Estados Unidos defensor de los Derechos Humanos

Lidia Falcón

La desvergüenza y el cinismo de algunos políticos superan con mucho mi capacidad de comprensión. En estos momentos en que Estados Unidos ha amenazado al gobierno de Nicolás Maduro asegurando que representa un peligro para la seguridad nacional de su país, en España los dirigentes populares y sus medios de comunicación sicarios y mercenarios del capital siguen apoyando las mentiras y agresiones de EEUU contra Venezuela. A la par que otros políticos que incluso se reclaman de izquierdas, que demonizan el chavismo y la revolución bolivariana que se está realizando en este país. Recuerdo las arrogantes afirmaciones de Susana Díaz diciendo que si en España se pusieran en práctica las medidas de reparto de la riqueza que propone Izquierda Unida estaríamos como en Venezuela, convertido este país en símbolo de todas las miserias y desgracias.

Y es que en España no hemos logrado que la memoria de nuestra propia historia sea recordada con veracidad y enseñada y difundida desde las escuelas y los medios de comunicación para el conocimiento de toda la ciudadanía. De tal modo, en nuestro país se puede aceptar sin escándalo que Estados Unidos sea ahora defensor de los Derechos Humanos. Las risas que provocó en los periodistas asistentes a la rueda de prensa la declaración de Jennifer Psaki, portavoz del Departamento de Estado, diciendo que como “política de larga tradición Estados Unidos no apoya transiciones por métodos anticonstitucionales. Las transiciones deben de ser democráticas, pacíficas y legales”, debían haber sido gritos de indignación.

Sin entrar a relatar los golpes de Estado que apoyó, organizó y llevó a cabo el Departamento de Estado de EEUU, que sumieron en el crimen, la miseria y el atraso durante décadas a Guatemala, República Dominicana, Chile, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Honduras, Granada, y hace poco más de un año el de Ucrania, y por no hacer un recorrido de las setenta guerras que han declarado, organizado, dirigido y realizado los presidentes y las cúpulas militares de esa potencia en el último siglo, querría recordar la infame relación que el gobierno estadounidense ha sostenido con los gobiernos fascistas y en contra de la democracia en España, desde la Proclamación de la II República.

A los  dos meses del 14 de abril de 1931 la Banca Morgan lanzó un ataque contra la peseta que obligó al gobierno a exportar cerca de 300 millones de pesetas-oro a Francia, a fin de defender la moneda española en los mercados internacionales.

En 1932 el gobierno republicano intentó limitar los privilegios de la ITT en la telefónica cuyo monopolio se lo había concedido el rey felón Alfonso XIII durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero en cuanto el gobierno de los EE.UU. supo de semejante propósito, convirtiéndose en garante de una compañía privada, amenazó con romper las relaciones diplomáticas, para que quedaran intactos los intereses y privilegios imperialistas de la ITT.

Uno de los grandes crímenes perpetrados por el gobierno estadounidense a lo largo de su historia lo constituye el apoyo y la ayuda que desde el comienzo prestó a las hordas fascistas sublevadas contra la República y, posteriormente, a la dictadura de Franco. La compañía norteamericana TEXAS Co. (una de las ramas de la Standard Oil) había suscrito en 1935 un contrato para el suministro de petróleo a la CAMPSA. En el marco de este contrato entre la TEXACO y el gobierno español, cinco petroleros de la TEXACO se encontraban en alta mar, camino de España, en julio de 1936. El norteamericano T. Rieber, presidente en aquellos momentos de la compañía, viajó a Burgos en cuanto tuvo noticia de la sublevación y puso su petróleo a disposición de los generales fascistas sublevados, telegrafiando inmediatamente a los cinco barcos de la TEXACO para que desviaran su rumbo y se dirigieran a un puerto ocupado por los rebeldes fascistas. La TEXACO resolvió así a los sublevados uno de sus más angustiosos problemas logísticos.

