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19 de diciembre de 2024

700 millones de mujeres fuera del mercado laboral

Sergio Ferrari

Más de 700 millones de mujeres en el mundo quedan al margen del mercado laboral porque se dedican a los trabajos domésticos y a atender a otros sin recibir salario alguno.

Rosalía cuida día y noche a su bebé mientras su esposo trabaja afuera. Gloria se ocupa desde hace cinco años de su madre, que sufre de Alzheimer. Ambas, además, limpian la casa, hacen las compras, preparan la comida para toda la familia y llevan la administración de los gastos familiares.

Forman parte de esas centenas de millones de mujeres que se dedican a cuidar bebés, niños y ancianos; que asisten a personas con discapacidades o enfermedades; que asumen prácticamente todas las tareas domésticas cotidianas y aseguran el funcionamiento integral del hogar. Significan días y noches de trabajo que no se contabilizan ni se pagan. Y, al mismo tiempo, son tareas imprescindibles que les impiden encontrar un empleo remunerado que se adapte a su situación familiar y social.

Un estudio reciente de la OIT (El impacto de las responsabilidades de cuidado en la participación de las mujeres en la fuerza laboral) calcula que en 2023 unos 748 millones de personas mayores de 15 años en 125 países no figuraron en la fuerza laboral, aunque realizaron tareas imprescindibles de cuidados domésticos. Significativamente, 708 millones de mujeres y tan solo 40 millones de hombres, números que evidencian que las responsabilidades de cuidado constituyen, paradójicamente, la principal barrera que impide que la mujer ingrese y permanezca en el mercado laboral. Para los millones de varones excluidos de este mercado, las principales barreras son, fundamentalmente, sus limitaciones de nivel escolar o problemas de salud, https://www.ilo.org/es/resource/news/708-millones-de-mujeres-no-pueden-participar-en-el-mercado-laboral-debido.

“Condenadas” al cuidado


Estas cifras además dimensionan algo que, aunque conocido, es importante subrayarlo: el rol preponderante que las mujeres asumen en la crianza de los hijos y el cuidado de personas con discapacidades o enfermedades crónicas, así como en las tareas del hogar.

Desde una perspectiva geográfica, el porcentaje más alto de mujeres excluidas del sector “asalariado” se encuentra en África del Norte (63%), seguido por el de los Estados Árabes (59%). En Asia y el Pacífico, el porcentaje es 52%. En América Latina y el Caribe, 47%. En Europa Occidental y Asia Central, el porcentaje es menor (21%), casi como en América del Norte (19%). Los países de Europa Oriental tienen el porcentaje más bajo (11%).

Si se toman como referencia las estadísticas de los seis años anteriores a 2023, se observa que la tendencia de este tipo de exclusión ha ido en aumento. En 2018 fueron 647 millones las personas excluidas de la fuerza laboral debido a sus responsabilidades de cuidado: aproximadamente 606 millones mujeres y 41 millones varones.

Si bien la prestación de cuidados domésticos puede ser gratificante, cuando se realiza en exceso y obstaculiza las oportunidades económicas de sus prestadores, puede atentar contra sus derechos humanos. El informe de la OIT lo expresa sin ambigüedad: “Las responsabilidades de cuidado están excluyendo y frenando a millones de mujeres en todo el mundo de tener un empleo remunerado, y con los cambios climáticos y demográficos que aumentarán la demanda de cuidados, se necesitan urgentemente medidas para apoyar (y valorizar) la economía del cuidado”.

Valorizar el trabajo doméstico normalmente invisibilizado

Estas profundas desigualdades laborales debidas al género motivaron a la OIT a adoptar en junio la Resolución sobre el trabajo decente y la economía del cuidado. Para este organismo de Naciones Unidas especializado en el mundo del trabajo se trata de un “documento histórico”, nada menos que “el primer acuerdo tripartito global sobre el tema”. En la medida en que los Estados avancen en su aplicación, proyecta la OIT, podría allanarse el camino para que los mismos aborden los problemas y los desafíos y aprovechen las oportunidades que ofrece la economía del cuidado doméstico.

La Resolución sostiene que “una economía del cuidado que funciona bien no solo apoya a individuos y familias, sino que también contribuye a una fuerza laboral más saludable, crea empleos y mejora la productividad”. Por esa razón cuestiona las barreras estructurales que dificultan la participación y el progreso de la mujer, resultantes de su actividad sin salario. Y exige políticas y sistemas que contrarresten las desigualdades que actualmente padecen quienes proporcionan cuidados, https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-06/ILC112-Resolution-V-%7BRELMEETINGS-240620-001%7D-Web-SP.pdf).

