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6 de junio de 2022

Perú: Los golpistas

Antonio Zapata

Años atrás los golpes eran militares, un presidente desgastado perdía crédito en los cuarteles y aparecía un general ambicioso que lo derribaba. Sucedió muchas veces, pero destacan dos tipos de golpes. En el primero, la oligarquía reclutaba un general para que imponga orden en su beneficio. Un ejemplo es Odría, quien habría sido tentado por una bolsa reunida por Pedro Beltrán, entonces líder de los agroexportadores. El segundo prototipo es Velasco, quien rompió con la oligarquía por razones de seguridad nacional, ante la necesidad de realizar reformas que eviten un estallido social de gran alcance. Pero, sea cual fuere el caso, los golpes de antes eran una interrupción súbita y violenta del proceso político y los protagonistas eran militares.

En América Latina esa figura ha desaparecido hace unas tres décadas, puesto que la legislación internacional es severa y los golpistas de este estilo acaban presos, más temprano que tarde. Ya no hay general dispuesto porque es apostar a perdedor. Desde entonces los golpes son blandos, no han desaparecido sino cambiado de rostro. Los militares están detrás y no se inmiscuyen en la definición, se la dejan a los políticos. Pero son el respaldo indispensable de cualquier solución.

De este modo, los protagonistas de la escena golpistas son políticos que ocupan cargos públicos y participan de la lucha de poderes. La institución clave es el Congreso que puede vacar al presidente. Por ello, ya se han presentado dos mociones para echar a Castillo, aunque ninguna ha prosperado. Ambas pecaban de improvisación y apresuramiento. No había correlación ni en el hemiciclo ni en la opinión pública, y los autores de ambas propuestas lucieron como amateurs en estas lides.

Ese doble fracaso ha provocado un cambio de planes y de actores. En vez de repetir una pataleta han optado por capturar las instituciones claves, dejando a Castillo sin soporte antes de derribarlo. En primer lugar, pretenden sacar a Boluarte porque, sin vicepresidenta, una vacancia se traduciría en el poder del Congreso, que estaría obligado a convocar elecciones en seis meses.

Otra institución decisiva es el Tribunal Constitucional, el garante en última instancia de la legalidad. De una manera asombrosa, el cerronismo lo ha entregado en manos de sus enemigos, al elegir cinco de seis magistrados con conexiones fujimoristas. No se entiende el cálculo de Perú Libre que, no obstante controlar la comisión parlamentaria, ha acabado renunciando a una institución clave del ordenamiento político. Este TC bloqueará toda propuesta progresista e incluso la asamblea constituyente se ha hecho casi imposible por la vía legal.

En estas semanas también está en juego el destino de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. El primero tiene poder moral, que solo es útil si se usa en forma correcta. Pero el segundo también es crucial, sobre todo para Keiko Fujimori, pues la acusación de los fiscales podría debilitarse mucho si la institución pasa a manos de amigos de Chávarry.

Los golpistas estarán listos cuando terminen de copar las instituciones públicas. Mientras tanto, el Ejecutivo habrá cometido tantos desatinos que su desprestigio será absoluto. No acierta una y la profusión de reos como ministros solo puede acabar mal. Por su lado, los medios de comunicación más poderosos habrán magnificando escándalos del Ejecutivo y ocultado delitos semejantes del personal político golpista.

Aunque el momento ideal para los golpistas es después de Fiestas Patrias, la reciente apertura de investigación fiscal al presidente puede acelerar los plazos. Se dice que los golpistas confían en un general retirado como nuevo líder del Congreso para superar el rumbo errático de la señora Alva. En cualquier caso, el golpe debería ser antes de noviembre, porque las elecciones municipales podrían cambiar la correlación de fuerzas y darle un nuevo aire a Castillo.

11 de febrero de 2022

Perú: Más allá del nuevo gabinete

Diego García Sayán

La pregunta repetida que extranjeros me hacen sobre la situación política en el Perú suele ser la misma: “¿Qué está pasando en tu país? ¡No paran de atacarse y destruirse!”. Esas preguntas, explicablemente, no vienen desde el 28 de julio del 2021, sino desde hace varios años. En el Perú, más que en la mayoría de los países latinoamericanos, destaca la profundidad y extensión de una crisis política e institucional que es ascendente. Mirando más allá de lo evidente, está marcada por un colosal afán destructivo, en un “todos contra todos” teñido por el descreimiento generalizado de la sociedad en quienes supuestamente nos representan, tanto el Ejecutivo como el Congreso.