Según cifras publicadas por Herbert Feis, los envíos de petróleo suministrados a crédito por la TEXACO a Franco desde julio del 36 hasta el final de la guerra, alcanzaron los dos millones de toneladas. En agosto de 1936, al consultar la compañía Glenn L. Martin al Departamento de Estado sobre la conveniencia de cumplir un contrato, ya antiguo, con el gobierno español, referente a la venta de 8 aviones, la respuesta del gobierno yanqui señalaba a la compañía que la venta de esos aviones no correspondía al espíritu de la política del gobierno. No contentos con esta forma de presionar y de ahogar el comercio con la República española, el 8 de enero de 1937, el presidente Roosevelt y su secretario Hull hicieron aprobar la llamada “Ley de Embargo” prohibiendo el envío de cualquier suministro de armamento y otros materiales estratégicos a España. El mismo Franco, al conocer esta ley comentó: “El presidente Roosevelt se ha portado como un verdadero caballero”.

La Ley de Embargo, que impidió la venta de suministros a la España republicana, no impidió que la TEXACO suministrara a Franco las cantidades de petróleo que he mencionado, ni que las compañías Studebaker, Ford y General Motors suministraran a los ejércitos franquistas mas de 12.000 camiones y otros vehículos, pagados también a crédito. Esta ley no prohibió tampoco la presencia del representante de la Standard Oil, Mr. Middleton -a través del cual se gestionaba el suministro de petróleo, entre otras cosas- en Burgos, al lado del gobierno franquista, durante la mayor parte de la contienda.

Al terminar la II Guerra Mundial, después de los acuerdos de Yalta, España quedó fuera del Plan Marshall pero EEUU se posicionó claramente a favor del régimen franquista. De tal modo el 26 de septiembre de 1953 se firman los tres convenios llamados el Pacto de Madrid por el que Norteamérica concedía un crédito de 226 millones de dólares para modernizar el Ejército español y se instalaban en nuestro país las bases militares de Zaragoza, Morón de la Frontera (Sevilla), Torrejón de Ardoz (Madrid) y Rota (Cádiz). En Rota  la Armada  acoge todavía la sede de la VI Flota norteamericana que, durante más de una década fondeaba periódicamente frente al puerto de Barcelona. Y en Pals (Gerona) se instalaba una estación de transmisión de radio y de vigilancia de las playas de la Costa Brava.

En 1959 el Presidente de los Estados Unidos Dwitgh D. Eisenhower  visita por primera vez España  y es recibido en Madrid con manifestaciones entusiásticas de contento, mientras se abraza a Franco en El Pardo. Entre esa fecha y la muerte del dictador cinco presidentes de EEUU vienen a nuestro país para mostrar su apoyo y afecto al dictador. El 19 de diciembre de 1973 Carrero Blanco, Presidente del Gobierno en aquel momento, un día antes de que ETA lo matara, se entrevista en Madrid con el Secretario de Estado estadounidense Kissinger, que había organizado el golpe de Estado del 11 de septiembre contra Salvador Allende en Chile, para tratar de la entrada de España en la OTAN y establecer el territorio español como una base militar de EEUU en caso de una III Guerra Mundial.

Esta breve cronología de las excelentes relaciones y tratados de amistad que EEUU ha realizado con la dictadura franquista, tiene como colofón las declaraciones del Secretario de Estado norteamericano, el general Alexander Haig, al producirse en España el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que afirmó que “el asalto al Congreso de los Diputados es un asunto interno de los españoles”.

Mientras tales excelentes relaciones entre EEUU y España se mantenían durante veintidós años, bajo la dictadura franquista el régimen prohibía toda clase de elecciones, los sindicatos libres, los partidos políticos, las asociaciones ciudadanas y estudiantiles, el Movimiento Feminista, la  libertad de expresión y de prensa, y se perseguía, se detenía, se torturaba y se fusilaba a todos los opositores y las opositoras políticas, sindicales y ciudadanas.

