Perú: País violento

César Hildebrandt

"Concibe el futuro del país como un árbol brotado de un osario"

Antauro Humala sueña con fusilar a su hermano. A su hermano y a todos los corruptos.

El Perú sería entonces un paredón con truenos, un triunfo de la muerte.

Este Humala, salido del radicalismo disparatado, interpreta, sin embargo, el afán por la violencia de un buen sector de la población. Esa fue, en muchos sectores, la clave del pavoroso éxito de Sendero Luminoso en sus primeros años.

Las hordas de Guzmán acumularon años de causas pendientes y odios sin salida. Fueron la respuesta apocalíptica a largos tiempos de desprecio de las repúblicas aristocráticas y a los máuseres que disparaban contra multitudes. A Guzmán lo crearon todos los Romainville de estas comarcas.

Si Sendero es despreciable, lo es también la derecha ensimismada que gobernó el país suprimiendo de sus consideraciones y presupuestos a la mitad de la población. No es posible vivir en paz cuando se niegan los derechos de muchos, a quienes se tiene por subciudadanos y, en casos extremos, por infrahumanos.

Antauro Humala propone la muerte como ceremonia, terapia y expiación. Su idea es que fusilando a quienes se lo merezcan habremos de renacer. Concibe el futuro del país como un árbol brotado de un osario. Está convencido de que el comienzo de la refundación del Perú se hará a partir de un pelotón que recargue sus armas cada treinta minutos por segundo.

¿Por qué producimos personajes así?

¿En qué país del vecindario hay alguien que proponga una matanza salvadora que incluya el cadáver de su hermano?

Lo patriótico sería no responder a esas preguntas. Porque las respuestas nos son incómodas, inaceptables.

La primera de esas respuestas posibles es que somos un país violento. Detrás de nuestras buenas maneras y apariencias dulzonas, aceptamos como cosa natural la marginación social de millones de sobrevivientes, la conversión de las instituciones democráticas en botines de mafias, la violación permanente de la ley. Nos creemos pacifistas porque nos hemos resignado ante ese espectáculo horrendo, pero lo cierto es que somos cómplices.

Respiramos violencia. ¿O no es violencia que quienes perdieron las elecciones el 2021 sean los que hoy gobiernen en pandilla? ¿O no es violencia que el Tribunal Constitucional se haya convertido en una mesa de partes del Congreso usurpador? ¿O no es violencia que la vicepresidenta del golpista Castillo ordene matar a una cincuentena de compatriotas y exija no ser investigada? ¿O no es violencia que se haya cambiado decenas de veces la Constitución sin el consentimiento del pueblo? ¿O no es violencia que se haya dado un paquete de leyes que favorecen abiertamente al crimen organizado? ¿O no es violencia que la Defensoría del Pueblo se haya pervertido hasta el extremo de ser una sucursal del gobierno? ¿O no es violencia amnistiar a acusados por crímenes de lesa humanidad? ¿O no es violencia desarmar a la SUNEDU en beneficio de las universidades de mentira? ¿O no es violencia que estemos secuestrados por la inseguridad callejera mientras cada día se descubren más bandas integradas por policías en actividad? ¿O no es violencia que, 35 años después, la corrupción fujimorista pretenda y logre dictar la agenda parlamentaria? ¿O no es violencia que los prófugos sean crónicos, las compras militares sospechosas y los waykis blindados?

Podría seguir, pero me aburro. Apelo a los etcéteras que cada lector tenga en la cabeza.

Antauro Humala no es gratuito ni vino de Marte ni resulta inexplicable. Es creación heroica de este país que muchas veces parece pintado por el Goya más sombrío.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 731 año 16, del 02/05/2025

https://www.hildebrandtensustrece.com/

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Perú: El odio

César Hildebrandt

A veces, paseando por el parque, me encuentro con esa mirada. Son los ojos de la furia, la expectativa de la venganza, el sueño de verme muerto, la esperanza de tullirme a golpes. Es el odio de las señoronas y los señorones. Es el odio que amo, que me hace vivir, que me place. Es el odio que me he ganado a pulso y pluma, a voz y reincidencia.

¿Qué me haría sin él? ¿Dónde estaría?

¿En qué infierno tendría que haber entrado para ganarme la consideración de quienes creen que este país es su hacienda, su pocilga, su galpón de esclavos?

¡No saben lo bien que me hacen!

Hace muchos años decidí que jamás sería parte del país inventado por la derecha. Ese país oficial de engrudo y marchas, de mentira y plástico, no era el mío. Mi país, el verdadero, venía de las sombras: la corrupción ancestral, el control estéril de una clase dominante saqueadora, el maltrato y el desprecio.

A la excesiva edad a la que he llegado, tengo que decir, modestamente, que no he claudicado.

No me he pasado a las filas de la resignación. No me he integrado. No aspiré a entrar al club de los supuestos bienpensantes. No me he creído el cuento de que los pobres son pobres porque así lo decidieron y que la desigualdad no es el problema. No atraco en el muelle de los que cortan el jamón. No me como sus mitos.

Y siempre recuerdo que el caudillismo militar de nuestros orígenes republicanos fue de derecha. Y que el civilismo, que nos condujo desarmados a la guerra con Chile, fue de derecha. Y que la historia de este país fallido ha sido un largo dominio de la derecha. Billinghurst quiso ser una excepción, pero la derecha y “El Comercio” lo tumbaron precozmente. Velasco cambió algunas cosas y por eso es el maldito que los descendientes del esclavismo dibujan con sus peores tintas.

No olvido nada. No olvido que la derecha recuerda entre reverencias a Miguel Grau, hijo ilegítimo de un militar colombiano, pero pretende que olvidemos que el gran almirante advirtió, un año antes de su muerte, que el estado de la escuadra era desastroso. Tampoco quiere esa derecha que recordemos que el jefe de Miguel Grau, el señor presidente Mariano Ignacio Prado, fue el traidor que abandonó el Perú en plena guerra y de cuya fortuna malhabida nació el imperio industrial y financiero más importante del siglo XX peruano. Nicolás de Piérola, que sucedió a Prado por la fuerza, hizo lo que todos: terminó aliado con la riquería en la llamada “república aristocrática”. El término lo inventó Jorge Basadre, autor también de la frase que define las bonanzas de espejismo de esta república: “la prosperidad falaz”.

Los lodos de la derecha son antiguos. Nacieron con ella. Son irrenunciables. Vienen del fracaso y van hacia él. Porque la derecha no se rectifica jamás. No reconoce otro escenario que el suyo ni otro modo de entender el país que el de su linaje. Y hay que admitirlo: ha logrado que millones de pobres diablos crean que esa fórmula es inmejorable, que el autoempleo es la salida, que la informalidad es el ascenso social, que el emprendedurismo sin ley es el camino a seguir. Ese es el mayor triunfo del fujimorismo, que es el Grupo Wagner de la derecha que va al CADE creyendo que es el Foro de Davos.

Sigo siendo, en muchos sentidos, un salvaje y eso me permite seguir diciendo lo que pienso. No sé si será un abuso de confianza, pero muchas veces he pensado que soy uno de los mustangs que no lograron atrapar.

Que me sienta distante sideral de la derecha no significa que milite en la izquierda. No me tentó nunca la dictadura gris del estalinismo y mucho menos sus crímenes horrendos.

La izquierda no ha hecho sino decepcionarme pero aun así sigo creyendo, en este mundo de calentamiento global, violencia y carencia de valores, que sólo un socialismo benévolo nos podrá salvar. No hay partido en el mundo que encarne ese ideal, de modo que en ese sentido soy también un huérfano. Un huérfano salvaje.

Lo que no haré jamás es renunciar a mi identidad y pedir votar por la derecha de Nano Guerra y Vladimiro Montesinos. Si eso es el realismo pragmático, me proclamo surrealista sin remedio.

No sé cuánto más dure la aventura de este semanario. Lo que sí sé es que hemos luchado con todas nuestras fuerzas por ser independientes y no temerle al poder del dinero y de los gobiernos. Eso nos hace dormir bien.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 651 año 14, del 01/09/2023, p16

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¿Cómo es posible que un Congreso repudiado por más del 90% gobierne en Perú?

Jorge Lora Cam

Solo los pueblos organizados desde abajo, podrán enfrentar al régimen dictatorial.

Cada cien años recrudece la lucha indígena anticolonial, así lo expresan (según Genaro Ledesma) las Actas del Patronato de la Raza Indígena. Según ellas, entre 1922 y 1930 estallaron en Perú 697 rebeliones; ¡697 alzamientos en ocho años, es decir, un promedio de 70 anuales! ¡Un alzamiento cada cinco días! ¡Miles de muertos! ¡Cientos de miles de muertos! Alzamientos sucedidos en silencio, combatidos en silencio, aplastados en silencio”. (La guerra de Perú / Pedro Salmerón Sanginés, La Jornada, 28-12-2022)

LA SOBERANÍA RADICA EN EL PUEBLO

Este artículo fue escrito hace casi cinco meses y lo ponemos a vuestra disposición revisado, considerando que las tendencias autoritarias de la dictadura se han reafirmado y expandido. No es casual que casi todas las autoridades principales están asociadas al narcotráfico, a la corrupción y/o al extractivismo saqueador. La pregunta es ¿hasta dónde puede degenerar la política en el Perú?. ¿Cómo es que Keiko, con sus redes mafiosas, sigue siendo la madrina de la confederación de mafias gobernantes?. Otarola que no es más que un sicario de las mineras, hoy es quien manda en las instituciones; el soldado William Zapata, los marino-congresistas terminaron de mandamases de las FFAA y del Congreso. Dina Boluarte y Patricia Benavides, ignorantes abogadas, de las Universidades San Martín y Alas Peruanas, sin ningún mérito, son las máximas autoridades de los poderes ejecutivo y judicial. Y podemos seguir. Ocurre que hay un Estado profundo, de la lumpen oligarquía, la embajada norteamericana, defensores del neoliberalismo, del despojo e impunidad, que ordenan a las FFAA, a Keiko y las instituciones bajo su control, sobre cada paso a dar en la política del país. Toda la estructura institucional ha sido convertida en un gran mercado: se venden decretos leyes, leyes, licitaciones, impunidades, títulos académicos, concesiones, juicios, impuestos, multas, cargos, ascensos, salud, derramas, narco indultos, control de puertos, etc. No existe nada que no tenga precio y así el Estado colonial ha llegado a su actual estado de podredumbre, en el que la moral, los principios, las ideologías terminaron contaminados.

