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13 de enero de 2024

Perú: Última prueba PISA expone las marcadas desigualdades de la educación en el Perú

Milagros Berríos

Los resultados de la prueba PISA —una de las evaluaciones educativas más importantes a escala global— no solo muestran que el Perú ha descendido en Matemáticas y que se ha mantenido estable en Ciencia y Lectura, sino confirma un factor determinante en los aprendizajes: la desigualdad socioeconómica. Los estudiantes peruanos de zonas urbanas, de escuelas privadas y de mayor nivel socioeconómico tienen mejor rendimiento que sus pares en situación de pobreza, de área rural y de colegios públicos. Estos últimos grupos registran, en gran medida, bajo desempeño, lo que para la OCDE significa pocas posibilidades de que, en un futuro, puedan completar la educación superior o conseguir buenos empleos. El Minedu y la OCDE han reconocido la inequidad en el sistema educativo peruano.

a prueba PISA 2022 (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, por sus siglas en inglés) no solo demuestra que el Perú ha descendido en Matemáticas y que se ha mantenido estable en Ciencia y Lectura, sino también confirma un factor determinante y persistente en el aprendizaje de los escolares del país: la desigualdad socioeconómica.

En los resultados de esta evaluación internacional, publicados el último 5 de diciembre, se ha identificado que los estudiantes peruanos de los niveles socioeconómicos más altos, de zonas urbanas y de escuelas privadas tienen mejor rendimiento que sus pares de mayor pobreza, de área rural o de colegios públicos.

Esta prueba de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —cuya última edición se aplicó después de la pandemia de la covid-19— ha buscado determinar si los estudiantes de 15 años, próximos a terminar la educación básica, pueden utilizar lo aprendido en sus colegios en situaciones de la vida cotidiana.

En el mundo participaron 690.000 adolescentes de 81 países y economías, entre ellos los miembros de la OCDE. En Perú, que asiste de forma voluntaria, se aplicó la prueba a una muestra de 8.787 estudiantes de 337 escuelas públicas y privadas.

En el país, los resultados promedio de 2022 fueron inferiores en Matemáticas (391) y similares en Lectura (408) y Ciencia (408), en comparación con el 2018.

En Matemáticas, apenas el 33,8% de los estudiantes evaluados alcanzó, al menos, el nivel 2; es decir, lo mínimo esperado para esa competencia. En Ciencia ocurrió con el 47,4% de los participantes y en Lectura con el 49,6%. En los tres casos se obtuvo puntajes inferiores al promedio de los países de la OCDE.

El análisis nacional, además, muestra el vínculo entre el nivel socioeconómico y el rendimiento: mientras más alta es la escala socioeconómica, mayor es el porcentaje de los escolares que alcanzan o superan el nivel base de PISA.

En Matemáticas, Lectura y Ciencia, la proporción de los escolares de zonas rurales que registran bajo desempeño —es decir, ni siquiera llegan al nivel 2 o mínimo esperado— es mayor que la del área urbana en cada una de las tres competencias. Lo mismo ocurre con los que estudian en colegios públicos frente a los privados.

Para poner un ejemplo, en Matemáticas casi el 90% de los escolares evaluados de zonas rurales presentan bajo desempeño frente a la resolución de problemas en una variedad de situaciones. En el área urbana, en cambio, esto sucede en menor porcentaje (61%).

En el área rural, el 79% de los alumnos está por debajo del nivel básico de Lectura y el 78% en Ciencia. En el estrato urbano, los que se ubican en esa posición son el 44% en Lectura y 47% en Ciencia.


DIFERENCIAS. Porcentaje de estudiantes que alcanzan o superan el nivel 2 en Matemáticas, Lectura y Ciencia en PISA 2022.
Captura: Perú en Pisa 2022, informe nacional de resultados (Minedu)

No se trata solo de cifras. En la práctica, para la OCDE, los estudiantes de “bajo rendimiento” representan un desafío para el sistema educativo: tienen más riesgo de abandonar completamente sus estudios y, en un futuro, es muy probable que tengan pocas posibilidades de concluir la educación superior o conseguir empleos bien remunerados.

Esta inequidad en el sistema educativo en Perú no solo ha sido reconocida por el Ministerio de Educación (Minedu) sino por la misma OCDE. El 5 de diciembre, durante la presentación de los resultados en París (Francia), el director de educación y capacidades del organismo internacional, Andreas Schleicher, señaló a OjoPúblico que el Perú ha experimentado un crecimiento continuo en los resultados de aprendizaje en las últimas dos décadas; sin embargo, la brecha social tanto en el país como en América Latina ha sido significativa.

“Perú es una de las historias de éxito que tenemos en PISA [...]. Sin embargo, como en la mayoría de otros países de América Latina, existen grandes disparidades sociales por región, por origen social. Creo que ese es el mayor reto que enfrenta [la región], con muy pocas mejoras en los últimos años”, respondió a este medio durante la conferencia el también promotor de la prueba PISA.

Según Perú en PISA 2022: informe nacional de resultados, del Minedu, en Perú hay mejores condiciones socioeconómicas en términos de pobreza y calidad de vida, que habrían favorecido el desarrollo de las competencias. Pero, en contraposición, la inequidad en el sistema educativo se ha mantenido en el tiempo.

“Las características socioeconómicas se encuentran estrechamente relacionadas con el desarrollo de las competencias, ya que los estudiantes en grupos socioeconómicos más altos y de ámbitos más favorecidos obtienen mejores resultados en PISA”, reconoce el documento de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) del sector Educación.

Esto va en la línea con resultados en América Latina. El exministro de Educación peruano, Jaime Saavedra y Ferdinando Regalia, director de Desarrollo Humano para América Latina del Banco Mundial y gerente del Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo, respectivamente, coinciden —a partir de PISA 2022— que los jóvenes de 15 años enfrentan una profunda crisis de aprendizaje y marcada disparidades socioeconómicas en la mayoría de los países latinoamericanos.

Las desigualdades expuestas en PISA no solo ratifican lo advertido en ediciones anteriores, sino también lo visto en la Evaluación Muestral de Estudiantes 2022, del Minedu, dirigida a otros grados: las brechas entre estudiantes de escuelas privadas y públicas se han incrementado, así como las que existen entre estudiantes de colegios urbanos y rurales a favor de los primeros. La excepción fue Matemáticas de segundo de secundaria, donde ambas brechas fueron similares a las de 2019.
 
Las brechas

El índice PISA de estatus económico, social y cultural permite que todos los estudiantes que rindan la prueba —independientemente al país donde vivan— puedan ubicarse en una misma escala socioeconómica, según la OCDE. De esta forma es posible comparar el rendimiento de los alumnos si es que tienen antecedentes socioeconómicos similares, a pesar de que sean de diferentes países.

Dicho índice, además, posibilita ordenar a los estudiantes desde los más desfavorecidos hasta los más favorecidos dentro de cada país y economía, así como crear cuatro grupos de estudiantes de igual tamaño (cada uno compuesto por el 25% de la población de estudiantes de 15 años en cada país).

A partir de ello, el informe de resultados de PISA 2022 sostiene que en Perú, el 29% de los estudiantes estaban en el grupo inferior de la escala socioeconómica; es decir, entre los escolares más desfavorecidos que rindieron la prueba el 2022. “En Turquía y Vietnam, los estudiantes con antecedentes socioeconómicos similares tienden a obtener puntajes significativamente más altos”, agrega el reporte.

En Matemáticas, por ejemplo, los estudiantes peruanos más favorecidos (el 25% superior) superó a los más desfavorecidos. No obstante, señala la OCDE, entre 2012 y 2022, la brecha en el rendimiento entre ambos grupos se redujo en Perú, mientras que en los países de la OCDE permaneció estable.

Si bien se han ido reportando reducciones en brechas asociadas a lo urbano-rural y al nivel socioeconómico en las últimas dos décadas, aún la desigualdad en el sistema educativo es profunda.