Mi tía Carlota O’Neill sufrió cinco años de prisión, desde 1936 a 1941, en el Penal de Victoria Grande de Melilla por ser la esposa del capitán de aviación Virgilio Leret, fusilado por las tropas fascistas el 17 de julio de 1936, en la Base de Hidros de Mar Chica de Melilla. Juana Doña fue condenada a muerte en 1947 y conmutada su pena por la de 30 años, por ser comunista. Juana Corzo O’Neill, mi tía, secretaria de Dolores Ibárruri, penó 14 años de prisión por haber ayudado al Socorro Rojo. Manolita del Arco, Soledad Real, Tomasa Cuevas sufrieron interminables años de cárcel por ser comunistas. Julián Grimau fue fusilado el 20 de abril de 1963 después de haber sido torturado y arrojado a la calle desde una de las ventanas de la Dirección General de Seguridad de Madrid, por ser comunista. Francisco Granados Data y Joaquín Delgado Martínez fueron ajusticiados a garrote vil el 18 de agosto de 1963, por ser anarquistas. El 2 de marzo de 1974 Salvador Puig Antich es asesinado en Barcelona en el garrote vil, por ser anarquista.

Se calcula que fueron aproximadamente 250.000 los fusilados y fusiladas en España desde 1939 hasta 1953, en que se tramitaron miles de procesos en todas las provincias bajo el título de Causa General, contra los y las que se consideraron republicanos.  Los asesinados y asesinadas en las cunetas, carreteras, pueblos y cementerios de España que han sido documentados, se estiman en 150.000, los restos de los cuales todavía están buscando sus allegados.

Mientras tanto 30.000 niños fueron robados a sus madres republicanas encarceladas, recién nacidos en las prisiones o acompañándolas en ellas, para ser entregados a familias franquistas a fin de robar para siempre su identidad y convertirlos a los principios del Movimiento Nacional, sin que hasta la fecha se haya tenido el consuelo de haber recuperado ninguno de esos hijos secuestrados y destruida su personalidad.

Muchos más miles de opositores y opositoras políticos fueron detenidos, apaleados en los sótanos de las Jefaturas de Policía y condenados a interminables penas de prisión, por los delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal, desde 1939 hasta 1975; y veinticinco mil éramos los españoles y las españolas que estábamos en libertad provisional por causas políticas cuando murió Franco, mientras desde Eisenhower a Kissinger, los mandatarios norteamericanos visitaban España y se abrazaban con él en Madrid. Todavía el 27 de septiembre de 1975, menos de un mes antes de fallecer el dictador, fusilaban a José Humberto Sánchez Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, militantes del FRAP, y a  Juan Paredes Manot (Txiqui) y Ángel Otaegui, militantes de ETA, sin que se haya obtenido al menos una declaración de condena de la dictadura franquista por parte del gobierno de ese país llamado Estados Unidos de América del Norte, garante y defensor de los Derechos Humanos en todo el mundo.

Por ello, resulta escandaloso que Barack Obama, Presidente de este grande y poderoso país, se muestre tan inquieto y preocupado con la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, y tome medidas sancionadoras y amenazadoras contra ella, donde la vida transcurre pacíficamente, donde los medios de comunicación opositores se manifiestan todos los días agresivamente contra el gobierno, y donde las cotas de violencia no alcanzan las de México, Colombia o Honduras. Y que a pesar de que Venezuela es un país de 38 millones de habitantes con un pequeño ejército, que nunca ha invadido ni declarado la guerra a ningún otro, Obama se atreva a declarar que es “una amenaza para la seguridad nacional de EEUU”.

Pienso que defensores de los Derechos Humanos en Chile, en Nicaragua, en Guatemala, en Argentina, en Granada, en Panamá, en Paraguay, en Honduras, en República Dominicana, pueden escribir un artículo igual a este mío.

Caracas, 19 de marzo de 2015.

http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/03/21/estados-unidos-defensor-de-los-derechos-humanos/?doing_wp_cron=1426941265.4288690090179443359375

Las violencias contra las mujeres

​Lidia Falcón
 
En esta semana del 25 de noviembre en que nuevamente hacemos el fúnebre recuento de las víctimas mortales de la violencia machista, las cifras oficiales mantienen el engaño de que “únicamente” son 47 las asesinadas en 2014. Sabemos, por las investigaciones de nuestras compañeras de trabajo feminista, que esa cifra hay que aumentarla en 10 más, siguiendo los parámetros de la espúrea catalogación que se arbitra en relación a la famosa Ley Integral de Violencia de Género. Pero ni son estas las únicas víctimas ni el feminicidio es la única violencia.

