Perú, Crisis política frente a la pandemia

 Sigrid Bazán

Las jugadas para vacar a Vizcarra son, en el fondo, movidas para escalar hasta la presidencia, para satisfacer el ego de algunos y pagar favores a otros. Estos días de tensión política vienen demostrando que lo único que buscaría el presidente del Congreso, Manuel Merino, es que se aplacen las elecciones convocadas para abril del próximo año y así poder ser presidente en ese interregno. Es la consecuencia lógica de lo que están haciendo al confabular la vacancia del presidente, entre varios, intentando incluso dividir a las Fuerzas Armadas que hoy por hoy se juegan la vida enfrentando a un virus letal.

¿Quiénes son estos personajes que, en medio de los enfermos y fallecidos por la pandemia, intentan hacerse del sillón presidencial? Nada más y nada menos que el congresista Edgar Alarcón, del partido que postulara a Antauro Humala pese a estar preso. Alarcón es investigado por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito cuando trabajaba en la Contraloría General de la República, aunque actualmente se escuda en la inmunidad parlamentaria que lo protege hasta julio del próximo año.

Merino de Lama de Acción Popular, por su parte, permitió el show que armó Alarcón al presentar los audios fuera de su comisión, en el pleno, delante de todos y en transmisión por señal abierta. Resulta penoso para un partido con tanta historia ver que los egos pesen más que los principios entre sus representantes políticos y que ahora incluso el presidente del Congreso tenga que, eventualmente, enfrentar una denuncia por el delito de sedición, por intentar romper con el orden constitucional.

Está claro que la pugna por el poder no acaba aquí: los intereses son varios y el plan de la vacancia viene orquestándose meses atrás. El propio Martín Vizcarra afirmaba que sabían de grabaciones suyas desde julio. ¿Por qué soltarlas recién? Es una pregunta más que pertinente cuando se dice que existen muchas más grabaciones que aún no habrían sido reveladas.

Vizcarra tendrá que responder ante la justicia por todo, como debe ser. Su gobierno ha cometido y sigue cometiendo muchos desaciertos en la lucha contra el coronavirus. Políticamente hay mucho que criticar, judicialmente habrá que investigar, pero de ninguna manera se puede permitir un golpe de Estado para favorecer los intereses de terceros, mientras la población es juzgada y culpada por una enfermedad que no eligió padecer.

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Pandemia: Retomando discusiones importantes

Sigrid Bazán

Esta pandemia ha desnudado realidades disímiles; sociedades complejas, precarias, racistas y la crisis económica solo llegará para asentarse y profundizar aquellas características. Al menos este es el análisis generalizado que muchos repiten, quedándose quizá en el análisis, sin poner énfasis en todo lo que se podría hacer para mitigar sus letales consecuencias. Y es que esta es la labor de nuestra clase política… la que ahora pierde el tiempo discutiendo, peleando batallas perdidas, motivados por el oportunismo electoral hasta el 11 de abril del próximo año.

Todos los años, organizaciones de la sociedad civil vienen estudiando la desigualdad a nivel mundial y nuestro país no es la excepción. La realidad es que hasta fines de enero de este año, en América Latina y el Caribe, “el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. El número de milmillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000” (Informe Oxfam, 2020).

En esa línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo abrió su banco de datos y Ojo Público reveló el detalle: “22 grupos económicos con matrices en los paraísos fiscales de Bermuda y Luxemburgo operaban en el Perú a través de 59 empresas subsidiarias”. La razón detrás de establecer este mapa de datos es registrar presuntos esquemas de elusión fiscal, teniendo en cuenta los reportes país por país; en nuestro caso, tomando en cuenta la información declarada ante la Sunat.

Esas cifras también nos sirven para el momento de tomar acción: nos enfrentamos mundialmente a una ola de rebrotes que podrían devenir en una nueva cuarentena, es decir, en un nuevo freno para la economía. Es ahí en donde tenemos que replantearnos qué hacer con nuestra desigualdad. Se dejó de lado la discusión sobre el impuesto al patrimonio, cuando cada vez más cifras y un mayor número de análisis cualitativos nos demuestran que es una medida aplicable bajo ciertos parámetros. Vivimos en un país con altos niveles de informalidad, pero también en uno donde hay gente que lo tiene todo y gente que no tiene ni para comer. El sentido de humanidad –no solo de unión– entre los peruanos tiene que calar en las discusiones congresales y en el imaginario de todos. Es un buen momento para empezar a cambiar todo, y enrumbarlo hacia un mejor destino.

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Ciudadanos de segunda categoría, aún

Sigrid Bazán

Once años han pasado desde la masacre en Bagua. Desde que miles de ciudadanos en la selva se movilizaron por casi dos meses en protesta contra un paquete de leyes que, bajo el pretexto del TLC Perú-Estados Unidos, buscaba imponerse y vulnerar los derechos de los pueblos indígenas.

Recordamos y recordaremos esta fecha porque tuvimos un presidente que redefinió, a costa de la vida de decenas de personas, el concepto de discriminación en nuestro país: el famoso síndrome del perro del hortelano y su discurso para los “ciudadanos de segunda categoría”. Frente a esto marchamos el 2009. Salimos a las calles desde todas las regiones del país, a respaldar una lucha en común y a dar cuenta de los hechos por los que la historia recordará al segundo gobierno de Alan García como un pisoteo sistemático de derechos, uno tras otro.

Hoy más que nunca, en medio del Covid-19, nos damos cuenta de lo enraizado del problema. De lo enquistada que está la discriminación. Recordando el baguazo es que notamos que la ausencia del Estado para con nuestros pueblos indígenas persiste. Hasta hace algunos días, Bagua continuaba siendo la provincia con más infectados en Amazonas (Bagua Grande y Bagua aún figuran como distritos de alto riesgo). Muchos se encuentran incomunicados desde hace días por las lluvias y los vientos, muchos se quedaron sin cultivos.

Y es que no hay una estrategia sanitaria concreta, diferenciada, ni para la Amazonía, ni para la población indígena. Leía en uno de los textos del antropólogo Rodrigo Lazo: “Los pueblos indígenas hace mucho que no viven únicamente en sus comunidades. Algunos migraron a las ciudades para suplir los recursos que foráneos depredaron en sus territorios”. Es por ello que cuando hablamos de indígenas, nos enfrentamos a una realidad compleja, urbana y rural, con matices, que debe ser entendida y apoyada en toda su diversidad y amplitud.

