8 de julio de 2025

Perú: El fujimorismo empuja la ley Chlimper 2.0

Pedro Francke

"Del 2018 al 2023 los salarios reales en este sector cayeron año tras año"

Hemos insistido bastante, junto a un conjunto amplio de economistas de diversas tendencias, sobre el problema que traerían las exoneraciones tributarias para las grandes agroexportadoras que este Congreso ha aprobado en primera votación. Son 20 mil millones de soles de regalo a estas empresas, a las que les va muy pero muy bien, agravando un déficit fiscal que está fuera de control. Esos 20 mil millones de soles significan que la educación básica y superior, la salud pública y las carreteras e infraestructura no van a tener los recursos que necesitan con urgencia. Toda la población, pero en especial el pueblo trabajador y los más pobres, va a ser afectada.

Para defender esta ley, el lobby que promueven las grandes agroexportadoras repite que este sector genera empleos. Sabemos que en las pymes hay más empleos y que las agroexportadoras no necesitan este regalazo para crecer, porque efectivamente sin él han seguido acumulando. Pero hay que aclarar también que sus trabajadores no son bien tratados. La remuneración promedio que pagan es de apenas 1,300 soles mensuales, y eso que sus trabajadores no cobran gratificación ni en julio ni en diciembre y no tienen una cuenta CTS a la que aporte el empleador. No es casualidad que tres de cada cuatro trabajadores de la agroexportación sean menores de 30 años, jóvenes que en nuestro país sufren mayor explotación, y el 40 por ciento sean mujeres, las que son discriminadas salarialmente.

Además, 94% de los trabajadores de la agroexportación tienen contratos temporales, a pesar de que más de dos tercios de ellos realizan labores de naturaleza permanente. Solo el 6% tiene un contrato estable, cifra que se reduce año tras año. De esta manera la sindicalización y negociación colectiva se vuelven imposibles, ya que a quien trata de promover la organización de los trabajadores lo despiden apenas se enteran, aunque a ese abuso legalmente no se le llama “despido” sino que es una “terminación del contrato”. El resultado es que en las dos décadas entre el año 2000 y el 2020 la productividad promedio por trabajador agropecuario creció 50 por ciento pero los salarios no lo hicieron de igual manera. En los últimos años ha sido peor: del 2018 al 2023 los salarios reales en este sector cayeron año tras año, alcanzando una reducción cercana al 30 por ciento.

A pesar de esta situación realmente deplorable, la ley Chlimper 2.0 a favor de las grandes empresas agroexportadoras limitaría la fiscalización laboral. En efecto, según este proyecto la Superintendencia de Fiscalización Laboral –SUNAFIL– solo podría hacer apenas una de cada cuatro inspecciones a las grandes agroexportadoras, como si tuviera sentido mandar a esos fiscalizadores a que vean si en una chacra de media hectárea de Huancavelica la familia que se encarga sola de sus cultivos y animales está cumpliendo las leyes laborales. Es obvio lo absurdo de esta medida. ¿Y por qué este Congreso la ha aprobado así? Porque el resultado será que mientras la SUNAFIL tendrá que dedicarse a esas inspecciones inútiles y absurdas a los microproductores familiares en vez de fiscalizar a las grandes exportadoras, se impedirá así que el Estado actúe frente a las muchas denuncias de incumplimiento del pago de beneficios laborales, desnaturalización de los contratos temporales, prácticas antisindicales, malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, etc.  Está clarito: esta ley Chlimper 2.0 busca que los agroexportadores puedan explotar aún más a sus trabajadores y por eso sus federaciones sindicales se oponen a esta norma inminente.

Hay más, ya que quienes sostienen las fenomenales ganancias agroexportadoras no son sólo los trabajadores del campo. Resulta que desde hace varios años esas empresas contribuyen a EsSalud con tres por ciento menos que todas las demás empresas del país y de lo que debe aportar quien contrata a una trabajadora del hogar. Eso genera un hueco económico a EsSalud de cerca de S/ 400 millones anuales, que lo terminamos pagando todos los asegurados porque faltan médicos, medicinas y equipos, y por eso hay meses de espera por una cita, faltan remedios y una tomografía o una endoscopía te la hacen varios meses después, aunque sean urgentes. Que los trabajadores de todo el país subsidiemos a unas pocas grandes agroexportadoras es absolutamente injusto, pero así sucede el día de hoy.

