COP28: El sultán, el crudo y el clima al desnudo

Eduardo Gudynas

Era inevitable que las contradicciones estallaran, era solo cuestión de tiempo para que el presidente quedara expuesto. Finalmente ocurrió cuando, hace pocos días atrás, se divulgó el registro de un encuentro que tuvo lugar a fines de noviembre. El presidente en este caso es un sultán, y su tarea era dirigir la cumbre sobre el cambio climático en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), con la participación de casi 200 países.

El encuentro estuvo enmarcado en la convención de las Naciones Unidas y su objetivo era evitar que siga aumentando la temperatura promedio global y los desarreglos climáticos que eso acarrea. La ciencia contemporánea sostiene que la principal causa son las emisiones de gases, tales como el dióxido de carbono o el metano, que provienen, en primer lugar de la quema de combustibles fósiles tales como los hidrocarburos y el carbón, y en segundo lugar por aquellos originados en la deforestación o ciertas prácticas agropecuarias.

La situación no ha dejado de agravarse. Desde hace años se intenta que la mencionada cumbre acuerde medidas inmediatas para reducir drásticamente las emisiones de esos gases para evitar un colapso ecológico generalizado. Se requieren planes para rápidamente despetrolizar y descarbonizar las economías nacionales. Esa es la tarea del presidente de esa cumbre, el sultán Ahmed Al Jaber.

Entonces estalló el escándalo: al contrario de aquel mandato, el sultán sostuvo que no existiría una base científica que fundamentara la necesidad de una reducción progresiva de la combustibles fósiles para evitar que la temperatura media siga subiendo y cruzara el umbral de 1.5 grados, y con un tono que parecería de irritación, agregó que si eso se intentara, haría que el mundo “retrocediera a las cavernas”.

Son posturas que desconocen la información científica de las Naciones Unidas, e incluso los pedidos de su secretario general, António Guterres quien acababa de decir a los delegados en Dubai que no se podía “salvar a un planeta en llamas con una manguera de combustibles fósiles”.

El CEO petrolero

Casi todos esperaban que algo así ocurriera, no solamente porque Emiratos Árabes Unidos es un país esencialmente petrolero, sino porque además el Sultán Al Jaber es Ministro de Industria y Tecnologías Avanzadas, y director ejecutivo (CEO) de la petrolera estatal de esa nación (Compañía Nacional Petrolera de Abu Dhabi, ADNOC por sus siglas en inglés), una enorme corporación que ostenta el octavo puesto en el ranking de las marcas petroleras más valorizadas del mundo. Mientras se pide que los países alcancen rápidamente un balance neto que sea cero en las emisiones de carbono, ADNOC, la corporación que timonea el sultán, camina en el sentido contrario. Su plan de expansión de expansión petrolera es uno de los cinco más grandes del mundo, lo que la convertiría en la petrolera con el más alto exceso de oferta de petróleo y gas a nivel global.

Los dichos de Al Jaber desencadenaron una catarata de reacciones y denuncias en todo el mundo, obligándole a ofrecer una conferencia de prensa para explicarse. Allí insistió en que creía en la ciencia pero no resolvió la contradicción esencial que dejó expuesta. El país anfitrión de una cumbre climática y la institucionalidad multilateral aceptaron tener a un ejecutivo petrolero guiando las negociaciones de una convención que debería reducir la explotación y quema de hidrocarburos. Sus declaraciones además apelaron a dos conocidos argumentos: por un lado, lanzar dudas o condicionantes sobre los aportes científicos, y por el otro, sembrar el miedo de que cualquier restricción implicaría caer en el primitivismo.

Negacionismo y subsidios

Nada de eso es novedoso, sino que es propio del llamado negacionismo, considerando que el saber científico no ofrece las pruebas (suficientes o adecuadas) sobre un real cambio en el clima, o que éste se deba a quemar petróleos, gas o carbón. Esa posición casi siempre agrega que intentar una descarbonización sería un fracaso económico, una involución intolerable, un regreso a una edad de piedra.

Esos y otros argumentos carecen de fundamento. Existe una copiosa evidencia científica sobre un cambio en la temperatura global en progreso y sobre sus consecuencias en el clima planetario y regional. En este año 2023 se vienen quebrando records de anomalías climáticas de todo tipo, y ya en el pasado noviembre la temperatura global promediada estuvo dos grados centígrados por encima de las referencias que corresponden a 1850-1900 (antes del uso masivo de combustibles fósiles).

Todo eso se articula con otros problemas, tales como las aguas océanicas más acidas o la extinción de especies, lo que nos lleva hacia crisis ecológicas planetarias.

También existen muchas pruebas que muestran que el sector petrolero no genera la riqueza que proclama, sino que está ocurriendo lo inverso, ya que los gobiernos y las sociedades lo financian. El FMI estima que los subsidios a los combustibles fósiles totalizaron 7 millones de millones de dólares en 2022, o sea, unos 800 millones de dólares por hora –una cifra apabullante. En esas transferencias, casi un 20% es en dinero pero un 60 % son externalidades con costos transferidos por contaminación o cambio climático.

Estas y otras evidencias se difunden públicamente lo que lleva a fuertes presiones sobre las empresas petroleras y mineras, calificadas ahora como “grandes contaminadoras”. Al mismo tiempo está cambiando el humor ciudadano, especialmente en los países industrializados, donde se interpretan las olas de calor, inundaciones o sequías como vinculadas al desarreglo climático, lo que lleva a demandar acciones gubernamentales más enérgicas.

Exhibiendo el enfrentamiento

Cada vez más acarralados y estigmatizados, los actores empresariales y gubernamentales parecería que decidieron redoblar sus defensas. Cobijaron a uno de los suyos, a un CEO de una corporación petrolera, al mando de esas negociaciones ambientales, y en tanto la empresa es estatal y del sur, se hace difícil denunciar un imperialismo.

Al mismo tiempo, las empresas petroleras desembarcaron en Dubai con un número record de delegados. Fueron más de 2 400 representantes de empresas o de sus asociaciones, lo que superó por mucho a la suma de todos los delegados de los diez países más vulnerables por el cambio climático (que totalizan 1509 enviados). Ese lobby empresarial incluso es más numeroso que las delegaciones de cualquier otra nación, excepto Brasil y Emiratos Árabes Unidos.

Las petroleras además de tener así sus propias voces, también actúan a través de los gobiernos. No debe olvidarse que entre las más grandes corporaciones, la mitad corresponden a empresas estatales, nacionales o mixtas (como PetroChina o Petrobras), por lo cual los gobiernos también las protegen.