Santiago Cueto, investigador principal de Grade y doctor en Psicología Social, menciona tres principales hallazgos de la prueba PISA: el primero, la tendencia positiva en Perú en las tres áreas evaluadas en sus dos décadas de participación; el segundo, que el país aún está por debajo del promedio de la OCDE; y el tercero que los resultados confirman la inequidad entre estudiantes, sobre todo, por el nivel socioeconómico.

Esto último, Cueto Caballero lo califica como una gran injusticia educativa, donde no se respeta el derecho de los estudiantes rurales a una educación de calidad.

“La brecha de inequidad no parece haber aumentado, pero ya era bastante grande [...]. Lo que se necesita a partir de estos resultados es hacer una campaña para mejorar el promedio, sobre todo, los resultados de los estudiantes que viven en pobreza y estudiantes rurales. A eso podríamos añadir, aunque no son parte del resultado, a los estudiantes indígenas y con discapacidad. Son los cuatro grupos más vulnerables”, refiere.

El reciente informe de la UMC ratifica que, el 2022, el desempeño de los estudiantes de escuelas en áreas urbanas ha superado “notablemente” al de sus pares de áreas rurales en Matemáticas, Lectura y Ciencia.

Por ejemplo, en Lectura, mientras que la mayoría de evaluados del ámbito urbano (55,7%) logra desarrollar competencias para ubicarse en el nivel mínimo esperado o más, solo el 21% de la zona rural puede superar esa línea base de desempeño.

Durante una conferencia, por la tarde del último 5 de diciembre, la ministra de Educación, Miriam Ponce, destacó que el Perú es el país latinoamericano con mayor crecimiento en las tres áreas a través de los años. No obstante, añadió, todavía se evidencia que los estudiantes muestran dificultades para alcanzar el nivel mínimo.

“Los resultados muestran brechas aún en materia de equidad en el acceso a una educación de calidad, ya que evidencia que estudiantes de menor nivel socioeconómico y de escuelas de áreas geográficas rurales sobremanera suelen ubicarse en niveles de menor desempeño, pero esto no es novedad para nosotros, por eso ponemos mucho énfasis en la educación rural en el país. Es hacia ellos que estamos articulando acciones para brindarles diversos recursos y materiales educativos”, dijo la funcionaria sin detallar medidas concretas.

Este medio buscó, a través del área de prensa del Minedu, una entrevista para tener más detalles de los resultados de PISA, pero no hubo respuesta.

Entre los colegios de gestión privada y pública también hay diferencias: los primeros registran ventaja frente a los segundos en Lectura, Ciencia y Matemáticas.

“Siempre están por encima los privados de los de gestión pública. Para Matemáticas, Lectura y Ciencia, en todos estos años [desde 2009], ha habido una diferencia significativa a favor de la gestión privada”, señala Sadith Ramos, especialista en estadística y gestión de datos de la UMC durante un seminario web.

No obstante, de acuerdo al mismo análisis del Minedu, si se compara PISA 2022 y PISA 2018 en Lectura, los estudiantes de colegios públicos han mejorado su medida promedio en ese periodo, mientras que los de los privados se han mantenido.

La diferencia de los resultados entre colegios públicos y privados en PISA puede atribuirse, en gran medida, a la composición socioeconómica de la población escolar, señala el informe nacional.

“Las escuelas privadas tienden a congregar estudiantes con un perfil socioeconómico más alto. Esto puede proporcionar a dichos estudiantes ventajas adicionales, tales como el acceso a recursos educativos, a una mayor cantidad de libros en casa, clases particulares, etc.”, dice el documento.

Según Santiago Cueto, investigador principal de Grade, el sistema educativo en Perú no ha sido diseñado para prevenir la inequidad de oportunidades para los estudiantes.

MATEMÁTICAS. Porcentaje de estudiantes que igualan o superan el nivel 2, por grupos socioeconómicos: de condiciones más precarias (Q1) a más aventajadas (Q4).
Captura: Perú en Pisa 2022, informe nacional de resultados (Minedu)

En la ciudad, sostiene, existen colegios privados con mensualidades de USD 1.000 o USD 30 a 40, lo que incluye a las escuelas de bajo costo. "Por dinero, hay mucha diferencia asociada a la calidad", agrega. En la gestión pública urbana, en tanto, hay colegios como los de Jornada Escolar Completa (JEC) o los emblemáticos, que brindan oportunidades, infraestructura y recursos a los alumnos.

“Pero también hay otros colegios públicos que no lo tienen. Si ves colegios rurales, vas a encontrar [carencias] que no se comparan con las oportunidades educativas en otros lados. Es muy difícil que en zonas rurales tengan acceso a internet o un laboratorio [...] En muchos casos, los docentes de mayor calidad logran colocarse en zonas urbanas para vivir con su familia”, sostiene.

El exministro de Educación e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Ricardo Cuenca, agrega que las desigualdades son el resultado de decisiones de políticas educativas y, en general, públicas. No se trata de una consecuencia “natural”.

“El resultado más claro y evidente [en PISA] es que la brecha urbano-rural se acrecienta, como resultado de una atención más limitada hacia zonas rurales [...]. No hay un énfasis particular en las decisiones políticas de atender a la educación rural o haber regulado la educación privada, asumiendo que el mercado o ellos mismos, iban a autorregularse”, señala.

En PISA 2022 también se han detectado brechas de género que favorecen a los hombres en Ciencia y Matemáticas; mientras que en Lectura no se reportaron diferencias significativas. Entre 2012 y 2022, el rendimiento en Matemáticas mejoró en la misma medida en ambos casos.

Los otros resultados

A nivel global, el promedio de la OCDE ha sufrido una caída “sin precedentes”, según el informe PISA: su rendimiento disminuyó 15 puntos en Matemáticas y 10 en Lectura, en comparación al 2018. Si bien uno de los factores ha sido la covid-19, se advierte que la caída comenzó antes de la pandemia.

Sin embargo, Perú ha sido mencionado como uno de los países que contrarrestan la tendencia de declive a largo plazo, junto con otros como Colombia, Macao (China) y Qatar, que mejoraron en las tres materias en promedio a lo largo de su participación en PISA. Su caso se mencionó durante la presentación de los resultados en París y Madrid.

“Hay algunos países que han mejorado su rendimiento en las tres materias: Perú y Qatar desde 2012 [...]. La mayoría de países que suben en varias materias parten de un nivel promedio de rendimiento que es más bajo, pero hay una excepción que es Macao que, a pesar de su rendimiento alto, ha seguido subiendo”, dijo Daniel Salinas, analista de políticas educativas de la OCDE, en España.


RESULTADOS.Medida promedio en Matemática, Lectura y Ciencia de Perú y países de Latinoamérica en PISA 2022.
Captura: Perú en Pisa 2022, informe nacional de resultados (Minedu)

En Perú, la medida promedio cayó en Matemáticas en comparación con 2018 y se mantuvo en Lectura y Ciencia. Sin embargo, señala el Minedu, en un periodo más largo de tiempo, la trayectoria general de rendimiento ha sido “positiva” frente a otros países de la región y ha crecido el porcentaje de estudiantes que superan el nivel mínimo esperado. Esto ocurre en medio del crecimiento de la matrícula en secundaria.

En cifras, en PISA 2022, apenas el 33,8% de los niños evaluados alcanzó, al menos, el nivel 2 en Matemáticas. Es decir, logró lo mínimo esperado para esa competencia, como es el interpretar y reconocer —sin instrucciones directas— cómo se puede representar matemáticamente una situación simple (por ejemplo, convertir precios a una moneda diferente o comparar la distancia total entre dos rutas alternativas).

