Perú: ¿Tribunal o chacra?

 Perú: ¿Tribunal o chacra?

Ronald Gamarra

Los señorones Ferrero, Blume y Sardón, que votaron a caballazo la libertad del condenado Alberto Fujimori, sacándose de la manga un “indulto” que en su momento se comprobó torcido y fraguado y por ello es hoy materia de un proceso penal, no han actuado como magistrados constitucionales sino como gamonales que pretenden hacer lo que les da la real gana en su chacra. Y en ello, no les ha importado echar por la borda la juridicidad, las normas y los tratados internacionales, exponiendo al Estado peruano a una vergüenza y una condena segura. Lo importante, para ellos, era imponer un fallo en el sentido de sus preferencias políticas particulares.

Así, aunque la propia posición del Tribunal Constitucional quede gravemente comprometida y desacreditada, los señorones no dudan en validar una iniquidad, inclusive sin decoro, aprovechando un borroso y abstruso habeas corpus carente de mayores razones. La maniobra es tan burda como desalentadora, porque deja en el ciudadano la confirmación de que la justicia en nuestro país se administra a la medida de las conveniencias: para mis enemigos, la ley; pero para mis compadres, toda la lenidad del mundo. No importa que hayan matado valiéndose del grupo Colina, robado como nadie las arcas nacionales o corrompido de manera múltiple; son pecados veniales, pues.

El trío de amigotes del fujimorismo en el Tribunal Constitucional decidió cargarse no solo la normatividad nacional e internacional reconocida por el Perú, que afirma la primacía incuestionable de los derechos humanos y el respeto a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la propia línea jurisprudencial del máximo intérprete de la Constitución, lo cual es de una gravedad evidente y amenazadora. Si el Tribunal Constitucional destroza de modo tan arbitrario una orientación jurídica consistente, qué protección les queda esperar a los ciudadanos. Peor aún si ese derrotero se quiebra de manera tan inexcusable como lo ha hecho la mayoría dirimente del alto tribunal, que de inmediato ha concitado la mirada condenatoria en nuestro país y más allá de las fronteras nacionales.

Y hay que recalcar que la línea jurídica vigente en nuestro país, les guste o no a los señorones Ferrero, Blume y Sardón, tiene su fundamento primero, al menos formalmente, si no en la realidad cotidiana, en la defensa de los derechos humanos. Es así, tanto en el orden jurídico nacional como en la normatividad internacional reconocida voluntariamente por el Estado peruano, y lo es también en la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional. Sea de su agrado o no, es así. Y como jueces del más alto tribunal local están obligados a decidir en función del orden jurídico y respetándolo escrupulosamente, no según su regalado gusto y preferencias políticas.

Pero los señorones Ferrero, Blume y Sardón están decididos a actuar como si estuvieran en su chacra. Han olvidado que forman parte de la cabeza de un tribunal, de un órgano que debate y decide en función del derecho. Por eso, no se han detenido ni por un instante ante la posibilidad de exponer al Tribunal Constitucional a quedar malparado y a ser corregido por una instancia supranacional. Nos retornan con este género de prácticas a los tiempos en que su venerado Alberto Fujimori y su cómplice Vladimiro Montesinos manipulaban a su gusto el Tribunal Constitucional en función de una reelección inconstitucional que terminó en su propio hundimiento.

La línea peligrosa emprendida por los señorones ya se había manifestado con todo hace muy poco con una nueva decisión sorpresiva emitida sobre el caso El Frontón, que le quita el carácter de delito de lesa humanidad en contra de lo ya establecido en la jurisdicción internacional. La finalidad de esta sentencia es más que evidente y apunta a favorecer indebidamente a los involucrados en ese caso para que les alcance la prescripción penal y se cierre toda posibilidad de proceso. Pero los hechos son macizos y no pueden ser cambiados por arte de magia ni por ninguna tinterillada, y será corregida tarde o temprano por la jurisdicción supranacional.

Lo mismo cabe decir de la decisión, también reciente, de este mismo sector de señorones que hoy controla el Tribunal Constitucional, que desconoce el rango constitucional del derecho a la consulta previa a las comunidades. La línea contraria a los derechos humanos y fundamentales de este sector de nuestro alto tribunal está ya trazada. El capítulo Fujimori es solamente el que más polvo ha levantado. Tarde o temprano, los sectores que apoyan esta deriva plantearán repudiar los tratados que reconocen la jurisdicción supranacional como lo hicieron Alberto y Vladimiro cuando gobernaban. Solo es cuestión de esperar.