Los datos de la OIT muestran que desde 2018 ha habido algunos progresos. Muchos países han avanzado en la promoción de la participación de mujeres que ofrecen cuidados domésticos mediante aumentos presupuestarios para ese rubro y la educación de la primera infancia. Sin embargo, subraya la Resolución, en un mundo que se remodela velozmente por los cambios demográficos, este tipo de ajustes presupuestarios, aunque bien intencionados, no es suficiente. “Si queremos abordar la creciente desigualdad y avanzar hacia una mayor justicia social”, reclama la Resolución, es “esencial” una inversión adecuada en políticas de cuidado.

Reivindicaciones feministas y sindicales

De más en más, la reflexión, las propuestas y las acciones en torno al trabajo de cuidados domésticos forman parte de las preocupaciones centrales de sindicatos y movimientos feministas en general, y en América Latina en particular.

A fines de octubre, y en ocasión del Día Internacional de los Cuidados, la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (miembro de la Confederación Sindical Internacional) emitió una declaración en la que sostiene que “reorganizar los cuidados domésticos hacia la igualdad conlleva la exigencia de una agenda integral que incluye enfrentar las desigualdades de género, raza, edad y condición migratoria, entre otras”. Y argumenta enfáticamente que “invertir en cuidados requiere un enfoque basado en los derechos humanos”. En otras palabras, concebir el cuidado “como derecho humano, universal y con justicia de género”. Con esto en mente, la Confederación anticipa un trípode de propuestas, comenzando con un mayor diálogo social para avanzar políticas públicas integrales de cuidados. Las mismas tienen que conformarse como un pilar de la seguridad social y articularse con las políticas de salud, educación, protección social y desarrollo. La adopción de “políticas públicas universales con perspectiva de género, interseccionales y multidimensionales”, sostiene la Confederación, hará posible “Reconocer, Redistribuir, Reducir, Remunerar y Representar los trabajos de cuidados (teniéndose en cuenta) la diversidad de la clase trabajadora”.

El logro de esta meta, argumenta la Confederación, requiere “organizar la agenda sindical para colocar la temática de los cuidados junto a la justicia de género”, de manera que sea una temática de la cual se apropien todas y todos los trabajadores (https://csa-csi.org/2024/10/29/cuidados/#).  

A fines de agosto 2024, en sitio de Internet Capire que la Marcha Mundial de Mujeres coordina en diálogo con La Vía Campesina y Amigos de la Tierra, publicó las conclusiones del seminario Socializar el trabajo de cuidados: experiencias y luchas feministas. Realizado virtualmente, este evento convocó amujeresdirigentes sindicales y de movimientos feministas de América Latina, Europa y África (https://capiremov.org/es/analisis/socializar-los-cuidados-transformar-la-economia/). Las participantes coincidieron en que “los cuidados se entienden como trabajo, prácticas y relaciones que dan forma a la sostenibilidad de la vida”. Por otra parte, que se trata no sólo de atender directamente a una persona, ya que también abarca “todas las condiciones que hacen posible la vida; es decir, las personas, los alimentos, las semillas y los bienes comunes, así como las múltiples formas de relaciones económicas que van más allá de lo que se compra y se vende en el mercado”. En este marco interpretativo, los cuidados tienen lugar en relaciones de interdependencia, y tanto la autonomía como la autodeterminación se reivindican como principios.

Del análisis de Capire surge una clave de interpretación para el contexto latinoamericano: los cuidados domésticos ocuparon un lugar central en la respuesta de las mujeres ante la ofensiva del neoliberalismo empeñado en privatizar incluso los servicios públicos de educación y salud. Y llama a tener presente la memoria y la actualidad de esas luchas como punto de referencia “para sospechar de las propuestas de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de cuidados”. Según Capire, el FMI propone “una perspectiva de inclusión de las mujeres en el sistema [pero] sin transformar las estructuras de opresión. Por lo tanto, no atiende a la mayoría de las mujeres de la clase trabajadora”.

El desafío es enorme. Desde la perspectiva feminista, frente a las amenazas contra la supervivencia de la humanidad y del medio ambiente, son necesarios cambios radicales. Se debe romper con la lógica actual de la producción, acumulación y la reproducción. El trabajo de cuidado y la sustentabilidad –humana y del planeta–serán pilares de esa nueva apuesta social.  

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

19 de agosto de 2020

Perú: Vizcarra se orienta a la vía represiva

César Zelada


Represión criminal contra pueblo indígena, detenciones y despidos de dirigentes sindicales mineros y amenazas contra referente sindical de la limpieza pública.

Al mismo tiempo que la “crisis del régimen político y social” avanza (con sus contradicciones), la tendencia a la reacción también se afianza. Después de haber sido volteado -por el voto en contra del Parlamento– el gabinete Cateriano a favor de las mineras y el capital financiero, el presidente Martín Vizcarra quiere imponer su política de entrega y hambreamiento popular a través de la represión.

Cansados de tanto abuso y mesas de diálogo sin resultados eficientes, las comunidades de la etnia Kukama, en Loreto, decidieron realizar un paro y la respectiva toma de la estación petrolera en el lote 95 de la empresa Petrotal. Las fuerzas policiales intervinieron y reprimieron brutalmente, con el saldo de 3 muertos y más de una decena de heridos. Los policías tendrían también 6 heridos.