En el Ministerio de Cultura tenemos a una viceministra de interculturalidad hace aproximadamente 6 años en el cargo. Tenemos a un nuevo ministro que ya ha trabajado antes en el sector: ¿qué hicieron antes y qué harán ahora? ¿Todavía hay alguien que crea que los bonos están llegando efectivamente a las comunidades? ¿Que la reactivación económica está significando algo para ellos? ¿O seguimos en esa disociación en donde el Estado termina asumiendo un silencio cómplice mientras la gente muere por hambre, por falta de agua, por dengue, por coronavirus?

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Discriminación y racismo en cuarentena

Sigrid Bazán

El escalofriante registro del asesinato de George Floyd ha despertado la indignación del mundo entero. Imágenes que retratan las brutales consecuencias de un racismo intrínseco, fenómeno que en nuestro país confluye con otras variables de manera bastante particular en medio de esta cuarentena.

El racismo como parte del trágico fenómeno de la discriminación en el Perú no siempre tiene representaciones tan gráficas, pero está presente tanto en las relaciones interpersonales, como desde las instituciones. La I Encuesta Nacional registraba ya para el 2017 que los principales lugares donde los peruanos se han sentido discriminados son hospitales públicos o postas médicas (22%), comisarías (19%) y municipalidades (14%). Y es que esta pandemia no ha sido la excepción para darnos cuenta de que el racismo y el clasismo van de la mano en un país cuyo Estado sigue ausente para las grandes mayorías.

Como fenómeno social, el racismo se materializa en la exclusión de determinados derechos y esto ha sido clarísimo en el tratamiento de aquellas personas que habiendo tenido los recursos para viajar, regresaban al país y se confinaban en cómodos hoteles, mientras que centenares de desplazados tenían que caminar kilómetros para exigir ayuda y un medio de transporte, durmiendo sobre cartones a la intemperie.

Otra demostración está en el trato a los comerciantes informales. Desde el discurso, el gobierno (y seguro muchos en la comodidad de sus hogares) viene echándole la culpa a las personas, cuando el problema es estructural. ¿Pensó el Estado en aquellas personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, que no iban a soportar económica o socialmente las medidas de confinamiento? Por supuesto que lo institucional es un reflejo de nuestra cultura: 53% de los entrevistados en la primera Encuesta sobre Diversidad Cultural y Discriminación (2018) consideran que los peruanos son racistas o muy racistas, pero solo el 8% se reconoció como racista. Dicho sea de paso, ya nos dice bastante que recién hace dos años las autoridades hayan empezado a profundizar en la investigación de este fenómeno.

Está claro: el Estado peruano sigue arrastrando las mismas taras de hace siglos: el trato de “ciudadano” no es para todos. Eres “poblador”, y puedes quedar fuera del radar según tus rasgos y tu situación socioeconómica.

Existen, por supuesto, muchas diferencias entre lo que ocurre aquí y lo que vemos en Estados Unidos. Quizá una distinción clave es que en Estados Unidos existe una discusión real sobre este fenómeno y las distintas fuerzas políticas hacen suyo el tema del racismo y la discriminación. Aquí nadie parece mencionarlo. No es una bandera política, aunque constituya una amenaza real, quizá una de las más importantes.

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Perú: Por un nuevo sistema de salud

Sigrid Bazán

“El coronavirus nos plantea el reto de crear un nuevo sistema de salud”. Estas han sido las palabras del ministro de salud, Víctor Zamora, y del presidente de la República reiteradas veces. Sin embargo nos preguntamos qué se viene haciendo para allanar el camino. Más allá de las nuevas adquisiciones (camas, respiradores, etc.), el tema de los medicamentos plantea, ahora más que nunca, un enorme reto: el de romper los oligopolios y asegurar medicinas para todos.

En medio de la pandemia, el sector salud debería quedar en manos del Estado, sin embargo ya hay laboratorios privados que vienen ofreciendo pruebas de descarte a 300 o hasta 700 soles. Si tienes dinero podrás acceder a ellas, de lo contrario, quedas a merced de una cruel espera en la que te toca luchar solo. Luchar por sobrevivir.

La situación del precio y accesibilidad de los medicamentos es igual. En Lambayeque y en otros puntos del país en donde la situación debido al Covid-19 se ha agravado, ya no hay medicamentos genéricos y los de marca han aumentado entre 5 a 20 veces su precio. Ocurre con la cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina y enoxaparina. Y aquí es donde vuelve a surgir el complejo tema de fondo: la gran concentración en las grandes cadenas de boticas y otros relacionados a la salud. Un mismo grupo económico tiene una cuota enorme del mercado farmacéutico con laboratorios, distribuidoras y cadenas de distribución, siendo Inretail (de propiedad de Intercorp) dueño de empresas como Inkafarma, Química Suiza, Mifarma, Boticas BTL, Fasa, Boticas Arcángel, etc.

Ya en el 2016, Indecopi sancionó a todo este grupo de empresas por acordar el incremento del precio de 36 medicamentos (sí, las empresas que manejan temas de salud siguen siendo empresas y muchas veces piensan más en plata que en salud). Y aún no se fortalecen las normas para que, más allá de una multa, las sanciones frente a este tipo de abusos sean ejemplares.

Fuera de la discusión por establecer un control de precios (discusión que muchos aborrecen incluso en momentos de catástrofe o pandemia mundial), la pregunta es cómo protegemos a los consumidores frente a eventuales concertaciones en los precios de bienes que deberían ser parte de un derecho universal: el derecho a la salud. Cómo protegemos la salud de las personas por igual, sin exclusiones. Creo que pensar en eso es pensar en lo que nuestras autoridades dicen pero frente a lo que poco se hace: un nuevo sistema de salud.

