva y KF tienen ya el gobierno que buscaron con angurria y con ánimo golpista, pero no saben qué hacer con él. No saben cómo poner en movimiento a la economía prácticamente casi estancada. El MEF, que fue manejado desde hace más de 20 años por una pedante tecnocracia neoliberal, hoy está a la deriva. La política fiscal es un misterio. El exministro Tuesta quiso resolver la crisis fiscal al modo neoliberal: que la pague el pueblo sin tocar los bolsillos de los ricos, de los grandes deudores del fisco, de los evasores y de las exoneraciones tributarias. El paquete tributario produjo la ira y la protesta de la gente y el tímido repliegue del gobierno.

Las políticas sectoriales tampoco están claras porque los ministros no saben qué hacer y porque carecen de los recursos necesarios. Al gobierno le faltan ideas, liderazgo, mística y plata. Han perdido la oportunidad de empatar con la gente gobernando para ella o, al menos, alimentando la esperanza de un futuro mejor con el nuevo gobierno y llamándola a poner el hombro. Sospecho que ahora ya es tarde. En política ya no se puede recuperar el tiempo perdido. La gente piensa y siente que el gobierno es incapaz de enfrentar los principales problemas que la afectan: la corrupción, el desempleo, la inseguridad ciudadana.

Si el Ejecutivo está mal, el Congreso anda peor. Ha potenciado al máximo el cretinismo parlamentario. Se dice con frecuencia que el Congreso ha mejorado su representatividad, pero ha empeorado su calidad. El rechazo masivo de la gente muestra, sin embargo, que es poco representativo y que la mayoría sobrerrepresentada en el Congreso es ahora una minoría en el país. El Congreso ya no solo es poco representativo sino que está lleno de impresentables, con las excepciones del caso por supuesto. Es hora ya de que FP pise tierra y de obligarla a pisar tierra. Es lamentable   que las minorías fragmentadas estén perdiendo la oportunidad de organizar una lista unitaria para desplazar a FP del control del congreso.

A la crisis del gobierno, hay que añadir el desastre el Estado. Con una presión tributaria de 13% del PBI, un poco más de la mitad de presión tributaria media de AL (21,7%), el Estado muestra que carece de una de las capacidades fundamentales (capacidad impositiva) que le permita desarrollar otras capacidades estatales (capacidad coercitiva, efectividad legal, eficacia burocrática, seguridad ciudadana, provisión de bienes públicos, penetración en la población y en el territorio). Adiós OCDE.

29 de diciembre de 2017

Otro gobierno

Sinesio López

Es aún el mismo Presidente de la República, pero es ya otro gobierno. El Perú ha vivido dos terremotos políticos en el lapso de 4 días. El primero, que amenazaba acabar con el gobierno democrático, sólo produjo una grieta profunda en el edificio fujimorista y grietas menores en las otras organizaciones políticas que operan en el Congreso. El segundo, de mayor impacto, ha reordenado todo el escenario político y está dando lugar a un nuevo gobierno.

El primer impacto de este segundo terremoto –el indulto– ha producido la reubicación política de los ppkausas. PPK ha abandonado el campo del antifujimorismo que le permitió ganar en la segunda vuelta electoral y que le ayudó a salvar el pellejo de la vacancia impulsada por el fuji-alanismo y por el Frente Amplio para terminar entregándose a los brazos del fujimorismo, traicionando a sus electores y a sus aliados anti-fujimoristas.

El segundo impacto tiene que ver con los cambios que se van a producir en el fujimorismo bajo la presencia gravitante de AF. Una de las primeras movidas que hará es reconciliar a sus vástagos –KF y Kenji– que disputan su herencia política patrimonial. Un probable desenlace es la reunificación de FP, moderando sus ambiciones para dar un poco de oxígeno al gobierno de PPK. Otro desenlace posible es la recomposición unitaria de FP manteniendo dos alas –una más exigente y otra más moderada- bajo su arbitraje. Es probable que el ala de Kenji salga fortalecida con la presencia de 25 congresistas. Es difícil que se produzca una ruptura en el fujimorismo, salvo que AF pierda su capacidad de arbitraje.