Sin embargo, existe una memoria, imaginarios y cultura populares de resistencia, un respaldo de honestidad, solidaridad, lucha, que solo hay que activar dejando al margen a partidos institucionalizados y líderes envilecidos. La organización de estas potencialidades, el debate de ideas desde los problemas locales y regionales, la investigación popular y la invitación a gentes honestas para que colaboren, debe ser un inicio para una convocatoria nacional de rebeldías. Estamos en el límite y sabemos que las rupturas políticas ocurren cuando las élites desafían abiertamente al pueblo, clausurando el discurso de los desposeídos. En esta lucha se crean un nuevo ethos, se disputan significados en el campo de la cultura, dando lugar a la creación de reidentificaciones basadas en la memoria por la justicia, la dignidad y la autonomía entre los subordinados.1 Detrás de ella está la apropiación de sus últimos territorios, la violencia policial, la ruptura del orden comunitario basado en la reciprocidad, el agravio moral y la represalia a la reafirmación de la dignidad y el valor humanos. Es posible que la construcción de poderes societales –no estatales- sea la salida a este orden infrahumano. La derecha global no acepta que la soberanía es un principio político que establece que el poder supremo y la autoridad de gobierno recaen en el pueblo; para ella la soberanía radica en el poder político, en el Estado, el pueblo solo debe obedecer. Ese es el meollo del debate actual.

Otárola y Dina ya no hablan más de las elecciones, han decidido quedarse y cumplir con sus objetivos de continuar con el despojo y saqueo del país. La lumpen oligarquía a través del Congreso, con la presencia cada vez menos disimulada del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se han constituido en el verdadero gobierno que da órdenes al gabinete y al sistema judicial. Pretenden poseer el poder absoluto otorgando la soberanía al poder político en desmedro del titular democrático que es el pueblo. Su odio y desprecio racista al pueblo los conduce a cerrar toda expresión de descontento, bajo amenaza de enfrentar a su Ministerio Público. La Fiscal no oculta su actividad en pro de la impunidad en el genocidio, los traficantes de Alas Peruanas, el juicio a Keiko, los Cuellos Blancos, etc. y procesa abiertamente a sus mejores fiscales -José D. Pérez y Rafael Vela- y continúa haciendo cambios estratégicos en su administración. El Congreso prosigue con el entreguismo, perdonando impuestos, entregando concesiones, aumentando sus privilegios y actuando como policía política, determinando que las protestas sociales no se van a permitir, acordando ejercicios militares con los Estados Unidos. Dina y el Gabinete reparten condecoraciones a los antiguos y nuevos asesinos y quieren confrontar su deslegitimación global a balazos, como matones de cuarta; deciden imponer la minería en lugares que la población ha rechazado. Estas acciones solo están consiguiendo que el repudio a todo el sistema aumente, que más del 90% pida el cierre del Congreso y más de 80% repudie a todos los políticos, pero especialmente a Dina y a Otárola.

Sacar el proyecto de Tía María es declarar la guerra a Arequipa, especular con el litio ofreciéndola a Estados Unidos a cambio de estabilidad, es un desafío a Puno, entregar el petróleo y los bosques amazónicos, es una guerra contra varias regiones del Oriente, seguir concesionando los andes y la costa completan el panorama bélico que se viene configurando. De hecho, en el último trimestre han aumentado los conflictos, principalmente ambientales o en respuesta a los voraces mineros, en Andes y Amazonía. En lo político, apoderarse de la defensoría del pueblo, del poder electoral es echar más leña al fuego. Enfrentarse a la ONU y otros organismos internacionales será suicida. El aumento de la pobreza, la inflación descontrolada, la ineficacia en salud, la falta de agua o permitir su contaminación, la precarización laboral, la inseguridad pública asociada a las migraciones internacionales. Parece inconcebible que los cinco magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema hayan prohibido el derecho a la protesta; calificando como delito incluso la protesta pacífica.

Las ilegalidades son un rasgo de las dictaduras, más todavía si se mezclan con la ignorancia disciplinaria de los abogados de cuarta que gobiernan, incluyendo a la Fiscal, la JNJ, el TC, la Corte Suprema. En este gobierno de abogados, desde la acusación de fraude, la destitución de Castillo

No podemos dejar de decir que el proceso analizado esa lleno de misterios por ambos lados, que nadie quiere tocarlos más. Por el lado de Pedro Castillo no sabemos aún por qué se rodeó de parientes, paisanos, amigos de Perú Libre, desde gente radical de izquierda hasta ex fujimoristas. ¿de dónde salieron los lobystas?, ¿Tuvo que pagar favores?, ¿con qué criterios seleccionó asesores, consultores y funcionarios?, ¿Que lo hizo abandonar el programa inicial? Quien tomaba las decisiones?. Porque no optó por cerrar el Congreso?, ¿Si fue imposición de Torres, por qué este actuó así?. ¿Quién escribió la proclama y por qué la leyó?. Y por el lado opuesto: ¿quiénes y como colocaron a la JNJ, TC, Fiscal de la Nación?, ¿cómo lograron unificar a la derecha conservadora con Perú Libre y la izquierda magisterial en el Congreso?, ¿que negoció Cerrón con el fujimorismo?, ¿por qué tantos errores procesales para destituir y apresar a Castillo?, ¿fue incapacidad, apresuramiento?, ¿quiénes coordinan la coalición en el poder?, ¿quién da las órdenes?, ¿por qué decidieron el genocidio?, ¿Por qué aceptan a Otarola como jefe de la coalición?, ¿qué tiene que ver todo esto con Keiko y FP?, ¿Cómo impone sus objetivos el Estado profundo de la lumpen oligarquía?

Han transcurrido cuatro meses desde aquel 4 de enero, cuando el pueblo convocó desde la Macroregión Sur a un paro nacional. Luego de la violenta represión que dejo más de 60 asesinados, muchos esperaban que llegaban tiempos de sumisión y paz; sin embargo, los días de fiesta de fin de año solo fueron una tregua. «Y es que sobre la gran diversidad de acciones autoconvocadas en cada pueblo o ciudad hay una unidad muy clara: la movilización social en el Perú es contra el poder económico que tiene tomado el Estado.» (“Lucha Indígena: “El estado es el problema” | Servindi – Servicios de Comunicación Intercultural, 12/2022”) Recordemos que no son nada nuevos los asesinatos a sangre fría, los estados de emergencia, la pérdida de derechos, los infiltrados, los allanamientos, ocurren sin pausa, desde hace décadas en los territorios ocupados por las mineras, petroleras, agroindustrias, madereras, etc. Todo critico, contestatario o rebelde es señalado de “terruco” y debe ser eliminado. El imaginario terrorista está instalado y es considerado un arma de estabilización.2

Conseguido el objetivo de controlar el ejecutivo por los beneficiarios del despojo colonial, del capital financiero y los dueños de los derivados (gran minería y agroindustria), por la oligarquía rentista coludida con la oligarquía comercial y agroindustrial chilena, por las mafias del narcotrafico instaladas en el sistema judicial y en las Fuerzas armadas y policiales (FFAA y PP) enlazadas a la DEA, por las políticas parasitarias encabezadas por la derecha bruta y achorada (DBA) acuerpada en la organización criminal Fuerza Popular, hoy sus medios pretenden mostrar normalidad y que sigan llegando los capitales, asegurando satisfacer su codicia. Después de la masacre, apresamiento y persecución de líderes sociales de la resistencia, se va configurando una verdadera dictadura militar con faz civil encarnada en la marioneta presidenta Dina Boluarte.

Si desde el año 2000, los militares actuaban bajo las sombras y su presencia aparecía en el Congreso a través de ex almirantes de la marina que dirigieron la criminal guerra antisubversiva en los 80-90, ashora se suman miembros del ejército pasivos y activos, también con antecedentes represivos. Ahora, el poder institucional esta en manos de los comandantes generales de las FFAA y PP y su gabinete militarizado, los fiscales supremos y la ultraderecha en el Congreso. El 18 de diciembre el Poder Ejecutivo designó a Juan Carlos Liendo O’ Connor como nuevo director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en reemplazo de Wilson Barrantes nombrado por Castillo, hecho relevante, pues este señor con su diploma internacional de Oficial de Estado Mayor en el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation de los Estados Unidos y enlace con el Comando Sur, se asegura la subordinación del país a esta potencia imperial y nos trae a la memoria que Vladimiro Montesinos cuando aún era agente de la CIA se convirtió en jefe de inteligencia y principal asesor de Fujimori (1990-2000). Luego reordenan sus relaciones con la policía y otras fuerzas represivas, paralelamente a la coordinación con el congreso liderado por el criminal de guerra Williams Zapata, con el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio público harán los cambios jurídicos necesarios para consolidar la dictadura. Exactamente, lo que hicieron Montesinos y Fujimori hace 30 años.3 Ejército y marina unidos por Dina: almirantes Cueto-Montoya-y coronel retirado (r) Liendo decididos a imponer la dictadura fujimorista ante una inventada revolución senderista. De hecho, acaban de proponer que se legalice el reemplazo de la Presidenta en caso de ausencia por el presidente del Congreso.

Retrocedemos a una política medieval, con un país militarizado, 15 provincias con toque de queda y territorios en estado de emergencia, muchos presos y perseguidos políticos y un Presidente condenado a prisión preventiva por 18 meses sin proceso y sin sentencia. Se mantiene la potencialidad de la rebelión, de los andes frente a la costa, de las múltiples nacionalidades en renovada autoidentificación contra los criollos, respuesta pacífica y de crítica anticolonial, una demanda democrática, que no se puede enfrentar con la violencia de las armas, defensora de una política de mercado, sin república, sin democracia, una Constitución producto de una dictadura y, por tanto, con un extremadamente precario estado de derecho y con instituciones cotidianamente cuestionadas por la corrupción y el dominio del interés privado y un sistema electoral mercantilizado y privatizado. Para una supuesta mejor gobernabilidad y crecimiento, se busca mayor inversión privada con 40 grandes proyectos por aprobar y otros tantos por prorrogar (los contratos ley), el aumento de las reducciones tributarias y las devoluciones de impuestos, mientras crecen las concesiones a los dueños del país.