Los comuneros están demandando que la empresa les dé un fondo económico que proceda del 10% de la producción fiscalizada de petróleo para ejecutar proyectos de seguridad alimentaria, agua, saneamiento y energía eléctrica, así como medicamentos para enfrentar el Covid-19.

La lucha tiene larga data. En marzo del 2019 también protestaron logrando que la empresa se comprometa a mejorar el nivel de atención sanitario en sus comunidades. No obstante, en la actualidad, según el Ministerio de Salud, hay cuatro centros de salud rurales de primer nivel y todos tienen una capacidad instalada inadecuada. Además, según el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática), “en Loreto solo el 45% de la población consume agua potable de la red pública. Y de ese porcentaje, solo la mitad tiene acceso a este recurso todos los días; y apenas el 8% tiene agua las 24 horas del día. El documento también señala que solo el 42% de la población tiene acceso a la red pública de alcantarillado” (Ojo público, 9/8).

El gobierno ha enviado una Comisión de Alto Nivel encabezada por el ministro de Cultura. A la vez, el ministro del Interior está enviando más policías, pero no para preservar el orden sino para seguir reforzando el apoyo a la petrolera.

“El gerente general de Petrotal, Ronald Egúsquiza reconoció que existen deficiencias en el sector salud en Loreto, y dijo que ‘por ello PetroTal trabaja de manera conjunta para avanzar en el Plan de Cierre de Brechas del gobierno central’” (ídem). Actualmente se producen 12 mil barriles diarios de petróleo.

Anteriormente, una explosión social en Espinar (Cusco), contra la empresa minera Glencore (de capitales suizos), reclamando bonos (subsidios) de 1,000 soles (para reactivar el derrumbe de su economía), del Convenio Marco que ésta firmo producto de grandes jornadas de lucha, terminó siendo fuertemente reprimida con el saldo de 5 heridos de bala, decenas de detenidos y desaparecidos.

Por otro lado, la dirigente sindical de limpieza pública, Elizabeth Cortez, acaba de ser agredida brutalmente con el cacho de una pistola con el epíteto de “esto te pasa por estar publicando huevadas”. Las “únicas huevadas” que publica la compañera son denuncias por los derechos de los trabajadores (as) explotados (as) del servicio de limpieza pública que beneficia a toda la población limeña en la lucha contra la pandemia evitando que se desarrollen focos de infección.

La misma política represiva se observa contra los dirigentes de los sindicatos mineros como sucede en el caso de Marsa, Chinalco y Shougang, detenido y despedidos, respectivamente, por denunciar las prácticas antisindicales y ausencia de protocolos sanitarios por parte de las Empresas Mineras. A la vez, en los campamentos mineros de Atacocha, Pataz, etc. centenas de trabajadores son despedidos producto de las “suspensiones perfectas” y ceses colectivos.

En conflictos anteriores como el de Tía María, el presidente Vizcarra se había movido con pies de plomo (incluso había los que reclamándose mariateguistas lo apoyaban por este tema). Pero ahora frente a la bancarrota de su política para enfrentar el Covid y reactivar la economía, pues ha dado un giro más represivo reforzando sus rasgos bonapartistas. El mismo que se acentúa con un nuevo premier como Walter Martos que es un general en retiro y que tiene la orden de la Confiep (cámara patronal) de reactivar todos los proyectos mineros que se han teñido de sangre o que están cuestionados por no cumplir con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o no tienen licencia social, así como de avanzar en el despido de miles de trabajadores y recortes de derechos laborales para recuperar la tasa de ganancia.

Por estas razones, se va desarrollando la Coordinadora Unitaria Sindical y Combativa (CUS-C), con una declaración que articula la lucha contra la represión gubernamental con la de las reivindicaciones sociales como la de triplicación del presupuesto a la salud a nivel del PBI a la vez que su centralización (incluida las clínicas privadas), aumento de salarios, por protocolos sanitarios y comisiones de higiene en las empresas, bonos personales de S/. 1,000 (subsidios) mensuales por todo el tiempo de la crisis, reincorporación de los despedidos, impuestos a las grandes fortunas, auditoría de Reactiva Perú y el endeudamiento con el FMI, freno de las tasas usureras bancarias, etc.

Una Coordinadora que sostiene la Unidad, Solidaridad y la independencia política de clase. Que rechaza el voto de confianza del Congreso al gabinete Martos y cuestiona la expectativa que le dan algunas centrales sindicales al mismo pidiendo “más participación en el gobierno” (a pesar de los tres paquetazos impuestos contra el pueblo); y que tiene agendada un Plan de Combate con una serie de luchas de bases como las de SITOBUR, Salud, etc. como acciones de acumulación de fuerzas en perspectiva de una Jornada Nacional de Lucha.