Perú: Democracia para las mujeres

Paula Távara

Porque lo que es bueno para la democracia es bueno para las mujeres.

Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha no fue elegida al azar, sino para recordar a las hermanas Mirabal, mujeres líderes de la lucha por la democracia en República Dominicana, que fueron brutalmente asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Esta fecha nos da así la oportunidad de recordar el valioso aporte de las mujeres a la construcción de la democracia, y lo relevante que es la preservación de este régimen para nosotras.

Y es que, según todos los estudios, los países con regímenes más autoritarios son también los más restrictivos para las libertades y derechos de las mujeres.

Solo hace falta ver cómo en Afganistán el retorno del talibán ha vuelto a expulsar a las mujeres y niñas de la educación formal; cómo Rusia y Turquía están reduciendo las protecciones contra la violencia de género; cómo dictaduras como la española o la chilena mantuvieron la prohibición del divorcio hasta bien entrado el siglo XX; y cómo hoy en día el régimen de Bukele —que tanto emociona a los políticos peruanos de diversas tiendas— prohíbe expresiones como identidad de género, inclusión o educación sexual en los libros escolares.

Obviamente las mujeres también sufren discriminación y otras violaciones de derechos en democracia. Pero cuando hay poderes autónomos, tribunales independientes, libertades civiles y representación diversa en los puestos de gobierno, las mujeres tenemos más herramientas para protegernos contra los retrocesos y la violencia.

Por eso es posible vincular muy directamente los retrocesos en cuanto a democracia en nuestro país con los retrocesos en cuanto a derechos de las mujeres.

Rodrigo Gil Piedra, en su libro Entre Dios y el Estado (IEP, 2024), señala con bastante claridad cómo la “politización proactiva” del movimiento conservador toma fuerza a partir de las elecciones de 2016, las mismas en que empieza la crisis política que nos ha llevado a tener siete presidentes en nueve años, con un cierre del Congreso y tres vacancias presidenciales de por medio.

Esta politización terminará de cobrar fuerza, nos dice Gil, hacia las elecciones de 2021, llevando a un “encumbramiento de una agenda moral provida y profamilia evidenciada en un implacable posicionamiento contra el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Así, en nuestro país, estos años de involución democrática han sido también años de involución en cuanto a nuestros derechos, especialmente a partir de las acciones de un movimiento conservador ya asentado en el poder y, en más de una ocasión, transversal a todo el espectro político.

Disfrazando sus iniciativas bajo conceptos que se presentan como inofensivos y sobre los que nadie podría oponerse en principio, como la protección de la familia o la niñez, los aliados de este régimen no democrático en el que nos encontramos siguen buscando limitar la autonomía de las mujeres.

Ejemplo de esto es cómo se ha eliminado la educación sexual integral de todo contenido escolar, siendo que esta tenía especial relevancia para la prevención de violencia sexual y embarazos adolescentes.

Además, justificándose en una supuesta protección de “el niño por nacer”, se ha buscado perseguir y criminalizar al personal de salud que cumple con la aplicación del protocolo terapéutico en niñas (es decir, menores de 14 años) embarazadas víctimas de violencia sexual.

Se ha abolido también, y se sigue avanzando en ello, toda mención al “género”, negándole el reconocimiento a las mujeres en su diversidad y pretendiendo perpetuar la idea de que las mujeres lo somos solo en tanto nacidas con vagina.

Ni qué decir del abandono que los diferentes gobiernos han dado a las niñas y adolescentes de zonas como Condorcanqui, víctimas de la violencia sexual generalizada por parte de docentes (la que incluso pretendieron llamar “práctica cultural”). O de las menores que se encuentran en Centros de Asistencia Residencial del MIMP, violentadas por personal que debía cuidarlas. Todos estos hombres, heterosexuales cisgénero, pagados por el propio Estado.

Detrás de las censuras a textos educativos, de la persecución al personal de salud o de propuestas que pretenden penalizar a las mujeres que denuncian violencia, lo que hay no es una protección a la justicia o la infancia, sino un férreo intento de control de nuestros cuerpos. Y esto no es sino violencia ejercida desde el poder.

En plena crisis de inseguridad ciudadana, además, es relevante recordar que esta afecta de forma particular a las mujeres, víctimas de trata de personas, viudas de choferes asesinados, extorsionadas en los pequeños negocios con los que miles sostienen a sus familias como jefas de hogar.

A estas alturas ya está más que claro que tener mujeres en cargos de gobierno no asegura la defensa de nuestros derechos. Sin embargo, también hemos visto en este último quinquenio múltiples esfuerzos por eliminar la paridad en la postulación a cargos públicos, y las listas electorales que hemos conocido hasta ahora no cuentan casi con ninguna mujer a la cabeza.

Pero también se ha visto en otros momentos y otras materias cómo nuestra presencia en la política habilita un “horizonte de posibilidades”, y da voz a las mujeres para pelear por los temas que más afectan nuestras vidas, como el amplio consenso de mujeres parlamentarias para eliminar el matrimonio infantil en nuestro país.

Por eso estamos llamadas a interesarnos por lo que pase con la democracia en nuestro país, porque una democracia debilitada, como bien hemos visto, nos afecta más a nosotras, a nuestra libertad, a nuestros cuerpos y a nuestros derechos conquistados.

Porque lo que es bueno para la democracia es bueno para las mujeres.

Fuente: https://larepublica.pe/opinion/2025/11/23/democracia-para-las-mujeres-por-paula-tavara-hnews-2051554

https://www.leerydifundir.com/2025/12/peru-democracia-las-mujeres/

La guerra de Milei contra las mujeres

Andrés Kogan Valderrama

Sobre el documento que se debatió el lunes en la Asamblea General y fue aprobado por 170 países, 13 se abstuvieron mientras que el gobierno de Milei ordenó a la delegación argentina se opusiera

La reciente votación de Argentina en contra de una resolución de la ONU que pretende prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas (1), es un capítulo más de los delirios negacionistas y conspiranoides de un gobernante como Javier Milei.

Lo menciono ya que Argentina fue el único país del mundo que se atrevió a votar en contra de una resolución tan básica e importante, que incluso gobiernos autoritarios que vulneran los derechos de las mujeres día a día, como Irán y Rusia, no fueron capaces de votar en contra de algo así.

Las razones para votar en contra de parte de Argentina, se enmarca dentro de la llamada batalla cultural contra lo woke que estaría dando Javier Milei, junto a otros personajes en aquel país como Agustín Laje y Emmanuel Dannan, quienes pretenden estar a la vanguardia de lo estúpidamente incorrecto de las ultraderechas actuales.

De ahí que lleven al extremo un discurso ideológico dogmático que cree que existe un plan mundial macabro de la ONU para destruir a las naciones llamado globalismo, siendo las políticas de género su instrumento principal para llevarlo a cabo.

Parece una mala broma, pero no lo es, Javier Milei cree realmente que el patriarcado y la lucha de las mujeres por vivir en un mundo menos violento y más igualitario, es un plan de la izquierda mundial para destruir a los hombres e imponer un dominio totalitario en contra de nosotros.

En consecuencia, Milei niega la desigualdad de género, señalando que en el fondo es una guerra entre sexos promovida por la izquierda mundial, la cual luego de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, creó una nueva oposición para seguir generando conflictos.

Es el mal llamado marxismo cultural, usado hasta el cansancio de parte de la ultraderecha actual, que hace que cualquier reivindicación colectiva o de algún grupo en particular, sea visto como parte de un plan promovido por una ensalada de actores, que va desde la Agenda 2030 de la ONU, el grupo de Puebla, Disney, China y de George Soros.

No hay que sorprenderse por tanto que Argentina haya votado en contra también de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas en la ONU (2), con la misma retórica contra el globalismo y de un plan maquiavélico para destruir a los países.

Podrá parecer ser ridículo todo esto, pero estos discursos se siguen viralizando y atraen a mucha gente, sobre todo hombres, quienes votan a personajes como Milei o Trump, dentro de un mundo cada vez más distópico y surreal, que busca desesperadamente certezas de cualquier manera.

Ante esto, sin duda este tipo de votaciones contra las mujeres es una amenaza para su integridad física y de toda índole, pero por lo mismo, a no bajar los brazos, que los intentos de Milei por negar desigualdades de género y de toda índole es solo un intento desesperado de una masculinidad tradicional y enojada, que se resiste a toda costa a la pérdida de privilegios.

En otras palabras, finalmente la batalla cultural de Milei no es otra cosa que una guerra para seguir defendiendo el racismo, el machismo, la homofobia, la transfobia, el especismo, la destrucción de la Naturaleza y de toda forma de discriminación y rechazo a la pluralidad existente, así como pasó hace un siglo atrás con el fascismo y nacionalsocialismo, sólo que ahora endiosan el mercado en vez del estado.

Dicho lo anterior, que este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sea un momento especial de conmemoración, en donde todos y todas acompañemos la lucha histórica que han dado las compañeras en Argentina, que hoy en día más que nunca necesitan de nuestro apoyo y solidaridad.

1:  https://www.infobae.com/politica/2024/11/14/argentina-fue-el-unico-pais-de-la-onu-que-voto-en-contra-de-una-resolucion-para-eliminar-y-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres/

2:  https://www.infobae.com/politica/2024/11/11/argentina-fue-el-unico-pais-de-la-onu-que-voto-en-contra-de-una-resolucion-sobre-derechos-de-los-pueblos-indigenas/

Andrés Kogan Valderrama​. Sociólogo, Diplomado en Masculinidades y Cambio Social Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

https://www.leerydifundir.com/2024/11/la-guerra-milei-las-mujeres/

Sí, todos los hombres

Octavio Salazar

Perdura en nosotros la necesidad de demostrar que nos ajustamos al mandato de masculinidad, para lo cual son fundamentales los grupos de iguales y la apelación permanente a prácticas que avalan nuestra virilidad.

Llevo años trabajando con hombres jóvenes y no tan jóvenes en cuestiones relacionadas con igualdad, y muy especialmente en tratar de hacerles ver la conexión que existe entre la cultura machista y la violencia. La violencia en general y, de manera más singular, las que sufren las mujeres. En la mayoría de los casos siempre me he encontrado con una tendencia a enfocar esta realidad como si fuera algo externo a ellos, algo que les pasa a otros. Esos “otros”, no ellos, que son los machistas y no digamos los violentos. Salvo excepciones, les cuesta admitir que a diario todos reproducimos machismo y que hemos sido socializados de tal manera que nuestra identidad se ha construido sobre una cultura de dominio, de relevancia pública y de subjetividad y autonomía incontestables. Un paradigma que, a su vez, necesita del que concibe a las mujeres con un estatus inferior al nuestro, además de como  permanentemente disponibles para satisfacer nuestros deseos y necesidades. Justamente esa relaciones jerárquicas, de poder, son las que el feminismo, con la ayuda de la herramienta crítica que supone el género, ha ido desvelando y sometiendo a crítica. Unas jerarquías sobre las que, no lo olvidemos, construimos unas democracias incompletas y unos sistemas constitucionales hechos a imagen y semejanza de los varones.

