Perú: arremetida golpista

Ángel Guerra Cabrera

La arremetida de la derecha peruana contra el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones comenzó mucho antes de que éste fuera proclamado presidente después de muchas dilaciones –desde que se vio inevitable su paso a la segunda vuelta electoral– y se redobla por días con virulencia y cariz francamente golpista.

Incluye, entre otras maniobras, exigencias de renuncia del presidente en pequeñas pero muy difundidas manifestaciones del fujimorismo, y pedidos de diputados para la sustitución del primer ministro Guido Bellido y el canciller Héctor Béjar. Éste, por cierto, ha dejado claras las bases de una política exterior independiente y soberana, defensora de la no intervención, promotora de la unidad y la integración regional mediante Unasur y la Celac, que se aparta del moribundo Grupo de Lima: condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que sólo afectan a los pueblos, ha dicho.

Para el imperialismo y los ultrarracistas grupos de poder económicos locales e internacionales, resulta inadmisible aceptar que llegue a la presidencia el primer cholo, maestro de escuela y campesino andino en la historia peruana, en un país estratégicamente tan importante, justo en un momento de reanimación de las luchas populares y de ascenso de gobiernos de izquierda en la región. Desde que fue derrocado por un golpe derechista el general y presidente Juan Velasco Alvarado (1975) –también de origen humilde, cholo y andino norteño–, el imperialismo dio por hecho a Perú como su dócil dependencia.

En efecto, todos los ocupantes desde entonces del Palacio de Pizarro han sido lacayos de Estados Unidos y de la oligarquía, asaltantes del erario público en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial. En este cuadro, la dictadura de Alberto Fujimori desempeñó un papel fundamental en la aplicación del neoliberalismo y la represión de la protesta social y hoy el fujimorismo es la más importante fuerza de choque de la extrema derecha. La descomposición política y crisis institucional llevó al extremo de que, a partir de 2016, el país ha tenido cuatro presidentes en el último periodo constitucional de cinco años.

Por su parte, a Pedro Castillo, hombre del Perú profundo que al frente de su alto cargo continuará por decisión propia con su modesto salario de maestro y cuyo programa de gobierno busca beneficiar a las mayorías y defender el interés nacional a diferencia de los presidentes neoliberales, no se le ha concedido un minuto de tregua desde que asumió la presidencia hace apenas 15 días, sometidos él y varios de sus colaboradores a una lluvia de mentiras, calumnias, insultos y medias verdades por los medios hegemónicos locales e internacionales, que lo adversan furiosamente. Esos medios por excepción dicen alguna verdad, como la rotunda negativa de Castillo y colaboradores de atacar a Cuba y Venezuela. A lo largo de los años han creado una matriz de opinión tan mendaz y deformada sobre esos dos países –dictaduras que matan y desaparecen, según ellos, cuando en verdad son los más democráticos de nuestra región–, que su sola mención atemoriza a muchas personas honestas. Éste es todo un tema a debatir sin tregua con sólidos argumentos en la batalla de ideas entre las fuerzas populares y la dictadura mediática mundial y el puñado de corporaciones que las controlan, en uno de los hechos más opuestos y dañinos hasta para la democracia procedimental existente en la actualidad. Ni hablar de que en ese clima puedan desenvolverse, si no es con serios contratiempos, una democracia participativa y un nuevo orden constitucional como el prometido en campaña por Pedro Castillo.

Castillo tiene un sólido apoyo social en las zonas que lo votaron y es visto con simpatía en muchas otras, pero sólo cuenta en el Parlamento con 37 puestos más cinco de su aliado Juntos por el Perú, sobre un total de 130, y podría ser depuesto –vacancia llaman ahí a la figura– si la derecha consiguiera reunir mayoría de votos, algo no improbable; eventualmente podrían intentar un golpe de Estado. La pequeña ventaja que sacó a su rival no favorece pues el fujimorismo ha hecho tragar a no pocos el mantra del fraude.

Pero, está claro, el simbolismo moral de la presidencia de Pedro Castillo es de una importancia histórica extraordinaria. Pocas veces la izquierda logra alzar a la presidencia a una persona tan representativa, venida directamente del trabajo docente y agrícola, expresión del Perú de todas las sangres, del ayllu. Un hombre cuyo proyecto despierta una gran esperanza en Perú y haciendo equipo con los demás líderes revolucionarios y progresistas de la región. Los gobiernos progresistas, las fuerzas de izquierda y populares de nuestra América debemos permanecer muy alertas y listos para impedir cualquier maniobra derechista que busque derrocar a nuestro querido maestro y presidente andino.

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Perú: Pedro Castillo y su histórica victoria

Ángel Guerra Cabrera

La llegada a la presidencia de Perú de Pedro Castillo es una gran victoria política de las fuerzas de izquierda, populares y progresistas agrupadas en torno a su candidatura. Llamada sin duda a tener una sensible repercusión, no sólo en el importante país andino, sino en la geopolítica de América Latina y el Caribe.