Recordemos, por otro lado, que nueve de cada diez trabajadores de la agricultura peruana no están en estas grandes empresas sino en la pequeña chacra bajo gestión familiar, donde hay cerca de 4 millones laborando. Pero para ellos, esta Ley Chlimper 2.0 no ayuda para que tengan un título de propiedad, no les facilita un crédito para que puedan comprar una maquinaria o modernizarse, no les da más acceso a semillas mejoradas y fertilizantes ni les ayuda a trasladar sus productos por mejores caminos. Al revés: quitándole 20 mil millones de soles al fisco lo que se “logra” es que las condiciones presupuestales para cualquier programa de apoyo a la agricultura familiar sean más difíciles. Encima, la ley Chlimper 2.0 permite la privatización del agua, como para que las grandes agroexportadoras cometan otro abuso contra la agricultura familiar.

Dicho todo esto, ¿por qué ha avanzado esta ley Chlimper 2.0? Keiko Fujimori ya recibió, en años anteriores, cientos de miles de dólares de los hermanos Rodríguez Banda, dueños de Gloria, 3 millones 700 mil dólares de Dionisio Romero, quien es dueño de grandes plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar y ha mantenido estrechas vinculaciones con el grupo Oviedo, además del propio Chlimper. ¿Podemos pensar que esto no tiene nada que ver con la feroz insistencia del fujimorismo para aprobar esta ley? “Poderoso caballero es don dinero”, escuché alguna vez, y este caballero agroexportador ha venido consiguiendo muchas cosas de este gobierno y sus congresistas aliados, en especial del fujimorismo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 740 año 16, del 04/07/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

6 de julio de 2025

Perú: Una monstruosidad a vista de todos

Patricia del Río

Cuando una niña se ve forzada a parir hijos, es doblemente violada

En el Perú ostentamos un récord vergonzoso: ser el lugar donde parió la madre más joven del mundo. Su nombre era Lina Medina, y dio a luz a un bebé de 2 kilos y 700 gramos a la edad de 5 años. Esta aberración ocurrió en el año 1939 y fue un hecho tan escandaloso que dio la vuelta al mundo. Lina, una pequeña nacida en Huancavelica, tenía un desorden hormonal que la hizo menstruar desde los dos años. Los registros médicos especifican que, además, tenía vello púbico y un incipiente desarrollo mamario producto de su extraña condición. Pero que una niña menstrúe no es razón suficiente para que se embarace, debe haber además una relación sexual. Al comienzo se creyó que el padre la había violado y después se sospechó que el agresor podía ser uno de sus hermanos; sin embargo, nunca se pudo establecer lo que había sucedido realmente y Lina no obtuvo justicia.

Su hijo, al que llamó Gerardo en agradecimiento al médico que la atendió, nació sano y se crió al lado de su niña madre. Murió ya adulto, de 40 años, producto de una extraña enfermedad a la médula ósea. Revisando documentación sobre el caso, me topo con las fotografías, que son desgarradoras: en una aparece Lina, desnuda, con su cuerpo de niña y su abultado vientre de varios meses de gestación. En otras sale al lado de su hijo; él en un cochecito, ella con su vestidito de niña y lazos en la cabeza. En los rostros de ambos hay confusión, hay desamparo, hay la desolación de saberse observados sin entender muy bien por qué. El caso de Lina fue comentado en todos los círculos científicos de la época y la familia obtuvo las ofertas más extrañas: desde exhibir a la niña madre y al niño hijo en un circo de curiosidades, hasta formar parte de estudios médicos. El entonces gobierno de Óscar R. Benavides prohibió, vía decreto, que los niños fueran exhibidos u observados como fenómenos para protegerlos de un presunto daño moral, y se comprometió a asignarles una pensión que nunca se hizo efectiva.

Con espanto, he escuchado alguna vez  a activistas provida citar el caso de Lina como un «milagro», un ejemplo de que «se pueden preservar las dos vidas». Sin embargo, lo que este caso ejemplifica es una situación que nunca debería repetirse. Las niñas no están ni psicológica ni físicamente preparadas para ser madres. Lina tenía un embarazo muy avanzado cuando se le diagnosticó, lo cual impidió un aborto terapéutico en su momento. Pero en cualquier país civilizado, ninguna niña debería ser obligada a pasar por un calvario similar. Hasta hace pocas semanas, cualquier otra menor de 14 años en una situación similar tenía la oportunidad de evitar ser madre siendo niña; hoy, esa oportunidad les ha sido negada por una tira de fanáticos