Volviendo al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que reabre el indulto a Fujimori, es de esperar que, en el contexto de su labor de supervisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –a la cual ya acudieron los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta solicitando el dictado de medidas provisionales a fin de que el Estado peruano se abstenga de realizar acciones orientadas a la impunidad– resuelva que tal pronunciamiento ha sido emitido en un proceso que no ha respetado los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos y se ha originado en un hecho internacionalmente ilícito, por lo que califica de cosa juzgada fraudulenta.

Haría bien el Estado peruano en no esperar cruzado de brazos la condena internacional que vendrá, ni repetir vergüenzas y papelones anteriores, de los que aún se habla en San José. A través de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, que ejerce la defensa ante la Corte y define la estrategia a seguir, y con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, debería reconocer de inmediato la responsabilidad internacional por la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los hechos expuestos por los familiares de las víctimas de crímenes imperdonables; expresar que tal reconocimiento deriva de la acción de tres miembros del Tribunal Constitucional que han expedido una sentencia contraria a los parámetros establecidos por la Corte y que afecta grave e intensamente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, en lo que respecta a la ejecución de la pena dispuesta contra Alberto Fujimori por la Sala Penal que presidió el juez San Martín; reafirmar su política de promoción y protección de los derechos humanos; y ratificar su respeto y consideración por los familiares de las víctimas y ofrecerles perdón por lo ocurrido.    

Por cierto, Fujimori no debe morir en la cárcel. Nadie merece tal destino. Su salida de la Diroes, cuando corresponda, no será –no debería serlo– a través del indulto porque sus crímenes son imperdonables, y menos a través de arreglos y conveniencias políticas, y saltándose los trámites y requisitos establecidos. Conforme a los estándares ya fijados por la Corte de San José, será –debería serlo– recorriendo una vía intermedia, que responda de forma proporcional y ponderada tanto al resguardo de sus derechos a la vida e integridad como al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Cumpliendo las exigencias fácticas y jurídicas que se consideren necesarias y se apliquen con humanidad, deberá pasar sus últimos días en compañía de su familia, en régimen de prisión domiciliaria o de un laxo permiso de salida del penal.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°579, del 25/03/2022 

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Perú: Una cachetada a la democracia peruana

Jo-Marie Burt

Perú es uno de los pocos países en el mundo en que el sistema de justicia se mostró capaz de investigar y juzgar crímenes atroces. Gracias a la lucha incansable de las familias de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, Fujimori, quien había fugado del país luego de diez años de gobierno arbitrario y corrupto, fue extraditado, juzgado y condenado por un tribunal peruano. El juicio a Fujimori no solo logró la sanción de graves crímenes: ayudó a afirmar un principio fundamental de la democracia: nadie, por más poderoso que sea, está encima de la ley.

Desde el momento de su condena, los familiares y aliados de Fujimori desconocieron la legitimidad del proceso judicial y la sentencia condenatoria, sin base alguna. Sus enemigos utilizaron la justicia para sacar a Fujimori del juego político, dijeron. El tribunal no fue imparcial, dijeron. Y desde entonces, buscaron presionar a los gobernantes de turno para conceder el indulto a Alberto Fujimori, desde Alan García, hasta Ollanta Humala, hasta PPK: quien, para salvarse de la vacancia, le otorgó el indulto humanitario en 2017.

Fujimori gozó un año de libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia determinó que además de ser resultado de un vil negociado político, el sustento técnico del indulto fue viciado en varios aspectos, y violaba tanto el derecho peruano como el derecho internacional, como ya había señalado la Corte Interamericana de DDHH. Haciendo valer la ley, anuló el indulto y ordenó el regreso de Fujimori a la cárcel.

El lunes el Tribunal Constitucional dio a conocer la resolución que resucita el indulto fraguado, que liberaría otra vez a Fujimori. La resolución es un mamotreto; basada en argumentos falaces y desconoce la resolución de la Corte Interamericana. Los tres magistrados que votaron a favor de la liberación de Fujimori lo hicieron en base a criterios políticos. Un hecho grave tomando en cuenta que se trata de la más alta corte del país, cuya labor es precisamente velar por el orden constitucional, que incluye los tratados internacionales a los cuales el Perú está adscrito.