La corta distancia entre los votos alcanzados por él y los de su rival Keiko Fujimori, los insólitos 42 días que ha debido esperar desde su elección para ser proclamado presidente, la feroz campaña durante ese tiempo del fujimorismo, las élites locales y los medios hegemónicos para crear la matriz de un fraude electoral y deslegitimar su victoria, lejos de disminuirla, la engrandecen. Cada voto a Pedro vale, cuando menos, por dos de su adversaria, pues labró su triunfo sin disponer apenas de recursos, mientras ella gastaba una millonada; con la prensa, los grandes capitales y la derecha internacional disparando hasta hoy mentiras contra el maestro cajamarquino de 51 años.

Inscrito como candidato el último día del plazo establecido, su campaña fue boca a boca, a lomo de su yegua o en camiones, de pueblo en pueblo, en mítines a veces envueltos por las nubes andinas. Fue tan cerca de la gente que se contagió de Covid-19, lo que le valió muchas simpatías en una nación minada como pocas por la enfermedad, gracias a la corrupción gubernamental. Aunque no tuvo asesores de imagen, ni agencias de publicidad ni granjas de bots, no desdeñó las nuevas tecnologías y los videos, circulados en el país, con sus discursos en nutridos mítines del empobrecido VRAE (Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro), ganaron la admiración de muchos.

Su victoria significa la esperanza de las grandes mayorías en Perú de sacudirse tres décadas de predominio ultraneoliberal iniciadas por el corrupto y autoritario fujimorismo, cuya nefasta influencia en ese periodo sobre el poder político y económico puede llegar a su fin más temprano que tarde. Significa también el arribo a la casa de gobierno de Lima, del Perú profundo, originario y de los cholos, de la sierra, la Amazonia y las zonas urbanas marginales y empobrecidas de la costa, hombres y mujeres que no han sido escuchados por siglos y que han vivido una amarga pesadilla de creciente desigualdad, marginación e injusticia con la aplicación a sangre y fuego de las políticas del Consenso de Washington. Esas que arrasaron –como en México, Argentina, Brasil o Chile– con el sistema de empresas públicas, con el control por el Estado de los recursos naturales y, en consecuencia, con la soberanía del país. Gran parte de ese patrimonio fue rescatado para la nación durante la presidencia del general cholo Juan Velasco Alvarado (1968-75), que elevó la dignidad nacional al nacionalizar el petróleo, realizar una reforma agraria que partió el espinazo para siempre a la reaccionaria oligarquía tradicional, dio una orientación de independencia en política exterior al país y lo colocó en la vanguardia de nuestra América junto a la Cuba de Fidel Castro, el Chile de Salvador Allende y el Panamá de Omar Torrijos. Ahora podrá Pedro Castillo tejer lazos con los gobiernos populares, progresistas y revolucionarios de la patria grande y, por encima de banderías políticas, fomentar relaciones de amistad con los países vecinos.

En su frontera occidental lo arropa la rebelde Bolivia de Evo Morales y Luis Arce, y es muy probable que en noviembre cuente con un gobierno popular a su extremo sur, en Chile. No escapa a ningún observador medianamente informado lo que podrían hacer juntos estos gobiernos y el de Argentina. Entre otras acciones, pueden restaurar la Unasur –destruida por la saña del traidor Moreno en complicidad con los otros gobiernos de derecha de la zona–, fortalecer la Celac, tan acertadamente conducida por México en esta etapa, desarrollar proyectos económicos conjuntos, incluso con los gobiernos de derecha que se dispongan. En el caso de Chile y Perú regresar, como ya lo hizo Bolivia, al Movimiento de Países no Alineados. Recuperar, en fin, una política de paz, cooperación internacional y rechazo al uso de la fuerza y el intervencionismo.

Pedro Castillo arriba a la presidencia con la herencia maldita del neoliberalismo más salvaje y un país roto por una larga y profunda crisis política y por la pandemia, ante una derecha que no le dará tregua y deberá vérselas con un Parlamento atomizado donde de 130 puestos sólo cuenta en principio con los 42 que suman la alianza de su partido con Juntos por el Perú-Nuevo Perú, de Verónika Mendoza. Se verá forzado a negociar para sacar sus iniciativas, pero cuando eso no le baste, pues la derecha no dejará pasar, por ejemplo, su proyecto de convocar a una Asamblea Constituyente, contará con la posibilidad, como sugería recientemente el ex guerrillero y académico Héctor Béjar, de llamar al pueblo a movilizarse, una valiosa tradición peruana.

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Biden ante una sublevación latinocaribeña

Ángel Guerra Cabrera

Este artículo plantea que existe actualmente un avance de las fuerzas populares en América Latina y que sería inteligente para Biden iniciar una política de diálogo con la región.