El tercer impacto es la recomposición de las coaliciones sociales para dar origen a un nuevo gobierno. El fujimorismo sin alas o con las alas pasa a formar parte del gobierno. Aunque no es seguro, pero es probable que el alanismo los acompañe. El grupo parlamentario de Peruanos por el Kambio queda diezmado. Sus mejores cuadros han renunciado y van a seguir renunciando. PPK pierde el apoyo de los sectores democráticos, liberales y de izquierda para formar un gobierno integrado por las derechas y apoyado por todas las derechas. Ya han renunciado algunos ministros progresistas y van seguir renunciado probablemente otros, entre ellos Jorge Nieto, ministro de Defensa.

El cuarto impacto es la reorganización de fuerzas en el campo de la oposición abandonado por el fujimorismo. Las oposiciones estarán integradas por organizaciones y partidos de centro y de izquierda. Por ahora aparecen fragmentadas, pero la oposición al nuevo gobierno fuji-PPK-alanista puede unificarlas en torno a ciertas demandas concretas, como la lucha contra la corrupción, contra el indulto y contra impunidad. Si la economía sigue estancada es probable que el modelo neoliberal sea puesto en cuestión.

El quinto impacto de indudable importancia política es el despertar de la sociedad civil y el vigoroso movimiento de los jóvenes contra el indulto. Si se generaliza en todo el país y se masifica puede tener un fuerte impacto en la política y en el gobierno obligándolo a retroceder en medidas como el indulto y el encubrimiento de la corrupción por el nuevo gobierno.

27 de noviembre de 2017

Contra la corrupción y por la democracia

Sinesio López

Algunos analistas discuten si los fujimoristas, al destrozar las instituciones, romper el equilibrio de poderes y amenazar a la democracia, lo hacen por torpeza o por lucidez. No importa si son galgos o podencos. Tampoco importa su cociente intelectual. Lo que interesa es la intencionalidad y, sobre todo, interesan los hechos. 

El fujimorismo despliega un conjunto de amenazas a la democracia cuando la Fiscalía reabre el caso de Joaquín Ramírez, exsecretario general de FP, nombra a un fiscal ad-hoc que acusa a KF de dirigir una organización criminal e investiga el financiamiento de Odebrecht de su campaña electoral del 2011. Todos estos destrozos se hacen para acabar con las acusaciones de corrupción a KF y a FP, aunque sus voceros digan que lo hacen para combatirla.

Sorprende la pasividad del país frente a la crisis política que estamos viviendo. El fujimorismo está destrozando las instituciones democráticas, pero nadie mueve un dedo para detenerlo. Los fiscales son una honrosa excepción. Ellos se están movilizando en todo el país en defensa de su autonomía. Los jueces debieran hacer lo mismo no sólo por solidaridad sino porque ellos son los que siguen en la lista de atropellos fujimoristas.

Sorprende sobre todo la desidia del Ejecutivo que se está comportando como si con él no fuera la cosa, justamente cuando su desbarrancamiento es el objetivo final de los desmanes del fujimorismo. Ni iniciativa, ni voz, ni un gesto para detener las arbitrariedades de la mayoría del Congreso. PPK olvida que, en un régimen presidencialista, el Ejecutivo tiene una cierta preeminencia dentro del equilibrio de poderes y ese olvido lo lleva a comportarse como primer ministro en cuarentena que va a abandonar el cargo porque la correlación de fuerzas de un régimen semipresidencial ha cambiado.

¿Y los partidos democráticos tienen algún interés en defender la democracia? Hasta ahora lo único que han hecho es votar en contra de la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación. Algo es algo, pero podrían hacer más para salir del marasmo en el que se encuentran y superar su debilidad política. Esta es la ocasión para organizar un frente de defensa de la democracia, antes que sea demasiado tarde. En vez de arañarse entre ellos, debieran unirse y movilizarse contra las pretensiones golpistas del fujimorismo. 

¿Y la sociedad civil puede hacer algo por la democracia? Muy poco porque se ha debilitado mucho, pero ahora podría despertar y fortalecerse, en particular el sector mesocrático. Para que los sectores populares defiendan la democracia, los gobiernos democráticos tienen que preocuparse por ellos desplegando políticas que satisfagan sus necesidades materiales. 