Hay dos aspectos que revelan la magnitud de la crisis; eventuales renuncias cambiarían poco el curso de las cosas.

Primero, que si bien hay inocultables contradicciones sustantivas, no es eso en realidad lo que mueve las cosas. Más allá de posturas que a veces pueden aparecer antagónicas (“izquierda/derecha”), en realidad tienen una tremenda semejanza y las une un cordón umbilical. Al margen de lo que pueda haber de “programático”, hay una lógica ventajista y clientelar que apunta a los mismos grupos de interés.

Desde las universidades “bamba” que no brindan un mínimo estándar de calidad, que se busca proteger liquidando virtualmente a la Sunedu, hasta la impunidad para transportistas informales, trabando cualquier proyecto de ordenamiento del tránsito público. En espacios como esos, sí se dan los cruciales elementos articuladores y explicativos de las convergencias de pacotilla que hoy mueven al país.

Por eso en medio de la polarización hay piezas intercambiables, que navegan de un polo a otro. Como el efímero ministro Valer, elegido congresista en una agrupación de extrema derecha hace solo pocos meses. Curioso que en esos días nadie cuestionara su pasado de pegalón y abusador.

Segundo, creciente inestabilidad e ilegitimidad política alimentada diariamente por ese “todos contra todos” que marca un ritmo destructivo. En paralelo a las complicidades clientelares, lo que parece mover las tensiones son más bien apetitos de parcelas de poder para su propio grupo o red de contactos. Ausente —de lado y lado— una reflexión o capacidad de propuesta sustantiva sobre los retos que plantean los problemas de fondo del Perú.

Preocupan los planteamientos simplistas —y en muchos casos interesados— de imaginar que saldríamos de este hoyo con la renuncia de Castillo o nuevas elecciones. Un diario dedicó hace unos días varias páginas enteras a reproducir a comentaristas que enarbolaban esa solución mágica. ¿Lo que vendría después, luego de la “venganza” contra Castillo, sería acaso muy diferente en este contexto de colapso de la institucionalidad y la representación?

Las respuestas no están en mover las mismas fichas para que se siga haciendo lo mismo, sino en que las instituciones y accionar político —del Ejecutivo, Congreso y autoridades regionales— enfrenten los archiconocidos retos de fondo en vez de expresar intereses de grupos. Sobre ellos las convergencias deberían ser viables. Por ejemplo, hacer más eficiente la regionalización. O que la ejecución de los presupuestos públicos sea más eficaz, que mejore la calidad de la educación y la infraestructura educativa y que ocurra lo propio en materia de salud pública. ¿Por qué no se habla de eso?

Puede sonar ilusorio, pero nunca será tarde llamar, exigir, concertar. Dentro de un contexto de nubarrones destaca la precisa y clara invocación constructiva de la presidenta del Poder Judicial exhortando al “… trabajo y diálogo conjunto entre los principales actores políticos que conducen a nuestra nación, se puede llegar a consensos importantes que benefician a nuestra nación”.

A partir de un contexto como el actual, que parece sin salidas, solo en una dinámica de trabajo y diálogo conjunto se podrán definir líneas de acción sustantivas alimentadas, entre otras fuentes, de lineamientos sustantivos y fundamentales que ya están dichos y redichos —pero puestos en la congeladora— en el Acuerdo Nacional. Empecemos por allí.

Diego García Sayán. Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados.

3 de agosto de 2021

Perú: EL CAMBIO Y LA RESISTENCIA PARLAMENTARIA

Patricia Donayre

Quién diría que al paso de los años, ese equilibrio de poderes, que buscaba Montesquieu a través de una separación de funciones encarnada en la teoría clásica de la división de poderes, se convertiría en una balanza inclinada en función de las circunstancias políticas y de los gustos y sabores de determinados liderazgos.

