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5 de julio de 2022

USA: Aborto e hipocresía

Daniel Espinosa

De acuerdo con una encuesta realizada por Pew Research y publicada el pasado 13 de junio, el 61 % de los estadounidenses están de acuerdo con la legalidad del aborto “en todos o casi todos los casos”. En ese sentido, la polémica decisión de derogar “Roe vs. Wade”, el precedente legal que en EE.UU. protegía el derecho al aborto de manera federal –es decir, por encima de las leyes de cada Estado– no refleja preferencias mayoritarias.

Con esta decisión de la Corte Suprema estadounidense –copada de cristianos ultramontanos durante la presidencia de Donald Trump–, cada Estado podrá determinar las leyes relativas al aborto, ya no únicamente desde del segundo trimestre del embarazo y en adelante –como sucedía hasta antes de la revocación–, sino desde la misma concepción, figura que se ha convertido en el fetiche favorito del creciente fundamentalismo religioso.

El precedente judicial de “Roe vs. Wade” (1973) no legalizó el aborto a secas, en todos los casos y sin condiciones, sino solo el practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. Lo que la gestante o los padres podían hacer inmediatamente después de ese periodo, durante el segundo trimestre, era regulado por cada Estado, pero bajo la condición de que la salud de la madre primara sobre cualquier otro factor. Lo que sucediera en el último trimestre quedó bajo la jurisdicción exclusiva de cada Estado.

Dicho esto, es necesario recalcar que la enorme mayoría de los abortos, en EE.UU., sucede dentro del primer trimestre. Como podemos leer en el “New York Times” (14/12/21): “…casi la mitad de los abortos sucede dentro de las primeras 6 semanas del embarazo y prácticamente todos durante el primer trimestre”.

Nuestras sociedades no necesitan experimentar con leyes que prohíban el aborto –como consideran quienes dicen que “ahora veremos” a qué Estados les va mejor con la revocación de “Roe vs. Wade”–. Ya tenemos experiencia más que suficiente en este asunto y sabemos qué pasará (ya está pasando): las mujeres que, en su fuero interno –ese que el fundamentalismo cristiano menospreció siempre–, decidan abortar, viajarán a los Estados que lo permitan. Las que gocen de medios económicos simplemente se acercarán a algún costoso doctor amigo.

Las menos favorecidas económicamente, en cambio, se verán forzadas a llevar a cabo sus embarazos, pariendo criaturas a las que probablemente no podrán dar una vida digna y a las que, sin lugar a dudas, el gobierno estadounidense abandonó hace mucho tiempo de la mano de políticas conservadoras. Otras morirán intentando abortar clandestinamente.

Y si acaso estas mujeres pobres –las verdaderas afectadas– pudieran viajar al Medio Oriente, se llevarían una amarga sorpresa: muchas naciones islámicas, incluyendo a la medieval Arabia Saudí, regulan el aborto de manera más laxa que lo que desean instaurar las autoridades de los Estados más conservadores de EE.UU.

RENOVACIÓN CARCA

Cuando una mujer a la que se le impidió abortar legalmente muere desangrada en algún oscuro e insalubre cuchitril, el conservadurismo carca –como el que practica ese tipo balbuciente que quería que el dólar subiera a 6 soles “para que los pobres lo sientan”– ensaya varias respuestas muy cristianas, como “ella se lo buscó por irresponsable” o “¿quién la mandó a abortar?”.

Ambas respuestas son abiertamente brutales, así como banales por su grado de simplificación de un asunto sumamente complejo y grotescas en su desprecio por la vida. No hacen referencia a ninguna enseñanza cristiana.

Ese conservadurismo, el del político y el propagandista, detesta a todo prójimo que no sea parte de la tribu. Para comprobarlo están ahí los llamados a expulsar a todo inmigrante –mientras más oscuro, más lejos lo quieren–, los mítines para negarle cualquier derecho a los trans y homosexuales y los desfiles de antorchas con simbología colonial y mucho, mucho desprecio por lo autóctono. En suma, el conservadurismo es una gran familia en la que los prejuicios más mezquinos forman parte de un perverso sentido común.

¿Cómo es posible que naciones donde opera el fundamentalismo islámico tengan leyes para regular el aborto más laxas que las que hoy se están instalando en casi la mitad de Estados Unidos? Muy simple: siempre consideraron que la vida comienza cuando la mujer siente por primera vez la presencia de una nueva vida creciendo en su interior, lo que suele ocurrir entre las semanas dieciséis y veinte. Es lógico, pues hace no mucho tiempo se carecía de formas confiables de determinar si, en los primeros días y semanas, una mujer estaba embarazada o no. Lo que pasaba antes de esos primeros movimientos fetales –que en inglés llaman “quickening”– no era considerado moralmente repudiable o punible, tal como explicamos hace algunas semanas en esta columna (“Roe vs. Wade: el aborto en debate, 13/5/22).

