Jorge Elbaum
El gobierno de Estados Unidos canceló recientemente el programa migratorio denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals DACA, por sus siglas en inglés) implementado durante el gobierno de Barack Obama. Dicha iniciativa tenía como objetico impedir que alrededor de 800 mil jóvenes, que ingresaron como menores de edad, puedan ser expulsados.
La inmensa mayoría de migrantes que el DACA protegía –denominados “dreamers” debido a su soñada búsqueda de acceso a un trabajo digno y condiciones de vida mejores que las ofrecidas en sus lugares de origen– son latinoamericanos y se verán en el futuro ante el peligro cierto de ser desterrados, producto de la derogación de la disposición que los protegía.
Desde hace varios meses los gobiernos de Estados Unidos, en conjunto con Canadá y México, se encuentran renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Noerte (conocido con la sigla de NAFTA en inglés y TLCAN en español) con la clara intención por parte del gobierno de Trump de anular los mecanismos que benefician a México, sobre todo en lo relativo a la inversión directa en la llamada “maquila”, plantas instaladas por parte de transnacionales, básicamente en territorio mexicano, que permiten la utilización de fuerza de trabajo con salarios más bajos que lo que debieran pagar en su metrópolis.
Esta Inversión Extranjera Directa fue desarrollada en el marco de acuerdos económicos, motivados por el doble objetivo de abaratar la mano de obra al interior de Estados Unidos (mediante la generación de desempleo) y la obtención de excedentes adicionales al contratar trabajadores mexicanos dispuestos a trabajar por salarios más bajos, comparados con sus vecinos del norte.
El NAFTA permitió una expansión trasnacional que –desde su origen—estuvo motivada en el disciplinamiento de la fuerza de trabajo estadounidense que las políticas de Estado de Bienestar habían desarrollado desde la década del ´30 del siglo pasado. La inicial apertura de la inmigración de mexicanos y centroamericanos sumada a la “maquila” permitió a Estados Unidos “mejorar” su productividad a costa del trabajo de sus vecinos y, simultáneamente, disciplinar a su propia fuera de trabajo para impedir que siga negociando salarios en mejores condiciones.
El fin de los buenos modales
La ofensiva de Donald Trump contra los países de América Latina y el Caribe se expresa además en la eliminación de las políticas del “Soft Power”, terminología con que actores de las relaciones internacionales definen las actividades de influencia basadas en la diplomacia y la cooperación bilateral o multilateral, orientada a generar influencia y condicionamientos políticos o económicos. El “Soft Power” ha sido el dispositivo diseñado por el Departamento de Estado para promocionar los intereses estadounidenses en la región, mediante la comunicación y el desarrollo de formación de profesionales e intelectuales promotores y difusores de sus intereses en la región. El “trumpismo” cuestiona ese modelo de influencia y lo sustituye con el formato del “gran garrote” que desprecia la diplomacia.
El Departamento de Estado no ha designado ningún embajador en América Latina desde la asunción de Trump, medida que se suele caracterizar como una forma de desprecio. De hecho, el Departamento de Estado sólo ha designado embajadores en Naciones Unidas, Beijing, Tel Aviv, Tokio, Ottawa, Roma y Londres. Desde que asumió el líder de la “alt-right” (nombre con que se conoce a la nueva derecha cercana al supremacismo) se recortaron un 31 por ciento los fondos dispuestos para el gasto diplomático –a nivel internacional— y un diez por ciento la totalidad de profesionales ligados al sector, dejando espacio libre a la retórica belicista y chauvinista que no comulga con la lógica diplomática.
Este modelo que fue inaugurado con el slogan “América Primero” y que supone características proteccionistas aún más estrictas que las que tradicionalmente sustentan los países hegemónicos, incluye amenazas de intervención militar a Venezuela y un desaforado intento de dividir cualquier formato de integración de América Latina, como continuidad de las políticas de Bush y Obama hacia la región, pero con el agregado de la amenaza intervencionista dejada de lado desde las invasiones a Granada en 1983 y a Panamá en 1989. El formato inmediatamente anterior a Trump privilegió la injerencia económica y las intentonas divisionistas de la región – el ALCA fue su institucionalidad frustrada— al tiempo que la “Alianza del Pacífico” se convirtió en su versión más acotada, conformada por Chile, Perú, Colombia y México.