Lo expuesto no implica que todos los hombres seamos agresores sexuales o maltratadores de nuestras parejas, pero sí que todos llevamos en nuestro interior un largo y complejo proceso de socialización que nos ha preparado para sentirnos los dominantes y protagonistas, para normalizar el uso de la violencia, para negar la voz de aquellas a las que no estimamos equivalentes a nosotros y para sentirnos parte de una fratría que nos permite reafirmarnos en nuestras fantasías de omnipotencia. Bastaría con repasar, por ejemplo, los imaginarios colectivos que durante siglos han ido construyendo las referencias asimétricas que han definido el estatus de hombres y mujeres. Desde la mitología clásica a Instagram, pasando por el cine o por la obra de ilustres escritores, tenemos un larguísimo repertorio que avala eso que el feminismo ha identificado con la “cultura de la violación”, la cual, lejos de desaparecer, no ha hecho sino adquirir nuevas formas y ropajes en las sociedades “pornificadas” que habitamos.

Hemos sido educados pues en unos esquemas que han prorrogado y justificado no solo la subordinación de las mujeres sino también su deshumanización. O, lo que es lo mismo, su concepción como instrumentos de los que nos valemos para hacer reales nuestros sueños de grandeza o para dar rienda suelta a esa, según algunos, incontrolable fuerza animal que es nuestra sexualidad. Justamente la manifestación más extrema y contundente de cómo ser hombre implica con frecuencia convertirte en un depredador, tal y como por otra parte avalan los sistemas políticos y jurídicos surgidos de la racionalidad masculina.

En la actualidad, además, uno de los pocos escenarios en que muchos hombres siguen encontrando la posibilidad de ser dominantes y de seguir creyendo que la mujer con la que comparte intimidad no es un sujeto con deseos sino más bien un objeto de usar y tirar. Desde estas claves, es fácil desconectar éticamente de la mujer convertida en víctima y así lograr ese nivel de falta de responsabilidad que una parte importante de hombres evidencian con respecto a las violencias que sufre la mitad de la Humanidad. En el mejor de los casos, nos apuntamos a dinámicas paternalistas y proteccionistas que, de nuevo, nos sitúan a nosotros fuera del tablero. Piensen si no en cuántas advertencias de cuidado hacen los padres a sus hijas cuando salen de noche y las escasas que, me temo, reciben sus hijos con respecto a comportamientos abusivos en fiestas y alrededores.  Es evidente, o debería serlo, que mientras ellas siguen sufriendo miedos en el espacio público, nosotros, como mínimo, estamos a salvo de sufrirlos.  Esta diferencia, piénsenlo bien, colegas, es ya un privilegio del que no somos conscientes y que se suma a la larga lista que deriva de entenderlas a ellas como unas eternas menores de edad.

Del contexto descrito deberíamos extraer algunas lecciones sobre cómo estamos mirando el horrible caso de Dominique Pélicot.  De entrada, la concepción de los agresores sexuales o en general de los hombres machistas como una suerte de monstruos, tal y como muchos medios por ejemplo lo han definido, desenfoca absolutamente la raíz del problema que no es individual sino colectiva. Los agresores sexuales suelen ser tipos absolutamente “normales” en sus vidas diarias, incluso reconocidos y queridos por la comunidad, tal y como por ejemplo hemos visto magníficamente retratado en la serie francesa “El caso del Sambre”.

Con carácter general no son seres tóxicos, ni tienen una patología que merezca una suerte de tratamiento médico, ni constituyen una suerte de excepciones raras en medio de un colectivo de ángeles.  Son el producto más extremo de la cultura machista que todos compartimos y que habita en cada uno de los espacios en que desenvolvemos nuestras vidas. En algunos casos, ligeramente erosionada gracias a la fuerza transformadora del feminismo y en muchos hombres, claro, limitada o bien atada por la asunción ética del reconocimiento de las mujeres como seres equivalentes.  Pero incluso en el caso de los más concienciados, yo el primero, son frecuentes los ejemplos de actitudes y comportamientos que, sin llegar al extremo de una agresión, evidencian nuestro lugar dominante y el espacio de lucha que sigue siendo la vida para la mayoría de las mujeres. Pensemos, por ejemplo, con cuanta frecuencia les negamos la voz o la autoridad, en cuántas intentamos quedar por encima porque somos los importantes o en de qué forma tan frecuente las reducimos a ese lugar de “seres para otros” que les niega capacidad de autodeterminación.

Ligado a lo anterior, perdura en nosotros la necesidad de demostrar que nos ajustamos al mandato de masculinidad, para lo cual son fundamentales los grupos de iguales y la apelación permanente a prácticas que avalan nuestra virilidad. Todo ello sumado a esos silencios, abrumadores silencios, con los que amparamos los comportamientos machistas de colegas a los que, incluso, con frecuencia, les reímos las gracias.

Debería ser para todos evidente que cuando hablamos de violencias tan brutales como las que representa una violación, el silencio, como nos ha mostrado también el caso de Avignon, es un ejercicio más de aval y casi me atrevería a decir de complicidad. O, como mínimo, pone de manifiesto que el  #NotAllMen, convertido en pancarta de machos agraviados, se equivoca al no tener en cuenta que #YesAllMen, por acción u omisión, formamos parte de esa cadena brutal que constituye el machismo. En nuestras manos está pues romperla, hacer saltar por los aires los pactos – incluidos los no escritos – que sostienen nuestro poder y empezar a dar muestras de que la discriminación sistémica que sufren las mujeres, y no digamos las violencias ligadas a ella, nos interpelan en cuanto ciudadanos que, se supone, creemos en la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos. Situarnos en el lado del agravio es darle alas al machismo. Continuar en la comodidad del silencio es amparar que todo siga igual. Empezar por desmontar al machista que todos llevamos dentro es el primer paso para construir otro proyecto de humanidad.

Fuente: https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/si-hombres_129_11651969.amp.html#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17267779839915&csi=0&referrer=https

https://www.leerydifundir.com/2024/09/todos-los-hombres/

Violencia simbólica: una poderosa arma contra las mujeres

Pilar Laura Mateo

Visibilizando el funcionamiento de la violencia simbólica hacia las mujeres

En el patriarcado del consentimiento que padecemos, los efectos tóxicos de la violencia simbólica sobre las mujeres están aún poco estudiados. Para el filósofo y sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) que acuñó y desarrolló el concepto, la violencia simbólica consigue el sometimiento voluntario de unos sujetos respecto de otros, una operación que se realiza a través del proceso de socialización. El procedimiento integra en la personalidad del sujeto la estructura cultural y social, lo que permite naturalizar unas relaciones asimétricas de poder que se convierten en incuestionables, ya que el “sometimiento voluntario” es justificado por la propia persona sometida en la creencia que esa es la única vía dentro de un entramado de relaciones construidas con imposiciones, miedos e inseguridades.

Quizá esa sea la característica más destacable de esta violencia: tener el consentimiento de aquellos sobre los que se ejerce, incluso que a veces pueda surgir de ellos mismos, los grupos oprimidos. Esta turbadora procedencia se origina gracias al capital simbólico de unas sociedades que tienen capacidad suficiente para hacer pasar como natural la desigualdad. De ahí, que Bourdieu, en su ensayo La dominación masculina, entienda la “simbólica” como una violencia tremendamente eficaz pues se alimenta de las creencias y estereotipias que la sociedad interpreta como naturales garantizando así su conveniencia, es decir, las cosas son como son y no pueden ser de otra manera, y si lo fuesen, se trataría de algo patológico, anómalo y nocivo.

Otra característica no menos importante de esta violencia, es que las personas victimarias son siempre aquellas que detentan un poder económico y social, porque son ellas las que tienen la capacidad de difundir información y mantener un sistema que muestra a las mujeres como una suerte de “categoría inferior” y objetos sexuales o comerciales. Hablamos, pues, de un tipo de violencia subrepticia que funciona como el pegamento del sistema dominante, garantiza el control social sobre las mujeres y, junto a la violencia explícita o declarada, es una forma de retener y de someter al otro muy efectiva en la práctica, ya que transforma las relaciones de dominación y de sumisión en relaciones afectivas.

Hoy estamos en un momento en que las posibilidades para mantener y perpetuar de manera efectiva el sistema patriarcal a través de esta solapada violencia son más significativas que las de la violencia física, pues esta última provoca rechazo a la mayoría de la población, mientras que lo simbólico, impregnado de la visión androcéntrica del mundo, se infiltra en la vida de las mujeres de manera insidiosa desencadenando sobre ellas unos efectos perversos y, a veces, difícilmente reconocibles.

Las manifestaciones de violencia simbólica en nuestra sociedad son múltiples, ya que actúa en un contexto estructural muy amplio. Señalamos algunas de ellas:

Cosificación de la mujer.  La simbolización del cuerpo femenino y también del masculino es usada en los productos culturales para construir situaciones desiguales y dicotómicas para unas y otros.

Así, mientras el modelo del cuerpo masculino es el del atleta, originario de la antigüedad grecolatina e ilustrado con la imagen de deportistas profesionales, o el del héroe potente, musculado y activo, vehiculado por los mass media, en el caso de las mujeres asistimos a la banalización y sexualización del cuerpo femenino, práctica que representa a las mujeres como objetos sexuales para el disfrute y la satisfacción de la mirada masculina, sin tener en cuenta su individualidad, inteligencia o capacidades.

En la publicidad, películas, programas de televisión y también en la música y el arte, es común encontrar imágenes que perpetúan la cosificación de la mujer. Se las muestra en poses sugerentes y sexualizadas, con cuerpos idealizados o en roles sumisos o pasivos, lo que refuerza la idea de que las mujeres son objetos de deseo y no personas con autonomía y derechos.

