Sobre las barbaridades de este congreso y la pésima gestión del ministro del Interior ya se ha dicho bastante. Me propongo aportar escarbando en las causas sociales, políticas y económicas, partiendo de tres ideas centrales. Uno: que los extorsionadores y secuestradores lo hacen por dinero. Dos: que la delincuencia se sustenta en la ideología, llevada al extremo, de que los demás no importan. Tres: que se trata de acciones contra un Estado mermado en su capacidad y legitimidad.
Tenemos hoy una dictadura sostenida mediante el amedrentamiento y por eso el Ministerio del Interior prioriza perseguir opositores sociales y encubrir los delitos de la presidenta y del ministro. El cogobierno Congreso-Dina ha aprobado varias leyes para protegerse ellos mismos, extendiendo ventajas a todos los grupos criminales. Han hecho inútiles los allanamientos al exigir que primero se avise al abogado de los delincuentes y han desvirtuado totalmente el delito de crimen organizado, favoreciendo a las bandas. Añado otros dos elementos: el primero es la crisis económica y aumento del desempleo, que les cierra oportunidades a muchísimos jóvenes y produce una acumulación de desesperanza, frente a la cual algunos sienten que delinquir es su mejor opción. El segundo es la corrupción descarada y protegida por el gran poder económico. La presidenta muestra sus Rolex que nos hinchan el hígado. Chibolín ayuda a traficantes ilegales de oro mientras tiene horas en prime time de la televisión, espacio en el que hace propaganda a Rafael López-Aliaga luego que este le dio 650 mil soles de dinero público. Con robos tan descarados, ¿qué ejemplo se está dando a la juventud?
RECORDANDO
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este escalamiento de la delincuencia organizada lleva ya varios años. Con PPK y la masiva inmigración venezolana el número de pobres en Lima entre 2016 y 2019 aumentó en 300 mil personas. Ya entonces se sentía el despegue de una delincuencia más salvaje.
La pandemia agravó esas condiciones. Hoy tenemos en las ciudades 3 millones de pobres más que el 2019 y el hambre se ha extendido enormemente. La pandemia puso en evidencia un Estado absolutamente ineficaz, tanto para atender la emergencia sanitaria como para hacer cumplir las disposiciones de orden público: la cuarentena y el uso de mascarillas fueron desconocidos por muchos peruanos. Se agudizó también la ilegitimidad del Estado: si este no puede proteger ni nuestras vidas en momentos críticos, es fácil entender que muchos se cuestionen si deben respetarlo cuando les imponen regulaciones, por más que estas sean para el bien común.
La pandemia también reforzó la idea de que el esfuerzo colectivo es inútil y que sólo importa lo que uno pueda conseguir para sí mismo: en medio de un sálvese-quien-pueda vimos cómo dueños de empresas especulaban con oxígeno y camas UCI, aunque hubiera vidas de por medio. Se permitió que se enriquecieran sin límite ético alguno y ahora la idea de que eso es permisible se encuentra difundida y arraigada, sustentada desde los miles de millones regalados por el Tribunal Constitucional a los grandes deudores tributarios hasta el fortalecimiento de la delincuencia pura y dura.
EL FUJIMORISMO NEOLIBERAL
Añado unas reflexiones sobre problemas más de fondo empezando por una idea clave: la desigualdad extrema genera descontento y desorden social. Mi maestro Adolfo Figueroa insistía en este punto buscando explicar la crisis de los años 80: “En una crisis distributiva (…) las masas considerarían que la distribución del ingreso es injusta y se rebelarían contra el orden social. También se incrementarían las prácticas del ingreso no contractual, es decir, la corrupción (…)”. Para ponerlo de otra manera: extrema injusticia junto a un Estado ilegítimo en grado sumo genera rechazo, que se puede expresar en movimientos colectivos por el cambio, pero también puede alimentar acciones individualistas antisociales para hacerse de riquezas.
Las expresiones de violencia antisocial son distintas a lo largo de la historia. Si en los años ochenta del siglo pasado Sendero Luminoso pudo crecer hasta donde llegó fue gracias a la “acumulación de agravios” que habían sufrido el campesinado y los pueblos indígenas por muchas décadas, lo que Abimael Guzmán usó como coartada para su salvajismo. El fujimorismo en los años 90 aprovechó la restitución de una paz que la sociedad peruana anhelaba para, junto al aplastamiento de Sendero, asesinar a cualquiera que protestara y destruir todos los sindicatos, generando un miedo tan amplio que controló también la delincuencia. Después de todo, si te agarraban con una pistola podías ir 25 años a Yanamayo por terrorista aunque fueras un ladrón común. Esa es la explicación sociopolítica de por qué, durante varias décadas, el Perú, comparado con el resto de Latinoamérica, tuvo índices de homicidios y robos bastante menores.
El asunto es que, al mismo tiempo, la desigualdad y la injusticia se profundizaron. El 85% de la población peruana piensa que el Perú “está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio” y una amplia mayoría considera que el acceso a justicia, salud y educación es muy desigual. Poco a poco el miedo social impuesto por el fujimorismo se fue desvaneciendo. Los agravios de la desigualdad y la injusticia crecieron con la campaña del “fraude” del 2021 y sus intentos de anular masivamente votos rurales, las amenazas de vacancia al presidente electo y finalmente la imposición de Dina y su cogobierno derechista con 50 asesinatos y más de 1,400 heridos (cifras de Amnistía Internacional), mientras el 90% de la población opinaba que debía haber elecciones adelantadas. El repudio no es sólo a Dina y este congreso. Es a la continuidad de la injusticia. La protesta social regresa, el pueblo no se rinde. Pero ante tantos muertos y heridos, una parte de la población transita a la ilegalidad como una respuesta individualista extrema y socialmente destructiva ante tanta injusticia y falta de oportunidades.
Se ha acumulado también, en este largo plazo desde los 90, el sentido común del neoliberalismo, para quien solo importa el éxito individual. Esto se ha ido extendiendo a tal punto que hoy el sentido común impuesto es que si logras ganar mucho dinero no importa cómo lo hiciste. Se siguen sintiendo empresarios destacados todos los que conformaron el “club de la construcción”. No debemos extrañarnos que sean muchos quienes creen que ser respetuosos de la ley y el interés público es de “cojudignos”, la palabra con la que se ha encumbrado la idea de que ser honesto o tener sentimiento social es ser un tonto. Todo vale. Es así como se ha sembrado en el Perú el tsunami delictivo que nos arrasa hoy.
Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 703 año 14, del 04/10/2024
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