Mostrando entradas con la etiqueta educación superior. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta educación superior. Mostrar todas las entradas

27 de julio de 2024

Perú: Aguando el caldo

Pedro Francke

28 de julio, momento para pensar el país. Escojo olvidarme por un momento de Dina y del congreso y mirar más al futuro. La mayoría de familias y trabajadores peruanos trata de progresar con mucho esfuerzo propio, contra viento y marea, a menudo aprovechando nuevas tecnologías del mundo. Pienso en Wilber, joven de una comunidad cusqueña que, tras estudiar para experto en soldadura y estructuras metálicas, siguió capacitándose en nuevas técnicas y en gestión de proyectos. Pienso en las familias en las alturas de Calca que han implementado riego por goteo en una chacra diversificada que incluye fresas y rosas para el mercado, cultivos que nunca antes habían tenido y que han adaptado a su zona. Así van produciendo un avance tecnológico nacional, indispensable para un desarrollo sostenible.

Todas las regiones del Perú, sin excepción, cuentan con condiciones geográficas especiales y una gran biodiversidad que ofrece la posibilidad de sacar nuevos productos, avanzar en la industrialización y añadir valor de nuevas formas. El cacao podría exportarse como chocolate de alta calidad, dado que tenemos cacao orgánico y de diversas variedades. Frutas que durante siglos no supimos que podían producirse en el Perú, como los arándanos, o con variedades nuevas como la palta Hass, han surgido, pero, ¿cuántas otras podríamos estar sacando, vendiendo internacionalmente, conquistando nuevos mercados? No sólo el agro: hay grandes atractivos turísticos desaprovechados en provincias, al mismo tiempo que Machu Picchu se está sobreexplotando con beneficios concentrados en unos pocos, en particular por el monopolio abusivo del tren de López-Aliaga.

Contamos con la iniciativa de profesionales peruanos que han impulsado importantes desarrollos. A pesar de estos esfuerzos valiosos, la velocidad a la que se producen esas innovaciones, en comparación con las oportunidades que tenemos y el crecimiento que necesitamos, es insuficiente. En el mundo, los países que han logrado un desarrollo económico acelerado son aquellos que han conseguido adaptar nuevas tecnologías internacionales a su realidad, avanzando en innovaciones. China, Japón, Corea del Sur, por dar algunos ejemplos, lo han hecho con mucha iniciativa del Estado generando ‘ecosistemas de innovación’, financiando y promoviendo una relación fructífera entre universidades, centros de investigación y empresas privadas. En el Perú, dadas nuestras condiciones geográficas y culturales, tenemos que trabajar mucho en ese sentido: somos únicos y por eso adaptar e innovar es vital, particularmente en la sierra y selva.

Las universidades son esenciales en ese esfuerzo, formando profesionales de alta capacidad y como centros de investigación asociados al desarrollo. Su especialidad no es hacer negocios sino enseñar e investigar. Las empresas privadas, por su parte, muchas veces deben ser el actor principal para lanzar nuevos negocios, en especial las pequeñas y medianas empresas descentralizadas. Pero sin vínculos con laboratorios y centros de innovación apoyados por el Estado no pueden llegar muy lejos. Necesitamos una relación fructífera entre el Estado, las universidades y los emprendedores, con un esfuerzo nacional por investigar cómo aprovechar mejor, económica y socialmente, nuestros recursos naturales y culturales. Hoy en día, las nuevas tecnologías internacionales nos abren muchas más oportunidades al respecto.

Durante los últimos treinta años de neoliberalismo, sin embargo, en vez de impulsar un desarrollo tecnológico nacional hemos tenido una economía dominada por grandes monopolios y trasnacionales mineras que han capturado el Estado en favor de sus intereses con una visión cortoplacista. Han mantenido el modelo de cholo barato e impuestos bajos, ampliando su esfera de negocios a derechos sociales esenciales como la salud y la educación con su buena dosis de corrupción. En la realidad de la educación superior que vivimos hoy, heredada del fujimorismo de los 90, las universidades públicas languidecen entre el ahogamiento presupuestal y algunas camarillas de mente estrecha. Debido a ese abandono y a la enorme demanda de educación universitaria, por parte de las familias peruanas buscando un futuro mejor para sus hijos, proliferaron universidades-negocio, la mayoría de ellas de baja calidad y sin ningún aporte de nuevo conocimiento. En vez de centros de educación superior comprometidos con el desarrollo regional y nacional, que den oportunidades para todos de acuerdo a sus capacidades y no a su posibilidad de pago, hemos tenido fábricas de egresados mediocres.

La reforma de la educación superior iniciada una década atrás, con la Sunedu estableciendo requisitos mínimos de calidad, promovió que las universidades formaran buenos profesionales e investigaran. Fue separando la paja del trigo que incentivó a que decenas de estos centros de enseñanza superior mejoraran su calidad de enseñanza e investigación. Faltaba, sin embargo, otro elemento fundamental para un sistema universitario realmente conducente al desarrollo nacional: un reforzamiento y reforma de las universidades públicas, promoviendo igualdad de oportunidades y asegurando su calidad, ampliando su alcance con un buen sistema de becas y sedes en nuevas provincias, y organizando un sistema de investigación y desarrollo de las que estas formaran parte.

La contrarreforma de este congreso dominado por las mafias se ha traído abajo lo positivo de la reforma de la Sunedu. Llegan ahora al extremo del retroceso destructivo con su proyecto del “licenciamiento permanente”, fórmula para que cualquiera de estos negocios mafiosos logre –por las buenas o por las malas– un visto bueno y de ahí ya hagan lo que quieran, rebajando la calidad, abriendo sucursales en garajes o puestos de mercado para hacer plata como cancha. Hay congresistas muy interesados en esto, empezando por José Luna, dueño del partido Podemos y de la exuniversidad Telesup que era pura fachada y no cumplía ni una sola de las diez condiciones de calidad requeridas. El candidato de APP a presidir el congreso, el exfujimorista José Elías, también es dueño de una universidad-negocio y sin duda tiene varios millones de intereses en esta reforma. Cerrón y sus compinches comparten la misma orientación política. Han apoyado todo el retroceso en la reforma educativa. También tienen intereses de por medio. Uno de los dueños de la Universidad Privada del Centro fue candidato al congreso por Perú Libre. El 2020 la Sunedu denegó el licenciamiento a esa empresa por no tener las condiciones de calidad básica. Ahora, luego de que la Sunedu fuera capturada por el cogobierno congresal del fujicerronismo, les han dado el licenciamiento. Y ahora Cerrón apoya que nunca más se le exija nada a esos negociantes de la educación sin calidad.

Al mismo tiempo, estos congresistas malhadados han optado por hacer demagogia barata “aguando el caldo” de las universidades públicas. No se han preocupado por asegurarles presupuesto, mejorar sus condiciones de gobierno o promover la investigación. No han optado porque las universidades públicas de calidad, que las hay varias, se expandan hacia nuevas localidades o encabecen redes de mejora de calidad e investigación en sus mejores especialidades. Lo que han hecho es aprobar leyes de creación de un montón de nuevas universidades. ¿Con presupuesto? No. ¿Con calidad? Tampoco. ¿Asegurando buen gobierno? Menos. Pura demagogia, nada más.

Por el camino de este gobierno del congreso mafioso y su títere Boluarte, vamos marcha atrás.  Se profundiza la privatización de la educación superior, el modelo del fujimorismo, donde proliferan universidades sin calidad, sin investigación ni innovaciones. Es decir, la política del “libre mercado” que abre las puertas a negocios turbios. Es el camino del atraso tecnológico, del desaprovechamiento de nuestras riquezas naturales y culturales, de la desigualdad y la corrupción.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 696 año 14, del 26/07/2024

https://www.hildebrandtensustrece.com/

22 de agosto de 2023

Perú: Educación superior, el lento camino

César Azabache

"A veces es necesario andar despacio, porque se avanza cuesta arriba".

