Perú: Dos audiencias, la misma impunidad

Jo-Marie Burt

"La historia de indolencia e impunidad evidente en el caso de Accomarca se está repitiendo con las masacres 2022-2023. También la política de estigmatización de las víctimas".

La impunidad que impera en el Perú por graves violaciones de derechos humanos, tanto del pasado como del presente, se hizo evidente el viernes pasado en los salones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 188 periodo de sesiones en Washington DC.

La misma CIDH convocó una audiencia para dar seguimiento a las recomendaciones del informe del país que publicó en abril 2023, en el contexto de las protestas sociales en que casi medio centenar de civiles perdieron la vida a causa de la represión estatal. Hubo otra audiencia sobre la masacre de Accomarca, ocurrida en agosto 1985.

En ambas audiencias, las mismas víctimas hablaron sobre las consecuencias de la represión estatal y las dificultades que enfrentan para lograr justicia y reparación.

En la primera, Nelson Oré Espinoza, estudiante universitario de Ayacucho, mostró las cicatrices donde fue baleado el 15 de diciembre de 2022. “No querían asustarnos. Tampoco querían dispersar la manifestación”, dijo. “Querían asesinarnos”. Aseguró que como él son decenas de personas heridas por la represión estatal que no han recibido la atención adecuada.

Dany Quispe Rojas, cuyo hijo fue asesinado en diciembre en Andahuaylas, denunció la falta de investigación seria. Raúl Samillán, cuyo hermano fue asesinado mientras atendía a personas heridas en las protestas en Juliaca, aseveró: “[el Estado] nos sigue estigmatizando como terroristas”. Representantes de la sociedad civil hicieron sonar la alarma sobre el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país.

En la segunda audiencia, Celestino Baldeón, sobreviviente de Accomarca, relató las demoras en lograr la justicia. Luego de 31 largos años, en 2016, diez oficiales militares fueron condenados de 23 a 35 años por la muerte de 61 campesinos quechuahablantes, casi la mitad de ellos niños. Pero Baldeón denunció la continua indolencia del Estado con las reparaciones y con la entrega de los restos de las víctimas a sus familias. Y la representante de las víctimas, Gloria Cano, anotó que solo cuatro de los condenados están cumpliendo la pena.

Seis siguen prófugos sin que el Estado se preocupe por encontrarlos, entre ellos el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, Gral. Wilfredo Mori Orzo, a pesar de que los medios reportaron que recibió dos vacunas contra el covid.

La historia de indolencia e impunidad evidente en el caso de Accomarca se está repitiendo con las masacres 2022-2023. También la política de estigmatización de las víctimas. ¿Quién puede olvidar a Telmo Hurtado justificar la muerte de niños en Accomarca porque “al crecer serían terroristas”? Y ahora, ante la CIDH, luego de que una mujer interrumpiera la audiencia sobre las protestas, el embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, aseguró de manera petulante —y en la cara de las víctimas que acaban de describir el dolor y sufrimiento que vienen padeciendo a causa de la represión estatal y su política de terruqueo—: “Ellos son los violentos, los que ocasionaron la muerte”. ¿No ha cambiado nada en 40 años?

https://larepublica.pe/opinion/2023/11/14/dos-audiencias-la-misma-impunidad-por-jomarie-burt-862173

https://www.leerydifundir.com/2023/11/peru-dos-audienc…-misma-impunidad/

Perú: ¿Estamos en el fujimorismo 2.0?

Jo-Marie Burt

El próximo 7 de abril se cumplen 14 años desde que Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de graves violaciones a los derechos humanos, que según el tribunal de la Corte Suprema de Justicia que emitió la sentencia constituían crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional. Luego fue condenado por corrupción y abuso de autoridad. Otros juicios contra el exdictador están pendientes, entre ellos, la masacre de Pativilca.

Durante los diez años en que Alberto Fujimori ostentaba el poder, reinaba la arbitrariedad, los jueces sin rostro, las detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual y la desaparición forzada. Junto con su asesor y brazo derecho, también en prisión, Vladimiro Montesinos, esperaban quedarse en el gobierno por varios años más. Pero al estar inseguros de ganar las elecciones en 2000 libremente, corrompió el sistema electoral para garantizar un tercer periodo inconstitucional el en poder. Un video significó el fin de su gobierno.

En noviembre del 2000, Fujimori se fugó del país y renunció por fax desde Tokio; el Congreso lo declaró moralmente incapaz de seguir ejerciendo la presidencia y lo destituyó.

Pocos imaginaron que Fujimori se sentaría en el banquillo de los acusados y que iba a responder por algunos de sus crímenes. Pero gracias a la justicia internacional, fue extraditado para enfrentar la justicia peruana, donde fue procesado y luego condenado como autor mediato de la masacre de Barrios Altos, en que el Grupo Colina asesinó a sangre fría a 15 personas, entre ellos, a un niño de ocho años, Javier Ríos Rojas, así como la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta.

Quienes ostentan el poder hoy en día están embarcados en un proyecto muy parecido al de Alberto Fujimori. Quieren mantener el simulacro de que funciona el sistema democrático, pero usan las herramientas de la democracia para destruirla, destripando el equilibrio de poderes para mantenerse en el poder y aplastar cualquier voz disidente.

Como el gobierno de Fujimori, quiere callar a la prensa independiente y utilizar los medios de comunicación masivos para tapar sus fechorías y sus abusos.

Hoy el gobierno de Dina Boluarte terruquea a los y las manifestantes de ser terroristas o criminales, y los responsabiliza de los muertos sin prueba alguna –a pesar de que abundan las pruebas de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad–, tal como hizo el fujimorismo, que insistía –falsamente– que los muertos en Barrios Altos eran terroristas y que los desaparecidos de La Cantuta se autosecuestraron.

¿Estamos en el fujimorismo 2.0?

Como el reo de Barbadillo, tarde o temprano, Dina Boluarte y sus ministros también responderán ante la justicia por lo que están haciendo.