Otro recurso consiste en emplear el mismo vocabulario que aparece en las demandas de la sociedad civil. El llamado a transiciones “justas” es ahora utilizado por los gobiernos, las empresas e incluso el Sultán Al Jaber cuando intentó defenderse. Esto obliga a que las organizaciones ciudadanas deban tener muy en claro que slogans como “transiciones justas” pueden ser provechosos, pero son insuficientes, siendo indispensable explicar las diferencias de sus propuestas con aquellas de corporaciones o gobiernos.

Los países latinoamericanos no escapan a las tensiones entre la obsesión petrolera y las demandas ambientales. Un extremo es Nicolás Maduro, que mientras el reclamo global es dependen menos del petróleo, él parece dispuesto a que Venezuela invada a la vecina Guyana para poder explotar más hidrocarburos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene los discursos más originales sobre descarbonización, y los repitió en Dubai, pero la empresa estatal EcoPetrol tiene un programa de inversión de 6,7 millones de dólares y sumar 360 nuevas perforaciones y 15 exploraciones.

Lula da Silva, de Brasil, repitió sus retóricas ambientales y cuestionó a los países del norte, mientras que al mismo tiempo se conocieron dos acciones controversiales. En una, el país decide sumarse al cartel petrolero OPEP-plus, y en la otra, Petrobras anunció una “revitalización” por 102 mil millones de dólares, y sigue presionando por la exploración petrolera en la desembocadura del Río Amazonas.

Como puede verse, los negocios petroleros prevalecen sobre las sensibilidades ecológicas.

Algo similar ocurre en el flanco agropecuario, desde donde también se generan gases invernadero (especialmente metano). Las empresas de agronegocios también actuaron, y recientemente se denunció que incidieron sobre las evaluaciones de emisiones de gases realizadas por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Estas situaciones responden a una confrontación, ahora más intensa y más visible, con los actores empresariales ahora defendiéndose a la vista de todos. Un enfrentamiento entre los obsesionados con los negocios petroleros propios de economías seniles, y la urgencia por evitar un colapso climático que a su vez, inmediatamente también será una crisis económica, política y social.

https://www.noticiasser.pe/el-sultan-el-crudo-y-el-clima-al-desnudo

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El agotamiento del desarrollo: la confesión de la CEPAL

Eduardo Gudynas

Lo que puede ser interpretado como la confesión de una derrota que afecta a toda América Latina, ha pasado casi desapercibida. Se acaba de admitir que todas las estrategias de desarrollo implementadas en la región están agotadas. No sólo eso, sino que además se fracasó en todas ellas. Esa es la confesión de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

A pesar de la gravedad de la declaración, no reaccionaron ni los gobiernos, ni la prensa, ni los actores ciudadanos directamente vinculados a la temática del desarrollo. Es más, la secretaria de CEPAL, Alicia Bárcena, avanzó más afirmando que el extractivismo, o sea la exportación de materias primas, es el que está agotado porque “concentra riqueza en pocas manos y apenas tiene innovación tecnológica” (1).

Estamos ante la confesión de la máxima autoridad del organismo económico más importante del continente, el que por un lado tendría que haber contribuido a evitar ese fracaso, y por el otro, haber asegurado el camino hacia lo que ellos conciben como un desarrollo virtuoso que reduce la pobreza y la desigualdad. Reconocer que nada de eso ha sucedido es admitir que la CEPAL no tenía estrategias realmente efectivas para ese propósito, o si se asume que sus propuestas eran las adecuadas, entonces los gobiernos serían los culpables por no haberlas seguido. Cualquiera de las dos posibilidades tienen muy graves connotaciones.

La admisión del fracaso

Resulta sorprendente que semejante confesión pasara desapercibida. Habría que preguntarse si la secretaria ejecutiva de la CEPAL reconoce eso en público porque ya todos los saben, y como muchos que son responsables de un modo u otro, nadie se ofenderá ni exigirá asumir las responsabilidades por ese fracaso. Es que hay un aire de fatalismo creciente en el continente que se siente en estas y otras situaciones que hacen a las estrategias de desarrollo.

Esto contrasta con el entusiasmo con que se discutía sobre desarrollo en el pasado reciente, tanto por políticos como académicos y militantes. Desde inicios de los años 2000 proliferaron en América Latina todo tipo de ensayos sobre otros modos de organizar el desarrollo, incluyendo cambios en el papel del Estado, la regulación de los mercados y las políticas públicas. Aquel ímpetu estuvo directamente asociado con los gobiernos progresistas, y a medida que éstos languidecieron, las expectativas con sus versiones del desarrollismo también menguaron.

A lo largo de ese período, la CEPAL navegó bajo distintas tensiones y ambigüedades frente a los ensayos desarrollistas del siglo XXI. Nunca fue una promotora entusiasta de algunas de sus versiones, coma la bolivariana, pero de todos modos contribuyó a legitimar los modos más moderados, como el de Brasil bajo Lula da Silva. No abandonó sus propias propuestas, como las que en los años noventa postulaban la “transformación productiva” o la inserción en la globalización comercial. Más allá de los énfasis, la CEPAL se mantuvo fiel al credo del crecimiento económico como motor indispensable del desarrollo, y ponía su esperanza en ciertas regulaciones para educir la pobreza y la desigualdad.

Crecimiento económico y extractivismos

Asegurada la adhesión al crecimiento económico, se hacen concesiones que no lo pongan en riesgo. En ello está el origen de la aceptación de los extractivismos.

En efecto, la CEPAL apoyó el concubinato de los extractivismos con todo tipo de planes y estrategias de desarrollo, conservador o progresista, enfocándose sobre todo en que se mejorara la gestión tecnológica (que fueran más limpios), se aumentara el dinero recaudado (que resultaran económicamente más beneficiosos), y que se apaciguara la protesta ciudadana (que fueran menos conflictivos). Toleró los extractivismos a pesar que ello iba en contra de la temprana prédica cepalina que cuestionaba un desarrollo basado en exportar materias primas. Lo hizo porque esperaba que permitiera acumular capital que de alguna manera sirviera a cambios estructurales y a reducir la desigualdad. Como consecuencia, la CEPAL nunca fue una voz enérgica en denunciar las severas consecuencias negativas.

Por ello, es tremendamente llamativo que ahora, en 2020, se reconozca que los extractivismos concentran la riqueza, apenas tienen innovación tecnológica y son parte de ese desarrollo que fracasó. Todo eso es lo que han dicho las organizaciones ciudadanas, unos cuantos políticos y un puñado de académicos, desde hace más de una década, sin ser reconocidos por la CEPAL.

Por el contrario, la comisión contribuyó a un nacionalismo de los recursos naturales, que sobre todo desde el discurso progresista insistía, en las exportaciones de materias primas para asegurar el crecimiento económico, y desde allí desplegar planes sociales. La discusión se centró, por ejemplo, en la recaudación fiscal sobre los extractivismos y no en el tipo de desarrollo que éstos implicaban.  No se entendió que ese modo de apropiación de recursos naturales tienen impactos locales de todo tipo, pero que además generan o refuerzan condiciones que impiden una diversificación productiva.