En Ciencia el 47,4% de participantes, como mínimo, puede utilizar ideas o conceptos científicos abstractos para explicar fenómenos desconocidos. En tanto, en Lectura, un 49,6% llegó o superó el nivel 2, lo que quiere decir que el resto de adolescentes no logra identificar la idea principal en textos de mediana extensión.

La UMC del Minedu menciona que la pandemia puede ser un factor que ayude a entender la caída en competencias como Matemáticas. Sin embargo, otra hipótesis vinculada a la situación en la región es la importancia de la presencia del docente en el acompañamiento al estudiante para poder ayudarlo a consolidar los aprendizajes del área.

“Aquellos países que logran mejor desempeño en Matemáticas son aquellos que manifiestan que han tenido acceso al docente cuando enfrentan una dificultad en su proceso de aprendizaje”, señaló en un seminario web la especialista de la UMC Norma Acosta.

Santiago Cueto, investigador de Grade, subraya que los alumnos de 15 años, que rindieron esta prueba PISA pasaron gran parte de su escolaridad primaria en buenas condiciones, lo cual no ocurrió entre el 2020 y 2022, en medio del prolongado cierre de escuelas por la covid-19. Por ello, considera, el impacto de la pandemia probablemente se sentirá más a futuro con los escolares que ingresaron al colegio en ese periodo.

“Si vamos a hacer algún tipo de priorización o trabajo, me concentraría en estudiantes rurales, pobres extremos, indígenas, pero sobre todo los que entraron a la escuela durante la pandemia. Ellos son los que más han sufrido porque era una época clave para aprender a leer”, señala.

Frente a las desigualdades, el exministro Ricardo Cuenta plantea, por su parte, la necesidad de redistribuir el presupuesto del Minedu hacia las zonas rurales para compensar las carencias y deficiencias estructurales. Esto incluye infraestructura, modificar normas de la carrera magisterial para estimular la llegada de mejores docentes, flexibilización curricular y de materiales para desarrollar competencias básicas con más rapidez, así como un trabajo intersectorial.

Sin embargo, advierte, los actores políticos como el Congreso no muestran acciones que atiendan estas brechas. “Ni siquiera tienen eso en la agenda. Su agenda es cómo desmontar la reforma universitaria, la docente o la curricular, pero no piensan en la agenda de desigualdades y atención a zonas rurales. Del Minedu aún no lo sabemos, lamentablemente, no lo comunican o no he escuchado cómo se está avanzando en ese tema. Sería bueno que nos cuenten sus planes”, señala. Las brechas persisten.

Milagros Berríos.   @milyberrios      milagros@ojo-publico.com

https://ojo-publico.com/derechos-humanos/la-nueva-evidencia-la-desigualdad-la-educacion-peru


11 de mayo de 2023

Perú: Bancadas conservadoras buscan intervenir textos de la educación básica

Milagros Berríos   (OjoPúblico)

El Congreso aprobó por insistencia un proyecto de ley para introducir contenidos sobre el terrorismo en el Perú en todas las escuelas del país. Los argumentos de sus promotores y los antecedentes legislativos de los últimos seis años evidencian una visión parcializada de este periodo de violencia, entre los años 1980 y 2000. Textos escolares con los que se enseña Historia en quinto de secundaria sí tratan temas como la lucha contra el terrorismo y el informe de la CVR. Según expertos, existe el riesgo de que se imponga una mirada unilateral de los hechos, en las que se omitan las violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Después de varios intentos en los últimos seis años, el pasado 27 de abril, el Congreso aprobó por insistencia un proyecto de ley que, bajo el rótulo de ser declarativo, ha puesto en evidencia los intereses de grupos conservadores por intervenir en los contenidos de los textos escolares referidos a la época de violencia terrorista, ocurrida entre los años 1980 y 2000.

Se trata de una autógrafa de la ley que “declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudio sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú”, la cual agrupa cuatro proyectos de ley. Dos de ellos fueron presentados por los congresistas fujimoristas Jeny López y Juan Carlos Lizarzaburu, uno por Patricia Chirinos, de Avanza País, y otro por Silvia Monteza, de Acción Popular.

Pese a las observaciones enviadas por el Ejecutivo en diciembre pasado, la iniciativa fue aprobada por insistencia en el Pleno del Congreso, con los votos en bloque de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú. Solo queda pendiente su promulgación.

Aunque existe un consenso respecto a la necesidad de que los estudiantes reflexionen sobre las acciones terroristas iniciadas por Sendero Luminoso, OjoPúblico identificó que entre los argumentos de los promotores del proyecto se encuentra una visión distorsionada de este periodo de violencia, donde también se registraron graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Este medio también ha podido comprobar que el proyecto de ley aprobado por insistencia resulta reiterativo, dado que los contenidos vinculados al terrorismo ya forman parte de los libros de historia usados por los alumnos de quinto de secundaria de los colegios públicos.

Además, están incluidos en las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica Regular (2016), a través de áreas como Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y Ciencias Sociales, lo cual ha sido corroborado por especialistas en diseño curricular.

“Es un tema que sí está en el currículo y requiere una mayor preparación de los maestros. Nos preocupa que el proyecto intente imponer una sola visión, donde los responsables son solo unos y las víctimas solo otros, en lugar de una lectura más objetiva”, señala la educadora María Amelia Palacios, expresidenta del Consejo Nacional de Educación (CNE), ente que emitió una opinión desfavorable a estos proyectos.

A pesar de ello, el Congreso ha dado luz verde a la iniciativa. En el artículo uno de la misma habla de la declaración de interés. Pero, en el segundo, ya plantea la introducción de contenidos sobre historia, así como “el reconocimiento de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, y el logro de la pacificación nacional”. En el tercer punto, en tanto, precisa que el Ministerio de Educación (Minedu) establecerá los procedimientos para su implementación.

La pretensión no es aislada, ni reciente. Por lo menos, desde 2017, un sector del Congreso, principalmente liderado por Fuerza Popular, ya ha presentado proyectos de ley, citado a ministros a la Comisión de Educación y promovido mesas de trabajo donde se han cuestionado los contenidos referidos al terrorismo en los textos escolares.

Sin embargo, esta vez la discusión se da en un contexto distinto. La gestión del exministro de Educación, Óscar Becerra, quien acaba de salir de la cartera y ha sido reemplazado por su viceministra Magnet Márquez, se había mostrado de acuerdo con la revisión de los contenidos sobre historia en los textos escolares.

Mientras que el nuevo CNE ha preferido aún no emitir una opinión, pese a que sus antecesores sí habían rechazado públicamente este tipo de propuestas.

Diversos especialistas han alertado que esta iniciativa, pese a su carácter declarativo, puede significar un riesgo. Y es que, según sostienen, el Minedu o algunas escuelas podrían acogerse a sus recomendaciones y replicarlas en normas internas.

Asimismo, les preocupa que se pretenda imponer una sola visión de lo ocurrido en la época del terrorismo, se limiten las fuentes de consulta, o se intente reescribir la historia, con la omisión de las violaciones de derechos humanos en la enseñanza en las escuelas. Esto impactará en los aprendizajes por competencias del currículo escolar.

Dichas acciones aparecen en medio de una oleada conservadora, que alcanza espacios de la memoria política como el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), así como la educación, según las palabras de la exministra de Educación, Patricia Salas.

“Hay una agenda conservadora y absolutamente antidemocrática, que no tiene que ver con cómo educamos para que las personas rompan sus limitaciones económicas o subordinación política. [Te dicen:] ‘¿Sabes qué? Como no quiero que te ocupes de la política, yo te voy a narrar la historia de tal manera que no tengas que preguntarte cosas como por qué se hizo, quién me gobierna, por qué me gobierna, para qué me gobiernan'”.

Posiciones encontradas

El 27 de abril pasado, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia esta iniciativa legislativa con 69 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, sin considerar que el Minedu y el CNE, entes especializados, habían mostrado una postura técnica contraria.