Como dice Gloria Cano, abogada que representó a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta en el juicio contra Fujimori, “la impunidad siempre se vence”.

https://larepublica.pe/opinion/2023/03/28/estamos-en-el-fujimorismo-20-por-jomarie-burt-1660400

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Perú: El desmantelamiento de la democracia

Jo-Marie Burt

Se van a cumplir tres meses desde que Dina Boluarte asumió la presidencia luego del autogolpe fallido de Pedro Castillo. Su gobierno fue impopular desde el inicio, y lo sigue siendo, con movilizaciones sociales a lo largo y ancho del país y 3 de 4 peruanos exigiendo su renuncia, el cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones generales.

Sigue sin reconocer su responsabilidad en la muerte de 48 civiles, quienes murieron a causa de proyectiles de armas de fuego provenientes de las fuerzas del orden.

A pesar de su impopularidad, Dina Boluarte sigue en el poder, de la mano de los sectores de derecha del Congreso, con quien se ha hecho un acuerdo faustiano para mantenerse en el poder.

Ante la debilidad de su gobierno, ha buscado reforzar su capacidad para reprimir y controlar las protestas. A la semana de asumir el gobierno, la presidenta decretó un estado de emergencia, que lo ha ido renovando, y el 5 de febrero emitió un nuevo estado de emergencia en varias regiones adicionales. También autorizó la transferencia de US$63 millones al Ministerio de Defensa para apoyar la participación del ejército en el control de las manifestaciones. Las fuerzas armadas directamente controlan el orden en Puno, donde mataron a 18 personas el 9 de enero.

Si bien hace un mes no se registran nuevos muertos, continúa el terruqueo a las manifestantes y las detenciones irregulares y arbitrarias, especialmente contra quienes se considera que desempeñan un papel de liderazgo en las protestas. Además, Boluarte y su primer ministro han presentado un proyecto de ley ante el Congreso que busca incrementar las penas a personas condenadas por crímenes cometidos durante un estado de emergencia.

Una legislación draconiana que busca incrementar el castigo y así disuadir a los y las ciudadanos de participar en las movilizaciones sociales que hace recordar la peor época del fujimorismo.

Ante esa situación, el anuncio del Tribunal Constitucional la semana pasada, sobre una sentencia que virtualmente destripa el equilibrio de poderes al eliminar cualquier control judicial a las acciones del Congreso, avecina tiempos más difíciles en el país.

https://larepublica.pe/opinion/2023/02/28/el-desmantelamiento-de-la-democracia-por-jomarie-burt-1466276

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"Perú está viviendo, a nivel de represión estatal, su momento más feroz desde el 2000"

Jo-Marie Burt  (Entrevista Sebastian Meza)

Jo-Marie Burt no quiere ver la muerte de personas inocentes, pero lo sigue haciendo por su trabajo. El último reportaje de IDL-Reporteros sobre la masacre en Ayacucho perpetrada por las fuerzas del orden la sobrecogió porque trabajó en la zona. Ella es académica y estudiosa de los años del conflicto armado interno (1980-2000). Fue investigadora en la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y actualmente indaga juicios por delitos de lesa humanidad. Empezó en el Perú con Alberto Fujimori y ahora sigue con Guatemala. Nunca fue víctima directa o remota de la represión estatal o de algún grupo guerrillero, así que solo “acompaña" a los deudos como académica y defensora de los derechos humanos. Situada a más de 5.000 kilómetros, desde Washington DC, conversó con La República.

— En el Perú se ha quebrado la independencia de poderes y ese es un marco legal que sostiene los derechos humanos. La presidencia puede sindicar que las protestas están siendo financiadas por dinero ilegal, pero, en cambio, cuando se trata de responsabilidades de las fuerzas del orden, dice que hay que esperar las investigaciones.

Hay que recordar que la semana que la canciller estuvo en Washington, se reunió con el New York Times y le preguntaron qué evidencia tenía de que las manifestaciones estaban siendo financiadas por el crimen organizado. Ella decía ‘pues no tenemos evidencia, pero estamos seguros’. Es un sin sentido. Una autoridad pública no puede decir eso.

— ¿Qué supone el quiebre de balance de poderes para las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos en un país como este, donde todo parece estar coludido para el terruqueo?

Muchas veces, en el imaginario popular, pensamos en democracia y pensamos en elecciones, pero hay otros elementos también. Un elemento fundamental es el balance de poderes. Tiene que haber autonomía entre los tres poderes del Estado, y cuando ese balance quiebra, como quebró durante el fujimorismo, cuando Alberto Fujimori hizo su autogolpe, cerró el Congreso y tomó control del Poder Judicial, ya existía mensualmente un Poder Ejecutivo que tomaba todas las decisiones. No es un modelo igual aquí, pero hay un problema de equilibrio de poderes muy fuerte que hace cuestionar hasta qué punto podemos llamar al Perú una democracia.

Otro elemento de la democracia es obviamente los derechos civiles, políticos y derechos humanos. Si se viola sistemáticamente los derechos humanos también es un elemento con el que uno puede empezar a cuestionar su nivel de democracia.

— En la situación actual hasta se ha terruqueado el apoyo no solo de los activistas, sino por ejemplo de estos dos investigados, señores dirigentes, que como todo dirigente tuvieron que sacar cuentas, tuvieron que apuntar gastos. Yo no sé si rosa el totalitarismo.

Creo que el terruqueo ha llegado a un nivel de histeria en el Perú, un poco como el macartismo en mi país (Estados Unidos) durante los años 50, donde claro, siempre hubo un cierto nivel de lo que en Perú se llama terruqueo, pero en los años 50 se convirtió en una campaña histérica liderada por un congresista, desde un poder del Estado, para limpiar personas que se consideraba agentes del comunismo. Muchos de ellos no tenían nada que ver. Creo que lo mismo está pasando en el Perú.