Las que mueren después de meses de haber sufrido diversas heridas por la mano de su verdugo no se cuentan en esa macabra lista. Las que se suicidan en la desesperación de no encontrar salida a su angustiosa situación no se inscriben en la cuenta. Las que mueren por enfermedades producidas por el maltrato no existen como víctimas de violencia de “género”.

Pero son muchas más las violencias que se ejercen contra las mujeres españolas. Si en España se hubiese aprobado la ley venezolana “Sobre el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres” se habría establecido legalmente 19 clases de violencia. La psicológica, el acoso y hostigamiento, las amenazas, la violencia física, la sexual, la violación conyugal, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el acoso sexual, la violencia laboral, la violencia patrimonial y económica, la violencia obstétrica, la esterilización forzada, la violencia mediática, la  violencia institucional, la violencia simbólica, el tráfico de mujeres, adolescentes y niñas y la trata de mujeres, adolescentes y niñas.

En este año, que aún no acaba, 30 mujeres han sido asesinadas por sus hijos, una de ellas lo fue por el marido y el hijo, pero no entraron en el catálogo de víctimas de violencia de género porque la Ley no las incluye. Al ser la madre, y no tener ninguna relación sentimental con el asesino no merecen la protección legal.

Un tío estuvo acosando sexualmente a su sobrina de 13 años hasta que, ante su rechazo, la asesinó. Esa niña no es víctima de violencia de género al no ser ni la esposa ni la pareja estable del criminal.

Una madre estuvo implorando durante meses al juez, que disponía de su vida y felicidad, que no le concediera el régimen de visitas de su hija de 7 años al marido maltratador, porque temía que la agrediera, sin que el juez atendiera sus súplicas, hasta que el padre la asesinó.  Ni la madre ni la hija son víctimas de violencia de género.

Decenas de mujeres prostituidas son asesinadas cada año por su proxeneta, chulo, macarra o cliente, sin que entren en la fúnebre lista de víctimas de violencia de género, porque ninguna relación sentimental las unía a su asesino.

Cientos de miles de mujeres, adolescentes y niñas son traficadas para la prostitución en España. Los cálculos conservadores dicen que 500.000 cada año entran por todas las fronteras para ser vendidas y esclavizadas en nuestro país y en el resto de Europa. Pero tales delitos no constituyen violencia de género, sino el más específico de trata con fines de explotación sexual, porque al parecer esas mujeres no pueden ser tratadas igual que las demás víctimas de violencia de género.

Una muchacha era víctima del acoso sexual de un vecino que la perseguía en la escalera, en el vestíbulo de la finca y en el ascensor. Después de denunciarlo, únicamente se le condenó a una multa en un juicio de faltas y siguió viviendo el mismo rellano de la finca donde la joven lo veía cada día. No se dictó orden de alejamiento porque no era víctima de violencia de género.

UGT publica cada año un informe en el que afirma que el 75% de las trabajadoras sufre acoso sexual en el trabajo. Pero estas no son víctimas de violencia de género, por tanto no merecen protección especial.

Sandra fue golpeada repetidamente por la policía cuando la detuvo en una calle de Madrid. Apaleada y pateada en el suelo cuando ya se hallaba esposada ingresó en el CIE con morados  y lesiones en todo su cuerpo. Como intentó resistirse va a ser juzgada el próximo viernes 28 de noviembre por agresión a la autoridad. En los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) donde permanecen secuestrados miles de emigrantes, las mujeres son objeto de acoso, abusos sexuales, violaciones, golpes y humillaciones por parte de los policías, los guardianes y otros reclusos, pero tampoco son víctimas de violencia de género y por tanto no se pueden solicitar las medidas de prevención y punición que la ley establece.