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COVID-19: Hambre y muerte

Sigrid Bazán

Acabamos de recordar el Día Internacional del Trabajador aunque no haya mucho que celebrar, ni para los que están dentro del sistema formal, ni para la mayoría de peruanos que vive un escenario catastrófico a casi 50 días del estado de emergencia. Este es el drama de “los desplazados”, miles de personas que llegaron a Lima para buscar un mejor futuro y que ahora se organizan para regresar en caminatas imposibles que terminan en protesta, mientras esperan una alternativa frente al hambre y la falta de un techo.

Este conflicto social, como muchos otros, no ha sabido ser manejado con anticipación por parte de una gestión económica que solo ha ofrecido bonos, de manera progresiva (lenta) y con un sistema de cobro irrealizable para quienes abandonan Lima y buscan regresar a sus familias.

A diferencia otros países que congelaron alquileres y servicios (agua, luz, teléfono), nosotros seguimos estancados en un debate sobre leyes que no han sido previstas para casos de emergencia/pandemia mundial. Tenemos una Constitución que, desde los noventa, amarra el Estado al poder económico de los privados y recorta toda capacidad para atender a los más necesitados. No se pueden intervenir contratos de alquiler y las personas que alquilan no tienen con qué pagar los servicios de estas viviendas.

La única opción son albergues como el de Huampaní, todos hacinados, porque hay muchas más personas sin techo ni recursos que lugares para atenderlos. El otro gran reto es la cantidad de pruebas de descarte. Sin descarte de Covid-19 es imposible trasladarlos a estos lugares en donde seis duermen en una misma carpa. Un informe de Mitra Taj y Marco Garro para Ojo Público relata el desgarrador testimonio de una muy joven madre de tres pequeños: “Mi mamá tiene su chacra en Pucallpa y no le cuesta nada comer o encontrar pescado. Aquí en Lima nos tratan como animales”.

Esta situación además ya cobró la vida de un niño, en medio del éxodo de un grupo de ancashinos que llevaban por lo menos una semana caminando. El pequeño tenía cáncer y en medio de la crisis era imposible continuar su tratamiento.

Para un sector informativo y de las autoridades, estas son personas necias, rebeldes y constituyen un peligro. Cero empatía y ninguna intención de querer escuchar lo que hay detrás de tantos testimonios. Y por parte de esta gestión gubernamental, ni una pizca de perspectiva a la hora de ayudar a la gente. A casi dos meses, parece que toda ayuda llega demasiado tarde.

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Perú: Poder económico vs. La gente

Sigrid Bazán

Se acabó la ilusión, se rompió el espejismo, el Perú no es el país que nos pintan, que destaca a nivel mundial por su gran manejo macroeconómico, que brilla por tener la mejor tasa de endeudamiento internacional. Se supone que estamos dentro de los mejores, pero ¿cómo darles esperanzas a aquellas personas en la pobreza, diciéndoles que estamos en la capacidad de colocar los mejores bonos en el mercado?

Así es cuando tenemos un país “ideal” hacia afuera, pero por dentro la realidad es otra. Casi 4 millones de peruanos sin agua, más de 8 millones sin desagüe. Un país que ofrece transferencias de dinero para aliviar el sufrimiento de los pobres, pero no sabe quiénes son, ni dónde están. Un Banco de la Nación que no puede servir a la nación, muchísima gente que hasta ahora no cobra un sol, no recibe canasta de alimentos, no recibe educación virtual. Es saludable para un país contar con índices macroeconómicos fuertes y robustos, pero si eso no va de la mano con dinero en el bolsillo de la gente, con un Estado que brinde servicios públicos de calidad y proteja al trabajador frente al abuso, nuestros índices son solo eso. Números.

En Iquitos, decenas de personas esperando que el camión recolector descargue para buscar comida entre los desechos. Desde Lima, gente que intenta caminar centenares de kilómetros porque los botaron de cuartos alquilados y no tienen para comer ni darles de comer a los suyos. En medio de la crisis, el gobierno se lava las manos sobre cosas como esta, diciendo que los alquileres constituyen un acto entre privados, cuando todas esas personas se ponen y ponen a otros en peligro de contagio al verse obligados a salir.

El Perú es el segundo país con más casos de tuberculosis en toda América Latina, uno de los que menos presupuesto destina a salud. En dengue y anemia también batimos récords que avergüenzan. Y es que vivimos en un país gobernado por un Ministerio de Economía ciego, sordo, mudo, indiferente e ingrato. Siempre ha sido así. Alcaldes que deben hacer cola y esperar horas para poder pedir presupuesto, mientras que la argolla financiera del poder obtiene lo que quiere con una llamada.

El coronavirus ha desnudado algo que resultaba evidente hace años. El Estado y sus decisiones se encuentran condicionadas al poder económico. Este poder no se somete a elecciones, gobierna por encima de la democracia. Ahora es el momento de replantear eso y encaminarnos hacia un Estado presente y un gobierno que ponga por encima la economía del bolsillo de la gente.

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Perú; El valor de tu voto

Sigrid Bazán

No arranca la legislatura y ya al menos 3 bancadas se encuentran en la pugna por el liderazgo. El problema es que no disputan el liderazgo de la Mesa Directiva o del Congreso en general. Usaron a su partido político como vehículo para postular y ahora no tienen idea de qué hacer con él. Eso o no tienen idea de qué hacer con el nuevo mandato que les espera.

El caso del Frepap es el más increíble. Resulta que ahora ni siquiera saben dónde está el principal dirigente del partido, o nunca lo supieron. Los Ataucusi han demostrado que no solo van a aportar propuestas sino también problemas familiares al Congreso porque han puesto hasta una denuncia policial por la desaparición de Jonás Ataucusi. Además, internamente se ha denunciado corrupción porque muchos de los israelitas dejaron atrás sus votos de pobreza para pasar a ser dueños de varios inmuebles, vehículos entre otros.

Y mientras que el pescadito no puede ponerse de acuerdo por ser una organización religiosa-familiar, el partido Podemos no puede con el genio de José Luna Gálvez, excongresista que ni postuló ni entró al Congreso esta vez pero que aun así se apareció antes que el propio Daniel Urresti en la reunión con Martín Vizcarra. Y es que cuando los partidos políticos tienen dueño, poco o nada pesa la decisión del elector. Tu voto por Daniel Urresti bien puede haber sido un voto para José Luna, sobre el que además pesa un pedido de 36 meses de prisión preventiva junto con Castañeda Lossio y otros exfuncionarios municipales.