Cuando se publicó la Ley 31520, la ley contra la reforma universitaria, organizamos desde el Foro Educativo un proceso intenso de recojo de firmas destinado a pedir al Tribunal Constitucional hacer respetar la reforma, el proceso de búsqueda de calidad en la educación superior iniciado en junio de 2010. La intención era y sigue siendo simple: asegurar a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, una formación apropiada; protegerles de la enorme estafa que representa pasar cinco años de sus vidas frente a una pantomima puesta en escena para cobrar pensiones, sin importar que al final del proceso la pésima formación ofrecida les deje fuera del mercado laboral.

Más de 12.000 personas se adhirieron a la campaña. Más de 9.000 firmas fueron validadas por las autoridades electorales. Sobre esa base pudimos llegar al Tribunal.

Pero antes que llegáramos, 30 congresistas que habían votado a favor de ley simularon tener interés en que se le declare inconstitucional y presentaron su propia demanda. Pudiendo hacerlo, el Tribunal no los atajó. Les dio audiencia sin que nosotros pudiéramos tomar parte en el debate. Como era de esperarse, la sentencia que salió de esa audiencia, publicada en enero de 2023, no discute las cosas que debían discutirse. En esa sentencia, el Tribunal se limitó a declarar que la Constitución, literalmente entendida, palabra por palabra, no contiene ningún artículo que prohíba ensamblar la Sunedu como la ley contra la reforma dispuso ensamblarla.

Sobre esa base, la sentencia hizo posible que Sunedu termine entregada a los sectores antirreforma.

Nuestra mirada es distinta. Sostenemos que los artículos de la Constitución que se refieren a la educación superior deben leerse teniendo a la mano la sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de junio de 2010. En esa sentencia, el Tribunal declaró que lo que existía antes, un sistema gobernado por rectores, era inconstitucional y había que cambiarlo. Declaró además que asegurar la calidad de la educación es un deber del Estado y no puede ser dejado en manos de particulares, menos de aquellos que han hecho de la educación solo un negocio lucrativo. El Tribunal declara allí que los principios que contiene deben ser acatados por todos los poderes públicos, también por el Congreso. Esa sentencia tiene la fuerza de la cosa juzgada. Y la ley 31520 no se inspira en ella. Por eso es inconstitucional.

La semana que termina el Tribunal tomó una primera decisión sobre nuestra demanda. El Tribunal ha declarado que sostendrá la sentencia de enero de 2023. Pero también que, aunque ella siga sobre la mesa, puede darnos audiencia para discutir dos cosas: la parte en que la ley declara que el nuevo objetivo de las políticas sobre educación superior es restaurar las cosas al estado que tenían antes de la reforma y la parte en que elimina las competencias que antes de la Ley 31520 tenía el Estado para fortalecer a las universidades públicas.

No es todo. A través de la puerta que nos han abierto, no podremos discutir la nueva conformación de la Sunedu. Al menos no en este momento. Sin embargo, es un comienzo. Antes del miércoles debemos presentar al Tribunal una nueva comunicación explicando, por separado, por qué sostenemos que la forma en que la Ley 31520 trata los dos asuntos sobre los que se ha habilitado el debate es inconstitucional. En un apretado resumen, sostendremos que la sentencia de junio de 2010 impide volver hacia atrás, ordena avanzar en la reforma, no restaurar el estado de cosas anterior a ella y ordena fortalecer las universidades públicas.

A veces es necesario andar despacio, porque se avanza cuesta arriba.

Doce mil personas se movilizaron para que esta demanda sea posible. ¿Acaso no vale la pena intentarlo?

https://larepublica.pe/opinion/2023/08/20/educacion-superior-el-lento-camino-por-cesar-azabache-1899500

29 de noviembre de 2022

«Los intentos de poner la educación superior al servicio del sector privado toman formas casi cómicas»

Noam Chomsky     (Entrevistra de C.J. Polychroniou)

A lo largo de la mayor parte del periodo moderno, desde la época conocida como la Ilustración, la educación fue ampliamente considerada como el activo más importante para la construcción de una sociedad decente.

Sin embargo, este valor parece haber caído en desgracia en el período contemporáneo, tal vez como un reflejo del dominio de la ideología neoliberal, creando en el proceso un contexto en el que la educación se ha reducido cada vez más al logro de habilidades profesionales y especializadas que atienden a las necesidades del mundo empresarial.

¿Cuál es el papel real de la educación y su vínculo con la democracia, con las relaciones humanas dignas y con una sociedad digna? ¿Qué define a una sociedad culta y decente? El lingüista, crítico social y activista de renombre mundial Noam Chomsky comparte sus puntos de vista sobre la educación y la cultura en esta entrevista exclusiva para Truthout.


Al menos desde la Ilustración, la educación ha sido vista como una de las pocas oportunidades para que la humanidad levante el velo de la ignorancia y cree un mundo mejor. ¿Cuáles son las conexiones reales entre la democracia y la educación? ¿O esos vínculos se basan principalmente en un mito, como argumentó Neil Postman en The End of Education?

No creo que haya una respuesta simple. El estado actual de la educación tiene elementos tanto positivos como negativos, en este sentido. Un público educado es sin duda un requisito previo para el funcionamiento de una democracia, donde “educado” significa no solo informado, sino capacitado para investigar libre y productivamente, el fin principal de la educación. Hacia ese objetivo a veces se avanza, otras veces se ponen obstáculos, en la práctica real, y cambiar el equilibrio en la dirección correcta es una tarea importante, una tarea de importancia inusual en los Estados Unidos, en parte debido a su poder único, en parte debido a las formas en lo que se diferencia de otras sociedades desarrolladas.

Es importante recordar que, aunque el país más rico del mundo durante mucho tiempo, hasta la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. era una especie de páramo cultural. Si uno quería estudiar ciencias avanzadas o matemáticas, o convertirse en escritor y artista, a menudo se sentía atraído por Europa.

Gran parte de lo que prevalece en el mundo actual es una educación impulsada por el mercado, que en realidad está destruyendo los valores públicos y socavando la cultura de la democracia con su énfasis en la competencia, la privatización y la obtención de ganancias. Como tal, ¿qué modelo de educación cree que es la mejor promesa para un mundo mejor y en paz?

En los primeros días del sistema educativo moderno, a veces se contraponían dos modelos. La educación podría concebirse como un recipiente en el que se vierte agua, un recipiente muy agujereado, como todos sabemos. O podría pensarse como un hilo, trazado por el instructor, a lo largo del cual los estudiantes avanzan a su manera, desarrollando sus capacidades para “indagar y crear”. Este es el modelo defendido por Wilhelm von Humboldt, el fundador del sistema universitario moderno.

Creo que las filosofías educativas de John Dewey, Paulo Freire y otros defensores de la pedagogía crítica y progresista pueden considerarse desarrollos adicionales de la concepción humboldtiana, que a menudo se implementa como algo natural en las universidades, porque es esencial para la enseñanza avanzada y la investigación, sobre todo en las ciencias. Un famoso físico del MIT era conocido por decirle a sus alumnos de primer año que no importa lo que estudien, importa lo que descubran.