Aunque el aborto terapéutico sigue siendo legal en Perú, las presiones ejercidas por personas como la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) han llevado a la Maternidad de Lima a modificar su guía clínica. Las nuevas reglas eliminan dos causales cruciales para acceder al aborto terapéutico por daño a la salud mental: cuando el embarazo es producto de una violación sexual en niñas y adolescentes, y cuando hay malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

Como señala el portal Salud con Lupa, estas causales se habían logrado por consenso entre nueve sociedades médicas, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y el Colegio Médico. Sin embargo, la presión de Jáuregui y el respaldo de grupos ultraconservadores, que en su «defensa de la vida» están dispuestos a destrozar la existencia de miles de niñas en Perú, pudieron más.

Las cifras son escalofriantes: entre 2020 y junio de 2023, se registraron 167.324 embarazos infantiles y adolescentes en nuestro país, pero solo 475 menores accedieron al aborto terapéutico. Las demás fueron, como Lina, niñas madres cuyas existencias quedarán marcadas para siempre.

https://jugo.pe/una-monstruosidad-a-vista-de-todos/

https://www.leerydifundir.com/2025/07/peru-una-monstruosidad-vista-todos/

 

De Washington y Jefferson a Trump y Rubio: Amenazas para hacer elegir a una ficha

Hernando Calvo Ospina

A excepción de John Adams y su hijo, John Quincy, los primeros 12 presidentes de Estados Unidos, algunos de ellos denominados «Padres Fundadores», no solo tuvieron cientos de esclavos sino que implementaron medidas para quitarle a los nativos sus tierras y encerrarlos en campos de concentración, que se denominaron reservas. George Washington, principal Padre Fundador, al que la historia inmaculó, estuvo acompañado de algunos de sus esclavos cuando prestó juramento como primer presidente en el balcón del Federal Hall, ubicado en Wall Street, Nueva York, el 30 de abril de 1789. Es muy importante recordar que esa calle, de ocho cuadras, había sido inaugurada el 13 de diciembre de 1711 como la primera bolsa de valores de Estados Unidos, pero para subastar esclavos.

Y aunque resulte difícil de creer, en la misma calle, a pocos pasos de donde se estaban negociando negros y algunos indígenas rebeldes, Washigton también aprobó la Carta de Derechos, con las diez primeras enmiendas de la Constitución, el 15 de diciembre de 1791, la que se convirtió en símbolo de libertad e igualdades en esa nación, aunque los indígenas no eran considerados ciudadanos, y las mujeres tuvieron bien restringidos sus derechos hasta 1920.

Thomas Jefferson, otro Padre Fundador, redactor de la Declaración de Independencia, uno de los más esclavistas y ferviente promotor de las reservas indígenas, fue nombrado por Washington como el primer secretario de Estado de esa nación, 1790-1793. Antes había estado cumpliendo funciones diplomáticas en Francia, entre 1785-1789.

Pues bien, esos dos blancos supremacistas, esclavistas, racistas y menospreciadores de mujeres fueron los arquitectos de la diplomacia estadounidense.

Es «normal», entonces, el desprecio que los presidentes y sus secretarios de Estado han demostrado desde entonces por la inmensa mayoría de pueblos en el mundo, donde los seres son simples mercancías o estorbos a liquidar para el desarrollo de su voracidad imperial.

Desde entonces los secretarios de Estado han debido ir por el mundo contando sobre los crímenes, masacres y genocidos, hechos y por hacer, mientras presionan para que se les apoye. La prepotencia que les da el poder ha llevado a que muchos sean ruines y prepotentes en la manera de defender lo indefendible. Otros han sabido explicar esos ríos de sangre: Se invade y se mata por el bien de las víctimas y los «valores democráticos». Y dejan a buena parte de la humanidad convencida de las buenas intenciones de su nación.

De este último grupo, los expertos en política internacional mencionan los contemporáneos: John Foster Dulles, bajo Eisenhower (1953-1959); Madeleine Albright, primera mujer secretaria de Estado (1997-2001), bajo Clinton; Colin Powell, primer afroamericano secretario de Estado (2001-2005), bajo Bush; Hillary Clinton (2009-2013), bajo Obama; Antony Blinken (2021-2025), bajo Biden. Existe uno que merece mención especial: Henry Kissinger, secretario de Estado bajo Nixon y Ford (1973-1977). A pesar de haber participado como autor intelectual de tantos crímenes contra la humanidad le fue dado el premio Novel de la Paz. Es quizás el secretario de Estado más inteligente, manipulador y maquiavélico que ha tenido ese país.

