Esas manifestaciones fueron reprimidas brutalmente, con armas y proyectiles no permitidos internacionalmente, disparando a las zonas sensibles del cuerpo de los manifestantes, con claro ánimo de dañar. Esa represión fue alentada y permitida por el golpista Manuel Merino, su “primer ministro” Flores Aráoz y su ministro del Interior, por lo cual la Fiscalía de la Nación los denunció constitucionalmente para que fueran procesados penalmente.
Dos años después, la justicia se muestra esquiva. Un informe mañoso y descarado, elaborado por el congresista Alejandro Cavero, quien demostró estar dispuesto a encargarse del trabajo sucio para hacer méritos ante los vejetes de la ultraderecha, que no son tan tontos como para quemarse ellos mismos, impidió hace unos meses que la denuncia constitucional pudiese prosperar y fue encarpetada. Por el momento, porque la justicia llegará para los responsables y sus encubridores.
El caso contra los miembros de la Policía Nacional se encuentra paralizado desde hace meses en la fiscalía porque el Poder Judicial aún no decide que un juez del sistema penal especializado –y no del común– es el llamado a acompañar la investigación y dotarla de garantías, sea a través de una casación que así lo reafirme o de una decisión que dirima la competencia negativa entre diversas instancias judiciales. Por su parte, de la indagación disciplinaria nada se sabe y –además– nada bueno se puede esperar.
En el 14-N perdieron la vida Bryan Pintado e Inti Sotelo, víctimas de los perdigones disparados criminalmente en la represión policial de la marcha. Pero además de esa desgracia, más de 200 personas resultaron heridas por la brutal actuación represiva de la Policía, decenas de ellos heridos de gravedad por el impacto de perdigones y bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo. Muchos heridos han quedado con graves consecuencias hasta el día de hoy, sin que nadie en el Estado asuma responsabilidad alguna. Dada la falta de asistencia médica por parte del Ministerio de Salud, muchos heridos quedarán con consecuencias de discapacidad permanente.
La excelente página de Twitter Perú No Olvida 14N viene llevando adelante una necesaria y ejemplar campaña para dar a conocer los casos de aquellos jóvenes que fueron gravemente heridos en la represión del 14-N, sobre quienes muy poco, y a veces nada, se ha dicho con suficiente claridad y contundencia, y lo hace dándoles voz, presentando sus testimonios, resaltando la peripecia que enfrentan por haberse atrevido a ejercer sus derechos ciudadanos en defensa de la democracia. Conviene consultar esta página de Twitter por su valiosa información, aquella que unos congresistas indignos niegan para servir a sus patrones y amigotes represores.
Así podremos enterarnos mejor del caso de Albert Ñahui, quien “ha perdido la vista y el olfato por el impacto de una bomba lacrimógena que le destrozó parte del cráneo”. Albert dice en su testimonio: “El doctor me dijo: el cráneo, ese pedazo se deshizo, no hemos encontrado nada, solo pedacitos. Tenemos que ponerte una placa de titanio... Y cuando desperté ya me habían intervenido. Tenía una cicatriz de acá hasta acá, hasta la mitad de la cabeza...”. Dos años después de los hechos, el joven Ñahui no cuenta con ningún apoyo ni atención médica del MINSA, como se ofreció, y enfrenta discapacidades que limitan gravemente su vida y sus posibilidades de estudiar y trabajar.
Samuel Giraldo, estudiante de danza, “dos años después, ha vuelto a sus clases de ballet, pero tiene que combatir con múltiples secuelas”. Sufrió la fractura de la pierna por el impacto directo de una bomba lacrimógena. “Recuerdo que cuando me impactó la lacrimógena caí tirado al piso. Y siento cómo sucede algo internamente en el hueso, como si algo se quebrase en muchas partes. Tenía la sensación de que algo estaba crujiente en mi pierna, se sentía bien intenso”. Samuel, además de su grave lesión física, ha tenido que enfrentar graves problemas de ansiedad y depresión que enfrenta sin apoyo médico del MINSA, aparte del perjuicio con dos años perdidos para su carrera en la danza.
A Jon Cordero “un perdigón de plomo le quebró dos vértebras. Hoy ya no puede movilizar la pierna izquierda y su vejiga ha dejado de funcionar”. Jon relata: “Una chica se acerca, como yo había agarrado la bomba lacrimógena, me quiso auxiliar pasándome también agua con vinagre, y entonces recibo el impacto por la espalda. Créeme que en ese momento fue como si se me hubiera apagado el cerebro, como si no hubiera reaccionado”. A pesar de la gravedad de sus heridas y las consecuencias para su salud, Jon tampoco cuenta con el menor apoyo del MINSA.
Otro caso grave fue el de P. V., quien recuerda: “Detrás de la oreja me cayó un perdigón. Y una bomba lacrimógena en la espalda. Agradezco el giro que hice, podría haberme caído en la oreja, en el oído o en el ojo. En ese momento pensé que me había quedado sorda”.
Fernando Nicho Muñoz “pasó por dos opiniones médicas: no hay opción de que recupere la visión en el ojo izquierdo”. Dos años después de la brutal represión del fugaz gobierno del golpista Merino, el joven Nicho Muñoz cuenta un detalle de cómo afectó su vida aquella actuación policial: “Uso seis tipos de gotas para el dolor, evitar infecciones, irritación, humectante… el dolor viene sobre todo cuando hay mucha luz, es abrumador”.
Gustavo Moreno recibió siete perdigones en la pierna. Hasta el momento sufre de dolor crónico, sobre todo en la rodilla, lo cual limita de manera permanente sus posibilidades de movimiento.
Hanns Licera era deportista, sobre todo surfista. Como consecuencia de la represión, tiene la rodilla prácticamente destrozada, lo que le impide caminar pues siente dolor a “cada paso”. Ante la desatención del MINSA, tuvo que operarse por su cuenta, en una clínica privada. Lamentablemente necesita una segunda operación para la cual ya no tiene recursos.
Roberto Cano sufrió la fractura de la pierna por impacto de una bomba lacrimógena. Fue mal atendido en el hospital Almenara, donde no le enyesaron la pierna como era necesario hacerlo, minimizando el daño que había sufrido. Días después, descubrió lo mal que había sido atendido, pero el daño sufrido ya se había agravado por la negligencia médica.
¿Hasta cuándo va a proteger el Congreso actual a los responsables mayores de esta brutal represión? ¿Le quedará algo de conciencia a Alejandro Cavero para darse cuenta de la impunidad que facilita a gente que ha perjudicado gravemente a tantos jóvenes?
¿Qué espera el Poder Judicial para declarar que los delitos investigados se perpetraron en el contexto de violaciones a los derechos humanos y por lo tanto recaen en la competencia de la justicia penal especializada, lo que habilitaría la continuación de la investigación fiscal de los crímenes?
¿Hasta cuándo va a esperar el MINSA, ahora bajo el dominio del autodenominado “gobierno del pueblo”, para hacerse cargo de la atención médica que el Estado ofreció dar a las víctimas que lo necesitan con tanta urgencia y de la cual carecen en absoluto? ¿O es que consideran que estos heridos son “caviares” y no merecen atención? Cómo se ve que, tratándose de las víctimas, los ultras de derecha y de izquierda coinciden en la más absoluta y criminal indiferencia.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 611 año 13, del 11/11/2022, p18
https://www.