¿Y a los medios les interesa la democracia? Sí y mucho. En medio de la debilidad política generalizada, ellos tienen un poder enorme que necesitan desplegarlo para defender la democracia. Hic Rodhus, hic salta. En realidad, la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción requieren la participación de todos los sectores democráticos y honestos. 

15 de noviembre de 2017

Corrupción y golpe

​​Sinesio López

El fujiaprismo está desplegando una serie de acciones desesperadas para impedir la investigación de corrupción de sus líderes. Las acusaciones constitucionales contra el Fiscal de la Nación y contra cuatro miembros del TC y la presión de la Comisión de Constitución del Congreso para obligar a PPK a declarar ante la Comisión del Lava Jato son movidas estratégicas que se encaminan a un golpe del Congreso fujimorista.

Todo indica que el Apra y el fujimorismo han perdido el tradicional control que ejercían sobre los fiscales. Hasta hace poco venía funcionando la capacidad de encubrimiento de algunos fiscales que arrastraban los pies cuando tenían que investigar a KF y a AG. De repente la situación ha cambiado para bien por razones que aún no sabemos con claridad. Es probable que el hostigamiento sostenido y las amenazas burdas contra el Fiscal de la Nación y contra otros fiscales encargados de investigarlos hayan sido un boomerang que ha producido efectos contrarios a los esperados. La acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación ha generado, por ejemplo, una reacción más dura y firme del acusado y ha convocado la solidaridad del cuerpo de fiscales.

La Comisión del Lava Jato, organizada para acusar a los enemigos del fujiaprismo y para lavar la cara a sus líderes, tampoco ha logrado sus objetivos. Incapaz de producir datos propios sobre la corrupción, buscó a la mala apoyarse en datos prestados de la fiscalía que los obtenía, a su vez, de los organismos brasileños y norteamericanos de justicia y de la información financiera de Suiza. Los roces permanentes entre esa comisión y la fiscalía han terminado en un conflicto de poderes.

La designación de fiscales ad-hoc para investigar a los líderes del fujiaprismo, la acusación contra KF y AG de estar a la cabeza de organizaciones criminales, la decisión firme de interrogar a Odebrecht y de concederle facilidades a Barata para que diga toda la verdad sobre la corrupción en el Perú han sacado de sus casillas a la mayoría del Congreso que ha comenzado a disparar acusaciones constitucionales contra algunos organismos de control.

Todas estas movidas estratégicas desesperadas constituyen casi una confesión de culpa del fujiaprismo antes de saber lo que dirán realmente Odebrecht y Barata a los fiscales peruanos que investigan a KF y AG. ¿Tendrán algún efecto estas amenazas en los fiscales?, ¿se mantendrán decididos y firmes en la lucha contra la corrupción o arrugarán ante las amenazas del fujiaprismo? No lo sabemos. Es posible, sin embargo, que se mantengan firmes si reciben el respaldo decidido del Poder Judicial, de los ciudadanos, de la sociedad civil, de los medios, de las organizaciones políticas contrarias al fujiaprismo.

¿El fujiaprismo mantendrá todas estas amenazas contra los organismos de control? Mi hipótesis es que si las declaraciones de Odebrecht confirman la corrupción de sus líderes van a cumplir sus amenazas antes de acabar en la cárcel. Pienso, sin embargo, que no tendrá éxito un golpe parlamentario si hay la resistencia firme del gobierno, de los ciudadanos, los medios y de las organizaciones políticas antifujimoristas.

11 de agosto de 2017

Perú: La justicia mediática

Sinesio López

El caso Humala y Nadine muestra con claridad la falta de autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial. Varios factores inciden en este problema, pero me parece que lo más importante son el Congreso fujimorista, el fujimorismo y el Apra como partidos, los medios concentrados y la mediocridad de muchos de sus cuadros.

El poder avasallador del Congreso (controlado por el fujimorismo y por su apéndice aprista) influye (y busca influir más) en todos los organismos de control (Poder Judicial, CNM y TC) y atemoriza o seduce a los fiscales y a los jueces. Ellos creen probablemente que su futuro depende, en gran medida, de la mayoría avasalladora del Congreso. Las comisiones investigadoras del Congreso también los intimidan. La Comisión de Lava Jato, por ejemplo, se ensaña con sus enemigos y encubre a sus jefes, amigos y compañeros.