En su decisión de 1973, los jueces que vieron el caso “Roe vs. Wade” reconocieron este precedente innegable: que antes del “quickening”, de los primeros movimientos fetales, lo que sucedía en el vientre de la mujer nunca fue considerado un crimen, ni fue regulado. Ya que la Constitución estadounidense explica con absoluta claridad que la ausencia de una codificación específica no es motivo para que se reduzcan o limiten los derechos de nadie, se estableció que los Estados no podrían prohibir el aborto, en las condiciones ya especificadas y considerando las varias etapas de la gestación. Esta imposibilidad histórica de saber de manera tempranísima y con certeza si una mujer estaba embarazada es la razón por la que aquí sostenemos que, hoy, la concepción se ha convertido en el fetiche del renovado conservadurismo.

Es en el instante de la concepción –imaginemos un espermatozoide fecundando un óvulo– cuando, según quienes quieren imponerle al mundo su dogma, el “alma” entra en el “bebé”. Sí, llaman “bebé” y hasta “niño” al óvulo recién fecundado. Esto denota falta de seriedad.

Pero también es una estrategia política burda y transparente: llamémosle “bebé”, “niño” o “persona” al óvulo recién fecundado, al cigoto, al feto en su más elemental etapa de formación, y luego usemos este absurdo para ganar control sobre todas esas mujeres que necesitan asistencia para poder planificar su vida familiar. ¿No es eso deshonestidad, mentira, tergiversación?, ¿acaso no hay diferencias fundamentales entre un bebé –o entre un feto en avanzado desarrollo– y ese óvulo recién fecundado o ese cigoto, diferencias que hacen completamente razonable y ético plantear políticas diferenciadas?

Pero la causa puntual de esta nueva batalla política y cultural, la relativa al aborto, es secundaria. Como todo en política, esto también se trata de poder y control. Como venimos expresando en esta columna, la promoción de los “valores tradicionales” tiene la conveniente consecuencia de proteger las relaciones de poder tradicionales. Los intereses reaccionarios y sus propagandistas, que pululan en Internet, no están interesados en la vida, sino en el poder que pueden obtener atizando viejos conflictos y renovando un atavismo religioso que –lejos de cualquier principio, virtud o valor– nace de la mezquindad y del velado supremacismo de quien considera que sus costumbres y su moral son “mejores

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°593, del 01/07/2022   p18

25 de mayo de 2022

Perú: Ley contra las adolescentes

Pedro Francke

Una mayoría retrógrada del Congreso aprobó un proyecto de ley que busca eliminar de nuestros colegios la educación sexual integral y la educación en los valores de la igualdad que debe prevalecer entre hombres y mujeres y personas de distinta orientación sexual.

Una política de ese tipo va a agravar el serio problema que tenemos de embarazo adolescente. Según el último censo, 122 mil adolescentes son madres en el Perú. Apenas 3 por ciento de ellas están casadas, 66 por ciento son convivientes y el 30 por ciento son solteras o separadas, es decir, que deben enfrentar la maternidad sin una pareja que ayude en el cuidado y sustento del niño o de la niña. Sin educación sexual nuestras adolescentes tendrán menores conocimientos de cómo prevenir un embarazo no deseado, por lo que las madres adolescentes van a aumentar en algunos miles. Las afectadas son, ya lo sabemos, las más pobres: en el quintil o grupo del veinte por ciento de menores recursos asciende hasta 25 por ciento el porcentaje de adolescentes madres o embarazadas. En el quintil más rico las adolescentes madres son el 3 por ciento; la mayoría de ellas sí recibe buena educación sexual en colegios privados, no tiene dificultades en acceder a métodos anticonceptivos y, llegado el caso, puede hacerse un aborto ilegal pero pagando por condiciones sanitarias.