Cuentan con el respaldo de sus fieles servidores públicos y privados, encerrados en castas y estamentos privilegiados en los que, para entrar a ellas, hay que ser al menos de clase media, ser neoliberal, conservador, sumiso, consumista, racista y de preferencia tener un doctorado aunque sea falso o comprado. Se admiten marginalmente a los “emprendedores”, a los que tienen capacidad política, a la izquierda contaminada que fácilmente se extravía. Es un momento más de retorno a la vieja política colonial. Fuera de ese Perú está el otro, el de los nadie, los otros, los sin patria, los destinados a trabajar y sobrevivir. Están los pobres (70%), los informales (80%), los pobladores de provincias y distritos, los campesinos minifundistas, los que carecen de agua, energía o sistema de pensiones, las comunidades, los pueblos amazónicos, las víctimas de la minería y las nuevas grandes haciendas, y muchos de los que pensaban que en el siglo XXI con su voto identitario podían tener un presidente que cambie las cosas. Por lo contrario, se configura así, otra sociedad sin derechos sociales y tampoco sin los mínimos derechos humanos. Donde la salud está cada vez más en manos privadas y médicos precarizados, una salud pública de la mendicidad, de la espera perpetua hasta que llegue la muerte; una educación embrutecedora muy alejada de la cuarta revolución industrial y de ampliar la conciencia social, de la incultura y la sumisión, que apenas sirve al extractivismo (con escuelas derruidas, niños desnutridos y cercanas a ser escombros) y una política estatal sin proyecto de vivienda.

Momento histórico de progresivo quiebre, contra la limeñidad y la desidentidad en auge, contra el racismo y el centralismo (que ya es parte de una clase media plebeya que odia sus raíces y de la que nadie quiere hablar), contra las castas políticas, que sobrepasa a las organizaciones de izquierda y al caudillismo, que tiene nuevos líderes desde abajo, que ya no admite ser terruqueada y que aunque vota por sus candidatos se equivoca al pensar que con ello pueden cambiar al país, que defiende a su candidato indígena a pesar de sus graves errores, de su ineptitud tecnocrática y abandono del programa. Perú vive una ruptura cultural, una reidentificación indígena y afroperuana, un reinicio de la lucha anticolonial, anticorrupción y antipolítica oficial. Se reinicia un movimiento con demandas políticas por encima de otras reivindicaciones, la cínica ¨ teoría de los dos demonios (sendero y los militares), conveniente a los sectores que fueron cómplices y herederos de la dictadura, que plantea que tanto la represión militar como los movimientos revolucionarios -que representaban la amenaza del comunismo de la que pretendían proteger los militares al país – eran igualmente siniestros

Castillo, según Héctor Béjar, traiciono al país y a sus electores4. Durante 14 meses retrocedió defensivamente y en su pragmatismo fue política e ideológicamente ambiguo, concilio con la derecha congresal. No rompió con las instituciones que lo limitaban. Si ya era casi imposible un cambio de izquierdas del país, en un sistema político sustentado y sostenido por corporaciones y blindado por la violencia real y potencial en pro y para las élites de la oligarquía plutocratica; con la fusión cívico-militar, sin la barrera entre el estado y lo privado, se acaba de instalar un Centro de monitoreo de la sociedad por el Ministerio de Defensa que prácticamente configura un Estado fascista. Está claro: se configura un estado fascista que va con todo contra los pueblos, el eje es la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) y los Ministerios de Defensa e Interior Ante ello, la resistencia necesita ser muy creativa sin dejar de ser permanente, cada vez mas organizada, autodeterminada y autosustentable.

¿SE CONFIGURA UN ESTADO FASCISTA COLONIAL?

Las derechas peruanas: …exigen más mano dura, piden persecución a la izquierda y organizaciones sociales, y demandan romper con gobiernos progresistas. La derecha acusa a supuestos “azuzadores” internos y externos por las protestas, negando una realidad de indignación popular por el descrédito de una clase política corrupta, incapaz y alineada con los poderosos. Ese rechazo se concentra contra el Congreso que representa todo eso y la exclusión, la pobreza y el racismo que sufren los sectores populares, especialmente las poblaciones andinas. (Carlos Noriega, Pág. 12. 8 de enero 2023),

Otarola, el Premier asesino, no llego por casualidad, es un sicario con corbata de las mineras que siembra el país de muertos para imponer una minería ecocida que se lleve todo mineral sin pagar impuestos. Lo mismo que la Fiscal de la nación, que con su familia representa a las mafias del narcotráfico, también a mineros, incluyendo a “los cuellos blancos” que controlan el sistema judicial y, tampoco, las FFAA y PP masacran a los pueblos por diversión, ellos protegen al estado profundo, a las corporaciones y a los grandes monopolios, financieras, agroindustriales, grandes constructores. Buscan aterrorizar a los pueblos originarios que viven en esos territorios para imponer la política colonial. Esto debe quedar bien claro.

La violencia represiva en Perú no es más que la continuación de 500 años de una historia colonial y los varios ciclos de recolonización, perfeccionada desde 1980 en adelante como respuesta a una rebelión armada anticolonial; a 30 años de neoliberalismo inaugurado por Fujimori la respuesta a la rebeldía popular es la misma. Larga experiencia de las Fuerzas Armadas en la que se forja una cultura del “terruqueo” que califica a toda resistencia como terrorista, culpándola de ser el origen de su salvajismo genocida.5 Este ethos del exterminio indígena se traduce en mirar al indígena como subhumano, como soldado y no como ciudadano; el pueblo debe obedecer y si no lo hace debe ser escarmentado por sus propios hermanos vestidos de policías o soldados. El exterminio en el imaginario oligárquico surge de su visión de que el mayor obstáculo al saqueo minero son los pueblos indígenas, pero como no pueden hacerlo, pues son millones, hay que escarmentarlos periódicamente mostrando la fuerza del Estado recolonizador. No es casual que individuos como Otárola se conviertan en expertos en contención con un prontuario criminal de imponer la minería a sangre y fuego (estuvo en las minas de Conga y en Tía María, que termino con masacres). Quien preside el Congreso es otro asesino masivo graduado con la masacre de Accomarca con decenas de muertos en sus espaldas. Los exmarines fujimoristas, hoy congresistas, Cueto y Montoya son los enlaces de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el gabinete genocida.

Decenas de muertos y cientos de heridos en Juliaca-región Puno, Cusco, Andahuaylas, en zonas quechua aimaras enfrentando un escenario de guerra, aviones antonov, helicópteros artillados, armas de guerra contra un pueblo rebelde pero indefenso. Siendo parte de nacionalidades plurinacionales recibieron el respaldo de pueblos de países vecinos. Tras estos crímenes masivos, nuevamente, como en la vieja colonia, reaparecen las luchas anticoloniales, ahora contra el despojo y saqueo neocolonial de mineras (cobre, litio, tierras raras, minerales estratégicos), hidrocarburíferas, agroindustriales, etc. sobre territorios sumidos en la miseria. Se juegan inversiones, reinversiones, exoneraciones tributarias, licencias de funcionamiento de grandes corporaciones que temen un retroceso en su política colonizadora. Es una guerra declarada de la dictadura contra los pueblos humildes e indefensos que solo buscan su sobrevivencia y por ello exigen la salida de la espuria presidenta, el cierre del Congreso entreguista y corrupto, una nueva Constitución y en muchos casos la libertad de su presidente Castillo.

La rebelión popular bajo la coordinación de organizaciones de base indígena y mayormente de izquierda (trabajadores, campesinos, estudiantes, informales, desempleados, etc.) continúa en rebelión (paro macrorregional, en tregua, extensivo a todo el país) exigiendo la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, la libertad del presidente Castillo y una asamblea constituyente. Hay que destacar que se trata del pueblo organizado, critico de la sucia política neoliberal compartida por políticos y caudillos, por partidos de derecha e izquierda contaminada. Por ello, el Gobierno y los poderes represivos no encuentran responsables y se creen sus mentiras acusando al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), a Evo Morales, a la economía ilegal, al incomunicado Castillo, a los medios alternativos y a quienes se le ocurre imaginar. Entre los bárbaros de arriba no hay quien cierre el Congreso ni que destituya a los criminales y menos aún quien acepte convocar a un referéndum. La defensa del neoliberalismo une a una derecha que sin oposición institucional recurre al dominio neofascista y al saqueo.

El segundo objetivo estratégico de la derecha es buscar la impunidad de los grandes corruptos. Las investigaciones a los expresidentes Toledo, Humala, Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra y la excandidata keiko Fujimori continúan en el sueño de los justos, esperando la impunidad. Se agregan las denuncias a la Fiscal de la Nación, a la JNJ, entre otros. La congresista por el Cusco Ruth Luque denunció ante la Sub-Comisión de acusaciones constitucionales por infracciones constitucionales a la presidenta DINA BOLUARTE y a Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes por la comisión del presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves (artículos 108 y 121 del Código Penal). La DBA y sus mafias, bajo la dirección de Keiko-Montesinos buscan controlar todos los eslabones institucionales que le faltan para controlar todo el Estado, lo que los hace internamente inmunes a todo y continúan su escalada. Tienen el dominio total del sistema judicial (JNJ, MP, TC, MJ, PJ), del Congreso, FFAA, Sistema de Inteligencia. Han creado una oficina de coordinación territorial de todo el país y ahora pretenden modificar más de 50 artículos de la constitución y sacar de sus cargos a los titulares del JNE, la Oficina Nacional de procesos Electorales (ONPE). Acaban de conseguir el control de la Defensoría del Pueblo.

En el nuevo gobierno cambian los lugares de dirección política, el mando pasa del Congreso y sistema judicial al Gabinete, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en estrecha coordinación con el Congreso y los magistrados. Desde una perspectiva de clase, sus líderes son civiles y militares de clase media o alta mestiza, des identificada y desclasada, se funden la lumpen burguesía con el lumpenproletariado, los beneficiados por las políticas neoliberales y los que reciben las limosnas del “goteo”, los parásitos del Estado (funcionarios, asesores, consultores, militares, curas) y los privilegiados, los que controlan poderes institucionalizados y muchos profesionales con títulos fraguados o no merecidos, los religiosos y las barras bravas del futbol. En ellos de modo natural se configura una ideología y una práctica autoritaria potencialmente fascista en el sentido de ser de extrema derecha, militarista, criminalizante, religiosa (católica o evangélica), por crear enemigos ficticios, defender la patria criolla y del despojo, racista y antidemocrática. La narrativa demagógica de los medios se modifica un poco, cuando agotan los apelativos de anticomunistas o anti terrucos, usan un discurso anticorrupción y anti narcos siempre ligado al terruqueo; cuando en realidad muchos de sus dirigentes están acusados de corruptos y/o de estar ligados al narcotráfico.

Pocos atienden a la relación entre los macro poderes, los intermedios y los micro. El siglo XXI el Estado no solo es producto de las relaciones internas de poder, sino también de la presencia de las enormes transformaciones debido a la interpenetración e integración transfronteriza de capitales de grandes potencias, en una red entrecruzada de capitales trasnacionales. En 2018, apenas 17 conglomerados financieros globales administraron colectivamente 41.1 billones de dólares, más de la mitad del PIB del planeta.