Y es que no se entiende que las funciones asignadas en la Constitución a los distintos poderes del Estado no son para dividir sino para compartir roles en su conducción. Y en ese compartir hay que establecer mecanismos de colaboración entre uno y otro sin que eso implique invadir competencias.

Montesquieu pensaba acertadamente “todo hombre que tiene poder se ve impulsado a abusar de él, y llega hasta donde encuentra límites”, de ahí que resulte necesario que sea el poder quien detenga al poder. Pero no para ponerle obstáculos circunstanciales, ni producto de rivalidades o rencores políticos, sino para evitar que se extralimite en el uso del mismo.

En este marco, cabe analizar la importante propuesta presidencial de Nueva Constitución. Propuesta que no ha sido recibida con aprecio en las bancadas de derecha y extrema derecha, pues a su entender la actual Constitución debe permanecer en el tiempo.

Y ahí es donde calza el análisis de dos presupuestos uno el que trae consigo la teoría de Montesquieu de la división y contrapesos de poderes y otro el del imperativo de la realidad.

La Constitución de 1993 nace en el seno de un Congreso Constituyente que además de elaborarla también, legislaba. Es decir el símil de lo que hace y puede hacer el actual Congreso y que está claramente expuesto en el artículo 206 de la Constitución. Recordemos que el llamado CCD (Congreso Constituyente Democrático) es resultado del autogolpe de 1992 del señor Fujimori, y sus representantes fueron en número mayoritario del partido naranja. Así que no es de extrañar que la nueva Constitución redactada por ellos refleje en su articulado su visión del poder y de la política económica y social del Estado. Siendo esto así, no es para nada inusual que sus actuales representantes y quienes fueron beneficiados por una regulación de mercado y de “confusión de poderes” la defiendan en su totalidad y con obsesión casi enfermiza.

La Constitución actual debe ser cambiada, de eso no hay duda. Parcialmente dicen algunos, yo creo que en su “totalidad”. Y aquí cabe recordar una vez más que, aunque parezca burdo el ejemplo, la Constitución es como un rompecabezas de muchas piezas (que son los artículos), si mueves o cambias una, las otras ya no encajan de la misma forma. Porque está integrada. Porque cuando se interpreta no puede hacerse sin mirar el conjunto. Ejemplos los tenemos.

Los hechos próximos pasados, han demostrado la fragilidad de la institución presidencial, al haberse utilizado la vacancia erróneamente como un mecanismo de control, cuando no fue sino un uso abusivo del poder. Eso hay que corregirlo? Claro, hay que precisarlo, como hay que incorporar un nuevo mecanismo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Contralor, de los directores del BCR. La realidad nos está imponiendo nuevos límites al poder, pues este ya los ha rebasado.

El Presidente Castillo ha expresado en su mensaje presidencial cuál sería la fórmula para alcanzar una Nueva Constitución, y esta es similar a la Chilena, a través de una Asamblea Constituyente previa reforma Constitucional que le dé viabilidad legal. Comparto que es la forma correcta en estricto respeto a la normativa existente. Sin embargo, la resistencia parlamentaria será el principal muro, ya lo anunció la ex candidata presidencial del fujimorismo y lo han expresado con Constitución en manos y vítores sus parlamentarios. Pero hay fuerzas políticas en cuya coherencia y su capacidad de dialogar y escuchar se puede confiar.

Es importante que se entienda que muchas de los anuncios presidenciales de 28 de julio solo podrán ver la luz si existe el marco constitucional adecuado para ello. En otras palabras sin nueva Constitución, el cambio que se promete y que genera expectativas compartidas no podrá del todo realizarse.

6 de diciembre de 2020

De mal en peor

 

César Hildebrandt

Si Martha Chávez -ese busto a la infamia- dice que no, entonces es sí. Si ella dice que no hay que darle la confianza al gabinete, pues hay que dársela. Y el patético Congreso de los Chehade y los Alarcón le ha concedido 107 votos de respaldo al mediocre equipo de la primera ministra.

¿Habrá que alegrarse?

No tanto. No le quedaba otra cosa al Congreso de los Luna y los Urresti.

El problema no pasa por allí, por ahora.

El gran asunto es la debilidad intrínseca del gobierno del señor Sagasti.