De acuerdo al oficio enviado el 5 de diciembre pasado, el Ejecutivo explicó al Congreso que los materiales educativos vigentes en secundaria ya tocan temas vinculados al terrorismo, por lo que se trataría de una sobrerregulación.

Además, precisó que esta norma era inviable porque no se puede "introducir contenidos" de ciudadanía e historia del terrorismo en el currículo, ya que este último no desarrolla hechos aislados, cursos o temas específicos, sino competencias como “Construye interpretaciones históricas” o “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”, los cuales ya abordan dichos procesos históricos.

OjoPúblico pudo corroborar que, en las unidades cuatro y cinco, del texto escolar Historia, Geografía y Economía 5—editado en 2015, durante la gestión de Jaime Saavedra— aparecen capítulos titulados La crisis de la violencia, La lucha contra el terrorismo, así como La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y el balance del conflicto, con contenidos que también han sido cuestionados por gestiones anteriores del Congreso.

Su revisor académico, el historiador y sociólogo Nelson Manrique, señaló a este medio que el texto respetó la verdad histórica y que toda actualización a la que eventualmente se pueda someter debe hacerse en el marco de un trabajo profesional, que respete las garantías de dar una visión ponderada, equilibrada y que no, simplemente, se supriman contenidos que se consideren “políticamente inconvenientes”.

En esas 10 páginas, con las que se dictan clases a todos los alumnos de quinto de secundaria de colegios públicos, se aborda el accionar de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, y se hace mención a las violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.

También se hace referencia a otros hitos históricos, como la Operación Chavín de Huántar, así como a las conclusiones del informe de la CVR, a las secuelas de la violencia y al programa de reparaciones.

“En los libros de Desarrollo Personal hay capítulos, en cuarto y quinto de media, sobre esto. Es mentira que no se trate. Se puede discutir si debería haber otra fuente o estar más ampliamente tratado. Todo es perfectible, pero el currículo está bien encaminado. Lo importante es darles herramientas a los estudiantes para que puedan leer críticamente un proceso histórico”, señala la educadora Lilia Calmet, quien participó en la reforma del currículo escolar.

Otro material educativo donde se trata el tema del terrorismo es en la cartilla Historia reciente del Perú, de 1960 al Bicentenario, cuya primera edición data de diciembre de 2018.

Pese a ello, el dictamen que fue observado por el Ejecutivo señala que es necesario incorporar los contenidos de cívica y comprender la “real dimensión” de la historia del terrorismo. “Asimismo brindará un justo reconocimiento a nuestros valerosos héroes, destacando su accionar valiente sobre la lucha contra el terrorismo”, precisa el documento.

Esto último es un punto reiterativo en proyectos como el de la fujimorista Jeny López y Patricia Chirinos, de Avanza País, en cuya exposición de motivos destacan el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero no se hace mención a las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas del orden.

“Debemos desterrar el terrorismo por completo. Nuestros jóvenes deben saber quiénes son los verdaderos héroes que lucharon por la pacificación nacional. Es hora de honrar a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional #TerrorismoNuncaMás”, escribió la legisladora en noviembre pasado.

Las propuestas —sobre todo desde el fujimorismo— que omiten las violaciones de los agentes del Estado han sido calificadas por el historiador Nelson Manrique como un intento de “reescribir la historia” y de eliminar aspectos importantes. “Creo que se repite continuamente. El cierre del Lugar de la Memoria, decretado por el alcalde de Miraflores, insiste sobre el mismo tema”, dijo a OjoPúblico.

El último 27 de abril, la presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaíz, también argumentó que los cursos se llevan solo en una materia y, según dijo, no contienen valores cívicos. “[La propuesta] busca que se explique de manera real, objetiva, no solo los hechos ocurridos, sino quiénes fueron los cabecillas, los autores intelectuales y partícipes de la misma y, además, cómo se logró derrotar a estas organizaciones”.

Aunque señala que se trata de una norma declarativa, y no imperativa, sostiene que esta propone y recomienda algunos hechos y realidades “necesarias”. “No quiero entrar al contenido de los materiales porque tendríamos que hacer una crítica mucho más grande porque tiene direccionamientos ideológicos”, dijo ese día desde el Pleno.

Su postura también ha sido respaldada por otros congresistas, como Alejandro Muñante, de Renovación Popular, y Alejandro Cavero, de Avanza País.

Ahora, con la iniciativa ya aprobada por insistencia, especialistas señalaron riesgos, pese a su carácter declarativo. Para María Amelia Palacios, expresidenta del CNE, la propuesta puede significar la imposición de una mirada unilateral y sesgada de los acontecimientos, donde solo se admita que los estudiantes consulten algunas fuentes y no se les dé acceso a otras.

“El Congreso establece en el proyecto las causales ‘reales’ y consecuencias verdaderas del conflicto, pero resulta que la lectura histórica de ese periodo aún es reciente y sigue en debate. Hay diversas maneras de recordar ese periodo, entonces lo que correspondería es que en las aulas se escuchen las visiones y experiencias de todos los actores, no solo la interpretación y la mirada de una parte de los mismos. Eso es lo que está en disputa”, dijo.

En la práctica, agregó Palacios Vallejo, otro riesgo es que el Minedu acoja esta propuesta y cambie normas menores, como disposiciones para la enseñanza de la historia reciente en secundaria, o brinde nuevas indicaciones para elaboración de textos escolares. “El Minedu puede sacar disposiciones específicas, si quiere. No es común que lo haga, pero podría hacerlo”, apuntó.

En esa línea, el exconsejero del CNE, Hugo Díaz, señaló que esta iniciativa abre la puerta para introducir en las escuelas que la adopten un curso más, lo que resultaría redundante y atomizaría más el currículo, que ya es denso. En las aulas puede distorsionarse la intención de la norma, generar más evaluaciones y tareas para estudiantes y profesores, agregó.

La educadora Lilia Calmet, con experiencia en diseño curricular, precisó que nadie podría estar en desacuerdo con trabajar valores ciudadanos y que en la escuela se reflexione sobre la época del terrorismo. Por eso, la discusión, más bien, se centra en cuáles son esos valores que se deben trabajar y cómo se debe hacer.

“Cuando me dicen que quieren que se cuente la verdad, quiero que me digan cuál es esa verdad, qué es lo que estamos discutiendo”, cuestionó en conversación con OjoPúblico.

Para la experta en Ciencias Sociales, más allá de lo que se busque con una ley, lo importante es cómo se manejan estos temas en el aula, cómo se interpretan y el pensamiento crítico que se genera en los estudiantes a partir del uso de diversas fuentes, como puede ser tanto el informe de la CVR como En honor a la verdad, de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú.

“Es un riesgo todo aquello que queramos imponer en escuelas como fundamentalismo político, religioso, cultural. Para mí, la escuela debe ser un espacio de diálogo, construcción, donde les exijamos a los chicos y chicas deliberar razonadamente, y eso implica buscar raciocinio detrás de los planteamientos, fuentes”, dijo.

Los antecedentes

Detrás de esta iniciativa, aprobada en abril pasado, hay una serie de antecedentes en el Congreso y en el Ejecutivo que, incluso, datan de 2017. En diciembre de ese año, un dictamen similar se aprobó en la Comisión de Educación: Ley que declara de interés nacional la enseñanza de la lucha contra el terrorismo y del proceso de pacificación en todas las etapas y formas del sistema educativo.

Dicha propuesta agrupaba proyectos de los fujimoristas Paloma Noceda, Marco Miyashiro y del aprista Javier Velásquez Quesquén.

El primero de ellos, ahora en archivo, señalaba en su exposición de motivos la necesidad de promover políticas educativas que reconozcan a “todos los autores y partícipes sin someterlos a juicios ni sesgos políticos”. También cuestionaba la ausencia de la mención de Alberto Fujimori en los libros de historia de ese momento.