Piensa Robinson que esta masa de capital concentrado y centralizado a escala mundial no tiene identidad nacional, nosotros agregaríamos que, sin embargo, está enraizado y se expande desde las grandes potencias imperialistas. Es cierto que corresponde a una nueva clase capitalista trasnacional que ha promovido desde los estados, los intereses del capital trasnacional genocida y ecocida, la apropiación territorial a través de las políticas neoliberales, las políticas de saqueo colonial, el despojo a través de constituciones, tratados de libre comercio, contratos ley y otros mecanismos, el surgimiento un nuevo sistema globalizado de producción, finanzas y servicios que incorpora a todo el mundo y que elimina cualquier desafió de clase o estatal. Y como sostiene Raúl Zibechi,

…el poder, el verdadero poder, no nace de las urnas ni está en los parlamentos ni en los gobiernos, sino lejos de la visibilidad pública, en el capital financiero ultra concentrado, en el 1% invisible que controla medios de comunicación, fuerzas armadas y policiales, gobiernos de cualquier nivel y, sobre todo, a los grupos ilegales narcos paramilitares que rediseñan el mundo.

El Perú es un territorio en disputa, lugar de guerra contra los pueblos indígenas (que poseen bajo su territorio minerales estratégicos, gas, tierras raras, litio, etc.), al estar históricamente asociado a los intereses del imperio norteamericano y en el presente siglo cada vez más conectado a China por la Ruta Marítima de la Seda, a través de la infraestructura ya creada y otra en construcción, reforzando aún más su condición de periferia regional a cargo de las grandes trasnacionales de varias potencias y a la lumpen oligarquía interna que la comunica con el sistema internacional de saqueo, aumentando la dependencia colonial, la violencia por el despojo de los recursos naturales, la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, el avance de los arrendamientos para monocultivos y la agroindustria, y el despojo de la propiedad de tierras mal-habidas y minería en zonas de reforma agraria y territorios indígenas. Vale aclarar que

Mientras la oligarquía especula considerando al Estado como su feudo; los intelectuales “caviares” imaginan ilusoriamente que el Perú es un país democrático, con estado de derecho, democracia y ciudadanía que hay que defender; y los nuevos políticos plebeyos creen que el poder es para repartir cargos, recursos públicos y licitaciones. Es curioso que quien entiende bien, desde la práctica, al Estado peruano neoliberal, recolonizado y burocrático, son una elite de abogados y militares (como Montesinos y algunos de sus pragmáticos discípulos), a quienes les basta saber lo que teoriza Bobbio acerca de la definición formal e instrumental más elemental del Estado: “La condición necesaria y suficiente para que exista un estado es que en un territorio determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir mandatos correspondientes obligatorios”.

Finalmente, despierta curiosidad el conflicto en la elección de abogados defensores de Castillo. Existe una diferencia entre Olivera y Torres. Castillo opta por el segundo. Por otro lado, Castillo deja a un lado a su abogado Benji Espinoza y acepta un equipo integrado por Eduardo Pachas, Jorge Díaz Campos y José Palomino Manchego. Además acepta la integración de Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto.

El concepto del derecho de resistencia está en debate desde el momento que los bárbaros gobernantes no permiten un nivel argumental, en lo político y jurídico. No entienden lo que es la soberanía popular, menos aún que el ejercicio de la resistencia política, posee un carácter liberador, legítimo y absolutamente democrático. Su sentido conservador proviene del feudalismo, no entienden siquiera el sentido clásico del republicanismo y la democracia. Si la democracia nace del pueblo, no hay forma de restringir jurídicamente la capacidad de un pueblo a la manifestación de su resistencia política. Además de que de acuerdo a su voluntad democrática, podrá expresar la intención de salvaguardar o trascender el sistema político y jurídico del Estado. El pueblo, en su condición de soberano, posea la capacidad legítima y latente de cuestionar al sistema político y jurídico del Estado opresor, con independencia de cualquier norma inferior.5

La actual dictadura, con su violencia, ha quebrado los restos de democracia, al cerrar el diálogo y bloquear los canales de participación. Polariza las posturas más allá de la negociación y al suprimir cualquier capacidad de entendimiento está convocando a la violencia. La participación es un derecho colectivo de los pueblos, principalmente indígenas.

Notas:

1 Scott, James, Los dominados y el arte de la resistencia, México, Era, 2000 .

2 La historia republicana es una de recolonización y anticolonialismo, de rebeliones indigenas, golpes militares, dictaduras, caudillos. “Porque son muchos, tanto líderes autoproclamados como golpes de Estado (y autogolpes, marca registrada peruana), los que han llevado la batuta de nuestro país, donde casi siempre han gobernado para sí, y cuando no pasaba esto, han metido la pata hasta el fondo. Nuestra historia republicana (de 1821 para adelante, siendo generosos) es un despropósito de ingobernabilidad, de rateros y de asesinos varios, que, a fin de cuentas, nos han ido hundiendo en la miseria a gran parte de la población de nuestro país. (JOMRA, Golpes de Estado exitosos y líderes «autoproclamados» en Perú… Un brevísimo repaso. https://bitacora.jomra.es/2006/07/actualidad/peru/golpes-de-estado-exitosos-y-lideres-autoproclamados-en-peru-un-brevisimo-repaso/

3 Este nombramiento es relevante por que de acuerdo a su errada concepción para legitimar la represión masiva y selectiva : “El Perú no está ante simples manifestaciones, se encuentra baje ataque coordinado, organizado, planeado y conducido desde la clandestinidad por una organización clandestina que cuenta con apoyo internacional” (Revista Caretas, 19-12-2022)

4 (Perú, ¿punto de quiebre? Pueblos en Red Entrevista a Héctor Béjar, 22-12-2022)

5 Luis Alberto Pérez Llody, La resistencia política como derecho fundamental. Reflexiones a propósito de los cien años de la Constitución mexicana*Revista Jus No38, Puebla, 2018.

Se publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

https://www.leerydifundir.com/2023/06/posible-congreso-repudiado-mas-del-90-gobierne-peru/

Perú: Fascismo peruano del siglo XXI

Cecilia Méndez

“Los abogados de los estudios más ricos de Lima se unieron para anular el voto de los peruanos más pobres, una población rural...”.

Cuenta el historiador y filósofo José Ignacio López Soria que cuando empezó a preparar su antología El pensamiento fascista (1930-1945) publicada en 1981 por Mosca Azul y Francisco Campodónico, editor, pensó que le sería difícil llenar un volumen. No fue así. “Me bastó abrir las páginas de El Comercio de los últimos 30 años”, refiere, “para convencerme de lo errado de mi apreciación”. En más de 250 páginas, López Soria logró recopilar una serie de publicaciones que daban cuenta de lo que él caracterizó como las tres modalidades del fascismo peruano: el fascismo aristocrático, el mesocrático y el popular.

Preocupada por el acelerado avance de posiciones autoritarias y fascistas en la coalición de Gobierno que encabeza Boluarte –y que operan a nivel legislativo, jurídico, mediático, de las fuerzas de seguridad y fuerzas de choque callejeras– quisiera proponer algunas consideraciones para una antología actualizada del fascismo en el Perú, empezando por notar los paralelos de lo que sucede hoy con los fascismos históricos y de otras latitudes. Si alguien se animara a emprenderla, tendría a su disposición una gama mucho más nutrida y diversa de fuentes.

Primero, quisiera notar la autopercepción de los fascistas como grupo derrotado en sus orígenes. Los fascismos surgen canalizando el descontento de quienes sienten que están perdiendo status o se sienten desplazados por los avances de procesos de democratización. Si en Alemania el nazismo fue una reacción, en parte, a los avances del socialismo y el movimiento obrero, y a una mayor integración de los judíos a la sociedad, en EE.UU el trumpismo ofrecía reivindicar a las clases medias blancas que se sintieron desplazadas y venidas a menos por la crisis económica, la elección de un presidente “negro” y los migrantes de “color”. En el Perú, algo parecido a un frente fascista se articuló ante el inminente triunfo de Castillo, un advenedizo de origen campesino en las elecciones de 2021, y se consolidó cuando esta oposición se convirtió en Gobierno, frente a un amplio rechazo popular. En eso estamos.

Una agresiva campaña macartista y mendaz desplegada en redes y medios se destacó por su crueldad racista y buscó alarmar a las clases medias, especialmente en Lima, pero no logró revertir los resultados. Para ejemplificarla están las portadas catastrofistas de El Comercio.

Al constatar su tercera derrota electoral consecutiva, el fujimorismo, en alianza con los poderes empresariales y mediáticos, desplegó una campaña no menos racista para impedir que Castillo asumiera la presidencia, con el argumento del fraude, cosa que nunca pudieron probar. Entonces, los abogados de los estudios más ricos de Lima se unieron para anular el voto de los peruanos más pobres, una población rural y mayoritariamente quechua o aimara hablante. A las entrevistas y programas en señal abierta que dan cuenta de ello, puede sumarse un toque anecdótico, mas no ingenuo.

Me refiero al espaldarazo del marqués Vargas Llosa a Keiko Fujimori, a quien llamó “demócrata” , y su poco velado desprecio por los votantes de Castillo por “no saber elegir”. ¿Un fascista aristocrático, en la acepción de López Soria? Imposible no traer a la mente al clérigo ultramontano Bartolomé Herrera y su postura contra el voto indígena en una famosa polémica de 1849.

Al no lograr evitar que Castillo asumiera la presidencia, la oposición orquestó una incesante campaña golpista para deponerlo hasta que él mismo les dio en la yema del gusto con su frustrado golpe que provocó su destitución inmediata y la asunción a la presidencia de la vicepresidenta Boluarte. Y aquí empieza la parte más sórdida, trágica y sangrienta de nuestro fascismo del siglo XXI, en la que aún estamos inmersos. Súbitamente amnésica de su militancia en un partido marxista leninista, le entregó el país a la ultraderecha y a un Congreso que solo ayer quiso destituirla llamándola terrorista.

Un Gobierno sin legitimidad empezó a exhibir tempranamente las características “clásicas” de un régimen fascista: apoyarse en las fuerzas de seguridad para gobernar, valerse del amedrentamiento y asesinato a opositores para mantenerse en el poder; de la mentira organizada para encubrir sus crímenes y justificar más violencia; desplegar un lenguaje polarizante que deshumaniza y estigmatiza, que caracteriza a manifestantes pacíficos como “vándalos” y “delincuentes terroristas”; referirse a sus víctimas como victimarios –en palabras de la presidenta, “se mataron entre ellos”– y a los ciudadanos como blancos de guerra. Más racismo, se apunta a matar solo a “los indios”.