El terruqueo es una herramienta de larga data que se afinó durante el fujimorismo. Fue una forma de identificar cualquier opositor, cualquiera que cuestionaba al régimen, como terrorista; y si usted terrorista, entonces yo te puedo tratar como uno: te puedo detener, torturar, matar, desaparecer, violar. Eso es lo que pasó.

En democracia, uno podría suponer que esas prácticas ya no serían tan comunes, pero desde el gobierno de Toledo se practica el terruqueo. Escribí un artículo en 2005 hablando sobre cómo —no necesariamente el gobierno de Toledo, pero gente de la derecha— se utilizó ese recurso fácil de acusar a cualquier persona de terrorista para básicamente eliminarla en términos de capital social y político. Estigmatizar y aniquilar no físicamente, sino cultural, política y simbólicamente. Ahora que tenemos un Gobierno ya no democrático, híbrido si quieres, seudoautoritario si quieres, el terruqueo es su principal mecanismo de control social porque no tiene otro. Este es un gobierno que carece casi totalmente de legitimidad.

Siento que también perdió legitimidad para dialogar. El Gobierno constantemente llama al diálogo, ¿pero qué ha hecho ella (Dina Boluarte) para generar esos espacios? ¿Cómo pretendes generar confianza para tener diálogo cuando tú estás disparando y matando a la gente? ¿Con quién pretendes dialogar? No hay condiciones.

— Te pregunto por el rol que tiene en esta crisis el fujimorismo, uno de los pocos ‘partidos’ que restan.

Creo que el papel del fujimorismo no ha sido adecuadamente tomado en cuenta en esta crisis. Todos estamos enfocados en que todo "comenzó" el 7 de diciembre con un desenlace violento y preocupante de desgobierno, de manifestación social masiva, de violencia policial inaceptable, de muertes inexplicables. Nos hemos olvidado un poco de cómo hemos llegado hasta aquí.

El problema comienza en el 2016 cuando Keiko Fujimori por segunda vez pierde las elecciones ante PPK y no reconoce su derrota. Entonces, ella decide (…) gobernar desde el Congreso. Sabemos que PPK renuncia, en parte por las acusaciones de corrupción que se destapan, pero principalmente porque sabe que lo van a vacar.

Entra Vizcarra y pasa lo mismo: choque entre el Ejecutivo y Congreso. Con las elecciones en 2021 llega a otro nivel. Por tercera vez Keiko postula y cree que ya no puede perder. Llega a la segunda vuelta ante Pedro Castillo, un total desconocido, un profesor de Chota. Estoy segura de que ella y sus asesores estaban confiados de su victoria, y no ganó. Entonces, es como la misma película que volvemos a ver.

Esta vez decide no solamente no reconocer su derrota, sino retar la victoria de su contrincante con el discurso falso del fraude. Recordemos que en ese momento, en 2021, como parte de su intento de ‘comprobar’ que hubo fraude, envían abogados de las firmas más pudientes de Lima a la sierra a revisar los balotajes ¿De quiénes? De la gente más pobre, indígena, quechuahablante, de los "nadies". El cargo de racismo en ese hecho es muy fuerte.

Ver hoy a esos "nadies" levantarse y decir: 'Basta de no tomarnos en cuenta, de discriminar contra nosotros, de tomar decisiones sin nosotros, por sobre nosotros', es algo muy poderoso. No sabemos qué desenlace va a tener.

— ¿Es el momento más crítico del país desde Alberto Fujimori?

Yo creo que sí, sin duda. Solamente mirando la cantidad de muertos que tenemos, en democracia y desde el 2000, eso es inédito. El referente más similar que puedo recordar es el Baguazo donde murieron 10 indígenas y fueron heridos varios más. Ese fue un momento traumático para el país. Hasta ahora no hay ningún responsable político de esa masacre.

Pero desde el 2000, el momento que se está viviendo en Perú, con respecto a represión estatal, es el más feroz, con más muertos, en estos 22 años que se han vivido desde el retorno a la democracia. En solo ese sentido es un problema crítico, pero también tenemos un problema grave de desgobierno. Hay momentos en que la presidenta no aparece por días enteros y todo el mundo se pregunta dónde está. Un señor manifestándose en las calles de Lima es disparado en la cabeza con un cartucho de gas lacrimógeno por un policía y ella no sale a decir absolutamente nada al respecto. ¿Acaso no es peruano, acaso no es ciudadano?

Como hemos venido diciendo, está en grave peligro la institucionalidad democrática por la cual se peleó duramente a fines de los años 90. Creo que nunca, en los 22 años de democracia en Perú, se ha caído a un nivel en que se podría decir que ya no estamos en democracia. Ha habido un montón de problemas que te los puedo ir enumerando, pero el peligro a un giro autoritario es muy grave.

No hay que confundirnos que con elecciones salimos de esta. Pienso que las elecciones tempranas son necesarias para tratar de resolver el momento, pero para los problemas estructurales del sistema político, de la Constitución, del sistema electoral; ni hablar en los problemas sociales, de la exclusión, de la pobreza, de la informalidad, del racismo, los problemas históricos más grandes, se requiere un pacto social nuevo para tratar de lidiar y encontrar formas de resolver esto.

— Pienso que la asamblea constituyente es la única forma de integrar a esos "nadies" en la composición de un pacto. Eso es lo que están pidiendo, porque no hay representación.

Es lo que están pidiendo. Si pensamos en los otros procesos constituyentes que ha tenido Perú, creo que el único en el que pudo votar la gente mayoritariamente indígena ha sido el de 1979. En 1993 ocurren elecciones bajo un momento dictatorial, en donde existía cierta libertad de prensa, pero también mucha represión, censura y mucha violencia estatal. Vivía en Perú en esa época y no creo que fueran elecciones libres.

¿Por qué no un proceso en el que esos sectores tengan su representación? Siempre la cuestión estará en los detalles, en cómo garantizamos que, teniendo la posibilidad de una asamblea constituyente, no estará apoderada por los sectores antiderechos que existen en la derecha e izquierda. Ese creo que es el gran reto.