Existen también los peores secretarios de Estado en la historia de Estados Unidos. Obtuvieron ese «reconocimiento» público porque no tuvieron lo esencial para el cargo: liderazgo con experiencia en política exterior, capacidad de negociación, conocimiento de los organismos internacionales y una visión estratégica para asesorar al presidente y representar al país en el exterior. Estos serían: Warren Christopher (1993-1997), con Clinton. Considerado un burócrata poco carismático y malo para la resolución de crisis internacionales. Rex Tillerson (2017-2018), aunque venía de ser presidente de la petrolera ExxonMobil, fue pésimo diplomático y ni supo llevar la gestión interna del Departamento. Algunos aseguraron que era un completo «idiota». Mike Pompeo (2018-2021), durante Trump. Aunque antes había estado al frente de la CIA, la valoración de los expertos es mayormente negativa. The New York Times lo señaló como el peor entre los peores en la historia de Estados Unidos.

Llama la atención que los dos secretarios de Estado que tuvo el primer gobierno de Trump están en esa lista de los pésimos. Hubo un «interino», John Sullivan, que duró 25 días, pero de ese nadie se acuerda.

Una de los organismos internacionales que debe atender el secretario de Estado es la Organización de Estados Americanos, OEA. Tiene sede en Washington, por decisión de Washington. Fundada en Bogotá el 30 de abril de 1948, cuando Colombia empezaba a estar sumida en lo se conocería como la «época de la violencia», la que ha durado hasta hoy. Se creó en el contexto de posguerra e inicio de la Guerra Fría. Para Estados Unidos era imperativo tener a los países del continente bajo su dominio, previendo que la Unión Soviética y su «comunismo» llegaran para alterar su poder. En la capital colombiana se suscribió la Carta de la Organización, la cual fue redactada en Washington pero presentada por la delegación colombiana, convirtiéndose en la base ideológica de la Guerra Fría. Su primer secretario general fue Alberto Lleras Camargo, un colombiano de absoluta confianza de Estados Unidos, quien ocupó el cargo hasta 1954, moldeando a la OEA según los intereses del patrón.

Quizas el acto más simbólico que demostró para qué serviría la OEA, sucedió el 31 de enero de 1962, durante una conferencia ministerial en Punta del Este, Uruguay: se expulsó a Cuba. Se argumentó que la isla revolucionaria se había alineado con la Unión Soviética y el comunismo, lo que era «incompatible» con el sistema interamericano. Luego de ello, el comandante Fidel Castro utilizó una frase que la desnudó: era el «ministerio de colonias» estadounidense.

La OEA ha servido para que Washington ordene sus deseos. Ha sido útil para legalizar acciones que atentan contra la soberanía de sus otros miembros. Nunca ha servido para evitar tantos golpes de Estado preparados por Washington contra gobiernos elegidos democráticamente. Y cuando algunos gobiernos han rechazado lo decidido por Washington, rara vez se les ha prestado atención. Uno de sus objetivos ha sido el defender al continente de agresiones exteriores, pero cuando Argentina quiso recuperar las Malvinas e Inglaterra envió sus tropas, Estados Unidos, Colombia y la dictadura de Pinochet le dieron la espalda.

Su secretario general debe ser elegido por votación, pero debe tener la bendición de Washington. El penúltimo de ellos, Luis Almagro, uruguayo, está considerado como el peor de todos: no sólo sembró la división y la cizaña entre sus miembros, sino que ha sido el más arrastrado a los intereses de Estados Unidos. Venía de ser ministro de Relaciones Exteriores del presidente José Mujica cuando fue elegido en 2015 y reelegido en el 2000. Ebrard Casaubón, quien fuera responsable de las Relaciones Exteriores de México dijo de la gestión de Almagro: «Es una de las peores en la historia (…) Ha tomado muy dudosas actuaciones como el caso de Bolivia que prácticamente facilitaron un golpe» , contra Evo Morales.

Los gobiernos que no siguieron la agenda de Washington se volvieron enemigos de Almagro, siendo Venezuela y Nicaragua sus principales frentes de guerra. Y lo siguieron siendo aunque las dos naciones se retiraron de la Organización. Igual ha sucedido con Cuba, después de 63 años de expulsada. Cuando se dio la gran grave crisis económica y humanitaria en Venezuela, principalmente entre 2015 y 2021, debido al bloqueo económico impuesto por EE.UU. y sus aliados europeos, Almagro llamó abiertamente a una invasión al país bolivariano para imponer un gobierno «no hostil» a Washington.