El detonador del reciente estallido social en Guatemala fue el enérgico rechazo popular al mayor presupuesto de su historia, más de 12 mil millones de dólares aprobados de forma opaca, ilegal y aumentando el endeudamiento externo. No obstante su aumento de más de 2 mil millones respecto al del año 2019, reducía la ya miserable inversión social en educación, salud, amparo a lactantes y, en general en combatir la pobreza. En situación de pandemia, grave crisis económica e incremento de las carencias, sobre un piso ya existente de un 70 por ciento viviendo en pobreza y pobreza extrema, resulta ofensivo un presupuesto ostensiblemente mayor al del año anterior, pero que reducía más los enclenques fondos dedicados a necesidades sociales. Las magras ayudas prometidas por el gobierno de Alejandro Gianmattei a las familias más afectadas por el coronavirus han llegado incompletas, o no han sido entregadas. Si encima, el presupuesto se elabora basado en el engaño y es aprobado casi clandestinamente, sin consulta a la población y se termina reprimiendo a los inconformes, es explicable que estalle la ira popular y, al que algunos le prendan fuego al Congreso Nacional, uno de los símbolos de la megacorrupción que aqueja a Guatemala hace décadas. Estas protestas continúan, pero ahora con más conciencia y elevada participación de indígenas, obreros y estudiantes que en las de 2015, que culminaron con el encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina. Pérez Molina fue investigado por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala(CIGIG), instancia creada por la ONU con el beneplácito de Estados Unidos, que vio la posibilidad de tomar al general como chivo expiatorio, mientras salvaba a sus aliados de los grandes grupos económicos y entretenía a la población con esta farsa para continuar la perversa aplicación de las políticas neoliberales.

Esas políticas han propiciado la olímpica corrupción de Gianmattei, que no puede explicarse si no se ahonda en su enraizamiento vigoroso en la grosera injerencia de Estados Unidos en Guatemala. A partir del golpe de Estado de la CIA(1954), que derrocó al presidente Arbenz, el país quedó gobernado por una alianza de la embajada estadunidense, las cámaras empresariales y los militares de ultraderecha, cuyos negocios con el narco, el contrabando y otros giros criminales han sido sostenidos por las fuerzas armadas antes y después de de los acuerdos de paz con la guerrilla en 1996. El golpe llevó al genocidio maya, con 200 mil muertos y desaparecidos, incluyendo opositores y bases de apoyo de la guerrilla.

El genocidio terminó, no así la impunidad de sus autores, ni las masacres de indígenas, ni la represión. Los acuerdos de paz abrieron cierto espacio político a elecciones, pero apenas tocaron la secular estructura de dominación imperialista-oligárquica. El colmo del cinismo es que Gianmattei haya invocado la Carta Democrática Interamericana (OEA), concebida para una situación de golpe de Estado y pedido al supergolpista Almagro que vaya en su auxilio, lo que ha provocado gran indignación popular.

Teñidas por las características de cada país, es evidente que las políticas neoliberales han impulsado la corrupción en América Latina y el Caribe, como en el mundo, al estimular la prevalencia del individualismo, el consumismo, la desigualdad, el desempleo y, en general, la subordinación de lo público a lo privado.

Hay pruebas de que crecientes sectores de los pueblos de nuestra América han tomado conciencia de estas realidades y sus causas y están hartos de sufrirlas. Las rebeliones populares haitiana y ecuatoriana de 2019 y 2020, seguidas por el masivo y combativo levantamiento popular chileno, que saca fuerzas de flaqueza y nos sorprende en la pelea y desafiando la represión no obstante la pandemia; la secuencia de protestas populares en Colombia, que ya cumplieron un año pese a los asesinatos y masacres, y la reciente derrota del golpe de Estado en Perú, que en unos lugares más y otros menos, claman por una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución deja muy claro que nuestros pueblos ganan madurez política y están relanzando la ofensiva progresista iniciada e impulsada por Hugo Chávez en 1999. Marca un hito extraordinario en esta corriente histórica la rápida derrota del golpe y la dictadura militar en Bolivia por sus pueblos encabezados por Evo Morales y el MAS y la clamorosa elección del dúo Arce-Choquehuanca, que ha refrescado mucho al ambiente revolucionario y democrático en la región. La derrota electoral de Trump beneficia a este proceso porque debilita más a los gobiernos ultraderechistas de Colombia, Chile, Ecuador y no se diga Brasil. Biden dejó el cargo cuando se acentuaba el retroceso de las fuerzas populares en varios países; hoy sería inteligente si buscara el diálogo con nuestra América rebelde que tenderá a unirse y presentar un frente común verdaderamente democrático al vecino del norte. Nos falta la victoria del chavismo el 6 de diciembre en Venezuela, que estremecerá las raíces de los Andes.

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Trump vs. Putin en Venezuela

Ángel Guerra Cabrera

Rusia “tiene que salir de Venezuela” y para conseguirlo “todas las opciones están sobre la mesa” declaró el presidente Donal Trump desde la Casa Blanca el miércoles 27 de marzo. A su lado, visitante de honor, la esposa del supertítere Juan Guaidó, el más lacayo y descolorido de la legión de lacayos del Grupo de Lima. Otra señal de que Estados Unidos, a consecuencia de su crisis de hegemonía, intenta restablecer la infame doctrina Monroe, como han reiterado varios de sus voceros oficiales.

Pero, ¿qué se puede esperar de Trump? Acaba de proclamar la soberanía de Israel sobre las ocupadas Alturas de Golán, territorio de Siria, hecho que subraya el desprecio por las leyes internacionales del magnate y la pandilla de maleantes a la que ha encargado la política exterior. Igual el ilegal reconocimiento que hizo de Jerusalén como capital del Estado sionista, el descarado golpe continuado y preparativos de intervención militar contra la República Bolivariana de Venezuela a plena luz del día y dirigidos a punta de tweets desde la Casa Blanca. Sin olvidar la degradación al mínimo de las relaciones diplomáticas con Cuba y el recrudecimiento brutal del bloqueo luego de los modestos avances logrados en el segundo mandato de Obama. En ambos casos su gobierno ha pretendido justificarse mediante una catarata de mentiras y calumnias, como que la isla mantiene más de 20 mil soldados en Venezuela o los fantásticos ataques sónicos contra su personal diplomático en La Habana.