Ya en otro espectro del análisis se encuentran bancadas como la de Acción Popular, un partido en el que hace meses existe esta pugna por el liderazgo. Desde la inesperada pero contundente victoria electoral del partido de la lampa en las elecciones municipales y regionales, ha sido un botín apetitoso para nuevos y antiguos rostros de la política. Ahora vemos que sus más recientes virtuales congresistas tendrán el reto de ejercer la función pública, en la mayoría de casos, por primera vez. Y seguro que habrá alguien desde el partido intentando capitalizar todo ese esfuerzo. Porque incluso los partidos con mayor trascendencia enfrentan ahora el gran problema del sistema político peruano hasta ahora sin resolver: la precariedad de sus instituciones.

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Lima no es el Perú

Sigrid Bazán

El voto de estas elecciones ha sido, sin duda, un voto disconforme. No solo se ha votado en contra de partidos como Fuerza Popular o el APRA, sino que se ha apostado por rostros jóvenes y completamente nuevos.

Dentro del voto disconforme −pese a las divisiones− la izquierda sigue generando interés: Perú Libre, con Vladimir Cerrón; Juntos por el Perú, con Verónika Mendoza; y el Frente Amplio, con Marco Arana. Ninguno de los líderes de estas agrupaciones se postularon o fueron protagonistas en esta campaña congresal, sin embargo, generaron casi dos millones de votos en una elección de 21 agrupaciones políticas, lo que ya auguraba un voto bastante disperso.

Por supuesto resulta complicado hablar de ganadores o perdedores y casi imposible analizar la real representatividad de cada organización. ¿Acción Popular fue el partido más votado? Seguro que sí, pero ojo: sacó un 10% a nivel nacional. Del mismo modo, el 40% del voto para el FREPAP estuvo en Lima, pero dicho frente solo obtuvo un 8% en total.

Pese a todo, ha sido sin duda un ejercicio interesante separar las elecciones congresales de las presidenciales, sin el arrastre de un candidato a la cabeza del Ejecutivo. Ha sido interesante para recordar que Lima no es el Perú y que, aun así, hay partidos netamente limeños como el PPC o como ha demostrado ser el propio Partido Morado.

Y si Lima no es el Perú, no dejan de sorprendernos las curules que ocuparán los parlamentarios de UPP que postularon con Antauro Humala, planteando un discurso conservador, xenofóbico y violento. Un partido que le ha quitado terreno a las candidaturas progresistas, sobre todo en el centro y sur del país.

Y es por ello que la izquierda se ha jugado mucho en esta campaña. Más allá de buscar la unidad como fin en sí mismo o de tener una agenda clara, la izquierda parece haber perdido contacto con la política real. El correcto ‘know how’ o cómo hacer política fuera de la capital, hacia la gente, y dentro del movimiento o partido. La desconexión ha sido abrumadora, internamente y para con el país.

Urge una autocrítica sesuda desde este sector por recuperar el espacio (aún en disputa) cedido a los grupos más recalcitrantes y conservadores. Porque el potencial de cambio que buscaba y aún busca la gente estaba en la izquierda, porque las expectativas estaban ahí y nada de esto se pudo capitalizar.

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Permanentemente sinvergüenzas

Sigrid Bazán

Un taxista me comentaba el otro día: “¿Se da cuenta? Vamos meses sin un Congreso y no pasa nada”. Más allá de enfrascarnos en la importancia de tener un equilibrio de poderes para mantener nuestro sistema democrático, empezamos a conversar sobre la Comisión Permanente. ¿Qué han venido haciendo esos 28 congresistas que aún están en funciones y reciben su sueldo cada mes?

La actual Comisión Permanente, de mayoría fujimorista, no puede legislar. Algunas de sus funciones son: designar al contralor general, ratificar las designaciones del presidente del BCR, aprobar transferencias y habilitaciones del presupuesto y, sobre todo, recibir y analizar los decretos del Poder Ejecutivo.

No se trata de aprobar o desaprobar los decretos del gobierno de Martín Vizcarra, pues sus funciones son simplemente administrativas. Lo que sí tenían como mínima obligación era emitir informes que deriven del análisis de lo recibido. Aquí viene lo curioso. De acuerdo al semanario Hildebrandt en sus trece, el presidente ha expedido hasta ahora 54 decretos y esta Comisión Permanente ha presentado solo CINCO informes. ¿Qué rayos han estado haciendo entonces? Lo primero: desperdiciar recursos. No solo siguen ganando un jugoso sueldo de 16 mil soles mensuales, sino que, hasta el año pasado y en menos de un mes, el fujimorismo y sus aliados en funciones contrataron a 91 trabajadores (amigos suyos) más. También se dieron sus viajecitos, hasta Corea del Sur, cuando esa ya no es más una de sus prerrogativas.

Tanto criticaba la oposición a Martín Vizcarra, tanto le decían corrupto, que cuando él pidió dar un paso al costado para convocar a elecciones generales, el fujimorismo y sus secuaces dijeron no. Ahora que Vizcarra gobierna solo con su equipo y la única función de esta Comisión es revisar sus decretos, la Fuerza Número 1 dice no. Lo único importante ha sido meter gente a cargos públicos, blindar, obstruir, y hacernos perder el tiempo con sus explicaciones de por qué el sexo es solo para reproducirse.

Cuando Pedro Olaechea dice que: “El Tribunal Constitucional ha hecho un mal servicio a la Nación” por resolver que la disolución del Congreso fue constitucional, todos nos preguntamos, ¿Cuál es el buen servicio que ustedes, aún congresistas, vienen realizando? Quizá esta pregunta nos sirva para estar preparados para el próximo fin de semana electoral.

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2019-2020

Sigrid Bazán

¿Qué hechos resumen este 2019? Pienso que esta columna, la primera del 2020, puede ser útil para recordar que hace un año destituyeron e, inmediatamente después, restituyeron a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato: Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Pero no solo hechos políticos marcaron el 2019. La tragedia en el ex terminal de Fiori en el que fallecieron hasta 17 personas nos recuerda que pocas medidas se implementaron y que aún sufrimos las terribles consecuencias de la informalidad en el transporte.