El fujimorismo y el Apra son los partidos que tienen más militantes y simpatizantes en las filas de la Fiscalía y del Poder Judicial. Ellos se encargan de blindar a los políticos de sus simpatías y de acusar y juzgar con severidad a los que no gozan de las mismas. Hace poco AG se ufanaba de haber salido airoso e impoluto de más de una treintena de veces que ha sido investigado por el Poder Judicial. Los políticos honestos se ufanan, en cambio, de nunca haber pisado las oficinas de un juez.

Los medios concentrados son los que ejercen mayor presión sobre jueces y fiscales. Como todo oligopolio, su poder es inmenso y no tiene contrapesos. Ellos acusan, procesan y juzgan y los fiscales y jueces, que carecen de agenda propia de lucha contra la corrupción, terminan sometiéndose a sus designios. Es probable que la mayoría de la casuística judicial provenga de los medios concentrados que inflan y levantan las acusaciones contra sus enemigos y encubren y silencian las de sus amigos.

Para entender mejor su modus operandi es aleccionador cómo se escandalizan por los financiamientos de las campañas de Humala del 2006 y del 2011, pero enmudecen o minimizan los que se refieren a KF y a AG, pese a las declaraciones de Odebrecht que los involucran en el financiamiento de la campaña electoral del 2011. Hurgan en las finanzas de Humala el 2006, pero callan en todos los idiomas sobre las fuentes financieras de AG y Lourdes Flores en ese mismo año. Se comen el sapo, sin hacer ningún gesto, del financiamiento millonario de las campañas electorales de KF con rifas y cocteles. Ella fue el 2011 y es su candidata favorita para el 2021. La concentración de los medios es una seria amenaza contra la correcta administración de la justicia en el Perú. Ella debe entrar a formar parte de la agenda del debate público de hoy en adelante para encontrarle una solución.

Todos estos factores que anulan o menguan la autonomía del Poder Judicial podrían incidir menos en ella si los fiscales y los jueces fueran funcionarios altamente calificados y con entereza moral para resistir esas presiones y chantajes. La justicia necesita jueces y fiscales calificados, valientes y probos para ser creíble.

10 de marzo de 2017

Perú: Fundamentalismo de derecha

Sinesio López

Una de las cosas que más me llamó la atención de la marcha “Con mis hijos no te metas” era el rostro desencajado de los manifestantes que vociferaban calumnias e insultos contra sus supuestos enemigos que defienden la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y que, recogiendo la contribución de las ciencias sociales, sostienen que el género es una construcción social a partir de la realidad biológica del sexo.

Ese rostro desencajado expresa el rechazo a la violación de algo que los manifestantes juzgan sagrado e intocable. Ellos creen a pie juntillas que Dios creó a los hombres y mujeres con sexos diferentes y que, como ley natural creada por Dios, ella es inmutable: Ni las sociedades, ni las culturas ni los Estados la pueden cambiar. Cualquier intento de cambiarla tiene que ser combatido y toda violación tiene que ser castigada con la muerte como ha sostenido el pastor Rodolfo González: “Si Ud. ve a dos mujeres besándose mate a las dos”.

El episodio de la marcha revela la dificultad que tiene el Perú para llegar a ser una sociedad moderna. Ya tuvimos el fundamentalismo de izquierda de Sendero Luminoso con las trágicas consecuencias que conocemos y ahora nos amenaza un fundamentalismo de derecha que aún no sabemos hasta dónde nos puede conducir. Lo que sí sabemos es que todo fundamentalismo impide el desarrollo del Perú como sociedad moderna.

Uno de las condiciones necesarias para llegar a ser una sociedad moderna es la separación entre la religión y la política. Esta fue una de las principales contribuciones del republicanismo prerrenacentista y renacentista (siglos XIV, XV y parte del XVI). El republicanismo tomó distancia de la historia de Dios (Providencia) para afirmar la historia de los hombres que se hace a través del desarrollo de sus capacidades (virtud). El más insigne representante del republicanismo es Maquiavelo (1469-1527), quien ha sido injustamente denostado por todas las derechas del mundo.