Mal que bien, la relativa observancia de la legalidad en el sistema internacional con posterioridad a la fundación de la ONU en 1945 permitió mantener ciertos equilibrios y previsibilidad de los acontecimientos. Había guerras de agresión genocidas como en Vietnam o la larga campaña terrorista contra Cuba después del fracaso de la invasión por Playa Girón. No es nuevo que Estados Unidos pisotee el derecho internacional. Siempre lo ha hecho, pero había ciertos límites, líneas rojas como se dice últimamente, que ninguna de las grandes potencias cruzaba. Ahora Estados Unidos aplica pura la ley de la selva en las relaciones internacionales. Washington comenzó a violar de manera cada vez más impúdica no solo las leyes internacionales, sino sus propias Constitución y leyes desde Ronald Reagan, con su sangrienta intervención en los conflictos centroamericanos y el desencadenamiento de una guerra mercenaria contra la Nicaragua sandinista, origen del mayúsculo escandalo Irán-Contras. Esa conducta se incrementó con las administraciones posteriores, tal vez una relativa pausa durante el período de James Carter. Pero fue retomada por Bush padre, Clinton, Busch hijo y Obama. Justo a partir de este, además de la continuidad de las intervenciones militares directas, con “botas en el terreno”, como en Irak y Afganistán, o más enmascaradas como en Libia y Somalia, aumentaron considerablemente los asesinatos con drones, las operaciones con grupos de operaciones especiales y cobraron auge los cambios de régimen mediante el uso de los llamados golpes blandos o suaves. Un ilustrativo ejemplo de esto fueron las denominadas revoluciones de colores y el golpe de Estado en Ucrania, concebido en realidad para imponer un gobierno vasallo, que expulsara a la flota rusa del Mar Negro del puerto de Sebastopol y, al servicio de la OTAN, erigiera una grave amenaza a ese importante flanco defensivo de Rusia.

Así como se enarboló por George W, Bush el Eje del Mal (integrado por Corea del Norte, Irak e Irán) para justificar la llamada guerra contra el terrorismo, recientemente el consejero de seguridad nacional y neocon John Bolton habló de “una troika de la tiranía” en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua, aunque por lo menos una fuente de la Casa Blanca afirma que también Bolivia está incluida no obstante no haber sido mencionada en aquel momento. Más tarde, en un discurso electoralista en Miami, Trump, con su ignorancia enciclopédica aseveró: "Cuando Venezuela, Cuba y Nicaragua sean libres, este será el primer hemisferio libre (de socialismo) en toda la historia de la humanidad”. Recuérdese que Bernie Sanders y varios diputados demócratas se reivindican como socialistas.

¿Basado en qué principio legal o moral puede Trump decir que Rusia se tiene que ir de Venezuela? Solo pensando en el uso de la fuerza tendría sentido práctico semejante declaración, porque Rusia y Venezuela tienen derecho como estados soberanos miembros de la ONU a mantener acuerdos de suministro de armas y cooperación militar. Por cierto, acuerdos que pronto cumplirán dos décadas. Nadie se los puede prohibir. Mucho menos cuando Washington practica una guerra contra Caracas en prácticamente todas las esferas vitales para la subsistencia de una sociedad y un estado, como son los sabotajes contra su sistema energético y, encima la amenaza con una inminente intervención militar, a la vez que observa una actitud cada vez más hostil hacia Moscú, que considera al país bolivariano su aliado estratégico.

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Venezuela: epicentro geopolítico mundial

Ángel Guerra Cabrera

Estados Unidos, desesperado ante el fracaso de sus intentos por destruir la Revolución Bolivariana, ha nombrado a un payaso como presidente de Venezuela. Equivalente a una declaración de guerra, ha puesto nuestra región a las puertas de un conflicto bélico de grandes proporciones. Juan Guaidó fue preparado en Estados Unidos y en Serbia para el cambio de régimen bajo la supervisión de la CIA y puesto en circulación hace unos meses hasta su ilegal autoproclamación el 23 de enero.

Si Washington y sus satélites en el cártel de Lima y en la Unión Europea lograran consumar la anhelada intervención militar en Venezuela, cualquier coalición imperialista podría, desde ese momento, al margen del derecho internacional, hacer lo mismo contra gobiernos que no sean de su agrado. Después de una larga serie de intentonas golpistas, Venezuela es sometida desde 2013, a una guerra hibrida: bloqueo económico, financiero y comercial, desabastecimiento selectivo de productos e inflación comprobadamente inducida por los capitales externos y sus súbditos internos de la oligarquía local, guerra mediática internacional y actos terroristas focalizados.

En Venezuela no se necesita ayuda humanitaria. Bastaría que Washington comenzara por liberar los aproximadamente 23 mil millones de dólares que retiene al tesoro venezolano. Solo con ellos, Venezuela podría comprar los mil millones en medicamentos que necesita durante un año y quedaría sobradamente para otras necesidades apremiantes.