— ¿Cuáles son los escenarios que se le vienen a Dina Boluarte desde una visión de derechos humanos? Ella ha sido denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero, es un camino muy largo. Típicamente, se demora una década para que un caso llegue en particular, y siempre es necesario que se agoten los recursos internos.

Sabemos también que la fiscal (Patricia Benavides) ha abierto una investigación a la presidenta, Otárola y otros ministros, pero entiendo también que hay dudas sobre su actuación. Hay muchas cosas que me hacen recordar de la época del fujimorismo. Había una fiscal que fue fiel sirvienta de la dictadura de Fujimori, Blanca Nélida Colán. Yo no siento mucha confianza en la investigación de la fiscal, además, la figura de genocidio es muy difícil de comprobar. Muy fácilmente la podría haber acusado por homicidio culposo, homicidio agravado u otras figuras.

Si esa investigación no llega a ninguna parte, ahí se abriría tal vez la posibilidad de una investigación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay que recordar también que la CIDH no juzga a personas, juzga a los Estados. Determinan la responsabilidad del Estado y recomienda acciones concretas para remediar la violación ocurrida. Entonces, podría nombrar a Dina Boluarte como última responsable, pero no la va a juzgar porque no es su competencia.

Ahora, podrían denunciarla ante la Corte Penal Internacional (CPI), pero eso lo veo más remoto todavía. Está allí como posibilidad. Es muy probable que por el resto de su vida ella enfrente acusaciones por los hechos ocurridos en este tiempo.

— Hablemos sobre repercusión internacional. Desde Cancillería se alega que desde el extranjero están desinformando lo que pasa "realmente" en el Perú.

Cuando salió el hilo en Twitter de la Embajada de Perú en Estados Unidos de las ocho verdades —que viene desde la Cancillería— obedeció al mandato de tratar de imponer ese relato. Eso es lo que está pasando: hay una lucha por imponer un relato. La función del terruqueo en el Perú es imponer un relato de que los que están manifestando son violentistas, criminales y terroristas; por lo tanto, carecen de legitimidad y los puedo reprimir como quiero. A nivel internacional quieren también imponer una narrativa, quieren desconocer el derecho de la prensa de informar a su manera y quieren poner la narrativa de que el Gobierno es democrático y que se está defendiendo de manifestaciones violentas.

Una democracia que está matando a gente desarmada, que no representa un peligro a nadie, gente que solo está pidiendo una asamblea constituyente o elecciones tempranas, eso llama la atención a nivel internacional.

Lo que ellos quisieran es que el periodismo internacional voltee la mirada y se vayan a Ucrania y no miren lo que está pasando en Perú. ¿Por qué? La prensa en Perú —y todos lo sabemos— está concentrada en un gran sector como lo es El Grupo El Comercio. Ellos están dirigiendo un discurso muy afín al Gobierno.

https://larepublica.pe/politica/2023/02/14/dina-boluarte-paro-nacional-joemarie-burt-peru-esta-viviendo-a-nivel-de-represion-estatal-su-momento-mas-feroz-desde-el-2000-772492

https://www.leerydifundir.com/2023/02/peru-esta-viviendo-nivel-represion-estatal-momento-mas-feroz-desde-2000/

Perú: Esta democracia ya no es democracia

Jo-Marie Burt

La semana pasada, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado sobre el grave deterioro de la crisis de derechos humanos en el Perú.

En el comunicado, publicado el 9 de febrero, WOLA refiere a una reunión que sostuvimos la presidenta, Carolina Jiménez, y yo, como asesora principal de la institución, con la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, en nuestra oficina en Washington, DC. La Embajada del Perú nos solicitó reunirnos con la canciller para conversar sobre la situación de derechos humanos en el país.

Nuestro comunicado reitera las preocupaciones que expresamos en esta reunión, especialmente nuestra indignación sobre el uso excesivo de la fuerza letal en el contexto de las protestas, así como los reportajes de detenciones arbitrarias, allanamientos de locales de organizaciones de sociedad civil y partidos de oposición, y la incursión violenta policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En particular, rechazamos el alto número de civiles muertos y heridos durante las protestas: 60 civiles y un policía muertos y más de 1.200 heridos. Llamamos la atención especialmente sobre las 49 personas que murieron por impacto de proyectiles de arma de fuego que, según la evidencia testimonial, audiovisual, y en algunos casos balística, apunta a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

Aplaudimos que el gobierno apoye una investigación fiscal sobre los hechos. Sin embargo, acertamos que “la impunidad generalizada de las violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad peruanas atempera las esperanzas de una rendición de cuentas efectiva”.

Además, anotamos que los mensajes de la presidenta y otros altos funcionarios de su gobierno de elogio a las fuerzas de seguridad y que vilipendian a los manifestantes —felicitando a la Policía por su “conducta inmaculada” mientras culpan a los manifestantes de provocar el “caos”— socavan la confianza en que el Gobierno está comprometido a garantizar la rendición de cuentas y prevenir nuevos abusos.

El reportaje publicado por IDL-Reporteros el domingo, que reconstruye los hechos del 15 de dic. de 2022 en Ayacucho, cuando diez personas murieron, recalca esta preocupación. La investigación demuestra que al menos seis de los fallecidos murieron a causa de disparos de las Fuerzas Armadas, y que en ninguno de los casos investigados representaban algún peligro para la vida. También identifica a los responsables del operativo militar. Y al punto: menciona que, si bien la fiscal Karen Obregón dio inicio a una investigación, a la fecha “ningún mando militar ha rendido su manifestación ante el despacho de la fiscal”.

La impunidad es parte de un orden social basado en la represión y la violencia, no de una democracia. Como se escucha en las protestas a lo largo y ancho del país, “esta democracia ya no es democracia”.