Previo a ello, el 30 de octubre, el Congreso había recibido al viceministro de gestión pedagógica del Minedu de la gestión de Idel Vexler, Guillermo Molinari, quién señalaba que se debían realizar ajustes en diversas áreas educativas para darle “más énfasis” al conocimiento del periodo de violencia terrorista entre 1980 y 2000. Molinari ha sido funcionario de la reciente gestión de Óscar Becerra, desde el 6 de enero hasta el último 30 de abril.

El 6 de noviembre de 2017 se organizó una mesa de trabajo para abordar la enseñanza del terrorismo en las escuelas y en textos escolares.

Ahí también estuvo Guillermo Molinari, así como el excanciller fujimorista Francisco Tudela —padre de la actual congresista de Avanza País, Adriana Tudela—, el almirante (r) Jorge Montoya Manrique, congresista de Renovación Popular; el vicealmirante (r) Luis Giampietri Rojas, exvicepresidente y excongresista, así como representantes de Defensoría del Pueblo y CNE.

De acuerdo a los reportes del Congreso, en ese encuentro la mayoría coincidió en que el currículo “contiene información incompleta y sesgada respecto a la época del terrorismo”. Además, Molinari —en representación del Minedu— señaló que historiadores expertos habían concluido que se presentaban juicios de valor que parecen verdades absolutas y que hay una “predominancia de la información del informe de la CVR”.

Con el entonces nuevo ministro de Educación, Daniel Alfaro, también se discutieron los contenidos educativos sobre terrorismo en el Congreso.

Incluso, en 2018, como reveló OjoPúblico, varias propuestas de nuevos textos escolares, trabajados durante la gestión de Idel Vexler y Daniel Alfaro, fueron sometidas por el Minedu a consulta de especialistas y otros personajes, como congresistas de Fuerza Popular y miembros en retiro de las FF.AA. En ese momento, se identificó, además, que en varios textos se omitían los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.

“Lo que hicimos fue sacar una cartilla sobre historia reciente donde se incluía la etapa de violencia. Fue una reacción para poder darle objetividad al momento histórico. Esa cartilla y el libro de Ciudadanía ya venían de gestiones anteriores. Pero, en ese momento, había mucha inquietud del Congreso por conocer cómo elaborábamos y se hizo una mesa de discusión con ellos, con mayor profundidad”, señala el exministro Daniel Alfaro.

Ahora, en el actual Congreso, han seguido los intentos por intervenir en los materiales educativos. Uno de los más evidentes ha sido con el proyecto N° 31498, que ordena que el contenido de los textos escolares pase por la revisión de los padres de familia. Si bien la discusión se centró en el enfoque de género, esta iniciativa alcanza a Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.

A la fecha se registran, al menos, 12 proyectos de ley declarativos o que pretenden incorporar contenidos en el currículo sobre diversos temas, de los cuales cuatro —que ahora se han convertido en autógrafa— están relacionados a la educación cívica o la historia del terrorismo.

Para la educadora María Amelia Palacios, estas propuestas forman parte de una batalla por la memoria. “La escuela es un espacio importantísimo para imponer o establecer una manera de recordar la historia reciente. Hay sectores del Congreso que quieren que se recuerde ese periodo de violencia en nuestro país, pero a su manera. Entonces, se requiere, se recomienda al Minedu que asuma un enfoque, una forma de recordar esos hechos”.

Los contenidos vinculados al terrorismo también ha sido un tema comentado durante el Gobierno de Dina Boluarte, a través de su exministro de Educación Óscar Becerra, quien señaló en diciembre pasado que se encontraba convocando a un “ejército de lectores para revisar los textos escolares”.

“Tenemos referencias que, en lugar de inculcar valores cívicos y ciudadanos, en ellos se reinventa la historia y se construye una historia alternativa falsa en la que se engaña a los niños”, dijo.

El rol rector

Desde su incorporación como ministra de Educación, el 23 de abril pasado, Magnet Márquez Ramírez aún no declara cuáles serán las prioridades de su gestión. No obstante, para el exmiembro del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, una de ellas debería ser asegurar que el Congreso respete la función rectora del Minedu.

Entre los órganos encargados de la gestión de materiales educativos figuran el Viceministerio de Gestión Pedagógica, a cargo de Miriam Ponce Vértiz, y la Dirección General de Educación Básica Regular, encabezada por Karla Acosta Barreto.

Ponce Vértiz ha formado parte del equipo técnico de educación de Fuerza Popular, durante la postulación de Keiko Fujimori a las elecciones presidenciales de 2021.

Previo a ello, entre 2005 y 2011, fue directora de Educación Básica Regular en el Minedu, asesora del Viceministerio de Gestión Pedagógica y coordinadora de la Comisión de Política Pedagógica del Minedu, según reportó en su hoja de vida.

Por su parte, Acosta Barreto se ha desempeñado como directora del colegio particular Antonio Raimondi, de acuerdo a su declaración jurada de intereses.

Dichas funcionarias han ingresado a sus cargos durante la gestión de Óscar Becerra. Lo mismo ocurrió con el nuevo presidente del CNE, Luis Lescano. Este último señaló que el consejo aún definirá su postura sobre el proyecto de ley para incorporar contenidos sobre el terrorismo y, así, determinar si resulta prudente que haya una iniciativa propia y la forma adecuada de enseñarlo.

“Sí se encuentra [en el currículo]. Pero, desde mi punto de vista, esto tiene que reforzarse para que se sepa realmente, en su real dimensión, lo que ocurrió en esa época del terrorismo”, dijo.

Hay que precisar que la anterior gestión del CNE ya había dado opiniones desfavorables a las propuestas que conforman la autógrafa aprobada. Por ejemplo, en el caso del proyecto de ley N° 291 de la legisladora fujimorista Jeny López señaló que este omitía lo referido al rol lesivo de los derechos humanos de inocentes. “La verdad de lo sucedido es bastante más compleja que lo señalado en el proyecto de ley”, señaló la entidad.

Asimismo, subrayó el rol rector y técnico del Minedu en garantizar una educación coherente con los valores constitucionales.

En esa línea, los especialistas consultados por OjoPúblico coinciden en que al Congreso no le corresponde legislar sobre el currículo. “Si le quitamos el rol rector al Minedu, no sé a dónde vamos a llegar, y corremos mucho riesgo que decisiones que debían ser del Estado terminen siendo decisiones políticas en el sentido de Gobierno, partidos, etc. La educación no va a lograr avanzar si no tenemos política de Estado”, agregó, por su parte, la experta Lilia Calmet.

Para la investigadora adjunta de Grade y experta en currículo escolar, Jessica Tapia, la implementación del currículo ha sido muy accidentada debido, justamente, a la inestabilidad política. Ante ello, precisa, introducir cambios continuos resulta “a todas luces, ineficiente”, cuando la prioridad debe ser fortalecer las capacidades de los docentes.

“La educación es un derecho y no podemos someterla a los vaivenes de la política de turno. No podemos permitir que se politice. Un grupo político no puede usar su posición en el Congreso para imponer lo que debe ir en el currículo. El rol rector lo tiene el Minedu. Necesitamos fortalecerlo”, señaló.

Los objetivos del Congreso chocan con la mirada de los especialistas en torno a la enseñanza de temas vinculados a la época del conflicto armado interno. Mientras que los primeros buscan incorporar datos y contenidos, los últimos destacan la necesidad de priorizar la reflexión y el análisis crítico, con el uso de diversas fuentes, en las aulas. El objetivo, dicen los educadores, es que los estudiantes logren comprender grandes procesos históricos.

“Aprender no es memorizar, ni recibir pasivamente información. La educación por competencias está muy lejos de la noción de adoctrinamiento (...). Se debe promover una mirada crítica de ese pasado, analizar las múltiples causas que hicieron posible la instauración de esa violencia terrible. El objetivo, según el currículo, justamente es alejarse de ese relato simplificador que solo divide la historia en buenos y malos”, señaló Tapia.