¿Las madres adolescentes lo son porque quieren tener tempranamente un hijo? Dos de cada tres madres adolescentes no quería el embarazo o hubiera preferido posponerlo, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDES 2021. ¿Por qué no lo hicieron? Un informe de las Naciones Unidas indica que “el uso de métodos anticonceptivos modernos, por ejemplo la inyección, condón masculino, esterilización (masculina y/o femenina), píldora anticonceptiva, Dispositivo Intrauterino de Cobre (DIU), implantes y Método de Amenorrea de la Lactancia (MELA), es significativamente menor en Perú (55 %) en comparación con otros países de la región como Chile (70 %), Ecuador (72 %) Colombia (76 %), Argentina, Brasil y Uruguay (78 %)”. En otras palabras, estamos atrasados a este respecto no sólo en relación a Europa y países desarrollados sino incluso en relación a quienes comparten nuestras fronteras. Estamos en la época de la carreta con muchas y muchos jóvenes pensando que mirando el calendario o intentando evitar una eyaculación dentro de la vagina va a funcionar, opciones que la ciencia nos dice que fallan muy a menudo.  Y esto, aún con educación sexual en los colegios. ¿Cómo será cuando esta información se les niegue?

Una escuela que refuerce valores para enfrentar el machismo es también clave para que nuestras adolescentes eviten embarazos no deseados. En promedio, las parejas de las adolescentes embarazadas son siete años mayores que ellas, algo que claramente otorga un poder superior a los hombres; piensen nada más en una chica de 14 o 15 años saliendo con alguien que puede doblarle la edad, ya habiendo terminado la secundaria e incluso con educación superior. Menos de una de cada cinco mujeres adolescentes habla frecuentemente con sus parejas sobre métodos de planificación familiar y 10 por ciento no lo hacen nunca. En ese contexto, son mucho mayores las probabilidades de que tengan sexo sin protección, cediendo ante un hombre mayor que insiste egoístamente en no usar preservativo porque “con condón se siente menos”, arriesgándose así a un embarazo no deseado y a enfermedades de trasmisión sexual como el VIH o la hepatitis B que traen severas consecuencias de largo plazo e incluso la muerte.

CONSECUENCIAS

Diversos estudios a nivel nacional e internacional han establecido las consecuencias negativas del embarazo adolescente. En primer lugar, para su propia vida: en nuestro país la mortalidad materna entre las adolescentes alcanza el doble que entre las adultas; en América Latina y el Caribe la primera causa de muerte de adolescentes mujeres está relacionada con el embarazo. Los embarazos en adolescentes tienden a sufrir más complicaciones como hipertensión y parto prematuro, llegando incluso a provocar una mayor probabilidad de muerte del niño recién nacido. El costo para los servicios de salud pública de estas complicaciones se estima en 25 millones de dólares anuales en el estudio “Consecuencias socio-económicas del embarazo y la maternidad adolescente en el Perú” realizado por Plan Internacional y UNFPA.

A nivel mundial “más del 60 % de los embarazos no intencionales terminan en aborto, en condiciones de riesgo o sin riesgo, sea legal o ilegal”, recuerda el Fondo para Actividades de Población de las Naciones Unidas. Aunque, como sabemos, en nuestro país el aborto es mayormente ilegal, eso no impide que se produzca. La Encuesta Nacional de la Juventud arrojó que 30 por ciento, casi uno de cada tres adolescentes, tenía “cercanía con algún conocido que se ha realizado un aborto” y que, dadas las condiciones de ilegalidad que aún subsisten, se trata de una práctica de alto riesgo. A nivel mundial, 45 % de todos los abortos se realiza en condiciones de riesgo. Al médico Vladimir Cerrón, quien hoy controla el Ministerio de Salud y una bancada que votó mayoritariamente a favor de este bárbaro proyecto de ley, eso parece no importarle.

Hay otros que dicen horrorizarse con el aborto pero promueven esta ley que, precisamente, provocará más abortos. Es el caso de Rafael López Aliaga, quien ha empujado a su bancada de Renovación Popular tras esta propuesta e impuso como presidente de la Comisión de Educación al congresista de su partido Esdras Medina, quien la promovió. Esta semana en las redes también ha atacado con mentiras de manera furibunda a la opositora congresista Flor Pablo. López Aliaga se opone furiosamente a despenalizar el aborto, pero defiende a rabiar esta ley que llevaría a muchos más embarazos adolescentes y multiplicaría los abortos ilegales.

El embarazo adolescente genera además otras trabas a las mujeres jóvenes. Entre las madres adolescentes, de 10 a 20 por ciento deja de estudiar por esta razón, según el artículo de investigación científica sobre el tema realizado por Walter Mendoza y Gracia Subiría. La probabilidad de una adolescente embarazada de progresar en sus estudios secundarios se reduce en más de un tercio, al igual que la probabilidad de que vaya a la universidad. Posteriormente, con menos educación, las mujeres que tuvieron hijos en su adolescencia ganarán 15 % menos que quienes esperaron a su adultez. Eso le cuesta al país, en menor producción, 73 millones de dólares anuales.