Las mismas ideas se han desarrollado con bastante imaginación hasta el nivel de jardín de infancia, y son muy apropiadas en todo el sistema educativo y, por supuesto, no solo en las ciencias. Personalmente, tuve la suerte de haber estado en una escuela experimental deweyana hasta los 12 años, una experiencia muy gratificante, muy diferente de la escuela secundaria académica a la que asistí, que tendía hacia el modelo del agua en un recipiente, igual que los programas de “enseñar para el examen” que están más extendidos ahora mismo. Los alternativos son el tipo de modelos que se deben seguir si se quiere tener alguna esperanza de que una población verdaderamente educada, en todas las dimensiones del término, pueda enfrentar las cuestiones muy críticas que están ahora mismo en la agenda.

Lamentablemente, las tendencias educativas impulsadas por el mercado que usted menciona son muy reales y dañinas. Deberían, creo, ser consideradas como parte del ataque neoliberal general contra el público. El modelo empresarial busca la “eficiencia”, lo que significa imponer la “flexibilidad laboral” y lo que Alan Greenspan calificó de “creciente inseguridad de los trabajadores” cuando elogiaba la gran economía que dirigía (antes de que colapsara). Eso se traduce en medidas tales como socavar los compromisos a largo plazo con el profesorado y depender de mano de obra temporal barata y fácilmente explotable (adjuntos, estudiantes de posgrado). Las consecuencias son perjudiciales para la fuerza laboral, los estudiantes, la investigación y la indagación, de hecho, todos los objetivos que la educación superior debe tratar de lograr.

A veces, tales intentos de empujar el sistema de educación superior hacia el servicio al sector privado toman formas que son casi cómicas. En el estado de Wisconsin, por ejemplo, el gobernador Scott Walker y otros reaccionarios han estado intentando socavar lo que alguna vez fue la gran Universidad de Wisconsin, transformándola en una institución que satisfaga las necesidades de la comunidad empresarial del estado, al mismo tiempo que recorta el presupuesto y genera una mayor dependencia del personal temporal (“flexibilidad”). En un momento dado, el gobierno estatal incluso quiso cambiar la misión tradicional de la universidad, eliminando el compromiso de “buscar la verdad”, una pérdida de tiempo para una institución que produce personas útiles para las empresas de Wisconsin. Eso fue tan escandaloso que llegó a los periódicos, y tuvieron que afirmar que fue un error administrativo y retirarlo.

Sin embargo, es ilustrativo de lo que está sucediendo, no solo en los Estados Unidos sino también en muchos otros lugares. Al comentar sobre estos desarrollos en el Reino Unido, Stefan Collini concluyó de manera muy plausible que el gobierno Tory está intentando convertir universidades de primera clase en instituciones comerciales de tercera clase. Así, por ejemplo, el Departamento de Clásicos de Oxford tendrá que demostrar que puede venderse en el mercado. Si no hay demanda en el mercado, ¿por qué la gente debería estudiar e investigar la literatura griega clásica? Esa es la máxima vulgarización a la que hemos llegado, que puede resultar de imponer los principios capitalistas de estado de las clases empresariales a toda la sociedad.

¿Qué se necesita hacer para proporcionar un sistema de educación superior gratuita en los Estados Unidos y, por extensión, desviar fondos del complejo militar-industrial y del complejo penitenciario-industrial hacia la educación? ¿Requeriría esto una crisis de identidad nacional por parte de una nación históricamente expansionista, intervencionista y racista?

No siento que el problema sea tan profundo. Estados Unidos no fue menos expansionista, intervencionista y racista en años anteriores, pero sin embargo estuvo a la vanguardia del desarrollo de la educación pública masiva. Y aunque los motivos eran a veces cínicos (convertir a los agricultores independientes en engranajes de la industria de producción en masa, algo que lamentaban amargamente), hubo muchos aspectos positivos en estos desarrollos. En años más recientes, la educación superior era prácticamente gratuita. Después de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de ley GI proporcionó matrícula e incluso subsidios a millones de personas que probablemente nunca habrían ido a la universidad, lo que fue muy beneficioso para ellos y contribuyó al gran período de crecimiento de la posguerra. Incluso las universidades privadas tenían tarifas muy bajas para los estándares contemporáneos. Y el país entonces era mucho más pobre de lo que es hoy. En otros lugares, la educación superior es gratuita o casi gratuita. En países ricos como Alemania (el país más respetado del mundo según las encuestas) y Finlandia (que constantemente ocupa un lugar destacado en el rendimiento) y países mucho más pobres como México, que tiene un sistema de educación superior de alta calidad. La educación superior gratuita podría instituirse sin mayores dificultades económicas o culturales, al parecer. Lo mismo ocurre con un sistema de salud pública racional como el de países comparables.

Durante la era industrial, muchas personas de clase trabajadora en todo el mundo capitalista se sumergieron en el estudio de la política, la historia y la economía política a través de un proceso de educación informal como parte de su esfuerzo por comprender y cambiar el mundo a través de la lucha de clases. Hoy en día, la situación se ve muy diferente, con gran parte de la población de la clase trabajadora abrazando el consumismo vacío y la indiferencia política, o peor aún, apoyando con bastante frecuencia a partidos políticos y candidatos que de hecho son partidarios acérrimos del capitalismo corporativo y financiero y promueven un movimiento contra la agenda de la clase obrera. ¿Cómo explicamos este cambio radical en la conciencia de la clase trabajadora?

El cambio es tan claro como lamentable. Con bastante frecuencia, estos esfuerzos se basaron en sindicatos y otras organizaciones de la clase trabajadora, con participación de intelectuales en partidos de izquierda, todas víctimas de la represión y la propaganda de la Guerra Fría y del amargo conflicto de clases librado por las clases empresariales contra la organización obrera y popular, que aumentó particularmente durante el período neoliberal.

Vale la pena recordar los primeros años de la revolución industrial. La cultura obrera de la época estaba viva y floreciente. Hay un gran libro sobre el tema de Jonathan Rose, llamado The Intellectual Life of the British Working Class. Es un estudio monumental de los hábitos de lectura de la clase trabajadora de la época. Contrasta “la búsqueda apasionada del conocimiento por parte de los autodidactas proletarios” con el “filisteísmo generalizado de la aristocracia británica”. Más o menos lo mismo sucedía en las nuevas ciudades de clase trabajadora de los Estados Unidos, como el este de Massachusetts, donde un herrero irlandés podía contratar a un niño para que le leyera los clásicos mientras trabajaba. Las chicas de la fábrica estaban leyendo la mejor literatura contemporánea del momento, lo que estudiamos como clásicos. Condenaron al sistema industrial por privarlos de su libertad y cultura. Esto continuó durante mucho tiempo.

Soy lo bastante viejo para recordar la atmósfera de la década de 1930. Una gran parte de mi familia provenía de la clase trabajadora desempleada. Muchos apenas habían ido a la escuela. Pero participaban de la alta cultura de la época. Hablarían de las últimas obras de teatro, conciertos del Cuarteto de Cuerdas de Budapest, diferentes variedades de psicoanálisis y todos los movimientos políticos imaginables. También había un sistema de educación obrera muy activo en el que estaban directamente involucrados destacados científicos y matemáticos. Mucho de esto se ha perdido… pero se puede recuperar, no se ha perdido para siempre.

Este texto se publicó originalmente en inglés en Truthout

28 de noviembre de 2022

Perú: La sopa podrida del Congreso

Ronald Gamarra

Una coalición de intereses creados logró plasmar este año una amplia alianza que impuso su mayoría en el Congreso para aprobar la ley 31520, cuya finalidad es traerse abajo los avances en la reforma de la educación superior universitaria y volver, en ese ámbito, a imponer, como antes, el reino de los señores feudales que se llenan los bolsillos de dinero con la gestión de “universidades” carentes de las mínimas condiciones para ofrecer un servicio de calidad, llamadas por eso universidades basura, una burda estafa a los estudiantes, a sus padres y al país.