Las guerras religiosas entre católicos y protestantes del siglo XVII constituyeron un enorme retroceso en el desarrollo del mundo moderno que, curiosamente, retomó un impulso con la monarquía absoluta que derrotó a los dos grandes principios de disolución de los estados: el principio religioso que fragmentaba a las sociedades y la voluntad de autonomía de los príncipes. La monarquía absoluta en el siglo XVII separó lo público (relación de autoridad con los ciudadanos) de lo privado (religión, moral privada, convicciones íntimas, actividades económicas de las personas) y dispuso, como estrategia de tolerancia, que lo privado no invada lo público ni viceversa.

La revolución francesa consolidó la separación entre lo público y privado lo mismo que el desarrollo posterior de las ciencias sociales (la economía, la sociología, la antropología, la política). El Perú no ha vivido o ha vivido superficialmente algunas de estas experiencias modernas. Eso explica quizás los frecuentes intentos de algunos sectores sociales de volver al medioevo para imponer sus creencias religiosas desde el Estado. En el mundo moderno, todos tienen derecho a tener sus propias religiones, pero no tienen derecho a imponerlas a todos desde el Estado.

25 de febrero de 2017

Perú: Toda la verdad

Sinesio López

Una gran desconfianza reina en el país. Los peruanos tenemos la impresión de que se nos ocultan muchas cosas que debiéramos saber sobre la corrupción. Los medios y las redes quieren embarrar a todos para salvar a los verdaderos culpables o atenuar sus responsabilidades. Esa confusión se extiende incluso a los que protestan contra ella. Muchos contestatarios creen erróneamente que todos los políticos son corruptos. Los peruanos necesitamos saber toda la verdad por varias razones.

En primer lugar, necesitamos saber todo lo cantado por Barata, el representante de Odebrecht en el Perú. Hasta ahora sólo la Fiscalía, gracias a la justicia norteamericana y brasileña, monopoliza la información sobre las coimas. Tomadas prontamente las medidas del caso, la Fiscalía debe informar a todos los ciudadanos y debe hacerlo ya para acabar con la desconfianza generalizada.

En segundo lugar, es probable que lo dicho por Barata no sea toda la verdad. En todo caso, todo lo que ha dicho puede ser contrastado con los hechos. Esa es la tarea de jueces y fiscales. Pero es probable que Barata no haya dicho todo lo que sabe sobre la corrupción de su empresa y de los políticos en el Perú.

En tercer lugar, Barata sólo se refiere a las coimas y a los depósitos de dinero, pero no alude al conjunto de normas, dispositivos y adendas que es la contraparte gubernamental de la coima. Esta contraparte no se reduce al visto bueno de las licitaciones dado por los coimeados sino también y principalmente al tinglado normativo que deciden los presidentes y los ministros. Los fiscales y los jueces (también los medios) sólo miran la coima y la ruta del dinero, pero están dejando de lado todo el arreglo normativo expresamente establecido para hacer viables las coimas. Están pescando a las pirañas, pero dejan escapar a los tiburones.

En cuarto lugar, la corrupción no se reduce a la coima sino que se extiende a las donaciones, las conferencias sobrepagadas, etc., etc. La ruta del dinero no se dirige sólo a las pirañas sino que es probable que llegue hasta los tiburones y, viceversa, cuando llega a los tiburones es probable que chorree a las pirañas. En quinto lugar, Barata, hasta donde se sabe, se refiere a las coimas repartidas a los funcionarios corruptos, pero no dice nada de las sobreganancias repartidas entre Odebrecht y sus socios peruanos. Graña y Montero está pasando piola y los fiscales están silbando al techo.

En sexto lugar, no solo Odebrecht ha actuado en el Perú sino también otras empresas brasileñas que operaban con las mismas prácticas corruptas. Pero de ellas sabemos poco o nada. En sétimo lugar, la corrupción no se circunscribe a las empresas brasileñas y a los ministerios que tienen que ver con la infraestructura. Lamentablemente ella se extiende a casi todos los ministerios sin que los organismos de control hayan hecho algo para evitarlo. La corrupción los pone en la picota y los involucra. Hace poco García se vanagloriaba, como si fuera una condecoración, de haber sido investigado 39 veces y de haber salido ileso en todos los juicios. En todo caso, debemos un reconocimiento a los presidentes (Paniagua, Belaúnde, Haya, Bustamante y Rivero) que nunca fueron citados por los jueces porque actuaron con pulcritud y limpieza.