Las bestias parlamentarias ya olieron sangre. Han diferido el banquete para una mejor ocasión, pero se les hace agua el hocico.

Y el descontento ha aprendido de las lecciones de la calle y ahora reclama en el norte y en el sur.

No es que la gente esté demandando sutilezas, letras menudas, temas de segundo orden. Lo que se está pidiendo es que los agroexportadores les den una tajada de su prospe­ridad a los trabajadores, que se porten como capitalistas y no como taitas de indiadas en época de Arguedas. Es decir, que los Chlimper de todos los pelajes dejen de hacerse ricos chupándose el agua subterránea de lca y pagándoles miserias a las chicas del embalaje.

¿Qué debe hacer el gobierno?

Está claro: debería ejercer su autoridad, imponer el diálogo y dirimir con justicia. Con la voz de quien encama la razón, la equidad, el buen hacer.

El problema viene cuando no sabes qué haces en Palacio, para qué estás en el mando, de dónde vienen los tiros.

Y a mí me da la impresión de que el señor Sagasti es un encantador charlatán. Lo vi el domingo, tetraentrevistado, y tuve la impresión de que el señor presidente contestará siempre aquello que sabe y, con mayor elocuencia, lo que ignora. Y aun de manera más vistosa, dirá que hará lo que sabe que no hará y, rotundamente, anunciará que no podrá hacerse, de ninguna manera, desde luego que no, lo que tiene en mente hacer.

Por eso el señor presidente respalda al ministro del Interior un domingo y luego, el miércoles, lo bota. Y manda a decir que quien lo ha echado es la señora primera ministra. Como si él fuera Felipe VI y viviéramos una democracia parlamentaria. Algo de monárquico tiene este señor, que jura que no le tiemblan las manos cuando de confirmar a un ministro cuestionado por la mafia policial se trata pero que parece víctima del Baile de San Vito cuando el Congreso de las Chávez y los Vega lo amenaza con no darle la confianza.

¿No sabe el señor Sagasti que al sacrificar a Rubén Vargas ha saboteado la reforma policial, ha mostrado un flanco atrozmente vulnerable y ha convertido el voto de confianza en una transacción mezquina en la que él ha salido perdiendo? Sí, estamos seguros de que lo sabe. Pero no le importa.

Lo que le importa es entenderse, a cualquier costo, con el Congreso de la oscuridad. Alguien le ha dicho que debe estar en buenos términos con esa guarida y aceptar sus extorsiones.

Y durar, si se puede, meciéndose en la hamaca y hablando bonito.

O decirnos, cada vez que pueda, que se trata de un gobierno de transición y que no le pidamos, por eso, ninguna gran definición, ninguna mirada al horizonte. Pero si la transición significara diminutez de ideas, nos tendríamos que haber quedado con Merino, el del libro “Coquito” en el sobaco.

No es así, señor Sagasti. Ocho meses para un país en esta crisis no son poca cosa. Puede usted encaminar al Perú ya no diré que a las grandes alamedas sino, al menos, a un nuevo jirón de la unión partiendo del hecho de que la receta neoliberal, aplicada en dosis de caballo desde hace casi 30 años, amenaza con incendiarnos.

Lo que pasa es que usted, señor Sagasti, es un caviar de boca para afuera y un gran conservador de boca para adentro.

Por eso es que se presenta como el presidente que está atado de manos y cuyo encargo es administrar el statu quo. Entiéndalo, señor presidente de la república: montar la ola del statu quo es condenarnos al desorden. Entiéndalo: no está usted en Palacio para regar la higuera sino para gobernar en plena emergencia. Y en estos días de miseria acentuada, empleos perdidos, hambre en más de cuatro millones de compatriotas, regímenes labo­rales que lindan con la esclavitud, desigualdades que la pandemia hizo más escandalosas aún, necesitamos un líder, no un adorno navideño.

Gobierne, señor presidente. Desacátese. Olvíde­se de que el azar lo ha encumbrado porque algún diosito así lo quería. Deje la pachocha para mejores tiempos. El país necesita de usted.

Se ha roto el diálogo en el sur. ¿Sabe cuánta rabia se acumuló allí mientras los agroexportadores engordaban la billetera en una burbuja tributaria y laboral?