Jo-Marie Burt. Investigadora, escritora, y activista de derechos humanos. Actualmente es profesora de ciencias políticas en George Mason University, y Asesora Principal en la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA). La Dra. Burt ha desarrollado una práctica de investigación que combina el estudio de los procesos judiciales en casos de graves violaciones a los derechos humanos con el monitoreo de los mismos en tiempo real, y trabaja en colaboración con organizaciones en la región sobre derechos humanos y justicia transicional.

https://larepublica.pe/opinion/2023/02/14/democracia-no-es-democracia-por-jomarie-burt-726292

https://www.leerydifundir.com/2023/02/peru-esta-democracia-ya-no-democracia/

Perú: No me terruquees

Jo-Marie Burt

Tras el fallido intento de golpe de Pedro Castillo y su destitución por el Congreso, al menos 25 personas, tres de ellas menores de edad, han fallecido. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 20 murieron por impacto de bala, 9 a manos de las FF. AA. en Ayacucho, 11 en otras regiones, por la policía. Casi 300 civiles y 150 policías han sido heridos.

Esta es una grave crisis de los derechos humanos. Si el gobierno peruano no lo ha visto así, la comunidad internacional sí. El 14 de diciembre, 185 organizaciones de derechos humanos a nivel mundial llamaron a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizara una visita en situ ante la gravedad de la situación. Por esa razón, la delegación de la CIDH inicia su visita hoy.

La CIDH encontrará un gobierno que ha buscado negar insistentemente la legitimidad de las movilizaciones sociales que han ido creciendo en volumen e intensidad desde el 7 de diciembre.

Encontrarán un gobierno que con el discurso enfocado en los hechos de violencia buscan reducir las movilizaciones a acciones de un grupo pequeño de personas extremistas —que deben ser investigadas— para así desconocer la voluntad de miles de peruanos y peruanas que han salido a las calles para demostrar su desconformidad con la situación actual.

El primer ministro y otros ministros han dicho insistentemente que las movilizaciones son manipuladas por extremistas; la presidenta en funciones ha referido a “grupos violentistas” y “grupos conflictivos”, y en su conferencia de prensa del sábado pasado, restó cualquier legitimidad a los y las manifestantes.

Incluso, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en la misma conferencia, fue llamado por la presidenta “para que explique al país el caos que se ha generado ese grupo violentista”; él, vestido de camuflaje, no solo reportó sino editorializó que las protestas son producto de “malos peruanos” que “están completamente equivocados” y se refirió a ellos como “violentistas” y “terroristas”.

La política del miedo —la utilización del miedo como instrumento de desmovilizar a la sociedad, de acallar sus demandas, de estigmatizar a los oponentes, también conocido como el “terruqueo”— tiene larga data en el Perú. He escrito sobre cómo fue utilizado durante los ochentas y especialmente durante el fujimorato.

Ha sido utilizado en los 22 años de democracia por la derecha para aniquilar a sus oponentes políticos, para deslegitimar a quienes piensan diferente, hasta para censurar expresiones culturales que cuestionan su hegemonía.

Hoy, un en contexto extremadamente volátil, con 83% de la población demandando el cierre de un Congreso que tiene su espalda al país y la convocatoria a nuevas elecciones, el discurso estigmatizador del terruqueo no solo busca aniquilar la humanidad de sus adversarios sino, como hemos visto, justificar su desaparición física. Eso ya lo hemos vivido. Es necesario pararlo, antes de que sea muy tarde. Para más de 25 familias peruanas ya lo es.

https://www.leerydifundir.com/2022/12/peru-no-me-terruquees/

Perú: Una cachetada a la democracia peruana

Jo-Marie Burt

Perú es uno de los pocos países en el mundo en que el sistema de justicia se mostró capaz de investigar y juzgar crímenes atroces. Gracias a la lucha incansable de las familias de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, Fujimori, quien había fugado del país luego de diez años de gobierno arbitrario y corrupto, fue extraditado, juzgado y condenado por un tribunal peruano. El juicio a Fujimori no solo logró la sanción de graves crímenes: ayudó a afirmar un principio fundamental de la democracia: nadie, por más poderoso que sea, está encima de la ley.

Desde el momento de su condena, los familiares y aliados de Fujimori desconocieron la legitimidad del proceso judicial y la sentencia condenatoria, sin base alguna. Sus enemigos utilizaron la justicia para sacar a Fujimori del juego político, dijeron. El tribunal no fue imparcial, dijeron. Y desde entonces, buscaron presionar a los gobernantes de turno para conceder el indulto a Alberto Fujimori, desde Alan García, hasta Ollanta Humala, hasta PPK: quien, para salvarse de la vacancia, le otorgó el indulto humanitario en 2017.

Fujimori gozó un año de libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia determinó que además de ser resultado de un vil negociado político, el sustento técnico del indulto fue viciado en varios aspectos, y violaba tanto el derecho peruano como el derecho internacional, como ya había señalado la Corte Interamericana de DDHH. Haciendo valer la ley, anuló el indulto y ordenó el regreso de Fujimori a la cárcel.

El lunes el Tribunal Constitucional dio a conocer la resolución que resucita el indulto fraguado, que liberaría otra vez a Fujimori. La resolución es un mamotreto; basada en argumentos falaces y desconoce la resolución de la Corte Interamericana. Los tres magistrados que votaron a favor de la liberación de Fujimori lo hicieron en base a criterios políticos. Un hecho grave tomando en cuenta que se trata de la más alta corte del país, cuya labor es precisamente velar por el orden constitucional, que incluye los tratados internacionales a los cuales el Perú está adscrito.

Una vez más, el ciudadano de a pie ve cómo la cancha se inclina si eres un político poderoso al que le devuelven los favores en forma de votos en el tribunal más importante del país. Ante un fujimorismo que no acepta las reglas de la democracia, el Perú camina hacia un abismo que solo lo pueden parar instituciones sólidas y una ciudadanía activa. La orden judicial que impide salir del país a Fujimori, pues debe enfrentar juicio por la masacre de Pativilca, es buena señal. Pero, para que una democracia lo sea, se debe respetar el Estado de derecho. Se debe volver a anular el indulto y Fujimori debe seguir cumpliendo su pena.