Una vez más, el ciudadano de a pie ve cómo la cancha se inclina si eres un político poderoso al que le devuelven los favores en forma de votos en el tribunal más importante del país. Ante un fujimorismo que no acepta las reglas de la democracia, el Perú camina hacia un abismo que solo lo pueden parar instituciones sólidas y una ciudadanía activa. La orden judicial que impide salir del país a Fujimori, pues debe enfrentar juicio por la masacre de Pativilca, es buena señal. Pero, para que una democracia lo sea, se debe respetar el Estado de derecho. Se debe volver a anular el indulto y Fujimori debe seguir cumpliendo su pena.

A 30 años del autogolpe del 5 de abril, liberar a Fujimori es una cachetada a la democracia.

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Perú: No es un indulto, es un insulto, por Patricia Paniagua

Patricia Paniagua

Esta semana, cuando el profundo desencanto sobre el rumbo de nuestro acontecer político parecía imposible de lograr una contundente movilización ciudadana, aparecía en la escena nacional la noticia del repentino pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaraba fundada la demanda de habeas corpus en el caso del reo Alberto Fujimori y restituía los efectos de la resolución suprema de diciembre del 2017 que le concedió el indulto humanitario y dispuso su libertad. Era la tarde del jueves y, sin más difusión que la convocatoria en redes sociales, se organizaban en distintas ciudades del país nutridas marchas, capaces de congregar de manera espontánea a miles de ciudadanos y ciudadanas unidos en la indignación por un indulto que, a todas luces, es un insulto. Un insulto que lesiona el derecho al acceso a la justicia de las víctimas y deudos, contraviene las normas del derecho internacional y que, sin duda, impacta contra la memoria colectiva y el país.

Es un insulto no solo, y por si eso fuera poco, porque es un grave atropello al derecho, sino también por las motivaciones sobre las cuales reposa y que están muy lejos de ser razones de índole humanitaria sino, y en toda regla, motivaciones políticas, cuyas condiciones de “negociación” fueron de público conocimiento, y detonantes de una de las crisis políticas más prolongadas y profundas que ha vivido nuestro país en el anterior quinquenio que desencadenaron, entre otras cosas, la renuncia del anterior presidente electo.

Y es un insulto también porque nunca ha habido por parte del condenado Fujimori un reconocimiento de responsabilidad o una sola muestra de arrepentimiento, tampoco la colaboración necesaria en aras de la verdad, tan siquiera el cumplimiento del deber del pago de la reparación civil. Lo más doloroso aún, mucho menos ha habido por su parte, a lo largo de estos años, un solo pedido de perdón a las víctimas, deudos y al país que permita siquiera el inicio del camino para procesar hechos tan terribles. Muy por el contrario, a lo largo de décadas, tanto él como sus herederos políticos y aliados han insistido en revictimizar y atacar con desinformación, mentiras, estigmatización y hasta persecución a quienes sufrieron los terribles crímenes de este régimen, sus opositores y a la ciudadanía que levantó su voz.

Su propósito de intentar distorsionar y tergiversar, de manera grosera y deliberada, la historia sobre la base de falsedades parece no conocer de límites, como tampoco lo tiene su negacionismo y su afán de vulnerar nuestra memoria colectiva.

Esta decisión del Tribunal Constitucional, que esperemos sea revertida en el breve plazo, es un gran insulto para el país en la medida en la que debilita la lucha contra la impunidad, abre el camino a su peligrosa restauración y desconoce los muy difíciles y costosos avances que en el campo de la justicia hemos podido dar a lo largo de estas décadas. Este no es indulto, es un insulto que nos hiere a todos y que marca el inicio de una nueva lucha ciudadana que tocará librar, nuevamente, hasta obtener justicia.

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La libertad de Fujimori

César Hildebrandt

A Confucio se le atribuye esta frase profética: “Antes de empezar un viaje de venganza, cava dos tumbas”. Tramar la venganza, anidarla en el corazón, hacerla destino y meta es un modo de morir en un pozo de arsénico. Quien se venga, se iguala. Y lo que más quisiera un enemigo es que uno termine pareciéndose a él.