@milyberrios     -    milagros@ojo-publico.com
 
FUENTE:  https://ojo-publico.com/4410/bancadas-conservadoras-buscan-intervenir-textos-la-educacion-basica

3 de mayo de 2023

Perú: “Hay una agenda conservadora y absolutamente antidemocrática en la educación”

Patricia Salas   (Entrevista de Milagros Berríos)

En esta entrevista con OjoPúblico, la exministra de Educación, Patricia Salas, comenta sobre las contrarreformas en marcha, la polémica iniciativa de los vouchers educativos y los sectores que están tomando el control de la educación básica y universitaria en el país. Advierte que el conservadurismo ha avanzado y que la escuela pública se ha debilitado. También analiza qué tanto se retrocedió con el extitular del Minedu, Óscar Becerra, y qué deberá dejar de lado la nueva ministra Magnet Márquez. Se ha perdido terreno en la disputa política, dice, y ahora se debe reagrupar fuerzas.

En agosto del 2013, cuando ya se hablaba de una nueva Ley Universitaria y de la creación de una superintendencia, la entonces ministra de Educación, Patricia Salas O’Brien, dijo que esta iniciativa buscaba reinventar a la universidad peruana. “No queremos matar a nadie, queremos ser mejores”.

Ahora, diez años después, con una contrarreforma en marcha, Salas O’Brien admite en esta entrevista con OjoPúblico que si bien, en ese momento, se sabía que se iba a chocar con intereses económicos y políticos que buscarían “hacerle la guerra” a la Sunedu, lo que no se calculó es que necesitaban organizar más fuerzas sociales en su defensa. “Los otros sí hicieron política, llegaron al Congreso y deshicieron todo lo que quisieron, entre ellos, la superintendencia”, responde.

Pero hoy no solo analiza el futuro de la reforma universitaria. Patricia Salas, socióloga y docente principal de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA), también muestra su postura sobre la iniciativa de los vouchers educativos, de la bancada de Avanza País, un subsidio del Estado que terminaría en manos de las escuelas privadas que reciban a estudiantes de colegios públicos.

La exministra habla también sobre la presencia de los grupos de poder y el conservadurismo detrás de la educación básica y universitaria, de la urgencia de romper las desigualdades, de garantizar la educación como un derecho para todos y todas, y de lo que se espera de la nueva titular del Minedu, Magnet Márquez.


Hay una contrarreforma universitaria en marcha, una nueva Sunedu, se ha desmantelado el Consejo Nacional de Educación (CNE) y ya se impulsa desde el Congreso el sistema vouchers educativos. ¿Quiénes o quién cree usted que está tomando el poder de la educación en el Perú?

Bueno, si me toca ver quiénes han estado en la dirección del ministerio, y en algunas direcciones, son personajes que vienen del segundo gobierno aprista. Ellos y ellas estuvieron en la gestión durante el gobierno del Apra, la gestión del ministro [José Antonio] Chang. Son personajes de esa época.

Ahora si viéramos un poco más en perspectiva, hay una oleada conservadora muy fuerte, que no reconoce los avances que hemos tenido en educación. No digo que no haya cosas que criticar, pero creo que hay que reconocer que en el Perú hay un debate sobre la educación desde el año 2000.

Ese debate debe ser recogido y continuado, porque evidentemente hay cosas que no han sido resueltas. Una de las cosas en las que el debate fue muy claro es en privilegiar las condiciones de equidad en educación, reconocer que la educación es un derecho para todos y todas.

Tenemos una educación que ya no está en la cola, sino por fuera de la cola y no nos estamos preocupando de eso, sino de cómo atendemos a pequeños grupos y no nos damos cuenta de que los derechos de miles de personas y las más pobres, las que están en las zonas urbanas populares más deprimidas, las poblaciones indígenas, las rurales y las amazónicas son las que están en una situación de desventaja tremenda respecto al ejercicio de su derecho.

Lo que comenta también suena a una contrarreforma. Ahora mismo hablamos de la universitaria. Si tomamos en cuenta lo que ha pasado solo en lo que va del año, ¿qué grupos serían los que están detrás?

En el Ministerio de Educación lo que he visto son estos grupos. Con la reforma universitaria, la dinámica es un poquito distinta, aunque ahora se empieza a acercar a la de la educación básica regular, porque hay grupos que tienen que ver con los propietarios de instituciones educativas, los que están buscando resguardar las mejores condiciones para el ejercicio de sus negocios educativos.

Por el lado de las universidades ha sido clarísimo cómo se han esforzado, primero, en que no saliera la superintendencia, luego en abollar la superintendencia y ahora simplemente en cortarle las alas. Y lo que dijimos desde el principio, que el riesgo de la nueva formación del directorio iba a devenir en conflicto de intereses, se ha hecho realidad.

Son los dueños de los negocios educativos quienes están imponiendo el ritmo de lo que va a suceder en la educación universitaria.

Ahora estamos con un cambio de ministro. Todavía no hemos escuchado a la ministra [Magnet] Márquez, pero el mensaje del ministro [Óscar] Becerra era muy claro con relación a que ‘el Estado no puede, démosle la plata al sector privado’, ‘el Estado no puede, entonces demos los famosos vouchers educativos’ y, entonces, la arremetida del sector que tiene negocios educativos también se está sintiendo fuertemente en la educación básica.

¿Cree usted que la educación, actualmente, se ha convertido en el botín de un sector? ¿De los grupos conservadores o de estos grupos empresariales?

Este es un botín de los grupos empresariales, pero también es un espacio siempre de tensión. Lo que hacemos en educación es un campo de cuestión, de lucha, de formas de ver la sociedad y las personas.

Ahí sí tenemos una confrontación muy fuerte con ideas conservadoras, tanto en la lógica económica, en donde queremos decir que el emprendedurismo y la iniciativa privada es lo más importante; mientras que la ciudadanía, el ser buenas personas salen de la agenda educativa; o [una confrontación] con los otros conservadores que dicen que las mujeres no tenemos derechos, que la población con diferencias sexuales son anormales o enfermos, o dicen que la gente pobre, o que pertenece a las razas originarias del país, no puede aprender, entonces ‘déjalas ahí nomás’, o que no tienen derecho a pertinencia cultural.

Y aunque, formalmente, habíamos avanzado en eso, nos quedaba mucho trabajo por hacer. La marcha atrás tiene que ver con eso, como tú dices, la captura de grupos de negocios que quieren seguir teniendo ganancia con la actividad educativa y también los grupos que quieren imponer o extender las ideas, con las cuales vamos a ayudar a crecer a los chicos y chicas y formar un tipo de sociedad.

Una de las batallas es por la memoria. Qué queremos recordar y qué no. Queremos recordar los procesos que han sucedido en el país, con sus conflictos, coherencias y sus incoherencias, o queremos decir que Sendero [Luminoso] fue terrorista, asesinó a campesinos, lo cual es cierto, pero que [Alberto] Fujimori no violó derechos humanos y no fue corrupto. ¿Entonces vamos a contar solo un lado de la historia?, ¿de qué se trata?

Con lo que usted dice, entiendo que existe, ahora mismo, una agenda conservadora que se está imponiendo en la educación.

Yo diría conservadora y absolutamente antidemocrática, que no tiene que ver con cómo educamos para que las personas rompan sus condiciones de limitaciones económicas, subordinación política, subordinación social o ideológica. En lugar de favorecer el pensamiento crítico, [dicen:] '¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Prepararte para ser un trabajador informal porque, además, no vamos a tener trabajo en este país’. ‘Olvídate de organizarte, olvídate de la política’. ‘De eso me ocupo yo [es lo que dicen esos sectores], tú ocúpate de que vas a ganar tu ingreso y no te preocupes de más’.