También en la red los atributos físicos de las féminas son los que priman a la hora de ocupar un espacio. En ese contexto vemos el morbo de la sociedad ante hechos que muestran a las mujeres de un modo sexualizado y cosificado, algo que directamente se puede traducir por disponibilidad sexual y no solo eso, la exaltación de la violencia sexual como, por ejemplo, ocurre en la pornografía (tema que merece un análisis más pormenorizado) ubican a la violencia simbólica en un sitial considerado como una de las mayores formas de violencia que se ejerce  en la actualidad sobre las mujeres a escala planetaria. (En este sentido, sería interesante un análisis de cómo entendemos la libertad de expresión y sus límites)

¿Y qué decir de la moda femenina? Modas sexualizadas para mujeres jóvenes que presentan una feminidad acorde con el deseo masculino. La publicidad hace hincapié en que son formas de vestir en las que prima la libertad y la comodidad del cuerpo, pero ¿qué comodidad hay en unos pantalones que hay que ponerse con calzador y que oprimen como si fueran un corsé o en llevar el estómago desnudo cuando hace frío? Una exhibición del cuerpo femenino, maquillada de transgresión, que agrada a los varones y que convierte a las chicas en imitadoras de busconas. (Sobre este tema, ver https://ameliavalcarcel.com/wp-content/uploads/2015/07/dialnet-opinionpublicamediosdecomunicacioneimagen-3733876)

Esta cosificación de las mujeres las hace aparecer, a veces ante ellas mismas, como culpables de los hechos violentos que los hombres perpetran, sea porque se sostiene que ellas provocan dichos hechos por su modo de vestir, de comportarse o, de exponerse al andar sola por las calles a altas horas de la noche, o sea porque se entiende que con su afán de protagonismo y mostrándose “voluntariamente” como objeto erótico exasperan a los pobres hombres de forma que estos no pueden controlarse.

Lenguaje sexista. Las palabras tienen poder y dan sentido a nuestras vivencias y a cómo las representamos en el lenguaje. Desde edades tempranas, absorbemos patrones lingüísticos que perpetúan roles y expectativas de género. La construcción de lo genérico a través del lenguaje implica establecer categorías o componentes “apropiados” para cada sexo, lo que restringe la libertad individual y promueve la discriminación y la invisibilización.

Estereotipos culturales. Ejemplo clásico de violencia simbólica, los estereotipos son una simplificación y generalización de ciertos grupos culturales o étnicos. Pueden basarse en prejuicios históricos, falsas creencias o malentendidos y a menudo se transmiten a través de la cultura popular y son reforzados como clichés por los medios de comunicación y las interacciones sociales y pueden tener un profundo impacto en la autoimagen y la identidad.

Los tradicionales clichés sexistas ubican a las mujeres en papeles antagónicos como vírgenes o putas, ángeles o demonios, frígidas o ninfómanas, etc… Algunas de ellas, al ser reducidas a un conjunto limitado de características o comportamientos, se rebelan y entran en una espiral de descrédito, e incomprensión por parte del sistema, por lo que muchas otras entablan una lucha denodada por encajar en el molde impuesto por la sociedad para ser aceptadas.

Someter a las mujeres al mandato patriarcal es el objetivo principal de la violencia simbólica y en muchos casos consigue que ellas mismas se consideren “objetos estéticos”, cuya finalidad es suscitar admiración y deseo. Como dice Amelia Valcárcel, toda mujer es educada en la ley del agrado, aunque no sea consciente de ello. Esta presión constante atrae su atención hacia todo lo relacionado con la belleza, la elegancia, la estética del cuerpo, la indumentaria, los ademanes, no solo suyos, sino también de los miembros de la unidad doméstica.  Así, toman a su cargo todo lo relacionado con la estética, la gestión de la imagen pública y las apariencias sociales de sus hijos e hijas, e incluso de los maridos, que delegan frecuentemente en ellas la elección de sus ropas, el preparado de sus maletas de viaje y la elección de las prendas que serán utilizadas. Y como extensión lógica de ese rol, también asumen el cuidado del hogar, su decoración, la organización de celebraciones, las invitaciones, con la finalidad de mantener las relaciones sociales y familiares… Una gestión que se traslada a las empresas y lugares de trabajo al confiárseles las actividades de recepción y acogida. Huelga decir que ello también requiere por parte de las mujeres “una atención extrema a la apariencia física y a las disposiciones a la seducción”.

Como se ve, los efectos de la violencia simbólica son demoledores para las mujeres. La naturalización del mundo androcéntrico como el único posible hace que las posiciones de sumisión de las mujeres sean percibidas como expresiones naturales de tendencias naturales.La incorporación de la relación de dominio como el único modus vivendi de quien la padece, permite a quien ejerce el dominio anular las posibilidades de elegir y de decidir con las que cuenta quien cede sus potencialidades sin saberlo.

Esto incluso nos lleva a preguntarnos por la posibilidad de que la persona sometida no se halle en condiciones de prestar su consentimiento a cualquier relación con el sexo masculino. El ejemplo de la mujer prostituida que afirma que ella elige libremente esa situación de explotación de su cuerpo es paradigmático. El hecho que quien se halla en situación de sometimiento no se conciba a sí mismo fuera del otro, plantea la duda sobre si puede invocar un “consentimiento” que la persona no está en condiciones de prestar.

El feminismo entiende que toda violencia ejercida contra las mujeres debe ser vista no solo en el contexto de una desigualdad material, sino en el contexto de una desigualdad sustantiva y desde esa perspectiva no podemos obviar la dominación simbólica que padecemos, solo buscando cómo refutarla y enfrentarla podremos desmontar y superar la sociedad patriarcal que tanto daño causa a las mujeres.

Fuente: https://tribunafeminista.org/2024/05/violencia-simbolica-una-poderosa-arma-contra-las-mujeres/

https://www.leerydifundir.com/2024/06/violencia-simbol…arma-las-mujeres/

Perú: Emergencia crónica

Ronald Gamarra

Una paradoja cruel de la vida peruana es la situación de la mujer. Nuestro país muestra un cuadro de calamidad en cuanto al respeto a sus derechos fundamentales, con índices de violencia contra ellas que se encuentran entre los peores del mundo, y con un nivel de impunidad simplemente brutal. Sin embargo, en lugar de reconocer esta realidad y combatirla activamente, hay un poderoso lobby de fanáticos y ultraconservadores que está imponiendo a toda escala medidas cuyo objetivo es hacer invisible este hecho tangible e indignante para quien tenga ojos de ver.

El Perú no es un lugar seguro y propicio para la existencia y realización de las mujeres. Aquí la violencia contra la mujer y la niña es uno de nuestros peores flagelos y se padece en todo estrato económico y social. Ninguna mujer, ninguna niña, está a salvo de sufrir alguna forma de atropello y ultraje, tal es la triste y dolorosa verdad que nos agobia y duele. Desde el “piropeo” agresivo y obsceno, tan habitual en nuestras calles, pasando por un creciente irrespeto, patanería y horror, hasta llegar al crimen, nuestra sociedad no le ofrece ni le garantiza a ninguna mujer o niña que podrá vivir con un mínimo de paz y seguridad. Finalmente, todas están expuestas.

La situación de la mujer es de emergencia crónica. En los primeros 45 días de este año, no menos de 24 mujeres han sido asesinadas, una cada dos días. A este ritmo, se superarán largamente los 165 feminicidios registrados el año pasado y los 147 casos del 2022. Según la encuesta ENDES, el 54,9% de las mujeres peruanas ha sido víctima de diversas formas de violencia física, psicológica o sexual, es decir una de cada dos mujeres. El año pasado se registraron más de 320 mil casos de violencia contra las mujeres en las diversas oficinas del Ministerio de la Mujer a nivel nacional.

La violencia sexual contra las mujeres en nuestro país es una de las más altas del mundo, lo cual debe llenarnos de vergüenza. Somos un país de violadores, aunque la frase incomode a más de uno y genere el griterío de muchos. La impunidad de tales delitos sexuales es también casi absoluta: muy pocos casos terminan en una sentencia condenatoria contra el agresor. El sistema jurídico y administrativo no protege ni asiste debidamente a las mujeres víctimas de estos ataques, más bien propicia la revictimización de la mujer que intenta obtener justicia. Alrededor de 20 mil mujeres son violadas cada año, según los registros oficiales.

Un capítulo horroroso es la violencia sexual contra las niñas y adolescentes. Según UNICEF, entre los años 2017 y 2022 se registraron casi 75 mil casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes en el Perú, es decir, mujeres menores de 18 años. Es decir, un promedio de 34 casos diarios y 12 mil casos anuales. En vez de bajar, la cifra se ha ido incrementando y en el año 2023 se disparó hacia los 20 mil casos de violencia sexual infantil en sus diversas formas, de los cuales unos 6 mil casos son estrictamente de violación sexual. En promedio, una de cada tres víctimas de violación sexual es una niña menor de 14 años. Esta es la terrible realidad en que viven las niñas peruanas.

Como consecuencia de la violencia sexual contra las niñas, cada año más de 1,600 niñas de 10 a 14 años de edad se convierten en madres. Peor aún, en los últimos diez años unas 100 niñas menores de 10 años fueron violadas, resultaron embarazadas y fueron obligadas a convertirse en madres. En el último año, varios casos de maternidad infantil se hicieron conocidos porque en las sedes del Ministerio de Salud se les negaba a las niñas el derecho al aborto terapéutico y literalmente se las obligaba a experimentar un embarazo y maternidad nocivos a su edad, que las pone en grave riesgo de muerte.

Hay que tener presente que todas estas cifras adolecen de subregistro. Sólo nos dan una aproximación al problema de la violencia contra las mujeres y las niñas y nos indican claramente que es enorme, abrumador e inadmisible. Todos sabemos que la mayor parte de casos no se denuncian por vergüenza, temor o desconfianza ante la ineficacia de la justicia. Los victimarios son con frecuencia el esposo, el enamorado, el amante o el explotador, hombres que se arrogan una suerte de “derecho de propiedad” sobre la mujer, que les pertenece a ellos o a nadie, rasgo típico de un arraigado y nocivo machismo.

Esta es la realidad cruda y terrible de la violencia contra la mujer en el Perú, que los fanáticos y ultraconservadores quieren negar e invisibilizar, como se ha hecho históricamente entre nosotros. Esta es la realidad que por fin se ha hecho pública desde hace solo algunos años gracias a la aplicación del enfoque de género a partir de las investigaciones de las ciencias sociales y el derecho. Enfoque de género que esos fanáticos y ultraconservadores quieren abolir y desterrar para que las cosas sigan como en los buenos viejos tiempos del patriarcado, cuando las mujeres debían depender de un hombre en todo y no podían ejercer sus derechos con autonomía.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, encuentra a las mujeres peruanas bajo el fuego nutrido de los enemigos de sus derechos y hasta de su mera presencia. Es así que, actualmente, se tramita en el Congreso una iniciativa legal para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer por el de “Ministerio de la Familia”. No quieren saber ni en pintura de las mujeres y sus derechos. El cambio de nombre, a primera vista, puede parecer irrelevante, pero sería ingenuo creerlo. Pues detrás hay toda una ofensiva reaccionaria y machista en marcha, cuyo objetivo es hacer tabla rasa de los avances de las mujeres en sus derechos. Por eso, mejor hacerlas invisibles.