Como ya se adelantó, esta situación es llamativa porque esa adhesión a los extractivismos en cierto modo contradice la prédica inicial de la CEPAL a favor de la industrialización y la autonomía comercial. Recordemos que el mandato fundacional de la comisión, en 1948, entre otros elementos incluía la búsqueda de soluciones a los que en aquellos años se denominaba como desajuste de la economía mundial, y que seguidamente, bajo la dirección de Raúl Prebisch en la década de 1950 y parte de 1960, se volcó a defender una industrialización, la revisión de los términos de intercambio, e incluso un mercado común continental. No es que estuvieran en contra de grandes emprendimientos mineros o petroleros, sino que consideraban como condición de atraso que éstos sirvieran únicamente al papel de proveedores de materias primas hacia el mercado internacional. Los extractivismos, en cambio, debilitan las opciones para una industrialización y a la vez imponen subordinaciones en el comercio externo, ya que deben aceptarse todas sus reglas si se quieren seguir exportando materias primas.

Cambio de rumbo y vuelco estructural

Con el paso del tiempo, la CEPAL poco a poco se apartó de aquellos propósitos para atender otras prioridades en el desarrollo. Por ejemplo, las propuestas cepalinas de la década de 1990 de una “transformación productiva con equidad” sumó un abanico tan enorme de metas, que varias de ellas terminaron siendo contradictorias entre sí (2). Por ejemplo, su adhesión a la globalización entorpecía su propuesta de industrialización, mientras que la insistencia en el crecimiento económico hacía imposible una sustentabilidad real. El “regionalismo abierto” de la CEPAL insistió en la inserción comercial globalizada de una manera que en realidad no alentaba una integración dentro del continente que articulara estrategias productivas (3). Los estilos de desarrollo convencionales, y dentro de ellos, los extractivismos, operaron todos esos años para evitar cualquier alternativa que los pusiera en riesgo, y las propuestas cepalinas nunca tuvieron un contenido teórico ni un apoyo político que permitiera atacar esos obstáculos.

Más recientemente parecería que la CEPAL se recuesta más sobre el debate global acerca del desarrollo, como el que ejemplifica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin duda, nadie puede estar en contra de perseguir algunas de las metas en esas plataformas, como asegurar el agua potable o el saneamiento, pero esos esquemas no suplantan ni resuelven las especificidades latinoamericanas.

Entonces no puede sorprender que la CEPAL tenga muchas dificultades en lidiar con la coyuntura actual y se sienta más cómoda en el pasado reciente. Se lanzan múltiples estudios sobre asuntos muy actuales, como el impacto de China en el continente, pero a la vez se sigue apuntando al neoliberalismo de las décadas de 1980 y 1990 como explicación de los problemas de hoy. Es así que cuando Bárcena admite que América Latina perdió las opciones de industrializarse, de promover la innovación y de reducir la brecha de desigualdad (otra confesión demoledora), lo explica culpando al neoliberalismo, que a su vez refiere a Milton Friedman y el Consenso de Washington.

Culpar al neoliberalismo logra captar adhesiones. Pero siendo riguroso, en esa respuesta es como si se abordara una máquina del tiempo para volver atrás, insertándose en la discusión de aquellos años que sin dudas es distinta de la actual. Por cierto, los creyentes en el Consenso de Washington tienen muchas responsabilidades, y varias llegan a día de hoy, pero no puede olvidarse que en siglo XXI la región pasó por una fase de fenomenal crecimiento económico y en varios países se desmontaron unas cuantas de aquellas reformas de mercado. En ese tipo de explicaciones se desvanece la variedad de regímenes políticos que se sucedieron en el continente, cada uno con su ensayo sobre el desarrollo, desde Néstor Kirchner en Argentina a Juan Manuel Santos en Colombia, o desde Hugo Chávez en Venezuela a la reciente irrupción de la extrema derecha en Brasil. Cualquier análisis del desarrollo actual requiere analizar estas circunstancias latinoamericanas.

Del mismo modo, no está nada claro si realmente se entienden todas las implicancias que tiene confesar el agotamiento del programa extractivista en particular y del desarrollo en general. Es que Bárcena afirma que hace falta una “vuelta estructural del modelo” para revertir ese agotamiento. Ese es otro propósito compartible, pero la duda está en qué entienden por “estructural” y por cambio en la CEPAL. Una reversión en las estructuras que resultan en las exportaciones de materias primas implicaría, por un lado una desvinculación selectiva de la globalización, y por el otro una integración regional dentro de América Latina aunque bajo otras premisas en organizar la industrialización. Dicho de un modo muy esquemático, y que reconozco simple y con errores, lo que se debería buscar es abandonar la obsesión y el festejo de vender materias primas sea a Estados Unidos o China, para recolectar dólares para importar manufacturas. Abandonar esa dependencia exige una postura muy distinta frente a la globalización, a los mercados globales y a su institucionalidad, como los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. También implica rediseñar sectores manufactureros, no sólo para decidir qué tipo de bienes deben producirse, sino también cómo se compartirán las cadenas de industrialización entre varios países, o sea, una integración con políticas comunes industriales. Sin embargo, la CEPAL no avanzó decididamente en ese tipo de cuestionamientos y alternativas, y por ello no está claro cuán estructural es el cambio que pregonan. Las posturas de la comisión ante temas muy recientes, como la reforma del sector petrolero en México, abonan todas estas dudas.

Se podría argumentar que la CEPAL ya no debe meterse en esos terrenos, y aunque lo hiciera, los gobiernos en estos años ya no acuden a la comisión como en el pasado en tanto han fortalecido sus propias unidades en temas de desarrollo. A su vez, la CEPAL actual se parece cada vez más a un think tank o a una consultora que presenta sucesivos reportes e informes.
 
Los fantasmas de Prebisch

¿Qué dirían los fantasmas de Prebisch y sus compañeros de aquella CEPAL si escucharan que hoy se reconoce que todas las opciones de desarrollo fracasaron? ¿Qué sentirían al constatar que las materias primas siguen siendo los principales rubros de exportación de América Latina? ¿Cómo reaccionarían al observar la sucesión de planes de industrialización que no llegan a consolidarse?

Estas y otras interrogantes están vigentes porque la mirada de aquel estructuralismo inicial y los debates sobre el desarrollo de cuño prebischiano siempre criticaron la dependencia en exportar materias primas propia de los extractivismos. Una y otra vez intentaban apartarse de esa adicción.