La creación de la Sunedu en el año 2014 y el proceso que puso en marcha de licenciamiento de las universidades para asegurar que ofrezcan un piso mínimo de calidad significó un límite importante al caos total que imperaba, sentando la base para continuar desarrollando aun mejores niveles de calidad a los cuales debe aspirar y llegar nuestro sistema universitario. Este proceso de mejora se vio permanentemente entorpecido y obstaculizado por las redes de intereses en torno a las universidades no licenciadas y quienes se proponen retrotraer todo al estado anterior, cuando hacían negocios felices y sin control alguno.

Intentaron traerse abajo la reforma universitaria en diversos momentos, pero la oportunidad definitiva llegó este año, cuando una alianza que va desde el fujimorismo al porkismo y el cerronismo (la ultraderecha y la ultraizquierda juntas y revueltas) impuso la ley 31520, denominada con singular hipocresía “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, como si alguna vez estas hubieran sido intervenidas, pues el control de pisos mínimos de calidad de ninguna manera puede ser considerado como una intervención aquí y en ninguna parte.

La ley 31520 “reforma” la Sunedu poniendo su consejo directivo directamente en manos de los representantes de las universidades, precisamente aquellos a quienes la Superintendencia debe controlar en cuanto al carácter del servicio que prestan. Además, dicta normas de intromisión inmediata sobre la entidad y abre las puertas de par en par a la restitución de la licencia de universidades a las cuales se les retiró por falta de capacidad y aptitud mínimas, así como a la pronta apertura de otras sin el debido control de calidad.

La Sunedu, en cumplimiento de la función para la que fue creada, que es garantizar el cuidado de la calidad educativa universitaria, interpuso una acción de amparo contra la aplicación de la ley 31520. El juez constitucional admitió la demanda a trámite y emitió una medida cautelar que prohíbe la aplicación de la ley en tanto no se resuelva la acción de amparo en sede judicial. De este modo, la Superintendencia logró, aunque fuera provisionalmente, impedir la aplicación inmediata de la ley y el asalto y desnaturalización de ella por parte de las redes mafiosas y sus aliados políticos.

Y entonces, aquí viene la tinterillada, la pendejada. El truquito, la maroma. Conscientes de que el trámite judicial de la acción de amparo tomará tiempo, la alianza congresal contraria a la calidad de la educación universitaria se saca una carta de la manga y hace una “jugada maestra”, por la cual 33 congresistas que impulsaron y votaron por la aprobación de la ley 31520 presentan una demanda de inconstitucionalidad de esa misma ley ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se come? ¿Dónde se ha visto que los mismos parlamentarios que aprobaron una ley en julio demanden en agosto que sea declarada inconstitucional?

El secreto es sencillo: se trata de una vulgar tinterillada, una jugarreta con los mecanismos procesales para burlar la justicia. Una trastada digna de picapleitos y del mentado jirón Azángaro que los congresistas contrarios a la calidad universitaria despliegan con el mayor descaro. Presentan la demanda para perder deliberadamente y hacer que el Tribunal Constitucional declare que la ley 31520 es constitucional, con lo cual la acción de amparo y todo procedimiento de control judicial quedaría enervado y se daría paso a la intervención inmediata contra la Sunedu y la calidad universitaria.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad de los 33 congresistas el 15 de septiembre. No tenía otra, no había cómo rechazarla de inmediato, pero con ello dio paso a una farsa de las peores que han tenido lugar en los anales de la justicia peruana. Una verdadera payasada congresal, si todavía faltaba alguna, para imponer los intereses nada santos del oscuro lobby de las universidades basura. La magistratura –la mayoría de ella, digo– ¿se prestará al juego y validará la canallada, la arremetida fenicia? Espero que no, por la defensa de los valores y principios de la carta política y por la propia dignidad de los tribunos. Total, soñar no cuesta nada y, a veces, la vida te da sorpresas.

¿Quiénes están entre los 33 congresistas firmantes de la pendejada ante el TC? Pues, 13 de la costra fujimorista (entre otros, Alejandro Aguinaga, Tania Ramírez, Martha Moyano y Héctor Ventura, que agredió a un policía hace solo unos días), 5 cerronistas (entre ellos, Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino y Guido Bellido), 5 porkistas (los marinos de tina Montoya y Cueto, Gladys Echaíz, el fundamentalista Muñante), Yessica Amuruz, de Avanza País, y gente de Acción Popular, el Bloque Magisterial de Pedro Castillo, los operadores de Pepe Luna en Podemos Perú, y gente de Perú Bicentenario, desprendimiento del cerronismo.

Todos felices en la misma sopa podrida, japis en la concertada maniobra tinterillesca para apoderarse del sistema universitario. Chapoteando en el fango de siempre. Cómo se ve que les resulta muy fácil entenderse y actuar de consuno, incluso en la viveza semigansteril, cuando hay dinero de por medio. Y en la contrarreforma universitaria que impulsan con tanto afán hay mucho, muchísimo, dinero por ganar, y lo saben muy bien. Cuentan con ello.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 613 año 13, del 25/11/2022, p14


https://www.hildebrandtensustrece.com/

6 de julio de 2022

Perú: DEFENDER LO BUENO, AUNQUE NO SEA POPULAR

Hugo Ñopo

La Reforma Universitaria busca mejorar la calidad del sistema universitario. Apunta en la dirección correcta, aunque dista mucho de ser perfecta. Sin embargo, su problema más serio no está en las mejoras pendientes sino en su falta de respaldo popular. Las marchas convocadas para su apoyo no han tenido éxito. ¿Por qué la calidad del sistema universitario no es algo que levante las cejas de la población?

Primero, porque lo universitario es algo que atañe directamente a muy pocos. Solo uno de cada seis peruanos de 15 o más años cuenta con educación universitaria. La gran mayoría ve a la educación universitaria como algo lejano y piensa que la calidad del sistema no es relevante para ellos, lo cual es un error. Y segundo, porque en un país como el nuestro la calidad es una consideración de segundo orden. Cuando pedimos un plato de comida, lo primero que buscamos es que esté taypá. Cuando necesitamos ingresos buscamos una chambita, aunque sea precaria.[1] El tarrajeado de nuestras viviendas se deja para el final, o nunca.[2]

En esa línea, pareciera que algunos hogares peruanos estuvieran interesados únicamente en que sus hijos consigan el diploma universitario, sin importar la calidad. Ese error es tan grande que convertiría a su aventura educativa en una inversión a pérdida. Estudios hechos tanto en el Perú, como en Chile y Colombia dan cuenta de ello. Para algunas universidades y especialidades, especialmente las de baja calidad, la suma de los costos de la educación (pensiones, pasajes, materiales, alimentación, vivienda, etc.) supera a la suma de sus beneficios (empleabilidad e ingresos laborales futuros). En casos como estos la pérdida seguramente va más allá de lo económico o financiero, pues se quiebran algunas ilusiones y se afecta la confianza en el sistema.

Aquí me parece importante señalar que hay un segmento de la población que viene en aumento: el de las personas con educación universitaria incompleta. Son cada vez más los jóvenes que abandonan sus estudios universitarios, sea por razones académicas, económicas o familiares. Así, la distribución de la población estudiantil universitaria tiene una forma de pirámide, con muchos estudiantes en los primeros ciclos y pocos en los últimos. Las universidades con fines de lucro y de bajo costo han incorporado esto en su modelo de negocio, facilitando, simplificando y abaratando el acceso. Jóvenes incautos ingresan a esas universidades con ilusiones que luego no se materializan. Si eso no se llama estafa, se le parece muchísimo.