El cambio de nombre, declarado de “interés nacional” en el proyecto de ley, ha sido aprobado en la comisión de la mujer del congreso por nueve votos, uno en contra y tres abstenciones. La comisión de la mujer ha sido copada expresamente por las fuerzas antiderechos. De sus 26 integrantes, 11 son fujimoristas, que tienen la sartén por el mango unidos a 2 porkistas y a la servidumbre de 4 cerronistas, a los que se suman los abstencionistas y los que no asisten, que es otro modo de apoyar a los antiderechos. Llama la atención que solo una congresista votase en contra. El proyecto lo presenta Renovación Popular.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 676 año 14, del 08/03/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2024/03/peru-emergencia-cronica/

La violencia feminicida martiriza a América Latina

Inter Press Service

Al menos 4050 mujeres murieron víctimas de feminicidio el año pasado en la región, informó el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este sábado 25.

“No nos cansaremos de repetirlo: es inaceptable que más de 4000 mujeres y niñas sean asesinadas cada año en nuestros países por razones de género”, afirmó el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, al presentar el reporte del Observatorio.

La violencia feminicida “se mantiene en la región, a pesar de la mayor conciencia pública al respecto, de los avances legislativos, de la respuesta estatal y de los progresos en medición”, indica el informe.

En 2021 se constató la muerte violenta por razones de género de 4473 mujeres, y el año precedente de 4091, es decir, en la región cada dos horas una mujer es asesinada.

De los 19 países y territorios de América Latina que informaron el número de feminicidios en 2022, las tasas más altas se registraron en Honduras (6,0 por cada 100 000 mujeres), República Dominicana (2,9) y El Salvador y Uruguay (1,6).

Las más bajas (es decir, menos de una víctima por cada 100 000 mujeres) correspondieron a Puerto Rico y Perú (0,9), Colombia (0,8), Costa Rica (0,7), Nicaragua (0,5), Chile (0,4) y Cuba (0,3).

En el Caribe, 46 mujeres fueron víctimas de violencia letal de género en siete países y territorios que entregaron información correspondiente a 2022. El mayor número de casos se dio en Trinidad y Tobago (43).

Más de 70 % de las víctimas de feminicidio en 2022 tenían entre 15 y 44 años, de acuerdo con la información entregada por ocho países de América Latina. Cuatro por ciento tenían menos de 15 años y ocho por ciento 60 años y más.

En siete países al menos 400 niñas, niños, adolescentes y otras personas dependientes perdieron a su madre o cuidadora a causa de feminicidio en 2022. Y solo ocho países han generado medidas de reparación concretas para apoyar a personas dependientes de víctimas de feminicidio.

El informe de la Cepal reitera que el feminicidio, también llamado femicidio en algunas leyes nacionales, es solo la expresión extrema de la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Por ejemplo, de acuerdo con encuestas nacionales especializadas de 10 países de la región, entre 42 % y 79 % de las mujeres (alrededor de dos de cada tres) han sido víctimas de violencia por razón de género en distintos ámbitos.

Además, en promedio, una de cada tres mujeres ha sido víctima o vive violencia física y/o sexual por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ese cálculo corresponde a 88 millones de mujeres mayores de 15 años en América Latina y el Caribe.

A su vez, los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, son una práctica nociva y una manifestación de violencia de género persistente y extendida en la región, que afecta a una de cada cinco niñas.

Salazar-Xirinachs expuso que “la violencia feminicida se puede prevenir con respuestas estatales integrales y contundentes. Se necesitan con urgencia transformaciones profundas para garantizar que las mujeres y las niñas de nuestra región puedan vivir vidas libres de violencia”.

El documento de la Cepal recordó que en el Compromiso de Buenos Aires, de 2022 –adoptado en la 15 Conferencia Regional sobre la Mujer, un foro de las Naciones Unidas- se abordó el tema de la violencia contra la mujer, en el camino de avanzar hacia la sociedad del cuidado.

Allí los países de la región acordaron “impulsar la adopción e implementación de leyes, políticas, planes de acción integrales y multisectoriales, y programas educativos de sensibilización” ante todas las formas de violencia y discriminación por razón de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.

Finalmente, la Cepal instó a los gobiernos a mejorar los sistemas de registro e información; a aumentar los recursos presupuestarios para responder a las víctimas y sobrevivientes; y a invertir en prevención, acceso a servicios médicos, psicosociales y de asistencia jurídica, y en oportunidades educativas, económicas y laborales.

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La importancia de reconocer que la violencia de género existe

Miguel Lorente Acosta

Uno de los argumentos que utilizan con frecuencia desde el machismo conservador es que las medidas desarrolladas contra la violencia de género, especialmente la conocida como “Ley Integral”, no sirven para nada “porque siguen matando a las mujeres”.

La estrategia conservadora pretende que se tome como referencia un tiempo anterior y lejano en el que no se cometían tantos homicidios de mujeres, un poco en la línea de las palabras del párroco de Canena (Jaén) en su homilía, allá por mayo de 2014, cuando dijo: “antes un hombre se emborrachaba y le pegaba a su mujer, pero no la mataba”… Su idea parece que es volver a esos tiempos donde el control social y la sumisión impuesta por el marido retenían a las mujeres dentro de la relación, sometidas a sus dictados y circunstancias hasta el punto de “no necesitar” matarlas, puesto que la propia situación les impedía romper y salir de la violencia. Es justo lo que hemos visto durante la pandemia, cuando el confinamiento y la limitación de la movilidad hicieron que los homicidios por violencia de género descendieran un 11,9% respecto a la media de los cinco años previos.

La transformación social que ha traído el feminismo ha facilitado la toma de conciencia sobre la opresión y la violencia que ejerce el machismo desde la normalidad social, y ha permitido que las mujeres vivan su libertad y rompan con las imposiciones de una cultura androcéntrica, entre ellas el control violento de los hombres dentro de las relaciones.

La Ley Orgánica 1/2004, “de medidas de protección integral contra la violencia de género”, conocedora de que no se trataba de aplicar sólo medidas penales, o judiciales, o policiales, o educativas, o sanitarias… sino que había que desarrollar todas esas actuaciones de manera simultánea y de forma coordinada, desarrolló una estrategia de acción global que ha impactado sobre los diferentes elementos relacionados con la violencia de género, tanto en su prevención como en su atención, protección y reparación; si bien es cierto que debería haberse desarrollado mucho más. Pero, en cualquier caso, ha contribuido de forma directa a la transformación social comentada.

Lo que resulta esencial en estos momentos es no caer en las trampas del machismo conservador y su negacionismo, dirigidas a cuestionar la construcción cultural (de género) que hay detrás de la violencia contra las mujeres y las niñas para que no se vea cuestionado su modelo cultural. Y entre esas trampas está la de hacer creer que la “Ley Integral contra la Violencia de Género” no es eficaz porque la violencia que sufren las mujeres en las relaciones de pareja no está relacionada con los roles de género de hombres y mujeres.

Los datos indican lo contrario y muestran la eficacia de una ley que de no haber existido habría dado lugar a una situación social aún más dramática, puesto que su aplicación coincide con las circunstancias de cambio social que han roto con las imposiciones machistas, y han facilitado la salida de las mujeres de la violencia.

Entre los datos que muestran un cambio de situación relacionado con la “Ley Integral” están los estudios del CGPJ. Al analizar los informes desde que se recogen las denuncias unificadas (2007), y ponerlos en relación con los homicidios por violencia de género, vemos que hay cambios significativos. En los primeros cinco años, de 2007 a 2011, la media de denuncias anuales fue de 134.415, y la de homicidios 67,8, lo cual nos da una relación de un homicidio por cada 1.982,5 denuncias.

En los cinco años siguientes (2015-2019), la media de denuncias fue de 154.673 y la de homicidios 53,6, con una relación de un homicidio por cada 2.885,7 denuncias. Es decir, en ese segundo periodo de cinco años se produjo un incremento del 15,1% en las denuncias, y un descenso del 20,9% en los homicidios. Un resultado en la evolución de la violencia sin duda positivo.

Al comparar los dos periodos se observa cómo, entre otros factores, las medidas contempladas en la “Ley Integral contra la violencia de género” han contribuido a modificar la relación entre las denuncias, que con frecuencia se interponen en el momento de la separación y alrededor de otros elementos de riesgo, y los homicidios. Y han llevado a una situación en la que de no haber existido dichas iniciativas para actuar contra los violentos, el número de homicidios en el segundo periodo se habría situado en 78. De manera que, como referencia genérica, se puede sostener que la ley ha contribuido a que se hayan producido 24 homicidios menos cada año, lo cual supone un descenso del 45,7% respecto a la situación inicial.

Otra información importante nos la aportan los datos del Ministerio del Interior. Al analizar la evolución de los homicidios en los dos años disponibles tras la pandemia (2020 y 2021), y compararlos con los dos previos (2018-2019), vemos que en los dos últimos años se ha producido un aumento del 10,6% de los homicidios en general. Al estudiar cómo han evolucionado los homicidios sobre hombres y mujeres en distintas circunstancias, se observa que los homicidios de hombres han aumentado, concretamente un 12,3% y los homicidios de mujeres al margen de la violencia de género también se han incrementado un 19,1%, es decir, 6,8 puntos más que los de los hombres. Todo ello revela que durante los dos últimos años ha existido un mayor grado de criminalidad en nuestra sociedad.

Sin embargo, la situación en violencia de género es diferente. Y a pesar del contexto social que ha dado lugar a un incremento en el número de homicidios contra hombres y mujeres, al analizar la evolución de los homicidios de mujeres por violencia de género se comprueba que han disminuido un 9,2% respecto a 2018-2019.

La conclusión es directa, en un momento en el que las circunstancias sociales reflejan un aumento importante de la criminalidad se ha conseguido disminuir el número de homicidios por violencia de género, cuando el resto de homicidios de mujeres y hombres ha subido. Un resultado que sin duda está relacionado con la existencia de una ley específica para abordar todos los elementos y circunstancias que influyen en su aparición y desarrollo hasta llegar al homicidio.