El proteccionismo agresivo y racista anunciado por el trumpismo incluyó recientemente una declaración del presidente de los Estados Unidos en el que hace referencia a “los empleos arrancados de las comunidades EEUU”, y “las naciones extranjeras que se hicieron ricas a costa de los estadounidenses”, sin aclarar que fue el modelo neoliberal impuesto por el propio gobierno de Washington para reducir el valor de la fuerza de trabajo abonado por sus empresas trasnacionales.
En el primer discurso de campaña de Donald Trump, el 16 de junio de 2015, afirmó: “Créanme, México no es nuestro amigo”. A continuación, añadió: “Están trayendo drogas. Traen delincuencia. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas”. Cuando se le requirió información sobre la fuente sobre la que basaba dichas afirmaciones, el entonces candidato republicano señaló que sus afirmaciones se basaban en información que obtuvo de la Guardia Fronteriza. Por último, subrayó que “EE.UU. se ha convertido en el basurero de los problemas de todos los demás”.
Dichas afirmaciones claramente xenófobas fueron actualizadas la última semana de agosto de 2017 cuando el primer mandatario otorgó el indulto a Joe Arpaio, un alguacil que fue condenado por desacato luego de negarse a obedecer órdenes federales que le exigían concluir con sus prácticas de “redadas” de inmigrantes en el condado de Maricopa, estado de Arizona.
Arpaio fue acusado, entre otros delitos, de emplazar un campo de concentración al aire libre en pleno desierto de Arizona, con temperaturas de 40 y 50 grados (conocida como “Tent City”) en la cual confinaba a inmigrantes mexicanos y centroamericanos, obligándolos a vestirse únicamente con ropa interior de color rosa. El mismo alguacil recientemente perdonado fue alzado a la fama entre los sectores supremacistas cuando motorizó una investigación sobre el certificado de nacimiento del expresidente Barack Obama a quien le negaba el derecho a asumir la primera magistratura. Trump fundamentó su perdón afirmando que “El alguacil Joe es un patriota.
El alguacil ama a nuestro país, el alguacil Joe protege nuestras fronteras y el alguacil Joe fue tratado de manera injusta por la administración Obama”. La exigencia del millonario neoyorkino referida al emplazamiento de un muro a ser edificado entre EEUU y México, y la demanda acerca de que dicha muralla sea financiada totalmente por parte de este último país, ha sido descripto como la actualización del “apartheid sudafricano” con la cual se segregó a los afrodescendientes desde el siglo XVII al siglo XX. El “muro”, actualiza –según muchos analistas internacionales– el humillante emplazamiento de la bandera estadounidense en 1847, en el “Zócalo”, centro histórico de la capital de México.
Construir al enemigo
El empoderamiento racista y discriminatorio que impera en los Estados Unidos desde la asunción de Trump no solo ha tenido a los mexicanos como víctimas. La “Muslim ban” firmada por Trump, que fue suspendida por apelaciones judiciales, tenía como objeto impedir el ingreso de ciudadanos provenientes de cinco países de mayoría musulmana. En el marco de estos pronunciamientos segregacionistas, no parece como muy original la irrupción de grupos supremacistas –como los que desfilaron en Charlottesville a mediados de agosto–, entre los que se encuentran nuevas organizaciones como Vanguard America, Identity Evropa, Traditionalist Workers Party y True Cascadia, que han crecido sistemáticamente desde la llegada de Trump a la presidencia.
Uno de los corolarios de la marcha supremacista fue el atentado terrorista de uno de sus integrantes (James Fields) quien embistió con un auto contra los manifestantes antiracistas, atropellando a una veintena de personas y asesinado a Heather Heyer de 32 años, quien se desempeñaba como asistente legal orientada a defender a familias que sufrían desahucios de sus hogares.
En este marco claramente discriminatorio contra los latinoamericanos, los afrodescendientes y los musulmanes, aparados en un relato supremacista, se desarrolló la reciente gira del vicepresidente Mike Pence por Panamá, Argentina, Chile y Colombia la primera semana de agosto de 2017.
El eje central de sus visitas consistió en difundir la exigencia de aislar al gobierno chavista y apoyar a la oposición venezolana congregada en laMesa de Unidad Democrática (MUD), en una clara iniciativa injerencista, que el analista Alexander Main, del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) describió como un “intento más por dividir la región (..) al ofrecer un apoyo más profundo a los gobiernos de derecha del continente”. Un capítulo clave de ese objetivo fue la aprobación, por iniciativa de Washington, de la “Declaración de Lima” en la que 11 países de América Latina firmaron un documento orientado a aislar al gobierno de Caracas.