Noelia Cotelo es golpeada repetidamente en la prisión donde cumple condena y permanece a veces días esposada a la cama. Muchas presas son víctimas también de acoso sexual y violaciones por parte de sus carceleros. Pero esta violencia, que se repite continuamente en las prisiones de España sin que cause escándalo a los bienpensantes ciudadanos, no entra en los parámetros establecidos en la Ley de Violencia de género.

Miles de esposas son despojadas de su casa y de toda ayuda económica y miles de madres están sufriendo la retirada de la custodia de sus hijos, en procesos de divorcio sentenciados por jueces y juezas machistas, a los que esa espúrea invención del SAP (Síndrome de Alienación Parental) ha convencido de la maldad intrínseca de las mujeres, después de que forenses, psicólogos y asistentes sociales hayan emitido dictámenes aprobando la conducta del marido y repudiado la de la esposa. Pero nadie puede acusar de violencia institucional a tales funcionarios de la Administración de Justicia, simplemente porque tal delito no existe en el articulado de la ley.

Cientos de policías no atienden las denuncias de maltrato interpuestas por las víctimas, a las que aconsejan que no inicien un proceso que destrozará a la familia, llevará a su marido a la cárcel y dejará a los hijos sin padre. Pero esos funcionarios no son responsables de causar violencia alguna a las que acuden en busca de amparo institucional.

Miles de honrados ciudadanos y ciudadanas escuchan desde su casa los golpes y gritos de alguna vecina que es brutalmente apaleada  por su marido sin que intervengan para detener la agresión, ni aún telefoneen a la policía, escudándose en el anonimato. Cuando la víctima es asesinada se atreven a declarar en la televisión que el crimen “se veía venir dadas las palizas que recibía la mujer”, sin que puedan ser denunciados por denegación de auxilio, delito que sí existe para quien no ayuda a un accidentado en carretera.

Cientos de miles de trabajadoras son despedidas por el empresario cuando quedan embarazadas, cuando no atienden los requerimientos sexuales de su jefe o de otro trabajador con influencia en la empresa o cuando interesa amortizar un puesto de trabajo y millones de empleadas de todas las clases perciben hasta un 30 y 40% menos de sueldo que sus compañeros varones en el mismo puesto de trabajo. Pero tal discriminación no puede catalogarse como violencia de género.

Porque ninguna de estas violencias está recogida en la que, con todo descaro, llaman “Ley Integral de Violencia de Género”. Y por tanto no pasan a engrosar el número de víctimas que conmemoramos cada 25 de noviembre.

http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2014/11/25/las-violencias-contra-las-mujeres/

España, Víctimas de un enorme engaño

Lidia Falcón

No sorprende la elevación a los altares de Adolfo Suárez en el momento de su muerte por parte de políticos, periodistas y creadores de opinión. Ni siquiera esos honores de ética y estética franquista, con los mismos curas, obispos y militares que exhibía la televisión única de los años sesenta, organizados por el Gobierno actual y coreados por todos los partidos. No sorprende tampoco el coro mediático oficial entonando el canto gregoriano con entusiasmo inigualable ante ningún otro héroe. No sorprende, aunque apena, el papanatismo de los badulaques que han soportado horas de cola en el velatorio, que han seguido llorando el furgón mortuorio y que repiten en las entrevistas que fue el mejor presidente de España (sic); al fin y al cabo eso es lo que les han enseñado en la escuela y en la televisión desde hace treinta y ocho años y son por tanto víctimas de un enorme engaño.

Me sorprende más que no haya un repaso serio y exhaustivo, por la mayor parte de la izquierda, de quién fue Adolfo Suárez y qué es lo que hizo realmente. El análisis del papel que cumplió Suárez requiere de un detallado y objetivo estudio de lo que se pretendía para nuestro país desde los grandes poderes que gobernaban, y gobiernan, el planeta: el económico repartido entre la producción industrial, agrícola y financiera; el militar con el lobby armamentístico, uno de los más importantes del mundo, y la industria mediática y cultural, imprescindible para que las víctimas de la conspiración la aceptasen, gozosamente, como han hecho estos días. No puede limitarse la crítica a repasar superficialmente las etapas de las reformas con que se construyó la superestructura legal y política que diese apariencia de legalidad y democracia al mantenimiento del imperio capitalista.