Reconocer la violencia de género con todas sus características y elementos es esencial para desarrollar las medidas que necesita para ser erradicada. Negar la violencia de género y equipararla a otras violencias en su resultado, cuando sus objetivos y motivaciones son diferentes, que es lo que propone el machismo conservador en estos momentos, es perder la capacidad de actuar sobre los factores que acompañan a la violencia que sufren las mujeres que no están presentes en las otras violencias. Una situación que llevaría al fracaso en su prevención, atención y protección, y que se traduciría en más violencia contra las mujeres, bien en forma de homicidios o de sometimiento y control bajo la imposición violenta de los agresores.

Ninguna de las dos circunstancias es aceptable en democracia, y no se deben permitir ni utilizar como moneda de cambio.

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue delegado del Gobierno de España para la Violencia de Género 2004-2008

Fuente: https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/importancia-reconocer-violencia-genero-existe_129_1541536.html

https://www.leerydifundir.com/2023/07/la-importancia-reconocer-la-violencia-genero-existe/

Las nuevas formas de violencia contra las mujeres

Teresa C. Ulloa Ziáurriz

Leíamos la semana pasada un artículo en Tribuna Feminista sobre los Pinchazos y que las que los sufren en distintos espacios públicos son las mujeres, práctica que se ha extendido rápidamente por Europa.

En México y otros países latinoamericanos hace tiempo que se viene registrando esta forma de violencia que tanto en Europa toda y Latinoamérica, coincidimos, no tiene otro propósito que limitar nuestro acceso a los espacios públicos que nos ha costado tanto ganar, generarnos miedo y que nos encerremos en el espacio privado. Una práctica misógina y patriarcal.

En México, sus mujeres viven todos los días el más terrible genocidio porque es sistemático y generalizado, por el sólo hecho de ser mujeres, y así tenemos 11 feminicidios diarios de mujer y 7 de niñas, una violación de una mujer o una niña cada 4 horas, 17 niñas y adolescentes desaparecidas cada día y miles y miles de actos de violencia familiar, con un nivel de impunidad del 99% y una Suprema Corte Superior de Justicia que recibe reconocimientos por su trabajo de género, pero que su Presidente y demás Ministras y Ministros promueven los vientres de alquiler, la niñez trans y el Presidente Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, promueve una Ley contra el Feminicidio, sin facultades para hacerlo, donde define Mujer como “cualquier persona de cualquier edad, del sexo femenino o que se auto perciba como mujer”, obviamente quiere jugar y quedar bien con todas y todes, y por eso cae en términos que no son compatibles, y me refiero a reconocer los derechos de las mujeres en base al sexo versus la autopercepción.

A este desalentador panorama, tenemos que agregar la violencia digital, la violencia política contra las mujeres, que son las últimas modificaciones legales que se han registrado en la Ley General para Garantizar a todas las Mujeres una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal.

Hasta el momento no hemos logrado que se incluya la trata y todas las modalidades de explotación contra las mujeres, especialmente la explotación de la prostitución y la trata de mujeres, a pesar de que la Convención del 49, la CEDAW y el Protocolo de Palermo, todos instrumentos internacionales ratificados por México obligan a nuestro país a erradicar estas conductas.

Además, hoy también enfrentamos un fenómeno que va creciendo inexorablemente ante la impunidad y la falta de compromiso de las autoridades de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno y me estoy refiriendo a la Violencia Ácida.

Y se le dio este nombre, porque inicialmente se agredía a las mujeres lanzándoles ácido en la cara y en el cuerpo, pero ahora, no sólo les lanzan ácido, sino líquidos inflamables como alcohol, gasolina u otros productos químicos inflamables.

Según los datos que la Universidad Autónoma Metropolitana recabó con activistas y organizaciones especializadas del país, hasta diciembre de 2020 se tiene el reporte de que 20 mujeres han sido atacadas con ácido en México, siendo 2018 el año con el mayor número de ataques, al registrarse siete.

 Esta práctica, en el último mes le ha costado la vida a 4 mujeres y una niña en México. Los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas y abrasivas se pueden equiparar en menor medida a un feminicidio en grado de tentativa, tanto por la motivación, los bienes jurídicos afectados, la publicidad de los hechos y la evidente misoginia que está de fondo en este tipo de violencia extrema.

Estas agresiones tienen una altísima carga simbólica. Pretenden marcar de por vida. Dejar en el rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, de sus celos, de su odio. Una huella imborrable y dramática.

El ácido y otras sustancias abrasivas y corrosivas son utilizadas en muchos países como un arma que no solo pretende causar un sufrimiento físico enorme —o, incluso, la muerte—, sino también para imponerle una condena social que la acompañará de por vida. Al mirarse al espejo, al observar las reacciones de los otros. Es la marca de la posesión. Una firma que lastra la vida de las que sobreviven, o lo que queda de ella, de miles de mujeres en todo el mundo. Las cicatrices en su cara, abrasada, las hacen perfectamente reconocibles; pero no existen estadísticas que digan cuántas personas sufren ataques con ácido u otros productos de este tipo en el mundo.

Acid Survivors Trust International (ASTI), una organización especializada que trabaja con Naciones Unidas, calcula que al año se producen al menos 1,500 agresiones a mujeres. La mayoría localizadas en países del sureste de Asia, África subsahariana, India occidental y oriente medio; aunque se contabilizan cada vez más casos en América Latina. Como en Colombia, donde la proliferación de ataques con químicos abrasantes ha llevado a las autoridades a revisar la ley para endurecer las penas contra los agresores que empleen este instrumento de terror. El 90% de los atacantes son hombres; casi siempre conocidos o con alguna relación con la agredida; un patrón común en todos los lugares. Pretenden destruir la vida de la mujer a través de lo que la ONU considera una forma “devastadora” de violencia contra ellas. Estos ataques suceden contra las mujeres porque son mujeres y porque pueden.

Y a pesar de esto, la violencia ácida no ha llegado a las leyes, ni federales, ni locales, en México. Ya el Senado Mexicano aprobó una iniciativa sobre este terrible tipo de violencia, pero duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados.

Cuando una mujer llega agredida de esta manera a un hospital del sistema de salud, no existen protocolos de atención y seguimiento, ya que representa un gasto muy alto para la rehabilitación de las que logran sobrevivir.

Esta es una forma de violencia con la que el neopatriarcado nos quiere regresar y mantener sumisas y calladitas en el ámbito privado, en nuestras casas, mientras el neopatriarcado avanza, se transforma, así como se transforman las confrontaciones a nivel mundial, la economía, la pandemia, el desempleo, pero, sobre todo, la violencia contra las mujeres y las niñas, la falta de oportunidades, de políticas públicas y de la debida diligencia para garantizar nuestra vida y nuestra seguridad.

Teresa C. Ulloa Ziáurriz. Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC por sus siglas en inglés).

https://www.leerydifundir.com/2022/09/las-nuevas-formas-violencia-las-mujeres/

Perú: Ambiente propicio

Indira Huillca

El congresista Freddy Díaz debe ser destituido de su cargo de congresista de la República y debe ser sentenciado por la justicia en relación con la acusación de violación sexual en su contra, realizada por una trabajadora de su despacho.

La destitución debe ser consecuencia de la sanción máxima que tal hecho merece en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, mientras que la sentencia llegará tras un correcto —y ojalá célere— proceso a cargo del Ministerio Público.

Eso es lo que debería suceder. Y pronto. Más aún tratándose de un delito grave ocurrido en el propio Congreso, que involucra a uno de sus representantes y a una trabajadora.

Del Congreso como institución lo que se espera es una posición solidaria con la víctima, de defensa de la ley y de cerrada condena a la violencia sexual, una problemática que dista mucho de ser excepcional en nuestro país. Sin embargo, desde que fueron conocidos los hechos, lo que hemos visto es una muestra corregida y aumentada de todo lo que está mal al enfrentar un caso de violación sexual.

En primer lugar, la forma en la que Freddy Díaz abandona el edificio parlamentario en el que de acuerdo a la denuncia y los testimonios ocurrieron los hechos. Está registrado en video que el congresista huye mientras otro trabajador le reclama el haber encerrado bajo llave a la víctima, quien había pedido auxilio.

De haberse aplicado la detención correspondiente por flagrancia, Díaz no habría podido ocultarse de la justicia los siguientes días y reaparecer unas semanas después para participar en las sesiones del Congreso como si nada.

Lo otro tiene que ver con sus colegas. En vez de un rápido reconocimiento de la gravedad del hecho, lo que se tuvo como primera reacción desde el Congreso fueron las declaraciones del entonces tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, para quien el hecho de que la víctima sea “la única trabajadora mujer en un espacio de puros hombres” creó “un ambiente propicio” para la violación sexual.

Este tipo de “explicación” no sorprende. Es lamentablemente común que se excuse al agresor y se niegue la naturaleza machista de una violación, apelando a un supuesto contexto del que la víctima debió ser consciente.

Lo más grave, sin embargo, es la inexcusable demora con la que el Congreso está usando sus canales institucionales para afrontar la situación. Ha tomado mes y medio que la Comisión de Ética suspenda por tres meses a Díaz, con base en un informe que acredita que el congresista consumió alcohol en su despacho y que fue denunciado por su trabajadora por el delito de violación sexual en estado de inconsciencia.

El que se tomen tantas semanas para constatar hechos que se conocieron de manera inmediata no solo causa indignación, sino que ha servido primero para enfriar el caso, y luego para reabrirlo ante la opinión pública en un contexto de disputas internas que involucran a su exbancada (fue expulsado). Ahora se habla más de los votos, las vendetas y las amenazas entre congresistas que del fondo del caso: la violencia sexual, el riesgo de impunidad y la necesaria reparación a la víctima.

Este hecho debe marcar un antes y un después sobre los casos de violencia sexual en el país. Como sociedad tenemos la obligación de exigir que este caso llegue a las últimas consecuencias tanto a nivel penal como en el Congreso, donde está pendiente atender la acusación constitucional presentada el 8 de agosto.

Agresiones de tipo sexual tienen lugar de manera cotidiana en hogares, escuelas o centros de trabajo y ante ello no es extraño que se proceda con indolencia y postergando el interés de la víctima y la aplicación de la ley en nombre de otros valores, en este caso el poder y los cálculos de supervivencia de bancadas absolutamente desprestigiadas en el ámbito político.

https://www.leerydifundir.com/2022/09/peru-ambiente-propicio/

Perú: “Si va contra los derechos como mujer y como persona, la tradición tiene que cambiar”

Tarcila Rivera   (Entrevista de Diego Salazar)

Tarcila Rivera es presidenta de la asociación Chirapaq y es considerada una de las activistas por los derechos indígenas más importantes de América Latina. En sus más de treinta años de carrera, ha sido reconocida por múltiples organizaciones a nivel internacional, como Unicef o la Fundación Ford. Fue miembro del Comité Asesor Global de la Sociedad Civil de ONU Mujeres y el Foro Permanente para Asuntos Indígenas de la ONU. Además, es fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (Ecmia) y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).

