La militarización en América Latina de la policía especialmente, ha jugado, en algunos países, un papel importante en la política de los Estados con el objetivo de controlar a la población como de reprimir a los movimientos sociales que luchan por sus reivindicaciones. Sigue en el ADN de la fuerza pública la Doctrina de la Seguridad Nacional.
En ese sentido el tema de la seguridad pública se ha convertido en una excusa para que muchos gobiernos restrinjan nuestros derechos y permitan el abuso policial y judicial contra la población con la justificación de resguardar el «orden público» o de combatir el crimen organizado.
Así mismo se incrementan los recursos públicos para los ejércitos y las policías. Se les da más armamento y más equipamiento “antidisturbios”. En contraste, no hay recursos suficientes para financiar las necesidades más urgentes de nuestros pueblos.
A la par, se aprueban leyes que protegen más a la fuerza pública y en los pocos casos de violencia policial o militar que logran llegar a la justicia, en la mayoría de los casos se les da impunidad o condenas irrisorias. Si bien la cantidad de casos no son comparables a los de la época de las dictaduras militares igualmente son violaciones graves a los derechos humanos.
A todo lo anterior, en las últimas décadas, en muchos de nuestros países, han surgido grupos paramilitares o del crimen organizado que realizan control territorial y que imponen el miedo y el sometimiento de la población al amparo del sistema estatal que, curiosamente, no los puede desarticular.
Como es obvio, se siguen desarrollando, en la gran mayoría de los países del continente, ejercicios militares conjuntos con el ejército de los Estados Unidos. A pesar que existan gobiernos progresistas no es fácil cortar las amarras con la potencia del norte por la presión y poder que tiene este, por el poder que mantienen las FFAA y policiales, en la gran mayoría de nuestros países; por la presión de las grandes Corporaciones que exigen estándares de seguridad de sus “inversiones”; y por las oligarquías nacionales; el poder profundo.
Miremos la foto de lo qué pasa en algunos de nuestros países del continente:
En El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, se han incrementado las violaciones a los derechos humanos por parte de las policías y de los militares: detenciones arbitrarias, detenciones forzadas, torturas, faltas al debido proceso y el desmantelamiento de la independencia del poder judicial.
La cifra de detenidos, bajo el régimen de estado de excepción, ya supera las 71.770 personas, más del 1% del total de la población. Quienes son detenidos no tienen las garantías de un debido proceso o de un juicio justo y rápido.
De estos, a marzo de este año, Cristosal ha documentado la muerte de 153 reos bajo custodia del Estado.
Noah Bullock, director de Cristosal, ha dicho que “Da mucha tristeza ver que el Estado ha recurrido nuevamente a las detenciones arbitrarias y torturas en nombre de la seguridad nacional”.
Todo esto sucede en El Salvador donde funciona la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en Inglés) del gobierno de los Estados Unidos, donde se forman policías, fiscales y jueces, y que según su misión busca hacer “hincapié en la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho”.
En El Salvador tienen a su mejor aprendiz: Bukele irá como candidato a las nuevas elecciones presidenciales pese a que la Constitución de El Salvador impide la reelección consecutiva.
En México, los zapatistas, en los últimos tiempos, han salido nuevamente a las calles al grito de «alto a la guerra» contra sus comunidades. Piden el cese en la escalada de violencia fomentada por paramilitares, el narco y el mismo Ejército.
Es sabido que los grupos narcotraficantes en México controlan diversos territorios sembrando el miedo y la violencia. Una de las medidas que ha tomado el gobierno mexicano ha sido demandar a los fabricantes de armas de los EEUU y ha pedido al gobierno estadounidense que frene el tráfico de armas ya que las armas de EEUU, en muchos de nuestros países, terminan en manos del crimen organizado.
Recientemente el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, ha comenzado una campaña en apoyo y solidaridad con “las más de 110,000 víctimas de desaparición forzada en México” y “los más de 196.000 migrantes deportados el año pasado” de EEUU los “que están sujetos a criminalización, vulnerabilidad, brutalidad policial y otras formas de violencia organizada”.
A 9 años del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sigue desaparecida hasta la misma verdad para sus familiares.