18 de febrero de 2017

Perú: La corrupción y la tecnocracia

Sinesio López

Tres son los componentes centrales de la política moderna: los políticos que deciden, los tecnócratas que saben y los ciudadanos que pifian o aplauden, esto es, otorgan legitimidad a los que cortan el jamón.

Según Max Weber, los políticos deciden sobre medios y fines, mientras que tecnócratas solo deciden sobre medios. No siempre existe un equilibrio entre ellos. La asimetría es la relación más frecuente. En algunas épocas y gobiernos predominan los políticos; en otros, los tecnócratas. Los ciudadanos son los que siempre llevan la peor parte, aunque se les reconozcan ciertos derechos y se les ofrezcan algunas garantías.

En el Perú neoliberal post-90, los tecnócratas asumen un mayor peso político en relación con los partidos personalistas que tienen poca importancia. En realidad los tecnócratas, además de ejercer el conocimiento de los expertos, deciden en alianza con el Presidente de la República y refuerzan esta coalición con el respaldo de los poderes fácticos. Este respaldo arrebata el carácter autónomo que algunas veces tiene la tecnocracia.

Esta coalición presidencial-tecnocrática, reforzada con los poderes fácticos, ejerce el poder del siguiente modo:

1. Apuesta a la eficacia decisoria y hace de ella la fuente de la legitimidad y de la gobernabilidad. La eficacia decisoria no se deriva sólo de los políticos elegidos que deciden sino también de la tecnocracia que tiene el conocimiento experto y que, por eso, también participa en las decisiones.

2. La democracia choca con la eficacia decisoria porque ella abre las puertas a las demandas y a la protesta social. La tecnocracia quiere una torre de marfil para decidir y evitar el “ruido político”. El gobierno tecnocrático quiere una sociedad en silencio que lo deje gobernar.

3. La eficacia decisoria exige concentrar las decisiones en la cúspide del poder, esto es, en el Presidente de la República y en la alta tecnocracia. Desde esta perspectiva, fortalece algunas instituciones (BCR, MEF, SBS, SUNAT), pero debilita otras, entre ellas los organismos de control institucional.

4. El secretismo es la forma preferida de gobierno. Hay que decidir en secreto para que los ciudadanos no se enteren ni cuestionen las decisiones políticas. Todos los gobiernos post-90 han apelado con frecuencia a los decretos de urgencia para evitar el debate público en el Congreso.

5. El hiperactivismo legislativo del gobierno gracias a la delegación de facultades del Congreso, recurso al que apela con frecuencia.

6. El debilitamiento de la accountability vertical de los ciudadanos en la hora de elegir y del control social de la sociedad civil como producto de la neutralización de la presión social y del escrutinio público. Con este fin los gobiernos tecnocráticos deslegitiman las protestas sociales criminalizándolas.

La tecnocracia ha participado activamente en el diseño y aplicación de las privatizaciones, de las concesiones y de las APP y en sus distorsiones. Tienen por lo menos una responsabilidad política y, en algunos casos, posiblemente penal.

14 de febrero de 2017

Perú: La corrupción y los partidos

Sinesio López

Hablar de partidos políticos en el Perú es un abuso del lenguaje. Con la crisis de los populismos en los 80 del siglo pasado y la llegada del neoliberalismo, los grandes partidos que tenían un enraizamiento social más o menos sólido e ideologías cerradas y apasionadamente vividas se transformaron en partidos blandos que levitan y abrieron las puertas a los partidos personalistas. ¿Son partidos Perú Posible, Gana Perú, Partido por el Cambio, Solidaridad Nacional, APP, TyL? ¿Y el fujimorismo? No es aún un partido, pero es el que más se aproxima. Casi todos ellos son pequeños entornos de un caudillo que han logrado comprar una franquicia electoral en el mercado. Son “partidos” personalistas.