No puede negarse que la situación actual de América Latina es muy distinta a la de 1948, cuando se creó la CEPAL. Por lo tanto es comprensible que las propuestas actuales difieran de las de aquellos años. Del mismo modo, las ideas de Prebisch de aquel tiempo, enfocadas en un “desarrollo hacia adentro”, no pueden ser trasladadas a la actualidad como un todo, aunque muchos de sus aportes siguen vigentes, y varios de los que fueron desechados merecerían ser resucitados. Tampoco puede olvidarse que el mismo Prebisch actualizó sus concepciones sobre el desarrollo, como lo hizo en 1981 en uno de sus últimos libros, “Capitalismo Periférico” (4).

Pero lo que sí se echa de menos son actitudes como las de Prebisch y su equipo en aquella CEPAL, avanzando en análisis críticos y rigurosos, independientes pero a la vez comprometidos con América Latina, y enfocados en buscar alternativas. Decía Prebisch en 1963: “Es todavía muy fuerte en América Latina la propensión a importar ideologías, tan fuerte como la propensión de los centros a exportarlas”, y para ser más claro agregaba: “Ello es residuo manifiesto de los tiempos de crecimiento hacia afuera”. No rechaza el aporte desde otros ámbitos y regiones, pero insistía en que “nada nos exime de la obligación intelectual de analizar nuestros propios fenómenos y encontrar nuestra propia imagen en el empeño de transformar el orden de cosas existente” (3).

Aquella “vieja” CEPAL producía ideas novedosas como respuestas a los problemas más agudos de su tiempo, y muchas de ellas fueron muy incisivas y por ello fueron tan resistidas. Los gobiernos no eran indiferentes, algunos las rechazaban otros intentaban aplicarlas cada uno a su manera. Había una visión, una aspiración y hasta un sueño de una gran narrativa de cambio, el “empeño” en transformar el orden actual, y es ese talante el que se fue desvaneciendo con el paso de los años.

Es esa postura, esa intransigencia en buscar el camino propio, la que más se necesita hoy en día dado que se reconoce que la propia idea de desarrollo está en crisis. No solo ha colapsado la concepción del crecimiento económico perpetuo, sino que eso también ha arrastrado en su caída a la categoría desarrollo. La confesión muestra que la CEPAL de alguna manera lo comprende, y que seguramente también lo entienden muchos dentro de unos cuantos gobiernos latinoamericanos. Es insostenible la tesis simplista de un crecimiento económico que asegura el desarrollo, ya que casi todos los países pasaron recientemente por una fase de expansión pero sin solucionar problemas como formalidad del empleo, equidad o industrialización. Hoy también es evidente que la propia idea de desarrollo está agotada. Se ha probado de todo, y el resultado final ha sido muy magro.

Este reconocimiento sería una oportunidad notable para abordar otro tipo de alternativas que estén ubicadas más allá del desarrollo. Pero como todos son más o menos responsables de este agotamiento, parece ser que siguen operando las barreras que impiden dar ese paso. Tal vez sea necesario rescatar del olvido a los fantasmas de Prebisch para, como él decía, “encontrar nuestro propio camino”

Notas

1. América Latina ha perdido el tren de la política industrial y la innovación, I. Fariza entrevista a A. Bárcena, El País, 7 febrero 2020.

2. La transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo en América Latina y el Caribe en los años noventa. CEPAL, Santiago, 1990.

3. El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad. CEPAL, Santiago, 1994.

4. Capitalismo periférico. Crisis y transformación. R. Prebisch. México, Fondo de Cultura Económica, 1981.

5. Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano. R. Rebisch. México, Fondo de Cultura Económica, 193 (2da ed., 1971), pág. 20.

Eduardo Gudynas. Analista en temas de ambiente y desarrollo en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Twitter: @EGudynas. Publicado originalmente en Economia Sur, 14 febrero 2020. Se puede reproducir citando esta fuente.

https://www.leerydifundir.com/2020/02/agotamiento-del-desarrollo-la-confesion-la-cepal/

El mito de agroquímicos inocuos

Eduardo Gudynas

Las polémicas sobre los riesgos y efectos de uno de los herbicidas más usados en el planeta, el glifosato, no cesan. Cobraron un nuevo empuje al conocerse el veredicto de culpabilidad contra su más conocido productor, Monsanto, en un juicio entablado por un jardinero de 46 años que padece cáncer terminal. La corporación deberá pagar US$ 289 millones. Hay otras ocho mil demandas en marcha.

En los días siguientes el valor de mercado de la alemana Bayer, que acaba de adquirir a Monsanto, se derrumbó a su más bajo valor en cinco años, con pérdidas por US$ 18 mil millones, y sólo ahora se está recuperando. Si los próximos juicios siguen el mismo camino, la empresa deberá enfrentar indemnizaciones por US$ 5 mil millones. Paralelamente, países como Francia, Alemania e Italia anuncian que revisarán sus posturas frente al glifosato.

Todo esto también tuvo efectos en los países de América del Sur que usan intensivamente el glifosato, especialmente en los monocultivos de soja transgénica (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay). Muchos grupos ciudadanos utilizaron aquel veredicto de Estados Unidos para reforzar sus críticas a ese herbicida. En esas naciones, el uso del herbicida y la soja transgénica habían recrudecido por razones tales como intentar superar los problemas económicos aumentando esas exportaciones.

Defendiendo el glifosato

En todos esos países, las defensas del glifosato parten de un amplio conjunto que incluye a gobierno y académicos, o agricultores y empresas de insumos agrícolas. Argumentan que es una sustancia inocua, sin riesgos si es bien usada, y proclaman que eso es una verdad “científica”. Agregan que las críticas y advertencias serían expresiones de charlatanes o ignorantes. Por ejemplo, en Argentina, el ministro de ciencia y tecnología ha comparado al glifosato con agua con sal, y en Uruguay desde el Ministerio de Ganadería y Agricultora se afirma que sería como una aspirina (1).

Desde el bando académico aparecieron slogans tales como sostener que el glifosato es menos tóxico que la cafeína, tal como sostiene un biotecnólogo español desde el suplemento Rural del diario Clarín de Buenos Aires (2). Esa imagen es poderosa: si el glifosato es como el café, no debería tener ninguna regulación, justamente como se vende una aspirina en cualquier farmacia.

De la mano de esa campaña, los empresarios rurales argentinos lanzan ahora la idea de la “sustentología” (3). Ese concepto se lo presenta como la fusión de ciencia, tecnología y sustentabilidad – un término que evoca el cuidado ambiental. Esta es una estrategia que sigue la misma lógica que la empleada por las corporaciones mineras con la llamada “minería sostenible”.

Estamos por lo tanto frente a dos argumentaciones: una que sostiene que el herbicida glifosato es inocuo, y que ello está demostrado científicamente; y la otra, como consecuencia, es posible tener una agricultura “sostenible”, la “sustentología”, que utilice ese agroquímico. Es necesario abordar estas concepciones para dejar en claro que no sólo son falsas, sino que además son peligrosas.