Por otro lado, la perversidad del modelo de negocio oculta otra arista que nos genera un mal social: tenemos un exceso de contadores, profesores, abogados, administradores. Precisamente, esas son las carreras que más ofrecen las universidades masivas, baratas y de baja calidad.

¿Cómo evitar que en el futuro más hogares caigan en la trampa de la inversión universitaria a pérdida con el correspondiente quiebre de ilusiones? Queda muy claro que una condición necesaria es asegurar que todas las ofertas universitarias gocen de condiciones básicas de calidad. Este, precisamente, es el trabajo de la SUNEDU: elevar la valla, de modo sostenido en el tiempo.

Pero en economía acostumbramos a decir que no hay lonche gratis. Toda acción o política tiene un costo. En este caso, elevar la valla de calidad de las universidades haría más difícil el acceso a las mismas, algo a todas luces impopular, en más de un aspecto:
  • El académico. Elevar la calidad universitaria haría más notoria la brecha de habilidades entre lo que se ofrece en la educación secundaria y lo que se requiere para una vida universitaria. Entrar a la universidad debería ser más difícil.
  • El monetario. Como ya se han dado cuenta muchas universidades, elevar la calidad cuesta, pues requiere invertir en una mejor infraestructura y en elevar los salarios de los docentes y personal de apoyo. La educación universitaria debe ser cara.
  • El logístico. Para mejorar la calidad resulta útil concentrar los campus universitarios. Esto implicaría que, en lugar de hacer que las universidades vayan a los pueblos, como propone este gobierno, los jóvenes de los pueblos deben movilizarse hacia los lugares en los que se concentran los saberes. El campus debe ser grande, universal, diverso.
La universidad no debe ser para todos: no necesitamos más, necesitamos mejores. El argumento técnico para ello es claro. Pero eso, además de impopular, tiene muchas características de elitismo, sin oportunidades para todos. Así era nuestro sistema universitario medio siglo atrás. ¿Cómo salir de ello? Con fuerte financiamiento público y una mejora integral de la educación. Los altos costos que debería tener la educación universitaria deben pagarse con una dosis importante de recursos del Estado, no basarse tanto en los bolsillos de los hogares. Las altas exigencias académicas de las universidades deberían satisfacerse en las aulas de secundaria, por eso también la reforma magisterial es tan importante.Este jueves el Congreso pretende votar con insistencia la autógrafa de ley que pretende modificar la Ley Universitaria. El pleno votó por ella hace unas semanas y el presidente Castillo la observó, pero hay voces en el parlamento que anuncian que insistirán. Es probable que intereses mercantilistas, disfrazados de argumentos populistas, se traigan abajo la herramienta más importante para mejorar las oportunidades de los jóvenes: la educación.
 
Toca defender lo correcto, aunque no sea popular.

[1] Se estima que en Lima Metropolitana el 42 % de los empleos son no adecuados, en condiciones de informalidad y precariedad.

[2] El Censo Nacional 2017 arrojó que el 44 % de las viviendas del país no cuenta con material noble en sus paredes exteriores.

7 de junio de 2022

Perú: GRADUADOS COMO CANCHA, SALARIOS COMO RIPIO

Hugo Ñopo

Este ejercicio estadístico le dice NO a la creación de nuevas universidades chatarra

Durante las últimas semanas hemos visto con mucha vergüenza que varias tesis de nuestros gobernantes presentan serios indicios de deshonestidad. Además, lo que hemos podido leer de esos trabajos profesionales o de investigación nos indica que nuestro representantes tienen pobre calidad argumentativa, mala redacción, marcos teóricos mal armados y un débil uso de las herramientas metodológicas, lo cual constituye un legado directo del boom de universidades de baja calidad y sin regulación. En este artículo mostraré otro resultado nefasto de tal periodo, con impactos generalizados y una directa implicancia en los bolsillos de la gente.

Existen por lo menos un par de argumentos por los que el boom de estas universidades debería afectar los salarios y, en general, la empleabilidad de la población. El primero es uno muy simple de oferta y demanda. Si la cantidad de graduados aumenta sin que la demanda por este tipo de trabajadores lo haga al mismo nivel, la sobreabundancia de graduados hará que sus salarios bajen. El segundo argumento tiene que ver con las señales: el hecho de que alguien sea un graduado universitario o de alguna maestría le da una señal al mercado de trabajo de que debe tratarse de alguien dedicado, metódico y esforzado.  Pero si luego el mercado de trabajo percibe que tales grados se reparten sin mayor exigencia, el valor de tal señal se reduce.

Más allá de los argumentos teóricos, ahora mostraré evidencia empírica. Para eso, permítanme presentarles un concepto muy útil: el premio a la escolaridad. Este se define como la ganancia en salarios que se obtiene después de alcanzar uno o varios grados de escolaridad extra. Concretamente, aquí les voy a mostrar dos premios a la escolaridad: (i) el de los graduados universitarios en comparación con quienes se graduaron de la secundaria, (ii) el de los graduados de maestría en comparación con quienes se graduaron de la secundaria.

Lo ideal sería medir tales salarios con un grado de secundaria y con un grado superior (universitario o de maestría) en una misma persona, pero eso es imposible. Por lo tanto, aplicamos una aproximación estadística: comparamos el promedio de los salarios de los graduados de secundaria con los promedios de los salarios de los graduados de educación superior (universitaria y maestría). En ambos casos les mostraré el cociente entre el salario promedio de los graduados universitarios o de maestría y el salario promedio de los graduados de secundaria. La medida es imperfecta, pero suficiente como para darnos información relevante.  

Existe un elemento adicional para darle credibilidad a los resultados: ¿cómo obtener la información de los salarios de las personas? Para ello he utilizado la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), una base de datos que es representativa de los hogares del país. Allí hay información de varios miles de personas con diferentes niveles de escolaridad y sus respectivos salarios, además de otra información relevante para muchos otros estudios.

A continuación, la evolución de los premios a la escolaridad (universitarios y de maestría) con respecto a los graduados de secundaria entre los años 2001 y 2020:

Hugo Ñopo 17.png

Como puede notarse, el premio a la maestría (línea verde) es superior al premio del grado universitario (línea amarilla), lo cual tiene mucho sentido. Pero la siguiente observación es la más relevante para lo que queremos mostrar: ambos premios a la escolaridad han venido cayendo en el tiempo.

Para los premios a la maestría no he utilizado el dato más alto, que corresponde al 2003, sino el segundo más alto, del 2002. Por entonces el salario promedio de los graduados de maestría era poco más de 3 veces el de los graduados de secundaria. La caída en los premios a la maestría es notoria hasta 2012 cuando nuestro indicador alcanzó tan solo a 2. De ahí en adelante esos premios han venido subiendo ligeramente, al punto que hoy el indicador está acercándose a 2.5.

Para los premios al grado universitario aplicaré el mismo criterio de no usar el dato más alto, sino el segundo. Este corresponde al año 2001, cuando el salario promedio de los graduados universitarios era poco más de 2 veces el de los graduados de secundaria. Hoy en día tal ratio esta cercano a 1.7 con una tendencia al alza desde 2014.Los premios a la escolaridad han venido cayendo. Tanto el valor del grado universitario como el del grado de maestría son más bajos que antes. Pero aquí hay un dato más que le da credibilidad a la idea de que el problema tiene que ver con las nuevas universidades: esto afecta con más fuerza a los más jóvenes. A continuación mostraré la evolución de los mismos indicadores del cuadro previo, pero restringida a los graduados de 30 años o menos.  