APUESTA ABSURDA

El grupo ultraconservador que quiere eliminar la educación sexual de nuestros colegios usa como pretexto la participación de los padres en la definición de estos contenidos, pero esa es sólo una coartada, un disfraz para engañar y facilitar que algunos de sus aliados en el Congreso puedan encubrir su voto. Su verdadero objetivo es regresar a una situación en que las mujeres sean subordinadas de los hombres y se dediquen exclusivamente a tener hijos y cuidar del hogar. Para lograrlo, quieren que nuestras adolescentes y nuestros jóvenes tengan menos conocimiento de las opciones con las que cuentan para cuidar su salud sexual y reproductiva. Pretenden que de esa manera evitarán que tengan sexo salvo bajo la tutela masculina y el matrimonio religioso, algo que es absolutamente imposible excepto que encierren a todas las adolescentes y no les permitan ir a los colegios ni salir a la calle sin compañía, al estilo de los talibanes en Afganistán.

Seguramente a los ultraconservadores que quieren a las mujeres sólo en casa, limpiando y cocinando, como en el siglo XIX, eso les parece bien. Pero no deja de ser paradójico que, siendo conocidos los serios riesgos del embarazo adolescente, existan congresistas profesores que apoyen una ley tan negativa contra la educación. Sería igualmente paradójico que el presidente, siendo educador, no observara este proyecto de ley.


Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°586, del 13/05/2022   p13

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21 de mayo de 2022

Roe vs. Wade: el aborto en debate

Daniel Espinosa

En 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el aborto durante el primer trimestre del embarazo. Por su carácter federal, la decisión –tomada en el marco del caso “Roe vs. Wade”– pasó a regir para todo el país, limitando las restricciones que cada uno de los Estados de la Unión norteamericana podía imponer sobre sus ciudadanos.

A casi medio siglo del histórico fallo, se acaba de filtrar información que indica que la misma instancia, hoy dominada por jueces conservadores, estaría a punto de revertirlo, devolviendo a cada Estado la facultad de determinar si el derecho a abortar es derogado o se mantiene vigente.

De revertirse lo decidido en Roe vs. Wade (y todo indica que así será), los Estados de mayoría conservadora ilegalizarán el aborto, obligando a las mujeres que deseen practicárselo a buscarlo en otros Estados o recurrir a proveedores ilegales. El asunto ha renovado un debate que nunca llegó a cerrarse: ¿es el aborto un derecho humano que debería ser garantizado por la ley y proveído por el Estado? Si la respuesta es sí, ¿cuáles deberían ser sus límites y consideraciones?

El argumento del violinista

En 1971, dos años antes de que “Jane Roe” (es un seudónimo) llevara su caso desde el Estado de Texas hasta la Corte Suprema de EE.UU., la filósofa neoyorquina Judith Jarvis Thomson escribió “A Defense of Abortion” (Una defensa del aborto, en castellano).

Su texto insta al lector a imaginarse en la siguiente situación hipotética: de pronto, usted despierta y se encuentra a sí mismo conectado –a través de tubos que unen sus aparatos circulatorios– a un famoso violinista. El músico depende de usted y su sangre para mantenerse vivo por 9 meses; si acaso decidiera liberarse de esta inesperada conexión, para la cual nadie le pidió permiso, el pobre violinista perecería. ¿Estaría usted obligado a brindar este sustento?

La intención de la filósofa mencionada era demostrar que, incluso si consideramos que el feto es una persona (como el violinista) –con todos sus derechos y atribuciones–, obligar a la progenitora a sustentarlo durante nueve meses significaría subordinar sus derechos elementales y libertad corporal al derecho a la vida del primero. El ejemplo suscita objeciones, por supuesto. El embrión humano se produce luego de un contacto sexual, que, a diferencia de la sorpresiva conexión entre el violinista y su donante involuntario, fue realizado de manera consciente (no estamos considerando los casos de violación). Además, el músico en cuestión es un adulto responsable y no un inocente embrión.

Antes de intentar zanjar estas objeciones, veamos un caso parecido al planteado por la filósofa estadounidense, pero tomado de la vida real. En 1978, a Robert McFall, también estadounidense, le detectaron anemia aplásica. Los médicos le dijeron que para salvar su vida era indispensable un trasplante de médula ósea. Luego de realizar los análisis de rigor, se determinó que su primo, David Shimp, era el donante ideal. No se encontró otro. Pero Shimp se rehusó al trasplante. Ante una muerte segura, McFall decidió demandarlo, solicitando a un juzgado que lo obligara a proveerlo de la necesitada médula.