Herbicida y café: una comparación sin sentido

Las comparaciones del glifosato con café o aspirina a pesar de ser usada desaprensivamente por algunos académicos, en realidad no provienen del ámbito científico sino de las propias corporaciones. Desde hace años, tanto por Monsanto como los portales que apoya, como Genetic Literacy Project, han presentado esas comparaciones.

Formalmente es cierto que el café es más “tóxico” que el glifosato, pero esa imagen es una simplificación y deformación tan extrema que se vuelve imposible (4). Aclaremos en primer lugar que el glifosato no se “sirve” solo, sino que el “herbicida” es realmente un compuesto que incorpora otras sustancias tales como surfactantes, cada una con sus riesgos específicos y con efectos complementarios entre ellas. El estudio de los impactos debe considerar todo ese conjunto.

Una segunda cuestión clave, es que la comparación con el café se basa solamente en la toxicidad aguda y de ese modo desaparecen por un lado la toxicidad crónica, y por el otro lado la carcinogénesis, o sea, la responsabilidad de la sustancia en la ocurrencia de cáncer. No puede extrañar que esas referencias al café o al agua con sal sean calificadas por algunos toxicólogos como comparaciones “estúpidas”; es como plantear que el cigarrillo es poco tóxico ya que es muy difícil morir asfixiado por su humo, ocultando así que aumenta la incidencia de ciertos carcinomas en el fumador y en quienes le rodean.

Un tercer error es la ceguera frente a la diversidad de ámbitos afectados. No sólo están los efectos directos del herbicida sobre quienes los aplican, sino que también cuentan los impactos indirectos, como por ejemplo sobre los vecinos fumigados, y más allá de ellos, lo que sucede con todas las personas que consumen alimentos o bebidas contaminados por esos químicos.

Una cuarta consideración es que tampoco puede excluirse las discusiones sobre los impactos ecológicos de estos herbicidas, incluyendo la fauna y la flora.

El mito ante las alertas científicas

Paralelamente se insiste en que no existe evidencia científica sólida sobre efectos crónicos o cancerígenos sobre la salud. Es cierto que algunos estudios indican eso. Pero no lo que no se dice es que hay muchos otros reportes científicos que señalan impactos concretos o posibles en la salud, sean por observaciones directas como por ensayos en laboratorios. Se indican desde daños renales a alteraciones en el funcionamiento endócrino y hepático, aunque la mayor preocupación está en que sea cancerígeno, otros que incluso plantean que es teratogénico (induce malformaciones en recién nacidos), y finalmente que algunas consecuencias se expresarán no necesariamente en el sujeto afectado sino en su descendencia (5).

Por ello, cuando el biotecnólogo José Mulet afirma en Clarín que “el debate científico no existe” al defender su inocuidad, está profundamente errado. La controversia científica es enorme, muy intensa, y ahora se admite que las regulaciones actuales están basadas en una ciencia anticuada y que por ellos son necesarios nuevos estudios epidemiológicos y nuevos estándares (6).

Toda esta situación se vuelve más complicado al saberse que Monsanto operó sobre la comunidad científica para defender a su producto, simultáneamente atacar a las personas y reportes que advertían sobre sus efectos negativos, y actuar incluso sobre técnicos de la agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) (7). Esto debe generar una enorme preocupación en los países del sur, ya que es común que se tomen como referencia a las decisiones de la EPA para los propios controles.

Los promotores de la mitología del glifosato inocuo no son científicos. Ellos no dudan y lo saben todo, una actitud muy distinta del científico, que siempre duda. Es por ello una retórica más propia de un tecnólogo que defiende su herramienta preferida. Eso no puede extrañar ya que Monsanto al fin de cuentas es una proveedora de tecnologías.

En tanto promotores tecnológicos tampoco comprenden las implicaciones en las políticas públicas. Una vez más, la comparación entre café y glifosato desnuda esa limitación. Es que al fin de cuentas, la decisión de tomar café siempre es personal, y la cantidad de tazas que se tomen determinarán las consecuencias tóxicas en el propio cuerpo. Pero en el sector agroalimentario, las empresas y los gobiernos no han despojado de esa capacidad de decidir a cada uno de nosotros sobre los tipos de alimento o bebida que preferimos, ya que casi todo está contaminado por glifosato. Por todo esto, la imagen que compara glifosato con café o agua con sal, sólo sirve para calmar a la ciudadanía frente a una imposición autoritaria de una tecnología que es incapaz de contenerse a sí misma y contamina todo lo que tiene a su alrededor. Simultáneamente, se erosiona una ciencia que sirva para alimentar un debate democrático.

Sustentología: astrología para los agroquímicos

En ese contexto es que se inserta la idea de la “sustentología”, como síntesis de la ciencia, tecnología y sustentabilidad. Como ya vimos arriba, el componente “ciencia” si es tomado en serio, requeriría retirar al glifosato de la agricultura intensiva. Del mismo modo, las ideas originales de sustentabilidad provienen de las ciencias ambientales, incluyendo las tempranas denuncias contra los agroquímicos por sus impactos en los ecosistemas. Por ello, si ese componente se toma en serio, se convierte en otra razón para impedir el uso del glifosato. En cambio, la “sustentología” lanzada desde Argentina es usada en sentido contrario, para justificar a los agroquímicos y los monocultivos.

De un modo u otro, queda en evidencia que estamos ante creencias, que más allá de las intenciones o sinceridad de cada uno, es casi una religión. Nos alejamos de la ciencia en sentido estricto pero se la usa en sentido inverso, asignándole toda la carga de la prueba a aquellos que perciben los riesgos de ser contaminados por el glifosato u otros químicos, debiendo demostrar la peligrosidad de esos productos. Cuando alguno puede hacerlo ya es demasiado tarde, tal como el caso del jardinero que demandó a Monsanto, quien solo tiene una esperanza de vida de dos años según los médicos.

El mito del glifosato más inocuo que el café nos sumerge en un campo que es más propio de lo que podría ser una astrología agropecuaria productivista. A esos creyentes, que no dudan en decir que glifosato rima con aspirina, les respondo que sustentología rima con astrología.

Notas:

(1) Sobre el caso argentino ver Ministros de los agrotóxicos, por D. Aranda, Página 12, Buenos Aires, 6 agosto 2018; sobre el de Uruguay Agroquímicos como aspirinas: maniobrando contra la agroecología, por E. Gudynas, Montevideo Portal, 15 julio 2018.

(2) El glifosato es seguro, por José M. Mulet, Clarín Rural, Buenos Aires, 23 mayo 2018. El autor es profesor en la Universidad de Valencia, y según los registros públicos patenta productos con la corporación BASF (disponibles en https://patents.justia.com/inventor/jose-miguel-mulet-salort ).

(3) El XXVI Congreso de Aapresid. La Nación, Buenos Aires, 18 agosto.