Lo cierto es que Adolfo Suárez no fue más que el encargado de llevar a cabo el proyecto capitalista que la Comunidad Económica Europea tenía previsto para España, desde hacía más de una década. En los años ochenta, en un programa de televisión en la cadena estatal, Carmen García Bloise, miembro de la ejecutiva del PSOE, persona de confianza de Alfonso Guerra, y bien informada, explicó que el sistema que se había montado para España estaba diseñado desde los años sesenta por el Mercado Común y la OTAN. Que ella lo sabía muy bien porque, como hija de exilados socialistas en Bélgica, había asistido desde muy joven a las reuniones que sostenían sus padres y compañeros de ideología con los dirigentes de las grandes instituciones europeas, con los responsables estadounidenses de la Alianza Atlántica, de la CIA, los británicos del Intelligence Service, y sobre todo los hermanos alemanes del SPD, que no contemplaban otro cuadro político para nuestro país que el que resultó implantado con la Constitución de 1978.

Para llevar a cabo dicho plan –y no creo que hoy pueda dudarse de que se cumplió a la perfección– desde que se esperaba la muerte del dictador, se organizó la Transición, bajo las condiciones que le impusieron al rey. Resulta absolutamente ridículo afirmar, como hacen algunos medios, que el rey es el artífice de la democracia actual y que para llegar a tal fin le encargó a Suárez la aparentemente difícil tarea de desmontar la dictadura.

Porque no es bueno olvidar que el franquismo, como tal, en las sucesivas elecciones que se celebraron en la Transición no alcanzó más que el 4% de los votos; entendiendo como tal las organizaciones de Fuerza Nueva, Guerrilleros de Cristo Rey, etc., mientras la derecha que comenzaba a disimular su pasado fascista, como Alianza Popular o Coalición Democrática obtenían el 10%. Contra todo lo esperado, lo propuesto y lo planificado, por Franco y sus huestes, España y sus 40 millones de españoles no se habían convertido masivamente al fascismo. Mientras, la UCD obtenía 6 millones de votantes, el PSOE, 5 y el PCE, uno y medio, lo que significaba que el país se escoraba a la izquierda. Y ése, y no otro, era el peligro que tanto temían los poderes fácticos.

Ni el rey tenía, ni tiene, más plan que el que el Departamento de Estado de EEUU decida; ni sabía, ni sabe, lo que es la democracia. Una vez los representantes de la UE y de EEUU se reunieron con el asesor del rey, Torcuato Fernández de Miranda, y le encargaron que encontrara a un funcionario de ninguna relevancia ni ideas propias, que saliera de las filas del franquismo para no alarmar a la caverna, para que llevara a cabo las reformas legales que hacían falta a fin de situarnos –malamente– a la altura de las democracias europeas; a aquel siniestro personaje (repasen las fotos que tenemos de él) se le ocurrió sacar del pasillo donde dormitaba como edecán de Herrero Tejedor al joven, atractivo, atildado y relamido, como galán de las películas de Cifesa, Adolfo Suárez.

Y fue un acierto, sin duda. Porque Suárez al principio no sólo fue cumpliendo todos los pasos que sus jefes le dictaban: lo primero, la Ley de la Reforma Política y las elecciones que había que organizar, sino que se lo creyó. Hubo más discusión entre las potencias importantes económicas sobre la legalización del PCE, teniendo en cuenta que en Alemania estaba prohibido y que al Departamento de Estado de EEUU le entra urticaria cuando oye la palabra comunista, pero Santiago Carrillo se lo puso fácil: el pueblo español gozosamente aceptaba la restauración de la monarquía borbónica que con tanto deshonor había expulsado del país en el año 1931. Y con él a toda su camarilla: capital, banca, hombres de negocios como De la Rosa, latifundistas del sur y del oeste que constituyen su corte; comprendía claramente el papel imprescindible que cumplía el Ejército franquista y seguía financiando y adorando a su Iglesia católica.