Abril fue particularmente complicado. El 10 de ese mes detuvieron al expresidente Kuczynski que hasta ahora se encuentra con arresto domiciliario y el 17 falleció Alan García, luego de quitarse la vida en su propio domicilio. Muchos aún se preguntan qué hubiera ocurrido si el expresidente hubiese cumplido la detención preliminar y seguido el proceso.

En mayo se anuncia la reforma política de la que aún tenemos retazos y en julio las cosas se detienen en el momento en el que Perú celebra su segundo lugar en la Copa América. Los días siguientes también parecían de celebración ya que, tras el arresto de Alejandro Toledo en Estados Unidos, había cierta sensación de que la justicia estaba tocando nuestras puertas.

Sin embargo, la alegría no duró. Pedro Olaechea fue elegido presidente del Congreso continuando con el nefasto legado fujimorista al mando de todas las mesas directivas anteriores. El intento por continuar copando instituciones llegó hasta el Tribunal Constitucional y es ahí donde el presidente Martín Vizcarra decide proponer el adelanto de elecciones en el mensaje presidencial por 28 de julio. La Comisión de Constitución decide archivar el proyecto y Vizcarra termina anunciando la disolución definitiva del Congreso el 30 de septiembre.

Llegamos a lo último. A finales de noviembre el Tribunal Constitucional libera a Keiko Fujimori en una historia que aún no termina. Aún estamos a la espera de si regresa o no a cumplir prisión preventiva por varios delitos más de los que ahora se le acusa.

Diciembre llegó con sabor a tragedia pues nuestro inhumano sistema laboral permitió la muerte de dos jóvenes que ganaban S/ 4.50 en las peores condiciones dentro de un McDonald’s.

Pero transversal a esto, al menos 164 mujeres fueron asesinadas a manos de feminicidas este 2019. Según la ministra de la mujer, de esos 164 malditos, solo existe UN sentenciado.

Arranca el nuevo año y arranca una época de cambios. Que todo sea para mejor.

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Navidad no tan feliz

Sigrid Bazán

Es Navidad y creo que a todos nos gustaría tener mejor semblante por algunas noticias como la captura de Adolfo Bazán o el retiro y la denuncia penal contra seis policías que fueron cómplices de un feminicida, pero la verdad es que no.

No nos alegra que “la justicia llegue tarde, pero llegue”. No nos alegra, nos asusta. Hoy, por estas fechas, toca hablar fuerte y claro, por las que ya no están. Por esa pequeñita de 2 años que falleció ayer, una víctima más en El Agustino del feminicida Juan César Augusto Huaripata Rosales.

De acuerdo con la fundación Thomson Reuters, Lima es la quinta ciudad más peligrosa para las mujeres del mundo. La primera ciudad más peligrosa para nosotras en Latinoamérica. Aun así, la indolencia campea. Somos más creativos para hacer memes y burlarnos de las protestas feministas de otros países porque somos incapaces de mirar el nuestro. Porque hay quienes se reirán y se burlarán hasta que les pase a sus hermanas, a sus madres, a sus hijas. Y ojalá no les pase jamás.

La ministra de la Mujer hace poco dijo: “De los 160 feminicidios en lo que va del año, solo hay un sentenciado”. Pues es momento de actuar y dejar de pensar que contabilizarlos ayuda en algo.

Aquí es donde entra el rol de los políticos, pues ya sabemos que todo el esfuerzo y espíritu de lucha desaparece luego de la campaña electoral. Quizá sea positivo que ya tengamos 20 candidatos que han renunciado a su postulación, varios separados por sus propios partidos por sentencias y nulas credenciales éticas. Es por eso que no debemos subestimar el poder elegir. El desterrar de nuestra política a los mamanis, a los acosadores sinvergüenzas, a toda esa violencia que se expresa de mil formas .

Y bueno, sin duda será una semana movida. Mañana 26 de diciembre se discutirá el nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y el 27 se zanjarán las listas al Congreso, tendremos la oferta final de la que saldrán nuestros próximos representantes.

La información ahora es nuestra principal herramienta, pues nos hemos acostumbrado a una lamentable angustia que por estas fechas nos dice: todo pasa entre gallos y media noche. A estar atentos y movilizados que aún podemos hacer mucho para cambiar las cosas.

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El “joven barato” en el Perú

Sigrid Bazán

Nuestro país atravesó un profundo proceso de flexibilización laboral durante la década de los noventa, años en los que se instituyeron los despidos arbitrarios minando la estabilidad laboral, se ampliaron las modalidades de contratación temporal, se incorporaron las tercerizaciones y subcontrataciones, se complicaron los requisitos para formar sindicatos (y se desarticularon los que ya existían), se recortaron derechos laborales y se dejó a la gran empresa exenta de muchas responsabilidades.

Varios años de creciente informalidad, subempleo y empleo precario han pasado y aún seguimos observando, impotentes, las consecuencias del modelo. Es así como uno de los momentos en los que la discusión sobre nuestro marco laboral se reavivó fue en el 2017, solo cuando la tragedia llegaba a los principales titulares: dos jóvenes que trabajaban encerrados, doce horas al día, de lunes a domingo, habían muerto en Las Malvinas. Ganaban entre 20 a máximo 100 soles por semana y terminaron calcinados en un incendio al interior de la galería Nicolini.

Por supuesto que la indignación duró poco. Se discutieron las mismas “fórmulas” contra la informalidad, más de lo mismo. Es curioso (y de cualquier manera lamentable), pero unos meses después se anunciaron modificaciones al Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo para el sector formal. De hecho, desde el 2014 las multas por infracciones laborales por parte de los empleadores habían sido temporalmente reducidas hasta un 35% de lo establecido (Toyama, 2017)* y ese año se redujeron en un 50%.

Ahora, este 2019 fallecieron dos jóvenes trabajadores de McDonald’s y volvemos a replantear lo discutido. ¿Queremos seguir creyéndonos el rollo de que la cuestión laboral se resume al debate sobre la informalidad, como si no fuera evidente que la flexibilización y la complicidad de las autoridades han llevado a que estas desgracias sucedan? ¿No nos dice algo el que las víctimas hayan sido nuevamente dos jóvenes?