Hay un muerto en el norte. ¿Sabe usted cómo tratan algunas empresas a los temporeros que abrillantan las fintas de la exportación?

El Congreso de los Merino de Lama y las Apaza Quispe le ha dado la confianza al gabinete de Violeta Bermúdez. Eso nada significa. Eso es trampa intestina, trueque bamba, mano negra. Lo que el gobierno de emergencia requiere es el respaldo de la gente.

Porque lo que se viene es una ola de inconformismo, señor Sagasti. No un tumbo, como dicen, fumatélicos, los tablistas sino una ola con pinta de Honolulú que puede incluir a médicos, maestros, mineros y un etcétera que no quiero imaginar. Sí, señor. El país se hartó de tanta receta única, de tanto discurso monopólico, de tanto terruqueo mañoso y tanto periodicazo al servicio de los Chlimper y heterónimos. El país está maduro para una nueva Constitución. El Perú, señor Sagasti, con todo respeto, no está para miriñaques. No es tiempo de una comedia de Ascencio Segura. Vivimos un drama parecido al que Enrique Solari Swayne aspiró a retratar en “Collacocha”. Póngase en los zapatos de los que llevan reclamando decenas de años sin otra respuesta que el silencio de la gran prensa y la furia de esa policía que usted no ha querido reformar.

FUENTE: “HILDEBRANDT EN SUS TRECE” N° 518, 04/12/2020  p11

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27 de septiembre de 2020

Promesas de campaña


César Hildebrandt


La ética de este congreso de los Luna y los Chehade la expresó muy bien la con­gresista frenteamplista Mirtha Vásquez Chuquilín cuando dio a entender que las promesas eran para tirarse a la basura y servían para engatusar al soberano durante las campañas electorales.

Esta fue su desnuda reflexión, ex­pelida a mediados de este año: “Las propuestas de ley no deben venir en función de lo que hemos ofrecido en la época de campaña electoral. A mí me parece eso muy irresponsable, porque en campaña electoral se ofrece de todo. Imagínense ustedes si acá se viene a tratar de desarrollar normas en fun­ción a lo que se me ocurrió ofrecer en campaña. Entonces me parece un mal referente y eso también me preocupa”. Soltó esas palabras en un debate sobre el tema de la inmunidad parlamentaria. Días antes de esa exhaustiva confesión, como lo recordó Raúl Tola en una co­lumna, la congresista acciopopulista Rosario Paredes había puesto el primer terrón de aquel busto de quincha erigido en homenaje al cinismo: “Las leyes no pueden darse por un compromiso de campaña y dejar la función importante de fiscalización”.

La “gran prensa” trató a la ligera el tema. No sé por qué, pero lo sospecho: el peso del matriarcado mediático es muy grande en estos días. Y como se trataba de dos clientas potenciales del oenegismo ultrafeminista, había que tener cuidado. No fuera que las manuelas y las floras acusaran de misógino a quien señalará que habían sido dos mujeres las autoras de tamaño descaro parlamentario.

¿O sea que las promesas electorales se lanzan para el embauque y la trafa? ¿O sea que es válido ofrecer el oro y el moro y después reírse a solas en la oficina ganada con los votos de la ingenuidad? ¿O sea que puedes jurar que quieres adecentar la política y des­pués ser un compadrito(a) cualquiera?

Sí, señoras y señores. Eso es lo que hacen los po­líticos y las políticas. Pero no sólo ellos (ni ellas). Eso es lo que se hace en el Perú a todo nivel, en todos los campos, a lo largo y ancho de esta república aceitosa. La mentira es universal, es cierto, pero pocos son los países que le rinden culto. Aquí, la mentira se admira, se envidia, se fomenta. La “viveza criolla” es la mentira ancestral de nuestra identidad. Nos deslumbran los mentirosos. Huimos de la verdad cada vez que podemos. Y vaya que podemos.

La mentira, hermana de la traición, estuvo en las raíces de nuestro origen poscolonial. Mintió a su gusto el primer presidente (Riva Agüero) que terminó en tratos con los españoles. Mintió a rabiar Torre Tagle, que se pasó a las filas del enemigo. Mintieron los canallas que traicionaron a La Mar, lo depusieron y lo embarcaron rumbo a Costa Rica. Así empezamos nuestra historia de país independiente. Y así seguimos, apuñalándonos cada vez que podíamos, negándonos en la reciprocidad del exterminio.  