Quien escribe esta columna tendría hartos motivos para vengarse hasta la muerte (literalmente hablando) de Alberto Fujimori.

El fundador de esta dinastía fúnebre obligó a los dueños de Canal 4 a expulsarme de la televisión, intimidó a otros que podían contratarme, envió mensajes de miedo a dueños de periódicos y revistas y me obligó a partir, con la familia, a Madrid.

Cuando regresé, años después, y volví a hacer periodismo político, la banda del Chino tramó el llamado Plan Bermuda, que no era otra cosa que el de mi asesinato y que fue revelado por el diario “La República” después de las confesiones de una agente arrepentida del Servicio de Inteligencia del Ejército.

Fujimori me odió desde el día en que revelé, en plena campaña de 1990, que él era un evasor sistemático de impuestos y que tenía algunos millones de dólares que explicar en su gestión como rector de la Universidad Agraria. Demostré también en esa ocasión que Fujimori había adquirido el fundo “Pampa Bonita” falsificando documentos ante las autoridades del Ministerio de Agricultura y siendo indebido beneficiario de la reforma agraria. Y en los meses que pudimos estar en la televisión –hasta junio de 1991– denunciamos, con balas y señales, la política de exterminio que se estaba llevando a cabo en Ayacucho y otros lugares bajo el pretexto de luchar contras las hordas del terrorismo. En noviembre de 1991, poco antes de mi partida a España, la agencia EFE me entrevistó y fue en ese momento en que, sin necesidad de ninguna agudeza, previne que lo que se venía era un golpe de Estado organizado por Fujimori para asumir el control total del país.

A mi retorno, el odio de Fujimori y su intención de borrarme del globo parecían acrecentarse cada día. Hubo televisoras chantajeadas, radios bajo amenaza, invasiones de estudios para hacerme la vida más difícil y todo empeoró cuando, con el auspicio del despojado Baruch Ivcher, la asesoría de Alberto Borea y la colaboración de Fernando Viaña y Ángel Delgado (cómo cambiaron, pelones) sacamos a circulación el diario “Liberación”.

Lo siento, pero debo decirlo: fuimos los únicos que llamamos a Fujimori con los términos que la indignación y la semántica exigían: ladrón, asesino, mafioso, fraudulento, continuista. Otros después serían los condecorados por la Sociedad Interamericana de Prensa, qué podía importarnos.

Fuimos los que publicamos, gracias a la temeridad de una cuñada de Jorge del Castillo, la millonaria cuenta en dólares que Vladimiro Montesinos tenía en el Banco Wiese. Fuimos los que obligamos a Fujimori a salir y decir que ese dinero (dos millones y seiscientos mil dólares) provenía “de asesorías externas que el señor Montesinos tenía tiempo de hacer en sus ratos libres”. Lo obligamos a enlodarse públicamente en defensa del asesor y secuaz que todo lo sabía.

Recuerdo que estando en Madrid, en la sección editorial del monárquico ABC gracias a mi generoso amigo Luis María Ansón, me encargaron viajar a Lima a entrevistar a Susana Higuchi. La entrevista apareció en el suplemento dominical del diario y en ella Higuchi describía a un Fujimori inédito y siniestro que pocos podían imaginar. El retrato que de él hizo quien fue su cónyuge por treinta largos años describe a un rufián que era capaz de negar su propia firma y de intimidar a una jueza para desconocer su huella dactilar. Todo, con tal de no pagarle a la Higuchi la deuda privada que le tenía por haber sacado de sus cuentas el dinero usado en la campaña electoral de 1990. “Es un monstruo”, me dijo Higuchi. “Keiko es igual que él”, agregó.

“Liberación” fue el diario que contribuyó a terminar de despertar al país. Habíamos vivido la pesadilla fujimorista –el canje de la libertad por el orden aparente- y ahora el espíritu de la calle era sacudirnos de las cadenas y las venias del susto. El nombre del periódico, un plagiario homenaje a lo que significaba el homónimo francés, era toda una propuesta de combate.

Fujimori fue el peor presidente de la historia peruana si consideramos que la democracia es el bien mayor a conservar. Lo ensució todo, lo corrompió todo. Desalmó al país. Patricio Lynch, el jefe del gobierno de la ocupación chilena, no le causó al Perú ni la décima parte del daño moral y social que Fujimori nos infligió.