Clave sería notar cómo se pasó de la violencia verbal a la violencia de los hechos. Cómo el insulto racista pasó de la boca de opositores mediáticos a la boca de autoridades que buscaban encubrir o justificar más violencia: el ministro que dice que las mujeres que llevan a sus hijos a la protesta “son peor que animales”, por ejemplo. Mientras, la Policía detenía arbitrariamente a la gente y la fiscal de la nación y la Policía resucitaban a Sendero para incriminar a manifestantes como terroristas.

En este contexto y en solo dos meses, fueron acribillados 49 peruanos desarmados, 6 de ellos niños, por agentes de su propio Gobierno; mayoritariamente pobres rurales, quechua y aimara hablantes. Abundancia de pruebas. Súmese a ello una vergonzosa sentencia de la Corte Suprema dando argumentos para justificar la violencia contra los que protestan pacíficamente.

Finalmente, una antología actualizada del fascismo peruano podría eliminar del título el término “pensamiento”. Porque en su actual reencarnación ese ingrediente no es evidente. Lo que hay, parafraseando a López Soria en su descripción del fascismo popular de los años 30, “más que un sistema elaborado de principios ideológicos [… ] es una suma de consignas”.

Corresponde a los que creemos en la democracia no ser pasivos, solidarizarnos con las nuevas marchas que se anuncian para julio y oponer a las fuerzas de la muerte nuestros mejores talentos

https://larepublica.pe/opinion/2023/05/29/fascismo-peruano-del-siglo-xxi-por-cecilia-mendez-2017327

https://www.leerydifundir.com/2023/06/peru-fascismo-peruano-del-siglo-xxi/

Perú: ¿Hay democracia en el Perú?

César Hildebrandt

Escucho a la señora Dina Boluarte hablar sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y experimento aquello que pueden sentir los aracnófobos que ven una tarántula.

¿Practica el cinismo la señora presidenta? No me parece. El cinismo exige un cierto grado de superación intelectual.

¿Es mentirosa? ¿Está defendiéndose preventivamente? ¿Se ha asociado con la Fiscalía de la Nación y las Fuerzas Armadas para organizar un encubrimiento que conduzca a la impunidad? La respuesta es tres veces sí.

No tiene escrúpulos la señora Boluarte. En ese rubro de quitarse los frenos y comprarse coartadas en Azángaro es de gran ayuda su opaco jefe, el señor Otárola. Parecen el dúo Pimpinela cantando “Hay amores que matan”.

Pero los columnistas nos pasamos los días y las semanas y las décadas acribillando a la clase política, a las supuestas élites, al liderazgo apócrifo olvidando –quizá premeditadamente– que esas cúspides están allí sostenidas por el pueblo.

Una encuesta encargada por “Perú 21” demostró hace poco que si hoy se repitieran las elecciones, Pedro Castillo volvería a ganar y que Keiko –cuándo no– quedaría segunda. El resultado se repite en el simulacro tanto de la primera como de la segunda vuelta. La directora de “Perú21”, aterrorizada, no publicó el sondeo aunque sí permitió que se comentase en un foro supuestamente académico.

Pero eso no es todo: leo en una columna de Pedro Castro Balmaceda que un sondeo nacional hecho por Proética determina que el 72% de los peruanos tiene una “tolerancia media” respecto de la corrupción. Un 6% manifiesta una permisividad aún más alta. La conclusión es que la abrumadora mayoría de los peruanos acepta la podredumbre, está dispuesta a convivir con ella, a considerarla tutelar, inexorable, intrínseca. ¿Y cuántos de esos laxos esperan la oportunidad de subirse al tren del saqueo e imitar a quienes dicen tolerar?

¿El pueblo unido jamás será vencido?

No necesariamente. Depende de qué vencimientos hablamos.

La verdad es que el pueblo del Perú ha aceptado demasiados agravios a lo largo de su historia.

En realidad, aceptó todo. Aquí la traición no tuvo castigo, la fuga tuvo premio, el robo fue condecorado, la vileza se borró a punta de plumas mercenarias. La historia se escribió desde el consentimiento y la debilidad fue nuestra cara marcada. Los Echenique, los Piérola, los Prado son ilesos y vagos referentes de la historia oficial. Los Benavides, los Odría, los Fujimori fueron contemplados desde la complicidad. En el Perú la palabra meritocracia se emputeció tempranamente. Perdimos un brazo: el de la sanción.

De resultas de tal mutilación, en nuestro amado país no importa qué hagas ni cuántos muertos tengas en el armario. Siempre habrá una multitud esperándote, una suma de portátiles, un jalador que gritará tu nombre por un altoparlante.

Lo que importa es que dures en las proximidades del poder. Y si eres Pepe Luna y sembraste tu universidad de pacotilla con títulos hechizos y bachilleratos de baba, no importa: te vengarás tumbándote a la Sunedu que te descubrió.

No importa quién seas. En el Perú la inmortalidad política está al alcance del billete o de la condescendencia. Con plata se reconstruyen reputaciones arañadas. La complacencia fácil impide que en el país haya sanción moral.

“Roba, pero hace”, es la frase que debería ponerse en la lápida de este país que tanto prometía. Ella resume la derrota raigal de nuestro proyecto de nación.

Cuando los tumultos y los instintos prevalecen, ¿es posible hablar de democracia?

Los correctos, los pálidos comparseros de esta deriva de doscientos años, dirán que sí, que cómo es posible que alguien se atreva a formular siquiera la pregunta.

Pues yo me la hago. No porque quiera provocar sino porque quisiera saber si hay una respuesta. Siempre entendí –o ya no sé si lo imaginé– que la democracia supone un cierto entendimiento de los problemas, una percepción mínima del funcionamiento institucional y del balance de poderes, una relativa admiración por las bondades éticas de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

Pero en el Perú se vota muchas veces por lo peor, por lo más averiado, por lo más avezado. Allí está el Congreso, esa madriguera. Allí está López Aliaga, el que propuso hacer de Lima una “potencia mundial”. Allí están Castillo y Fujimori, latiendo como síntomas.

¿Puede haber democracia auténtica y funcional en un país donde la mayoría manifiesta que la corrupción es tolerable? Mario Vargas Llosa llamó “dictadura perfecta” a aquel longevo régimen del PRI mexicano. ¿Cómo llamar lo que tenemos aquí? ¿La cacocracia permitida? ¿La cleptocracia en olor de multitud?

Las turbas que un día asaltaron “El Comercio” en nombre de Leguía y que años más tarde asaltaron la casa de Leguía en nombre de la limpieza sanchecerrista, ¿son la matriz de aquellas que hoy intercambian insultos en las calles? Las muchedumbres que llenan las plazas en tiempo de elecciones, ¿vienen de aquellas que fueron el grandioso decorado de tantos caudillos?

Además de gran palabra, ¿Qué diablos es la democracia en el Perú?

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 634 año 14, del 05/05/2023, p16

https://www.hildebrandtensustrece.com/

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Perú: Muñecos de felpa

Juan Manuel Robles

Son tiempos malos y ya no está Pedro Castillo para echarle la culpa al comunismo, a la improvisación, al populismo y a la proverbial inutilidad de los rojos. Al contrario, son días en que la derecha domina y se hermana para someternos a su estilo y a su visión de país, o de ciudad, o de distrito. El muñeco de felpa Techito, que se hizo famoso mientras Alejandro Toledo volaba al infinito y más allá en el avión parrandero, pasea con el muñeco Porky y verlos juntos —los ojos gigantes, estáticos, los bracitos alzados, la sonrisa inmóvil como en un sueño extravagante— es ver lo que hoy nos toca. En la trivialidad de esas figuras se halla el destino actual del que no saldremos por buen tiempo.

A mí me da risa y luego me aterra. Me da risa porque se supone que estos señores —Rafael López Aliaga y Carlos Bruce— son los que sí saben. Cuadros de derecha que llegan a altos cargos con un supuesto perfil gerencial, hombres de cálculos y cifras, de lucro —¿qué de malo tiene el lucro?—, con experiencia suficiente para dotar de pragmatismo a la gestión pública, con un casco de ingeniero en la cabeza, en las manos un papel desenrollado para ver los planos del futuro mejor y, por supuesto, los pies siempre en la tierra. Pero a la hora de la hora —a la hora de proponer soluciones— esos maestros de la gestión son solo criaturas temperamentales, sin filtro, que hablan para la tribuna y ciertamente dan pena.

Ahí va Techito caminando por los semáforos en rojo, con ademanes de experto. Como un limpiaparabrisas mató a un conductor, su gran solución es anunciar la prohibición de la actividad de limpiar lunas en todo el territorio… de Surco. Si quieren limpiar lunas, que se vayan a otro distrito, dice este hombre que antes se presentaba como un activista contra la discriminación, y que ciertamente fue promotor de la frustrada Ley de Unión Civil en 2014. Pues parece que luchar contra la homofobia no implica luchar contra la aporofobia, así que ni modo, que los limpiadores descamisados se jodan. La medida es absurda, criminaliza a quien no debe, agudiza el castigo social en un país al que la informalidad sigue salvando del infierno. Días después, Techito sale a hablar tras el asesinato de un efectivo de Serenazgo a manos de un avezado delincuente. ¿Su propuesta de gerente, de desarrollador? Darles armas no letales a los guardias de la seguridad municipal.

Como si no estuviera visto de sobra que las armas en manos de efectivos de Serenazgo (civiles contratados y mal pagados) solo provocarían una delincuencia más feroz, con criminales que dispararán primero, por si acaso. Como si no supiéramos de qué pie cojean los malos serenos, que con poder tienden al abuso, cosa que saben bien los ambulantes y los jóvenes que deciden bailar —o comer, o besar— en los parques públicos.

Y luego aparece el hermano de felpa, Porky, toda una autoridad cerebral en el sillón de alcalde, un emprendedor a emular, con soluciones a flor de labios. López Aliaga, el candidato que prometió convertir Lima en una potencia mundial, anuncia su propuesta para hacer frente a la delincuencia de la ciudad: sacar al Ejército, los tanques, para que controlen la cosa. Lo alucinante es que esta idea —un lugar común absoluto— la lanza días después de afirmar que se deben poner más macetas para combatir el crimen, porque el ornato espanta a la delincuencia. Una versión libre y chata de la Teoría de las Ventanas Rotas, supongo, sin ningún plan ni respaldo, que a los pocos días es corregida por la vieja confiable: militares a las calles.

