Últimamente, distintos periodistas, opinólogos y representantes de la variopinta derecha nacional, enfilan contra la izquierda, y más específicamente contra la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, con el argumento de vivir en el pasado. “Usted se ha quedado en el siglo XIX” le grito un iracundo Fernando Carvallo a Mendoza en su programa de RPP cuando se atrevió a decir que los empresarios mineros no respetaban los derechos laborales. “La izquierda en el siglo XIX” tituló a su columna de opinión Juan Carlos Tafur criticando que la izquierda proponga un régimen agro exportador respetuoso de los derechos laborales. También Hernando de Soto enfiló en línea similar, lo mismo que tuiteros e influencers devenidos en candidatos congresales.
Empezando un año electoral, conviene reparar en la derecha peruana, ubicarla en algún momento de la historia y explicar sus críticas. Asimismo, más allá de los clivajes ideológicos, urge atender que proponen los partidos que defienden el actual orden de cosas para el Perú hoy; un país golpeado por la pandemia e inmerso en una profunda crisis política y económica que evidencia la decadencia del régimen impuesto en 1992 y legitimado por la caduca Constitución de 1993.
La derecha nacional: arcaicos, emergentes y utópicos
De modo general, podríamos caracterizar a la derecha peruana por su coincidencia en tres factores: una defensa cerrada del libre mercado y el actual modelo económico, un desprecio por el Estado salvo cuando favorece intereses privados y un instintivo rechazo a la acción colectiva y la organización social. En torno a ello, podemos ubicar tres bloques con distintos partidos y liderazgos disputando en la presente campaña electoral.
Un primer bloque es el de la derecha arcaica; son los señorones de grandes fortunas, descendientes de viejos criollos que admiraban el capitalismo occidental y la modernidad europea mientras se enriquecían con el esclavismo cauchero o mantenían pongos en sus haciendas. Una derecha que no ha resuelto sus taras racistas ni su colonialismo mental y sigue pensando que el pobre vive en la miseria porque quiere y es mejor darle un poco de pintura para que maquille sus casas antes que respaldar políticas de vivienda. Es la derecha que sufre arcadas cuando mencionan a Velasco y el proceso de Reforma Agraria. Son los que añoran estar en 1952 cuando cada quien sabía “cuál era su lugar” o por último en 1993 cuando su peón de turno Alberto Fujimori hizo el trabajo sucio, asesinó líderes sindicales, promulgó una Constitución a su medida y les entrego yacimientos mineros, empresas públicas y “regímenes laborales especiales” para que pueda tercerizar y explotar trabajadores. Están ahora en carrera presidencial con candidatos como Fernando Cillóniz o Rafael López de Aliaga por mencionar un par.
Con esta derecha arcaica convive un segundo grupo formado por los “emergentes”, que también se han beneficiado del modelo económico. En su mayoría son provincianos que suelen jactarse de “venir de abajo” aunque lucren y exploten como los “de arriba”. Se jactan de haber amasado fortuna con su esfuerzo, pero sobre todo lo han hecho aprovechando las necesidades de los sectores populares y la institucionalidad que ellos mismos orientaron a su favor. Son dueños de universidades de dudosa calidad, tienen empresas de transporte, farmacias y muchas veces el origen de su fortuna tiene vínculos con mafias y economías ilícitas especialmente el narcotráfico evadiendo con éxito la justicia. Han entendido que participar en política es clave para mantener sus privilegios y por eso invierten en inscribir partidos y contar con sendas bancadas que legislan convenientemente a su favor asegurándose exoneraciones tributarias y otros beneficios. Tienen partidos en carrera presidencial como Podemos Perú de José Luna con Urresti o Alianza para el Progreso (APP) de Cesar Acuña.
Finalmente, está el sector de la derecha auto denominada “liberal”. Es un grupo que pugna por colocarse al centro e intenta marcar distancia de los otros dos bloques, pues se asumen respetuosos de las libertades civiles, del matrimonio igualitario, la diversidad y el medio ambiente. Pero más allá de estas diferencias, comparten lo sustancial: defienden el modelo económico, ven al Estado como un ente que debe ser administrado por tecnocracias calificadas y desconfían de la población organizada cuando demanda cambios acusándola de ser “azuzada” por extremistas. Es la derecha que apuesta por las “cuerdas separadas” planteando reformas político institucionales sin tocar los temas económicos que también los han beneficiado. Viven entre la utopía liberal del siglo XIX con su énfasis en la auto regulación del mercado y la liberación de las fuerzas productivas, y el neoliberalismo con su desprecio por lo público y su carácter especulativo, soslayando que el fracaso de ambos proyectos trajo dos guerras mundiales, crisis ambiental y mayor desigualdad. Tienen como candidato a Julio Guzmán, Hernando de Soto y quizá George Forsyth si es que éste puede clasificarse en algún lado.
