El indulto express

​La República

Se han empezado a confirmar las versiones que indican que el Gobierno negoció con Kenji y Alberto Fujimori los votos para impedir la vacancia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Los datos publicados por este diario y por otros medios indican que esta negociación ha corrido paralela a la defensa pública de PPK y que mientras el discurso oficialista nos aseguraba la vigencia de los valores democráticos y constitucionales, de modo oculto se gestionaba la entrega de una prebenda política.

Esta contradicción entre lo que se dice y se hace, un vicio que vulnera la ética republicana, debe ser puesta sobre la mesa. Las instituciones y sectores de la comunidad que defienden la legalidad democrática y los DDHH, donde este diario se ubica resueltamente, no pueden ser indiferentes ante las evidencias que aparecen y se agrupan en la dirección de un acuerdo bajo la mesa.

En el Estado de derecho, así como las formas deben ser parte del contenido, los medios deben guardar coherencia con los fines. De esa perspectiva, es totalmente equívoca la tesis esgrimida en las últimas horas respecto a que la defensa del presidente Kuczynski, cuyo cargo iba a caer arrollado bajo la arremetida autoritaria de Fuerza Popular, justifica la concesión de una gracia presidencial a Alberto Fujimori, una especie de canje entre inmunidad e impunidad.

Según los datos publicados por este diario, el 15 de diciembre se presentó un pedido de conmutación de pena a favor de Fujimori por el congresista disidente de Fuerza Popular Guillermo Bocángel. El problema es que la operación se inició días antes, con actos previos y preparatorios. En un extremo ilegal, la junta médica que ha opinado a favor del indulto de Fujimori la integra Juan Postigo Díaz, médico de cabecera del reo de Diroes desde 1997 y que ya adelantó opinión a favor del indulto el año 2012. En esa ocasión, Fujimori exigió que su médico integrara dicha junta, lo que fue rechazado por la Comisión de Gracias Presidenciales para garantizar la objetividad e imparcialidad de la diligencia médica. En la operación cruzada entre los ministerios de Justicia y Salud jugó un papel destacado Luis Martín Champin, ex marino relacionado con el director general de las Redes Integradas de Salud Lima Este. Hoy sabemos que el propio Alberto Fujimori ha presentado su pedido de indulto y que el expediente está en manos de la Comisión de Gracias Presidenciales. De ahí a Palacio hay una distancia muy corta.

En pleno debate de la vacancia, la premier Aráoz relativizó la posibilidad de la concesión de un indulto express. No obstante, las evidencias indican una operación en toda la línea con la participación de por lo menos dos ministerios. Esta operación no tendría nada en especial si no fuese porque su objetivo es ilegal. En su reciente visita a Lima, en octubre pasado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha recordado sobre el probable indulto a Fujimori que ha sido sentenciado “por muy serias violaciones a los DDHH”, delitos que constituyen crímenes contra la humanidad, es decir, crímenes que son del interés de la comunidad internacional en su conjunto, y sobre los cuales las leyes peruanas y la jurisprudencia internacional señalan parámetros a los que no se ajusta la libertad del ex presidente.

https://www.leerydifundir.com/2017/12/el-indulto-express/

Es hora de defender la democracia

​La República

Una ofensiva constante y creciente, encabezada por Fuerza Popular y su líder Keiko Fujimori, está estrangulando la democracia. El Congreso se ha transformado en una plataforma de ataque a las instituciones del Estado. El despliegue golpista no se detiene; avasalla autonomías, independencias y prerrogativas con el objetivo de infiltrar o capturar los poderes u organismos que se le resisten, haciendo a un lado a los funcionarios incómodos y partidarios de la democracia.

Este golpe de Estado parlamentario permanente y continuado tiene un doble propósito: impedir que los órganos competentes para investigar y juzgar los casos de corrupción que involucran a la Sra. Fujimori, junto a su entorno actual y pasado, cumplan su trabajo con independencia y cabalidad, y preparar las condiciones para que el fujimorismo, finalmente, acceda al Gobierno por la vía que les sea posible, incluida el retiro del Ejecutivo de las autoridades elegidas democráticamente por los peruanos en junio del 2016.