Hay quienes aspiran a que relativicemos todo y a que reconozcamos que la verdad es uno de los cadáveres exquisitos de la modernidad. Si nos plegamos a esa perspectiva, no hay verdad ni principios ni ética y ni siquiera naturaleza o realidad verificable. Se nos propone un mundo borroso visto desde las cataratas del impresionismo moral. Un mundo donde debe­mos tolerar todo desmán, condonar la arbitrariedad (siempre que esté de moda) y humillarnos ante “lo po­líticamente correcto”. Un mundo donde la ética es vista como un vintage y donde da lo mismo esforzarse por mantener el nivel que escribir como imbécil, decir atrocidades, proponer estropicios.

Después viene alguien que se las da de misionero(a) y te dice que de­bemos “comprender” al Frepap. Pues este columnista plantea que si debemos “comprender” al Frepap, lo mismo debe­ríamos hacer con las hordas de Abimael Guzmán. En ambos casos está, presente y elocuentísima, la barbarie. En ambos casos está expresada la derrota cultural del Perú. Si el mal gusto conduce al cri­men, como dijo Saint-John Perse, tanto Sendero como el Frepap proceden de la misma sombra. Los de Guzmán in­tentaron incendiar el país y refundarlo a partir de sus cenizas. Los del Frepap verbalizan la muerte de la cultura perua­na. No son una variedad imaginativa del futuro disfuncional: representan el viejo pasado de las masas conducidas a votar con pisco y butifarra (y que hoy pueden venerar al señor Ataucusi y creer en su resurrección al tercer día). Sendero creía en Guzmán: el Frepap se cree embajada espiritual del Gran Israel. ¿Cuánta oscuridad debe uno tener en la bóveda craneana para aceptar cualquiera de esas dos adhesiones?

Pero volvamos al tema que originó esta colum­na: la promesa electoral descartable. ¿Se imaginan el festival de compromisos que habrá en las próximas elecciones? A mí se me hace agua la boca pensando en lo que pueden ofrecer los candidatos del 2021. Y me conmueve pensar cuántos miles de peruanos, condenados al candor por el fracaso de la educación pública y la magnitud de la pobreza y la desigualdad, se tragarán esos anzuelos y votarán por quien mejor suene en los debates. Como sonaba Mirtha Vásquez Chuquilín cuando derramaba lisura y mil promesas.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 508, 25/09/2020  p09

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1 de marzo de 2020

Perú, AP amenaza con traicionar la reforma política

Carlos Monge

El gobierno del Presidente Vizcarra tiene muchos deméritos y en demasiados casos parece un barco a la deriva sometido a los caprichos del viento. Pero tiene también algunos méritos, como haber enfrentado a las mafias políticas fujimoristas y apristas; protegido el trabajo de la Fiscalía contra la corrupción; defendido la calidad y el enfoque de género en la educación; y promovido reformas en el sistema político y judicial.

Un aspecto central de la reforma política es hacer obligatorias las elecciones primarias y abiertas a la ciudadanía, al mismo tiempo que eliminar el voto preferencial y limitar severamente el financiamiento privado de las campañas. Así, las cúpulas de partidos poco representativos no seguirían armando listas siempre ganadoras en las internas de aparatos que ellas controlan, al mismo tiempo que se eliminaría la competencia electoral entre los candidatos de cada partido, muy influida por su capacidad de conseguir financiamientos privados.

El Congreso anterior limitó el financiamiento privado de las campañas y mantuvo el voto preferencial. Aprobó las primarias abiertas, pero con trampa, al incluir una disposición transitoria por la que en las elecciones 2021 solamente los nuevos partidos tendrán que hacerlas, mientras que esta obligación vale para los actuales 24 partidos con registro electoral recién para el 2026. Contra la ley y la ética, estableció reglas electorales diferenciadas, para beneficio de los partidos actualmente existentes.

La tarea de este nuevo congreso era restringir aún más el financiamiento privado, hacer valer las primarias abiertas para todos los partidos ya desde la elección 2021, y eliminar el voto preferencial.