Pero decía que, además de risa, me aterra. Me aterra porque, aunque los muñequitos dan gracia, hay algo cierto: pueden llevar a cabo sus locuras. Ellos sí pueden. Cualquier idea poco realista que propone la izquierda es desmontada al día siguiente en ocho diarios nacionales, cinco noticieros, y con los mismos tres “especialistas”. Una idea estúpida de la derecha y los ayayeros aplauden como focas, los presentadores ponen cara de asombro, se genera un clima de “debate”.

Además, ideas alocadas como las de estos muñecos de felpa muchas veces tienen sponsor lobista preparado para la acción. Así vemos en los medios hablar a un “experto” en seguridad que dice que el uso de armas “no letales” sí es posible “previo entrenamiento” y con pruebas psicológicas. El experto que habla es el mismo que posee la empresa de seguridad que vende esas armas y da el entrenamiento, conectado con el centro médico que hará las “pruebas psicológicas”, pero eso nunca ha importado.

Tremendo el radicalismo irracional, populista, improvisado, de estos políticos “gerentes”. Y sin embargo, de ellos la gran prensa no dirá que son mediocres, que nos tienen a la deriva, nadie los llamará incompetentes, ningún índice pomposo registrará el riesgo en que nos colocan sus medidas.

Ay, la derecha en el poder. Muñecos de felpa afiebrados, infantiles. Y pensar que son los que suelen exigir que cualquier ley de esas que ayudan a los más desfavorecidos tenga su informe técnico, su análisis costo beneficio, su estudio de impacto en los mercados. Estos rigurosos policías de la demagogia ajena, estos críticos acérrimos del desorden gerencial, deberían mirarse al espejo.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 632 año 13, del 21/04/2023, p18

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Perú: LAS BATALLAS POR LA MEMORIA CONTINÚAN

Natalia Sobrevilla

Desde hace quince años dicto en la universidad un curso que lleva por título Terror y terrorismo de Estado en América Latina, y en él mis alumnos comparan los casos de lo sucedido durante dictaduras en la Argentina, Chile, Perú, Guatemala y El Salvador, y trazamos comparaciones con hechos acaecidos en Nicaragua, Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia, Estados Unidos y Cuba. Cada año, mientras observo lo que sucede en la región, me queda muy claro que las batallas por la memoria están lejos de llegar a su final.

Lo sucedido esta semana con el LUM (Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión social) no es un incidente aislado ni tampoco es algo que tenga que ver únicamente con lo que sucede en el Perú, aunque el detonante sea muy específico. La campaña de un sector de la derecha por silenciar y desarticular el proyecto de memoria que pone al medio la reparación real y simbólica a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos no es nueva. Lo que han logrado ahora es hacerse del poder a nivel local en ciertas municipalidades distritales, así como en la municipalidad de Lima, además de coincidir con un gobierno débil que se sostiene de la mano de los militares y los sectores más recalcitrantes de la derecha.

El incidente particular —una inspección municipal y un cierre temporal— no es ni siquiera lo más importante, pero no deja de ser peligroso porque le da pie a los perpetradores de este atentado de construir un discurso muy sencillo: “No es nada contra el LUM, es simplemente que incumplen una norma municipal”. Sin duda, haber elegido hacer la diligencia el día en que se presentaba el informe de Amnistía Internacional sobre los asesinatos en el Perú desde la llegada al poder de Dina Boluarte, no parece ser una casualidad; así como tampoco el hecho de que la municipalidad haya incumplido su propia normativa al no dar las 48 horas para subsanar la falta y cerrar el local a 5 horas de la inspección.

Mucho más llamativo es que al juramentar en enero, el alcalde de Lima le pidiera al alcalde de Miraflores que cerrara el LUM. Y mucho más problemático es que la intención de cerrar este espacio haya sido una de sus promesas de campaña, no solo al sillón municipal, sino a la presidencia cuando postuló en el 2021. Peor, incluso, es que esta no sea una estrategia limitada a su grupo político, sino que tenga un alcance mucho más grande, pues son numerosas las voces que piden que se impongan las verdades a medias, con mentiras o, incluso, el olvido.

Como le digo todos los años a mis alumnos, el pasado no es realmente pasado y la historia es donde se disputa permanentemente la memoria. Si bien tradicionalmente quienes cuentan lo sucedido suelen ser los vencedores, en el siglo XX y en el XXI la lucha para que se reconozca la verdad y se alcance la justicia en América Latina se ha dado y se sigue dando desde muchos espacios; el esfuerzo para que los muertos y desaparecidos que suman cientos y miles no queden en el olvido es incansable.

Las batallas comenzaron con las dictaduras, cuando en los 70 en Argentina y Chile —además de Uruguay, Paraguay y Brasil— desaparecieron personas a diestra y siniestra y las madres salieron a las calles a reclamar por sus hijos. En el caso de la Argentina, el hecho de que fueran mujeres —a las que llamaban ‘las locas’— hizo más difícil callarlas, ya que, por un lado, no se les creía capaces de lograr nada y, por el otro, porque culturalmente es casi imposible negarle a una madre el pedido de encontrar a sus hijos. Tristemente, esto se vio replicado en casi todos los países de la región y, en el caso peruano, con Mama Angelica y ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú).

Desde entonces los organismos de derechos humanos luchan incansablemente por la verdad y han sentado las bases para los procesos de justicia. Una vez más, el ejemplo lo dio la Argentina, donde el nuevo gobierno democrático organizó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que produjo el Informe del Nunca Más en 1984, que devino en el juicio a nueve de los militares que dirigieron las juntas en 1985. Cinco de ellos fueron condenados —dos a cadena perpetua— y los otros cuatro fueron absueltos.

Pero la solución no fue tan sencilla. En 1986, Raúl Alfonsín dio la Ley de Punto Final para terminar con los procesos judiciales en contra de los militares que habían perpetrado crímenes. Un año más tarde promulgó la Ley de Obediencia Debida, que dictaminaba que quienes solo acataban órdenes no fueran considerados culpables. En gran medida, se decidió no seguir buscando justicia por temor a otro levantamiento militar: ya lo habían amenazado los “cara pintadas”. Su sucesor, Carlos Saúl Menem, llegó aún más lejos y en 1989 y 1990 indultó a varios de los sentenciados. Así, el retroceso en cuanto a la política de derechos humanos en la Argentina fue tremendo.

En los 90, cuando Chile tuvo su transición, las posibilidades de justicia y reparación se vieron tremendamente limitadas por la posición de poder de Augusto Pinochet, quien se mantenía como jefe de las Fuerzas Armadas y contaba con inmunidad de por vida al ser senador vitalicio. No fue hasta que decidió viajar a Londres para un tratamiento médico cuando se dio con la sorpresa de que una corte española pedía su arresto. Este momento marcó un hito muy importante, no solo en Chile, sino en toda la región, porque de pronto nadie resultó intocable. Se dieron juicios en el Perú, se levantó la amnistía en Argentina y los juicios comenzaron de nuevo.

Todas estas luchas son parte de los procesos en los que todos los ciudadanos nos vemos insertados y, una vez más, nos toca enfrentarnos contra quienes buscan el olvido y la tergiversación de los hechos. Este año, en que se cumplen veinte años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es innegable que ciertos sectores quieren cerrar y silenciar espacios como el LUM, pero el LUM sigue abierto en línea y haciendo eventos. Por ello invito a todos a visitar su página web, a conocer su repositorio de documentos o hacer una visita virtual: https://lum.cultura.pe/

Una vez más, corresponde volver a alzar nuestras voces y repetir que no nos cansaremos de buscar justicia y de luchar por la memoria.

https://jugodecaigua.pe/las-batallas-por-la-memoria-continuan/

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Perú: Derechas

Indira Huilca

Con Castillo detenido y vacado, las bancadas opositoras celebraron como si se tratase de una esforzada victoria, ignorando el malestar acumulado en la ciudadanía, así como su propio desprestigio.

En una sola jornada fuimos testigos de cómo los políticos en el poder crean y se aferran a sus propias fantasías: Castillo creyó que su autogolpe sería exitoso, el Congreso alucinó que lo había derrotado y la nueva presidenta estaba convencida de haber asegurado el negocio de la “sucesión constitucional” hasta 2026.

La celebración no duró mucho más. La explicación más evidente está en la rapidez, contundencia y carácter masivo de la respuesta ciudadana en las regiones y en su movilización hacia la capital, que por algunas semanas forzó al Ejecutivo y al Legislativo a considerar la posibilidad de un adelanto electoral, aunque luego emplearan todas las mañas y dilaciones para bloquearlo y ganar tiempo para una nueva legislatura que se están dedicando a destruir las instituciones que representan un obstáculo para sus intereses, desde los organismos electorales hasta la Sunedu.

Nada de esto sería posible sin la acción de la Policía y las Fuerzas Armadas, que castigaron sin piedad a Ayacucho, Puno, Apurímac, Cusco, regiones donde la gente está indignada y harta del ninguneo de su ciudadanía y se niega a aceptar que el Congreso y la presidenta permanezcan en el poder como si nada ocurriera.

Pero no es solo una ciudadanía movilizada y resistente la que les aguó su fiesta democrática. El que la derecha no haya podido vivir la caída de Castillo como el éxito que soñó se debe también en parte a los conflictos persistentes entre sus distintas tendencias, que le impiden administrar el poder político recuperado como parte de la coalición que sostiene a Boluarte en Palacio.

Y es que desde el choque entre PPK y Keiko en 2016, la brecha entre la derecha empresarial y el fujimorismo no ha hecho más que crecer, sin que ninguna de estas fuerzas logre consolidar una identidad atractiva a nivel nacional, mucho menos una nueva visión para el país, sin aceptar que la ofrecida en la Constitución del 93 ya caducó.

En esta pobreza de horizonte, el protagonismo de la derecha hace años se trasladó a pastores evangélicos y fanáticos católicos obsesionados con quitarle derechos a las mujeres —sobre todo si son indígenas—, cuando no marinos en retiro y ultraconservadores de distinto tipo, que han renunciado al futuro y quieren devolvernos al Perú anterior a la Reforma Agraria —y si se pudiera, a la Colonia—, a cualquier tiempo en que el despojo y la masacre eran la base legítima de poder político.

Con este elenco, se entiende lo pintorescos que resultan personajes como Hernando de Soto, paseando por Washington en busca de soluciones para Puno, o Mario Vargas Llosa volando a Lima para recibir honores de un gobierno con más de sesenta muertos en su haber.