Inmediatamente era preciso doblegar la columna vertebral del movimiento obrero y hacerle firmar los Pactos de la Moncloa, por los que el capital imponía sus condiciones. Se acabaron las multitudinarias manifestaciones –recordemos la de la SEAT en Barcelona–, las huelgas interminables –recordemos la de Roca en Barcelona–, y las asambleas obreras, y el proletariado se convirtió en servidor sumiso de la patronal. Así el país se asentó como un buen socio de los centros de poder económico internacionales. Cierto que para conseguir tan buen resultado Comisiones Obreras y el PCE colaboraron sumisa y eficazmente, pero tanto unos como otros habían sido advertidos con severidad: o esto o el caos, sucedáneo de la Guerra Civil y de la implantación de una nueva dictadura. Y tal amenaza no debe ser secreto para nadie ya que Carrillo lo ha confesado y ratificado numerosas veces.

Los Pactos llevaron a la rebaja de salarios, al aumento de la explotación de los trabajadores y a la desmovilización de los sindicatos. Pero fueron definitivos para asegurar la tranquilidad laboral que necesitaba el capital. Y todo iba a avanzando como se debía, hasta que Suárez, ensoberbecido y poco lúcido, cada día más convencido de su propio mérito, se creyó que solo él tomaba las decisiones, que era providencial su papel en la transformación española, que realmente había inventado el sistema y la democracia, y llegó el momento de echarlo. Para nadie es un secreto que el rey lo detestaba, que sus antes aliados conspiraban continuamente contra él y que la decisión de dimitir la tomó cuando todos, especialmente el Departamento de Estado de EEUU, le empujaron de malos modos hacia la puerta; como él mismo lo explicó en aquella comparecencia patética en la televisión, que los de mi generación, y varias más, vimos en directo. Porque, tampoco es un secreto, Suárez no era tan partidario de la OTAN como se necesitaba, es Calvo Sotelo, con la secreta alianza del PSOE, el que nos mete; Suárez comenzaba a convertirse en un socialdemócrata inventado por él mismo, que no tenía detrás ningún respaldo ni económico –el CDS que crea está en la miseria– ni político, pues la SPD alemana ya había apostado por el PSOE.

El golpe de Estado del 23-F es un montaje entre todos los poderes: económico, militar, político, con el rey al frente, para advertir a los que iban a gobernar a continuación que no se permitían veleidades como las de Suárez. Y la inmensa manifestación del pueblo en Madrid después del golpe venía a decir: de acuerdo, antes de que nos fusilen al amanecer elegiremos a Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, nos rendiremos al capital y le estaremos eternamente agradecidos al rey que nos ha salvado la vida. No se debe olvidar que esa Transición idílica que nos han contado sumó más de 600 muertos, víctimas una buena parte de los facciosos y organizaciones policiales que nunca fueron ni descubiertos ni castigados.

Entonces, ¿a qué aceptar, desde una postura realmente de izquierdas, que Suárez fue un dirigente político de gran altura, con enormes cualidades para el consenso y los pactos, y que construyó la democracia en España?

Diríase que la izquierda sigue padeciendo el “síndrome de Estocolmo” como tan acertadamente lo definía Carlos París, y presa de la necesidad de ser reconocida como “una fuerza política seria”, no se atreve a gritar de una vez que “el rey va desnudo”. Este miedo se evidencia cuando la exigencia de proclamar la III República está siendo siempre pospuesta por la mayoría de los dirigentes de izquierda a un tiempo futuro e indeterminado, que les tranquilice.

LIDIA FALCÓN O’NEILL.  Licenciada en Derecho, en Arte Dramático y Periodismo y Doctora en Filosofía. Nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Wooster, Ohio. Es fundadora de las revistas Vindicación Feminista, y Poder y Libertad, que actualmente dirige.

http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2014/03/28/victimas-de-un-enorme-engano/