OjoPúblico conversó con ella sobre los problemas que atraviesa la democracia peruana, algunos de sus vicios estructurales como el racismo y la larga lucha por la igualdad de derechos que siguen enfrentando las mujeres indígenas en nuestro país.

En una entrevista hace ya un tiempo dijo usted: “El racismo no está relacionado solo con el color; el racismo es una ideología que te hace tomar decisiones a la hora de otorgar derechos. Y eso está detrás de la falta de políticas públicas para los pueblos indígenas de toda la región de América Latina”. ¿Qué es el racismo hoy y cómo se manifiesta?

Los y las que hemos sufrido racismo, quienes hemos sufrido discriminaciones, en ese momento no es que pensáramos en el concepto de racismo como podríamos entenderlo y definirlo hoy, con la información que hemos acumulado. Pero al sufrirlo y compartir experiencias hemos ido preguntándonos por qué estamos en esta situación. Yo siempre cito cómo las mujeres indígenas de las tres Américas nos juntamos en el 2002 en Oaxaca, México y nos preguntamos por qué todos los pueblos originarios, en particular las mujeres, estamos fuera de las políticas públicas, fuera de la inversión del Estado, fuera de la atención en el desarrollo socioeconómico y cultural del país.

¿A qué conclusión llegaron en ese entonces?

Llegamos a la conclusión de que en países donde lamentablemente queda esa mentalidad totalmente colonizada, y aún colonizante, se ejercen políticas y dominan actitudes de parte de los que tienen el poder con una mirada de arriba hacia abajo. El racismo viene a ser una de las peores formas de violencia porque hace que nuestra autoestima no esté fuerte.

Tanto nos agreden, nos excluyen, nos menosprecian, que llegamos a creer que realmente somos personas sin derechos. Todo esto empieza a ser más claro, sobre todo para nosotras las mujeres, en el sentido de cómo es que nuestra condición de ser descendientes de pueblos originarios, de hablar lenguas propias, de estar en espacios geográficos propios y tener expresiones culturales propias –que en muchos casos son utilizados para el turismo y como folklore–, ha conducido a que exista una falta de reconocimiento como actoras socioculturales en nuestros medios.

¿Y qué hacen cuando toman conciencia de esa falta de reconocimiento?

Empezamos a luchar contra el racismo y las discriminaciones, porque finalmente entendemos que el que piensa o cree ser superior a otros, en el espacio que le toque ejercer poder siempre va a actuar basado en sus propios códigos y entonces siempre tendrá una relación de menosprecio o subestimación hacia los que considera que no son sus iguales. Porque así se nos dice. A mí en el Perú siempre me han dicho: “tú eres una igualada”. Sí, soy una igualada en derechos. Es un proceso que hemos venido construyendo.

¿Cómo han sacado adelante ese proceso?

Desde la Tercera Conferencia Mundial Contra el Racismo y la Dicriminación, las indígenas nos hemos apropiado de ese escenario y de esa convención para decir “oigan no hay derecho de discriminarnos, de marginarnos y, sobre todo, negarnos derechos propios”. Pese a esa lucha, en el Perú se ven ciertos retrocesos que son muy tristes.

Además de los niveles de violencia verbal en las elecciones pasadas en Perú, y que develaron, por si hacía falta, lo racista y clasista que sigue siendo nuestra sociedad, en estos años hemos vivido otro fenómeno que también ha desvelado la naturaleza racista y clasista del Estado. En casi todos los países de la región, y Perú no ha sido la excepción, las comunidades más afectadas por la pandemia han sido las indígenas.

La pandemia nos ha demostrado descarnadamente la realidad de la implementación de políticas públicas y la distribución de los recursos del Estado. Cómo es que el gran sector popular, llámese indígena o no, llámese rural o urbano marginal, hemos estado fuera de la atención formal del Estado en todos los aspectos. Cuando hablamos de empleo, de ingreso promedio mensual, de servicios públicos, ahí vemos la forma en que hemos sido históricamente dejados de lado. El estado y nuestras élites no quieren fijarse en las zonas marginales, por ejemplo, que rodean Lima.

Nadie parece querer preguntar ¿quiénes viven ahí? ¿Cómo viven esas personas, que son peruanas y peruanos que merecen el mismo tratamiento que cualquier otro ciudadano o ciudadana? La pandemia lo que ha hecho es demostrar que hay un gran sector de la sociedad peruana al margen de las políticas del estado. Principalmente en lo que a educación, salud y empleo se refiere. Hemos tenido que enfrentar situaciones tan tristes que en algunos casos se han romantizado. El caso, por ejemplo, de lo que se llamó “los caminantes”, con cierto tufillo poético. Una realidad desgarradora. Familias enteras que debían retornar a pie a sus lugares de origen porque no podían trabajar ya en Lima, porque no podían garantizar los ingresos mínimos para subsistir.

Claro, hemos visto también cómo se romantizaban los esfuerzos de los padres y madres de familia para que sus hijos pudieran continuar su educación en condiciones tremendamente adversas y que no deberían existir.

Así es. Mamás que han tenido que ir con los hijos a la zona más alta del pueblo para poder captar señal y que sus hijos puedan descargar los materiales que necesitaban o escuchar una clase. Pero, además, estas mujeres, porque son casi siempre mujeres, han debido dejar de lado sus múltiples labores para hacer acompañamiento en la educación de sus hijos, que muchas veces no podían hacer el trabajo escolar solos. Y eso se ha retratado como “uy qué lindo, se han ido hasta el cerro para captar señal y que los hijos puedan estudiar”.

Cuando la realidad no es linda, no es nada romántica, y es una vergüenza que las familias deban pasar por estas situaciones ante la inacción del Estado. El lado, si se quiere positivo, aunque no tiene nada de positivo, es que quizá esto haya servido para que la ciudadanía tome conciencia y ojalá nos sirva de lección. Porque ¿quién conocía esta realidad, cuándo una cámara de televisión o el Estado iban a fijarse en esto? Es como si se hubiera tapado por años. Y la pandemia nos lo ha puesto delante con una violencia que es difícil de ignorar. Aunque haya quienes quieran insistir con que “todos somos iguales”. Y no es así, lamentablemente no todos somos iguales en derechos en el Perú.

Y en pandemia, mientras el gobierno peruano hacía anuncios para que la gente se lave las manos con frecuencia, miles de personas no contaban con agua potable en sus casas. Todo esto contrasta de forma terrible con la imagen de éxito que el Perú ha proyectado en los últimos 20 años, más o menos desde la vuelta a la democracia.

Claro, uno mira, por ejemplo, los cerros ahora que estamos con un invierno húmedo horrible, la gente que vive bajo cartones, que no tiene un techo ni un suelo que los proteja, que tiene que comprar el bidón de agua cada día porque no llega el agua, que no tienen desagües. Cómo es que estas personas, ciudadanos como usted y como yo, no son prioridad para el Estado y los gobiernos locales. Desde ciertos sectores se vende la idea de que se puede paliar la inacción gubernamental y las injusticias con donaciones. Y nosotras, mujeres indígenas que llevamos años analizando estos asuntos, no estamos de acuerdo. No creemos que las donaciones sean ningún tipo de solución.

¿Qué quiere decir?

No se necesitan regalos ni donaciones. Se necesita una buena educación, se necesitan oportunidades de formación y se necesita empleo digno. Nosotras y nuestros hijos e hijas, si contáramos con esas oportunidades, no tendríamos que pedir a nadie. No nos veríamos obligadas en esos barrios a recurrir al comedor popular, por ejemplo. Más bien, estaríamos en capacidad de generar economía propia o economía cooperativa, basada en el trabajo de estas mujeres y sus capacidades. Capacidad y creatividad existen, pero cuando vemos los compromisos para la eliminación de la pobreza, no van más allá de las donaciones.

Ojalá los decisores de políticas públicas puedan cambiar sus anteojos y entender que lo que se necesita, tanto en la zona urbana como en el campo, es apoyar esfuerzos productivos, donde las personas, en nuestro caso las mujeres indígenas, puedan tener oportunidades similares a las de otros colectivos. Pero, lastimosamente, estamos cada vez más decepcionadas, nos sentimos olvidadas e ignoradas. Como dicen muchos historiadores y científicos sociales, ¿qué hacemos para refundar el Perú? Yo no sé si lo que necesitamos refundar más bien son nuestras mentalidades.

A su modo de ver, entonces, ¿esa política centrada en donaciones cumple una función similarmente perversa a esa romantización de la lucha contra la pobreza de que hablábamos antes?

Así es. Invisibiliza, tapa la realidad y le permite a unos cuantos decirse que están haciendo “el bien”, pero eso no tiene un impacto real y duradero. Nosotras lo que pedimos es una mejor distribución de los recursos, que, por ejemplo, no haya evasores de impuestos de economías generadas con las industrias extractivas en nuestros propios territorios. Hace falta un ejercicio del poder que realmente tenga en cuenta los recursos que se generan y la distribución equitativa con las prioridades de las mayorías en mente. No se necesitan regalos ni concesiones especiales, se necesita priorizar la inversión para que todos lleguemos a un nivel medio, digno, de vida. Tener una educación suficiente que me permita competir, ganarme la vida y generar ingresos para mi familia no es un privilegio, no debería serlo.

Pero si el Estado permite que se evadan impuestos, que el dinero recaudado se pierda a manos de la corrupción, y luego pretenden paliar esas desigualdades con donaciones porque así supuestamente van a luchar contra el hambre y la necesidad, en realidad no se va a conseguir nada más que generar dependencia e inmovilizarnos. Cuando nosotros somos pueblos con tradición de trabajo, creatividad y resistencia ante las situaciones más difíciles, si no hubiéramos desaparecido. Miremos nada más a los conos en Lima, esa economía tan pujante, ¿quién la ha impulsado? ¿El Estado ha invertido ahí? Para nada. Es el esfuerzo de la propia gente.

Sobre la dificultad de acceso a educación que menciona, leí en una entrevista que cuando usted trabajaba como empleada doméstica y quería estudiar se enfrentó a la resistencia de sus empleadores. Al punto de que en algún momento alguno le dijo “Tú eres una indiecita y vas a seguir siéndolo”. ¿En sus conversaciones con mujeres más jóvenes ha encontrado que siguen enfrentando esos mismos obstáculos?