De esta lucha interna es poco lo que puede ser de provecho para la sociedad peruana. La negativa a una nueva Constitución, encabezada por los jóvenes congresistas de derecha, no viene acompañada de una propuesta consistente de reforma de la vigente, que supere sus vicios o radicalice sus principios. Los sectores más ideológicos están sumidos en “la batalla cultural contra el comunismo”. Entre todos, no logran media idea para salir de la crisis, menos ofrecer algo de interés para las siguientes elecciones. En ese escenario, quienes van ganando espacio son quienes, de otro modo, también sienten que la presidenta “no los representa” y se disponen a deshacerse de ella.

https://larepublica.pe/opinion/2023/03/12/derechas-por-indira-huilca-665352

https://www.leerydifundir.com/2023/03/peru-derechas/

Perú: La más sanguinaria

Isaac Bigio

En la historia mundial ha habido alrededor de 70 presidentas, además de otras 70 mujeres que han sido o son mandatarias en otros países que no tienen repúblicas presidencialistas. Ninguna de ellas ha debutado en sus cargos ordenando disparar a matar contra manifestantes en diversos puntos a lo largo y ancho de su propio territorio.

Tras más de dos siglos de vida republicana, casi tres como colonia española y otros siglos más bajo de incario, por primera vez en el territorio peruano una dama se ha convertido en jefa de Estado. Sin embargo, cuando entramos a la quinta semana de su administración, el principal legado de esta señora es el de los disparos a civiles con armas de fuego.

Desde el 7 de diciembre, en que fue posesionada, hasta el 9 de enero, en que se produjeron 19 muertos en Juliaca, han pasado 33 días. En ese lapso la represión ha causado 47 pérdidas humanas, un promedio de un fallecido cada 17 horas. La mayoría de estas bajas han sido producidas por armas de fuego, las cuales han sido utilizadas contra miles de manifestantes.

Nunca antes un gobierno civil en Lima ha debutado matando a tantos manifestantes. Estas muertes se han dado en las localidades más dispersas: desde cerca del océano hasta los cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Hay fallecidos en 7 de los 24 departamentos del Perú (Ayacucho, Apurímac, Junín, La Libertad, Cusco, Arequipa y Puno), los que se encuentran en las tres regiones verticales (costa, sierra y selva) y longitudinales (norte, centro y sur).

Hoy hay más de 100 democracias occidentales en distintos países y dependencias de las Américas, Europa y Oceanía. No encuentro un solo caso en el cual un Gobierno haya matado a casi 50 personas antes de cumplir sus primeras cinco semanas en el poder.

MUJERES EN EL PODER

Al comparar el accionar que han tenido todas las gobernantes del mundo con el que hoy tiene el Perú, los resultados son sorprendentes.

La primera mandataria no monárquica del mundo fue Khertek Anchimaa-Toka, quien en 1940-44 presidió la “República Popular de Tuva”, antes de que esta fuese absorbida por la Unión Soviética. Pese a su autoritarismo y a que ella apoyaba los esfuerzos de guerra de sus dos vecinos (Stalin en Eurasia y Mao en China), jamás se produjo ese nivel de masacres durante su cuatrienio.

La primera presidenta constitucional del mundo fue Isabel Perón, en Argentina, entre 1974 y 1976. En esta república también se encuentra la dama que más tiempo ha estado en Palacio presidencial en el planeta. Cristina Fernández de Kirchner, quien proviene del mismo partido peronista, ha estado cuatro periodos en la Casa Rosada. El primero y el cuarto como vicepresidenta y entre esos dos ha sido electa dos veces presidenta (2007-11 y 2011-15).

Durante el mandato de la viuda de Perón hubo varios hechos de violencia y ella dejó operar a los escuadrones de la muerte de la AAA. Sin embargo, “Isabelita” no debutó en su puesto ordenando abalear manifestantes. Cristina, por su parte, ha confrontado distintas protestas en su contra pero no ha ordenado tampoco disparar indiscriminadamente contra estas.

Además de ella, la única otra presidenta americana que ha estado ocho años en el poder, aunque en dos cuatrienios no consecutivos, ha sido Michelle Bachelet (Chile 2006-10 y 2014-18). Pese a las huelgas, marchas juveniles o protestas mapuches, ella tampoco reaccionó como Boluarte.

Cuando Dina Boluarte asumió la presidencia peruana, el Grupo de Puebla (que une figuras izquierdistas y centro-izquierdistas de Iberoamérica) la apoyó señalando que ella “tiene el encargo histórico de conservar el proyecto político progresista por el cual votó el pueblo del Perú”.

Dentro de los firmantes de dicho bloque están Dilma Rousseff (quien en Brasil llegó a la Presidencia en 2008 y 2012 obteniendo la mayor cantidad de votos con la cual una mujer haya llegado al poder) y Xiomara Zelaya (quien es hoy la primera mujer en presidir a Honduras). Nunca ninguna de ellas empleó ese nivel de respuesta policial y militar contra sus opositores, pese a que ambas fueron derrocadas (la primera en mayo del 2016 y la segunda, siendo primera dama, en 2009).

En dicho Grupo se hallan también los Fernández de Argentina, el actual presidente socialista de Chile, Gabriel Boric, los dos presidentes del Frente Amplio que gobernaron Uruguay en 2005-20, el primer y el segundo presidente del Movimiento Al Socialismo, los cuales han gobernado Bolivia en 2005-19 y desde el 2020 hasta hoy, y varias figuras del actual gobierno español. Ninguno de ellos mandó a sofocar en sangre las protestas, las cuales fueron muchas. Michelle Bachelet o Evo Morales no quisieron repeler con balas a quienes se les enfrentaron.

DINA: A BALEARTE

Boluarte ha respondido a las protestas con una violencia especial y que en nada se parece a la que afrontaron vecinos suyos sometidos a circunstancias afines. El actual primer ministro Alberto Otárola declaró en Lima que no era posible permitir que miles de manifestantes fuesen a ocupar el aeropuerto de Juliaca (como antes tampoco lo permitieron en el caso del de Ayacucho). Estos aeropuertos son de tráfico local y limitado y se encuentran en ciudades que ocupan el puesto 14 o 15 dentro de las más pobladas del Perú.

En cambio, el gobierno de Luis Arce debió hacer frente a la ocupación de DOS aeropuertos en Santa Cruz, la urbe más grande y rica de Bolivia, por la cual pasan muchos vuelos internacionales e intercontinentales. Los “socialistas” altoperuanos lograron liberar estas instalaciones y hacer frente a las demostraciones de protesta contra el encarcelamiento del gobernador cruceño Fernando Camacho (ordenado por la Justicia por su participación en el golpe y las masacres de noviembre 2019) sin matar a nadie.

Más serio fue el caso que se dio en Brasilia cuando miles de partidarios del anterior presidente Jair Bolsonaro, quienes, al igual que Donald Trump y Keiko Fujimori, no han querido reconocer su derrota electoral, tomaron las sedes del Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo. Sin embargo, todas esas manifestaciones fueron despejadas sin producir un solo fallecido.

La única presidenta americana que ha ordenado disparar a manifestantes es Jeanine Áñez, presidenta de Bolivia (2019-20), quien hoy está presa acusada de golpista, dictadora y masacradora. Boluarte, cuando no llevaba ni la décima parte de lo que Áñez gobernó en Bolivia, ya la ha superado en un 50% si hablamos del  número de ejecuciones extrajudiciales.

OTROS CASOS

Hoy la mandataria que más lleva en el poder es Margarita II, quien el 14 de enero cumple 51 años como reina de Dinamarca. En todo ese medio siglo la patria de los vikingos jamás vivió un episodio parecido al que hemos visto en el Perú.

Elizabeth II, la reina que más tiempo gobernó en el mundo, tampoco ordenó que se disparara a discreción en contra de masas inermes. El terrorismo armado del IRA merece una reflexión distinta.

Margaret Thatcher, a quien se le apodó como la “dama de hierro” por su dura represión a sindicatos y huelgas, fue la única persona que en el último siglo gobernó 11 años ininterrumpidos al Reino Unido. A pesar de las legiones de detractores que tuvo (y tiene) nadie pudo acusarla de ordenar una masacre.

Si nos remontamos a monarquías o Estados autoritarios hemos de encontrar casos de mandatarias que han sido muy crueles. Sin embargo, la primera presidenta del Perú se ha convertido en la mujer gobernante más sanguinaria que haya tenido cualquier democracia multipartidaria en la historia universal.

Fuente: Hildebrandt en sus trece, Ed 618 año 13, del 13/01/2023, p15

https://www.hildebrandtensustrece.com/

https://www.leerydifundir.com/2023/01/peru-la-mas-sanguinaria/

Perú. La guerra sucia

Gustavo Espinoza M.

Es conocido que Dante Alighieri, en su clásica obra luego llamada “La Divina Comedia”, reservó el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos los que hicieron daño a los demás, mediante la fuerza. Y refiere que, dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabundo a un cierto número de condenados a los que describía diciendo: “Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí lloran por sus despiadadas faltas…”.

Sería bueno que eso lo supieran los que ahora orillan la muerte, piden sangre y braman contra el pueblo a la sombra de un Estado de Emergencia dispuesto para aplacar la ira de las masas que enfrentan la insanía de la clase dominante, empeñada en destruir lo poco conquistado en los últimos 16 meses de vida nacional.

En distintas etapas de la historia hemos conocido episodios en los que se ha impuesto la guerra sucia que hoy se reinicia. Por lo general, esto ha ocurrido en el marco de una confrontación interna –la insurrección de Trujillo en 1932, o la rebelión de Arequipa, en 1950-; pero también se ha dado cuando se impuso el propósito de restaurar en el Perú el dominio oligárquico, en las últimas décadas del siglo pasado.

Para abordar esa misión, en esa circunstancia se acuñó la idea de enfrentar el terrorismo, una práctica siniestra atribuida a Sendero Luminoso, pero ejecutada muchas veces por la propia estructura del Estado; con otras acciones de terror que luego se atribuyera a los “alzados en armas” para combatirlos y escarmentarlos. Fue así cómo se diseñó la “estrategia antiterrorista”, que dejó escuela; y que hoy asoma en otras condiciones.

La teoría, parte de una formulación básica: “Estamos en guerra contra el terrorismo”. La idea central -la guerra- permite diseñar una estrategia de corte militar y una práctica concreta. Para desarrollarla se compromete a la Fuerza Armada asegurando, sin embargo, que ella no puede actuar dentro de los cánones formales. Y es que se trata de una “Guerra No Convencional”, que no está regulada por las leyes de la guerra, sino que responde a una lógica que nadie explica, porque sabe a ciencia cierta que es una lógica perversa.