Los jueces fallaron en contra de McFall, por supuesto. La explicación dada fue la siguiente: “…la ley no obliga a ningún ser humano a brindar ayuda a otro o realizar alguna acción destinada a salvar su vida…  (pues) hacerlo violaría el carácter sagrado del individuo, imponiendo una regla cuyos límites serían muy difíciles de trazar. Para una sociedad que respeta los derechos individuales, hundir los dientes en la yugular de una persona para así obtener el sustento de otra, resulta repulsivamente contrario a la jurisprudencia…”.

Aunque la decisión de Shimp de no donar un poco de su médula ósea resultaba “moralmente indefendible” –como opinó uno de los jueces a cargo del caso–, no había cómo obligarlo a someterse al trasplante que hubiera salvado a McFall (que terminó falleciendo). De la misma manera, la ley tampoco obliga a un padre o a una madre a donar una sola gota de su sangre en favor de uno de sus hijos, incluso si su vida depende de ello y se trata de un infante.

Entonces, planteamos la siguiente pregunta: ¿el haber participado voluntariamente de un acto sexual es suficiente razón para que una mujer se vea obligada a consumar un embarazo no deseado –subordinando su cuerpo y libertad individual al derecho a la vida del nonato–, considerando, además, que la ley no contempla tal subordinación en ningún otro caso (como vimos en el ejemplo de la médula ósea)?        

Los límites de Roe vs. Wade

El caso judicial de 1973, sin embargo, no fundamentó su decisión –la de permitir el aborto– en el conflicto entre el derecho a la vida del feto (que no fue considerado “persona” por los jueces en cuestión) y la libertad personal y corporal de la progenitora, sino en la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de EE.UU. Esta enmienda, de fines del siglo XIX, sirvió para impedir que los diferentes Estados pudieran recortar derechos que no estuvieran explícitamente contemplados en la Constitución. De acuerdo con los jueces que vieron el caso “Roe vs. Wade”, el derecho a abortar se encontraba implícito en el “derecho a la privacidad” y estaba contemplado en la igualdad de los individuos ante la ley.

Al legalizar el aborto en las primeras etapas del embarazo, además, estos jueces estadounidenses consideraron que estaban codificando en la ley un derecho antiguo y tradicional, pues, históricamente, acabar con el embarazo antes de que el embrión mostrara señales de vida (lo que en inglés llaman “quickening”, que suele suceder entre las semanas 16 y 20), era legal y estaba exento de condena social. La proscripción del aborto en esta etapa inicial del embarazo es un invento reciente, facilitado por avances técnicos.

El juzgado que vio el caso “Roe vs. Wade” también consideró el interés social de proteger la potencial vida humana, por lo que estableció un sistema de trimestres: durante el primero, la mujer tendría la facultad de acabar con el embarazo si así lo deseaba; durante el segundo, el Estado podría imponer ciertas condiciones, pero no podría prohibirlo del todo; finalmente, durante el tercero –debido a la viabilidad del feto– los Estados podrían prohibir el aborto, excepto si la vida de la madre se veía en peligro.

Al no considerar al embrión como “persona”, sin embargo, los jueces de la Corte Suprema estadounidense (1973) dejaron abierto un resquicio a través del cual, en el futuro, su decisión podía ser refutada. Bastaba con que el embrión o feto pasara a ser considerado persona. El argumento del violinista pretende zanjar esta cuestión estableciendo que, incluso si consideramos al feto una persona –desde la mismísima concepción, como exige la perspectiva conservadora–, con todos sus derechos, esto no sería suficiente para obligar a la gestante a someterse a un embarazo no deseado.

En nuestro altamente politizado presente –en el que se asumen posiciones automáticas en base a alianzas partidistas–, muchos defensores del aborto se apresuran en desestimar al feto, negándole cualquier valor o dignidad. De esta manera, caen en una perspectiva maniquea e inflexible que termina jugando en favor de un conservadurismo religioso que solo sabe expresarse de manera dogmática, permitiéndole colocarse en un sitio de aparente superioridad moral. En ese sentido, el aborto debería entenderse como una solución lamentable pero necesaria, pues, como señala Bertha Álvarez Maninnen, filósofa especializada en aborto y ética: “La consecuencia de criminalizar el aborto no es una explosión de bebés sanos nacidos de madres felices, sino la muerte de fetos y madres a manos de proveedores ilegales de abortos”.

Ningún dogmatismo religioso ha podido cambiar esa realidad.

Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N°586, del 13/05/2022   p19