Fíjese, yo soy de una pequeña comunidad de Ayacucho, y yo pensaba que solo las andinas nos iniciamos en la interacción con la otra cultura a través del servicio doméstico. Pensaba que solo las serranas empezábamos a aprender castellano de esa manera, siendo ahijadas o sobrinas que trabajaban en esas casas a veces por solo comida y techo. Y en mi caso comida, techo y colegio, porque yo nunca quise renunciar a mi educación. Pero conversando con lideresas de otras comunidades descubrí que tenemos las mismas experiencias. Por lo menos otras tres lideresas muy reconocidas que conozco se han iniciado en el aprendizaje de la otra cultura en el servicio doméstico.

Debe requerir mucho esfuerzo llegar a donde usted ha llegado partiendo de ahí.

La verdad que sí. Al igual que mis compañeras, nos hemos resistido, nos hemos rebelado contra una sociedad que nos decía, y nos sigue diciendo, que solamente servíamos para ese trabajo. Hemos podido usar estratégicamente esa situación para aprender bien el castellano, para fortalecernos y luego decidir qué hacer en la vida. Algunos ven en el servicio doméstico una forma de quitarnos dignidad, de encasillarnos y hacernos creer que solo servimos para eso.

Pero en otros casos, para muchas de nosotras ha sido una forma de abrirnos camino, de toma de conciencia también, sabiendo que lastimosamente no se nos ve como iguales, que no tenemos las mismas oportunidades, y por ello debemos enfrentar muchos más desafíos. Es difícil, pero una debe aprender que no es una pobre infeliz que solo debe mirar el piso. Hay que aprender a levantar la cabeza y mirar de frente como nos enseñaron nuestros mayores.

¿Y qué le dicen las generaciones más jóvenes de mujeres cuando conversa con ellas respecto a los obstáculos que encuentran? ¿Son muy diferentes a los que enfrentó usted y su generación?

Lo que ahora tenemos es un escenario de jóvenes y adolescentes que tienen mejor percepción de su entorno y de lo que les toca. Por ejemplo, estos liderazgos jóvenes han tomado consciencia de las complicaciones del embarazo adolescente. Eso es un gran avance. Esta jóvenes son conscientes que tienen derechos, que deben informarse y pueden construir una oportunidad de desarrollo profesional y personal sin recurrir, por ejemplo, al matrimonio temprano o a la idea de que el hombre las va a mantener. Saben que el matrimonio ya no es lo único que les toca a las mujeres. Sigue siendo un desafío todavía que esas jóvenes tan claras, tan lúcidas, puedan tener las mismas oportunidades que sus pares en otras zonas del país o en otros sectores.

¿Qué se necesita para eso?

Le pongo un ejemplo: nosotras defendemos que además de que la educación secundaria en todo el país debe ser de mejor calidad, esta no puede ser igual en las zonas rurales que en la ciudad. La relación con el entorno es distinta, la historia y la propia cultura son distintas. Esto no significa que no deban compartir conocimientos con los estudiantes de otras zonas del país, pero se necesita un enfoque que entienda las diferencias que existen y que haga énfasis en el desarrollo de capacidades, la autoestima y conciencia de derecho.

Y eso debe ser para todos, adaptado a las diferentes circunstancias. Es indispensable una revisión crítica del contenido educativo en todo el país. Volviendo, por ejemplo, al tema del racismo, si es que en el colegio Markham de Miraflores los estudiantes no relacionan que quienes siguen produciendo la papa en su gran diversidad vienen haciéndolo desde antes de la invasión y son los o las descendientes de este país que le dan una riqueza cultural histórica, pues el racismo va a seguir. Porque no hay conciencia de que la historia del Perú no empezó con los que llegaron, y había aquí ya una civilización anterior, y todavía estamos aquí sus herederos. La educación intercultural debe ser nacional, para todos.

Hablaba hace un momento de la especificidad de la lucha de las mujeres indígenas. Le leí comentar una vez al respecto lo siguiente: “Para nosotras la lucha es triple: contra un sistema formal que no nos incluye, dentro del propio movimiento feminista y dentro de nuestras propias comunidades”. A su modo de ver, ¿de qué manera se intersectan la lucha contra el racismo y las reivindicaciones feministas?

Es que el racismo lamentablemente permea todo y, entonces, en el movimiento feminista también hay estratificación. Somos todas mujeres que luchamos por derechos, pero la reivindicación de una feminista académica de clase media alta no es la misma reivindicación de una mujer emergente indígena quechuahablante no académica. Pero le diré que en ese espacio feminista los últimos 30 años, nosotras hemos aprendido de ellas y también hemos enseñado mucho. Porque nosotras las indígenas empezamos en el movimiento desde los 80 o antes reivindicando los derechos colectivos como pueblos. La lengua, la cultura, el territorio. Éramos fuertes en esa lucha por los derechos colectivos y luego transitamos a mirar los derechos individuales como mujeres.

Y entonces hoy decimos que los derechos colectivos e individuales son indivisibles y son complementarios. Yo, por ejemplo, vengo de una generación en la que los padres arreglaban los matrimonios. Hoy, gracias a la defensa de los derechos individuales como mujeres, tenemos que, pese a que eso formaba parte de la tradición, las nuevas generaciones ya no aceptan que les arreglen el matrimonio. Asumen su derecho a decidir por sí mismas. Tiene el derecho a decidir si quieren seguir estudiando, si quieren ser profesionales, si quieren casarse o no casarse, tener hijos o no. Esto hoy, para nosotras está clarísimo. Así como tenemos claro que hay tradiciones que se han defendido como expresiones culturales y ya, así era. Bueno, si va contra la dignidad, contra los derechos fundamentales como mujer y como persona, la tradición tiene que cambiar.

¿Podría darme algún ejemplo?

Fíjese usted, tenemos lo relacionado a las preferencias o identidades sexuales. Las indígenas de las Américas hace 20 años no queríamos saber nada con este tema. No queríamos asumirlo como un tema nuestro. Después de 20 años, los mismos liderazgos femeninos de comunidades cuando empezamos a hablar sobre nuestros hijos, hemos puesto el tema sobre la mesa. Hemos escuchado testimonios de mujeres, por ejemplo, que cuentan que su hijo fue expulsado de la comunidad porque era gay, y ante estas injusticias muchas de nosotras hemos salido al frente y denunciado estas violencias contra la dignidad de las personas. Los tiempos cambian y las comunidades se enfrentan a situaciones nuevas que tenemos que incluir en la agenda, así avanzamos también en el análisis de lo que pasa en nuestro contexto actual.

Entonces, cuando hablamos de las similitudes con el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, que también son las mujeres populares y el movimiento de mujeres afrodescendientes y nosotros las mujeres indígenas, ya somos como tres generaciones y manejamos una mirada que es intergeneracional. Las jóvenes también tienen el derecho de ser las indígenas de hoy, que ya no están definidas únicamente por haber nacido en la comunidad, o por hablar el quechua, o la ropa o estar siempre en un solo lugar, tienen el derecho de la movilidad también. Se reconocen como descendientes, reconocen a sus ancestros, pero merecen a su vez el mismo respeto y las mismas oportunidades que cualquier mujer joven.

Por un lado tenemos el machismo y el racismo estructural del Estado, que ha olvidado tradicionalmente a las comunidades indígenas y ha colocado una carga extra a la mujer indígena, pero por el otro lado tenemos también usos y costumbres que, amparados en cierta tradición cultural, suponen una carga extra contra estas comunidades. Lo hemos visto en estos días, con la detención y tortura de mujeres acusadas de brujería por parte de rondas campesinas.

Eso es inaceptable. Mire, mi madre murió con cáncer de ovario creyendo que era brujería, pero ya pasaron 45 años, y no podemos permitir que se maltrate y se falte la dignidad de las personas con una acusación tan subjetiva como esa. Eso va contra los derechos humanos. Nosotras hemos discutido casos similares, como por ejemplo, el caso de la mutilación genital, que se daba todavía en algunos pueblos de Colombia, en algunos pueblos de la Amazonía peruana y sobre todo en el África. A raíz de esos ejemplos, nosotras hemos discutido muchísimo sobre lo que es tradición y modernidad, lo que es tradición y derechos humanos.

Y no solo hemos discutido sino que se han tomado acciones y se ha conseguido que sea una política para todos los estados el erradicar la mutilación genital. En el caso de nuestro país, por poner otro ejemplo, ahora se visibilizan los casos de embarazos tempranos, de violencia sexual a niñas, todas violencias que antes no transcencían, que se callaban por temor. Las cosas van cambiando, cuesta mucho trabajo y lucha, pero vamos haciendo que cambien. Y tenemos que seguir, porque hay que hacer que la ciudadanía y, sobre todo, los políticos vean la realidad, vean los retos que enfrentamos y comprendan los cambios profundos que necesitamos. Porque parece que los políticos solo quieren pisar la realidad cuando van a hacer campaña y luego se olvidan cuando llegan a Palacio.

La asunción al poder del presidente Castillo generó ciertas expectativas entre comunidades y colectivos indígenas. Pero a la luz de la inacción del gobierno en múltiples frentes y de las investigaciones por corrupción que cercan al presidente y su entorno más íntimo, podríamos decir que esas expectativas iniciales se han visto una vez más defraudadas. ¿Lo ve usted así?

En efecto, es así. Y es terrible porque hay una gran decepción, pero valgan verdades venimos decepcionados desde Toledo, como muchos peruanos y peruanas. Nosotras lo hemos hablado mucho, nos da pena porque al igual que ocurrió en su momento con Toledo, muchos creían que era un presidente indígena y que va a resolver tal o cual asunto. Y, claro, a muchos no les gusta cuando uno dice, no, no lo es y no creemos que va a ser gran cosa para nosotros. No hizo nada para el sector rural indígena, después con Humala, con todas sus cosas y así, y ahora con el presidente actual lo mismo. Pero hemos recibido muchos ataques. Yo fui miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones y fui atacada y llamada terrorista, se me acusó de defender al entonces candidato Castillo.

Uno más de los muchos episodios tristes de esa campaña electoral.

Yo no defendía a nadie, yo vengo de un movimiento que toda la vida ha cuestionado a un lado y a otro, porque nunca nos han incluido en sus propuestas políticas, y cuando nos han incluido en sus promesas, luego siempre nos han defraudado. Al final del día la política debería ser el ejercicio de la ética, y para mí la ética no tiene color. Usted tiene valores éticos o no. Eso es lo que yo defiendo. Entonces, una campaña donde se racializaba al otro, se burlaban del otro y donde se utilizaron todas las herramientas para atacar a un candidato en buena medida en base a prejuicios, no es ética. En ese contexto, entre las opciones que había, hubo quien votó por el señor Castillo porque sentía que no tenía otra opción.