Deambulando entre el siglo XVIII con su republicanismo criollo, sin librarse del XIX con sus gamonales y caucheros, lamentando las reformas de los años 60 y añorando estar en 1995, la derecha nacional pugna por mantener el orden de cosas, concediendo a lo mucho realizar cambios cosméticos. Y por lo tanto se niega a empujar los cambios necesarios para el Perú del siglo XXI.
La necesidad de cambios para el Perú del siglo XXI
La pandemia del coronavirus puso al descubierto en el mundo los límites de globalización neoliberal basada en la especulación financiera y el desarrollismo extractivista que depreda los recursos naturales y vulnera los ecosistemas, facilitando la circulación de virus. Asimismo, las consecuencias de la pandemia evidenciaron aquello que los (neo) liberales se empeñan en negar: la importancia de contar con Estado capaz de asegurar la vida y la salud sin importar cuánto dinero tengamos para pagar clínicas privadas o comprar oxígeno. Nos demostró también la importancia de la organización social y los vínculos comunitarios para enfrentar la enfermedad y el hambre, sea a través de brigadas sanitarias o formando ollas comunes. La mano invisible del mercado no resolvió nada, al contrario, aprovechó este momento para lucrar con el dolor de muchos que perdimos a nuestros seres queridos.
En Perú, las consecuencias sanitarias de la pandemia y la crisis política que vivimos a causa de la corrupción y la decadencia del régimen, han impactado fuertemente en la población afirmando las demandas de cambios. Más allá de una confrontación ideológica izquierdas vs derechas lo que se percibe es una mayoritaria postura favorable a transformar aspectos sustanciales del modelo vigente los últimos 30 años, tales como la distribución de la riqueza, el manejo de los recursos o el rol del Estado como garante de derechos, enmarcado en la posibilidad de una nueva Constitución.
Justamente, las últimas encuestas coinciden en señalar que la mayoría de la población aprueba modificar la Constitución de 1993 -sea de forma parcial o total- vía una Asamblea Constituyente. Asimismo, como anota la Encuesta CELAG existe un porcentaje importante de la población que demanda cambios sustanciales al actual funcionamiento del Estado, el mercado y los grupos de poder. Por ejemplo, un 82.3% considera que debe existir mayor regulación sobre los bancos prohibiéndoles incrementar intereses y un 75.7% de la población considera que sería mejor que el Estado administre recursos naturales como los minerales o el agua. De otro lado, un 73.2% de la población está de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas y sólo el 10% considera que los empresarios peruanos son honestos. Un dato importante que revive los traumas de gamonales expropiados, es que el 65.8% de encuestados considera que hace falta una mejor redistribución tierras y aprobaría la propuesta de segunda reforma agraria.
A puertas del bicentenario, urge avanzar en cambios que permitan superar el pasado de exoneraciones tributarias, regímenes laborales especiales y promoción del lucro en la salud, el transporte o la educación; medidas que sólo benefician a un pequeño grupo privilegiado en desmedro de las mayorías. Estar a la altura del siglo XXI es reconocer la importancia de lo público para superar emergencias, es fortalecer un Estado que regule y redistribuya garantizando derechos para todos, planificando el desarrollo en torno a un proyecto de nación compartido. Es contar con un amplio consenso público y privado para asegurar empleo digno reconociendo la interlocución de los sindicatos, respetando el medio ambiente y valorando con orgullo nuestra historia y diversidad cultural desterrando racismo. Y esto requiere reafirmar grandes consensos expresados en una Nueva Constitución que otorgue un nuevo sentido histórico a nuestra vida como país. A la derecha peruana le horroriza el cambio cuando no se orienta en su beneficio, pero como en otras ocasiones de nuestra historia, la acción organizada de los sectores populares puede lograr un cambio sustantivo en la correlación de fuerzas. Las elecciones de abril son un momento decisivo en tal sentido; podemos cerrar el ciclo de privilegios, despojo y autoritarismo, abriendo uno nuevo de mayor democracia, bienestar y dignidad para todos y todas.