“La información faltante en estos momentos es la que tiene el Ejército Mexicano, y es una información clasificada, una información sumamente relevante porque ellos dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida (de Ayotzinapa) y durante los hechos”, ha señalado Vidulfo Rosales Sierra abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
De acuerdo al diario La Jornada, en octubre del año pasado, militares de México y de Estados Unidos realizaron el ejercicio militar «Fuerzas Amigas 2022».
En Chile, la policía sigue reprimiendo la protesta social. Así pasó en las manifestaciones por los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende y en la marcha de las comunidades mapuche, el 10 de octubre pasado, sin existir nada que lo justificara al reprimir a manifestantes que se expresaban pacíficamente.
Al sur de Chile, en la zona mapuche, se siguen aplicando estados de excepción donde los militares en conjunto con la policía pueden reprimir las acciones de los grupos mapuches que siguen reivindicando los derechos a su tierra y luchando contra las empresas forestales. Por lo mismo, en las cárceles, hay presos políticos mapuche. Vale agregar que también siguen existiendo presos políticos chilenos.
Este 2023 se han realizado al menos dos ejercicios militares conjuntos con el Comando Sur del Ejército de los EEUU que, como sabemos, ha fomentado la doctrina de la contrainsurgencia y cuyo ejército ha sido acusado de cometer crímenes de guerra en varios países donde ha intervenido.
En Perú, pese a las intensas protestas y al asesinato de más de 67 personas y miles de heridos, sigue el gobierno de facto de Dina Boluarte sin llamar a elecciones libres.
En Perú hay tropas estadounidenses operando en el mismo país y lo que más llama la atención es que hay 3 instalaciones militares de EEUU, en Lima, Iquitos y Puerto Maldonado, llamada NAMRU-6, estudiando las enfermedades infecciosas de la población.
Nos preguntamos: ¿Están preparándose para una invasión futura a nuestros países del sur? ¿Están tomando las medidas necesarias de seguridad, en sus investigaciones, para que no haya una propagación de virus infecciosos o pandemia?
En Guatemala, las comunidades indígenas han estado movilizadas demandando la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y de otras autoridades quienes han realizado maniobras jurídicas para evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tomé posesión del cargo en enero próximo. Arévalo, ya ha hablado de la posibilidad de un golpe de Estado que le impida asumir la presidencia de Guatemala.
Sigue la criminalización a la protesta social. Por lo mismo, varias organizaciones han expresado “su preocupación ante la evidente intención del Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad de impedir, una vez más, el derecho a la protesta pacífica de las personas guatemaltecas”.
También Guatemala, junto a El Salvador y Honduras realizaron, en marzo pasado, ejercicios militares junto a los EEUU: “Guardián de Centroamérica”.
En Haití, la situación sigue siendo muy grave. Recientemente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha autorizado el despliegue de una nueva misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití.
Nueva, digo, porque ya estuvieron en Haití, del 2004 al 2017, con el despliegue de la MINUSTAH, y nada mejoró para su población.
En una declaración firmada por organizaciones sociales de América Latina y El Caribe se ha señalado, entre otras cuestiones, que:
“La MINUSTAH ha sido responsable de masacres, fraudes electorales, saqueo de recursos, abusos sexuales y niñas y niños abandonados, introducción de la epidemia de cólera, y otros hechos de gravedad similar. Ni la ONU ni ninguno de los países participantes ha asumido ninguna reparación por los más de 30.000 muertos ni demás daños y damnificados”.
“El pueblo haitiano a través de sus organizaciones sociales, políticas y humanitarias se ha expresado claramente en contra de cualquier ocupación y contra cualquier elección controlada bajo ocupación”.
Finalmente, sobre Haití recordar que entre los asesinos del presidente Jovenel Moïse figuraban siete colombianos que fueron entrenados militarmente por los Estados Unidos, el mismo país que también ha entrenado a la policía haitiana acusada de abusos y violencia. El mismo país que el 2004 orquestó un golpe de Estado y donde un comando de Fuerzas Especiales estadounidenses, con el apoyo de Francia, secuestró al presidente Jean-Bertrand Aristide siendo depuesto de su cargo legítimo.
