Ayer, sábado 28 de septiembre, se ha comenzado el traslado de los documentos albergados en la sede del Archivo General de Nación que permanecían en los sótanos del Palacio de Justicia desde la construcción del edificio. Al menos ciento noventa cajas de protocolos notariales y alrededor de doscientas cajas del archivo republicano fueron recubiertas con plástico para que un notario, traído especialmente desde Puente Piedra, dejara constancia que cada uno de esos embalajes tenía un precinto con un código de barras (a eso asegura él que se limitó su trabajo). ¿Qué contienen esas cajas? ¿Qué nivel de inventario se maneja? ¿Existe un catálogo detallado? Ignoramos todo al respecto.
A pesar de haber pasado dos días enteros con mi colega y amiga Magally Alegre Henderson, jefa del Archivo Riva Agüero, sentadas en las escaleras de la entrada que dan acceso al susodicho archivo, ¡literalmente poniendo el cuerpo! y de los infames desmentidos del área de comunicación del AGN, no hubo nada que pudiéramos hacer para impedir el inopinado traslado. Si bien no fue posible evitarlo, documentamos e informamos minuto a minuto sobre lo que estaba pasando. Esto no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de los trabajadores sindicalizados del AGN, que únicamente pueden participar de este tipo de iniciativas porque son nombrados por sus sindicatos y cuentan con la protección de estos. La labor fue en todo momento compartida y recabamos una considerable cantidad de información que luego fuimos pasando a todas las instancias necesarias.
Hans Cuadros, el abogado que —junto con la presidenta de la Academia Nacional de la Historia y varios colegas— ha presentado en el Primer Juzgado Constitucional de Lima un Recurso de Amparo y la Medida Cautelar para detener el traslado, estuvo también presente junto a varios de sus estudiantes, los cuales nos ayudaron a documentar el proceso. El jueves en la mañana vimos cómo el jefe institucional, Sr. Ricardo Moreau, sacaba una caja del PJ que no quedaba claro qué contenía; y cómo a las 2 PM se hizo presente el mencionado notario, con quien hablamos y que nos dio los alcances de lo que había hecho. Presenciamos asimismo cómo el viernes por la mañana llegaban los estibadores, a bordo de una camioneta de una empresa de mudanzas, para recibir una capacitación; hablamos con el comisario de la Estación de Policía de al frente de la puerta del archivo, quien confirmó que desde el martes había un pedido del AGN que solicitaba el contar con resguardo policial para el traslado. Y, finalmente, a las 7:30 AM del sábado llegaron dos camiones de mudanza y se llevaron aproximadamente unas cuatrocientas cajas.
Ya estaba todo consumado. Y ello a pesar de que el miércoles nos habíamos reunido con el secretario general del Ministerio de Cultura, el Gabinete de Asesores del ministro y la entonces viceministra de Patrimonio,y todos nos aseguraron en dicho encuentro que el traslado se hallaba aún en discusión, ya que no se habían subsanado las observaciones efectuadas en los tres informes de Contraloría. Esa noche, tras el plantón público que convocamos en la explanada del Ministerio, nos habían dejado muy en claro que, de momento, el peligro de traslado no era inminente. Esa misma tarde, durante el plantón, fue admitido el Recurso de Amparo y establecido el 11 de Diciembre como la fecha en que habría de resolverse. Si bien muchos pensaron que las referidas acciones serían suficientes para detener el irregular movimiento, nosotros sabíamos que solo la Medida Cautelar lo detendría y esta no llegaría antes del fin de semana.
Con la ciudad absolutamente en ascuas por el paro de transportistas decretado para el jueves, con los congresistas lejos del Palacio Legislativo —ya que se encontraban en su semana de representación— y con el ministro de Cultura atendiendo los incendios al interior del país, no había más posibilidad que acudir a la prensa con los reclamos sobre lo sucedido. Recibimos mucho apoyo de los medios de comunicación y de numerosos periodistas que se han preocupado por lo acontecido y nos han ayudado a difundir nuestra denuncia pública en medios tradicionales y redes sociales. Pero nada detuvo el plan de traslado y, para más infamia, cada vez que reportábamos lo que estaba sucediendo, la oficina de prensa del AGN nos acusaba de difundir noticias falsas, negando en todo momento lo evidente: que se estuviera planeando ejecutar el traslado.
En ningún momento se nos ofreció la oportunidad de hablar con nadie relacionado con el Archivo que no fueran los trabajadores sindicalizados. Mientras tanto, en el Ministerio de Cultura se tomaron solo dos medidas: el 25 de septiembre se nombró a la jefa del Gabinete de Asesores y el 26 se creó el Grupo de Trabajo para la evaluación de los procesos críticos del Archivo General de la Nación. Según la definición de la norma, los grupos de trabajo son “órganos colegiados sin personería jurídica ni administración propia, que se crean para cumplir funciones distintas a las de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos”, conformados por representantes de áreas diversas del ministerio. Presidido por Jhon Zapata Ramos, el secretario general del Ministerio con quien hablamos el miércoles, resulta llamativo que este Grupo de Trabajo no cuente con una representación del AGN. En su primer informe de la reunión sostenida el 27 de septiembre, se acordó presentar informes durante su próxima reunión, el martes primero de octubre.
Esperamos ver qué consecuencias tendrán estos actos, durante los cuales se evaluará la nada transparente gestión del Sr. Moreau. Entretanto, nos preguntamos si acaso se seguirá con este irregular traslado, a pesar de que el ministro y su equipo habían asegurado frente a la Comisión de Cultura del Congreso que no se movería ni un legajo del Archivo hasta que las garantías y las condiciones idóneas estuviesen dadas. El próximo lunes a primera hora nos apersonaremos en el despacho del juez y veremos lo que opina sobre la dudosa legalidad de esta acción. Y ese mismo día estaremos con los congresistas que nos apoyan haciendo las preguntas del caso. ¿Dónde estuvo el Sr. Moreau todo el viernes 27? ¿Por qué sacó 700 soles del Archivo, supuestamente para cubrir una reunión de directorio que las actas indican no se llevó a cabo? ¿Por qué, después de múltiples negativas de que se estuviera iniciando el traslado, este se puso en marcha sin que haya evidencia todavía de un contrato de transporte, un seguro integral —que en la jerga gremial se denomina de ‘clavo a clavo’— y un comisario del Ministerio de Cultura?
El miércoles por la noche, en el transcurso del plantón, una señora que vino a vender café me comentó: “Si hasta yo entiendo que es una muy mala idea mover esos papeles a un local industrial al Callao, ¿cómo es posible que se siga haciendo?”.
Señora, todos nos preguntamos lo mismo.
https://jugo.pe/cronica-de-un-traslado-anunciado/
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