Venezuela mantiene la producción agropecuaria y en algunos renglones la ha aumentado, su industria y minería continúan funcionando. La producción petrolera ha caído debido a la falta de piezas de repuesto, la resequedad financiera y la actividad contrarrevolucionaria en su interior, pero ya sienta bases firmes para volver a crecer. Existe una industria farmacéutica en manos de transnacionales, que intencionalmente, para generar disgusto en la población, no produce ciertos medicamentos críticos en cantidad suficiente y oportuna. En los últimos 7 años, el país ha construido 2 millones quinientas mil viviendas de calidad en entornos urbanísticos amigables. Mantiene una escolarización de más de 7 millones de infantes en escuelas primarias, ha aplicado 8 millones de vacunas en coordinación con la Organización Mundial de la Salud que protegen a la población contra enfermedades contagiosas. En resumen, hablar de crisis humanitaria y de necesidad de ayuda humanitaria, no es más que un pretexto para una intervención militar.

Es perverso calificar de ilegítimo al presidente Nicolás Maduro. Fue electo en 2018 en comicios en los que votaron más de 8 millones de electores, de los cuales mas de 6 lo hicieron por el abanderado de la Revolución, 67.84% del total. El ente electoral que contó los votos fue el mismo que en 2015 certificó la importante victoria de la oposición en los comicios parlamentarios. Numerosos observadores no reportaron ninguna irregularidad de importancia. La oposición tuvo presentes a sus técnicos, como siempre, en las numerosas auditorias realizadas al sistema electoral. Dos pequeños partidos políticos de extrema derecha se abstuvieron de competir, pero ello no invalida la elección según la ley

Las organizaciones políticas que no presentaron candidatos seguían la orden dada por Washington cuando, en el momento en que se firmaría el acuerdo para una solución política al conflicto entre el gobierno bolivariano y la oposición, se retiraron de la mesa de negociación, ante el asombro de los mediadores: el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el mandatario dominicano Danilo Medina. Comenzaba así la recta final del nuevo plan imperialista para derrocar al mandatario venezolano, apoderarse de los cuantiosos recursos de Venezuela y aniquilar al chavismo como sujeto histórico a escala latinocaribeña. En agosto de este año se produjo el fallido intento de magnicidio contra Maduro, seguido de varios ataques terroristas puntuales contra la infraestructura energética y ataques a pequeños cuarteles, que buscan dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Pero Caracas y todas las ciudades venezolanas permanecen tranquilas, alegres, y las pruebas de apoyo popular y lealtad de las FANB al presidente son contundentes. Maduro ha participado en maniobras con las principales unidades militares y navales. En una reunión en la que nos habló de este tema relató emotivamente su encuentro con los 200 pilotos de combate partícipes de la defensa antiaérea.

Defender la soberanía y la integridad territorial de Venezuela es hoy, deber sagrado de todas las mujeres y hombres amantes de la paz, porque la patria bolivariana ha devenido epicentro de la disputa mundial entre el orden unipolar defendido por Washington y el multipolar al que aspiran China y Rusia con el apoyo de los gobiernos independiente. En esta encrucijada se decidirá no solo la soberanía venezolana, sino la de todos los pueblos del mundo.

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Brasil, la derrota del golpe se decide en la calle

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Ángel Guerra Cabrera

Tragué sapos, pero pude presenciar casi hasta el final el denigrante espectáculo de los corruptos, ignorantes y desvergonzados diputados brasileños. En nombre de Dios, la familia y, hasta algunos, con loas a la dictadura militar, una holgada mayoría aprobó, sin fundamento jurídico, el inicio del juicio político a la presidenta Dilma Rouseff. Por eso ha tenido tan mala prensa fuera de Brasil y no ha recibido el apoyo público de un solo gobierno en el mundo.

Era el preámbulo del golpe de Estado, que marcha a todo trapo en las cúpulas, gestado por una coalición del capital financiero y el agronegocio internacionales capitaneados desde Washington. Sin subestimar el importante papel de los grupos económicos y mediáticos locales, la cadena Globo en particular, que junto a los demás medios dominantes tomó hace tiempo la dirección de los partidos opositores, dedicados a instigar el odio, la histeria y a calumniar un proyecto al que nunca pudieron vencer electoralmente. Esta cofradía atrajo al centro del plan golpista a las formaciones “aliadas” al Partido de los Trabajadores (PT), incluyendo al vicepresidente Michel Temer.

Es enorme la concentración de intereses que persigue destruir políticamente a Dilma y, por carambola, al PT y, sobre todo, a Lula da Silva, quien en lugar de ser reelecto en 2018, pues no tiene contrincante que se le acerque, podría acabar injusta y arbitrariamente en la cárcel. De esta forma, liquidar el Brasil incluyente construido por los gobiernos del PT, que sacó de la pobreza y la marginación a decenas de millones con planes asistenciales y de educación, salud y vivienda popular. Además de apoderarse de sus enormes recursos naturales, comenzando por el gigantesco yacimiento petrolífero Tupi.