Hugo Ñopo 18.png

Así las cosas, permitir la creación de nuevas universidades o más programas de maestrías en más filiales dentro del país es un despropósito. No necesitamos más oferta universitaria, la necesitamos mejor. Volvamos a darle a nuestros jóvenes la confianza de que el esfuerzo por el estudio vale la pena: la moratoria a la creación de nuevas universidades chatarra debe continuar.

23 de mayo de 2022

Perú: Las universidades bamba causan un grave daño

Luis Pásara


Congresistas, presidentes,
alcaldes, jueces, fiscales,
graduados en malolientes
centros de estudios venales,
deberían competir,
con otras mulas graduadas,
para poder dirimir
cuál bestia fue la agraciada
con el trofeo mayor
del más grande estafador.
Nicolás Yerovi

Miles de títulos profesionales no corresponden a una formación de calidad.

Las muchas universidades carentes del mínimo de condiciones para formar profesionales competentes se han extendido como una plaga en el país. Ahora hay ocasión de comprobarlo, al ver la facilidad con la que tesis –incluso de maestrías y doctorados– fabricadas por empresas dedicadas a ese negocio han sido aprobadas sin exigencias. El daño está hecho: circulan en el país –y también fuera de él– muchas gentes que cuentan con un título profesional que no certifica verazmente sus capacidades.

Es imposible establecer cuántas personas se han graduado sin demostrar el nivel de preparación necesario. Estos graduados engañan a quienes solicitan sus servicios pagando por algo que no tiene valor.

La degradación del sistema universitario empezó a fines de 1996, durante la dictadura fujimorista, con la llamada Ley de Promoción de la Inversión en la Educación (Decreto Legislativo 882), que bajo la excusa de complementar “el esfuerzo realizado” por el Estado “con una mayor participación del Sector Privado”, asimiló las universidades privadas a un régimen empresarial. Sus rentas fueron ubicadas entre las de tercera categoría y quedaron exceptuadas del impuesto mínimo a la renta (arts. 14 y 15), entre otros beneficios. Se supo entonces que el impulsor de esta normativa fue Carlos Boloña, quien había sido ministro de Economía entre 1991 y 1993 y volvió a serlo en 2000. Él era copropietario del instituto que con la entrada en vigencia de la ley se convirtió en Universidad San Ignacio de Loyola, de la que Boloña fue rector entre 1995 y 2000.

Guiadas por el propósito de lucro, en los últimos 25 años las universidades privadas han proliferado; muchas de ellas en condiciones deplorables, esto es, en locales inadecuados, sin bibliotecas y con docentes improvisados. Y, lo más importante de todo, con niveles de exigencia mínimos que “garantizan” al alumno que, a cambio de los pagos, obtendrán un título.

La Sunedu detuvo el festín

En el proceso degenerativo cupo un papel importante a la Asamblea Nacional de Rectores que, convertida en una feria de trueques, aprobó toda iniciativa sin ejercer el control de calidad que le correspondía legalmente. La comilona se interrumpió en 2014 con la aprobación de la ley 30220, que estableció la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), como “responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento” (art. 13).

La clave del diseño de la institución está en su Consejo Directivo, “órgano máximo y de mayor jerarquía de la Sunedu” (art. 17.1). El Consejo está integrado por siete miembros, de los cuales cinco son “seleccionados mediante concurso público”, dos de ellos docentes de universidades públicas y uno de universidad privada, y los otros dos personalidades asimismo seleccionadas mediante concurso público (art. 17.1.3). Elegidos con un mandato de cinco años, los miembros no pueden ser “titulares de acciones o participaciones en universidades o sus empresas vinculadas o en otras personas jurídicas relacionadas a las actividades o materias reguladas por la Sunedu” (art. 17.3.1), ni ser “autoridades, directores, representantes legales o apoderados, asesores o consultores permanentes de universidades o personas jurídicas vinculadas a estas” (art. 17.3.2). Esta normativa estuvo destinada a evitar la interferencia de intereses particulares en el trabajo de la Sunedu, asegurando su independencia.

La inconstitucionalidad de la ley 30220 fue alegada en varias demandas planteadas ante el Tribunal Constitucional por los colegios de abogados de Lima y de Lima norte más algunos congresistas. En noviembre de 2015 el Tribunal resolvió, por cinco votos a dos, declarar infundadas las demandas, centradas en impugnar la creación de la Sunedu.

Desde entonces la entidad ha realizado su trabajo. Conforme se explica en un video didáctico preparado por Rosa María Palacios, 141 instituciones presentaron solicitud para ser obtener licenciamiento como universidades por la Sunedu. De ellas, 92 lograron el licenciamiento y 42 –casi 30%–, no lo alcanzaron debido a no satisfacer los requisitos mínimos exigidos. Entre ellas, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Telesup y otras menos conocidas como la Universidad Privada Leonardo da Vinci, la Universidad Peruana Austral del Cusco o la Universidad Marítima del Perú.

Cuando se legisla según intereses particulares

Las universidades bamba se estrellaron contra el control de calidad de la Sunedu. Pero los intereses particulares representados en el Congreso consiguieron a comienzos de mayo que se aprobara un proyecto de ley destinado a cambiar la composición del Consejo Directivo de la Sunedu. El proyecto contó con el respaldo de Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular y Perú Libre, para alcanzar 69 votos a favor, con 39 en contra. Con la excusa de recuperar la autonomía universitaria, se otorgaría el control del sistema universitario a quienes sean elegidos, como miembros del Consejo Directivo de la Sunedu, por las mismas universidades cuyas calidades deben ser verificadas por la entidad. En el caso de las universidades-negocio esto significa poner al gato de despensero. El negocio, como el gato, engordaría.

¿Cómo se explica el giro? Cinco bancadas del actual Congreso tienen en sus filas a sujetos vinculados a universidades que no han alcanzado licenciamiento. Entre ellos destaca el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Ricardo Molina (Renovación Popular), quien obtuvo su título profesional en una universidad que no ha obtenido licenciamiento, la Universidad Néstor Cáceres Velásquez, de Puno. El vicepresidente de la Comisión es Álex Paredes, de Perú Libre, titulado en la Universidad José Carlos Mariátegui, de Moquegua, que tampoco obtuvo el licenciamiento. José Luis Elías es congresista de Podemos Perú, la bancada de José Luna Gálvez, dueño de Telesup, universidad que tampoco logró el licenciamiento. María Acuña Peralta es hermana de César Acuña, propietario de la Universidad César Vallejo, que en estos días se ha revelado como otorgante de títulos sobre la base de tesis plagiadas.

La Defensoría del Pueblo ha manifestado su rechazo a la contrarreforma. Asimismo, estudiantes y profesores universitarios han expresado su repudio a una ley que aseguraría el funcionamiento de las universidades bamba, manteniendo un sistema que ya ha causado un perjuicio severo a la formación profesional en el país. Al parecer, el presidente Castillo observaría la ley, aunque los aspectos que serían observados no están claros en el momento de escribir este comentario. En cualquier caso, el Congreso podría insistir en el proyecto y convertirlo en ley. Solo la reacción ciudadana puede impedirlo.

8 de febrero de 2022

Perú: “Políticos de muy bajo nivel están detrás de la contrarreforma”

Oswaldo Zegarra Rojas*   (Entrevista de Denisse Torrico)

Tras la aprobación, en primera instancia, de la ley que convierte a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en una versión nueva de la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR), el superintendente Oswaldo Zegarra expresó su rechazo a este duro golpe a la reforma universitaria impulsado por Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Libre.