Lamentablemente, Manuel Merino, vocero de la bancada de AP y posible próximo Presidente del congreso, ha declarado que las primarias abiertas “ponen en peligro la institucionalidad de los partidos políticos”. Ignora que la institucionalidad de los partidos ya está en crisis, pues son percibidos por la ciudadanía como cotos cerrados de personajes corruptos que quieren avanzar sus agendas personales desde cargos electos. Y anuncia que en este tema podríamos no solo no avanzar, sino más bien caminar para atrás, como el cangrejo.

Y Merino no está solo. Ya el FA se ha pronunciado contra las primarias abiertas y es muy probable que en el mismo sentido actúen otras agrupaciones que tienen dueño/candidato, cuyo supremo interés es consolidar sus candidaturas desde el control de los aparatos partidarios.

Si Merino expresa el pensamiento de la bancada de AP y consigue en el congreso los aliados que pienso que puede conseguir, se cae una pieza fundamental de la reforma política y -una vez más- se traiciona una importante expectativa ciudadana.


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7 de febrero de 2020

Perú: Tesis sobre el 26 de enero

Sinesio López

1. La convicción (gracias a la campaña de las redes sociales) de que los votos blancos y viciados favorecían al fuji-aprismo y a sus aliados indujo a los indecisos y contestatarios a optar, en forma abrumadora, por UPP (Antauro), Frepap y PP (Urresti) y, en menor medida, por las izquierdas. Esa avalancha de votos de última hora redujo la sobre-representación fujimorista de 73 a 15 congresistas y desapareció al Apra y a sus aliados de ultraderecha.

2. El rechazo al obstruccionismo y a la corrupción acabó con la polarización entre el Ejecutivo y el Legislativo y generó una fragmentación política regional que expresa las fracturas sociales del país y traduce los diversos estados de ánimo de los ciudadanos desde los más radicales de la sierra sur hasta los más conservadores de Lima y Piura (costa), pasando por los moderados de otras regiones de la costa.

3. Estas fracturas sociales y estados de ánimo son estructurales y proceden principalmente de dos factores: el nivel de participación de la población en el crecimiento económico en términos de empleo e ingreso y el nivel de acceso a los bienes públicos que distribuye el Estado (salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura). En ambos factores la sierra y la selva son las más desfavorecidas, su población es la más descontenta y vota generalmente en forma contestataria. La costa es la más beneficiada, su población está más satisfecha y vota por candidatos moderados o conservadores.

4. Los estados de ánimo de las regiones son más o menos estables. Los volátiles son sus representantes políticos. Las iras del sur andino, por ejemplo, se expresaron en la candidatura de Toledo el 2001, en la de Humala el 2006, nuevamente en Humala el 2011, en la de Verónika Mendoza el 2016 y en la de Antauro Humala el 2020.

5. El éxito de los “partidos” depende del nivel de asentamiento en ellas (organizaciones, redes sociales, control de poderes locales) y de los recursos que tienen. Son los casos de AP, APP, Frepap, FA. En los casos de UPP y de PP el liderazgo de Antauro y de Urresti, respectivamente, han sido las claves del éxito alcanzado.

6. Los resultados electorales acabaron con la crisis de gobernabilidad como producto de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no han resuelto la crisis de representación. Si se consideran los votos nulos y blancos, el ausentismo electoral y los votantes que no pasaron la valla electoral, más del 60% de los ciudadanos no están representados en el Congreso.

24 de enero de 2020

La lucha continúa

Sinesio López

La lucha por la reforma política no terminó con la disolución constitucional del Congreso anterior. Ni culmina con la elección de uno nuevo. Ella concluye con éxito si el fuji-aprismo y sus aliados son derrotados y son elegidos los representantes de las fuerzas políticas que impulsan el cambio del sistema político (el sistema electoral, el sistema de partidos y la forma de gobierno). El éxito sería rotundo si triunfaran las fuerzas políticas que quieren también el cambio del régimen político (una nueva constitución y una nueva relación entre el Estado y la sociedad) y del Estado. Esto último es difícil, pero no imposible.