También [dicen:] ‘¿Sabes qué? Como no quiero que te ocupes de la política, yo te voy a narrar la historia de tal manera que no tengas que preguntarte cosas como por qué se hizo, quién me gobierna, por qué me gobierna, para qué me gobierna’.

Entonces, esos son los riesgos: el tipo de sociedad absolutamente corporativa, pasiva, sin derechos, en donde las mujeres pensemos que la única y gran misión de nuestra vida es ser madres y esposas, cuando eso es parte de lo que puede ser la integralidad de nuestra vida, donde la violencia de género no se cuestione (...). Es la sociedad que viene si no seguimos dando la batalla ideológica de ¿qué tipo de sujeto social y político queremos que sean los chicos y chicas después de salir del colegio?

Hace un momento mencionamos a la contrarreforma universitaria. En el 2013, cuando usted era ministra de Educación ya se discutía la creación de la Ley Universitaria y de una superintendencia hoy llamada Sunedu. Ahora, diez años después, ¿esta situación de conflictos de interés era lo previsto?

Claro, cuando se hablaba de la superintendencia era que el sistema universitario estaba gobernado por una estructura que favorecía muchísimo a los conflictos de interés. Esta frase “otorongo no come otorongo” como parte del sistema. Los rectores gobernando y estableciendo no solo las condiciones básicas de calidad, sino las condiciones de excelencia y, cómo vigilamos que esas condiciones se producían o no se producían, terminó siendo funesto.

(...) Se complicó mucho lo que pasaba en la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que dio lugar a lo que llamábamos las "universidades de garaje", a la estafa para miles de estudiantes. Ese fue uno de los problemas que se planteó la Ley Universitaria. Por eso, la superintendencia es uno de los elementos críticos de la ley. Y, claro, se preveía que se iba a chocar con intereses y se preveía que la pugna para que no hubiera superintendencia y luego, para hacerle la guerra a la superintendencia, iba a suceder.

Lamentablemente, lo que no previmos fue que necesitábamos organizar más fuerzas sociales, institucionales y políticas en favor de una institución como la Sunedu. Entonces, los otros, que sí se organizaron e hicieron política, llegaron al Congreso y deshicieron todo lo que quisieron deshacer, entre esto estaba la superintendencia [...].

La nueva Sunedu ha anunciado algo similar a un borrón y cuenta nueva. Dice que va a revisar el reglamento de sanciones de la anterior gestión. Detrás de estas medidas cree que se está priorizando intereses económicos, políticos, populismo…

Yo, primero, creo que los económicos. Me parece que eso es lo primero y luego los políticos, efectivamente, de medidas populistas. Pero los políticos del peor orden. No es el político en función de las grandes ideas que nos van a llevar al bien común, sino lo político en función de cómo voy a ser elegido en mi curul y no perderme los privilegios que eso significa.

O los políticos en [el sentido de] ‘no nos ocupemos de la política del país, porque lo que queremos es que siga siendo un país ordenado por el mercado, por los intereses de los empresarios, no movamos nada que remueva esa situación’. Sí hay intereses políticos y económicos, claramente, porque, como decíamos, hay muchos propietarios educativos, pues.

Uno de los protagonistas de estos cambios vinculados a la reforma ha sido el exministro de Educación, Óscar Becerra, pero sus acciones han ido más allá del plano universitario. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de sus medidas? ¿Cuánto se ha retrocedido en su gestión?

Un montón, porque de hablar de educación ciudadana, pasamos a que nadie puede aprender, entonces solo le voy a dar vouchers a los que aprendan. De hablar de la posibilidad de que todos y todas tengan el mejor aprendizaje en comprensión lectora, ahora les voy a dar un premio de 100.000 soles a los que mejor leen.

Entonces, es la renuncia de tener políticas educativas y tener acciones administrativas o de Gobierno, que estén interesadas en mirar qué pasa con el conjunto del país. La noción de derecho ha desaparecido totalmente y si a eso le sumas la vuelta al ‘insultemos a los profesores’, entonces de qué estás hablando. Los profesores son los que hacen la educación [...].

¿El exministro Becerra ha personificado esto de lo que hablábamos al inicio: la visión conservadora y mercantilista de la educación?, ¿los intereses económicos o de sectores privados?

Sí, pero, digamos, más allá de los calificativos, me gusta más pensar en los procesos que se están desarmando. Pero, efectivamente, él representa los intereses económicos, mercantiles más evidentes, el conservadurismo, pero también un estilo de hacer política absolutamente antidemocrático que está basado en el epíteto, en el insulto, en el desconocimiento de las instituciones básicas. ¿Cómo vas a decir que el CIDH es un adefesio? Y, al salir, de tu reunión con el Premier, digas que no vas a cambiar de opinión.

Hace un mes, usted decía que era un mensaje “devastador” esta idea de que como en la escuela pública se hacen mal las cosas, entonces mejor se las entregamos a la escuela privada. ¿Qué opina sobre la iniciativa de los vouchers educativos que ha pasado en Chile, que se habla en Argentina y que, ahora, aparece en el Congreso peruano e, incluso, lo menciona el mismo ministro?

Que es fatal, es absolutamente fatal, porque los vouchers educativos lo que hacen es decir: ‘¿Sabes qué? Yo no me voy a ocupar de tus derechos, toma tu pedazo de presupuesto y anda mira cómo lo haces’. Porque el voucher es eso. En lugar de financiar las escuelas y decir ‘una escuela para que funcione bien necesita infraestructura, maestros, equipamiento; y eso cuesta equis cantidad de soles’, lo divido entre mi número de alumnos y digo, toma, haz lo que puedas con eso.

Eso es una irresponsabilidad por varias razones. Primero, la posibilidad de elegir en una oferta educativa más grande solamente es urbana. A nivel rural, no hay forma. Eso favorece a unos sí, a otros no. Dos, se va a convertir en una competencia de captación de estudiantes por ese voucher, porque van a garantizar un nivel de financiamiento a tus negocios educativos. Entonces si tengo un colegio, donde no consigo estudiantes suficientes que paguen pensión o quiero más, capto a estos chicos.

Pero, además, para captar más, corro el riesgo de que en los colegios se empiece a tomar decisiones, no en función del aprendizaje de los chicos, sino de cómo se quedan los chicos. Lo que ya sucede en muchas universidades y colegios privados: no los vas a jalar, tienes que ponerles buenas notas. Si los jalas, se van y si se van, me quedo sin una pensión. Es decir, la lógica económica es la lógica de la institución educativa y no los aprendizajes.

Más perverso aún es que, como estaba anunciado, para darte el voucher tienes que tener un cierto nivel de rendimiento de los estudiantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? No ha aprendido, ¿lo jalo y me quedo sin el voucher o le pongo 17 para seguir teniendo el voucher? Entonces, se favorece la estafa educativa. Eso es el voucher.

Y si lo pones en una situación más extrema, que es lo que declaró el ministro [Becerra]: Bueno, si el alumno no repite, le quito el voucher. Entonces, qué pasa, a quién estoy financiando: ¿a la escuela o al estudiante? El estudiante que no aprende o que tiene dificultades para aprender debe ser de doble y triple preocupación del sistema educativo, porque hay que preguntarse por qué no aprenden [...].

Con base en estos argumentos, si la iniciativa no es positiva, entonces ¿por qué hay tanto interés en promoverla? ¿Qué intereses la motivan?

Primero, los que tienen el negocio educativo, ¿no? Que quieren acceder a la plata del presupuesto público y no solo a la plata de la familia mediante la pensión. A mí me parece un primer interés. Y el otro, el interés de seguir reduciendo el rol del Estado para que no juegue en el conjunto de la educación. Y, luego, claramente la renuncia a reconocer que toda la población tiene derechos.

¿Se está debilitando la educación pública? ¿Se está buscando petardear la escuela pública?