¿Qué necesita Haití? Respeto al derecho de autodeterminación. No necesita más militarización sino apoyo internacional para reconstruirse social y económicamente luego de tantos años de tragedias, intervenciones y saqueos.
En Colombia, hasta fin de octubre de este 2023, han asesinado a 37 firmantes de los Acuerdos de Paz y en total, desde el 2016, a 401 personas que abandonaron la lucha guerrillera. Al 12 de noviembre, de acuerdo a INDEPAZ, 142 líderes sociales han sido asesinados este año.
El gobierno dirigido por el presidente Gustavo Petro sigue sus esfuerzos para avanzar hacia una paz total con las organizaciones insurgentes. Entre otros, se creó la oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia.
En octubre, en un acto de reconocimiento por colombianos asesinados por el ejército, registrados entre los años 2002 y 2008, el Ministro de Defensa Iván Velásquez expresó que “Estamos empeñados en una transformación de la Fuerza Pública, es decir de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, ellas tienen que privilegiar la vida sobre la muerte, la vida de toda la población”.
Sin embargo, durante el mandato del presidente Gustavo Petro, la relación militar de Colombia con EEUU se ha mantenido. Vale anotar que la Comisión de la Verdad de Colombia recomendó revisar las políticas de defensa, de seguridad, y de “cooperación” militar que se mantienen con los EEUU tras el objetivo de tener “una política nacional de defensa propia a favor de la paz y el respeto de los derechos humanos”.
Entre 2022 y 2023 se han realizado ejercicios militares entre Colombia y EEUU en el mar caribe; entrenamiento en operaciones aéreas; y entrenamientos militares conjuntos.
También, en marzo pasado, estuvo en Colombia, en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, una delegación del Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) encabezada por su comandante Michael Rogowski.
“Durante la visita, se llevaron a cabo diversas actividades, incluyendo conferencias, talleres y ejercicios prácticos, en los cuales se analizaron estrategias y tácticas militares actuales”, señaló el ejército colombiano.
WHINSEC es uno de los tantos institutos militares de EEUU donde soldados latinoamericanos reciben entrenamiento. Antes de llamarse así, en el mismo lugar, con los mismos instructores, se conocía como la Escuela de las Américas donde se graduaron importantes dictadores y violadores de los derechos humanos.
Es importante recordar que durante los años noventa se realizaron multitudinarias movilizaciones en los EEUU, en el frontis del ex Fuerte Benning, lideradas por el movimiento de la SOA Watch y por el ex sacerdote Roy Bourgeois, demandando el cierre de la “Escuela de Asesinos”. También en el Congreso estadounidense, se estuvo a muy pocos votos de cerrar la Escuela de las Américas. Todo lo anterior llevó a que, el 17 de enero de 2001, la Escuela de las Américas cambiara de nombre y pasará a llamarse WHINSEC para seguir haciendo lo mismo el adoctrinamiento de los ejércitos de América Latina.
En WHINSEC, se siguen entrenando tropas de Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú, entre otros.
En julio pasado, en EEUU, en Fort Moore, en la Ceremonia de las Banderas, donde se recibió en WHINSEC a la promoción de 2024 del Curso de Oficiales de Comando y Estado Mayor, el coronel Michael Rogowski, comandante de WHINSEC, expresó con mucha sinceridad las intenciones de los EEUU:
“Sí, están aquí para aprender la doctrina del Ejército… pero creo que es esencial comprender la cultura y los valores de Estados Unidos y cómo funcionan los ejércitos democráticos”.
“Parte de la razón por la que estamos aquí es para asegurarnos de que la gente se lo pase bien, lo disfrute y lo recuerde siempre con cariño”, agregando, «De modo que, en algún momento en el futuro, si necesitamos trabajar juntos, tengamos un socio confiable y un amigo confiable».
Las venas abiertas de América Latina y la buena memoria de quienes han padecido el terrorismo de Estado recordarán por siempre lo que hicieron los graduados de la Escuela de las Américas, los manuales con los que enseñaban, y todo lo que ha hecho el “ejército democrático” de los EEUU el que ahora, bajo la presidencia de Joe Biden, apoya y envía armas al Estado de Israel el que está siendo acusado de genocidio contra la población palestina y de cometer crímenes de guerra.
Pablo Ruiz. Periodista y parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile.
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