(4) Aclaro que no tengo nada en contra de usar imágenes, metáforas e incluso slogans, y de hecho las aprovecho para denunciar problemas ambientales. Pero ese recurso debe servir para brindar nueva información y no para ocultarla, debe desentrañar complejidades y no simplificar, y debe alentar a un pensamiento crítico propio y no a una aceptación pasiva.

(5) Tan sólo como ejemplo ver Teratogenic effects of glyphosate-based herbicides: divergence of regulatory decisions from scientific evidence, por M. Antonious y colaboradores, Environmental Analytical Toxicology S4, 2012.

(6) Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks associated with exposures: a consensus statement, por J.P. Myers y colaboradores, Environmental Heatl, 15, 2016.

(7) Estas y otras acciones de Monsanto sobre académicos, sus instituciones y sus revistas, se ilustran en los Monsanto Papers; una selección en castellano disponible en el sitio web http://monsantopapers.lavaca.org/

Eduardo Gudynas. Investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Más informaciones sobre esta polémica en   www.agropecuaria.org   Twitter: @EGudynas

https://www.leerydifundir.com/2018/09/mito-agroquimicos-inocuos/

Cuando los niños demandaron a Estados Unidos

​Eduardo Gudynas

Un grupo de niños y niñas demandó al gobierno de Estados Unidos porque los daños ambientales que hoy tolera afectarán su calidad de vida en el futuro, y la de sus hijos, nietos y bisnietos. Es un caso de equidad de derechos con las generaciones futuras ante el cambio climático.

En una conmovedora iniciativa que abre nuevos escenarios frente al cambio climático, un grupo de 21 niños inició una acción judicial contra Washington (1). El razonamiento es claro: estos niños se presentaron como representantes de las generaciones futuras, sosteniendo que en tanto el gobierno permite el avance del cambio climático violó sus derechos constitucionales a un ambiente sostenible en el futuro. Esos niños una vez adultos, sus hijos, nietos y bisnietos, no contarán con un ambiente de adecuada calidad, e incluso sus vidas podrán estar comprometidas.

La demanda apunta a que el Estado falló en controlar las emisiones de gases invernadero, y éstas desencadenan el cambio climático, lo que afectará su porvenir. Los niños exigen que Washington inicie medidas concretas y efectivas para detener la emisión de gases y no siga deteriorando el futuro. Lo que está en juego es la equidad en los derechos a un ambiente sano entre las distintas generaciones.

La demanda, conocida como “Juliana vs EE UU” (por el nombre de una de las jóvenes), está en marcha desde 2015, y tuvo un avance sustancial en 2016 cuando un juez reconoció la validez del reclamo (2). Esto hace que ahora sea el gobierno de Donald Trump el que deberá responder, justamente un presidente anti-ambiente, conocido por sostener que el cambio climático es un invento y que busca reducir las regulaciones ambientales en su país.

El principio en juego es el derecho de equidad intergeneracional, o sea que nuestros nietos y bisnietos también puedan contar con un ambiente adecuado para su calidad de vida. Esto impone que el uso que se le da a los recursos naturales en la actualidad no implique efectos negativos tan severos que afecte negativamente a nuestros descendientes, o que el deterioro ambiental que ahora ocasionemos finalmente no estalle de forma irreversible en el futuro.

Los compromisos con el futuro

Más de un lector podrá pensar que esta es otra bizarra práctica que puede ocurrir en una corte estadounidense, tal como se ve en algunas series de televisión. Ante eso sugiero precaución. Por un lado, todos los países de América Latina han adherido a acuerdos y tratados internacionales que incluyen compromisos con las generaciones futuras. Eso se inició con la firma de la Agenda 21 y la Declaración de la Eco 1992 de Rio de Janeiro. Por otro lado, más allá de esas negociaciones internacionales, sea el sentido común como los mandatos morales, nos obligan a asegurar una adecuada calidad de vida para nuestros descendientes.

Sin embargo, los deteriores ambientales siguen su marcha en todos los países y a nivel global. Hoy contamos con una mejor base científica que confirma el cambio climático, los negacionistas de esos problemas están cada vez más desacreditados o se demuestra que trabajan para corporaciones. Sabemos además que la pérdida de áreas naturales y su biodiversidad prosigue en todo el continente, y que la calidad de las aguas y los suelos se deteriora por una contaminación que no se detiene.

  

También podemos decir a aquellos que nos les interesan los temas ambientales pero atienden el bolsillo, que los costos futuros del deterioro ecológico serán astronómicos. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que la adaptación al cambio climático puede requerir 300 mil millones de dólares por año en la década de 2030 y superar los US$ 500 mil millones al 2050 (3).

En Estados Unidos, el gobierno planteó que la demanda era improcedente, e incluso las empresas petroleras quisieron sumarse en contra de los niños y niñas. Sin embargo, sucesivamente dos jueces han rechazado esa postura. Una de las juezas en el proceso le respondió al gobierno Trump: “No tengo dudas que el derecho a un sistema climático que sea capaz de sostener la vida humana es fundamental para una sociedad libre y ordenada”. Así se confirmó que el juicio se iniciará posiblemente en febrero de 2018.

Disputas sobre el futuro

Se podrá pensar que ese tipo de acciones es propio del sistema judicial de Estados Unidos, pero hay que reconocer que es una problemática que no se puede esquivar también en América Latina. Tenemos responsabilidades con las generaciones futuras, y nuestras acciones o inacciones presentes repercutirán en la vida de nuestros descendientes.

Me pregunto si no es urgente pensar cuáles serían los reclamos de nuestros niños y niñas en América Latina, para que ellos, y sus hijos y nietos, puedan tener una buena calidad de vida.

¿Habría que demandar a nuestros propios gobiernos por haber permitido y tolerado la pérdida de enormes áreas naturales con toda su biodiversidad? En algunos sitios, nuestros nietos y bisnietos ya no conocerán a la selva amazónica o los bosques chaqueños; en otros ya no tendrán a la vista glaciares andinos.

¿Deberían demandar al Estado por su ineficacia en frenar el mal manejo de los recursos hídricos? Todo indica que en el futuro cercano distintas zonas de Brasil, Chile o Bolivia, estarán jaqueadas por la escasez de agua. En otras regiones la amenaza es por la contaminación, afectando la salud de las futuras generaciones e imponiéndoles enormes costos económicos para acceder a aguas que sean potables.

¿Habría que demandar a los políticos y funcionarios estatales que por su ceguera al aprobar todo tipo de explotaciones mineras o petroleras en sitios de fragilidad ecológica? Lo que hoy se busca aprobar en sitios como el Yasuní en Ecuador, el sur de Bolivia o los páramos de Colombia, tendrá consecuencias negativas que se extenderán por décadas.

¿Piensan en el futuro los que alientan o protegen el uso de agroquímicos hasta en el último rincón de las praderas de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil? La obsesión con monocultivos como la soja impone deterioros sobre suelos y aguas que serán difíciles de revertir.