El reciente cambio de gabinete le ha permitido al fujimorismo y a sus aliados infiltrarse en el sector Justicia para facilitar un ilegal indulto de Alberto Fujimori y mediatizar el cumplimiento de las funciones de este sector en la lucha contra la corrupción y la defensa de la legalidad democrática. La reprobable omisión del Ministerio de Justicia frente al ataque del Congreso al presidente de la República, al que ilegalmente se pretende obligar a que comparezca ante una comisión investigadora bajo la amenaza de vacancia, resume el nivel que ha alcanzado esta intromisión.

Un elemento de esta estrategia es la arbitraria y abusiva denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, un funcionario probo que precisamente recuperó el Ministerio Público de manos de un grupo corrupto que se había enquistado en él y cuyo líder fue destituido por corrupción. A sabiendas de la autonomía y discrecionalidad que tienen los fiscales a cargo de los casos bajo investigación, protegidos por la Constitución como una garantía de la función jurisdiccional, el fujimorismo pretende responsabilizar al fiscal de la Nación por decisiones que no forman parte de sus deberes funcionales, para retirarlo de sus funciones y hacerse del control del Ministerio Público, como en la nefasta etapa de la entonces fiscal Blanca Nélida Colán.

El fujimorismo y sus aliados no solo quieren el Ministerio Público; paralelamente manipulan el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuya reforma han abandonado, además de colocar en esa institución a allegados de miembros de la cúpula de Fuerza Popular, haciéndose de la vista gorda de documentadas denuncias de corrupción de varios de sus miembros. Esa cuestionada institución llevará a cabo en breve la designación de vocales supremos, con los resultados que se adivinan.

En la mira se encuentra asimismo el Tribunal Constitucional (TC), y por esta razón acelera el juzgamiento de cuatro de sus siete miembros –los magistrados Manuel Miranda (actual presidente), Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza– acusados por un grupo de ex miembros de la Marina de Guerra de haber cambiado un fallo, con lo que el delito que se juzga vuelve a ser un crimen de lesa humanidad. A pesar de las razonables explicaciones, respaldadas por la mayoría de especialistas, sobre que los miembros del TC no pueden ser procesados por sus votos, necesitan destituirlos para reemplazarlos por magistrados sometidos al fujimorismo y a sus aliados.

En la ruta golpista, es un escollo la libertad de expresión. Fuerza Popular ha logrado, como en los años 90, cohesionar tras su estrategia a un grupo de medios y periodistas que operan abiertamente contras las instituciones democráticas y la prensa independiente, reeditando el triste papel de la llamada “prensa chicha”. La crítica al Parlamento o a Fuerza Popular y a sus aliados, o la labor de investigación periodística es respondida con infinitas campañas en las cuales participan legisladores fujimoristas y un grupo de tarea de funcionarios del Congreso encargados de las redes sociales.

En el más reciente episodio, la información publicada por el diario El Comercio respecto a las declaraciones de Marcelo Odebrecht en Brasil ha sido respondida con la amenaza de un proceso penal hecho por la misma lideresa de Fuerza Popular y con la acusación de que dicho diario pretende favorecer intereses de la empresa Graña y Montero en el caso Lava Jato cuando, precisamente, las declaraciones de Odebrecht sobre GyM, publicadas también en dicho diario, han puesto en mayores apuros a esa empresa.

Los elementos descritos no constituyen la deriva inexperta de un grupo autoritario sino que, esencialmente, es un plan para estrangular a la democracia y colocarla a expensas de los intereses de una facción contraria a ella.