A 30 años del autogolpe del 5 de abril, liberar a Fujimori es una cachetada a la democracia.

https://www.leerydifundir.com/2022/03/peru-una-cachetada-la-democracia-peruana/

Perú: La gran mentira, igual acá y allá

Jo-Marie Burt

Cuando Keiko Fujimori se dio cuenta de que había perdido, por tercera vez consecutiva, las elecciones presidenciales de 2021, alegó que hubo fraude. Siguió la misma estrategia que Donald Trump, quien hasta ahora —a más de un año de las elecciones de noviembre de 2020— mantiene que hubo fraude y que él, no Joe Biden, había ganado la presidencia.

No hay evidencia de fraude electoral, ni en un caso ni en el otro. En Perú, el Ministerio Público informó al Jurado Nacional de Elecciones que había archivado las denuncias por presunta falsificación de firmas de miembros de mesa en las elecciones de 2021. En Estados Unidos, todas las acusaciones legales interpuestas por Trump fueron desechadas por las autoridades. Hasta que el reconteo en el estado de Arizona llevado a cabo por sus allegados dio a Biden como ganador. Eso debe haber cerrado el tema. Pero no ha sido así.

Si bien el 60% de la población cree que no hubo fraude, tres de cada cuatro republicanos creen que definitiva o probablemente la victoria electoral de Joe Biden no fue legítima. Contra toda la evidencia de lo contrario. “La gran mentira” sigue tan viva en Estados Unidos ahora como hace un año, cuando, el 6 de enero de 2021, un grupo asaltó violentamente el Capitolio en un último intento de revertir el resultado de las elecciones. No solo eso: la mayoría de republicanos estaría más dispuesta a votar por candidatos para el Congreso en 2022 que cuestionan la victoria de Biden.

En el Perú, también sigue vivo el discurso de la gran mentira. Al igual que en EE. UU., la derecha y un sector importante del empresariado han priorizado sus intereses particulares sobre las reglas del juego democrático. Acusaron, sin ninguna evidencia, a 2.400 peruanos y peruanas de fraguar sus firmas. Fui testigo del intento absurdo de varios congresistas de derecha de viajar a Washington a pedir en la OEA que se revisen las elecciones. Jorge Montoya, que participó en este viaje, hoy lidera una comisión en el Congreso que pretende investigar el presunto fraude. Esta comisión debe ser cerrada y los responsables de la gran mentira deben pedir perdón, tal como exigió La República en su portada hace unos días. Estos políticos —y los medios de comunicación afines a ellos— no han dicho esta boca es mía hasta el día de hoy.

¿Puede la democracia sobrevivir cuando uno de los dos partidos principales, como en EE. UU., o un abanico de partidos, como en el Perú, opta por ganar a toda costa, sin respetar las reglas del juego democrático? En la ciencia política se refiere a eso como una oposición desleal, y abre el camino hacia una posible ruptura democrática. Si las y los ciudadanos de a pie no se levantan en su defensa, será difícil que la respuesta sea sí.

Jo-Marie Burt. Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina. Síguela en Twitter @jomaburt.

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Perú: La otra pandemia

Jo-Marie Burt

La pandemia ha golpeado al Perú con especial dureza, siendo el país con la tasa de mortalidad por COVID más alta del mundo. Ante la gravedad de la situación, las autoridades han establecido un programa de vacunación exitoso. Más del 80% de la población ha recibido la vacuna, que junto con medidas como llevar mascarillas y el distanciamiento social, es la única herramienta para combatir el COVID.

Para las mujeres peruanas existe otra pandemia invisible: la violencia de género.

En los primeros minutos del año nuevo, se reportó el primer feminicidio: un hombre asesinó a puñaladas a su pareja, una joven de 17 años, en Huancavelica.

El feminicidio es el acto de asesinar a una mujer por su condición de tal. Puede ser relacionado a violencia familiar, violencia sexual, hostigamiento, acoso sexual u otros hechos en cuya base está la discriminación de género. En 2021, la Defensoría del Pueblo registró 132 feminicidios, 204 intentos de feminicidios y 54 muertes violentas de mujeres en el país.

La violencia de género empeoró y se hizo más evidente con la pandemia. Durante 2020, el número de casos de violencia contra la mujer denunciados se duplicó en relación al año anterior: 235.000 agresiones. El confinamiento obligatorio, medida necesaria para enfrentar la crisis sanitaria, generó un aumento en la violencia contra las peruanas. Muchas mujeres no tuvieron opción alguna y acabaron encerradas con sus agresores, lo que imposibilitó salir a denunciar y buscar ayuda. También hubo un incremento alarmante en el número de mujeres, incluso niñas y adolescentes, reportadas como desaparecidas en el 2021: 16 por día durante el primer semestre.

Gracias a la presión de la sociedad civil, especialmente las organizaciones feministas, el Perú ha desarrollado un marco legal para combatir el feminicidio y la violencia de género. Se estableció el feminicidio como un delito autónomo en el 2013. En el 2016 se promulgó una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. En el 2018 se creó un sistema especializado de justicia para sancionar la violencia de género.

Pero aun así, la violencia contra las niñas y las mujeres sigue en aumento. Es la otra pandemia que no se visibiliza o, peor aún, se convierte en espectáculo.

Es necesario fortalecer el marco legal para combatir la violencia de género y el feminicidio. Pero la solución a la pandemia de la violencia de género no puede ser solo legal. La tolerancia social de la violencia de género es una de sus principales razones de ser. Eso se combate con educación con enfoque de género, que es la única forma de atacar la raíz del problema: el machismo que mata.

Jo-Marie Burt. Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina. Síguela en Twitter @jomaburt.

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Perú: ¿Es exagerado exigir justicia?