Para ganar el gobierno en los regímenes democráticos los nuevos partidos personalistas y los viejos partidos (que también han devenido personalistas) tienen que competir haciendo costosas campañas electorales que son una poderosa fuente de corrupción política. ¿De dónde sacan los recursos? Principalmente de financiamientos privados. Algunos, incluso si provienen de grandes empresas, son legales, pero condicionan al gobierno que respaldan. Otros provienen de robos al fisco, de coimas y del narcotráfico, y los partidos disfrazan la ilegalidad de los recursos con falsas actividades partidarias que nadie controla ni sanciona.

Muchas veces el financiamiento legal e ilegal no se usa sólo para las campañas electorales sino también para el enriquecimiento personal. La política los hace ricos. Algunos políticos de origen social modesto hoy son millonarios. Una solución posible para eliminar la corrupción en las campañas electorales es prohibir el financiamiento privado y otorgar el financiamiento público a los partidos. Como se ha hecho en Méjico. Esto no anula la competencia ni el éxito de los partidos en la campaña electoral. Verónica Mendoza del FA no tuvo millones para gastar en su campaña electoral, no contrató un solo aviso en la TV ni gastó en paneles publicitarios y, sin embargo, obtuvo un excelente resultado electoral.

Los partidos personalistas (incluido el Apra que se ha transformado en un entorno de García) que ganan el gobierno no llegan a ser partidos de gobierno. Gobierna no el partido triunfante, sino el presidente y sus amigos, los pretenciosos tecnócratas neoliberales y los poderes fácticos, esto es, los grandes empresarios, los medios poderosos y los militares (en el caso del fujimorismo). No tienen controles partidarios ni vigorosos controles institucionales porque el sistema político no los tiene y, en esas condiciones, son presa fácil de la corrupción.

¿Qué pasa con el caudillo presidente, sin controles partidarios ni institucionales, suelto en plaza, fascinado con todos los halagos del poder y tentado por el oro de los ricos? Se vuelve hobsiano. Le salen “los espíritus animales” y se deja llevar por los apetitos materiales desmedidos y por la corrupción. Pasado el sueño de grandeza viene la pesadilla cuando lo atrapan con las manos en el fisco o en la coima. Algunos (Toledo y Humala) ni siquiera tienen un pequeño partido que los defienda. Otros (el fujimorismo y García) han transformado sus partidos en escudos para defender a sus líderes corruptos.

26 de noviembre de 2016

Perú: Las mafias quieren volver

Sinesio López

en desacuerdo, pero no se atreven a cuestionar directamente la ley universitaria que, salvo contadas excepciones, viene funcionando más o menos bien. Sólo apuntan a echarse abajo a la SUNEDU para reemplazarla por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), la vieja articuladora de varias mafias que manejaron el podrido sistema universitario por décadas. Alegan que la SUNEDU viola la autonomía universitaria como si la ANR hubiera sido su celosa guardiana al ponerla en manos de los intereses privados de las mafias. La ley universitaria es buena y hay que hacerle sólo algunos ajustes.

¿Quiénes quieren volver a la ANR? En primer lugar, los dueños de universidades privadas de pésima calidad que son la mayoría del sistema universitario, que no quieren ningún control que garantice su calidad académica y que sólo están interesadas en lucrar. En segundo lugar, algunas mafias agazapadas en las universidades nacionales que pretenden volver al control de las mismas. En tercer lugar, algunas autoridades eternas de universidades asociativas que ganan altísimos sueldos y que pretenden transformar las sociedades civiles sin fines de lucro en lucrativas empresas privadas, lo que constituiría un robo descarado.

Esta suma de intereses mafiosos se expresa en el proyecto del congresista Velásquez Quesquén que busca cambiar la ley universitaria y que ha recibido, al parecer, el respaldo del fujimorismo. La maniobra pasa por interpelar al Ministro de Educación Jaime Saavedra, impulsor de la actual reformauniversitaria, junto con el ex-congresista Daniel Mora, para censurarlo y obligarlo a renunciar. Esta es la madre del cordero. Las acusaciones de corrupción en el Ministerio de Educación (el mal manejo de fondos de los Juegos Panamericanos, la compra de computadoras, etc.) son triquiñuelas para justificar la interpelación del Ministro Saavedra.