¿Esta ley “que restablece la autonomía universitaria” es una puerta abierta para el retorno de las universidades que lucran y que no tienen calidad?

Esta ley lo que hace es favorecer a esas universidades que lo único que han hecho en este tiempo es beneficiarse económicamente a costa del sacrificio de los padres y los alumnos.

Para usted, ¿quiénes están detrás de esta pretensión?

Indudablemente quienes están detrás son políticos que tienen muy bajo nivel, que son los que conforman la Comisión de Educación. Ninguno de ellos tiene experiencia de gestión universitaria, todos son profesores de educación primaria básica –muy respetable–, pero aparte de eso, yo creo que existe un poder económico muy fuerte que está detrás de ellos y que son justamente de estas universidades denegadas.

Pero hay rectores de universidades que están a favor...

Un grupo está haciendo una protesta –encabezada lamentablemente por la rectora de la Universidad de San Marcos (Jeri Ramón)– totalmente fuera de contexto, fuera de realidad y que está manejada para privilegio de universidades privadas.

¿En algún país del mundo la autoridad reguladora es integrada por los regulados?

No. Es como si Repsol tuviera representación en Osinergmin para poder regularse. Que el regulador sea al mismo tiempo regulado, eso es un contrasentido.

¿Cuál es el mayor riesgo de esta iniciativa del Congreso?

Sunedu es totalmente independiente y autónomo, lo que quieren hacer es transformarla en un organismo realmente dependiente de quienes lo eligen, porque va a tener a representantes de universidades y los colegios profesionales. Están haciendo una réplica de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

¿De qué manera se verán afectadas las universidades con esta norma? ¿Qué pierden?

Tendrían un libertinaje porque nadie supervisará el cumplimiento de sus condiciones básicas. Harán que la educación se vaya deteriorando.

Se habla de una falta de autonomía en la universidad, la cual retornaría con esta ley...

Eso no es cierto, ese es el pretexto que están utilizando. La autonomía de las universidades nunca se ha deteriorado.

Según algunos congresistas, el problema es la elección del consejo directivo de la Sunedu. Por eso el cambio.

Actualmente se eligen cinco miembros por concurso público que lo organiza el Minedu. Lo que quieren es que haya elección de alumnos y docentes.

En palabras de la rectora de la Universidad de San Marcos, el Partido Morado tiene el control de la Sunedu. ¿Es así?

La doctora Jeri padece de daltonismo. Ve la transparencia con la que actúa la Sunedu y lo ve morado y ojalá esa falta de recepción inadecuada del color morado no sea solamente visual sino también a nivel neuronal. La Sunedu está constituida por profesionales de alta calidad, todos ellos han tenido una larga carrera docente, no tienen ninguna ligación política, ni antecedentes negativos.

¿Usted es del partido Morado?

No he tenido participación política en ningún partido político. Y eso que está diciendo la doctora Jeri, pues, es lamentable.

Han considerado acudir al Tribunal Constitucional si esta ley se aprueba en el Congreso y el Gobierno la promulga, ¿no?

Yo he hecho una invocación al presidente (Pedro Castillo) y al Consejo de Ministros para que observen esta ley si es aprobada, y si no es así, que acudan al Tribunal Constitucional para declarar su inconstitucionalidad, porque es inconstitucional y espero que sostenga alguna posibilidad de solucionar este grave atentado contra la universidad peruana, contra la reforma universitaria.

¿Ha pensado en renunciar al cargo de superintendente?

Yo no voy a abandonar este barco importantísimo en la reforma universitaria simplemente por estar en desacuerdo con personas que realmente en este momento no me merecen ningún respeto ni consideración.

* Oswaldo Zegarra Rojas. 
Superintendente   de la SUNEDU

16 de diciembre de 2021

Perú: Universidades o chifas

Eloy Jáuregui

En tiempos de Fujimori, inaugurar una universidad era más sencillo que poner un chifa o un hostal. Era tal la informalidad y la estafa que el Tribunal Constitucional declara la crisis del sistema universitario peruano en octubre del 2014 y se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Sunedu, que inicia la reforma universitaria, para acabar con la mediocridad y recuperar la calidad educativa superior.

Pero bien sabemos que en el Perú la educación es la quinta rueda del coche. Cierto que hay excepciones. Cierto que en San Marcos tuve a los mejores profesores. ¿Y el resto? Unas fábricas de títulos. Detrás, el producto más visible de esta tragedia: los congresistas. Hijos de la tinieblas y el atraso. Sabido es que al menos 25 de los congresistas actuales (tengo que mencionar a José Luna y su Telesup o acaso a la Garcilaso o Alas Peruanas) tienen vínculos directos con universidades cuyo licenciamiento fue denegado por Sunedu. Y los lobbies a vista y paciencia: hasta octubre, 15 legisladores habían recibido en sus despachos a rectores y representantes de seis de estas casas de estudios sin licenciamiento.

Pero explicarnos cómo es que opera una universidad en el Perú es también describir el nivel de sus profesores. Los conozco de la universidad pública y de las privadas. Ya lo decía Einstein: “El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento”. Sí, digo yo, pero del profesor que sabe. No cuando descubrimos que el titular de la Comisión de Educación, el ilustre Esdras Medina, de Renovación Popular, realizó una maestría en la Universidad Cáceres Velásquez, centro de estudios que no cuenta con el licenciamiento de la Sunedu.

Una universidad solo se justifica, se innova e investiga. Si cuenta con bibliotecas y laboratorios bien implementados. Si las tesis que produce a raudales se insertan en el vida social. Y la Sunedu, que es un organismo del Ministerio de Educación que protege el derecho de los jóvenes a recibir educación superior y de calidad, cumplía con otorgar el licenciamiento a las universidades todas, y fiscalizar el servicio.

Hoy los congresistas –todos- con una visión mercantilista e inculta pretenden regresar a la nefasta ANR y vivir sinuosos en universidades mediocres y anodinas. La estafa y el negocio es redondo y obedece al precepto de la corrupción contra estudiantes, padres de familia y el país.

10 de febrero de 2021

La titulocracia y desafíos de la decolonialidad

Itzamná Ollantay

Durante la civilización moderna, las universidades se constituyeron en los nuevos “templos” del saber científico, en base a las verdades que creían algunos varones del norte de Europa. A esto llamaron ilustración (y al resto de conocimientos los llamaron ignorancia). En ese entonces, ser “universitario” era como ser “escolástico elegido por Dios” en la Edad Media.

Siglos después, devino el fordismo (Siglo XX) que consistía en especializar, capacitar, a los universitarios para diseñar/generar productos para el mercado, generar más ganancias económicas, y así acumular más riqueza para las élites…. Y llegamos al libre mercado neoliberal… donde hay más universidades que mercados de abasto… donde los títulos universitarios se compran y venden como cualquier producto… ¡Donde es más fácil y barato conseguir un título universitario que comprarse una mula o un terreno para cultivar!

En este planeta convertido en mercado el problema no es comprar o vender los títulos académicos (los títulos nobiliarios también eran de compra venta en el medioevo) El asunto está que quienes poseen dichos títulos académicos tienen una falsa conciencia de ser “seres superiores al resto de los no titulados”. Creen y ejercen poder, aunque sin mayor autoridad cultural, amparados en el cartón universitario para buscar sus medios de vida.

Es más, esa falsa consciencia del poseedor del cartón universitario se legitima en alguna medida en la “expectativa social” de la familia, comunidad o sociedad que creen que los “títulos universitarios son vehículos automáticos de ascenso socioeconómico personal y familiar”. ¡Y no existe mayor autoengaño que éste en un libre mercado de títulos con mercados laborales cerrados!