Claramente, claramente y no desde ahora. Desde hace rato. Con frecuencia la defensa de la educación pública es una etiqueta sin contenido. ¿Y por qué te digo que es una etiqueta sin contenido? Porque cuando tú ves, el ministro sale diciendo lo importante que es la educación pública, luego ves las resoluciones ministeriales que firma o las decisiones de política que toma, entonces dices: “Me está mintiendo, ¿no?”.

Ahora tenemos una nueva ministra —Magnet Márquez— que, incluso, cuando usted estaba a cargo del Minedu, ella salió de la Unidad de Personal de la cartera. Era parte de la anterior gestión. No sé si tuvo la oportunidad de compartir con ella en el ministerio o ver su trabajo. Pero, ahora, con su designación, ¿qué ideas o propuestas de la gestión Becerra debería dejar de lado?

Nada de vouchers, nada de vouchers; nada de Colegios de Alto Rendimiento; nada de concursos para mejorar la lectura. Es decir, retomar la política educativa, en serio. Se conoce poco, en realidad, de lo que de verdad haya hecho el [ex]ministro Becerra. Se le ha conocido más por las opiniones que ha ido dando a la prensa, las cuales cada una ha levantado un revuelo mayor que la otra.

Y, ¿qué le diría? Que asuma nuevamente lo que es el respeto a las poblaciones indígenas y revalore la educación intercultural. Hay que retomar una buena forma de relación con el magisterio peruano, el magisterio peruano merece muchísimo más de lo que se le da.

El tema de los vouchers viene del Legislativo. Hemos visto que el Congreso a veces avanza, como pasó con la contrarreforma universitaria, más allá de lo que pueda hacer el Ejecutivo.

Y sí, claro, puede ser. Pero en este caso, el Ejecutivo se alineó con eso. Entonces, el Ejecutivo tendría que hacer la contramarcha de eso…

Contramarcha de los vouchers

De los vouchers. En anteriores gestiones, el Ejecutivo hizo mucho trabajo en evitar que se desbaratara la superintendencia. Hizo mucho trabajo de eso y trabajo político, de negociación política, de articulación, de plantear los temas, de articulación con la sociedad civil, etc. Entonces, otra cosa es cuando el Congreso está suavecito, de la mano con el Ejecutivo y digamos, lo que puede salir por insistencia, porque la ley salió por insistencia. El Ejecutivo…

… La observó

Y luego sale convalidada por el Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos una dictadura bien rara pues.

En su gestión como ministra, se empezó una transferencia de facultades de educación a la Municipalidad de Lima, pero no se logró concluir luego de su salida. Ahora, se habla de algo similar. ¿Cree que es necesario que el tema educativo, que la Dirección Regional de Educación de Lima pase a manos del alcalde Rafael López Aliaga?

Prefiero que no.

¿Por qué?

Prefiero que no, porque claramente el alcalde López Aliaga ha manifestado un conjunto de ideas que contraviene totalmente lo que es la Ley General de Educación, la Constitución, el Proyecto Educativo Nacional (PEN), el currículo escolar en la lógica de formas de ciudadanía, pensamiento crítico, equidad, etc. Es de terror, ¿no es cierto? Cierto es que es el último paso que queda pendiente del proceso de descentralización educativa la transferencia a Lima Metropolitana, que es lo que está previsto en la ley.

¿Entonces?

Pero me muero de miedo. Yo estaría en contra, yo no lo haría.

¿Cuál es el riesgo? Recuerdo que usted ha mostrado claramente su respaldo en la Educación Sexual Integral, que justamente ha sido atacada por Renovación Popular. ¿Por ahí habría algún riesgo?

Educación Sexual Integral, educación ciudadana, educación intercultural, educación con enfoque de género. No quiero violencia de ningún tipo ni porque eres pobre, ni porque eres indio, ni porque eres homosexual, eso es.

Y tenemos que reconocer que las ideas que se han ido desprendiendo de las declaraciones de Renovación Popular son racistas, no son ciudadanas, reconocen jerarquías, hay peruanos que valen más y peruanos que valen menos, y son absolutamente contrarias al reconocimiento al derecho a una sexualidad sana y al ejercicio de otras opciones sexuales.

Usted integró el Consejo Nacional de Educación (CNE), que desarticuló Óscar Becerra. ¿En esa decisión hubo algún respaldo técnico?

Yo no lo encuentro. En las justificaciones que ha dado el ministro, no hay ninguna razón ni técnica, ni social, ni política que pudiera respaldar esa decisión. Fue una decisión de ‘esos me están molestando’, entonces no puede ser que saquen un pronunciamiento en contra de lo que yo estoy trabajando.

Lamentablemente desde hace rato el Minedu trabajaba cosas que contravenían el Proyecto Educativo Nacional y los derechos de la ciudadanía respecto a educación y el CNE se pronunció sistemáticamente sobre esos temas, porque es su labor. Entonces llegó un punto en el que dijeron: 'Ya estos están haciendo mucho ruido, entonces mejor…'. Acusándonos entre otras cosas de falta de pluralidad.

¿Y en este nuevo CNE cree que hay pluralidad?

El análisis que hemos venido haciendo es que no. Más bien, no sé si todos, pero la mayoría representa opciones empresariales o ligadas a la educación privada.

La última evaluación de aprendizajes muestra que la brecha entre escuelas rurales y urbanas sigue creciendo. Loreto y Ucayali siguen en la cola. ¿Cuál es la verdadera prioridad de las autoridades —sea del Ejecutivo y Congreso— con la educación?¿Por qué seguimos así?

Seguimos así porque hemos dejado de tomar decisiones que fortalezcan procesos. Desde el 2016, se ha bajado a un ministro tras otro y una idea tras otra. Se han impuesto, desde el Congreso, normas que desordenan el sistema y hacen que, otra vez, lo poco avanzado se haya desbaratado totalmente.

Y, en segundo lugar, que en el debate de para qué educamos y cuál es la responsabilidad del Estado en la educación, también hemos perdido posiciones (...). Estamos perdiendo batallas muy importantes. Entonces qué le vas a pedir al Minedu, si él no se siente responsable de la educación. Si la forma de hacer educación es un concurso y entregar vouchers.

Los ataques a la educación y las contrarreformas no son recientes. ¿Pero usted también tiene la percepción de que, en estos últimos meses, en este año, se han concretado muchas acciones que antes eran solo una amenaza y que hay un gran protagonismo de sectores empresariales y conservadores, antes no tan fuerte, ni evidente?

Porque nos han ganado terreno en la disputa política, porque creímos que con lo técnico era suficiente y no organizamos la contienda política para defender esos procesos. Entonces, nos están ganando en la contienda política y nos están imponiendo una forma de organizar la economía, una forma de organizar el Estado, una forma de organizar la educación.

Y, finalmente, con eso que comenta, ¿hay algo que se puede hacer en torno a las contrarreformas, a los vouchers educativos y todo lo que ha mencionado? Es decir, si se tiene esos problemas, ¿qué se podría hacer ahora?

Bueno, tenemos que seguir articulando fuerzas. Hay los argumentos técnicos, los podemos leer. Han aparecido varias instituciones y académicos poniendo los argumentos técnicos en redes, etc, pero tienes que articular fuerzas políticas, generar organización, tienes que generar voz pública, porque ese es el terreno de la política, quién tiene la capacidad de ejercer poder y fuerza.

Eran una amenaza que teníamos contenida porque veníamos un poco más organizados y habíamos producido un discurso políticamente correcto respecto a estas cosas. Nos faltaba muchísimo para hacerlo realidad, pero hemos perdido, pues, en eso. Entonces hay que reagrupar fuerzas.

@milyberrios

FUENTE:  https://ojo-publico.com/4403/patricia-salas-hay-una-ola-conservadora-muy-fuerte-la-educacion