Jaime Saavedra es un excelente economista (egresado de la PUCP y Phd por la Universidad de Columbia) que sabe, como pocos, lo que hay que hacer con la educación en el Perú porque ha investigado sus problemas y desafíos y ha escrito muchos artículos académicos sobre el tema. Es un funcionario honesto que quiere hacer las cosas bien y con transparencia. Si se presume la existencia de corrupción, que se investigue y que sancione a los responsables, pero que no se manche la honra de un buen Ministro como Jaime Saavedra.

Lo más irritante de todo esto es que los Catones de afiche son los congresistas partidarios y defensores de los gobiernos más corruptos de la historia (Fujimori y García). ¿Con qué cara, con qué derecho, con qué moral estos partidarios de gobiernos y líderes corruptos se erigen hoy en defensores de la moral pública? ¿Es necesario recordarles cuántos funcionarios de sus gobiernos están presos por corrupción? ¿Desconocen acaso a los corruptos que han salido del país huyendo de la justicia? ¿No saben acaso que sus líderes han sido blindados por fiscales y jueces corruptos?

Si se produce la interpelación y PPK defiende al Ministro Saavedra con energía, la polarización entre el gobierno y el fujimorismo se pondrá al rojo vivo. Una causa justa bien vale una buena batalla.

26 de septiembre de 2015

La dictadura mediática


Sinesio López

Si un grupo económico controla el 80% de la lectoría y de la publicidad en la prensa escrita y es propietario de 2 importantes canales de TV (uno –el principal de todos- de señal abierta y otro por cable) es difícil sino imposible la democracia porque la concentración mediática impide la existencia del pluralismo efectivo en el campo de las ideas y de la política. Puede haber variedad (a veces irrelevante) pero no un pluralismo real y competitivo.

La prensa concentrada y con propiedad cruzada de otros medios (TV por ejemplo) es un poder total que no solo influye en el comportamiento de la gente sino que impone la agenda pública al gobierno de turno y controla la mente y la voluntad de los ciudadanos a través de una hegemonía discursiva privilegiada a la que no se puede responder, no por la calidad de los argumentos, sino por la carencia de medios de igual o parecido alcance. Estamos frente a una dictadura mediática que, pese a que es blanda, es quizá peor que la política  o la militar porque apresa, no al cuerpo, sino el alma de la gente.

Esta dictadura opera en el nivel de la presencia y relevancia de los actores políticos, en la etapa pre-electoral, en el proceso electoral, en la agenda del gobierno y en el pensamiento único del modelo neoliberal. La concentración mediática decide qué actores políticos deben existir y cuáles deben desaparecer. La estrategia es conocida: Denuncia escandalosa contra los líderes a los que quiere destruir en la TV,  campaña sistemática de todos los medios concentrados, contratación y publicación de una encuesta para evaluar la eficacia destructiva y culminación con editoriales solemnes de la prensa escrita.

La concentración mediática limpia el terreno preelectoral, desaparece a los indeseables y coloca en un pedestal a los favoritos. El actual escenario de los principales candidatos de la derecha ha sido hecho a pulso por la concentración mediática con la colaboración de algunos políticos despistados de la izquierda que insisten en la fragmentación política y se niegan a lanzar un(a) buen (a) candidato(a) que represente a más del 30% que no está de acuerdo con los candidatos derechistas.

Es en el proceso electoral donde la concentración mediática expresa todo su poder porque impide que dicho proceso sea efectivamente competitivo: No todos los candidatos tienen iguales condiciones materiales y políticas para participar. Unos corren sin vallas (los favoritos de la derecha) y otros, con vallas. El alto costo y el desigual financiamiento de la campaña y el respaldo a unos y el rechazo a otros de los medios concentrados hacen que el proceso electoral sea muy injusto y afecten la legitimidad de origen de los elegidos.

Como si todo lo anterior fuera poco, la concentración mediática impone la agenda pública al gobierno. El Presidente no gobierna con el programa con el que fue elegido dentro de un proceso electoral injusto sino con la agenda pública que le impone diariamente la prensa concentrada. Si hay alguna duda sobre el sometimiento del gobierno a la agenda impuesta, ella emprende una demolición del gobierno y del presidente de la República afectando la gobernabilidad del país.

El objetivo mayor de la concentración mediática es imponer el pensamiento único del neoliberalismo como si fuera el pensamiento de todos, el interés de pocos como si fuera el interés de todos. Aleluya.