Es la hora de parar este golpe de Estado en proceso. Tiene la palabra la sociedad, expresada a través de ciudadanos individuales, autoridades o peruanos de a pie, o de ciudadanos organizados en gremios sindicales, partidos, colectivos para la demandas sociales, las ONG, grupos estudiantiles, colegios profesionales, gremios empresariales, organizaciones vecinales y frentes regionales y locales. Es hora de defender la democracia.

https://www.leerydifundir.com/2017/11/hora-defender-la-democracia/

Insulto a la memoria

La República

La familia de Alberto Fujimori ha decidido solicitar que sea indultado por razones humanitarias. Si el pedido prospera saldrá en libertad un ex presidente condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado, secuestro agravado y corrupción, los dos primeros delitos de lesa humanidad.

El debate de este pedido importa mucho, tanto a los peticionarios como a los deudos y a las víctimas de los crímenes por los que fue condenado. Sobre todo, les importa a la sociedad y al régimen político democrático. Fujimori ha realizado durante los últimos años movimientos calculados para eludir su responsabilidad y obtener su libertad. Resistió a su extradición negándole al Estado peruano competencias para juzgarlo, y luego de su condena presentó un hábeas corpus que fracasó en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Desde hace tres años ha jugado con la solicitud del indulto, renunciando a él a pesar de considerar que su enfermedad es muy grave, y luego aceptándolo.

Quienes consideran que su condena es política no podrán sustraer su pedido de libertad de los elementos políticos y jurídicos que le son inherentes. Los impedimentos legales del indulto a Fujimori son conocidos y su fuerza jurídica es invulnerable. El mismo Fujimori propuso y promulgó en 1995 una ley que excluye expresamente de este beneficio a los autores del delito de secuestro agravado, uno de los ilícitos por los que fue condenado. Del mismo modo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH descalifica claramente el indulto y la amnistía para delitos de lesa humanidad. En ese campo hay mucho para recordar y poco para debatir.

La discusión se ha centrado en el papel del presidente de la República y más de un interesado ha señalado que basta su decisión. Sin embargo, el indulto es una facultad presidencial y no imperial. Como cualquier potestad pública en un Estado de derecho, no es absoluta e irrestricta. En democracia, ningún atributo del poder político se ejerce desde el libre albedrío, un uso propio de las monarquías absolutas. El pacto republicano consagra los principios del gobierno responsable y previsible, es decir, deposita en sus representantes determinadas funciones cuyo ejercicio debe guardar armonía con los estándares democráticos y con los valores de justicia y de libertad.

En ese sentido, el poder discrecional de un jefe de Estado no puede derivar en un acto arbitrario y antijurídico porque ninguna de sus facultades es ilimitada. Por esa razón, la potestad de indultar no es distinta a otras referidas a los actos de presidir, nombrar, recibir, administrar, autorizar, negociar y regular. Desde ese punto de vista no tienen asidero jurídico las versiones que señalan que dependerá del presidente de la República conceder el indulto en cualquier circunstancia, sin tomar en cuenta el delito, el marco jurídico vigente, la gravedad del daño causado y la identidad del sentenciado.

Los impedimentos legales y la condición especial del condenado, un ex presidente que ofendió con sus actos la primera magistratura que el pueblo le encargó, hacen imposible el indulto. Ese imposible jurídico reside en su prohibición interna expresa y en las disposiciones igualmente precisas de la justicia internacional. A esa inadmisibilidad concurre la extraña circunstancia de que el solicitante relativiza la gravedad de su enfermedad; se ha negado al arrepentimiento y sigue descalificando la decisión judicial; no ha pedido disculpas a la sociedad y a las víctimas por sus actos; y no ha pagado la reparación civil impuesta por el Estado. El debate debe continuar porque enriquecerá a la sociedad en sus valores cívicos y en su memoria; aunque queda muy claro que si el presidente de la República concede el indulto, este sería ilegal, y si lo adopta incurrirá en un delito.

http://www.larepublica.pe/30-09-2012/editorial-de-la-republica-sobre-el-pedido-de-indulto-fujimori