Si el juicio político -o impeachment- contra la presidenta triunfara, permitiría, como ya ocurre en Argentina, un brutal y acelerado asalto a los salarios y a los derechos sociales de los trabajadores y los más desfavorecidos, con trasferencias millonarias de riqueza a una pequeña elite. Y esto no es todo, pues llevar hasta las últimas consecuencias un atraco de esa naturaleza a poblaciones que fueron muy beneficiadas socialmente en las dos últimas décadas exige despojar de sus ripios a la desvencijada democracia burguesa y avanzar hacia los que se prefiguran como mal disfrazados regímenes de fuerza.

A escala regional, la victoria del golpe significaría un duro golpe a la arquitectura de unidad e integración latino-caribeña, cuyas primeras piedras colocó el trascendental liderazgo de Hugo Chávez, Néstor Kirchner y el propio Lula. Esa alianza permitió la derrota del ALCA y coadyuvó al surgimiento de otros gobiernos populares. Posteriormente, con Evo Morales y Rafael Correa ya a bordo, encabezó, con la inspiración y el sólido apoyo de Fidel y Raúl Castro, la construcción de un entramado de instituciones regionales como la UNASUR y la CELAC, cuya deriva de independencia respecto a Estados Unidos podría sufrir un retroceso importante de consolidarse el golpe mediático-parlamentario-judicial contra Dilma.

El golpe en Brasil persigue cercenar de los BRICS al gigante suramericano, y con ello provocar una sensible grieta en el entramado emancipador de nuestra América y en el orden multipolar que ha ido emergiendo del ascenso de China, Rusia e India como importantes jugadores de la escena internacional.

Con las ramas judicial y legislativa y la policía federal minadas por la corrupción y ansiosas de retornar a Brasil “al mundo”, o sea, a la subordinación al imperialismo, incluidos los programas de “ajuste” estructural del Fondo Monetario lnternacional, el arma fundamental para derrotar el golpe es la movilización popular en las calles. Aunque el frente antigolpe prepara también una estrategia para la defensa de Dilma en el Senado, cámara que tiene la última palabra sobre si procede el impeachment.

Han venido creciendo importantes marchas del Movimiento de Trabajadores sin Tierra y el Bloque Brasil Popular y se espera que experimenten un salto el primero de mayo, cuando hay convocadas manifestaciones en todo el país contra el golpe y por las demandas del movimiento popular, cuyo centro será la ribera de Anhangabaú, en San Pablo.

Lula ha dicho que con el golpe la oposición busca llegar al poder de forma ilegítima e implementar autoritariamente una agenda neoliberal derrotada en las urnas y que habrá lucha por la democracia.

Ese es el camino. En Brasil, en Argentina, en Venezuela, en todas partes.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

http://www.leerydifundir.com/2016/05/2290/

Trump, un fascista en ruta a la Casa Blanca

​Ángel Guerra Cabrera

La rotunda victoria de Donald Trump en el llamado supermartes de las elecciones primarias en Estados Unidos, lo colocan ya como muy probable candidato a la presidencia por el Partido Republicano, como vaticinan las encuestas. Faltan meses de aquí a noviembre pero, si no ocurre un imprevisto, no se ve otro personaje en el campo republicano que pueda hacerle frente con posibilidades de éxito.

En todo caso, Ted Cruz y Marcos Rubio, sus contrincantes en la contienda interna, no están lejos de las posturas extremistas de derecha del multimillonario, pues también se pronuncian en contra de los musulmanes y los migrantes, a favor de las políticas más belicistas, de la guerra comercial contra China, además de que, con marcado énfasis se oponen ferozmente a cualquier entendimiento con Cuba, Venezuela y los demás países de la ALBA.

Podrá Rubio, un político surgido de y estrechamente ligado a la desprestigiada y corrupta industria anticastrista, atemperar algo sus palabras para complacer a la cúpula del establishment republicano, pero sus actitudes políticas son parecidas a las de Trump. Por no hablar del fanatismo religioso y patriotero de Ted Cruz. Pero ninguno de los dos exhibe el fuelle creciente de Trump y Rubio se ve tan desinflado que algunos han hablado de la posibilidad de que pierda Florida, su base política.

En la mayor democracia del mundo, que diariamente nos desnuda el corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, David Brooks, sigue vivo el racismo como en los tiempos de la Guerra de Secesión. Más de cincuenta años después de las grandes luchas por los derechos civiles y el supuesto fin de la segregación racial, parte considerable de la población negra vive en guetos y está sometida a un deterioro considerable de sus condiciones educativas, laborales y sociales. Negros y latinos constituyen el 39 por ciento de la población carcelaria. No es un dato menor en este análisis que Estados Unidos posea la mayor cifra de encarcelados en el mundo, 2.2 millones de personas, y que se hable ya de “complejo industrial carcelario”; es decir, la privatización del sistema penal, con ganancias de 170 mil millones de dólares al año.

El viejo y acendrado racismo de grandes sectores de la población blanca en el sur, el medio oeste y, en menor medida, en todo el país, y el mito del excepcionalismo estadounidense han creado el clima propicio para que las clases obrera y medias de origen anglosajón, blancas e ignorantes, golpeadas por el desempleo y cuyos ingresos han caído significativamente con las políticas neoliberales, sean receptivas a discursos como el de Trump, que echan la culpa al “otro” de todos sus males.