Parece que aún nos cuesta creer que la informalidad es una respuesta a la falta de empleo formal y caemos en el sinsentido de pensar que la solución está en crear puestos de trabajo a costa de los trabajadores. Explotando a los más jóvenes, por ejemplo. Nos cuesta admitir que las medidas de flexibilización no resultaron, que no solucionaron el problema en las Mypes y que siguen poniendo vidas en riesgo. Ojalá los candidatos al Congreso respondieran: ¿ese es el modelo que quieren sostener?

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Obstrucción e impunidad

Sigrid Bazán

Una de las razones por la que ha resultado difícil avanzar en las investigaciones, por la que tenemos que seguir hablando de casos hace cinco, diez, doce años, es porque la obstrucción a la justicia se ha dado desde todos los flancos, con actores de todas las esferas.

Una muestra de esto: los últimos audios de Jorge del Castillo. Interceptaciones telefónicas en las que se escucha al excongresista intentando evitar a toda costa una investigación en su contra e incluso salvarse del desafuero, manipulando a su entonces trabajadora que recibía cómodamente su sueldo mientras estaba en España. “Me denuncian penalmente y me sacan del Congreso, ¿eso es lo que quieres?”, se escucha decir al entonces parlamentario aprista, de tal manera que no terminó siendo investigado en su momento. Si eso no es obstrucción…

Recordemos el caso de los narcoindultos. ¿Por qué tenemos que regresar en el tiempo y hablar de un caso que se dio durante los años 2006-2011 (gobierno aprista), pero que supuestamente se investigó en la Megacomisión y quedó en nada? Porque resulta que había mucho y que quienes lograron destruir el trabajo de la Comisión que lideró el entonces congresista Sergio Tejada solo intentaban salirse con la suya, manipulando testigos, por ejemplo. Nuevamente, Jorge del Castillo y miembros del partido aprista habrían estado involucrados en presionar a uno de los testigos claves de esta investigación para que cambie de versión y finalmente desaparezca.

Para recordar un poco, estamos hablando de 104 indultos humanitarios de los cuales 70 correspondían al delito de tráfico ilícito de drogas, 128 indultos comunes en los que hubo dos por drogas y 5.246 conmutaciones de pena (que terminaron en la liberación de los sentenciados) de las cuales 3.207 eran sentenciados por el mismo delito vinculado al narcotráfico. Todo esto sin consecuencia.

Quizá uno de los más claros y graves casos de obstrucción, por su vigencia, sea el de Keiko Fujimori. La señora salió libre, pero la Fiscalía ya alista un nuevo pedido de prisión preventiva. No solo porque esta semana será clave para nuevas revelaciones sobre el caso Lava Jato, sino porque cada vez parecen más claras las coordinaciones entre Keiko y el ex fiscal de la Nación, a quien incluso le habría ofrecido entregar la agenda de PPK. ¿Cómo obtuvo un documento así? Lo mismo en cuanto a su cercanía a jueces clave para su caso, como César Hinostroza. Aún queda mucho pan por rebanar.

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Mirando al futuro

Sigrid Bazán

Movilizaciones en todo el continente y nuestro país sigue en tensa calma. Tras la admisión del hábeas corpus a favor de la liberación de Keiko Fujimori y el traslado de la investigación contra Pedro Chávarry de una fiscalía a otra, el plano político parece calentarse para las elecciones. Mientras que lo único que parece encender los ánimos en las calles es el reclamo de los colectiveros y demás conductores informales que buscan librarse de multas y papeletas, “por ser muy caras”. Pese a las campañas de más del 80% de descuento para quienes paguen sus papeletas a tiempo, pese a que se trata de la seguridad de las personas, pese a que son ellos los infractores.

Claro, con un país sumido en la informalidad, no sorprende que estos sean los temas que más complican a las autoridades y que nos hacen pensar en qué estamos haciendo mal. Ya en el 2017, congresistas fujimoristas entre los que destacan la ahora candidata por Solidaridad Nacional, Nelly Cuadros, plantearon levantar las limitaciones de tránsito al transporte informal, proyecto de ley que se mantiene archivado hasta la fecha.

El gran reto consiste ahora en empezar a aplicar la ley para estas elecciones y evitar que no solo la informalidad sino también la ilegalidad llegue y se instaure en el poder. Que llevar fajos de billetes en maletas no sea “costumbre”, sino delito. Y que no sea “normal” la disparidad entre una campaña austera pero con ideas y una ostentosa campaña sin ninguna credencial ética, financiada por al menos 9 millones de dólares de dios-sabe-dónde.

Que desterremos los tápers y los regalitos a cambio de votos. Romper con el clientelismo puede ser duro pero es necesario, e implica destruir ciertos imaginarios. Implica también entender que el político no está solo para beneficiarnos y solucionarnos la vida, sino que está también para equiparar el piso para aquellos con menos oportunidades y que su trabajo se debe única y exclusivamente a la gente.

Que vayamos pensando para estas elecciones en las propuestas de autoridades que, más allá del discurso, estén dispuestas a comprarse el pleito de las grandes reformas que el país necesita, aunque hablemos de esas que implican un largo aliento. Por ello toca apostar por esos proyectos mayores, más grandes, y estar atentos para salir a defender nuestros derechos en las calles, si así toca.

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Violencia en Bolivia

Sigrid Bazán

Una nueva etapa de violencia empezó a abrirse paso en la historia boliviana. Este último fin de semana, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, solicitó públicamente la renuncia de Evo Morales en medio de protestas y amotinamientos en los que también participaba la policía, amenazando con sacar al presidente.

No se pedía la renuncia a su candidatura, que sin duda decepcionó a muchos por no respetar la voluntad popular del referéndum del 2016 que rechazaba una nueva reelección, sino que se le pedía a Morales, por medio de la violencia, renunciar al mandato constitucional de presidente que debía terminar el 22 de enero del 2020 y que había ganado en una elección exenta de cuestionamientos en el 2014 con más del 60% de los votos.

Evo Morales llegó tarde para asumir responsabilidades, reconociendo las irregularidades fraudulentas que exhibía el informe de la OEA, en el que también se sugería, finalmente, que el entonces presidente boliviano podría haber ganado la primera vuelta, pero no con los suficientes votos para obviar una segunda vuelta.