En fin, hay tantos problemas ambientales actualmente en gestación o madurando en cada país, que requerirían medidas enérgicas inmediatas, pero que por nuestras incapacidades en lidiar con el futuro no son atacados adecuadamente. Pero sepan que las inacciones de hoy en día la pagarán nuestros hijos, nietos y bisnietos en un futuro que está más cercano de lo que suponemos.

Notas

1. La demanda original es la de Rose Juliana Kelsey Cascadia, por medio de su tutor, y otros, en un caso de derechos constitucionales, presentado inicialmente en el distrito de Oregón; la demanda completa en inglés en:

https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/57a35ac5ebbd1ac03847eece/1470323398409/YouthAmendedComplaintAgainstUS.pdf

2. Más información sobre el caso en: Juliana vs US climate lawsit, Children’s Trust, https://www.ourchildrenstrust.org/us/federal-lawsuit/

3. The adaptation finance gap report, UNEP, 2016; http://www.unep.org/adaptationgapreport/sites/unep.org.adaptationgapreport/files/documents/agr2016.pdf

Eduardo Gudynas. Investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); twitter @EGudynas

https://www.leerydifundir.com/2017/10/cuando-los-ninos-demandaron-estados-unidos/

Corrupción y extractivismos: mutuamente asociados

​Eduardo Gudynas

Los casos de corrupción han proliferado en toda América del Sur, y casi siempre la mayor atención está puesta en los políticos implicados o los grandes volúmenes de dinero manejado. Pero detrás de esas noticias existe una particularidad más que llamativa: buena parte de los casos de corrupción están relacionados directa o indirectamente con los extractivismos minero, petrolero o agrícola. Dicho de otro modo, se observa que allí donde hay aprovechamientos muy intensivos de recursos naturales, con todos sus impactos sociales y ambientales, es mucho más probable que opere la corrupción. Estamos ante una íntima relación entre extractivismos y corrupción, y ese es otro de los aspectos negativos de ese tipo de desarrollo.

La evidencia es abrumadora. En Brasil siguen avanzando las investigaciones, con 118 personas detenidas, incluyendo políticos y empresarios destacados, y se estima que desde la petrolera estatal Petrobras y las empresas de construcción se desviaron unos 1 895 millones de dólares. Ecuador no ha escapado a esa problemática, y sigue su marcha la investigación de una extendida red de corrupción vinculada a los negocios de la petrolera estatal Petroecuador, que involucran a gerentes y un ministro. El impacto en los medios de prensa internacionales del hallazgo de sobres con decenas de miles de dólares escondidos en un cielorraso, se igualó con el caso argentino de los bolsos de dinero que se intentaban esconder en un convento. En Venezuela se han indicado casos de corrupción en el sector petrolero y en el minero, sin olvidar que también fue un factor en los asesinatos de meses atrás para controlar yacimientos de minerales en el sur del país. En Argentina prosiguen las indagaciones, que incluyen, por ejemplo, negocios fraudulentos con la importación de gas natural.

En todos los países, en todos los sectores

Una investigación que hemos realizado desde CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), que está en su etapa final, ya permite señalar algunas conclusiones. La primera es que en todos los países sudamericanos se han identificado casos de corrupción que envuelven a los extractivismos. No se han salvado ni siquiera las dos naciones que exhibían los mejores registros de transparencia ante la corrupción, que son Chile y Uruguay.

En el primer país se sufren varios casos. Por ejemplo, en el sector minero, la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), enviaba dinero a legisladores por medio de consultorías ficticias, y con ello, entre otras cosas, logró que se votara una reforma tributaria que le fue ventajosa. El caso SQM es impactante por su duración en el tiempo y por haber involucrado a todos los partidos presentes en el parlamento. En el sector pesquero, la empresa Corpesca también logró ventajas gracias a pagos a legisladores y hay un proceso legal por corrupción y fraude en marcha. En Uruguay, aunque los casos investigados son de una escala mucho menor, de todos modos son significativos. Su petrolera estatal, ANCAP, está siendo investigada por sobrecostos, y ya se han confirmado casos de corrupción en su sector de minería de calizas.

La segunda, es que se han encontrado casos de corrupción para todas las variedades de extractivismo: minero, petrolero, forestal, agrícola y pesquero. En los dos primeros tipos son frecuentes situaciones que involucran corrupción en el acceso a áreas de exploración o explotación, tráfico de influencias para obtener ventajas tributarias, sobrecostos de operación o triangulación con otras empresas para captar dinero, ocultamiento de los impactos sociales y ambientales, cobertura a los que criminalizan o agreden a las comunidades locales, etc. Situaciones similares se repiten con los permisos forestales o pesqueros.

En la agricultura intensiva se repiten problemas parecidos con el acceso a las tierras y los permisos de deforestación, la cobertura dada a mafias que están involucradas en el tráfico ilegal de madera, o las redes que ocultan o impiden investigar o sancionar la contaminación por agroquímicos.

Un tercer aspecto es que la corrupción está presente bajo muy distintos regímenes de propiedad en el acceso y extracción de los recursos naturales. Nos encontramos, otra vez, con grandes empresas extranjeras envueltas en el pago de sobornos u otros hechos similares, pero lo mismo aparece en empresas mixtas estales – privadas (como Petrobras de Brasil) o estatales (como PDVSA de Venezuela o PetroEcuador en Ecuador, y que en ambos casos fueron admitidas por los propios gobiernos). La esperanza que las empresas nacionales, controladas por el Estado, fueran inmunes a la corrupción extractivista se ha derrumbado.

Recordemos aquí que el concepto de extractivismo no es exactamente un sinónimo, por ejemplo de minería o agricultura. En efecto, esa idea se refiere a los casos particulares de apropiación de recursos naturales pero en grandes volúmenes o por procedimientos intensivos de altos impactos ambientales, para exportarlos como materias primas. Se alude a casos específicos como la megaminería a cielo abierto, las perforaciones de gran profundidad de las petroleras, el fracking, o los monocultivos de transgénicos.

Precisemos también que estas conclusiones y las que siguen, no quieren decir que todos los emprendimientos extractivistas estén envueltos en corrupciones. Sin duda hay muchos casos donde eso no se ha podido demostrar. Lo que aquí se pone en evidencia son tendencias sectoriales al quedar en claro que no hay ninguna forma de este tipo de apropiaciones de los recursos naturales que sea más inmune al dinero que fluye desde la corrupción.