Un detalle más. Así como el cartón universitario no hace a su poseedor más erudito o más capacitado para sobrevivir en un Planeta crítico, tampoco le hace más honesto o ético que al resto. ¡Los o las tituladas no son mejores gobernantes/autoridades, mejores administradores públicos, o mejores cuidadores de la Madre Tierra, sólo por portar un cartón! Veamos las nefastas historias políticas actuales de Abya Yala.

¿Cuáles son los desafíos de la decolonialidad desde las y los académicos?

Desescriturarse. Grandes son los esfuerzos teóricos que realizan las y los académicos sobre procesos de colonialidad y decolonialidad. Sin embargo, mientras sigan utilizando como la única fuente/depósito de conocimiento cualificado la “fuente escrita”, se seguirá afianzando la condición de colonialidad.

Ni los libros, ni los papers, determinan, ahora, la dinámica del mundo real. Es más, lo escrito, como depósito y vehículo, sucumbió frente a la omnipresencia de lo audiovisual. El mundo actual se guía/mueve por verdades que están fuera de los textos escritos. La decolonialidad debe beber de otras fuentes, utilizar otros canales…

Destitularse. Durante la escolástica y la modernidad reciente, las verdades dichas por sus autores tenían autoridad y valor en la medida que éstos acreditaban títulos académicos. Así nació la “tradición suareciana” que consiste en nombrar/presentar los muchos títulos del expositor académico antes que diserte con sus pocas verdades.

El o la decolonial, ante las evidencias del desvanecimiento de la autoridad de los títulos académicos, está llamado a “omitir” presentarse respaldándose en sus títulos. No sólo porque esa presentación o respaldo en sus títulos académicos afianza la condición de “colonialidad ontológica” de su auditorio (que se siente nada en su ser y saber ante el PHD o Lic.) sino porque a mayor grado o años en las universidades occidentalizadas mayores y más profundas son los procesos de colonización en uno o una.

Con los títulos de las universidades occidentalizadas imposible desoccidentalizar o decolonizar el mundo. Los contenidos curriculares y la acreditación occidentalizada están hechos para hacer sostenible la dominación de la humanidad y la demolición de la Madre Tierra.

Volver a la Tierra. Otro de los mitos que instaló la academia occidental fue y es: “Cuanto más títulos y profesional seas, más lejos debes estar de entrar en contacto con la tierra”. Es decir, la academia fue y es esencialmente descampesinación de la humanidad. Veamos caso Cuba, por ejemplo.

Claro, se consiguen los títulos académicos para generar mejores y rápidos ingresos económicos sin mayor esfuerzo físico. Ésta es una ilusión socialmente compartida. El agricultor suele inculcar a su hijo: “Para que no seas como yo, estudia para que seas alguien en la vida”. Pero, ¿eso nos garantiza plenitud? ¿Por qué tanto el miedo a la muerte que es una compañera que nos devuelve a la Tierra, nuestro origen y destino?

Vino la pandemia de COVID19 y nos confirmó el error mortal de la academia occidental y occidentalizada. ¡Las familias campesinas sobrevivieron sin mayores ansias y sufrimientos al encierro planetario! Si no somos capaces de cultivar nuestra propia comida, por más títulos/dinero que poseamos, morimos atrapados en el miedo de encontrar al virus en el otro que nos provee comida.

Hacer comunidad. Así como es contradictorio intentar decolonizarnos u decolonizar recitando únicamente “escritos de autores”, reiterando o amparándonos en nuestros títulos académicos, o alejados de nuestra identidad Tierra, también es y será difícil la decolonialidad desde el individualismo metodológico.

Itzamná Ollantay. Nómada quechua. Hijo de la Pachamama. Activista y defensor reflexivo de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Abogado, teólogo y antropólogo de formación en la ciencia occidental.

27 de junio de 2020

Con licencia denegada

Fernando Tuesta Soldevilla

La pandemia del Coronavirus no solo trae destrucción y muerte, sino una atracción pública que oculta lo que ocurre por lo bajo. Y en ese nivel, nuevamente el sector educación, particularmente la Sunedu, es el blanco de movidas peligrosas en el Congreso de la República. La gran mayoría de proyectos de ley relacionados tienen ese acento.

En concreto, estos proyectos de ley representan una respuesta al proceso de licenciamiento que ha tocado intereses privados y cuotas de poder públicos. Este, llevado adelante por la Sunedu permite, hasta ahora, que estén licenciadas 94 universidades, 46 públicas y 48 privadas, mientras que 46 han sido denegadas. Licenciamiento no es otra cosa que exigir condiciones básicas de calidad, lo mínimo para que una universidad pueda prestar el servicio que ofrece. Estas corrientes nocivas que han estado en varios congresos las tenemos de vuelta en el presente y expresan, sobre todo, los intereses de las universidades no licenciadas, incapaces de demostrar condiciones mínimas de calidad y, por el contrario, expertas en desarrollar grandes ganancias con malos servicios para estudiantes que son vilmente engañados. Con estos proyectos se quiere impedir que la Sunedu concluya el proceso de licenciamiento institucional, estimule un crecimiento ordenado de la oferta educativa y, en general, consolide los avances en la reforma universitaria.

Eso se observó claramente con un proyecto de ley que pretendía crear una instancia revisora de las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la Sunedu, denominada Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (CONAU) que dentro de sus integrantes tendría a rectores y a un congresista, es decir una Asamblea Nacional de Rectores camuflada. Ante el rechazo público, el proyecto fue retirado, pero días después la Comisión de Educación presentó un nuevo dictamen en el que se buscaba que el Estado reorganice a las universidades privadas con licencia denegada y que estas puedan presentarse al proceso de licenciamiento sin cumplir sus obligaciones de cese reguladas por la Sunedu.

En paralelo, desde el Congreso y desde un grupo pequeño de medios de comunicación y páginas de redes sociales, que no consignan responsable alguno, se han venido orquestando una serie de ataques contra la Sunedu y contra el ministro de Educación. El año pasado se dieron también, luego de que se denegaron grandes universidades ligadas a personajes con poder político. Queda claro que el objetivo de estos ataques es poner en entredicho el carácter técnico de las decisiones que ha tomado la Sunedu, con la finalidad de minar su legitimidad y tener base para introducir cambios en la ley universitaria que favorezcan a los grupos de poder vinculados a universidades que no obtuvieron licencia.

En la Comisión de Educación también se ha pretendido que el Estado se ocupe de las universidades denegadas. Esto implicaría que el Estado intervenga en negocios privados y destine recursos de los contribuyentes para “salvar” universidades que durante años han tenido enormes retornos para sus propietarios, sin que esas ganancias sirvan para brindar a sus estudiantes un mínimo de calidad.

La mecánica para defender intereses privados es la de integrar la Comisión de Educación del Congreso, donde se presentan o apoyan proyectos de ley contra la reforma educativa y la Sunedu. Por eso, no llama la atención que allí estén presentes cuatro congresistas que provienen de universidades que no obtuvieron licencia, tres provengan de Ica, donde la universidad ha sido denegada y se manifiesten vínculos con universidades como Telesup, Alas Peruanas, Universidad de Chiclayo, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez.

A través del avance del proceso de licenciamiento, el Estado le está asegurando a la ciudadanía más opciones de universidades que cumplen con estándares esenciales de calidad a lo largo de todo el territorio nacional. Así jóvenes peruanos de la capital como de las diferentes regiones del país accederán a universidades que ofrecen al menos las mismas oportunidades básicas de calidad. Esto no se debe detener.


https://www.leerydifundir.com/2020/06/con-licencia-denegada/