Y para las campañas contra los gobiernos revolucionarios y progresistas Almagro se apoyó en personas que hacían eco a su mensaje, que, ya sabemos, era la voz del departamento de Estado. Una de ellas, como parte de la «escuela Almagro», estuvo Rosa María Payá, de origen cubano.

Ella es hija del «disidente» Oswaldo Payá, muerto cuando el vehículo en que viajaba se estrelló contra un árbol, 22 de julio 2012. A pesar de que el ciudadano español que lo acompañaba aseguró que había sido por exceso de velocidad, Rosa María empezó a repetir por todas partes que el gobierno de Cuba había propiciado el hecho. Nunca le ha importado que la Audiencia Nacional de España también dictaminara lo del accidente.

Pronto aprendió que para ablandar los auditorios siempre debía empezar mencionando la muerte de su padre, con voz y rostro compungidos. También repite, casi angustiada, que es una perseguida de la «dictadura castrista», por lo que no puede volver a Cuba: esconde las numerosas ocasiones que viajó a la isla sin ser molestada, disponiendo aún de residencia legal. Sacando lástima se convirtió en parte importante de las campañas difamatorias estadounidenses.

Así, bajo la sombra de Almagro y de otros políticos de la extrema derecha del sur de la Florida, como un tal senador Marco Rubio, también ha dirigido sus dardos contra gobiernos progresistas como los del brasileño Luiz Inácio Lula, del mexicano Andrés Manuel López Obrador y del colombiano Gustavo Petro. Hasta criticó al chileno Gabriel Boric, que de progresista ha tenido poco.

Eso sí, ha sido constante y sistemática para atacar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua: si se le escucha, no es necesario buscar qué dice el departamento de Estado sobre ellos.

Trabajando en los proyectos que Washington necesitaba, Almagro y Payá se volvieron uña y carne, llegándose a decir que su relación sobrepasaba los intereses políticos e ideológicos. El exjefe de la OEA le ayudó a conseguir financiamiento hasta por dos millones de dólares anuales, mientras le abría puertas de instituciones mundiales. Con los dólares facilitados por la USAID, la NED, la OEA y otras organizaciones afines a Washington para su presunto trabajo por los derechos humanos, Rosa María Payá ha logrado poseer un buen capital personal, que incluye lujosas propiedades en EEUU.

Este 30 de mayo asumió como nuevo Secretario General de la OEA el surinés Albert Ramdin. Cuando se creía que la Organización tomaría una nueva dinámica, el 27 de junio Rosa María Payá fue elegida miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, durante las 55 Asamblea General de la OEA, celebrada en Antigua y Barbuda, para el período 2026-2029. México, Brasil, Colombia y Chile estuvieron entre los opuestos a su nominación, pero donde manda capitán, no manda marinero, se dice: era la ficha de Estados Unidos, presentada oficialmente días antes por el propio secretario de Estado, Marco Rubio, también de origen cubano.

«Estados Unidos, sostuvo Rubio en un comunicado, insta a los demás Estados miembros de la OEA a apoyar la candidatura de Rosa María Payá y ayudar a garantizar que la CIDH siga siendo un defensor fuerte, íntegro y creíble de los derechos humanos para todos». En el mismo definió a Payá como «una defensora de los derechos humanos y la democracia, con principios, valiente y profundamente comprometida», capaz de servir a la región «con independencia, integridad y un firme compromiso con la justicia».

Sin llevar la firma de Rubio, el Departamento de Estado adjuntó que Payá es «una defensora de la democracia, líder de los derechos humanos y experta en políticas latinoamericanas de prestigio internacional (…) reconocida por su labor en la promoción de la libertad, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática en todo el Hemisferio Occidental».

Para contestar a tal panegírico solo es necesario conocer un poco la «trayectoria» de Payá y compararla con la resolución emanada de la Asamblea General de la OEA en Lima 2022. Ahí se establecieron parámetros que los Estados miembros deberían de seguir en sus procesos de nominación y evaluación de candidatos para los órganos de la OEA: observar siempre «el cumplimiento de los requisitos de independencia, imparcialidad, alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos», además de tener conocimiento y experiencia en temas propios del sistema interamericano de derechos humanos.