Una guerra -cualquier guerra- está sometida a normas definidas y está regulada por las así llamadas “Leyes de la Guerra”, recogidas por la Convención de Ginebra. Ellas prohíben los tratos inhumanos y degradantes, el homicidio en todas sus formas, la tortura, y otras modalidades que conocimos de manera directa en ese periodo aciago de la vida nacional.

Para saltar con garrocha todas estas limitaciones, se habla entonces de una guerra distinta, de una “guerra secreta”, contra un enemigo “no identificado” que se mimetiza en el pueblo y se pierde en el campo y que, por eso mismo, debe ser enfrentado con “métodos especiales”, también secretos. Por eso, no hay órdenes escritas, ni planes formales. Todo se basa en la disciplina castrense que dispone el cumplimiento de las órdenes sin dudas ni murmuraciones.

Cuando algunos buscan inquirir acerca de los procedimientos seguidos por “las fuerzas del orden”, la respuesta suele ser letal. Pueden asegurarlo quienes conocieron la trágica suerte de Jaime Ayala Sulca, el valeroso corresponsal de la República, secuestrado y desaparecido en Huanta, en los años 80 del siglo pasado; o el destino de Hugo Bustíos, el fotógrafo que descubriera el asesinato de los Evangelistas de Callqui en el mismo periodo. Todo está diseñado para que nadie sepa quiénes dieron las órdenes fatales, y para que esos casos, jamás lleguen al deslinde total.

El argumento formal destinado a exculpar a los autores intelectuales o materiales de esos crímenes, se esconde tras una formulación genérica: “hay que reconocer que, en esta guerra, se cometieron algunos excesos”. Siempre se habrá de encontrar, incluso periodistas, que aceptan con alivio esa “explicación” que no resiste el menor análisis, porque no se trata de “excesos”, sino de crímenes.

La Clase Dominante se empeña en subrayar que esa “guerra” responde a los intereses del país. Pueden presentar incluso, como una “defensa del orden democrático”. Lo harán para obtener perdón por lo que realmente son simplemente delitos. Y no “delitos de función”, porque matar no es función de la Fuerza Armada.

Es posible que Dina Boluarte no lo sepa, pero las leyes peruanas, las disposiciones vigentes, la jurisprudencia interna y los convenios internacionales disponen que temas como estos, reúnan dos requisitos: sean vistos por la justicia civil, y tengan carácter de imprescriptibles. Esto significa que, aunque hoy haya jueces que, por temor, o complicidad, se dobleguen ante la fuerza de las armas, habrá mañana otros que pondrán cada cosa en su lugar. En otras palabras, aunque hablen de “la Patria” y de “la democracia”, finalmente nada quedará impune.

A Dina Boluarte se le puede decir mucho, pero el papel que hoy juega, es simplemente deplorable. Tuvo ante sí la posibilidad de pasar a la historia confirmando su lealtad al pueblo. Pero cambió de trinchera y se pasó al bando de los opresores. Avalar los crímenes, considerar “insurrección terrorista” a la protesta social y pergeñar un gobierno Civil-Militar para perpetuar un modelo fracasado y en derrota, es un camino sin retorno.

Vale, entonces recordar lo que se le dijo hace poco por las redes: “no puedes sentarte sobre las bayonetas, ni comer entre los muertos”. La Boluarte, no debe olvidar eso. La guerra sucia no paga nunca.

https://diariouno.pe/edicion-digital-24-de-diciembre-de-2022/   p17

https://www.leerydifundir.com/2022/12/peru-la-guerra-sucia/

Perú: LA OPOSICIÓN “POR FIN” ASALTÓ EL GOBIERNO

Rudecindo Vega

Increíble nuestro Perú, laboratorio sofisticado de fenómenos políticos, todo puede pasar con naturalidad, los héroes pueden ser villanos y viceversa, los cadáveres políticos resucitan sin sobresaltos, los gobernantes pueden pasar de palacio de gobierno a la cárcel, las autoridades se deciden en la fila el día de las elecciones a pesar de una larga campaña o que las encuestas digan lo contrario, podemos elegir un desconocido o un prontuariado, nuestros partidos son vientres de alquiler para aventureros, clubes electorales que se prestan e intercambian candidatos y hasta organizaciones criminales según el Ministerio Público; además, somos un país donde los perdedores electorales han inaugurado una manera indirecta de llegar al gobierno vacando al presidente triunfador. En Perú, hoy, luego de la vacancia de Castillo, por su absurdo y burdo autogolpe, gobierna, quienes perdieron las elecciones, la oposición.

La oposición hoy gobernante nunca quiso a Castillo, en la segunda vuelta desató una campaña de desprecio y terruqueo que samaquea cualquier respeto democrático, luego de su derrota hizo todo para impugnar las elecciones inventando un supuesto fraude que fue negado por organismos internacionales y el propio congreso que ella controla, iniciado el gobierno impuso su campaña para sacar al presidente y vicepresidente mediante la vacancia, la suspensión o la inhabilitación. Tal fue su obsesión y desprecio a la democracia que el primer día de gestión presentó su primer pedido de vacancia que no fue admitida, 4 meses después fue admitido el segundo, pero no logró los votos para ser aceptado; luego se inició el tercer pedido de vacancia, paralelo a 6 investigaciones fiscales por corrupción y un pedido de suspensión temporal. A su vicepresidenta Dina Boluarte, su ministra del MIDIS, le abrió proceso de inhabilitación y la mantuvo siempre bajo amenaza. La oposición vivía obsesionada y desesperada por sacar al presidente y vicepresidente para tomar por asalto el gobierno.

El gobierno de Castillo todas las semanas daba motivos a la oposición para alimentar su voracidad vacadora, los actos de corrupción en el entorno del presidente eran escándalos cotidianos, la designación de impresentables y prontuariados en altos cargos eran vergüenza rutinaria y la ineficiencia gubernamental era escalofriante, todo, cargado, además, de una tonta, estéril y suicida confrontación. Cómo sobrevivió 16 meses un gobierno tan in- útil y corrupto solo se explica porque la oposición vacadora del congreso era igual o peor que el ejecutivo. Además, era un congreso aterrorizado por la sola posibilidad de ser disuelto si se atrevía a negar la confianza a 2 gabinetes. Tan desagradable situación llevó a tener 4 gabinetes cuestionados pero con voto de confianza congresal y un permanente desangramiento ministerial con amenazas y pedidos concretos de censura. El gobierno ineficiente de por sí, fue, además, paralizado por un congreso más ineficiente que él.

Ese empate inútil entre inútiles, gobierno y oposición, congreso y ejecutivo, donde el presidente no podía disolver el congreso y este no podía vacar al presidente, solo fue roto por el absurdo y burdo autogolpe de Castillo el 7 de diciembre, pantomima pura, duró menos de 4 horas, ni siquiera las bancadas afines y sus congresistas comprados lo respaldaron, ni que decir de los organismos constitucionales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional; tan chabacano fue, que hasta el mensaje tembloroso leído fue copia de Fujimori del 5 de abril de 1992. Felizmente su preparación y ejecución, torpe y soez, evitó se consume, hasta la fuga del golpista fue frustrada por su seguridad. Pedro Castillo no supo cómo llegó al gobierno, no supo gobernar, felizmente no supo dar autogolpe, ni siquiera supo fugar, no supo cómo ha dejado el gobierno y por sus mensajes no sabe o no entiende que ya no es presidente sino un procesado que está legalmente encanado.

La angurrienta oposición vacadora aprovechó la circunstancia, dejó de lado el tercer pedido de vacancia y aprobó un nuevo cuarto pedido basado en el flagrante fallido autogolpe, vacó a Castillo y designó a su vicepresidente, a quien 2 días antes, previas negociaciones para quedarse todos hasta el 2026, había perdonado su inhabilitación. La juramentación de Dina fue inmediata, como inmediato fue el anuncio de quedarse hasta el 2026 con fe- liz anuencia de la oposición; además, fue evidente, su pacto oculto, tras bambalinas o bajo la mesa de giro a la derecha mediante la conformación de su primer gabinete que negaba las propuestas de izquierda con las que fue electa. La traición estaba consumada, no a Castillo que dejó de ser presidente por su torpeza y ella asume por sucesión constitucional, pero sí a la propuesta que ella encarnaba y hoy abandonada.

Las movilizaciones y desborde generalizado a nivel nacional, los 26 muertos, las centenas de heridos, los destrozos a propiedades públicas y privadas, la declaración del estado de emergencia, toque de queda y militarización nacional hicieron retroceder al nuevo gobierno: tuvo que proponer adelanto de elecciones para abril del 2024 y, a 10 días de gobierno designó su segundo gabinete. La ratificación del adelanto de elecciones sin ninguna nueva regla política electoral tendrá que esperar hasta marzo para saber si es realidad y el reciente gabinete, apenas ajustado, ratifica su acuerdo con las bancadas de derecha, no habrá cambios solo una transición para garantizar el continuismo. Reprochar falta de entendimiento a sus traicionados es combustible puro que debe recordar.

Tampoco hay que ser ingenuos y pensar que Castillo tuvo un gobierno de izquierda, ni gobierno ni de izquierda; fue desgobierno nacional plagado de cacócratas (incapaces) y cleptócratas (corruptos); el piloto automático anduvo sin control y sin plan de vuelo, enfrascado en una caótica y provocada confrontación mientras saqueaban y asaltaban el estado. El gobierno de Castillo, para quienes apoyamos su campaña, fue una gran decepción, fiasco o el más grande fraude gubernamental en nuestro bicentenario. Su terrible desgobierno, con su fallido autogolpe, nos deja, además, a su vicepresidente y ministra, con un gobierno de derecha contrario a lo propuesto en las elecciones; la presidente, respaldada y copada por la oposición vacadora (hoy “oposición gobernante”) expresa un entusiasmo autoritario de temer que la calle y la protesta de izquierda querrán cambiar.

Enero del 2023 y la presentación del gabinete Otárola en el congreso serán el termómetro nacional. Mientras Castillo está legalmente en prisión y su gente y los desencantados de la clase política están en la calle, su vicepresidente hoy gobierna con la oposición congresal que buscaba obsesivamente vacarlos. El desgobierno ya no está en el gobierno, en el gobierno está la oposición. Difícil pestañear en el Perú, difícil aburrirse en este incierto proceso de ebullición política y social. Perú vivo, “problema y promesa” aún, en nuestro bicentenario republicano.

https://www.leerydifundir.com/2022/12/peru-la-oposicion-fin-asalto-gobierno/