No es de menor importancia en el humor actual de esos sectores, el individualismo y la ideología de sálvese el que pueda fomentada deliberadamente por el sistema educativo y los grandes complejos mediáticos desde la presidencia de Ronald Reagan.

También abonan a ese estado de ánimo revanchista, como el de la Italia de los veintes y la Alemania de los treintas, los descalabros militares de Washington y su crisis de hegemonía ante la emergencia de potencias nucleares y económicas como Rusia, India y China, esta última cómodamente la segunda economía del mundo. “Devolver a Estados Unidos su grandeza”, es el lema de Trump.

Ello tal vez pueda explicar que en un estado de rancia reputación liberal como Massachusetts, haya conquistado la mitad de los votos pese al inaudito desprecio con que ha llegado a calificar a los mexicanos de “corruptos, delincuentes y violadores” y, a su proyecto favorito, consistente en construir un muro de 1600 kilómetros entre su país y el vecino del sur, que según sus palabras “México lo va a pagar”.

En el campo demócrata, después del supermartes la también multimillonaria Hillary Clinton se perfila como la favorita, aunque su rival Bernie Sanders continúa colectando el voto juvenil y logró asignarse cuatro estados, por lo que tomando en cuenta el carácter popular y activista de su campaña -en constante ascenso político y de fondos- puede asegurarse que continuará en la pelea.

A partir de ahora se ve venir una guerra sucia contra Clinton en la que Trump utilizará el tema de los correos electrónicos de la ex secretaria de Estado, que investiga la FBI y podría hacerle mucho daño, pero la ex primera dama no se cruzará de brazos y quién sabe si algún ominoso asunto del magnate inmobiliario salga a flote y lo disminuya. Ojalá. Solo imaginar a Trump dueño del botón nuclear es una pesadilla.

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Lo que no dice el gobierno colombiano

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Ángel Guerra Cabrera

Nadie se deje impresionar por el rasgamiento de vestiduras de Bogotá contra Caracas supuestamente para defender los derechos humanos de sus ciudadanos en Venezuela, sonsonete amplificado por las corporaciones mediáticas.

El 29 de agosto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cerrar por 72 horas la frontera común luego de que tres miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana(FANB) fueran baleados y heridos. El hecho ocurrió en San Antonio del Táchira, del lado venezolano, muy cerca de la ciudad colombiana de Cúcuta. El método de los agresores responde al patrón empleado por los paramilitares del país vecino.

Maduro también decretó el estado de excepción en seis municipios del estado Táchira, mientras miembros de la FANB eran desplegados en el límite con Colombia, cerca del lugar del ataque. El objetivo de estas y otras medidas tomadas por el gobierno bolivariano es la defensa de la soberanía territorial y los derechos humanos tanto de sus ciudadanos como de los cinco millones de colombianos residentes en Venezuela. Entre ellos, 110 mil desplazados por el conflicto bélico en su país según el informe de 2015 del órgano de la ONU para los refugiados, el cual ha reconocido siempre la actitud solidaria de Venezuela con aquellos.

La mayoría de los colombianos en Venezuela no existían legalmente hasta la llegada de Chávez a la presidencia pues no estaban ni inscritos en el registro civil y fue él quien terminó con ese atropello y les propició adoptar la ciudadanía venezolana a todos los que lo desearan, con plenos derechos políticos y a los programas sociales bolivarianos, también al acceso de los refugiados.

En la frontera colombo-venezolana de 2219 kilómetros de extensión campea un gigantesco contrabando hacia Colombia de productos subvencionados de la canasta básica y gasolina venezolanos, que luego son revendidos en el país vecino a precios superiores pero por debajo de los del mercado colombiano. Encima, el tráfico de millones de bolívares con destino a los especuladores que los usan para comprar en Venezuela a precios subvencionados y luego revender más caro en Colombia.

La presencia creciente en Venezuela de paramilitares colombianos es clave para entender lo que pasa. Estos, desde el mandato de Chávez eran usados como carne de cañón contrarrevolucionaria por la derecha venezolana y la CIA con el aliento del entonces presidente Álvaro Uribe, que sigue en lo mismo. Esta situación ha llegado al extremo de que los paramilitares colombianos se están apoderando de las redes criminales del vecino a la vez que actúan como sicarios para la oposición venezolana. Frente a esto, el gobierno colombiano peca unas veces por omisión y otras por comisión.

El reciente ataque a los militares venezolanos fue la gota que colmó la paciencia de Maduro. Hasta ahora Caracas exponía esta situación en las periódicas reuniones y contactos de alto nivel con Bogotá y a través de los canales diplomáticos. A la vez, llegado un momento comenzó a desplegar operaciones de limpieza de la FANB contra los paramilitares y, junto a otros órganos del gobierno, contra el desenfrenado contrabando pero con el inconveniente de hacerlo a lo largo de una frontera de selva y montaña sin la menor cooperación colombiana. El mandatario venezolano se había abstenido hasta ahora de tomar medidas drásticas en aras de mantener una convivencia civilizada con el país vecino y de evitar el estallido de un conflicto armado que podría derivar en una tragedia no solo para los dos pueblos hermanos sino para América Latina y el Caribe y dar un rudo golpe a los procesos de unidad e integración regional.