En el caso de la señora Payá debe empezar ya mismo a educarse para no hacer el ridículo; para que no se note mucho que fue impuesta, no elegida a voluntad de los miembros.

Ella tiene un título de Física por la Universidad de La Habana; fue formada en programas de «liderazgo» en la Universidad de Georgetown. Estos «programas» son becas que el régimen estadounidense ofrece a jóvenes de países con gobiernos considerados opuestos a sus intereses.

Rosa María Payá es fundadora y casi única miembro de Cuba Decide, que, según el Departamento de Estado, encabeza «el movimiento prodemocracia más prominente» en la isla. Apoyada por Almagro y la extrema derecha de la Florida fue ubicada como directora ejecutiva de la fantasmal Fundación para la Democracia Panamericana, para promover «la seguridad regional, los derechos humanos y la estabilidad democrática».

En Washington se sabe que podrían dar un premio a quien en Cuba conozca de las actividades de Payá, pues son personas y aparatos utilizados para realizar un trabajo internacional contra la imagen de la revolución y de los gobiernos que se necesite.

Tras conocerse la nominación, Payá se mostró «profundamente honrada» y agradeció al secretario de Estado por respaldarla. En la red social X prometió «servir a todos los pueblos de las Américas». «Mis prioridades son claras: proteger a quienes más lo necesitan, defender la democracia, garantizar una comisión eficaz y transparente, y acercar el sistema a los más vulnerables».

Ah, pero no se pudo contener y arremetió contra los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los que el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio considera «enemigos de la humanidad». Afirmó Payá: «Las Américas han pagado un muy alto precio por tolerar el régimen cubano tanto tiempo». «Nos corresponde a nosotros, las mujeres y los hombres de las Américas, acabar de una vez por todas con la cabeza del pulpo autoritario y con todos sus tentáculos, que tanto dolor han causado a nuestras naciones».

Pero… Marco Rubio debió insistir el viernes en la mañana, antes de la elección, pues seguía dudando que su ficha fuera elegida: «Rosa María aporta la dignidad y la determinación necesarias para abordar los mayores desafíos de la Comisión con soluciones innovadoras».

Por ello el jueves, durante la Asamblea, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, debió hablar duro y clarito, exigiendo con amenazas y chantajes que se votara por Payá. Lo central fue la advertir sobre el hartazgo de la administración Trump con la OEA, la que no había podido acabar con el gobierno bolivariano de Venezuela. Y esto ponía en duda la futura permanencia de Estados Unidos en ella.

Si se hubiera tenido dignidad habrían aplaudido esa posibilidad, pues, además, ya existe un organismo donde no están Estados Unidos ni Canadá: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, creado en el 2010, reagrupando a 33 naciones y a más de 600 millones de habitantes.

Dijo Landau: «Como ustedes sabrán, el presidente (Donald) Trump emitió una orden ejecutiva en los primeros días de esta Administración indicando al Secretario de Estado (Marco Rubio) que, en seis meses, revisará todas las organizaciones internacionales de las que Estados Unidos es miembro para determinar si dicha membresía está en los intereses de Estados Unidos y si dichas organizaciones pueden ser reformadas (…) y obviamente la OEA es una de las organizaciones que estamos revisando».

Y terminó recordando que Estados Unidos apoyaba la nominación de Payá, y no podía quedar afuera cuando la administración Trump considera que la OEA no hace nada sustancial contra las dictaduras en América Latina, que son, ya sabemos: Cuba, Venezuela y Nicaragua…

Vamos a ver qué sucede con el nuevo secretario General, Albert Ramdin, quien siendo ministro de Relaciones Exteriores de Surinam se negó a caracterizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como dictadura. Ya Rubio le ha lanzado cuestionamientos.

Los secretarios de Estado siempre han utilizado el chantaje y la amenaza para lograr los objetivos, pero tener que hacerlo como lo hizo Marco Rubio para que su ficha fuera elegida demostró el poco respeto y confianza que inspira en América Latina y el Caribe. Y ni se diga de lo poco que significa en el resto del mundo. Razón tenía Trump cuando lo trató de «the little Marco». Quizás en el futuro próximo sea considerado como el cuarto peor secretario de Estado en la historia diplomática de ese régimen. Y el tercero del régimen Trump. ¡Sería un récord mundial!

Fuente: https://venezuela-news.com/de-washington-y-jefferson-a-trump-y-rubio-amenazas-para-hacer-elegir-a-una-ficha-por-hernando-calvo-ospina/

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