Pero pese a lo que él dijera, él no representaba a las comunidades indígenas, a lo sumo representaba a su gremio. Y ahora, a casi un año de gobierno, produce mucha frustración ver la situación en que nos encontramos porque además de todos los fallos de su gestión, hay quienes dicen que con esto ya nos sepultamos, que debido a esa identificación ya nunca vamos a ser poder. Pero lo que yo digo es que, antes que nada, hay que formarse, hay que conocer y prepararse. Si uno quiere acceder al poder tiene que saber para qué y con qué capacidades, con qué herramientas y con qué visión está yendo a ocupar un puesto de poder.

Eso es lo más importante. Sea uno indígena o no. Y ahí claramente ha fallado el presidente. Uno tiene que saber a qué llega el poder y conocer el país que quiere gobernar, y tiene que saber que en este país existen sectores históricamente postergados, que existen vacíos aún en el ejercicio del poder democrático. Pero eso parece que a nadie le importa, porque ¿dónde se forman los nuevos liderazgos, dónde se forman los políticos? El panorama no es muy optimista.

Habla usted de una decepción muy grande. ¿Cuál sería la mayor decepción con este gobierno?

Lo primero, para mí, es que no se nos escucha. Hay la necesidad, cuando uno va a gobernar un país con los problemas que tiene este, pero también con la diversidad que tiene, de escuchar a los sectores involucrados, a los diferentes sectores de la sociedad. ¿Dónde está el espacio en que la sociedad civil y los diversos colectivos puedan aportar a una gestión de gobierno, donde el presidente escuche? No existe ese espacio.

Y al no existir, al no escuchar, desde arriba, desde Palacio o los ministerios, cada día salen con una y otra cosa que no tienen que ver con las necesidades de la ciudadanía. Y el parlamento, no sé, ya ni se diga. El presidente dice que gobierna el pueblo, pero no se escucha al pueblo, no hay ningún espacio para escuchar al pueblo, no hay un diálogo entre gobierno y sociedad civil. Entonces, yo no sé dónde está la voz del pueblo en los planes de gobierno de los próximos cuatro años.

¿En qué otros aspectos se ha fallado?

Bueno, vemos la cuestión de las mujeres. Seguimos relegadas. Nuestros derechos y preocupaciones no son una prioridad, lo vemos día a día. Se habla de pensiones para las mujeres pobres y está bien, hay necesidades inmediatas, pero dónde están las soluciones a mediano y largo plazo, las propuestas para corregir las injusticias y ofrecernos oportunidades de desarrollo, de salir adelante en base a nuestro esfuerzo y creatividad. Tenemos un problema como país, nos falta perspectiva y planeación en muchos ámbitos.

Justamente hace unos días teníamos esta conversación por los 50 años del Fondo de Población de las Naciones Unidas y hablábamos con el doctor Javier Abugattás, responsable del Ceplan, y nos preguntábamos cómo transitamos a un plan de largo plazo como país, con inversión estratégica, pero que a la vez identifique espacios intocables y respete nuestros compromisos en la lucha contra el impacto del cambio climático. En esa reunión, recuerdo, el señor del INEI presentó un mapa donde solo tres regiones eran agrícolas, todo lo demás era minería y cemento. ¿En qué estamos pensando? Imagínese, con nuestra riqueza y biodiversidad, con tanto que tenemos que proteger, pensando en las nuevas generaciones, en un planeta que atraviesa una crisis alimentaria, que va a agravarse en el tiempo. ¿Dónde está la planeación a 10, 20, 50 años? Es urgente. No podemos permitirnos seguir pensando a cuatro, cinco años, y por supuesto, no podemos permitirnos que sigan viendo al Estado como un botín.

¿Le sorprendió la escasa presencia de mujeres en este gobierno?

Sí, otra decepción grave. Hay que tener en cuenta que hay una fuerte presencia de grupos conservadores, así como de varones super machistas, algunos de los cuales vienen del interior del país. Es, lastimosamente, una agenda pendiente. A veces se hacen ciertas concesiones, pero no se cree en las capacidades de las mujeres. Y este es un problema que hay que enfrentar, no hay que taparlo o ignorarlo, no hay que justificar esas actitudes contra las mujeres. Mire, somos una sociedad con tantos prejuicios, a un lado y otro, y construir sociedades que se respeten es un trabajo arduo, de todos los días y que nos compete a todos y todas.

Me gustaría incidir sobre la ausencia de espacios para el diálogo o para que la sociedad civil y organizaciones como la que usted lidera pongan en agenda temas claves o para discutir problemas graves que seguimos arrastrando como el racismo. Dado que, como dice, esos espacios no existen desde el Estado, ¿cuál cree que es la responsabilidad de los medios de comunicación en el país de no suplir esa ausencia?

Yo creo que somos un país donde lamentablemente cada cual trabaja en su gueto. Tienes un sector trabajando en lo suyo, aislado, tienes otros sectores igual, y así con todos. ¿Dónde está la articulación, el espacio de confluencia donde las ideas, las iniciativas, sean recogidas y articuladas de forma que se traduzcan en beneficios para todos? No tenemos eso. Y los medios no han sabido ubicarse ahí. Los medios están también marcados por esa mentalidad de gueto. Lo hemos visto, por ejemplo, estos días cuando los periodistas se quedan mudos ante alguien que dice que no existen movimientos o reivindicaciones indígenas en el Perú.

¿Qué responde a quienes señalan que no existen reivindicaciones indígenas en el Perú?

Bueno, hablan no sé si desde la ignorancia o simplemente se trata de una actitud malintencionada para defender sus posiciones políticas. Porque tienen que saber que en el censo del 2017 el 25% de la población se reconoce como indígena. Todos los días vemos los pronunciamientos o acciones de los indígenas amazónicos, que luchan por sus derechos. Y vemos también que los quechuahablantes y aimarahablantes seguimos ganando presencia y luchando porque se reconozca nuestra identidad y el Estado nos atienda como a todos.

Chirapaq mismo, la institución que yo presido, es una asociación indígena que surge con una estrategia de reivindicación cultural, además en un contexto de violencia política. Entonces, decir que no existen movimientos indígenas, ya ve, es un sinsentido. Lo que sí nos está faltando es, desde el punto de vista político, liderazgos articulados, que sepan aglutinar las luchas de los pueblos andinos y amazónicos, por ejemplo. Pero tengo que decir que, lastimosamente, el racismo, la discriminación, esas dinámicas de gueto, también se reproducen en nuestras comunidades.

¿Podría explicar esto?

Claro. Mire, al interior también hemos reproducido lo malo, la estratificación basada en prejuicios. Las diferencias entre quienes siguen viviendo en los pueblos y quienes salieron de la comunidad hace tiempo y regresan y se perciben como superiores. El dinero y el poder, malentendidos, generan brechas al interior de nuestras comunidades.

En su contacto con líderes de comunidades de todo el planeta y saliendo un momento de los múltiples problemas que atravesamos en nuestro país y el mundo, ¿qué avances reconoce en todos estos años de activismo?

Mire, pese al largo camino que queda por recorrer, podemos decir que hemos mejorado bastante. Hoy estamos en la agenda internacional como pueblos indígenas, el Estado tiene la obligación de cumplir con políticas y con recomendaciones que vienen de las agencias de las Naciones Unidas. Todo eso son victorias. El Perú no es más una isla, participa en el gran concierto internacional en estos temas. Por ejemplo, el Foro Permanente sobre asuntos indígenas de las Naciones Unidas tiene 1.600 recomendaciones, entre ellas recomendaciones que los Estados deben implementar de acuerdo a la población indígena con que cuentan en materias de lengua, educación y la salud intercultural o el respeto a los derechos territoriales.

El convenio 169 de la OIT, que garantiza la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, es de cumplimiento obligado para el Estado. Aun cuando existe resistencia para ello, no solo en nuestro país sino en todas partes. Lo vemos por ejemplo en el respeto a los derechos territoriales, que chocan muchas veces con los intereses de ciertas industrias como la gran minería, tanto en los Andes como en la Amazonía, donde las comunidades, amparadas por estos convenios internacionales, buscan defender sus territorios y los recursos naturales de todos, pero se enfrentan ante la inacción del Estado.

Un ejemplo clarísimo de esa inacción es lo ocurrido con el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla. Han pasado largos meses y no se ven avances significativos. Al punto de que los medios informaban esta semana que los pescadores seguían sin poder volver a trabajar en esta zona.

Ocurre que nuestros gobernantes no son fuertes, no son firmes, en hacer respetar los derechos de su pueblo. Porque fíjese usted hablando de las industrias extractivas sea petrolera o minera, afuera se tiene este diálogo de empresas y pueblos indígenas, y uno de los aspectos más importantes es justamente que las empresas que vienen a extraer minerales o recursos en el territorio indígena deben respetar los estándares de derechos humanos.

Pero cuál es el problema cuando discutimos, que es el Estado quien tiene que hacer respetar nuestros derechos, y no lo hace. Y ahí está el racismo en el ejercicio del poder, porque como creen que los andinos o amazónicos no tienen los mismos derechos que, por ejemplo, los habitantes de Lima, no son tomados en cuenta. ¿Cómo es posible que haya ocurrido lo de Repsol, que pasen los meses así y no pasa nada? Y el principal responsable es el Estado, pero la sociedad tampoco ha reaccionado de la manera en que debía. Hemos dejado abandonado el asunto.

A su modo de ver, entonces, ¿esta incapacidad de entender la gravedad en general de este desastre ecológico pasa también por ese racismo estructural que entiende que hay ciudadanos de segunda categoría que no merecen la misma protección que los de primera?

Así es. No reaccionamos todos de la misma manera, lastimosamente. Mire, le pongo otro ejemplo. Nosotras tenemos hoy confluencias importantes con el movimiento feminista, compartimos luchas, pero durante mucho tiempo ha costado, ha costado mucho. El movimiento feminista en el Perú no supo ponerse de nuestro lado cuando nosotras empezamos a protestar por la Paisana Jacinta hace más de 20 años. En ese momento no tuvimos su solidaridad, su respaldo. Fueron años de lucha, de apelar a mecanismos internacionales, y de hecho hoy ni siquiera se nos reconoce que esto fue una conquista de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Somos una sociedad, lastimosamente, fragmentada, donde todos estamos en nuestros guetos, nuestros cubículos. Tenemos que encontrar formas de superar esto. Y los medios deberían también entenderlo y ser críticos del estado de las cosas.

Diego Salazar.  @disalch     disalch@gmail.com

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