Jo-Marie Burt

Hoy se conmemora el asesinato de dos jóvenes, Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, quienes junto a decenas de miles de jóvenes salieron a las calles a manifestar su desacuerdo tras la ilegal toma de poder del entonces congresista Manuel Merino y fueron asesinados durante la represión policial que no se veía desde el Perú de Fujimori.

No fue la primera vez que Merino buscó vacar al entonces presidente, Martín Vizcarra. El intento anterior fue detenido gracias al destape de IDL Reporteros de las comunicaciones irregulares de Merino y sus colaboradores hacia los comandantes de las Fuerzas Armadas solicitando el apoyo para sus planes golpistas. Merino llegó al poder porque se sumó la causal ambigua de “incapacidad moral” de la Constitución del 1993 junto a la complicidad de 104 otros miembros del Congreso. Fue un asalto al poder en toda la línea.

La ciudadanía, en especial la juventud, se levantó espontáneamente para demostrar su rechazo a la vacancia presidencial promovida arbitrariamiente desde el Congreso. Las manifestaciones no solo fueron en Lima, sino en todo el país. Y duraron todo el tiempo en el que Merino estuvo en Palacio de Gobierno: entre el 9 y el 15 de noviembre del 2020. Decenas de miles de personas llenaron las calles en diferentes ciudades del Perú para protestar en contra de un gobierno al que percibían como ilegítimo. El 13 por ciento de la población salió a marchar en contra del gobierno de Merino, haciendo que las marchas de noviembre del 2020 fueran las más grandes en la historia del Perú. El 86 por ciento de la población estaba a favor de las manifestaciones, porque la gran mayoría percibió a Merino como usurpador.

La policía ejerció una represión desmesurada en contra de los manifestantes. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha publicado una serie de entrevistas a varios de los que fueron gravemente heridos por la violencia policial en noviembre del 2020. Un policía le disparó una bomba lacrimógena a la cara de Rubén Vergara, haciendo desprender la retina del ojo y afectando su vista. A Jon Cordero, de 23 años, un perdigón le cayó en la vértebra, aún no puede caminar. A Percy Pérez, de 27 años, una canica le perforó los intestinos, afectando su pierna y limitando su capacidad de movilizarse. Los jóvenes también explican sus motivos por salir a protestar, en defensa de su país, la democracia, el futuro de sus hijos.

El asesinato de Inti y Bryan por la policía el día 14 de noviembre marcó un punto de inflexión en la semana de protestas de repudio al gobierno de Merino, obligándolo a renunciar a la presidencia. Días después el Congreso eligió a Francisco Sagasti haciendo que él asumiera como presidente interino del país hasta las elecciones en el 2021.

Un año después de los hechos, todo avanza lento, la Fiscalía presentó el mes pasado una denuncia ante el Congreso contra Merino y dos de sus exministros por la muerte de Inti y Bryan y por las lesiones sufridas por 78 personas más en las movilizaciones de noviembre.

“Exagerada” fue el calificativo que expresó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, de Acción Popular y correligionaria de Merino, cuando supo de la presentación de una denuncia constitucional en contra de Merino.

Exagerada es más bien la demora en la promesa de justicia para la familia de los llamados “héroes del Bicentenario”; Inti y Bryan y miles de jóvenes peruanos que defendieron la democracia que con tanto esfuerzo se logró recuperar en el 2000, luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori y la fuga del dictador a Japón.

“Se metieron con la generación equivocada” fue el lema de las marchas de noviembre del 2020 en medio de la más dura pandemia. Un año después, la generación del bicentenario sigue esperando justicia para Inti y Bryan. Empujemos para que sea posible.

Jo-Marie Burt. Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina. Síguela en Twitter @jomaburt.

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Tras elecciones del 6 de junio, democracia del Perú pende de un hilo

Jo-Marie Burt y John Walsh

El 6 de junio de 2021, los peruanos y peruanas votaron por el próximo presidente de su país. Con todos los votos contados, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció el 15 de junio que Pedro Castillo prevalecía sobre Keiko Fujimori, con 50,125 por ciento contra 49,872 por ciento, un estrecho margen de 44.240 votos, de los casi 19 millones de votos totales. Esta votación extremadamente cercana representó la culminación de una campaña electoral fuertemente polarizada, con el candidato de izquierda Castillo abogando por profundas reformas económicas y cambios políticos, y una Fujimori extremadamente conservadora que prometía defender un modelo peruano de libre mercado.

Sin ofrecer evidencia creíble alguna, Keiko Fujimori ha alegado fraude, en un evidente intento de buscar anular los resultados electorales. Las autoridades electorales peruanas están examinando cuidadosamente los alegatos de fraude presentados por la campaña de Fujimori, que aunque en su mayoría ya han sido desestimados y los reclamos restantes no tienen el potencial de cambiar el resultado.

Los organismos de observación nacionales e internacionales, incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), no han encontrado evidencia de fraude. Observadores creíbles han dejado claro que el voto fue limpio, y han felicitado a las autoridades electorales peruanas por la calidad del proceso, pese a las circunstancias agravadas por el COVID-19.

Notablemente, después de dos semanas de casi completo silencio, el Departamento de Estado de Estados Unidos se unió recientemente a las felicitaciones, elogiando “a las autoridades peruanas por administrar de forma segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas, incluso en medio de los desafíos de la pandemia del COVID-19. Estas últimas elecciones fueron un modelo de democracia en la región. Apoyamos el tiempo dado a las autoridades electorales para que procesaran y publicaran los resultados de acuerdo con la ley peruana.”