El gobierno de Colombia, nunca, salvo raras excepciones, ha prestado atención al territorio aledaño a su larga frontera desde los tiempos de la independencia. A lo largo de 6301 kilómetros limita, además de con Venezuela, con Brasil, Perú, Ecuador y Panamá.

Se trata de un área en abandono económico, social, educacional, de salud, vivienda y asistencia social, según confirman datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y las propias estadísticas oficiales colombianas.

La única solución sensata posible a este diferendo es mediante el diálogo constructivo y cordial entre las partes con el acompañamiento de UNASUR. Pero para ello el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debe cesar la retórica antivenezolana y reconocer su responsabilidad en el desbordamiento del conflicto interno hacia Venezuela, con las consecuencias ya explicadas.

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Obama va a la guerra

​Ángel Guerra Cabrera

La solemne declaración de guerra del presidente de Estados Unidos Barak Obama contra el llamado Estado Islámico (EI), además de patética, es una evidencia cristalina del cinismo cada vez mayor de la elite política de “Occidente”. El comandante en jefe de la primera potencia militar del planeta y premio Nobel de la Paz declara la guerra a otra pandilla de asesinos gestados por ella misma, como en su momento hizo Bush contra Al Quaeda y Osama Bin Laden. Sus palabras, por cierto, recordaban mucho las de su antecesor.

No he podido encontrar mayor diferencia entre el planteamiento ideológico y político del EI y de Al Queda pues ambos propugnan el establecimiento de un califato islámico y la aplicación de una versión aberrante de la sharia, o ley islámica, en el mundo entero.

Lo que sí une muy claramente a estas dos organizaciones es el hecho de haber surgido a consecuencia de las políticas de guerra, saqueo, pillaje y masacre de civiles llevadas a cabo por Estados Unidos y sus aliados contra los pueblos musulmanes, en particular contra los sectores que adhieren a la vertiente sumnita del islam. Sabido es de sobra que Washington también agrede a pueblos, Estados y organizaciones de integración mayoritariamente chiíta –la otra gran rama del islam- como es el caso de Irán y de Hezbolá en Líbano, con más odio si cabe que a los sumnitas, toda vez que el estado persa y la resistencia patriótica libanesa están entre las fuerzas que rechazan más eficazmente las políticas imperialistas y sionistas.

Un resumen de las guerras de Estados Unidos en las últimas décadas nos lleva a Afganistán, donde la CIA, en alianza con el ultrarreaccionario reino saudita y los servicios especiales de Pakistán armó una legión de extremistas fanáticos (los futuros talibanes) para combatir a las tropas de ocupación soviéticas, destruir al estado laico y suprimir las corrientes progresistas existentes dentro del país. De esa alianza surgió Al Quaeda bajo la dirección de Osama Bin Laden, príncipe saudita y destacado operador de la CIA contra los soviéticos. Aunque no es materia de este artículo cabe señalar que la invasión de Afganistán fue uno de los más graves errores de la política exterior de la Unión Soviética.

Entre las consecuencias fundamentales de las guerras recientes de Estados Unidos está la destrucción del Estado iraquí y la muerte de cientos de miles de sus habitantes, incluyendo decenas de miles de niños. Irak era un estado laico que, con todos los peros que se quieran, mantenía una actitud de resistencia a la expansión imperialista y sionista en el Medio Oriente. País floreciente por su pujante desarrollo económico, político, social y cultural, donde no existían apenas rencores entre sunitas y chiítas, ni entre estos y las minorías cristianas y turcomanas, Estados Unidos destruyó sistemáticamente su extraordinaria infraestructura industrial, de servicios y comunicaciones con la suma de sus odiosas sanciones y la llamada guerra del Golfo (1990).

Su última agresión en 2003, basada en la repugnante mentira de que Irak poseía armas de destrucción masiva, pulverizó lo que podía quedar en pie y mediante una política deliberada de contrainsurgencia empujó al odio entre sus comunidades confesionales y étnicas, que ha llevado a una cadena de masacres sectarias y a la muerte o emigración de miles de profesionales, científicos e intelectuales de ambos sexos, así como de clérigos.

Una vez ocupado Irak, Washington escogió gobernarlo apoyándose en los más deleznables personajes de su mayoritaria comunidad chiita, que siguieron un política de exclusión y represión de los musulmanes sunnitas, cuando menos apoyada tácitamente por los ocupantes.

Renglón aparte merecen los kurdos de Irak, realmente oprimidos desde siempre, como en general, en todos los estados donde reside esa minoría, pero cuya dirección política actual en Irak es aliada de Estados Unidos e Israel.

El huevo de la serpiente del EI se concibió en Afganistán, más tarde se empolló en Irak y se multiplicó exponencialmente con las guerras imperialistas contra Libia, Siria, las zonas tribales de Paquistán y Yemen así como Somalia. En Libia y Siria Estados Unidos congregó a decenas de miles de extremistas sumnitas financiados y espléndidamente armados por Quatar, Arabia Saudita y otras petromonarquías árabes para lanzarlos al cuello del gobierno legítimo de Bashar al Assad. Jordania y Turquía facilitaron el paso a Siria, inteligencia y el entrenamiento de muchos de ellos.

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