Pese a que la lucha fue intensa en el congreso y en la calle y se lograron algunos avances, estos fueron debilitándose hasta quedar en nada. La reforma parece haber ido de más a menos. En un primer momento, ella se planteó como un cambio en el sistema político, dejando de lado el cambio del régimen político y el del Estado. En un segundo momento, se redujo a algunos cambios en el sistema electoral y en el sistema de partidos, excluyendo el cambio de la forma de gobierno. Luego, la mayoría fuji-aprista y sus aliados en el congreso limaron el filo más reformista de la propuesta. Finalmente, Vizcarra convocó a elecciones del nuevo congreso (luego de la disolución constitucional del anterior) sin atreverse a defender los pequeños avances que se habían logrado.

Con esa convocatoria sin reformas, volvieron el mismo JNE, las viejas reglas de juego electoral, los mismos partidos. Al no aplicar la valla electoral, el JNE mantiene la misma fragmentación partidaria para las elecciones del 2021. La primera reacción de la ciudadanía ha sido de rechazo y de protesta: más del 50% de los ciudadanos se negaban a votar o querían votar blanco y viciado. Este es el escenario ideal del fuji-aprismo y de sus aliados. Como los votos blancos y viciados no cuentan, obtienen una sobre-representación política en la que el 8% o el 10% de sus votos se transforman en 30 o 40 representantes.

Las últimas encuestas muestran un lento desplazamiento del voto blanco y viciado hacia una opción electoral por las fuerzas que impulsan la reforma política. Si este desplazamiento se acelera puede producir algunas sorpresas electorales. Se podrá apreciar también si la vasta gama de izquierdas es capaz de unir lo que algunos dirigentes irresponsables han dividido votando por cualquiera de sus listas.


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20 de enero de 2020

Permanentemente sinvergüenzas

Sigrid Bazán

Un taxista me comentaba el otro día: “¿Se da cuenta? Vamos meses sin un Congreso y no pasa nada”. Más allá de enfrascarnos en la importancia de tener un equilibrio de poderes para mantener nuestro sistema democrático, empezamos a conversar sobre la Comisión Permanente. ¿Qué han venido haciendo esos 28 congresistas que aún están en funciones y reciben su sueldo cada mes?

La actual Comisión Permanente, de mayoría fujimorista, no puede legislar. Algunas de sus funciones son: designar al contralor general, ratificar las designaciones del presidente del BCR, aprobar transferencias y habilitaciones del presupuesto y, sobre todo, recibir y analizar los decretos del Poder Ejecutivo.

No se trata de aprobar o desaprobar los decretos del gobierno de Martín Vizcarra, pues sus funciones son simplemente administrativas. Lo que sí tenían como mínima obligación era emitir informes que deriven del análisis de lo recibido. Aquí viene lo curioso. De acuerdo al semanario Hildebrandt en sus trece, el presidente ha expedido hasta ahora 54 decretos y esta Comisión Permanente ha presentado solo CINCO informes. ¿Qué rayos han estado haciendo entonces? Lo primero: desperdiciar recursos. No solo siguen ganando un jugoso sueldo de 16 mil soles mensuales, sino que, hasta el año pasado y en menos de un mes, el fujimorismo y sus aliados en funciones contrataron a 91 trabajadores (amigos suyos) más. También se dieron sus viajecitos, hasta Corea del Sur, cuando esa ya no es más una de sus prerrogativas.

Tanto criticaba la oposición a Martín Vizcarra, tanto le decían corrupto, que cuando él pidió dar un paso al costado para convocar a elecciones generales, el fujimorismo y sus secuaces dijeron no. Ahora que Vizcarra gobierna solo con su equipo y la única función de esta Comisión es revisar sus decretos, la Fuerza Número 1 dice no. Lo único importante ha sido meter gente a cargos públicos, blindar, obstruir, y hacernos perder el tiempo con sus explicaciones de por qué el sexo es solo para reproducirse.

Cuando Pedro Olaechea dice que: “El Tribunal Constitucional ha hecho un mal servicio a la Nación” por resolver que la disolución del Congreso fue constitucional, todos nos preguntamos, ¿Cuál es el buen servicio que ustedes, aún congresistas, vienen realizando? Quizá esta pregunta nos sirva para estar preparados para el próximo fin de semana electoral.


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