Pese a las críticas de Fujimori, queda claro que las instituciones electorales han operado en este ciclo electoral de forma justa, eficiente y transparente. No es una ironía menor que estas instituciones hayan tenido que ser minuciosamente reconstruidas después de ser politizadas y cooptadas entre 1999 y el 2000, cuando Alberto Fujimori (padre de Keiko), buscó su tercera reelección en un proceso electoral que fue calificado de fraudulento por los organismos de monitoreo nacionales e internacionales. Fujimori huyó de Perú tan solo meses después de ser juramentado como presidente por un inconstitucional tercer periodo, luego de que se hicieran públicos  videos que terminaron por dejar al descubierto la corrupción de su régimen. En 2009, Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad por autorizar asesinatos y desapariciones perpetrados por escuadrones de la muerte, y le fue ordenada una pena de 25 años en prisión, también siendo condenado por numerosos casos de corrupción.

En vista del consenso existente entre los organismos de monitoreo electoral de que las elecciones fueron realizadas con integridad y transparencia, parece obvio que los alegatos de fraude de Keiko Fujimori carecen de fundamento, y pretenden retrasar el anuncio de un ganador, convencer a sus votantes de que le robaron la elección, y generar un clima de incertidumbre y miedo, que por último busca anular las elecciones o revertir sus resultados. Bloquear la juramentación de Castillo constituiría un ataque directo al derecho fundamental de peruanos y peruanas a elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas.

Un candidato perdedor que intenta robar una elección alegando fraude sin evidencia alguna puede sonar muy familiar. Tras el final de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020, Donald Trump y sus partidarios pujaron por la misma narrativa infundada de fraude electoral, fomentando el conflicto y una violenta y mortal insurrección. La “gran mentira” de Trump no logró prevenir que el candidato ganador, Joe Biden, asumiera la presidencia. Sin embargo, millones de ciudadanos estadounidenses creyeron la narrativa de fraude de Trump, y no consideran a Joe Biden como su presidente legítimo.

Perú recuperó su democracia en el 2000, después de dos décadas de mandato autoritario y violencia política. Desde entonces, la democracia peruana ha sorteado muchas tormentas. Sin embargo, existen preocupaciones reales respecto a si sus instituciones son lo suficientemente fuertes para soportar los ataques mendaces de Fujimori y sus partidarios.

A pesar de que los alegatos de fraude de Fujimori son fabricados, los riesgos que presentan para la democracia peruana y el Estado de derecho son muy reales. El peligro en el que se encuentra la democracia peruana se agrava por el papel grotescamente irresponsable de los medios de comunicación nacionales, que dieron total cabida a la gran mentira de Fujimori, al forzar una narrativa de fraude que  genera un clima de tensión y conflicto. Resulta alarmante que esta narrativa falsa y peligrosa haya sido amplificada por notables figuras, tales como el Premio Nobel (y antiguo candidato presidencial) Mario Vargas Llosa. Pese a haber hecho campaña en contra de Keiko Fujimori en el 2011 y 2016, Vargas Llosa terminó apoyándola esta vez, dado que veía a su rival como un peligroso radical que pondría en peligro a la economía de libre mercado peruana. En su columna dominical de El País, fue incluso más allá de apoyar a un candidato, montando una defensa totalmente temeraria de la gran mentira de Fujimori.

Para sumar a este sentimiento de riesgo, oficiales militares en retiro han emitido dos cartas separadas, en las cuales piden la intervención por parte de las fuerzas armadas peruanas, de ser Castillo proclamado como presidente electo. La segunda carta, que contiene los nombres de unos 1.300 oficiales en retiro, fue de tal proporción, que el presidente Francisco Sagasti convino una conferencia de prensa denunciándola como un acto de sedición en contra de la democracia peruana.

Keiko Fujimori ya ha estado del lado perdedor en dos elecciones anteriores en 2011 y 2016. Aunque nunca reconoció formalmente su derrota en 2016 (que también fue por un estrecho margen de 41.000 votos), posteriormente usó su mayoría en el Congreso para generar un clima de ingobernabilidad. Tan solo un indicador: Perú ha tenido cuatro presidentes entre 2016 y 2020, dos de los cuales fueron removidos de su cargo por el Congreso, y dos que fueron removidos después de días de protesta, que incluyeron la muerte de dos jóvenes peruanos.

Ahora, Fujimori se está rehusando nuevamente a reconocer la realidad de su derrota, valiéndose de los medios tradicionales y las redes sociales para esparcir alegatos de fraude, con el objetivo de socavar los resultados electorales. No es coincidencia que Fujimori esté afrontando la posibilidad de una seria condena a prisión por acusaciones de lavado de activos, liderar una organización criminal, y obstruir la justicia, y quedaría vulnerable a las acusaciones fiscales de no obtener la inmunidad que le otorgaría la presidencia.

Estos alegatos de fraude caen en estereotipos racistas y buscan negarle la presidencia a Castillo, un campesino, profesor y líder sindical de la Cajamarca rural. En la antesala de  las elecciones del 6 de junio, Fujimori y sus aliados lanzaron una feroz campaña macartista que buscó retratar a Castillo como un peligroso comunista, e incluso como un militante de Sendero Luminoso. Esta obvia manipulación de viejos miedos, con la intención de desacreditar ampliamente a Castillo, ha sido replicada ampliamente por los medios tradicionales. Ahora, esta manipulación está siendo usada como argumento para justificar la nulidad de las elecciones peruanas de ser Castillo declarado presidente. La histeria de las élites por la victoria de Castillo se ha intersectado con la necesidad urgente de Fujimori de ganar la presidencia y evitar la cárcel.

Con la revisión de las últimas actas impugnadas llegando a su fin, parece claro que Castillo ha ganado la elección justamente, y debería ser juramentado como presidente del Perú el próximo 28 de julio. Pero, de lograr Fujimori su cometido, ella y su partido encontrarán una forma de anular las elecciones y prevenir la juramentación de Castillo. Este es el momento para que los líderes democráticos de todo el mundo se pronuncien defendiendo la integridad del proceso electoral, y que acepten la voluntad de la mayoría de votantes, después de que las autoridades competentes hayan certificado el resultado. Si Fujimori logra anular las elecciones en el Perú, las consecuencias serían terribles, no solo para Perú, sino para todas las democracias en la región.

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