Ahora, tras su renuncia y salida hacia México, la derecha más recalcitrante empieza a abrirse camino. Luis Fernando Camacho, empresario y líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, entró a Palacio de Gobierno con una Biblia bajo el brazo, a quemar la Wiphala, más conocida como la bandera de los pueblos originarios de Bolivia. En un acto simbólico colonialista, se escuchó a Camacho vociferar: “¡La Pachamama nunca volverá a Palacio, Bolivia es de Cristo!”. Las Fuerzas Armadas acompañaron estas irrupciones con crucifijo en mano, en medio de un discurso “antiindios”, “procristianos” y en un claro intento de tomar el poder.

No hace falta estar de acuerdo con Evo Morales para ver que esto es solo el inicio de una ola política violenta e incluso los más férreos opositores de Morales reconocieron la revolución étnica y cultural que significó su liderazgo, la reducción de la pobreza, del desempleo.

Mientras tanto, Camacho, que no pertenece a partido alguno y que no participó en elecciones, está invadiendo sedes de gobierno y liderando esta suerte de movimiento religioso, ultraconservador que ahora parece pretender llevar a lo político.

Es imposible celebrar lo que está ocurriendo en este país hermano. Pero los errores se pagan caro. Solo queda esperar que el pueblo boliviano tenga la fuerza para reponerse y decidir el nuevo curso de su historia.

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Guerra advertida…

Sigrid Bazán

No digan después que no nos avisaron. Habiendo sido anunciada la mayoría de candidaturas congresales para este 2020, y habiendo visto de lo peorcito en el Legislativo pasado, parece que tenemos mucho más de lo mismo en la nueva oferta electoral.

Seguro, habrá algunos jóvenes o personas cuyos nombres no identifiquemos, pero si los primeros números en la lista que usted observa son Martha Chávez o Mauricio Mulder, dese cuenta de quiénes serán los que realmente manejen todo: las votaciones, el discurso, los aplausos protocolares, los ataques…

Y es que, evidentemente, no es sólo un tema de caras “nuevas” en la política. La coherencia entre los candidatos, su pasado y sus propuestas debe ser fundamental. En cuanto a las propuestas, creo que pensar solo en nosotros mismos a la hora de votar nos está llevando a elegir aquellos candidatos con discursos diferenciados, esos que van al lugar a decir lo que la gente ahí quiere escuchar. La de Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.

Quizá este sea el punto en el que discrepo, de manera saludable como siempre, con varias personas que escriben acerca de cómo elegir a un congresista. Ojo, es válido y hasta necesario tener una agenda propia como elector, pero también hay que entender que existen ciertos derechos que deben ser respetados y ponernos en el lugar del otro. Una cosa es que desde una visión fríamente empresarial le convenga a alguien poder contratar o despedir como si nada y otra cosa es que optemos por agendas que fortalezcan, en general, vínculos laborales sólidos y que incrementen la productividad. Lo mismo con temas como el matrimonio igualitario, una ley de crímenes de odio, etc., que no son “agendas”, sino primordialmente derechos, aún negados para muchos en nuestro país.

En cuanto al pasado de cada candidato: no se le puede pedir peras al olmo. Ya conocemos a varios, pero si quiere indagar más acerca de los menos conocidos, el Jurado Nacional de Elecciones publica las hojas de vida de todos los candidatos en cada elección, pero además ahora estará disponible el sistema de Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral. Ahí deberían figurar aquellos deudores alimentarios, judiciales, morosos, con condenas, etc. Busquemos en el internet información de medios confiables y compartámosla, esta es ahora nuestra mejor herramienta.

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El sentido de hacer política

Sigrid Bazán

Un movimiento telúrico es cosa seria, pero cuando el Congreso está remal, sus congresistas no hacen más que dar el ejemplo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues bueno, cuando la legisladora Yeni Vilcatoma demostró que no sabía ni dónde quedaba el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) la cara se me caía de vergüenza. “No merecemos esto”, pensaba. Cuando publicó fotos “inéditas” de los daños causados en Loreto, cuando en realidad eran fotos del sismo chileno del 2014, solo quería que me tragara la tierra. Ya para cuando explicó que las fotos las había enviado el “prefecto” de Iquitos –cuando ese cargo ni siquiera existe– solo quería llorar.

He tenido cara a cara a personajes como la señora Vilcatoma, o digamos, de la misma escuela. Agitan treinta papeles en tu cara y te piden que “pruebes” lo que les preguntas, porque ellos andan con “pruebas” (abanicándose con sus informes). La señora Bartra anda bajo el brazo con el fajo de documentos de su Comisión Lava Jato, hojas objetivamente intrascendentes para el trabajo de la Fiscalía. El señor Mamani no trae consigo ni su dignidad. Son tres las denuncias contra el congresista primerizo: por lavado de activos en Puno, falsedad ideológica y genérica y por tocamientos indebidos. El señor Chávarry lleva a sus dos abogados y un discursito político muy sonado últimamente, casi un manual de cómo hacerse la víctima. 

Entre ellos mismos manejan sus destinos, el destino de la justicia. Esta es la representación de todo lo que anda mal en nuestra política. Cuando parece que la única motivación de todo emana de la corrupción o del puro interés personal. Esto es lo que toca cambiar. 

Me quedó claro que lo primero es devolverle el sentido a hacer política. Construir movimientos políticos no es constituir organizaciones criminales, es mas bien la oportunidad más importante de hacer grandes reformas. Cuando escuchemos a un Chávarry (o a cualquiera) decir “soy una persona apolítica”, sepamos que en esa frasecilla siempre hay gato encerrado. Y recordemos a Brecht cuando decía que el peor analfabeto es el analfabeto político, el que no sabe que “de su ignorancia política (...) nace el peor de los bandidos, el político trapacero, granuja, corrupto y servil…”.

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¡Sí se puede!

Sigrid Bazán

Está claro que el referéndum no es la solución integral a todos los problemas. Es cierto que quizás estemos más emocionados de lo que deberíamos tras el discurso de Martín Vizcarra. Finalmente, todo depende del Congreso e, incluso si se aprobara, se requiere la coordinación correspondiente con el Jurado Nacional de Elecciones y esto toma tiempo.