El adversario chileno usó la Biblioteca Nacional como establo. Fujimori, que después querría ser senador japonés, destrozó la educación pública y fomentó las universidades basura. El enemigo de la ocupación saqueó todo lo que podía caber en su flota. Fujimori vendió fraudulentamente el patrimonio empresarial del Estado y se lo dio muchas veces a empresarios con patente de corso. ¿Cuál era la diferencia? Que los chilenos sabían que debían irse. Fujimori, en cambio, soñaba con un shogunato interminable.

Con Fujimori las Fuerzas Armadas se pudrieron, el Congreso fue un lenocinio, el Tribunal Constitucional desapareció, el Poder Judicial se trasladó al SIN, la “televisión informativa de la patria” padeció de oficialismo crónico, la prensa chicha fue pandilla bate en mano, el poder electoral era una sucursal de Palacio, las radios maullaban terror. ¿Qué quedó en pie? ¿Qué metro cuadrado institucional no fue vejado por la pezuña de ese gobierno que creó a los Colina y los condecoró? Al final, sólo quedó la calle, el grito, el coro gigante de la rabia.

Fue un video el que remató a un gobierno que había vivido de la imagen. Fueron las voces de esa escena –la de Montesinos preguntando cuánto y sugiriendo diez mil dólares y la de Kouri diciendo quince– las que terminaron con el hechizo. Hasta los pobres de las manos tendidas, fujimoristas por el hambre, entendieron que suprimir la dignidad no era ya aceptable.

Luego Fujimori extrajo su identidad de japonés encubierto, postuló a la Dieta, fracasó y se fue a Chile a la espera de su resucitación. Lo engañaron vilmente quienes querían recuperar la Lima-Chicago Chico de los 90.

Fue extraditado, juzgado y condenado. Su sentencia fue una pieza mayor de la literatura jurídica y recuerdo haber escrito una columna alabando su fondo y su estilo.

A la cárcel, pues. El que humilló a un país que no podía amar terminaba entre rejas por robar de su tesoro público y crear grupos diestros en matanzas.

Hace 15 años que Fujimori está en la cárcel. Su hija ha intentado ser presidenta en tres ocasiones. El peso de la mochila es excesivo. El apellido que lleva tiene la resonancia de una maldición. La persigue, le dispara por la espalda, como a los de La Cantuta.

Fujimori tiene 83 años. Está enfermo. Su hijo quiso liberarlo siguiendo el estilo de la familia: comprando congresistas vía canje en connivencia con PPK, un fujimorista de bolsillo, corazón y comisiones. Otro fracaso. En esa trama corrompida se ha basado el TC que ha abierto la reja de Barbadillo.

Alberto Fujimori perdió el honor y la reputación por todo lo que hizo y por todo lo que instigó a hacer. La libertad es lo que menos significa en su caso. Le quedan pocos años y sus médicos y abogados hablan de un indulto humanitario. Ser compasivo con un recluso más que octogenario y enfermo es una demostración de que el Perú es mejor que el hombre que quiso infectarlo para siempre.

No importa que hayan sido magistrados conservadores del TC quienes dictaron el fallo. La compasión no debería tener siglas ni apellidos y, más allá de leguleyadas y mugres procesales, lo cierto es que la decisión del TC es política. ¿Debería importarnos eso? A estas alturas, pienso que no.

Los familiares de las víctimas tendrían que entender que si Fujimori muere en la cárcel, una niebla de falso heroísmo y victimización intentará cubrir su memoria.

Fujimori es un capítulo felizmente cerrado de la política peruana. Su hija no será presidenta y con el patriarca terminará esta historia que hubiera sido extraordinaria si se hubiese limitado a la reconstrucción económica y a liquidar los rezagos terroristas. No fue así, sin embargo. El sueño autocrático de Fujimori destruyó su gobierno y acabó con su leyenda de eficacia.

Hoy Alberto Fujimori es el pasado que le toca las puertas a la sensibilidad y al don de la generosidad. Si fuéramos como él, las cerraríamos. Que las abramos es la confirmación de un triunfo moral que nos enriquece como seres humanos.

Porque el desquite verdadero es el olvido.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°578, del 18/03/2022   p12

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