Contextos políticos y sociales

Un cuarto aspecto es que la actual corrupción extractivista mantiene esos conocidos componentes de algunas personas ambiciosas que desean llenar sus bolsillos. Pero a ello se suma su papel como vía de financiación de partidos políticos, como muestran por ejemplo distintos casos en Bolivia y Brasil con los partidos políticos gobernantes, y en Chile, con casi todos los partidos que tenían representación parlamentaria. El caso chileno con SQM involucró a 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos ministros en el gobierno Piñera, y siete partidos políticos recibían sus dineros. De esta manera, el sistema político queda comprometido por esa corrupción ya que ella cumple un papel de proveedora de dineros especialmente para las campañas de publicidad, actos y otros apoyos partidarios similares.

A su vez, los promotores de proyectos mineros apelan a ella para implantar o proteger sus actividades. Encuentran allí una de las pocas vías para forzar aprobaciones, asegurarse concesiones, impedir controles efectivos u ocultar irregularidades diversas, desde derrames a la criminalización de comunidades locales.

Una quinta particularidad es que esta asociación entre extractivismos y corrupción afecta a todo tipo de actores, tal como surge de sistematizar los participantes en todos los casos conocidos. Nadie está a salvo. Es evidente que están involucrados políticos y empresarios, y con ellos de funcionarios estatales, personas en el poder judicial, policías y militares, e incluso consultores. Además hay situaciones con la participación de periodistas, por ejemplo cayendo en criminalizar la protesta local ante la megaminería (como ocurrió alrededor del proyecto megaminero Tía María en Perú).

Pero la corrupción también ha alcanzado a organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser líderes locales, o grupos campesinos o indígenas. En Perú sigue presente en la memoria los reportes periodísticos sobre las “lentejas” (un eufemismo para dólares) que un dirigente local pedía a cambio de detener una protesta ciudadana.

Sin embargo es más alarmante, y tal vez más triste, la situación que involucra a líderes indígenas en Bolivia que manejaban un fondo que se nutría de los impuestos sobre los hidrocarburos. Un reporte que se acaba de presentar afirma que el daño para el Estado es de aproximadamente 78 millones de dólares (el presidente Evo Morales lo ha estimado en el pasado en unos 2 millones de dólares). No estamos frente a empresarios o políticos envueltos en la corrupción, sino ante líderes de base, representantes de organizaciones indígenas y campesinas, que quedaron atrapados en esas redes.

Esta es una de las conclusiones más graves de nuestra investigación. La corrupción de los extractivismos también está erosionando algunas organizaciones de la sociedad civil. Son tan enormes las cantidades de dinero alrededor de proyectos extractivistas y tan pobres muchas de las comunidades que viven allí donde están esos recursos naturales, que se crean abismales asimetrías de poder. Las expectativas de remontar la pobreza local, por cierto muy comprensibles en muchos casos, pero también las miserias humanas, hacen que poco a poco penetre la racionalidad del mercado, y con ella la corrupción.

Los extractivismos dejan también en claro la diversidad de expresiones en la corrupción. Usualmente se la concibe como sobornos o dádivas de algún tipo para conseguir una ventaja. Pero en realidad el concepto de corrupción es más amplio ya que se refiere a los casos donde se recibe una contrapartida, que puede ser en dinero como en otras formas (por ejemplo, conseguir un cargo en el gobierno o en una empresa), y que explica actos ilegítimos que se apartan de las normas, que por lo tanto son ilegales o alegales. La ilegalidad implica violaciones del marco legal, como pueden ser leyes o decretos; la alegalidad se refiere a hacer trampas aprovechando los huecos que hay en nuestra legislación para obtener ventajas que claramente son contrarias al espíritu de las normas. Posiblemente las alegalidades más conocidas sean las trampas tributarias que hacen las empresas extractivistas para reducir los pagos de impuestos (como se ha demostrado en Perú, Chile y Colombia).

Esto desemboca en muy distintas formas de corrupción, y una vez más, en todas ellas se pueden observar casos asociados a los extractivismos. Se pueden señalar al cohecho, por ejemplo cuando un funcionario público modifica un juicio para conceder una explotación minera o petrolera, el tráfico de influencias para esconder las denuncias de impactos sociales o ambientales, la prevaricación que ocurre cuando una autoridad judicial dicta una resolución arbitraria, ilegal o incorrecta, a sabiendas de ello y con la finalidad, pongamos por caso, entorpecer la investigación de la represión a comunidades locales. Tampoco puede olvidarse que son conocidas las circunstancias donde es mucha gente la que sabe de la corrupción que envuelve a un emprendimiento extractivista, y nada hace ni dice, y con ello contribuye a una densa red de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

Resumen de los principales vínculos entre corrupción y extractivismos

1. Presente en todos los sectores extractivos

2. Ningún país sudamericano está a salvo

3. Ocurre bajo distintos regímenes de propiedad (privado, estatal y mixto)

4. Los promotores de proyectos la utilizan para asegurar sus actividades, ocultar sus impactos, impedir controles, etc.

5. Se buscan beneficios personales pero cada vez más es una vía para financiar prácticas político partidarias

6. Afecta a todo tipo de actores (empresarios, políticos, funcionarios, periodistas, técnicos, etc.)

8. Está penetrando en comunidades indígenas y campesinas

8. Se expresa en un amplio abanico, desde sobornos a cohecho, desde prevaricación a tráfico de influencias

Conclusiones: Una íntima asociación

Se llega así a una inevitable conclusión: la corrupción en los extractivismos no es el resultado de hechos aislados fruto de unos pocos inescrupulosos. Por el contrario, hay una repetida, consistente e íntima asociación entre extractivismos y corrupción.

Los extractivismos necesitan de la corrupción por diversos motivos, como puede ser el acceso a las concesiones, disfrutar ventajas tributarias, y muy especialmente, para ocultar tanto sus impactos ambientales y sociales, y la criminalización violenta de las comunidades locales.

Paralelamente, distintos conjuntos de actores dentro del Estado y los partidos políticos precisan de la corrupción por diversas razones personales, pero también como fuente de financiamiento para un cierto modo de hacer política. Es una política que se basa en masivas campañas de publicidad, actos callejeros donde los participantes reciben dinero o comida, o que apela a pagar por favores. Como los extractivismos manejan enormes sumas de dinero, son una de las más apetitosas vías para alimentar las redes de corrupción.

Por todas estas razones, a los conocidos argumentos de construir alternativas a la dependencia extractivista para erradicar sus impactos sociales y ambientales, se suma ahora la lucha contra la corrupción. La recuperación de una política que sirva a los ciudadanos y el ambiente es imposible con esta penetración de la corrupción, y por eso mismo, es también incompatible con los extractivismos.

Eduardo Gudynas es analista en temas de ambiente y desarrollo en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social); se lo puede seguir en twitter: @EGudynas. Adelantos de este artículo se publicaron en El Ciudadano (Chile), en Plan V (Ecuador) y en la columna Postdesarrollo del autor en La Mula (Perú).

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

http://www.leerydifundir.com/2017/03/corrupcion-extractivismos-mutuamente-asociados/