Lo ideal sería que el Congreso apruebe rápido las iniciativas propuestas para el referéndum, siempre que la Junta de Portavoces las exonere de comisiones y así pase de frente al pleno. ¿Se puede llegar a empatar este proceso con las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre? Creo que se podría si realmente se quiere. En el peor de los casos, por un tema logístico y económico si se quiere, el referéndum podría incorporarse para la segunda vuelta de estas elecciones que se llevará a cabo en el mes de diciembre.

Las propuestas no son cosa del otro mundo y ya se han discutido innumerables veces: regresar a un sistema bicameral, reformar el CNM, delimitar el financiamiento privado de los partidos políticos y, por supuesto, está el tema de la reelección. Lo único que buscan los congresistas fujimoristas al querer agregar otros temas como el de la pena de muerte, entre otros, es dilatar la actual discusión de fondo que requiere de soluciones drásticas e inmediatas: barrer la podredumbre de nuestras instituciones.

Ahora bien, humilde opinión sobre lo planteado para el referéndum, no creo que la reelección sea uno de los problemas más críticos. De nuestros 130 congresistas, solo 31 fueron reelegidos el 2016. Más de la mitad de nuestro Legislativo son parlamentarios nuevos, incluyendo al tristemente célebre Moisés Mamani, por ejemplo, que varios no conocíamos hasta que el negociado y la compra de votos en medio de la vacancia de PPK salió a la luz. El problema no es la reelección. El problema son los parlamentarios que tenemos ahora y que, aquellos reelegidos (Luz Salgado va más de 20 años en el Congreso, por nombrar un caso), son de los más cuestionados en el cargo.

En el marco de esa evaluación, una posibilidad que se acomoda podría ser prohibir la reelección inmediata en el cargo. Esto, acompañado de un sistema bicameral que tendría que fortalecerse en medio de reformas políticas y electorales, podría constituir una vía interesante para un sistema similar al mexicano, por nombrar una de varias posibilidades, con diputados y senadores elegidos por mayoría relativa, otros por representación proporcional.

No vamos a salvar el país de porrazo, pero es un gran triunfo ver que SÍ SE PUEDE enmendar la plana al fujimorismo. Han tenido el control de la agenda por suficiente tiempo, ahora la discusión la ha planteado el presidente, no ellos, y es ahí donde podrán evidenciarse las voluntades políticas de nuestros funcionarios.

Otra cosa que me llena de expectativa es el referéndum per se. Incluso la idea de, poco a poco, ir puliendo mecanismos de consulta ciudadana resulta algo a lo que deberíamos apuntar. Un presidente con el Congreso en contra la tiene difícil, pero si la gente es consciente del peso de su participación, se acostumbra a tener una vida política activa y cuenta con los espacios…eso hace toda la diferencia.

https://www.leerydifundir.com/2018/08/si-se-puede/

Pus en todos lados

​Sigrid Bazán

Es incontenible. La pus sale por donde quiera que aprietes. Podremos cambiar de presidente o de congresistas pero lo que se va revelando no es un hecho aislado, es la corrupción, la depravación, la perversión total enquistada en el sistema. Es asqueroso verlo, oírlo.

Los audios que involucran a altos magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), jueces supremos, entre otros altos magistrados, no son chuponeo ilegal. Este material es parte del trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en cumplimiento de la investigación fiscal que viene siguiendo los pasos de una mafia en el Callao sobre la cual no hemos escuchado ni la mitad. Dentro de esta investigación, el juzgado correspondiente llegó a admitir y autorizar el uso del sistema de interceptación de las comunicaciones, con lo cual el programa Constelación, de la PNP, tuvo luz verde para llegar hasta los teléfonos del juez supremo César Hinostroza, del presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo, entre otros.

Más bien, la defensa de sujetos como Hinostroza se queda sin piso porque algo me queda claro: si la interceptación llegó hasta SU teléfono, es porque algo sospechoso se encontró. Vamos al grano con esto y con lo que les decía sobre la pus omnipresente.

¿Hacía falta escuchar el teléfono de Hinostroza para saber qué clase de juez era? Creo que no, aunque estos audios constituyen una prueba más contundente. ¿Saben por qué no? Porque muchas denuncias como esta empiezan siendo vox populi. 

¿A qué me refiero? Primero, Hinostroza fue acusado de plagio… pero ya pues, eso hasta está de moda. Segundo: de acuerdo a Ojo Público, él fue uno de los magistrados que permitió la liberación de una tratante que explotaba a una menor en Madre de Dios. Tercero: desde el 2009 su patrimonio se incrementó en un 25% y supera el millón de soles.

Cuarto: este diario también informó en agosto del 2017 cómo Hinostroza estableció el fallo que permitió archivar el caso de lavado de activos que involucra al ex secretario general del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. Quinto: Hinostroza fue quien rechazó el pedido de Arlette Contreras, la mujer que fue arrastrada de los pelos por Adriano Pozo, de ver su caso en Lima y no en Ayacucho porque, según ella, no contaba con garantías ahí: “La familia de Adriano Pozo cuenta con influencias y poder ante los jueces de Ayacucho”, dijo Arlette entonces.

Sexto, séptimo, octavo... Con los más recientes audios se ha podido escuchar a César Hinostroza preguntando: “¿La ha desflorado? ¿Qué quieren, que le bajen la pena o lo declaren inocente?”. Hablando así sobre el caso de una menor de 11 años. ¿Quiénes salen a defender a estos personajes o pretenden dar más importancia a cómo fueron obtenidos los audios –que ya sabemos son parte de escuchas legales? Uno de los primeros ha sido Alan García... pero no hace falta buscar nombres, ya ustedes se imaginarán.

Ya sabemos a qué se refería Arlette, quien, sin audios o interceptaciones, formaba parte de ese vox populi que nos dice al oído todas las mañanas antes de leer las noticias: todos son corruptos y de la misma calaña. Cambiar eso será todo un proceso, sin duda, pero deberá contar con la gente de a pie, movilizada.

https://www.leerydifundir.com/2018/07/pus-todos-lados/