Dicho documento fue divulgado días después de que el titular del Departamento de Estado Rex Tillerson, el 3 de agosto último, se expidiera sobre la necesidad de que Nicolás Maduro abandone el poder.
El sintomático dato que acompaña esa demanda de los EEUU es que Tillerson es el ex CEO de Exxon, una de las petroleras más grandes del mundo, históricamente interesada en las reservas del país caribeño, que son consideradas de las más importantes del planeta. El 13 de agosto, Pence declaró en Bogotá que Washington tiene “muchas opciones para Venezuela”, y Trump “ha dejado muy claro que no nos quedaremos tranquilos mientras Venezuela se desmorona en una dictadura. Un estado fallido en Venezuela amenaza la seguridad y prosperidad de todo nuestro hemisferio y el pueblo de Estados Unidos”. Las amenazas de acciones militares sobre Venezuela, avaladas por las derechas neoliberales del continente, son vistas por diferentes analistas como un regreso a la política del “gran garrote”, una continuidad de la doctrina Monroe, que desde 1828 produjo cuatro decenas de intervenciones militares y paramilitares de distinto cuño en América Latina. (http://bit.ly/1d2Gsyn)
Narcotráfico y paraísos fiscales
Uno de los informes recientes de la UNDOC señala el preocupante aumento en los cultivos ilícitos cuyos réditos mayoritarios quedan en las arcas de narcotraficantes con sede en paraísos fiscales y blanqueo en empresas lícitas mayoritariamente estadounidenses. La paradoja de este aumento es que el 90 por ciento de las ganancias, producto del tráfico de cocaína se “lavan” en paraísos fiscales administrados por Estados Unidos y el Reino Unido y en inversiones directas en EEUU. Según la UNDOC “La estimación de los flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de drogas y otros crímenes organizados trasnacionales” y el consumo de cocaína registró una leve caída al interior de EEUU y el aumento del valor de venta permitió elevar las ganancias de las mafias que “lavan” sus ganancias en el mercado financiero internacional.
Según este mismo documento de UNDOC se “lava” aproximadamente el 62 por ciento de las ganancias totales, pero la tercera parte de ese monto se inserta en la economía estadounidense. El informe advierte que “los carteles prefieren ´lavar´en economías estables, donde las instituciones gubernamentales tienen la suficiente capacidad de reservas para rescatar instituciones financieras en el caso de quiebras generalizadas”.
Un ejemplo de esa “externalidad financiera no abordada por Pence en si visita a Bogotá es el caso del banco Wachovia, parte del gigante Wells Fargo & Co (compañía diversificada de servicios financieros con operaciones en todo el mundo), que entre 2004 y 2007 “lavó” 378 mil millones de dólares para el cártel de Sinaloa, por medio de la razón social Casa de Cambio Puebla, recursos que fueron absorbidos por la reserva federal de EEUU, como un aporte de América Latina al desarrollo de la economía norteamericana. La visita de Pence dejó como corolario de buena voluntad hacia la Argentina –luego de visitar Buenos Aires—la decisión de frenar la compra de biodiesel por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos con la excusa de que esa exportación está subsidiada.
La decisión de Washington supone la pérdida de exportaciones de un mercado de mil doscientos millones de dólares. Algunos analistas recordaron que el propio Mike Pence, muy alabado por el derechista gobierno de Macri, recibió la demanda del biodiesel y luego de regresar a Estados Unidos respondió como referente de quienes producen ese combustible en el Estado de Indiana, del que fue gobernador: clausura de la importación argentina y solicitud de ingreso de carne de cerdo norteamericano –en un mercado que se autosustenta en un 90 por ciento– generando un futuro impacto negativo en el sector argentino por mil millones de dólares.
Desde la asunción de Trump se debate en los círculos académicos internacionalesla caracterización del modelo impulsado por el millonario devenido en político. Si el fascismo y el partido nazi fue la respuesta belicista y genocida que asumió el capitalismo para enfrentar la creciente demanda de los sectores populares y especialmente los de la clase obrera, el neoliberalismo –y su versión extrema, el trumpismo supremacista– aparece como la máscara que asume el capitalismo actual para enfrentar al multiculturalismo, las migraciones y las recurrentes rebelión de los marginados del sistema. Tiempos de violencia se avecinan.
Jorge Elbaum: Periodista y sociólogo argentino. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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